ENMIENDAS A NORMATIVAS MUNICIPALES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, TRANSPARENCIA, PROBIDAD, DOTACIÓN Y FINANZAS

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, todo el debate sobre la función de concejales y de alcalde, si bien resulta importante -media un apoyo de los primeros, existiendo un cierto grado de optimismo-, nos deja un gusto a poco.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Perdón, Su Señoría. Estamos tratando el artículo 1°.

El señor NAVARRO.- Entonces, pediré la palabra en relación con las otras disposiciones.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Solo nos quedan los artículos 1°, número 1), y 11, que son los dos en que se registran diferencias, según entiendo.

El señor NAVARRO.- ¿Respecto de la facultad del alcalde para disminuir unidades y crear otras nuevas?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En el 11 se elimina el inciso segundo, como lo han mencionado todos.

El señor NAVARRO.- Me referiré al artículo 1°, entonces.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Muy bien.

El señor NAVARRO.- Es de todos conocido el debate suscitado acerca del personal a contrata y a honorarios. En los municipios se mantienen miles de funcionarios en esa condición.

Existen alcaldes como el de Quilicura, Juan Carrasco, quien dice: "Si me lo permiten, puedo pasar a la planta, con mi presupuesto, los 327 funcionarios que tengo a contrata; pero la ley no me deja.".

La pregunta para los Senadores señores Bianchi y Orpis es si la ley en proyecto aceptará que jefes comunales apliquen esa medida con presupuesto propio, no con recursos del Fondo Común Municipal. Ello, con algún grado de criterio, por cierto. No se tratará de personas sin ninguna función. Porque no resulta creíble seguir considerando no de planta a quienes llevan 16 o 20 años en un cometido, el cual existe e importa responsabilidad. Pero no pueden ser traspasados, ya que no hay planta.

El artículo más bien hace referencia a crear ciertas unidades. Se pone también en el caso de la reducción, no en el del aumento.

Por lo tanto, uno de los elementos que echo de menos es la facultad, para los municipios que puedan hacerlo, de pasar a la planta a personal que lleve 10 o 12 años cuando la función esté previamente calificada por el concejo municipal o la Contraloría General de la República. Es decir, no se trata de funcionarios inventados, de fantasmas: son reales, con labores concretas.

Lo otro dice relación con personal traspasado a los servicios. En el caso de educación, son inmorales, absolutamente inaceptables, los despidos de profesores a contrata que han tenido lugar a fin de año en cientos de municipalidades.

Fruto de una iniciativa legal iniciada en una moción y cuya admisibilidad ha sido votada en el Senado, tendiente al traspaso, después de tres años, de personal a contrata de los departamentos de Educación, se ha provocado un despido masivo, denunciado por el Colegio de Profesores. Los alcaldes lo han llevado a cabo apresuradamente.

Espero que con el proyecto de ley de desmunicipalización que implemente la Presidenta Michelle Bachelet podamos hacer justicia, al menos, a los servicios traspasados de educación y sacar de encima a jefes comunales que se quejan del gasto. El de Cerro Navia, que es de Gobierno, fue al Ministerio y dijo: "Entrego la educación, porque no tengo dinero para administrarla".

Los funcionarios municipales a contrata, en todos los ámbitos, requieren mayor respeto. El punto va a quedar pendiente. Está bien la posibilidad de adecuación, pero resulta imposible dejarlo a un lado cuando estamos discutiendo facultades de los alcaldes para ajustar las plantas.

Hay personal a contrata en el municipio y en otras funciones, como también en los servicios traspasados de salud y educación, que lleva años y resulta insustituible y que no tiene otra posibilidad de formar parte de la planta.

Voy a votar a favor, por cierto, del artículo 1°. Se avanza algo, pero ello sigue siendo insuficiente.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el tema de la recolección de residuos domiciliarios se ha transformado en un dolor de cabeza no solo para los municipios, sino también para los usuarios.

Muchos municipios dejaron abandonada la cobranza. Y a los usuarios se les acumuló una deuda por la incapacidad de la municipalidad de cobrar. ¡Porque cobrar la basura es impopular!

