REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 360ª
Sesión 18ª, en miércoles 16 de mayo de 2012
Ordinaria
(De 16:20 a 19:44)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES CAMILO ESCALONA MEDINA, PRESIDENTE;
ALEJANDRO NAVARRO BRAIN, VICEPRESIDENTE, Y PEDRO MUÑOZ ABURTO, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, LOS SEÑORES MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau; de Economía, Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira Montes, y de Agricultura, señor Luis Mayol Bouchon.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor ESCALONA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ESCALONA (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 15ª y 16ª, ordinarias, en 8 y 9 de mayo del año en curso, que no han sido observadas.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Seis de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "discusión inmediata", al proyecto de ley sobre fomento de la pesca artesanal, Comisión Nacional de Acuicultura y Consejos Zonales de Pesca (boletín N° 7.947-03).
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", para la tramitación de los siguientes proyectos:
1.-
El que aumenta las sanciones a los responsables de incendios forestales (boletín N° 8.155-01).
2.-
El que incrementa las subvenciones del Estado a los establecimientos educacionales (boletín Nº 8.070-04).
3.-
El que establece el sistema de elecciones primarias para la nominación de candidatos a Presidente de la República, Parlamentarios y Alcaldes (boletín N° 7.911-06).
4.-
El que modifica diversos artículos de la ley N° 19.327, de Violencia en los Estadios (boletines números 5.877-07, 6205-25, 7251-07, 7509-07, 7718-25, 7600-25, 7721-25, 6055-25, 6175-25, 6210-25, 7229-07, 7603-25 y 7741-25, refundidos).
5.-
El que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos (boletín N° 7.689-07).
Con el cuarto hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto del proyecto de ley que regula el contrato de seguro (boletín N° 5.185-03).
Con los dos últimos retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", a los siguientes asuntos:
1.-
Proyecto de ley sobre probidad en la función pública (boletín Nº 7.616-06).
2.-
Proyecto que modifica el Código Orgánico de Tribunales y la ley N° 19.665 en las materias que indica (boletín N° 6.244-07).
3.-
Proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo Bilateral entre la República de Chile y la República de Nicaragua al Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica y sus Anexos, suscrito en Managua el 22 de febrero de 2011 (boletín Nº 8.037-10).
4.-
Proyecto de ley que obliga a incluir la remuneración denominada "semana corrida" dentro de la base de cálculo del feriado de los trabajadores dependientes (boletín Nº 8.156-13).
5.-
Proyecto que modifica la ley N° 18.287, sobre procedimiento ante los juzgados de policía local, a fin de prohibir el envío de citaciones en caso de que las infracciones sean registradas con los vehículos en movimiento (boletín N° 7.292-15).
6.-
Proyecto que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, con el objeto de incorporar en el certificado de inscripción el kilometraje registrado en el dispositivo pertinente y sancionar a quienes lo adulteren (boletines números 7.559-15 y 7.565-15, refundidos).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que requiere el acuerdo del Senado para nombrar a la señora Pilar Molina Armas y a los señores Francisco Frei Ruiz-Tagle, Antonio Leal Labrín y Arturo Bulnes Concha directores de la Empresa Televisión Nacional de Chile, por el período que en cada caso se indica (boletín N° S 1.479-05) (con la urgencia del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Constitución Política).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Dos de la Honorable Cámara de Diputados, con los que comunica que prestó su aprobación, en el primer trámite constitucional, a las siguientes iniciativas:
1.-
Proyecto que modifica la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, para permitir el establecimiento de medidas de control de acceso en vías locales por motivos de seguridad ciudadana (boletín Nº 7.823-06).
2.-
Proyecto de ley que prorroga el plazo para regularizar medidas de control de acceso y cierre de calles y pasajes (boletín Nº 8.195-25).
--Pasan a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Envía copia autorizada de la sentencia definitiva recaída en la acción sobre inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 38, inciso quinto, de la ley N° 18.933.
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento.
Del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública:
Responde una solicitud de información, cursada en nombre de la Senadora señora Alvear, relativa al procedimiento anormal seguido por Carabineros de la 19ª Comisaría de Providencia con ocasión de un accidente de tránsito en que se vio involucrada la señora Mariluz Verdugo Fuentes.
Del señor Ministro de Justicia:
Remite, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, el Balance de Gestión Integral 2011 de dicha Secretaría de Estado y de sus servicios dependientes o relacionados, en documentos impresos y en archivos en formato digital.
Del señor Ministro de Obras Públicas:
Contesta solicitud de información, formulada en nombre del Senador señor Bianchi, concerniente al estado actual de cinco proyectos en la Duodécima Región, de particular relevancia para la provincia Antártica Chilena.
Del señor Director General de Asuntos Económicos Internacionales (s), Ministerio de Relaciones Exteriores:
Atiende petición de antecedentes, formulada en nombre del Senador señor Navarro, sobre las últimas rondas de negociaciones y los avances para concretar un acuerdo comercial de última generación en el marco del Acuerdo de Asociación Transpacífico.
Del señor Director del Servicio de Impuestos Internos:
Da respuesta a una solicitud, enviada en nombre del Senador señor Bianchi, referente al aplazamiento del pago del impuesto al valor agregado correspondiente al mes de febrero en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
De la señora Intendenta de Fondos y Seguros Previsionales de Salud:
Contesta petición de informe, dirigida en nombre del Senador señor Navarro, respecto a la comercialización por clínicas privadas de un seguro contra accidentes traumáticos solo asequible por los cotizantes de instituciones de salud previsional.
Del señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal:
Responde una solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Navarro, acerca del número de brigadistas forestales fallecidos en los últimos diez años, las causas y circunstancias de sus decesos, el tipo de capacitación que recibieron y las empresas para las que prestaban servicios.
Del señor Alcalde de Los Ángeles:
Da respuesta a una solicitud, remitida en nombre del Senador señor Navarro, para que se informe sobre la capacidad antisísmica de los estacionamientos superficiales y subterráneos que contempla la obra Plaza de Armas de Los Ángeles.
Del señor Gerente General de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado:
Atiende petición de antecedentes, formulada en nombre del Senador señor Navarro, tocante al estado de avance del proyecto de extensión del Biotrén hasta Coronel.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Moción
Del Senador señor Ruiz-Esquide, con la que inicia un proyecto que modifica el número 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República para reservar al Estado la exploración y explotación del litio y establecer modalidades en su régimen expropiatorio (boletín N° 8.303-08).
--Pasa a la Comisión de Minería y Energía.
Informes
De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, recaído en el oficio mediante el cual Su Excelencia el Presidente de la República solicita el acuerdo del Senado para prorrogar por el plazo de un año la permanencia de tropas y medios militares nacionales en Haití (boletín Nº S 1.469-05) (con la urgencia del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Constitución Política).
