Click acá para ir directamente al contenido
VIOLENCIA EN REGIONES SUREÑAS


El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, se ha citado a esta sesión especial para tratar los graves hechos de violencia acaecidos en las Regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos.
Pienso que esta es una manera reduccionista de enfrentar un problema que es mucho más complejo, que tiene connotaciones históricas, sociales, étnicas, culturales, y que constituye uno de los principales desafíos pendientes del país.
Por cierto, hay un problema actual con situaciones de violencia, pero creo que el papel del Senado es enfrentar esta materia de manera integral, como un asunto que atañe al conjunto del país y no solo a los protagonistas, víctimas y victimarios de hechos de violencia.
Chile es un país fuertemente racista. En la construcción del país se vulneraron gravemente derechos y se usurparon territorios de nuestros pueblos originarios. Estas son verdades históricas. Sobre esta realidad se mantienen, hasta el día de hoy, situaciones injustas y se levantan demandas que no prescriben, aunque hayan pasado siglos.
Enfrentar este desafío es tan importante para el país como superar la pobreza o como lo fue en su momento recuperar la democracia. Requiere de acuerdos, de justicia, de desarrollo inclusivo, de respeto a los derechos, y todo esto no se resuelve solo con policías y Estado de Derecho.
Para ello, el Gobierno ha planteado un programa que incluye un Ministerio de Asuntos Indígenas, mayores instancias de participación y una agenda de desarrollo.
De verdad, creo que aun estas medidas ambiciosas pueden quedarse cortas si no se les asigna la prioridad política que este tema tiene. Si esto no ocurre, si seguimos dándoles la espalda a los asuntos de fondo, continuaremos enfrentando un problema sin solución, e incluso la situación puede empeorar. En el mundo de hoy existen varios ejemplos de lo que estoy señalando.
Sin embargo, el debate aquí se ha circunscrito a los diferentes hechos de violencia y de seguridad que se registran en las regiones del sur.
Respecto de Los Lagos, región que represento, debo señalar que me he reunido en varias oportunidades con representantes de los agricultores, especialmente productores de carne y de leche, con quienes hemos tratado esta y otras materias. Entre ellos existe una legítima preocupación, propiciada por lo que acontece en otros territorios del país y por algunas ocupaciones de predios ocurridas dentro de los límites regionales.
Los propios agricultores señalan que actualmente existen tres predios ocupados en la región. Estos son los fundos Colonia San Martín y La Huacha, ambos ubicados en el sector Casma, comuna de Frutillar, y el Fundo El Espejo, en la comuna de Puyehue.
También me he reunido, junto con algunos Diputados de la zona, con grupos de caciques y loncos, representantes de las etnias presentes en la Región, quienes han manifestado su preocupación y desesperanza por lo que ocurre con sus tierras y por el conjunto de sus reivindicaciones, al tiempo que han expresado su interés por encontrar soluciones sobre la base del diálogo y el acuerdo, enfatizando que sus comunidades son mayoritariamente pacíficas.
En los últimos meses hemos sostenido reuniones entre los productores agrícolas de carne y leche de la Región, el Ministro y el Subsecretario del Interior y el alto mando de Carabineros para analizar la situación y concordar medidas de acción. Una de ellas es la implementación de una mesa regional de trabajo. Y, al menos en lo que respecta a la Región de Los Lagos, resulta necesario que los cacicazgos del territorio también se incorporen a esta instancia, para avanzar en una solución integral que devuelva la paz a los campos del sur.
En general, tantos los representantes de los agricultores como los líderes de las comunidades apuntan a la existencia de una deuda histórica pendiente de parte del Estado con los pueblos originarios, situación que se agudiza en algunos sectores del sur y una de cuyas expresiones más visibles -pero no la única- es la reivindicación territorial.
Respecto de este tema, existe preocupación por el rol que le corresponde desempeñar a la CONADI, tanto en la resolución de los conflictos vigentes como en los resultados globales del proceso de compra y entrega de predios a las comunidades.
En ese sentido, y con el fin de tener claridad total frente al tema, creo necesario solicitar formalmente a dicha entidad que informe sobre el estado del proceso de compras y entregas de tierras para comunidades indígenas desde el año 1993 hasta la fecha, de modo que podamos contar con antecedentes concretos acerca de la cantidad de hectáreas adquiridas, los montos involucrados, las comunidades beneficiadas y los temas aún pendientes de resolver, así como el procedimiento de priorización de las solicitudes de compra, a fin de aclarar las acusaciones que pesan sobre la institución respecto de favorecer, en primer término, a las comunidades o grupos que hacen ocupación ilegal de los predios.
Con todo, quiero insistir en el hecho de que el tema de las tierras es solo una arista de un proceso mucho más complejo, que tiene como base la contraposición de la cosmovisión de los pueblos originarios frente a lo que el resto del país espera de ellos.
No podemos esperar que el problema se solucione en la medida en que el pueblo mapuche abandone sus creencias y costumbres para abrazar las que a nosotros nos acomoden. Ese es el camino que el Estado de Chile heredó desde la llegada de los conquistadores y los resultados están a la vista: ha sido un rotundo fracaso.
La violencia -y en esto todos deberíamos estar de acuerdo- no es la respuesta ni el argumento adecuado ante los problemas históricos que enfrentan nuestros pueblos originarios. No se avanza ni se resuelve nada quemando camiones, ni militarizando el territorio, ni enfrentando a Carabineros con un enemigo invisible.
Tampoco se avanza estigmatizando de terrorista al pueblo mapuche ni alentando a los agricultores a armarse y organizar autodefensas que, tal como ya ocurrió el año pasado, terminaron con un carabinero baleado porque un agricultor lo confundió con un mapuche y supuso que era además violentista.
La violencia tiene distintas expresiones. Algunas son notorias, como los atentados, los enfrentamientos con la policía y, especialmente, la pérdida de vidas humanas. Otras subyacen en el tiempo, silenciosas, pero no menos agresivas. La negación de su historia y de sus valores espirituales; la falta de voluntad para comprender que la relación de los pueblos originarios con la tierra y el medioambiente no prioriza la productividad sino la armonía, y la dilación sistemática de su reconocimiento constitucional, supeditado al respeto por su propia cosmovisión, son también elementos que alimentan el malestar y la desesperanza de un pueblo que por siglos se ha sentido ajeno a un Estado fundado sobre su propio territorio.
En un seminario organizado recientemente por el Arzobispado de Concepción, se identificaron dos ejes principales del problema y un camino de solución:
Primero, que la violencia, como recurso político de algunas organizaciones indígenas, correspondería a una respuesta a la violencia histórica del Estado hacia ellos.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Le daré un minuto adicional, para que concluya.
El señor QUINTEROS.- Gracias, señor Presidente.
El segundo eje es que la negación y apropiación también histórica del mundo mapuche, tanto material como espiritual, se radica en las bases mismas del Estado chileno.
Y que, en razón de las dos causas anteriores, la solución pacífica y definitiva radicaría precisamente en la restitución de la tierra y en el reconocimiento constitucional de sus pueblos, el cual debe incluir una reconfiguración político-administrativa con márgenes de autodeterminación importantes.
Sigo creyendo en el diálogo político y social amplio, sin exclusiones, como base para la construcción de la paz.
La resolución del conflicto pasa por ser capaces de enfrentar el fondo del problema y no por insistir solo en la búsqueda de soluciones parciales a los problemas contingentes.
He dicho.