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LÍMITE A REELECCIÓN DE PARLAMENTARIOS, ALCALDES, CONSEJEROS REGIONALES Y CONCEJALES


El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, voy a concurrir con mi voto a la aprobación de este proyecto de reforma constitucional que limita la reelección de las autoridades.
Esta misma idea fue recogida en una iniciativa que presentamos junto con los Senadores Ossandón y Guillier.
Es claro que no se trata de un tema de principios. Hay democracias que funcionan bien con o sin reelección. Hay autoridades que cumplen cabalmente sus funciones sin importar el número de períodos que ejerzan.
El verdadero problema de fondo del que nos hacemos cargo es la crisis de confianza ciudadana en el sistema político.
No cabe debatir si las autoridades reelectas lo han hecho bien o mal, pues eso se mide precisamente en las elecciones. Es justo decir que quienes han sido reelectos por varios períodos, entre los cuales se encuentran algunos Senadores presentes, lo han hecho por sus méritos, después de enfrentar el escrutinio ciudadano. Y son acreedores, por tanto, al reconocimiento de todos nosotros.
En consecuencia, señor Presidente, el objetivo de esta reforma no es provocar un cambio en los representantes de elección popular, sino en las instituciones a las cuales ellos pertenecen.
Serán este Congreso Nacional, los gobiernos regionales, los municipios los que cambiarán con esta reforma, en cuanto a la manera en que se relacionan los ciudadanos con estos organismos, su imagen y su gestión interna.
Desde luego, esta proposición no asegura que tendremos mejores instituciones. Eso, al final, dependerá de las personas que sean electas. Pero sí será una oportunidad para que tales entidades se renueven con mayor frecuencia que la actual.
Por otra parte, esta iniciativa fortalecerá a los partidos políticos, en perjuicio de los liderazgos caudillistas, que se basan en una política clientelista y pueden instalarse en algunas ciudades o regiones. Este proyecto, por tanto, también tiene un objetivo de prevención.
Aquello es particularmente importante si pensamos que próximamente contaremos con intendentes surgidos del voto popular.
Por último, hay una razón de coherencia en esta iniciativa. Todos los altos cargos de servicio público tienen límites tanto en el período de duración como en la edad de sus autoridades.
En conclusión, si bien sus efectos solo podrán medirse de verdad en diez años más, esta reforma es necesaria hoy, porque es sana para nuestras instituciones: permitirá la renovación de autoridades; ayudará a cambiar la deteriorada imagen del sistema y a prevenir focos de caudillismo; fortalecerá a los partidos políticos, y dará mayor coherencia a nuestra institucionalidad.
Como dije esta mañana en la discusión del proyecto sobre probidad en la función pública, los problemas de la política se resuelven con más y mejor política.
Un paso importante en ese sentido es el término del sistema binominal. Sin embargo, se requiere además modificar el mecanismo de financiamiento electoral y el régimen de partidos políticos.
Otro elemento está dado por la formación cívica de la gente, que confunde roles ejecutivos y parlamentarios, lo que genera expectativas equivocadas y, al final, condiciona la acción de las respectivas autoridades.
Ninguna medida por sí sola nos sacará de la crisis, pero pienso que esta reforma ayudará a recomponer en parte la deteriorada autoridad de las instituciones.
He dicho.