De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, recaídos en los siguientes asuntos:
1.-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Protocolo Bilateral entre la República de Chile y la República de Nicaragua al Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica y sus Anexos, suscrito en Managua el 22 de febrero de 2011 (boletín Nº 8.037-10) (con urgencia calificada de "simple").
2.-
Proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba la Convención que suprime la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros (Convención de la Apostilla), adoptada el 5 de octubre de 1961 en La Haya, Países Bajos (boletín Nº 8.220-10).
--Quedan para tabla.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
Para referirse a ella, tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, se acaba de dar cuenta del informe de las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional recaído en el oficio por el que Su Excelencia el Presidente de la República solicita el acuerdo del Senado para prorrogar por el plazo de un año la permanencia de tropas y medios militares chilenos en Haití.
Atendido que ya está disponible ese informe y que lo planteado mediante el oficio en cuestión fue votado ayer por los referidos órganos técnicos, le pido a Su Señoría recabar la autorización de la Sala para tratar dicho asunto hoy, en la tabla de Fácil Despacho, pues los plazos pertinentes se encuentran por vencer.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Como últimamente la tabla de Fácil Despacho ha sido difícil de despachar, sugiero que coloquemos ese asunto en el primer punto del Orden del Día.
¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.
MEJORAMIENTO DE FISCALIZACIÓN PARA PREVENCIÓN DE DELITO DE ABIGEATO
El señor ESCALONA (Presidente).-
El Senado debe proseguir la discusión particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que mejora la fiscalización para la prevención del delito de abigeato, con segundo informe de la Comisión de Agricultura y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7411-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 56ª, en 27 de septiembre de 2011.
Informes de Comisión:
Agricultura: sesión 68ª, en 15 de noviembre de 2011.
Agricultura (segundo): sesión 14ª, en 2 de mayo de 2012.
Discusión:
Sesiones 80ª, en 13 de diciembre de 2011 (se aprueba en general); 17ª, en 15 de mayo de 2012 (queda para segunda discusión).
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
En la sesión ordinaria de ayer se pidió segunda discusión para esta iniciativa. La primera discusión se realizó en esa oportunidad, y hubo diversas intervenciones sobre la materia.
El señor ESCALONA (Presidente).- En la segunda discusión, tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, quiero formular una sugerencia para el despacho de este proyecto, atendidas las prevenciones que hizo en la sesión anterior el Senador Letelier.
Con tal fin, le entregué a la Secretaría una indicación, cuyo texto, entiendo, comprende lo que planteó Su Señoría -no pude analizarlo con él-, más un pequeño agregado.
Podría aprobarse por unanimidad en la Sala, y con ello se resolvería el problema surgido, que paso a explicitar.
Esta iniciativa sustituye la guía de libre tránsito por el formulario de movimiento animal, que será fiscalizado por el Servicio Agrícola y Ganadero.
¿En qué consistirá eso en la práctica, señor Presidente? Se lo menciono en particular a usted, que representa a zonas agrícolas.
Actualmente, cada vez que se trasladan animales de un lugar a otro debe utilizarse la guía de libre tránsito (el formulario se adquiere en librerías). El agricultor tiene que llevarla a la municipalidad respectiva, donde paga un impuesto. Esto le permite transportar su ganado, sea para venderlo a un tercero, llevarlo a un matadero o trasladarlo a una feria.
En la sesión de ayer el Senador Letelier dijo: "Si el nuevo formulario solo se podrá retirar en el SAG y este tiene oficinas únicamente en las capitales provinciales, le vamos a poner al pequeño agricultor una enorme dificultad, porque deberá recorrer largas distancias para acudir a ellas".
A fin de resolver el problema que planteó, a mi juicio correctamente, el Senador Letelier, hay una indicación -entiendo que la redactó él; podrá corroborarlo el Ministro de Agricultura, don Luis Mayol, quien está presente en la Sala- que agrega al artículo 32 del DFL que se modifica el siguiente inciso segundo: "Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior," (relativo a la facultad del SAG para emitir el nuevo documento) "los formularios de movimiento animal estarán a disposición de los requirentes y usuarios en general, en todas las unidades de Carabineros de Chile y en todas las oficinas del Servicio Agrícola y Ganadero existentes en el territorio nacional".
Hay que puntualizar que, según el proyecto, el formulario pertinente puede retirarse exclusivamente en el SAG.
Y yo propongo agregar a ese texto, en punto seguido, la siguiente frase: "Dichas reparticiones deberán hacer entrega de los formularios de manera expedita". Esto, al objeto de evitar que el pequeño agricultor deba esperar horas para que le pasen el documento.
Ahora, la única obligación de Carabineros consistirá en entregar los formularios y, cada cierto tiempo, conforme a la reglamentación del SAG, enviar a este Servicio la nómina de quienes los retiraron.
A mi juicio, de esa manera se soluciona el problema pendiente, vinculado con la falta de facilidades para acceder a los nuevos documentos.
Es cierto que por esa vía estamos recargando a Carabineros con un trámite administrativo. Pero también lo es que toda su acción se reduce a entregar un formulario, hacer una lista de las personas que lo recibieron y enviar la información al SAG.
Como la situación expuesta se da casi exclusivamente en las zonas rurales, la solución planteada es perfectamente razonable. Además, permitirá aumentar la fiscalización de un delito que en el campo -y pueden decirlo Senadores de todos los sectores políticos- se ha transformado en una verdadera pesadilla para el pequeño agricultor, por la cantidad de animales robados.
Por lo tanto, con su autorización, señor Presidente, presento la indicación en comento -como expresé, en parte importante la redactó el Senador Letelier, más un pequeño agregado que le hicimos-, que, a mi entender, la Sala puede acoger sin dificultades.
El señor ESCALONA (Presidente).- Con todo gusto le entregaría la autorización del caso, señor Senador, pero ello no está dentro de mis atribuciones: corresponde a una decisión de la Sala.
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, en el ánimo de solucionar los problemas y no dilatar más la votación -porque podríamos discutir sobre la materia hasta el infinito-, pido que se recabe la unanimidad del Senado para aceptar la indicación; votar sin mayor debate las proposiciones unánimes, conforme al Reglamento, y despachar de una vez por todas esta iniciativa, que está "al aguaite" hace mucho rato.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se acogerá a tramitación la indicación presentada por el Honorable señor Espina.
--Así se acuerda.
El señor ESCALONA (Presidente).- Debemos proceder a la votación.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Como se informó en la sesión de ayer, en la Comisión de Agricultura este proyecto fue objeto de enmiendas, todas las cuales se aprobaron por unanimidad.