Situación similar ocurrió con el agua, la cual antes era casi gratuita. Cuando se empezó a cobrar por el servicio, particularmente, el relativo al tratamiento de las aguas servidas, costó implementar un sistema.

Pero, en el caso que nos ocupa, considero que no hay conciencia ciudadana respecto de los reales costos que implica el retiro, traslado y depósito final de la basura.

Frente a ello, los municipios enfrentan a lo menos dos grandes problemas.

El primero es el cobro del servicio a quienes pueden pagar, que son las personas que habitan viviendas de un valor elevado (más de 23 millones de pesos). Pero el costo debe ser diferenciado del de las empresas. No parece justo que las familias, que consumen y generan poca basura, paguen lo mismo que las empresas, que producen grandes volúmenes de residuos.

Y el segundo -lo más importante- radica en que hay una deuda enorme entre los municipios y las empresas con las que han suscrito contratos para la disposición final de la basura.

Este problema lo formulé a través de un proyecto de acuerdo, que fue aprobado en su oportunidad en la Cámara de Diputados. Y también lo hemos planteado de algún modo aquí.

Los servicios básicos sobre los cuales los municipios tienen responsabilidad de bien común (de electricidad, de agua potable y de recolección de residuos), a mi juicio, debieran ser cancelados de manera directa con recursos del Fondo Común Municipal. Así, se evitaría que la municipalidad destine tales dineros a otros menesteres y que, como pasa en muchas comunas de mi Región, la Compañía General de Electricidad corte la luz; que ESSBIO suspenda el suministro de agua, y que la empresa de recolección de basura deje de operar, ante el no pago por uno o dos años. Basta mirar esa realidad en el mapa de la Región Metropolitana para corroborar lo que digo.

Ante ello, pienso que habría que efectuar un catastro para saber cuánto cuesta sacar la basura en cada municipio. Como las licitaciones se realizan de manera individual, hay 345 criterios distintos para llamar a licitación (con camiones nuevos, con camiones antiguos; con periodicidad, con frecuencia¿). ¡Es un problema!

Tal determinación permitiría tener certeza en los costos y, particularmente, en los pagos por parte de la SUBDERE. Esta podría decir: "Yo pago la cuenta de los gastos comunes de los municipios, porque aquellos no pueden ser eludidos".

La incertidumbre sobre el tema de los servicios básicos no puede continuar. La propuesta a que hice mención no fue abordada. Habrá que efectuar ese debate después. Hoy día preocupémonos de enmendar los errores cometidos en los municipios, referidos a lo que no se cobró y se acumuló como deuda y, también, a los casos en que la gente no pudo pagar.

Yo me atrevería a señalar que, en la inmensa mayoría de las comunas de Chile, más del 80 por ciento de la ciudadanía quedará exenta de pago.

Me preocupa -y yo esperaría un buen criterio- la forma en que se está manejando el tema de las condonaciones. No veo a un concejo municipal condonando el 70 por ciento de los intereses y multas. De hecho, tengo entendido que la deuda misma no se va a extinguir. La facultad que se otorga para condonar opera sobre los intereses y las multas, no sobre la deuda.

Si esta se ha acumulado -como ha ocurrido en algunas comunas de mi Región- durante meses y años, habrá que buscar un criterio que permita pagarla. ¡Porque nadie tiene capacidad de servir al contado una deuda acumulada por varios meses o años!

Por lo tanto, se requiere un mecanismo distinto.

Desconozco si este existe en el artículo 11, que acaba de leer el señor Presidente. Su inciso primero señala: "Facúltase a las municipalidades del país para que dentro de los doce meses siguientes a la fecha de publicación de la presente ley, y previo acuerdo del respectivo concejo, celebren convenios de pago por deudas por derechos de aseo¿". Es decir, podrá haber convenios. Espero que sean los más adecuados para los intereses de los ciudadanos.

Señor Presidente, apruebo la modificación de la Comisión de Hacienda y deseo que, en un debate posterior más profundo, se puedan corregir los problemas que he planteado.

Voto a favor de la supresión del inciso segundo del artículo 11.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!