ESTABLECIMIENTO DE LEY MARCO PARA INVERSIÓN EXTRANJERA Y CREACIÓN DE INSTITUCIONALIDAD RESPECTIVA

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, la iniciativa que votamos hoy debe ser discutida en la reflexión profunda sobre el modelo de desarrollo que queremos construir para Chile. El nuevo marco institucional para el fomento y promoción de la inversión extranjera directa se fundamenta principalmente en la estabilidad económica, social e institucional que hemos alcanzado en las últimas décadas.

Es cierto: mantenemos una estabilidad económica que nos ha permitido avanzar en inversiones importantes para nuestro país y la ciudadanía. Pero también es efectivo que tenemos una deuda pendiente con los chilenos que no han logrado recibir aún los beneficios de estos avances económicos y que esperan más del sistema institucional y social en que esta iniciativa legal se enmarca.

Pese a que pertenecemos a la OCDE y nos jactamos de ser un país que progresa en materia de crecimiento económico, hemos sido fuertemente criticados por mantener índices de desigualdad alarmantes a nivel nacional y regional. No por casualidad nos hemos convertido en una de las naciones más desiguales del mundo, con una fuerte segregación territorial y educacional, y una matriz laboral donde los salarios bajos y el endeudamiento limitan la formación de capital humano y el avance de nuestro país en su conjunto.

Es justamente en este punto en donde es preciso detenernos.

La actual ley de inversión extranjera y su nuevo marco institucional deben considerar un enfoque que fomente el desarrollo, pero colocando énfasis en el crecimiento con igualdad, centrado en el territorio. Es necesario tomar en cuenta incentivos al empleo y la protección de los trabajadores, con salarios justos y contratos seguros; el cuidado del medioambiente y la explotación sustentable de los recursos, así como la responsabilidad empresarial en el marco del cumplimiento de actividades económicas e industriales con estándares internacionales.

Estas inversiones tienen que apuntar no solo al progreso del país, sino también al progreso de las regiones en sus contextos respectivos, de acuerdo a sus fortalezas estratégicas y necesidades, con un enfoque territorial y particular que proteja las riquezas de cada rincón de Chile. Por ello, tanto la estrategia de fomento y promoción de la inversión extranjera como el Comité de Ministros para el Fomento y Promoción de la Inversión Extranjera, que asesorará a la Presidenta de la República en estas materias, deben contar con una visión y un enfoque centrado en el territorio y sus particularidades.

La ley en proyecto señala que la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, que promoverá el ingreso de todo tipo de capitales e inversiones foráneas al país, debe seguir los estándares que fueron sugeridos especialmente para este efecto por la OCDE. Y, por lo mismo, es de suma relevancia incentivar el empleo protegido con contratos y salarios dignos para los trabajadores, en condiciones laborales adecuadas a los entornos en que se desarrollan las actividades.

Aquí es fundamental llamar la atención sobre los accidentes laborales y los desastres ambientales que han ocurrido en la última década, por ejemplo, en la gran, mediana y pequeña minerías y en sectores industriales, como el de las salmoneras.

En el nombre del crecimiento y del progreso se han perdido vidas; se han dañado territorios y recursos preciosos, como nuestro mar y sus especies.

Las inversiones deben ser responsables, tal como lo son en países del primer mundo, manteniendo y respetando el medioambiente y el crecimiento sustentable.

Esta iniciativa de ley ha de enmarcarse en una nueva política de desarrollo, donde el territorio y las personas pasen a ser protagonistas. Los encargados de promover la inversión tienen la obligación de considerar las regiones de Chile, a sus habitantes, sus riquezas naturales y la protección de ellos en cada una de las estrategias que se diseñen.