Sin embargo, reglamentariamente, corresponde votarlas.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, realizaremos una sola votación.
--Así se acuerda.
El señor ESCALONA (Presidente).-
En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ESCALONA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueban las enmiendas acogidas unánimemente por la Comisión y la indicación que formuló en la Sala el Senador señor Espina (24 votos a favor), y el proyecto queda despachado en particular en este trámite.
Votaron las señoras Alvear y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma y Walker (don Patricio).
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, pido que se consigne mi voto afirmativo.
La señora RINCÓN.-
El mío, también.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se dejará constancia en la Versión Oficial de la intención de voto favorable de los Senadores señora Rincón y señor Zaldívar.
Tiene la palabra el señor Ministro, a quien no pude concedérsela cuando la pidió debido a que nos hallábamos en votación.
El señor MAYOL (Ministro de Agricultura).-
Señor Presidente, por su intermedio, les agradezco a todos los señores Senadores el apoyo que brindaron al proyecto recién aprobado, que es muy sentido en todo el ámbito agrícola nacional.
Esta normativa por lo menos va a disminuir -no sé si le pondrá término- la comisión de un delito que afecta mucho, sobre todo, a los propietarios agrícolas más pequeños.
Muchas gracias.
PRÓRROGA DE PERMANENCIA DE TROPAS Y MEDIOS CHILENOS EN HAITÍ
El señor ESCALONA (Presidente).-
De acuerdo a lo resuelto por la Sala, corresponde ocuparse en el oficio mediante el cual el Presidente de la República solicita el acuerdo del Senado para prorrogar por el plazo de un año la permanencia de tropas y medios militares nacionales en Haití, con informe de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, y la urgencia establecida en el inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1469-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 14ª, en 2 de mayo de 2012.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, unidas: sesión 18ª, en 16 de mayo de 2012.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional dejan constancia en su informe de los fundamentos del Gobierno para mantener la presencia militar de Chile en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, prorrogando, en consecuencia, el mandato hasta el 1 de junio de 2013.
Dichos órganos técnicos recibieron en audiencia al Ministro de Defensa Nacional, al Subsecretario de Relaciones Exteriores, al Subjefe del Estado Mayor Conjunto y a varios asesores, y, tras analizar los antecedentes existentes sobre esta materia, aprobaron la solicitud del Ejecutivo por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Coloma, Kuschel, Letelier, Muñoz Aburto, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Tuma y Patricio Walker.
El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión la solicitud del Primer Mandatario.
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, pido segunda discusión. Y quiero explicar por qué.
Esta es probablemente la decisión más relevante que debe tomar el Senado respecto de personas. Y la hemos adoptado varias veces.
En esta ocasión se había estipulado que votáramos el próximo martes.
Me parece muy relevante para todos contar con la presencia de los Ministros de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, ya que hay una serie de compromisos asumidos en la Sala, de los cuales es importante dejar constancia en el debate.
No se trata de un asunto reglamentario, de fast track, sino de algo bastante profundo respecto a la forma como participa Chile en misiones de paz, particularmente en Haití.
Sé que la solicitud viene aprobada por unanimidad. Pero también tengo claro que el plazo para aprobarla vence el 30 de mayo. O sea, hay tiempo suficiente.
Desde mi perspectiva, en este tipo de discusiones deben estar presentes los Ministros -no fueron avisados; no me cabe duda de que tienen la mejor voluntad para venir a esta Corporación-, a fin de adquirir los compromisos que los Senadores en conjunto les planteemos: cómo se enfrenta la eventual salida de Chile desde Haití o cuáles son los pasos que debe dar nuestro país para pasar de la ayuda militar a la institucional.
Esas son cuestiones muy de fondo, y me importan mucho.
Por lo mismo, estoy convencido de que, para el buen funcionamiento de la Sala, lo lógico es que la solicitud en comento se resuelva con presencia ministerial.
El titular de Defensa estuvo presente en el debate de las Comisiones unidas; su aporte fue muy significativo.
Reitero: yo preferiría votar el martes, con la presencia de los Ministros.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Una sola precisión, Su Señoría: la petición de tratar ahora la solicitud presidencial la hizo el Comité Unión Demócrata Independiente.
En la primera discusión, ofrezco la palabra.
Estaban inscritos los Honorables señores García, Prokurica y Tuma, pero no intervendrán.
Tiene la palabra el Senador señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).-
Señor Presidente, respaldo la petición del colega Coloma.
Se trata de una materia muy relevante. Por tanto, no podemos aprobar la solicitud -como manifestó Su Señoría- mediante fast track. Hay que discutirla.
En el verano visité República Dominicana. El problema de Haití es bastante complejo; pero no podemos seguir aprobando año a año la mantención de tropas sin tener una estrategia real sobre qué va a hacer Chile en el futuro.
El problema militar o policial se está terminando; ya no es trascendente. Existen otras cuestiones bastante complicadas.
Así que me parece bien que discutamos a fondo el tema, con presencia de los Ministros.
El señor ESCALONA (Presidente).-
No quedan más inscritos.
Tiene la palabra el señor Ministro Secretario General de la Presidencia.
El señor LARROULET (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, en efecto, esta materia es de mucha importancia. En tal sentido, el Ejecutivo estuvo conteste en que la solicitud se debatiera en las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, donde se aprobó por unanimidad.
Por lo tanto, nos parece bien realizar la discusión el martes venidero, con presencia de los Ministros de ambas Carteras.
Muchas gracias.
El señor FREI (don Eduardo).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ESCALONA (Presidente).-
Sí, Su Señoría.
El señor FREI (don Eduardo).- Olvidé consignar que, a mi juicio, es preciso contar con un informe financiero en la materia, para conocer los costos en que se incurre y qué compromisos se contraen para el futuro.
El señor ESCALONA (Presidente).- Entendemos que el Ejecutivo ha tomado nota de ello de manera inmediata, a través del señor Ministro Secretario General de la Presidencia, para hacerlo llegar.
El Honorable señor Pizarro se acaba de inscribir para usar de la palabra. Puede intervenir.
El señor PIZARRO.-
Es para puntualizar, señor Presidente, que ese antecedente existe. La explicación pertinente se entregó, en parte, en las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa, unidas, y supongo que se incluye en el informe que emitieron.
Si el Senador señor Frei lo estima conveniente, sería bueno que se fijara una sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda antes de tratar el punto en la Sala, porque, en caso contrario, no habrá manera de aclarar algunas de las cosas que le interesan.
El señor ESCALONA (Presidente).- Eso ya forma parte de las atribuciones propias de dicho órgano técnico, cuyo informe se encuentra incluido en la Cuenta de la presente sesión.
