OBLIGATORIEDAD PARA CONCESIONARIAS DE SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES DE CUMPLIMIENTO DE VELOCIDAD MÍNIMA GARANTIZADA DE ACCESO A INTERNET

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, la industria ha hecho varios estudios para intentar demostrar que la velocidad se ajusta a lo contratado.

Según ellos, Chile se encontraría en el lugar 58, entre 200 naciones del mundo. La lista es liderada por Hong Kong, que tiene la mayor velocidad.

En septiembre de 2012, en el programa Esto no tiene nombre, de Televisión Nacional, se estableció que la velocidad contratada por muchos usuarios era de 28 megas y que la velocidad real solo alcanzaba a solo 1,93.

¡Claramente, no había cumplimiento del contrato!

Aquí ocurre lo mismo que con las carreteras concesionadas, que han ofrecido una solución rara y dispar. Porque, a pesar de que uno paga para ir más rápido y seguro por las autopistas, en las horas peak, durante las cuales se transita a una velocidad mucho más lenta y con mayor inseguridad, aumenta el valor del peaje. Es decir, el usuario paga por ir más rápido, pero las carreteras concesionadas no satisfacen ese objetivo.

Yo advierto que sería impresentable que para cumplir un contrato que asegurara determinada velocidad las empresas agregaran costos adicionales.

Entiendo que todo el debate se centra en que se cumpla lo contratado. Y Chile lidera los costos más altos a nivel mundial. No está entre los más baratos.

En Coronel -por nombrar una localidad de mi circunscripción-, muchos contratos de Movistar que aseguran 6 u 8 megas apenas tienen medio mega durante las tardes. Es decir, la conexión colapsa completamente.

Las empresas se defienden diciendo que en Internet nacional cumplen el 70 por ciento de velocidad de acceso. Pero en conexión internacional no alcanzan ni al 30 por ciento.

Este proyecto busca el cumplimiento de la obligación contraída. A tal efecto, establece un mínimo de servicio dentro de un área a la que cada día acceden millones de personas.

Dudo de que a los usuarios les interese el debate en torno a si la velocidad se garantiza por medio de una ley o de un reglamento. Lo que ellos quieren es velocidad, la que, además, pagan.

En tal sentido, el planteamiento de si esto es materia de ley o de reglamento debe ceder ante la exigencia de una normativa que garantice transparencia, cumplimiento de los contratos y velocidad, para que el usuario sepa dónde contratar. Porque algunos trabajan con Internet -no solo la usan por diversión- y requieren alta velocidad para hacer bien sus labores.

Por lo tanto, si la industria no está en condiciones de dar certeza sobre la velocidad del servicio, hay que, a lo menos, obligarla a cumplir los contratos. Y al respecto debe operar la libre competencia.

El señor Subsecretario planteó una propuesta relacionada con el otorgamiento de mayores facultades a la Subsecretaría para hacer cumplir los contratos.

Mi pregunta a dicho personero se vincula con los tiempos: ¿con qué velocidad la Subtel podrá dictar un reglamento sobre fiscalización que no se traduzca en simples multas? Porque a los usuarios -y hablo de todos los niveles- nos les interesa que a las empresas se les apliquen multas. Lo que quieren es velocidad.

Entonces, un sistema que opere a base de penas tampoco es suficiente.

Ahora, si nos dijeran que una parte de cada multa irá a un fondo concursable para educar a la gente sobre cómo revisar su velocidad o cómo hacer mejor uso del contrato de acceso a Internet, esas sanciones tendrían sentido.

Sin embargo, las multas van al Tesoro Público. Y, por cierto, no se mejora la calidad ni se respetan los derechos de los usuarios aplicando multas. Además, dados el enorme volumen de contratación y las suculentas utilidades que obtienen las empresas, los montos fijados -y lo señaló el propio Subsecretario- resultan insignificantes, no les duelen; entonces, prefieren pagar las multas y seguir vendiendo contratos que no se cumplen.

En consecuencia, el problema no está en las multas ni en las sanciones, sino en lo que realmente les duele a las empresas.

En tal sentido, el debate sobre los mecanismos no es parte de la ley en proyecto, porque en ella solo se establece una velocidad mínima y se pone de manifiesto la necesidad de una política de incentivo para los usuarios...

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminó su tiempo, señor Senador.

Por favor, redondee la última idea.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, esta iniciativa nos permite al menos colocar en debate el tema señalado, que se halla presente.

Por tanto, creo que el nuevo Gobierno tiene el deber de actuar a gran velocidad para resolver la situación.

¿La fórmula? Disponible para conversarla.

Este proyecto tiene el gran mérito de detectar un problema e intentar una vía de solución. Pero si la cuestión es reglamentaria, que haya un reglamento de peso e invulnerable.

La fórmula no importa. Lo relevante son el cumplimiento de los contratos y el otorgamiento de buenos servicios a los usuarios de Internet.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!