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PERFECCIONAMIENTO DE NORMAS SOBRE REGULACIÓN DE DERECHOS DE OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES


El señor NAVARRO.- Señor Presidente, solicito segunda discusión para el proyecto que nos ocupa.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Conforme. Pero antes vamos a agotar la primera discusión.
¿Desea continuar con el uso de la palabra, Su Señoría?
El señor NAVARRO.- No, señor Presidente, después voy a intervenir.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Okay.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, tengo en mis manos una transcripción de lo difundido el 4 de diciembre recién pasado en el sitio web de radio Cooperativa. Se expresa que la Primera Mandataria electa aseguró que el articulado en debate "podría afectar a la soberanía alimentaria y las semillas tradicionales".
"La candidata presidencial de Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, aseguró que el proyecto de ley que regula derechos sobre obtenciones vegetales y deroga la ley N° 19.342, conocido como "Ley Monsanto", no le gusta y que va a revisarlo si ella llega a La Moneda.
"Durante su participación en "El informante", de TVN, al ser consultada sobre si está a favor de este proyecto, la ex Mandataria respondió: "No, porque cuando se envió esa ley tenía otro sentido del que ha llegado a ser".
"Por lo tanto, nosotros hemos planteado que vamos a revisar esa ley, porque hay una evidencia clara de que habrían elementos que podrían, por un lado, dañar la salud y, por otro más importante, podrían afectar a la soberanía alimentaria y las semillas tradicionales", aseguró.".
La opinión de la Presidenta es clara respecto de la calificación de la normativa y, por cierto, de que el proyecto en debate no es el más adecuado.
María Isabel Manzur, bióloga, doctorada y destacada profesora, entendida en transgénicos, ha señalado, a través de múltiples artículos, que la versión de la UPOV de 1991, diferente de las correspondientes a los años setenta y ochenta, es mucho más restrictiva para los agricultores y otorga enormes beneficios a las empresas de semillas.
Señor Presidente, hemos recomendado a los parlamentarios de Nueva Mayoría rechazar la iniciativa que nos ocupa, ya que la adhesión a la UPOV de 1991 no es obligatoria para Chile, en tanto ya se encuentra suscrito al acta anterior, de 1978, y porque la nueva versión traerá consecuencias irreversibles para nuestra agricultura, debido al desequilibrio que crea entre los derechos de los agricultores y los propios de los mejoradores y obtentores.
Se pretende presentar el proyecto como tendiente a proteger. Por mi parte, sostengo que es para abusar.
Los derechos de obtentores vegetales son una forma de propiedad intelectual para la protección específica de nuevas variedades de plantas -para que una de ellas pueda ser resguardada, debe ser nueva, distinta, uniforme y estable- y se rigen por la Unión Internacional de la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), cuyo objetivo es salvaguardarlos con un derecho de propiedad intelectual. El Convenio fue adoptado en París el año 1961 y fue revisado en 1972, 1978 y 1991.
Chile adhirió al acta de 1978 en 1996 y la implementó mediante la ley N° 19.342, Reguladora de Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales, dictada en 1994.
Sin embargo -y aquí se encuentra la clave-, nuestro país firmó un tratado de libre comercio con los Estados Unidos que entró en vigencia el 1° de enero de 2004, en virtud del cual se le obliga a incorporarse a la versión de la UPOV de 1991. Por ello, en enero de 2009 ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que reemplaza la ley N° 19.342, y se acogió la adhesión de Chile a la UPOV de 1991.
Deseo recordar que, en esa ocasión, 17 Senadores recurrimos al Tribunal Constitucional para que la aprobación se declarara inconstitucional por afectar derechos fundamentales. El organismo, en sentencia de junio de 2011, rechazó la presentación por una votación dividida de 6 votos contra 4, pero estos últimos son esenciales y determinantes.
Claramente, para quienes quieran establecerla, la diferencia entre el acta de 1978 y la de 1991 es bastante grande. Esta última otorga muchos más beneficios a las empresas y restringe los derechos de los agricultores.
Por ejemplo, en cuanto a variedades por proteger, cada país es libre, conforme a la UPOV de 1978, de designar aquella que desea, en tanto que, de acuerdo con la UPOV de 1991, ello se extiende obligatoriamente a todas las de plantas y las esencialmente derivadas.
Respecto del período de protección, la UPOV de 1978 contempla un mínimo de 15 años, con 18 para vides y árboles, y la UPOV de 1991, 20 años, con 25 para vides y árboles.
Tocante al ámbito de protección, la UPOV de 1978 se restringe al material reproductivo de la variedad, en tanto que la UPOV de 1991 se expande al uso comercial de todo el material, incluido el reproductivo, la cosecha y los productos elaborados a partir de esta última, como harina y vino, y aumentan vastamente las posibilidades de ganancias sobre las variedades protegidas.
En lo atinente a la utilización de variedades protegidas para crear otras, ello es posible, conforme a la UPOV de 1978, pero, de acuerdo con la UPOV de 1991, se encuentra sujeta al pago de derechos.
¡Monsanto! ¡Ese es el meollo, señor Presidente! ¡Aquí va a haber que pagar, y quienes tengan que hacerlo serán los agricultores!