--El asunto queda para segunda discusión.
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El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Como Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, solicito a la Mesa recabar el acuerdo de la Sala para que se envíe a ese órgano técnico desde la Comisión de Trabajo y Previsión Social el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que excluye de la definición de relación laboral a la existente entre el propietario de un transporte menor y el titular de una concesión de transporte público. El boletín respectivo es el Nº 8.098-13.
El señor ESCALONA (Presidente).- No hay acuerdo.
INHABILITACIÓN PERPETUA E INGRESO A REGISTRO
PARA CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES
El señor ESCALONA (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece un registro de dichas inhabilidades, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6952-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 72ª, en 1 de diciembre de 2010.
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 22ª, en 1 de junio de 2011.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): 14ª, en 2 de mayo de 2012.
Discusión:
Sesión 23ª, en 7 de junio de 2011 (se aprueba en general).
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La Comisión deja constancia en su informe, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
El órgano técnico realizó diversas enmiendas al texto aprobado en general, las cuales fueron acordadas por unanimidad, con excepción de dos de ellas, que serán sometidas oportunamente a discusión y al pronunciamiento de la Sala. Las modificaciones de esa naturaleza deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite que sean debatidas o que existan indicaciones renovadas.
Cabe hacer presente que, de las modificaciones unánimes, la relativa al artículo 6° bis, contenido en el número 2 del artículo 2°, debe ser aprobada con 20 votos, por incidir en normas de quórum calificado.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que en la tercera columna transcribe las enmiendas introducidas por la Comisión, y en la cuarta, la disposición que quedaría al aprobarlas.
Es preciso votar sin debate, primero, las proposiciones acordadas por unanimidad.
El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión particular.
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución, que presido, quisiera informar sobre el proyecto y referirme en especial a algunas de las observaciones formuladas por el señor Secretario respecto de algunos artículos que registraron votación dividida.
Deseo recordar a la Sala que la iniciativa reviste mucha importancia. Su propósito es determinar la pena de inhabilitación absoluta perpetua para desempeñar ciertos cargos, empleos u oficios en el caso de quienes sean condenados por delitos sexuales que afecten a menores de edad. Y, adicionalmente, apunta a establecer una sección especial, dentro del Registro General de Condenas, donde se incorporen los nombres y antecedentes de esas personas, como una medida destinada a asegurar el cumplimiento de la medida.
En lo fundamental, medió un acuerdo sustancial, tal como se recordó, en la mayoría de las modificaciones acordadas, salvo en dos, en las cuales me ocuparé oportunamente.
En primer lugar, se fijó el criterio para definir cuándo corresponde la inhabilitación absoluta perpetua y cuándo debe ser solo temporal. Y el elemento fundamental, sobre la base de una lista de ilícitos precisamente determinados e incorporados en la sanción, es la edad. Si se trata de un menor de 14 años que sea objeto de esos delitos sexuales, la pena accesoria de inhabilitación será siempre absoluta perpetua. Si es un menor de edad, pero mayor de 14, será absoluta temporal.
En seguida, respecto del Registro de Inhabilitaciones, se precisó cuándo es posible el acceso a su contenido y se contemplaron consideraciones diversas.
La primera de ellas es que solo se podrá solicitar información para verificar si alguien a quien se quiere contratar se halla inhabilitado para ejercer "algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una relación directa y habitual con menores de edad, o cualquier otro fin similar.".
Ello fue parte de las discusiones que motivaron una votación dividida, en tanto no cualquiera, para cualquier fin, puede recurrir al Registro. El objetivo básico es evitar que estas penas revistan un carácter infamante y dejen marginados de la sociedad a quienes han cometido los delitos. Solo pueden acceder a los antecedentes, entonces, los que quieran o necesiten contratar personas -es algo que deberán acreditar- para trabajos relacionados con menores, como en la educación.
Por otra parte, se agregó la obligación de consultar en ciertos casos. Se señaló determinadamente que "Toda institución pública o privada que por la naturaleza de su objeto o el ámbito específico de su actividad requiera contratar a una persona determinada para algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una relación directa y habitual con menores de edad" deberá hacerlo antes de efectuar la contratación.
Así, por ejemplo, una escuela o un liceo que quieran los servicios de un profesor deberán consultar siempre el Registro para evitar el contrato de alguien que haya sido condenado y objeto de una inhabilidad absoluta, sea temporal o perpetua, producto de lo cual se encuentre prohibida su actividad en relación con menores de edad.
También se precisa cuál es el tipo de información que el Servicio puede entregar una vez requerido, cualquiera que sea el camino a través del cual se pide el antecedente, y se señala que debe limitarse a dar a conocer si la persona por quien se consulta mantiene o no vigente una condena que la inhabilite para cargos o funciones que involucren una relación directa y habitual con menores de edad.
No cabe proporcionar ningún otro dato relativo al contenido del proceso en que se dispuso tal pena. Si alguien lo quiere, podrá obtenerlo, porque las sentencias judiciales son públicas, de manera que es posible solicitarlos a través de otros registros; pero, en el caso de que se trata, solo se entregará la información que aquí se señala, es decir, si la persona se encuentra o no impedida, en forma absoluta o temporal, para desempeñarse en los cargos o funciones que he mencionado.
Y, finalmente, se contempla una sanción de carácter pecuniario -es decir, no reviste carácter penal- para quien difunda la información con propósitos distintos de los que le han permitido acceder al contenido del Registro, como una manera de asegurar que quienes la soliciten la utilicen en los fines aducidos.
Ahora bien, como lo dio a conocer el señor Secretario, dos disposiciones fueron objeto de votación dividida.
Una de ellas se refiere a la incorporación de un delito entre los que son objeto de la sanción de inhabilitación absoluta temporal, cual es el contemplado en el artículo 367 ter del Código Penal. Es el que comete quien, "a cambio de dinero u otras prestaciones de cualquier naturaleza, obtuviere servicios sexuales por parte de personas mayores de catorce pero menores de dieciocho años de edad, sin que medien las circunstancias de violación o estupro".
Tanto la Honorable señora Alvear como el Senador que habla nos pronunciamos en contra, pero la mayoría de la Comisión votó a favor. Hago presente que ambos, habiendo dejado constancia de nuestro rechazo, retiramos nuestra objeción, para los efectos de la decisión de la Sala, y, por lo tanto, la norma debe recibir el mismo trato que si hubiera sido acordada por unanimidad en el órgano técnico.
La otra es la que establece requisitos para acceder al Registro, que limita a quienes tengan un interés específico en la contratación de alguien para funciones determinadas. Voté en contra por la razón que mencioné antes. Si cualquier persona puede recurrir al Registro de Sentencias y solicitar información y, por lo tanto, darla a conocer, no se observa el porqué de la restricción.
