FISCALIZACIÓN A ESSBIO POR COBRO PRORRATEADO EN CONDOMINIOS DE OCTAVA REGIÓN. OFICIO

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, pido que se oficie a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para que nos informe respecto al cobro que, a base del llamado "prorrateo", realiza ESSBIO en los condominios de la Octava Región.

Ese sistema prevé la existencia de un medidor general y de medidores internos que indican el consumo de cada casa. Cuando la suma de los registros individuales supera lo que señala el marcador general, los 500, 600 o 1.000 metros cúbicos adicionales se prorratean entre los vecinos.

Ahora bien, descubrimos al menos en dos condominios que no había consumo adicional. Entonces, en ambos existieron cobros excesivos de manera permanente y por muchos años. En los dos casos conseguimos devoluciones, ascendentes a un millón y un millón seiscientos mil pesos, por el máximo que permite la ley, que son seis meses.

Tenemos la convicción de que los cobros excesivos abarcan mucho más que seis meses: varios años.

Numerosos vecinos no se dan cuenta de que la boleta mediante la cual se cobra el consumo de agua dice: "Prorrateo: 40 metros cúbicos", "22 metros cúbicos", los cuales teóricamente han sido consumidos por los vecinos, por la comunidad.

Eso ha sucedido en al menos dos condominios. Lo informamos a la Superintendencia. Se demostró que no hubo consumo adicional y se obligó a ESSBIO a devolver el dinero cobrado indebidamente.

Sobre el particular, quiero que se solicite a la Superintendencia de Servicios Sanitarios un programa especial de fiscalización respecto a los cobros que se realizan en los condominios de la Región del Biobío -y debiera aplicarse en todo el país- para saber si el pago prorrateado que efectúan quienes viven en ellos -gente de clase media a la que jamás le sobra el dinero- es adecuado.

Tengo la sensación de que nos vamos a encontrar con varias sorpresas.

De otra parte, estamos haciendo un trabajo bastante especial con los dirigentes de los condominios, pues existe una amenaza: si ante una solicitud la empresa hace una revisión y el medidor está bueno, cobra cerca de 70 mil pesos por demostrarlo.

Ese es un mecanismo de desincentivo para la verificación. ¡Constituye una norma absurda! Si hay una duda, la empresa tiene la obligación, como ocurre en los casos del gas o de la electricidad, de revisar el medidor para saber si está funcionando adecuadamente. No es posible multar precisamente cuando el aparato está bueno, porque lo que la gente hace, entonces, es evitar el control, y ello determina, en definitiva, que miles de metros cúbicos de agua se les cobren a los usuarios sin mediar consumo.

Esa cantidad es parte del cuarenta por ciento que se pierde en la red de ESSBIO en la Octava Región: meten 100 metros cúbicos y salen 60 por la llave, porque las cañerías están rotas. ¡Pero eso no es responsabilidad de los consumidores! ¡Es responsabilidad de la empresa renovar matrices y tuberías, que ya tienen, en algunos casos, más de cincuenta o sesenta años!

Quisiera que la Superintendencia me informase de todas las multas que ha aplicado y del control de denuncias. La gente no sabe cómo denunciar. En general, o va a la empresa o prefiere no hacerlo. Porque, cuando vienen mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil pesos más en la cuenta -cada día creciente y más cara- de las tarifas de agua potable, que incluyen, por cierto, el tratamiento de las aguas servidas, se pierde más el tiempo en ir a reclamar que en la devolución.

Deseo darle a conocer, señor Presidente, que el proceso de renovación en las tarifas está en curso. Y se mantiene un hecho sobre el cual también le pido a la Superintendencia informarnos en detalle, porque la norma sigue siendo absurda. Los informes técnicos para fijar el costo ¡son secretos! y se difunden después de fijados los precios, por lo que no hay posibilidad de reclamar. Estimo que ese es un abuso insostenible en favor del productor y en desmedro de los consumidores.

Hemos planteado de manera reiterada -y también lo haremos en el próximo proyecto de Ley de Presupuestos- la necesidad de una evaluación y un estudio que permitan que el proceso de licitación sea público y de que los informes técnicos determinantes de cuánto vale el agua no sean conocidos solo por la Superintendencia. Porque la verdad es que la situación se presta para un conjunto de dudas y al final del día "paga Moya", pagan los usuarios.

Y al costo se adiciona, por cierto, el tratamiento de las aguas servidas, que equivale exactamente al consumo de agua potable. En muchas ciudades no existe, pero, por el sistema diseñado en el sentido de compartir el precio, en muchas comunas de la Región del Biobío es pagado igualmente en la boleta del agua potable.