Según la UPOV de 1978, estos últimos pueden resembrar semillas, mas la UPOV de 1991 determina que el derecho se halla sujeto a la legislación nacional; puede ser suprimido por los gobiernos o utilizado "solamente dentro de ciertos límites", y niega el llamado "privilegio de los agricultores".
La doble protección por medio de patentes y derechos de obtentor, tocante al UPOV de 1978, se halla prohibida, mas la UPOV de 1991 la permite, lo que significa que una variedad puede ser simultáneamente patentada y admitir el goce de derechos de obtentor.
Señor Presidente, las dudas sobre Monsanto son realmente impresionantes. Invito a todos los que nos escuchan, a mis colegas, a visitar la página web verdadahora.cl, donde se descubre que esa empresa está hace rato en Chile y con subsidio de la CORFO. Desde 2009, en un programa que llama a la inversión extranjera, hemos estado subsidiando la producción de semillas transgénicas en instalaciones no especificadas en las Regiones Metropolitana, de Arica y Parinacota, de O'Higgins y del Maule. Son cultivadas en más de 20 mil hectáreas para exportarse a los Estados Unidos.
Claramente, el que nos ocupa es un proyecto restrictivo, innecesario, por cuanto la UPOV de 1978 reúne todas las condiciones necesarias.
¿Qué se pretende aquí? Lo mismo que pasó con Microsoft. Lo advertimos al suscribir el tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Derechos de propiedad intelectual, ¡bien!, y hoy día la empresa nos cobra. El Congreso destina 30 mil a 35 mil millones de pesos anuales solo al pago de patentes. He sido majadero, durante el estudio del proyecto de Ley de Presupuestos, para tratar de determinar cuánto gastamos por tal concepto.
Claro, cuando se visitó Silicon Valley, Microsoft regaló mil computadores, pero ahora es preciso sufragar la patente por cada programa instalado en uno de ellos. Ello implica que si usted, señor Presidente, compra un compacto de Los Prisioneros y quiere ponerlo en el auto, tiene que pagar; si quiere escucharlo en el living de su casa, tiene que pagar. Porque los programas patentados por dicha empresa solo pueden funcionar en un solo computador, ni siquiera en otro de la misma oficina, y es preciso cancelar la patente cada dos años, porque esta se renueva innecesariamente.
¿Qué se desprende del asunto? Que vale la pena observar todas las exigencias de propiedad intelectual implícitas en el tratado de libre comercio con los Estados Unidos
He presentado un proyecto de ley para requerir el debate en el Congreso de ese tipo de instrumento internacional. Hoy día nos llega como un paquete: o se rechaza o se aprueba. Eso es una aberración jurídica para la democracia interna de cada país. O se vota en contra, sin discusión. En los hechos, la discusión era secreta, porque tenía lugar entre los gobiernos, sin la participación de los Parlamentos. Los convenios eran ratificados por el Congreso, sin debate.
Eso nos pasó en 2004. Deseo recordar que el único que votó en contra fue el Diputado señor Aguiló. Si bien traía algunos beneficios, el tratado de libre comercio contenía todos estos elementos, y argumentamos, en el momento de la controversia: "La votación se va a ganar, pero no vamos a permitir que se profundicen las desigualdades, el control y, particularmente, el abuso".
El proyecto en examen fomenta la expansión de los transgénicos y la contaminación genética, pues no es claro al limitar el derecho del obtentor sobre variedades con un impacto negativo sobre el medio ambiente, como sucede en el caso de las semillas transgénicas, que contaminan a otras plantas a través del polen.
La miel de los agricultores de Ñuble y de todo Chile fue rechazada en Alemania, por contener trazas de transgénicos. Las abejas polinizan, vuelan de un lado a otro y de repente se meten en un predio con dichos cultivos, que son secretos, registrándose la contaminación de nuestra miel, lo que puede provocar enormes daños si esta política continúa.
Pero, en particular, existen propuestas adicionales para quienes creen que podemos "violentar" el derecho de los Estados Unidos. Hay propuestas que invitamos a debatir. Por eso he pedido segunda discusión. Estimo que la ausencia de colegas da lugar a un debate acotado.
A mi juicio, la Presidenta Bachelet ha sido clara: el proyecto no se va a aprobar durante el Gobierno actual. Vamos a discutirlo durante la próxima Administración, con otro Congreso, con otro Senado y también con otra visión. Porque hemos hecho un recorrido que nos permite visualizar de manera crítica lo que hemos obrado. Hay alternativas sobre cómo enfrentar el UPOV de 1991 y es bueno debatir de manera muy amplia.
Señor Presidente, creo que sería un grave error para Chile aprobar este proyecto, por todo lo que aquí se ha señalado, pero, particularmente, porque sería el resultado de una imposición.
Por eso, anticipo mi rechazo.
Vamos a tener la posibilidad de analizar en segunda discusión esta iniciativa. Como esta no cuenta con consenso a nivel nacional -por el contrario-, espero que todos los que estén relacionados con el gran negocio de Monsanto en Chile pongan las cartas sobre la mesa, a fin de saber cuál es exactamente el tipo de debate que estamos dispuestos a dar.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.