Además, el punto se encuentra dentro de los principios de la Ley de Transparencia, de la cual he sido impulsor, como Sus Señorías saben.
No obstante, de la misma manera que en el caso anterior, habiendo ya dejado constancia de mi oposición en el órgano técnico, la retiro para los efectos de la votación en la Sala.
El proyecto que nos ocupa, por su importancia, fue aprobado por unanimidad en la Comisión, con la salvedad de las dos disposiciones citadas, respecto de las cuales -repito- retiramos nuestro rechazo, de modo de hacer más expedita la aprobación en el Hemiciclo.
Consideramos que el establecimiento de este tipo de inhabilitaciones y el hacerlas efectivas permitirán evitar que condenados por graves delitos sexuales que han afectado a menores de edad sean contratados en alguna actividad que tenga que ver con estos en forma habitual.
Las disposiciones atinentes a que el Registro proporcionará la información para tal efecto y a la obligación de las instituciones de verificar los antecedentes en forma previa no podrán ser objeto de cuestionamiento, desde el momento en que retiro mi reserva relacionada con el acceso libre que mencioné.
De ese modo, señor Presidente, creo que la Sala puede pronunciarse en una sola votación, en la cual la norma sobre la limitación del acceso al Registro debe ser aprobada con el quórum correspondiente, ya que, de acuerdo con la Carta,...
El señor ESCALONA (Presidente).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador, pero puede disponer de un minuto adicional.
El señor LARRAÍN.-
Hacía presente que esa disposición requiere quórum calificado para ser acogida, puesto que así lo exige el artículo 8° de la Constitución cuando se declara la reserva de determinada información, como es el caso de que se trata.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente, el informe del Senador señor Hernán Larraín, Presidente de la Comisión, ha sido muy completo.
El proyecto es muy relevante -fue aprobado por unanimidad, como se consignó- y contiene algunas propuestas que hicimos presentes en una iniciativa presentada hace nueve años en la Cámara de Diputados, acogidas ahora por el Ejecutivo, afortunadamente.
Hemos avanzado con muchas normativas. Recordemos que el año pasado aprobamos la relativa al grooming, que sanciona el acoso sexual a menores por Internet. En la Comisión de Constitución estamos trabajando en otras, como la referida a la prescripción.
Hoy día existe la pena accesoria -a la principal, naturalmente, que es la privativa de libertad- de inhabilitación absoluta temporal para trabajar con menores que se dispone respecto de condenados por abusos sexuales contra estos. En la práctica, por desgracia, no todos los jueces la aplican. Y si lo hacen, en un período de 3 a 10 años, según su duración, es posible volver a desempeñarse con niños. Tratándose de los pedófilos "estructurales", quienes reinciden por padecer un trastorno mental de índole sexual, eso genera un riesgo.
Por eso, contemplar la inhabilitación absoluta perpetua para trabajar con menores resulta muy importante. Ello dice relación con jardines infantiles, colegios, transporte escolar, en fin.
En seguida, se mejora la regulación del Registro de Condenas para poder acceder a información en la materia. Es una cuestión de eficacia. Porque si la gente no puede consultar, la dificultad se incrementa. Cuando alguien va a contratar a un profesor, a un jardinero, a un transportista escolar, debe ser posible averiguar si la persona presenta o no una inhabilitación. Es como una especie de semáforo. Cuando se pregunte, puede aparecer una especie de luz roja, por ejemplo, diciendo que el problema existe, y sin dar ningún detalle, porque es preciso proteger, obviamente, la privacidad y los datos personales.
Es necesario destacar que la inhabilitación absoluta perpetua procede cuando la víctima, como se expresó, tiene menos de 14 años y es objeto de violación, abuso sexual, conductas de significación sexual distintas de la violación y del estupro, abuso impropio, violación con homicidio, pornografía infantil. Esta última constituye una excepción por decir relación con menores de 18 años.
La inhabilitación absoluta temporal se refiere al resto de los casos.
¿Por qué se hace la distinción? También sostuvimos un debate al respecto. Desde el punto de vista conceptual, en la lógica del Código Penal, los menores de 14 años son indemnes sexualmente, es decir, no poseen la capacidad de disponer de manera voluntaria de su sexualidad. En cambio, al mayor de esa edad se le reconoce una capacidad restringida, la que es plena cuando cumple 18. En consideración a ello, dicho ordenamiento establece una penalidad mayor, más gravosa, cuando se trata de delitos sexuales contra menores de 14 años. Y nosotros seguimos la misma lógica.
El artículo 2° es bastante significativo: contiene lo relacionado con el Registro. Cualquier persona natural o jurídica podrá consultar la información, siempre y cuando se identifique y el antecedente sea necesario para contratar a alguien.
¿Qué hacemos acá? Agregar a la persona natural.
Y se recogió una indicación que considero relevante -ya la había presentado una vez en otro proyecto de ley-, en el sentido de que toda institución, pública o privada, que contrate a una persona para trabajar con niños, como hogares del SENAME, colegios, liceos, jardines infantiles, deberá consultar el Registro para tener la tranquilidad de que no existe una condena por el tipo de delitos sexuales de que se trata. Constituye una obligación.
Se sanciona el empleo inadecuado de la información por el solicitante con una multa de dos a diez unidades tributarias mensuales, la que será impuesta por un juez de policía local. El inciso cuarto del artículo 6º bis hace referencia a quien accediere al Registro y utilizare la información para fines distintos a los previstos en la ley.
Es una pena infraccional que se traducirá en un pago de hasta 400 mil pesos en los juzgados de policía local. No mediará una privación de libertad impuesta por un tribunal. Y eso es muy relevante, porque se quiere establecer un garrote, pero no cortarle las manos a quien hace mal uso de esta información.
Pero se dispone una excepción -porque hay que ser prácticos- en el inciso siguiente del mismo artículo: "Se exceptúan de lo establecido en el inciso precedente las comunicaciones internas que los encargados de un establecimiento educacional, sus propietarios, sostenedores y profesionales de la educación, realicen con el objeto de resolver si una persona puede o no prestar servicios en el mismo en razón de afectarle una inhabilitación". Obviamente, un profesor que le comunica a otro colega o al orientador de un colegio que hay una información sobre el particular no debe ser sancionado.
Concluyo haciendo presente que existe legislación comparada al respecto.
En Estados Unidos, por ejemplo, en 2005 se dictó la Ley Adam Walsh, en la que se establece que será de conocimiento público la ubicación de los pedófilos: dónde viven, dónde trabajan, dónde estudian. En verdad, se trata de algo estigmatizante. Naturalmente, esas personas viven como parias. No tienen cómo rehabilitarse. Se pone una especie de afiche con su foto afuera de su casa. Eso es inaceptable, pues así nunca podrán rehabilitarse. Nosotros no fuimos tan lejos.
