ENMIENDA DE SISTEMA DE TRIBUTACIÓN DE LA RENTA Y OTROS AJUSTES EN SISTEMA TRIBUTARIO

El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, antes de pronunciarme sobre el fondo del proyecto que nos ocupa, quiero agradecer y felicitar a los miembros de la Comisión de Hacienda; a los técnicos que los han acompañado, y, por supuesto, a los gremios y a las personas que asistieron a dicho órgano.

Hago aquello porque con este Protocolo el Senado recupera un sitial que tuvo por mucho tiempo: el de ser un lugar de reflexión, una instancia de solución de las grandes cuestiones nacionales.

Eso debemos valorarlo.

¡Porque imagino lo que habría sido aprobar una reforma tributaria a troche y moche...! Y la Concertación podía hacerlo, pues cuenta con los votos necesarios. Sin embargo, la ley pertinente habría adolecido de un montón de defectos.

Creo que el acuerdo suscrito habla bien del trabajo del Senado, de su Comisión de Hacienda y de nuestros representantes en ella.

En mi concepto, el Protocolo evitó lo que mencionaba el Senador que me antecedió en el uso de la palabra: que terminaran pagando esta reforma tributaria, no lo más ricos ni las grandes empresas, sino las pymes, la clase media, la pequeña y mediana minerías, el transporte y otros sectores, que nada tenían que ver con ella ni con los demás compromisos que la Nueva Mayoría contrajo durante la última campaña presidencial.

Cuando los pequeños y medianos mineros concurrieron a la Comisión de Hacienda dijeron: "Estamos preocupados, porque nos van a sacar del régimen de renta presunta y nosotros no somos grandes empresas ni percibimos ingresos cuantiosos".

De otro lado, también se evitó el daño a la clase media al terminarse con el aumento del IVA en el caso de la vivienda social. Ya lo señaló el Senador Montes, quien viene planteando el problema desde que era Diputado (estuvimos juntos en la Cámara Baja). Y existe un arreglo en la materia.

Muchos parlamentarios han criticado a mi Gobierno por haber generado pocas viviendas sociales producto de que se entregó subsidio habitacional a personas que no podían construir. Sin embargo, de haberse aprobado el proyecto de reforma tributaria original, el valor de esas casas habría aumentado de 13 a 14 por ciento por la aplicación del IVA. El acuerdo a que se llegó logró impedir este incremento.

Además, se terminó con la renta atribuida obligatoria y, como se expresó aquí, con la discusión constitucional existente sobre la materia.

De otro lado, se pone fin al alza del impuesto de timbres y estampillas, que afectaba especialmente a la clase media y a las personas con créditos de consumo.

Se exime del IVA y de derechos aduaneros al Cuerpo de Bomberos por la internación de vehículos. Es una gran señal. Y la idea nació durante la discusión del proyecto.

Finalmente, creo que el Protocolo de Acuerdo invita al diálogo y a concretar una reforma tributaria en la que todos estemos de acuerdo.

En Renovación Nacional dijimos desde el primer día que compartíamos el objetivo de tener ingresos permanentes para financiar gastos permanentes vinculados con el mejoramiento de la calidad de la educación y con el término de algunas diferencias que es necesario erradicar de nuestro país.

Hasta la tarde del lunes 7 de julio, y tras intensas negociaciones del fin de semana previo, el acuerdo entre el Gobierno y Renovación Nacional estaba firmado. Contemplaba, grosso modo, aumentar el impuesto de primera categoría de 20 a 27 por ciento; establecer el régimen de renta atribuida con carácter voluntario, y generar incentivos al ahorro y la inversión para que las pymes reinvirtieran sus utilidades sin pagar tributos.

Empero, a la hora del análisis en particular del texto surgieron las diferencias. Fuentes cercanas a las tratativas señalaban que el punto de controversia era el tope establecido por Hacienda para acogerse a los beneficios del nuevo precepto relativo a las pequeñas y medianas empresas, denominado "artículo 14 ter (pyme)".

Al final, se acordó fijar en 100 mil unidades de fomento el tope de las ventas anuales para acogerse al beneficio, con un límite de 4 mil UF en utilidades reinvertidas.

Además, se estableció que todas las pymes iban a acceder al beneficio del pago del IVA en hasta 60 días. Me parece un paso importante, que no se consideraba en la iniciativa original. Con él le damos una mano a un sector muy relevante para la generación de empleo y que muchas veces, cuando es proveedor de grandes empresas, se ve enfrentado al abuso consistente en que debe enterar el IVA pese a que aquellas todavía no le cancelan por completo lo que compraron.

