RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL A PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y A DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, si no se presenta un recurso de apelación de HidroAysén ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, podremos señalar que "Patagonia sin represas, sin HidroAysén" será una realidad.

Lo anterior fue un compromiso de la Presidenta Bachelet. Y los Ministros lo ratificaron al revocar la declaración de impacto ambiental de este pésimo proyecto.

Estamos felices, contentos, no solo porque se cumplen las promesas del Gobierno, sino además porque, esencialmente, tenemos una institucionalidad que permite desechar iniciativas que provocan más problemas que beneficios.

Así es que, mientras no se interponga el recurso de apelación correspondiente -esperamos que ello no ocurra-, y el tribunal de Valdivia no sea recargado con más trabajo para dar lugar a una nueva derrota, seguiremos señalando "Patagonia sin represas" hasta que no haya claridad total y absoluta de que este mal proyecto será eliminado de los anales de los procesos ambientales de Chile.

Señora Presidenta, quiero expresar que el tema de que trata esta reforma constitucional, que reconoce el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública, ya había sido debatido en el Senado. Lo hicimos en la Cámara de Baja con el Diputado Luksic, en su oportunidad, cuando lamentablemente en el Senado solo se exigía una declaración de intereses y nos atrevimos a señalar que también debería exigirse la de patrimonio.

En esa ocasión se produjo un gran debate. Perdimos la primera batalla. Se presentaba una declaración de intereses genérica. Todas las autoridades declaraban intereses inmobiliarios, pesqueros, sin tener que indicar ni monto, ni lugar, ni condición alguna. Se argumentaba que, si se declaraba el patrimonio, habría un cuestionamiento permanente a las autoridades.

Ello se logró reformar, y hoy día existe la obligación legal para todas las autoridades públicas de declarar no solo sus intereses, sino también su patrimonio.

La presente reforma al artículo 8° sin duda es relevante desde el punto de vista de la finalidad -tal como lo planteaba el Senador Larraín-, porque los principios de probidad y transparencia tienen que ser parte de la Carta Fundamental que rige a los chilenos.

En un tiempo tuvimos un artículo 8° que declaraba inconstitucional e ilegal a los partidos políticos. Yo era contrario a él, pues, en definitiva, proscribía a los socialistas y a los comunistas de la vida constitucional.

Esa disposición de la Constitución del 80, de la dictadura, era perversa, maldita. Pero este artículo 8° es distinto. Pretende incorporar los principios de probidad y transparencia.

Por cierto, señora Presidenta, estoy de acuerdo en la necesidad de consagrar en el Texto Fundamental dichos principios. Pero no lo estoy con que sigamos parchándolo.

El profesor Atria señaló el jueves 17 de octubre del 2013 que la Constitución del 80 tiene la finalidad de impedir el cambio del modelo político-económico de la dictadura.

Hay dos legados de la dictadura militar, y del general Pinochet y de Merino en particular, que debemos terminar.

Esta Carta forma parte de esa herencia, así como la ubicación de la sede del Congreso en Valparaíso.

O el mundo entero se encuentra equivocado, o en Chile hemos acertado al tener separados por 130 kilómetros el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

¡No existe país en que estén tan alejadas las sedes del Poder Ejecutivo y del Legislativo! Solo en Chile. Es una herencia de la dictadura, del almirante Merino, del general Pinochet. Ojalá podamos terminarla a la brevedad, porque Valparaíso no ha ganado absolutamente nada con la presencia del Parlamento acá, en la Quinta Región. Y espero que podamos ofrecerle dos ministerios para una descentralización efectiva del Poder Ejecutivo.

Quiero decir que, si bien los alcances de la reforma al artículo 8° son loables, ¿cómo podría ser creíble una reforma que establece probidad y transparencia en los principios de publicidad y acceso a la información pública si sigue vigente hoy día un sistema de financiamiento de partidos políticos que permite donaciones secretas?

¿Este artículo que reformamos le permitirá a un ciudadano preguntarle a cualquier Alcalde, Concejal, Diputado, Senador, Presidente de la República cuál fue la fuente de su donación secreta en la última campaña donde salió electo, o donde perdió la elección?