En Argentina también existe una normativa en esta materia, de 2010, sobre lo cual no entregaré detalles. Y en la Unión Europea rige una directiva sobre el particular con una lógica muy parecida a lo que nosotros estamos aprobando.
Por lo expuesto, votaré a favor.
Y felicito a todos los Senadores, de Gobierno y Oposición, que trabajaron con nosotros.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Ofrezco la palabra al Senador señor Sabag. No se encuentra en la Sala.
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, los informes del Presidente de la Comisión de Constitución, Senador señor Hernán Larraín, y del Senador Patricio Walker fueron muy pedagógicos, didácticos acerca de los efectos del proyecto.
Desde luego, me sumo a algo que pocas veces hacemos: reconocer cuando trabajamos unidos en torno a iniciativas de bien común, que se aprueban unánimemente. Sin duda, la materia que nos ocupa será un gran aporte para disminuir la delincuencia en nuestro país.
Yo quiero darle una arista distinta a este asunto.
En los últimos meses se han puesto en marcha dos medidas y se han abordado dos proyectos que, a mi juicio, resultan claves para reducir la delincuencia.
En primer término, se encuentra el llamado "STAD" (Sistema Táctico de Análisis Delictual), que ya está rindiendo sus frutos de manera muy importante, porque en las zonas donde se está aplicando se ha visto una disminución considerable de la victimización. En la práctica, significa la reunión periódica y permanente de las autoridades de la Subsecretaría de Prevención del Delito con los comisarios de los distintos sectores del país. En dichos encuentros se realiza un análisis a fondo de los lugares donde se cometen delitos con más frecuencia, de los modus operandi de los delincuentes, de la forma como se van trasladando de un lugar a otro. Eso permite focalizar bien el trabajo de las policías, de los fiscales, de los jueces. Esta fórmula está siendo exitosa en nuestro país, al igual que lo ha sido en el resto del mundo donde se ha aplicado.
Simultáneamente, se ha puesto en marcha una iniciativa que se denomina "Alerta Hogar". En mi opinión, constituye un tremendo aporte. Mediante este mecanismo toda persona podrá enviar un mensaje desde su teléfono celular a un número e instantáneamente se le remitirá a siete u ocho contactos cercanos la alerta de que un vecino es víctima de un delito. Esto permitirá una participación muy activa de la comunidad en tal circunstancia, para que el hecho inmediatamente sea denunciado a la policía y se evite su consumación. La experiencia comparada ha señalado que esta medida también es muy exitosa.
Por otro lado, ayer aprobamos el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, que de manera increíble en nuestro país no existía, menos en los términos en que se despachó. Tal nómina posibilitará que sean detenidos delincuentes que se encuentren prófugos por delitos graves.
Y, finalmente, está el proyecto que nos ocupa, que refuerza la lucha contra los delitos de abuso sexual con una medida que impedirá su reiteración.
Quizás uno de los delitos más cobardes que existen en nuestra sociedad es el abuso sexual.
En primer lugar, porque se comete, por lo general, en contra de un menor de edad, sea hombre o mujer.
En segundo término, porque se perpetra habitualmente con intimidación. En efecto, el agresor -muchas veces cercano a la propia familia- amenaza al menor diciéndole que, si lo delata, sufrirá represalias y consecuencias. Por eso tales delitos tienden a no denunciarse.
En tercer lugar, porque el daño sicológico que produce a la víctima en muchos casos no se repara. Y, si se repara, ello ocurre luego de varios años.
En consecuencia, se trata de un delito en el cual los autores habitualmente reinciden. Al revisar los prontuarios penales de estos, se observa que todos registran no uno, sino muchos abusos sexuales. Gran parte de tales hechos queda en la impunidad hasta que el delincuente es detenido por un caso puntual. Y ahí surgen las víctimas anteriores, que lo denuncian motivadas porque el hecho se hizo conocido públicamente.
Contar con un registro público de inhabilidades, al que tendrá acceso quien quiera contratar a otra persona y cuya consulta será obligatoria respecto de instituciones donde se trabaje directamente con menores, constituye un aporte gigantesco para identificar a quienes están condenados por un delito de abuso sexual, considerando que estos reincidirán si trabajan cerca de niños.
Por lo tanto, como expresaron muy bien el Presidente de la Comisión de Constitución, Senador señor Hernán Larraín, y el Senador Patricio Walker, me parece que esta legislación será un aporte real y concreto para prevenir delitos sexuales. Y se enmarca dentro de una serie de medidas que se han estado adoptando en el último tiempo, que, sin duda, van a contribuir a disminuir la delincuencia en nuestro país.
Por esa razón, la votaremos afirmativamente.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, el tema que estamos tratando es de extrema gravedad e importancia.
Desde hace muchos años, en el Senado hemos trabajado en la línea de proteger a la infancia, planteando legislaciones más bien holísticas en la materia.
Primero buscábamos concretar un Código del Niño, un Código de la Familia. Nada de eso fue posible. Después elaboramos algunas leyes, como la relativa al maltrato infantil. En definitiva, se han publicado muchísimas normas legales sobre el particular y se ha aplicado una política coherente al respecto en los distintos Gobiernos, tanto los de la actual Oposición como el de la Alianza.
En esas condiciones, votaré favorablemente el proyecto.
Sin embargo, creo que llegó el momento de plantear con mucha franqueza que en esta materia se ha actuado de modo distinto de otras. Se elaboran iniciativas que van sumándose, de manera coherente y progresiva, y buscando un acuerdo más global acerca de lo que debemos hacer con la infancia en Chile; es decir, con quienes tienen entre 7 y 18 años.
En tal sentido, más que referirme al texto mismo -ya señalé que lo estimo importante y que constituye un avance, pues aborda asuntos que se vienen debatiendo desde hace varios años, razón por la cual lo aprobaré con mucha satisfacción-, quiero plantear solo dos elementos.
El primero apunta a estudiar en el Senado la creación de una Comisión de la Infancia.
Hemos formado muchas Comisiones relativas a distintos temas, pero no sobre la materia que nos ocupa, en circunstancias de que en Chile hay cinco, seis o siete millones de personas que se encuentran en ese rango de edad, etapa que involucra distintos problemas. Y es en ese segmento donde todos los Gobiernos expresan tremenda preocupación, en especial por el aspecto delictual que afecta a los menores.
No creo que hayamos hecho bien las cosas, pues existe mucha dispersión de leyes. Pese a que son demasiadas y a veces muy perfiladas y precisas, pienso que llegó la hora de que estudiemos el asunto con mayor coherencia.