El Protocolo de Acuerdo no modifica la recaudación total, ascendente a 8 mil 200 millones de dólares en régimen, ni elimina el FUT. Solo modifica aspectos que la Alianza podría haber cuestionado constitucionalmente: por ejemplo, la renta atribuida, que de obligatoria pasará a ser voluntaria, y las mayores atribuciones del Servicio de Impuestos Internos para controlar la evasión y la elusión.

Y quiero hacer un alto, señora Presidenta, para referirme al último punto.

Yo he sido impulsor, junto con otros Senadores, del Decálogo de Derechos del Contribuyente.

Chile es un país curioso. Aquí, al peor de los delincuentes -al que mata a un hijo, a su mujer o a su padre- el Estado le pone un abogado para que lo defienda. Sin embargo, el contribuyente que paga sus impuestos, con los cuales nos remuneran a todos los funcionarios públicos (Presidenta de la República, Senadores, Diputados, en fin), no tiene a quién recurrir.

No me estoy refiriendo a los grandes conglomerados económicos, que cuentan con grandes staffs de abogados para que los defiendan, sino a la pyme, al pequeño contribuyente, a quien le cuesta pagar los impuestos.

En esta materia, considero importante entregarle mayores atribuciones al Servicio de Impuestos Internos para que evite la existencia de contribuyentes que eludan sus tributos. Pero, ¡por favor!, ya que llegamos al mismo nivel de ingresos e impuestos que los países de la OCDE, pongámonos a la altura de las naciones que integran esa Organización, donde hay abogados pagados por el Estado para defender al contribuyente (no para eximirlo de impuestos, sino a fin de que pague lo que corresponde), para entregarle información y para otorgarle la defensa que merece toda persona.

Me parece que esa es una tarea pendiente.

Y hago un llamado al Ministro de Hacienda, aquí presente. Porque la ley 20.420, denominada "Decálogo de Derechos del Contribuyente", que se encuentra vigente, incorpora al Código Tributario, mediante un nuevo Párrafo 4°, un artículo 8° bis que establece que en todas las oficinas del Servicio de Impuestos Internos deben exhibirse los derechos de los contribuyentes, pero eso todavía no se cumple.

Señor Ministro, primero hay que cumplirles a los contribuyentes, para luego pedirles que paguen sus impuestos.

El Protocolo de Acuerdo prevé, entre otros, los siguientes beneficios:

-Alza de impuestos a 27 por ciento para las empresas, medida aprobada por todos y que constituye un nuevo y necesario impulso para dicho sector.

-Incorporación de un incentivo al ahorro para empresas que tengan ventas de hasta 100 mil unidades de fomento, con el que podrán reducir 20 o 50 por ciento de su base imponible, dependiendo del régimen de renta que deseen.

-Eliminación de retención del 10 por ciento sobre el total de las rentas atribuidas.

Se espera cambiar el tope para acceder al régimen de renta presunta. Anteriormente era de 2 mil 400 UF de ventas anuales y se eleva a 5 mil UF (120 millones de pesos) en el caso del transporte; a 9 mil UF (216 millones de pesos) en el de la agricultura, y a 17 mil unidades de fomento (408 millones de pesos) en el de la minería.

Al respecto, quiero expresar mis agradecimientos. Con la señora Presidenta del Senado solicitamos reiteradamente, tanto a las autoridades cuanto a los miembros de la Comisión de Hacienda, que ese sistema se modificara. Ello, porque en el caso de la pequeña minería, por ejemplo, un solo productor, quien aparentemente tiene grandes ingresos, entrega a la ENAMI su producción y la de muchos otros.

El cambio operado es un paso muy importante, porque dichos productores quedan ahora bajo el régimen de renta presunta, que es lo que les acomoda, no solo porque muchos de ellos carecen de instrucción en la materia, sino también porque pasan gran parte del tiempo en los cerros y no tienen recursos para contratar un abogado o un contador.

En el caso del impuesto específico a los alcoholes se establecerá una tasa común a vinos y cervezas de 22,5 por ciento, mientras que en los restantes licores no habrá modificaciones.

Señora Presidenta, considero que estamos ante un gran acuerdo, que ha sido apoyado por moros y cristianos. Y lo he visto reflejado en la prensa, excepto por la opinión de personas muy refractarias que no están de acuerdo con nada y desean recurrir a la ideología de pasar la máquina por sobre quienes hoy no tenemos la mayoría.