REGULACIÓN DE LOBBY ANTE ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y CONGRESO NACIONAL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, esta es una materia que ha sido debatida extensamente en el Congreso. Tenemos que recordar que hace 11 años se envió el primer proyecto de ley; luego, fue enviado otro por la Presidenta Bachelet y finalmente hoy día estamos llegando a un punto casi final en la medida en que ha tomado acuerdos la Comisión Mixta.

Se trata de una iniciativa legal que, obviamente, ha generado polémica y controversia. Y considero que, a pesar de sus deficiencias -la más importante de todas es que no haya un registro previo-, es positiva. Sin embargo, no alcanzo a entender por qué no se llegó a acuerdo. Lamento enormemente que haya sido así, porque creo que es sustantivo en una ley de lobby la existencia de un registro previo, lo cual nos permitiría no solo mayor transparencia, sino conocer realmente quiénes se dedican a dicha actividad, con remuneración o sin ella. Con eso se lograría que ejerzan el lobby quienes están registrados, lo que es tremendamente importante. En cambio, el consignarlo de manera indirecta, como lo vamos a ver en unos instantes, no es igual.

Espero que ello podamos corregirlo a futuro, a fin de demostrar que no basta el registro pasivo. Aunque este es un paso, me hubiese gustado tener el registro previo, porque es fundamental reconocer de antemano quiénes se dedican a tal actividad, porque incluso las personas que actúan transparentemente no quieren reconocerse como lobbistas, como todos sabemos. Eso permite un claroscuro que no es lo deseable en una sociedad que debe avanzar en transparencia, sobre todo en el Congreso Nacional, que está siendo muy cuestionado en cuanto a credibilidad, la que, por desgracia, es muy baja.

Por esas mismas razones, voy a apoyar el proyecto, pues pienso que mediante su aprobación se da un paso positivo.

Dicho lo anterior, debo señalar que, aunque no estará el registro previo, vamos a crear una especie de sustituto a través del sujeto pasivo. O sea, cada vez que un parlamentario reciba en audiencia a alguien, habrá dos instancias: una, la persona que solicite la entrevista a un parlamentario, sea ella remunerada o no remunerada -a modo de ejemplo, un dirigente gremial que represente a un grupo de trabajadores-; y dos, aquel que acuda en nombre de una gran empresa. Esto significa que puede ser enormemente variada la gama.

Así, las personas que soliciten la audiencia van a tener que registrarse y el sujeto pasivo -el parlamentario que accede a conversar con dirigentes gremiales del Consejo Minero, por ejemplo, o con quien sea- tendrá que hacer una suerte de acta que consigne la fecha de la entrevista y el interés o preocupación perseguidos.

En realidad, hubiese preferido otra modalidad, como ya lo expresé, por cuanto será bastante engorroso el procedimiento, ya que se trata de 38 Senadores y 120 Diputados que sostienen muchas conversaciones durante el día, lo cual es parte de su labor, en las que reciben información o les dan a conocer la importancia de un proyecto. Porque es absurdo pretender que el parlamentario no converse. En lo particular, he tenido muchísimos diálogos con gente interesada en las energías renovables y que tienen grandes dificultades en el país, toda vez que, por no haberse eliminado ciertas barreras, les resulta difícil entrar al mercado, etcétera.

Por lo tanto, hacer un acta de cada una de estas reuniones y que después ello sea procesado en el Consejo para la Transparencia, dudo que pueda ser efectivo. Espero que el reglamento que se dicte sea sensato y regule la situación de manera que el mecanismo sea practicable, porque lo peor que nos puede pasar es tener una legislación que sea letra muerta. Creo que eso nos haría mal a todos.

Si queremos avanzar en transparencia y en probidad, tenemos que actualizar nuestras declaraciones de intereses y patrimonio y abordar paralelamente otras materias.

Sin embargo, en este caso específico, tengo serias dudas de que sea factible que el Consejo para la Transparencia vaya a manejar cierto volumen de información. Inclusive estimo dificultoso el que un parlamentario, después de cada una de estas reuniones, levante un acta para ser enviada a ese órgano o la ponga en su página web.

Con todo, aunque sea de esta manera "pasiva", prefiero la existencia de un registro, porque esa es la forma de hacerlo; es la manera en que va a quedar constancia de esas dos vías de lobby, respecto de lo cual no hubo acuerdo para un registro ex ante de los lobbistas remunerados o no remunerados que funcionan en Chile.

Así, hubiésemos terminado, entonces, con esta actividad de la cual hoy día sabemos de su existencia pero que no se reconoce legalmente. Y prefiero mil veces que lo puedan hacer las entidades que se reconocen a sí mismas, sean remuneradas o no.

Pese a mis aprensiones, voy a votar a favor, por creer que no solo se trata de avanzar en probidad. También tenemos que regular los conflictos de interés.