CREACIÓN DE SUBSECRETARÍA Y DE INTENDENCIA DE EDUCACIÓN PARVULARIA

El señor QUINTEROS.- Por su intermedio, señora Presidenta, quiero también saludar al señor Ministro de Educación.

Esta iniciativa de ley se enmarca en la creciente demanda social por una educación pública, gratuita y de calidad para todos nuestros niños y niñas y en la respuesta del Estado de Chile para ofrecerla.

El país será más grande y próspero en la medida que los hombres del futuro, aquellos que ocuparán nuestro lugar en esta sociedad, tengan las condiciones adecuadas para su formación. Todos los niños y niñas que habitan el territorio tienen derecho a una educación de calidad. Y corresponde al rol del Estado hacerse cargo de ello, íntegramente, sin ambigüedades y sin excepciones.

A ello se comprometió la Presidenta de la República y fue lo que suscribimos todos los parlamentarios que apoyamos su Programa; los que pedimos un Senador para Bachelet y quienes nos hicimos acompañar con su fotografía durante la última campaña.

Por lo tanto, enfrento este primer proyecto, que aborda un aspecto central de la reforma educacional, y anuncio mi voto favorable.

Lo hago, en primer lugar, honrando el compromiso contraído ante la gente, pero también con la profunda convicción de que es el camino que debe emprender Chile para superar sus desigualdades y acceder al desarrollo.

La ciudadanía ha mandatado claramente a sus representantes políticos para ocuparse a fondo de esta exigencia. La educación pública gratuita y de calidad es un imperativo político. El Estado no puede apartarse de tal demanda y al Senado le cabe hoy el deber moral y republicano de abrir las puertas de la presente reforma, que equivale a abrir las de la inclusión a miles de niños y jóvenes que se hallan condenados a la exclusión.

Por esto, no puedo sino rechazar la caricatura abierta y descarada de la reforma educacional que vimos en los últimos días. Nada puede ser más impropio de un régimen democrático que la caricatura. Ella es el esfuerzo desesperado de aquel contrincante político que carece de fuerza y que mediante la deformación del contenido del mensaje busca desacreditar la sustancia, descalifica la pertinencia y se asila en un ámbito en que no se puede contestar con los mismos medios.

La importancia del reto reclama nuestra responsabilidad.

En cuanto a la iniciativa misma, comparto sus objetivos de separar las funciones de diseño, fiscalización y provisión del servicio de educación inicial, mediante la creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia y de la Intendencia respectiva, y la concentración en la JUNJI del rol exclusivo de proveer el servicio.

La lucha contra la desigualdad está en la base de la reforma educacional y, probablemente, no hay segmento de la educación más desigual que la educación parvularia. Ello obedece, en primer lugar, a la cobertura dispar, que no alcanza a todos los niños en edad de recibirla, particularmente a los más vulnerables, y que tampoco se encuentra presente en la totalidad del territorio, especialmente en las áreas rurales.

La inequidad mencionada es abordada a través del anuncio del Gobierno en orden a abrir 4 mil 500 nuevas salas cunas en los próximos 4 años y 1.200 nuevos jardines para los niveles intermedios. Solo en la Región de Los Lagos se contempla la creación de 254 establecimientos.

Pero hay que hacer más en lo que se refiere a las zonas aisladas de las comunas rurales y también en los sectores marginales de las grandes ciudades, donde habitan las madres trabajadoras, diversas de ellas jefas de hogar, que no cuentan con un lugar donde dejar a sus hijos y, con ello, acceder al trabajo.

Llamo la atención sobre el hecho de que la ampliación de la cobertura en los sectores más marginales no es un problema que se pueda enfrentar solo desde el ámbito de la educación. Esto requiere una acción integral que abarque al Ministerio de Salud y a los municipios, responsables de los programas de atención al niño; al Ministerio de Desarrollo Social, entidad que dirige el programa Chile Crece Contigo, y a las labores que hoy día cumple el Servicio Nacional de Menores en la atención de niños en situación de riesgo.

Por lo tanto, es vital que entre las funciones de la nueva Subsecretaría de Educación Parvularia esté clara la de coordinación, por ejemplo, a través del Consejo Nacional de la Infancia. Tal conexión resulta clave para producir una acción eficaz, por cierto, con los niños con necesidades educativas especiales, que muchas veces son segregados de los establecimientos regulares.

Sin embargo, también existe desigualdad en el propio trato que otorga el Estado a la educación inicial, al proveer financiamiento público distinto para los locales de la JUNJI, Fundación Integra y los jardines infantiles con administración delegada. Esta diferencia es inaceptable, y debe ser enfrentada en un plazo razonable.

Por cierto, otra discriminación se produce con los establecimientos municipales y particulares subvencionados, pues reciben subvención por asistencia, en circunstancias de que es bien sabido que en los primeros años existe un gran porcentaje de ausentismo, debido en numerosas ocasiones a medidas de prevención de contagios, especialmente en temporada invernal.

Y a propósito del financiamiento de la educación parvularia, cabe señalar que existe la obligación de proveer o financiar la sala cuna a los hijos de trabajadoras hasta los dos años de edad, de acuerdo al mecanismo establecido en el Código del Trabajo.

Si bien en su origen ese deber se fundó más bien en las necesidades de cuidado al menor y en su alimentación, con el aumento progresivo de la cobertura y de la calidad de la educación parvularia se puede llegar a replantear esta norma, no para disminuir las obligaciones de los empleadores, pero sí para focalizar de mejor manera el gasto, que es la única contribución que ellos hacen para la educación de los hijos, y solo orientado a las trabajadoras.

Sobre el mismo precepto, habrá que considerar, mediante indicaciones, las modificaciones a las facultades de fiscalización que establece el Código del Trabajo para la JUNJI, a fin de conciliarlas con el rol exclusivo de provisión del servicio que asumirá el organismo respectivo con la nueva ley.

Un último aspecto que quiero destacar se refiere a la fiscalización y a la acreditación de las personas que trabajan en el ámbito de que se trata. Parece increíble, pero en mi experiencia como alcalde me pude percatar de que existen más facultades para fiscalizar un carro de completos que para supervisar el quehacer de un jardín infantil o de una sala cuna.

En consecuencia, será un gran avance la institucionalidad que se está creando, la cual permitirá, por primera vez, controlar efectivamente las condiciones de funcionamiento de los establecimientos públicos y privados.

Este es un buen proyecto, necesario, y la antesala de una discusión mayor y profunda, que es la reforma educacional.

Manifiesto mi acuerdo con la aprobación de la idea de legislar y mi satisfacción por el hecho de que, paso a paso y más allá de la crítica fundada o infundada, comienza a materializarse la reforma a la educación que reclama la inmensa mayoría del país.