El segundo punto dice relación con algo que en otros países existe y que en Chile no hemos logrado, por distintas opiniones en contrario o, en último término, por falta de mayor preocupación. Me refiero a lo que en Costa Rica se llama "Código del Niño". Otras naciones tienen un Código de la Familia.
En mi opinión, deberíamos abordar el estudio de una propuesta legislativa más coherente en la materia, aparte de discutir y analizar la idea que ahora planteo. Espero conversar este punto con mi Comité al objeto de presentar una iniciativa concreta a la Mesa que hoy dirige el Senado.
Y hay un tema adicional.
Nuestra política en este ámbito, en general, ha sido coercitiva, aunque contiene elementos de prevención y de cuidados previos. Pero hay una tendencia a sancionar, más que a prevenir.
Esa es una de las visiones en las que estamos profundamente equivocados. Sé que varios Senadores consideran que tal línea es la correcta. Yo estimo que ahí existe un déficit. Ese podría ser el punto de partida para la reconversión de ese enfoque.
Pareciera que todo lo que nos está pasando (criminalidad, abusos sexuales, etcétera) formara parte de nuestra legislación, del sistema o de la preocupación por lo que les ocurre a quienes están en ciertas edades. Sin embargo, el problema se origina derecha y claramente a partir de los 5, 6 o 7 años, por la influencia de lo que tantas veces hemos dicho: una cultura y una televisión pública extraordinariamente inadecuadas para los niños.
Votaré que sí.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, como aquí se ha señalado, este proyecto reviste máxima relevancia.
Los abusos sexuales cometidos contra menores son, a mi juicio, los delitos más graves que pueden existir, por los daños que provocan a los niños y a la familia, y por lo difícil que resulta superar ese trauma.
En la mayoría de los casos, tales delitos son llevados a cabo por familiares o personas conocidas. Y muchas veces los niños ocultan por años esos hechos, que les causan daños irreparables.
Además, dichas acciones no son fáciles de probar. Por ende, es muy difícil -¡muy difícil!- lograr que se condene a una persona por delitos sexuales, como contrariamente debiese ocurrir en nuestro país.
En consecuencia, establecer la "Inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad" para quienes han cometido dicho delito constituye una sanción adicional indispensable. ¡Indispensable! Estas personas no puedan volver a trabajar donde exista contacto directo con niños o adolescentes.
En ese contexto, señor Presidente, es muy importante la creación de una sección especial en el Registro General de Condenas en la que se incorporarán dichas inhabilitaciones.
Cualquier ciudadano podrá solicitar esa información. Pero, de ella, solo obtendrá el dato de si tal persona se encuentra afecta a alguna inhabilidad o no. No se proporcionará ningún otro antecedente. Y quien lo recibe no podrá emplearlo con un fin distinto del establecido. La ley dispone sanciones para su mal uso.
De esa manera, se protege a los niños de los abusadores. Y también se evita una publicidad excesiva que condene para siempre a una persona que ya ha cumplido su sentencia y puede trabajar en un lugar donde no tenga contacto alguno con menores de edad y no vuelva a delinquir.
Destaco la importancia de la sección especial creada en el Registro referido. Respecto de su contenido, la ley en proyecto impone la obligación -¡la obligación!- de consultarla. La norma dice: "Toda institución pública o privada que por la naturaleza de su objeto o el ámbito específico de su actividad requiera contratar a una persona determinada para algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una relación directa y habitual con menores de edad, deberá, antes de efectuar dicha contratación, solicitar la información a que se refiere el inciso precedente.".
Se trata de una obligación. Si un establecimiento educacional público o privado necesita contratar a un profesor, a un psicólogo, a un asistente social, a un jardinero, deberá consultar el registro pertinente para saber si la persona seleccionada tiene o no alguna inhabilitación.
Lo anterior representa una medida de protección realmente importante para los niños y jóvenes de nuestro país.
Por último, quiero felicitar a los miembros de la Comisión de Constitución por el trabajo realizado y, muy especialmente -aunque en este momento no se halle en la Sala-, al Senador Patricio Walker, quien se ha destacado por abordar materias relativas a delitos sexuales en diversas iniciativas. De hecho, es autor de la que nos ocupa, la cual posibilita contar con un mayor resguardo para nuestros niños y, así, evitar que quienes hayan cometido delitos sexuales reincidan.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, este es un gran proyecto, que viene a llenar vacíos en nuestra legislación.
Por no tomarse las precauciones necesarias, como las establecidas en la iniciativa en debate, se ha posibilitado la reincidencia del delito en comento. Las personas que presentan esta debilidad siempre andan buscando la forma de relacionarse con menores.
Deseo destacar también la labor del Senador Patricio Walker, quien presentó una moción sobre la materia, que contenía normas incluso más duras que las del proyecto que nos ocupa. Por diversas razones, el Ejecutivo acogió esa idea en esta propuesta legislativa que, por supuesto, vamos a aprobar con el mayor agrado.
La iniciativa persigue dos objetivos principales: por un lado, establecer la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad; y por otro, crear una sección especial en el Registro General de Condenas para anotar tales inhabilidades, a fin de que cualquier persona natural que demuestre un interés legítimo pueda saber si un individuo se encuentra inhabilitado por un delito tan censurable como el que estamos viendo en esta oportunidad.
El Presidente de la Comisión de Constitución, los Senadores miembros de ella señor Patricio Walker, señora Alvear y señor Espina, y todos los que han intervenido sobre esta materia ya entregaron detalles sobre lo visto en dicho órgano.
Felicito al Honorable señor Patricio Walker y a los demás integrantes de la Comisión por el trabajo realizado en este proyecto, aprobado por unanimidad, al cual le daré mi voto afirmativo con mucho agrado para que se convierta en ley lo antes posible.
He dicho.
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El señor LABBÉ (Secretario General).-
En este momento ha llegado a la Mesa un informe de la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y el modo de superar las discrepancias producidas entre el Senado y la Cámara de Diputados en la tramitación del proyecto de ley sobre fomento de la pesca artesanal, Comisión Nacional de Acuicultura y Consejos Zonales de Pesca (boletín Nº 7.947-03), con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Queda para tabla.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Asimismo, ha llegado un oficio de la Honorable Cámara de Diputados con el que comunica los nombres de los señores Diputados que, en representación de dicha Corporación, integrarán las Comisiones de Reja y de Pórtico que recibirán, el día 21 de mayo, a Su Excelencia el Presidente de la República con motivo de la sesión de Congreso Pleno en que dará cuenta al país del estado político y administrativo de la Nación.
--Se toma conocimiento.