No se lo posibilitará, pues esta iniciativa instala tales principios en el artículo 8°, pero el financiamiento de la política sigue siendo un secreto.

Esa contradicción es insalvable. Ofende a la inteligencia de la ciudadanía. Porque no podemos afirmar que deseamos consagrar estos principios si nos negamos a aprobar una iniciativa que presentamos con el entonces Senador José Antonio Gómez -hoy día Ministro de Justicia- para terminar con las donaciones secretas.

Por cierto, si alguien quiere donar de su bolsillo, cada cual puede disponer de su patrimonio como lo estima conveniente. Pero que lo haga en forma transparente y que la ciudadanía sepa quiénes financian la campaña.

Señora Presidenta, cabe señalar que Chile ha tenido a lo menos diez Cartas Fundamentales: por ejemplo, la Constitución Provisoria de 1818; las Constituciones de 1822 y de 1823; el Proyecto Constitucional de 1826; y las Constituciones de 1828, de 1833 (168 artículos, en 12 capítulos) y de 1925. Y, asimismo, muchas reformas: 1871, 1873, 1874, 1882 y 1924.

No obstante, nunca ha habido una Carta como la de 1980, que significó una refundación y presenta una ilegitimidad de origen. Es espuria y actualmente se encuentra agotada. Instaura una monarquía presidencial: la tutela absoluta del Ejecutivo sobre el Legislativo y los ciudadanos.

¿Qué mecanismos de participación contempla? ¿Dónde establece un plebiscito vinculante para llamar a la ciudadanía a determinar el gobierno de su localidad o de su país?

Esta Constitución Política -repito- se encuentra agotada, es nauseabunda y espero ponerle fin. Así como dijimos "¡Patagonia sin represas!" y hoy día celebramos que el Comité de Ministros desahuciara ese proyecto, también manifestamos "¡Nueva Constitución, no una reforma constitucional!".

Esta Carta de Pinochet con la firma de Lagos no sirve al país, no sirve a la democracia, no sirve a la vida republicana.

El señor MOREIRA.- ¡Sí sirve!

El señor NAVARRO.- Y demando de la coherencia de mi coalición, la Nueva Mayoría, que impulsemos el segundo compromiso presidencial. Fue la Presidenta Bachelet quien dijo: "¡Nueva Constitución!". "¡No más parches a la Constitución!".

Algunos queremos una asamblea constituyente discutida por la ciudadanía, por el pueblo, por los trabajadores, por los sindicatos, por la gente de a pie, por aquellos que van a ser gobernados por esa Carta Fundamental. Pero la Constitución actual lo impide.

Debiéramos realizar una reforma que incorporara un plebiscito que permitiera la realización de una asamblea constituyente. Pero como los candados de la dictadura de Pinochet cayeron sobre la Constitución, hay quórums inalcanzables.

Quienes queremos la celebración de una asamblea constituyente, y no somos fumadores de opio, sabemos perfectamente que para la aprobación de la reforma constitucional pertinente se requieren 25 votos en el Senado, y que la Nueva Mayoría tiene 21. Nos faltan cuatro. Por lo tanto, no hay posibilidad de hacerlo con los mecanismos que contempla el Texto Fundamental de 1980.

Pero seguimos impulsando la necesidad urgente de establecer una nueva Constitución.

Señora Presidenta, me he formado la convicción de que algunas de las reformas constitucionales que votamos en el pasado, con la esperanza cierta de tener una nueva Constitución, eran solo parches que servían para acomodar la nauseabunda que nos rige y prolongar su agonía.

Voy a votar en contra. ¡No quiero más parches! No es suficiente con incorporar probidad y transparencia, cuando mantenemos un sistema secreto de financiamiento a la política.

¡Queremos una reforma constitucional de verdad! Un nuevo Texto Fundamental, discutido por todos los chilenos.

Por consiguiente, voto en contra. No por los contenidos de la iniciativa del Senador Larraín, que comparto, sino por el problema de fondo. ¡Quiero una nueva Constitución! Vamos a luchar por ello. Con tal fin juré como Senador en la Sala por los próximos ocho años, y voy a ser fiel a mi promesa.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!