CREACIÓN DE CARGO DE FISCAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEJIDAD EN MINISTERIO PÚBLICO

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, comparto los fundamentos del presente proyecto, que crea el cargo de Fiscal Especial de Alta Complejidad en el Ministerio Público.

Sin embargo, quiero expresar algunas dudas sobre el particular.

En primer lugar, me preocupa el sesgo centralizador que puede existir detrás de esta iniciativa.

La complejidad de los delitos investigados o la necesidad de contar con personal especializado puede dar lugar a una excesiva concentración de causas.

En efecto, si la ley regulatoria es demasiado amplia pudiera ocurrir que la autoridad del momento privilegie la radicación de las principales causas en esta Fiscalía Especial, quedando las causas más simples para el resto de las fiscalías.

Preocupa que uno de los criterios utilizados para determinar los asuntos de competencia de la nueva Fiscalía Especial sea la connotación pública de los hechos, pues es bien sabido que la gran mayoría de los medios de comunicación que forman opinión se encuentran en Santiago y difícilmente los hechos ocurridos en regiones llaman la atención del resto del país.

Para graficar esto, cabe recordar que tiempo atrás una ola de asaltos a casas del sector oriente de Santiago dio lugar a reuniones entre el Ministro del Interior de la época, los altos mandos de Carabineros y los alcaldes de esa zona. Difícilmente esa reunión, con su cobertura mediática, hubiera sido posible en otras regiones, aunque se tratara de un delito de ocurrencia nacional.

Por lo tanto, también en materia de persecución penal puede producirse un centralismo que deseche los delitos de mayor complejidad y de alta connotación que ocurren en las regiones. Así, por ejemplo, en la Región que represento son de gran preocupación los ilícitos que afectan a agricultores y acuicultores y que carecen de relevancia en la Región Metropolitana.

Otra preocupación que surge se refiere a que la nueva Fiscalía Especial, que gozará de competencia nacional, debe tener presencia en las regiones, lo que podría generar una dependencia dual de los fiscales, ya sea de los fiscales regionales o del Fiscal Especial.

Por otro lado, si se optara por encargar las diligencias a las fiscalías regionales, estas terminarían recargadas de trabajo, lo que va en sentido inverso al objetivo del proyecto.

También habrá que tener en cuenta que la concentración de las causas más relevantes podría incentivar a los fiscales más competentes a postular a esta Fiscalía Especial en busca de especialización, privando con ello a las fiscalías regionales de personal valioso y contradiciendo el objetivo, que siempre se proclama, de atraer personal más calificado a las regiones.

En definitiva, esta Fiscalía Especial quedará en una posición ventajosa en desmedro de las fiscalías regionales, lo que amerita revisar cuidadosamente la ley regulatoria respectiva.

No quedan claros los beneficios de optar por la creación de una Fiscalía Especial frente a la alternativa de instalar fiscalías de alta complejidad dependientes de cada fiscalía regional, como ha ocurrido hasta el día de hoy en algunas de ellas cuando se ha estimado necesario.

Ahora bien, desde una mirada más general, no puedo dejar de mencionar la señal negativa que podríamos enviar a la comunidad en el sentido de que los asuntos más complejos o relevantes solo pueden ser resueltos centralizadamente.

Si ese criterio se aplicara al resto de la Administración Pública, ello sería fatal y contraproducente con el espíritu que anima al Gobierno y con las conclusiones emitidas recientemente por la Comisión de Descentralización.

Para terminar, me parece relevante conocer tanto en el proyecto que nos ocupa como en el de fortalecimiento del Ministerio Público la opinión de la Asociación Nacional de Fiscales y de las asociaciones de funcionarios del Ministerio Público, toda vez que son estos últimos los que tienen la responsabilidad concreta de ejercer la acción penal pública.

A mi juicio, las grandes necesidades que tiene el Ministerio Público son aumentar su dotación, mantener a sus funcionarios calificados, evitar su fuga a otros servicios y ofrecerles mejores condiciones laborales y remuneracionales, sabiendo que son funcionarios públicos que cumplen labores de excelencia fundamentales para asegurar la paz social.

En consecuencia, señora Presidenta, votaré a favor de la idea de legislar y espero que en el debate particular de esta iniciativa y en la tramitación del respectivo proyecto de ley regulatorio se definan los mecanismos para evitar los efectos negativos de una excesiva centralización y se recojan, también, las observaciones que han emitido los fiscales y los funcionarios en esta materia.

He dicho.