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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 362ª
Sesión 76ª, en miércoles 17 de diciembre de 2014
Ordinaria
(De 16:16 a 23:21)
PRESIDENCIA DE SEÑORA ISABEL ALLENDE BUSSI, PRESIDENTA,
Y SEÑOR EUGENIO TUMA ZEDAN, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
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ADMISIÓN DE ESTUDIANTES, ELIMINACIÓN DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y FIN A LUCRO EN ESTABLECIMIENTOS CON APORTES ESTATALES


El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, nos enfrentamos hoy al momento crítico de hacer un cambio profundo. Y los cambios siempre inquietan, aunque sean necesarios y traigan consigo un mayor bienestar.
La inquietud puede, en parte al menos, explicar la dura oposición que algunos sectores han montado durante meses para desalentar el proyecto que termina con el lucro, el copago y la selección en la educación chilena.
Sí: digo "en la educación chilena". No la de los ricos, ni la de los pobres, los creyentes, los ateos, los exclusivos o los excluidos.
Es la educación de todos los chilenos la que estamos interviniendo con el propósito de cambiar el paradigma que se ha instalado en nuestro país y bajo el cual se asume que la enseñanza es un bien de consumo.
Por más de treinta años el modelo educacional no ha hecho más que profundizar la brecha que divide a nuestra sociedad. Esa realidad exige una intervención profunda, porque no se soluciona solo aumentando la subvención o abriendo más colegios, y menos aún permitiendo que el sistema perpetúe la discriminación -oculta bajo la forma de la selección- cofinanciada por el Estado y por las propias familias.
Contrariamente a lo que señala el discurso estandarizado que con incansable insistencia reproducen los detractores del proyecto, esta no es una reforma contra la educación particular subvencionada, ni contra el derecho de las familias a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos.
Esta es una reforma que se hace cargo de la compleja tarea de restituir la educación como un derecho cuyo principal responsable es el Estado y no como un servicio de costo variable que puede servir de base a una actividad lucrativa en que importa más el balance financiero que la evaluación académica.
El mercado no contribuye a la equidad de la educación. Muy por el contrario, junto con las utilidades para los administradores, genera inequidad, profundiza las brechas sociales y provoca frustración y resentimiento.
No podemos perder de vista que este es uno de los varios proyectos que buscan mejorar las condiciones y la calidad de la educación en nuestro país, la misma que hoy adolece de serios problemas, aunque haya quienes se niegan a reconocerlo y prefieren maquillar la realidad con mediciones cuestionadas, como el SIMCE, para demostrar calidad, o justifican la discriminación bajo la figura de los procesos de selección por razones no académicas.
El propósito de la reforma educacional es cambiar las cosas. Para eso nos eligieron, no para administrar el modelo vigente, ni para proteger intereses particulares, ni para patrocinar la inequidad.
Queremos un sistema educacional que cumpla una función social; que ofrezca una formación de calidad al que tiene aptitudes y capacidades y también a aquel que no las tiene, de manera independiente al barrio en que viva y a sus condiciones económicas o al estatus social de sus familias.
Hace ya casi un siglo, y tras un debate que duró años, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, que garantizó la igualdad de acceso a la educación pública para los niños y niñas de nuestro país sin importar la clase social, condición económica o credo religioso. Curiosamente, parte del argumento de quienes se oponían a tal reforma a principios del siglo pasado se sustentaba, igual que hoy, en la defensa de la libertad de enseñanza.
A partir de entonces, la educación pública fue aumentando progresivamente su cobertura tanto en la cantidad de niños y jóvenes que accedían a ella cuanto en lo referido a los niveles de enseñanza ofrecidos.
Todo ello se logró sobre la base de profesores formados en las escuelas normales, y luego, en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, lo que aseguró pertinencia, calidad y compromiso al trabajo educativo.
Buena parte de quienes nos hallamos aquí somos hijos de la educación pública. Ahí llegábamos todos: los hijos de los médicos, de los profesores, de los obreros y campesinos. En mi caso particular, la escuela pública no solo fue mi formadora, sino también mi hogar y mi familia, pues mis padres eran profesores de una escuela internado, y allí compartí con hijos de pescadores y mineros.
Podía faltar infraestructura; había deserción por la temprana incorporación de los niños al trabajo. Pero de alguna manera el Estado aseguraba que en Taltal, en Santiago, en Puerto Montt, en el campo o en una isla de Chiloé había una escuela con profesores de calidad, con el objetivo de formar ciudadanos.
Los intelectuales estaban en las escuelas. Masones y católicos centraban su atención preferente en el ámbito de la educación. El magisterio era un sector relevante de la sociedad y la cantera de la dirigencia política de muchos partidos. De aulas públicas surgieron premios nobel, artistas, científicos, profesionales que pusieron a Chile en el mapa del mundo.
Incluso en tiempos convulsionados como el de la Unidad Popular, líderes de la Derecha -hoy forman parte del Senado- optaban por la educación estatal, pues entendían que ahí se jugaba lo importante.
En un punto de nuestra historia, en medio de lo que se llamó "el apagón cultural", sin debate y bajo la amenaza de la represión, la educación dejó de ser lo que era; el Estado dejó de construir nuevos colegios y entregó su administración a municipios desfinanciados; la pedagogía dejó de ser una profesión universitaria; los profesores incluso perdieron su calidad de funcionarios públicos, y el objetivo ya no era formar ciudadanos sino mano de obra barata.
¿Alguien puede sostener que detrás de esos cambios no había un objetivo ideológico? ¿Acaso fue el sentido común de profesores o de apoderados el que impulsó esas reformas? El objetivo era, en verdad, refundar nuestro país y destruir todas las estructuras que habían servido de base al avance social que siguió Chile en buena parte del siglo XX.
Detractores del proyecto que ahora nos ocupa han utilizado acá la palabra "cómplice".
Pues bien, yo no quiero ser cómplice de la destrucción de la educación pública en nuestra nación y la mantención de un sistema que reproduce la división social de los chilenos. No quiero ser cómplice de la perpetuación del lucro, el copago y la selección en la educación en Chile.
Bajo el liderazgo de la Presidenta Bachelet, nuestro país se reencuentra con una parte relevante de su historia, que lo ha hecho grande y lo destacó en nuestro continente y en el resto del mundo. Chile se reencuentra con su gente, su educación y su cultura.
Porque estoy seguro de que esta reforma es necesaria para nuestra nación, mi voto es a favor de este proyecto.
He dicho.