PLAN DE INCENTIVO AL RETIRO PARA FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL SECTOR PÚBLICO

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, quiero partir saludando a los dirigentes que nos acompañan, entre los que se encuentra Raúl de la Puente. Agradezco su presencia y los felicito por su trabajo.

Ellos han planteado, con mucha seriedad y claridad, la necesidad de establecer un plan de incentivo al retiro para los funcionarios del sector público. Finalmente, se logró acuerdo para ello, cosa que celebramos. Vamos a aprobar la iniciativa que lo refleja, porque evidentemente se trata de una materia importante y necesaria.

Cabe preguntarse por qué, de tanto en tanto, debemos tratar en la Sala proyectos sobre incentivos al retiro, que proponen una compensación, un bono, en fin. En este caso, equivale a once meses; en otros, a nueve.

Ante ello, uno concluye que algo ha venido fallando. ¡Eso es claro!

Cuando se estableció el sistema de las famosas AFP, a la gente no se le explicó con claridad en qué consistía. Se le presionó para que se cambiara, sin mayor información. Considérese, además, que en ese momento nos encontrábamos en plena dictadura.

El resultado de ello produjo daño previsional a los trabajadores. Y eso es innegable. Por lo tanto, ahora hay gente de mucha edad que no puede jubilar debido a su baja tasa de reemplazo.

Asimismo, es cierto lo señalado por el Senador Orpis: las pensiones se afectan si no se impone por el total de las remuneraciones. Ese es, definitivamente, un factor adverso a la hora de pensar en retirarse.

En el fondo, son varias las materias que se cruzan. Un proyecto como el que nos ocupa se halla muy acotado. Pero el asunto de fondo se refiere más bien al sector público, muchas veces bastante vilipendiado, no siempre valorado ni apreciado en la entrega que hace.

Celebro que haya habido acuerdo en esta materia. Pero también debe reconocerse que durante el actual Gobierno ha habido huelgas muy prolongadas de los servidores públicos.

Los empleados del Servicio de Registro Civil e Identificación estuvieron no sé cuántos días en paro, y vimos la gran incapacidad del Ejecutivo para establecer una mesa de trabajo y llegar a una solución.

La gente de la JUNJI y la de distintos servicios también ha vivido una situación compleja, la que, además, afectó al público, que se sintió molesto por los problemas que se derivaron.

Al final, las consecuencias las pagan los trabajadores, quienes reciben los reclamos. Pero si llegaron a ese extremo, quiere decir que sus demandas requieren una respuesta.

En materia de honorarios, no hemos logrado nunca hacer cumplir la ley. Y seguimos con el vicio de tener personas trabajando 15 y 20 años a honorarios; que cumplen sus labores vez tras vez y mantienen esa calidad sin darles la ocasión de ingresar a las respectivas plantas. Con ello vamos acumulando situaciones de injusticia y de insatisfacción que no sé por cuánto tiempo podremos soportar.

Señor Presidente, creo que ha llegado el momento de pensar seriamente en generar una solución diferente y que dé cuenta de lo que está pasando.

Aquí tenemos tasas de remplazo bajas; las jubilaciones son escasísimas; la gente trabaja mucho más allá de la edad normal para jubilarse; el daño previsional no ha sido suficientemente compensado; seguimos bajo un sistema de AFP impuesto, en que hay altas comisiones y en las cuales los trabajadores no tienen gran participación. Pese a que son sus fondos de capitalización, no cuentan con la información pertinente y, además, se ven afectados cuando hay pérdidas.

Ciertamente reciben beneficios cuando la inversión es positiva, Pero a la hora de las pérdidas no se socializa con ellos. Las AFP siguen ganando y los directores continúan percibiendo sus sueldos y solo el trabajador es el perjudicado.

Lo relativo a este asunto es un tema de fondo. Habrá que abordarlo. Será un tremendo desafío para la nueva Administración. Espero que seamos capaces de avanzar y lograr una sociedad mucho más equitativa para los trabajadores, en particular del sector público.

Los funcionarios de la Administración Pública en la Región de Atacama han solicitado que la suya sea considerada zona estratégica, lo que es de toda justicia. No se la puede catalogar como extrema, pero la carestía de vida generada por lo que significan los proyectos mineros (especulación con las viviendas; rentas, en fin) es dramática. Y con toda razón los empleados públicos, a quienes apoyo, piden algún tipo de compensación, de bonos.

No puedo dejar de mencionar su situación y mi solidaridad con ellos por la justeza de su demanda.