CONSAGRACIÓN CONSTITUCIONAL DE DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, estamos analizando un proyecto que modifica la vetusta, fenecida y completamente autoritaria Constitución del 80.

Hemos elegido una vez más el camino de la reforma parcial de un Texto Fundamental agotado, que no interpreta a los chilenos. Y la práctica de ir parchándolo da cuenta de sus propias falencias.

Este nuevo parche refleja uno de los múltiples errores que tiene esta Carta añeja.

Se sigue parchando una Constitución que se cae a pedazos, porque es autoritaria, ratifica el presidencialismo monárquico y tiene un pecado de origen: nació en el seno de una dictadura, sin participación de la gente, con la exclusión completa del sujeto ciudadano.

Por lo tanto, la no consagración del derecho en comento y la remisión a la intimidad parecerían ajustarse a ese modelo de Constitución.

Esto es igual que en la mecánica automotriz: ajustar un vehículo con repuestos de otras marcas de automóviles no arroja un buen resultado.

Aquí vamos a tener un engranaje para un vehículo gastado y agotado, que no da para más.

El artículo 19, número 4°, del Texto Fundamental, que consagra el derecho a la intimidad, es genérico.

La norma agregada según la cual "Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales" establece que estos no son de las empresas o instituciones que los tienen o los procesan, sino de los individuos.

Yo pregunto, entonces, cuál es la amplia gama del concepto "datos personales".

¿Serán las cuentas bancarias? ¿Serán los bienes cuantitativos que puedan tenerse? ¿Cuál es el límite de los datos personales cuando media el bien común?

Señor Presidente, si dicho precepto constitucional va a ser utilizado por aquellos que no quieren entregar datos personales para evitar el pago de impuestos, para impedir que se conozca la cuantía de su fortuna, para vedar el acceso a información beneficiosa para el bien público, estaremos incurriendo en un hecho que podríamos lamentar.

Llama la atención -y es una forma de legislar que no comparto- que a las audiencias de la Comisión para el estudio de este proyecto hayan asistido el Contralor General de la República; el Presidente del Consejo para la Transparencia; el Presidente del Capítulo Chileno de la Organización de Transparencia Internacional, señor José Antonio Viera-Gallo; la Subsecretaría de Economía, etcétera, pero ¡ni una sola organización ciudadana!

Y seguimos así.

Si esa va a ser la práctica para reformar la Constitución, no solo la detesto, sino que además la rechazo.

Si vamos a modificar esta vetusta Carta en lo concerniente a datos que afectan a la ciudadanía y esta es excluida del debate legislativo, estaremos hablando de que gobierna y legisla la elite.

¡Ni una sola institución ciudadana! ¡Únicamente la elite de la burocracia!

Por cierto, podremos compartir algunas ideas. Empero, aquí se ha excluido la participación ciudadana.

En esta reforma, yo habría querido que instituciones ciudadanas nos dijeran cuán importante es la protección de los datos personales. Y asimismo, tener la certeza de que el tratamiento "con el consentimiento expreso del titular" no será argumentado por alguien para defender sus intereses, que, aunque legítimos, pueden ser mezquinos para con la sociedad.

El informe de la Comisión dice que se consagra el "derecho al acceso a la información propia"; el "derecho a la rectificación de la información propia"; el "derecho a la complementación" (no sé qué significa eso); el "derecho a cancelar la información propia que conste en una base ajena o derecho al olvido, tal como está consagrado en las economías más desarrolladas"; el "derecho de oposición", no en el sentido de que haya negación a entregar la identidad, sino "con el propósito de negarse a que un dato sensible y privado quede registrado, como por ejemplo la información genética".

Yo comparto aquello. Los derechos genéticos de los trabajadores son cada día un área más sensible, que debemos regular. En este sentido, mañana comenzaremos a tratar en la Comisión de Trabajo un proyecto que busca proteger tales derechos, para evitar que dicha información se use en contra de los trabajadores o se comercialice.

Por eso, si bien la iniciativa que nos ocupa está bien intencionada en la línea del derecho al resguardo de los datos personales, abrigo algunas dudas.

Voy a votar a favor, señor Presidente.

Sin embargo, pediría que tuviéramos la posibilidad de escuchar a las organizaciones ciudadanas.

También, la oportunidad de revisar lo planteado aquí respecto al alcance del inciso tercero que se agrega al número 4° del artículo 19 de la Carta, relativo al "consentimiento expreso del titular", pues envuelve una restricción extrema a las facultades legislativas. Porque se consagra constitucionalmente que "Su tratamiento solo podrá hacerse por ley". Es decir, cada vez que queramos acceder a alguna información que, aunque personal, sea del bien común y colectivo habrá que hacer una ley. No podrán ser el consenso ciudadano, ni la potestad del Gobierno, ni los órganos reguladores.

Aquello es como el derecho del Estado al emprendimiento. Esta Constitución nauseabunda restringe las actividades empresariales del Estado al señalar que solo por ley podrá acometerlas. Aun cuando en regiones la gente esté sin empleo y no haya ningún tipo de actividad económica, se le prohíbe al Estado emprender alguna, salvo mediación de ley.

Lo que yo leo en este caso es que deberíamos hacer una ley si alguien alegara ante los tribunales contra un derecho consagrado mediante esta modificación constitucional parcial, a través de este parche, respecto de una información, aunque sensible para él, muy importante para el bien común, para la sociedad.

Por ejemplo, si se plantea que hay que acceder a una vacuna para salvar miles de vidas, alguien podrá decir "Esa información es mía" aun cuando la negación de esa información impida salvar a numerosas personas.

El inciso tercero que se propone requiere una mayor revisión, participación ciudadana.

A mi entender, la mejor Constitución es la discutida con la ciudadanía y no la que se debate solo entre los especialistas.

Aunque felicito a los autores de la moción que dio origen al proyecto que nos ocupa pues permite avanzar en la materia, reitero que su debate en la Comisión se restringió a los especialistas. Eso constituye un pésimo precedente.

Si para reformar la Carta vamos a invitar solo a la elite burocrática del Estado y de la institucionalidad y excluiremos a la ciudadanía, yo me negaré rotundamente.

Voto a favor, con las observaciones que formulé. Y, por cierto, este voto afirmativo no garantiza mi respaldo si los aspectos que mencioné no se corrigen.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora, de verdad!