FORTALECIMIENTO DE MINISTERIO PÚBLICO

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, todos están de acuerdo en que la demanda social más sentida de los últimos años es la seguridad pública. Abarca a todos los sectores sociales y se expresa a lo largo de todo el territorio nacional.

La comunidad le asigna un gran valor a la tranquilidad dentro del hogar y también para desplazarse por las calles del lugar donde se vive, se trabaja o se estudia.

Poco importan los informes de la academia, los indicadores o las estadísticas cuando esa condición básica de la vida social no está asegurada.

Por eso, enfrento este debate desde la política, que me dice que este es un problema fundamental, en que la comunidad siente que ninguna de las instituciones con participación en él está cumpliendo eficazmente su función: ni los fiscales, ni los jueces, ni las policías, ni el gobierno.

No podemos responder estas críticas repitiendo, una vez más, las bondades de la reforma procesal penal, que ya tiene más de diez años de vigencia. Hay que enfrentarlas con franqueza y decisión, pues el problema de la seguridad se ha transformado en un factor decisivo en la calidad de vida de la gente.

Para empezar, las penas son muy bajas y ha tomado años -y tomará otros tantos- modificar el Código Penal.

Las policías son instituciones que no se han adaptado a los cambios en la sociedad, y cualquier modificación hay que hacerla con especial cuidado. La única discusión que se admite es la concerniente al aumento de las dotaciones.

Los jueces son muy garantistas, aunque argumentan que solo se limitan a aplicar la ley.

La institución que está más cerca de intervenir sobre las condiciones sociales y situacionales que generan o favorecen la delincuencia son los municipios; pero la enorme mayoría de ellos solo puede acceder a programas limitados para financiar las labores de prevención.

El Ministerio Público se halla sobrepasado. La enorme mayoría de las denuncias son archivadas sin ninguna gestión investigativa real y se responde que no hay antecedentes.

La verdad es que los antecedentes están. La información está: basta recorrer unas cuantas calles y se puede recoger de las conversaciones con los vecinos.

Si hay diez hurtos en un mismo lugar, ¿es posible que nadie sepa nada? Por supuesto que no.

Sin embargo, los policías se encuentran llenos de tareas burocráticas que no les permiten tener contacto directo con la ciudadanía y en las oficinas de los fiscales se acumulan las carpetas investigativas, en circunstancias de que la reforma procesal penal prometió terminar con los expedientes. Pero la verdad es que estos solo cambiaron de nombre.

Debo decirlo con crudeza: el panorama es muy negativo; y si no nos hacemos cargo del problema, la victimización, que no es sino otra dimensión de la desconfianza, continuará creciendo y la calidad de vida de la gente seguirá deteriorándose, pese a todos los progresos que se registren en otras áreas.

Este proyecto se ocupa de la situación del Ministerio Público. De manera que abordaré sus disposiciones aunque, como he dicho, este es solo una parte del problema.

Se propone un nuevo Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, que permitirá identificar patrones habituales en la acción de la delincuencia.

Como expresaba antes, la información está. Pero para conseguirla hay que recorrer la calle.

Vinculo esta materia con la creación de los consejos comunales de seguridad pública -estamos discutiendo la iniciativa pertinente en la Comisión de Gobierno-, que persigue que la información sobre cómo enfrentar la delincuencia sea compartida entre las instituciones públicas que intervienen, en especial las policías, los fiscales, los municipios y la comunidad.

Por lo tanto, todo lo que hagamos para fortalecer la inteligencia, el análisis y el procesamiento de la información será útil. Pero espero que esta nueva forma de aproximarse a la realidad delictual no se traduzca en nuevos expedientes, esta vez más voluminosos.

En segundo lugar, se refuerza la dotación. Y es cierto: hay un aumento importante, que está bien distribuido en regiones. Empero, no sé si será suficiente para superar la sobrecarga existente.

Se avanzó en una tímida carrera funcionaria. Pero, con razón, asociaciones de funcionarios la califican de elitista, pues posterga los mejoramientos reales para los administrativos y auxiliares, a quienes no se les reconoce la asignación profesional; por ende, deben esperar muchos años para un ascenso.

Por otra parte, no me explico la razón para no definir un mecanismo adecuado de tutela laboral en caso de que los funcionarios vean vulnerados sus derechos.

Me pregunto -con mucho respeto y afecto- si la actual Ministra de Justicia, hasta hace poco Ministra del Trabajo, puede explicarnos por qué los funcionarios no tienen instancias para reclamar ante ilegalidades o arbitrariedades, pues hoy no pueden recurrir ni a la Contraloría General de la República ni a la Dirección del Trabajo.

Se propone finalmente establecer un Plan Institucional Anual y una cuenta pública del Fiscal Nacional.

Eso va en la dirección correcta. Pero espero que los informes no se limiten a cuadros y cuadros de indicadores. Hay que asumir la demanda real de los ciudadanos, que es la efectividad de la acción punitiva del Estado.

Señor Presidente, mucho se critica hoy a los políticos. Y hay que hacerse cargo de eso.

Me parece que una manera de enfrentar esta realidad es hablando con franqueza y no conformarnos con discursos o informes complacientes que pueden estar muy fundamentados técnicamente pero que no responden de modo cabal a lo que siente y espera la enorme mayoría de la población.

Votaré a favor de este proyecto. Sin embargo, espero que el Ejecutivo aborde las cuestiones que quedaron pendientes, que conciernen al Ministerio Público y al resto de los temas de la agenda de seguridad pública, con la celeridad y la profundidad que la situación exige.