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PROCEDIMIENTO DE TOMA DE RAZÓN Y REGISTRO ELECTRÓNICO


El señor NAVARRO.- Gracias, señora Presidenta.
Sobre la iniciativa en debate, cuyo informe me acaba de llegar, quiero señalar lo siguiente.
En materia de la Contraloría General de la República, siempre he priorizado que los actos cuya legalidad examine sean aquellos que cualquier ciudadano pueda plantear, es decir, que todo ciudadano pueda recurrir al Órgano Fiscalizador a solicitar el examen de legalidad de un acto administrativo de cualquier autoridad del país.
Esa es la razón por la cual muchas personas concurren a la Contraloría; también los parlamentarios, de manera permanente.
Sin duda, el proyecto va a facilitar y agilizar el trámite de toma de razón.
Sin embargo, dado que estamos tratando de colaborar para que la institución pueda dictar con mayor eficiencia sus dictámenes, creo que un asunto de fondo que no podemos dejar de considerar es aquel que se produce cuando ella propone la realización de sumarios. Cuando establece irregularidades, señala: "Se sugiere al municipio tanto que efectúe un sumario". Pero el municipio no toma en consideración alguna la recomendación de la Contraloría.
Siento, entonces, la necesidad de que este órgano, que es un órgano contralor-administrador de legalidad, tenga también imperio cuando dictamine la existencia de un elemento sobre el cual debe haber una investigación mayor, un sumario administrativo, de modo que este efectivamente se lleve a cabo. Si no, el establecer las causas pero no ir al fondo para que se apliquen penas o multas hace que la recomendación de la Contraloría muchas veces sea pura burocracia.
Por consiguiente, tan importante como facilitar la parte administrativa en la dictación de sus resoluciones es revisar de manera imperiosa por qué nuestra Entidad Fiscalizadora, cuando detecta hechos ilícitos o ilegales, solo puede recomendar la realización de un sumario cuyo inicio queda a criterio de la autoridad de Gobierno, de empresas públicas o de municipios. Son demasiados los casos en que la Contraloría recomienda seguir sumarios y estos no se efectúan.
Voy a votar a favor, señora Presidenta, pues sin duda las normas del proyecto ayudarán a que la toma de razón sea automática o mucho más expedita, pero, claramente, hay un elemento de fondo que tiene que ser evaluado, cual es que las recomendaciones que formule la Contraloría frente a un hecho de cualquier organismo público declarado ilegal sean efectivas, de modo que, si recomienda sumario, haya sumario, y que la misma Contraloría u otro organismo se encargue de verificar si lo sugerido se cumple o no. Tal como están planteadas, se trata de meras recomendaciones administrativas que, por cierto, le quitan fuerza a la transparencia que este órgano público tan importante debe brindar a la Administración nacional.
Anuncio mi voto favorable.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!