El señor ESCALONA (Presidente).-
El Senador señor García-Huidobro ha solicitado intervenir para plantear un punto de Reglamento.
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, con relación al informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley sobre fomento de la pesca artesanal, Comisión Nacional de Acuicultura y Consejos Zonales de Pesca, debo informar que fue aprobado por unanimidad.
Por lo tanto, solicito que, de ser posible, lo votemos esta tarde, sin discusión, a fin de que la Cámara de Diputados haga lo propio en su sesión de mañana.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, dicho informe se tratará una vez despachada la iniciativa en debate.
El señor PROKURICA.-
Conforme.
El señor WALKER (don Patricio).-
Está bien.
El señor ROSSI.-
Pido la palabra.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor ROSSI.-
Yo estoy dispuesto a dar la unanimidad, pero creo que antes deberíamos tratar la iniciativa que otorga incentivos para el retiro de los funcionarios de la salud. De lo contrario, probablemente no lo alcanzaremos a ver.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ESCALONA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, el informe de la Comisión Mixta referido se incorporará a la tabla del Orden del Día, a continuación del proyecto sobre incentivo al retiro de los funcionarios de la salud.
--Así se acuerda.
--(Aplausos en tribunas).
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El señor ESCALONA (Presidente).- Prosigue la discusión de la iniciativa acerca de inhabilitación para condenados por delitos sexuales cometidos contra menores.
Tiene la palabra el Senador señor Carlos Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).-
Señor Presidente, en la Comisión de Constitución me correspondió participar en el debate en particular de este proyecto, que crea inhabilidades por delitos sexuales contra menores y establece un registro especial de inhabilitaciones.
Su texto, en general, resumido, ya fue analizado suficientemente. Solo quiero referirme a lo siguiente.
En el curso del examen de la normativa se produjo cierta discusión acerca del alcance de las modificaciones que se introducen a los artículos 21 y 39 bis del Código Penal y, sobre todo, de la publicidad que se daría a las penas especiales de inhabilitación absoluta perpetua o temporal. Ello dice relación a los artículos 361, 363, 365 bis, 366, 366 quáter, 366 quinquies, 367 ter y 372 bis de dicho Código; es decir, a la más amplia gama posible de delitos sexuales contra menores.
En el debate, que fue largo, hubo dos posiciones. Por un lado, se sostuvo que parecía de toda justicia tratar de limitar la publicación excesiva de la pena de inhabilitación absoluta perpetua o temporal, pues en verdad está dirigida a proteger a un grupo especial de la sociedad: a los menores. Y no se trata de una sentencia dictada en el pasado, sino de una pena de cumplimiento continuo.
Frente a esa situación, yo fui del parecer de que la posibilidad de hacer circular la información sobre las personas culpables de tales delitos se circunscribiera a los grupos que efectivamente se relacionan con menores. Y se estableció que, previa acreditación de la identidad del solicitante, el Servicio de Registro Civil e Identificación tendrá la obligación de proporcionar la información referida.
Por otro lado, a la inversa, se quiso hacer obligatoria, para los establecimientos educacionales públicos, privados o de cualquier naturaleza, la formulación de esa consulta antes de contratar a una persona, precisamente por el hecho de que estaría en forma permanente en contacto con niños, sean menores de 14 años o mayores de esta edad e inferiores a 18.
En definitiva, nos inclinamos por una redacción intermedia, ya que, según la experiencia de algunos de los presentes, las escuelas muchas veces no solicitan esa clase de información para no ofender sensibilidades.
De ese modo, al quedar consagrada la obligación de los establecimientos educacionales de efectuar esa consulta, se salvan -por así decir- los respetos humanos y se protege al grupo que se desea beneficiar con ese tipo de sanciones.
Me permito hacer este alcance, simplemente, para que a la hora de interpretar la ley en estudio se sepa cuáles fueron las motivaciones que hubo para establecer la norma.
El proyecto constituye un gran avance. Lamentablemente, no siempre estos delitos se cometen en recintos escolares, sino en ámbitos de convivencia familiar o cuasifamiliar. Y algunos, por desgracia, no son de fácil determinación. Pero, al menos, el universo de menores sometidos al cuidado de un colegio tendrá ahora un instrumento adicional de protección.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, esta iniciativa apunta en la dirección correcta -¡qué duda cabe!- en cuanto a dar certezas a la comunidad, en particular frente a personas condenadas por delitos sexuales contra menores.
Todos los estudios psicológicos y psiquiátricos tienden a plantear que resulta muy difícil -¡muy difícil!- rehabilitar a quienes perpetran tales ilícitos.
Es duro decirlo, pero ese es el dato científico. Es como lo que ocurre al pensar que la mediación va a ser útil en los casos de violencia intrafamiliar, porque, evidentemente, frente a un cuadro de violencia aquella ha demostrado ser inútil.
Creo que esta iniciativa es muy positiva. Necesitamos, eso sí, ir generando la cultura de pedir antecedentes y, además, comprobar y ver cómo en otros ámbitos de la vida se pueden también originar criterios culturales, por cuanto detrás de la ley en proyecto existe el propósito de generar un criterio de protección a la infancia.
Por desgracia, Chile está en deuda -aprovecho este debate para decirlo- con relación a una ley de protección de los derechos de nuestros niños y adolescentes.
No se ha querido dictar una ley sobre la materia. Y no me refiero al actual Gobierno, sino al propio país. Hasta ahora se sigue pensando que los niños y adolescentes deben ser objeto de protección y no sujetos de derechos plenos; se tiende a dominar una concepción bastante decimonónica y que es la misma cultura que propicia defender el castigo corporal a los menores de edad como algo necesario.
Menciono lo anterior, porque el texto que nos ocupa -por cierto, lo voy a respaldar- apunta en la dirección correcta de generar la protección de derechos de los niños y adolescentes en un marco de promoción de su derecho a vivir en ambientes, sean educativos u otros, libres de amenazas. El Estado tiene esa obligación.
Espero que el proyecto que hace un año -con la firma de la gran mayoría de los miembros de esta Corporación-, presentamos al Gobierno, como iniciativa de ley marco -dentro del espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones Unidas- de reconocimiento de los derechos de los niños y adolescentes, llegue al Parlamento para su debate legislativo.
Eso nos permitirá avanzar en una nueva institucionalidad sobre la infancia en nuestro país, separando el SENAME en lo que deberían ser dos institucionalidades: una para atender a los infantes en situación de abandono o vulnerabilidad; y otra para encargarse de aquellos menores que han violado la ley. Pero hay una tercera, consistente en crear, de una vez por todas, el Ombudsman para defender los derechos de la infancia.
Esa discusión ya la tuvimos. El Honorable señor Ruiz-Esquide fue uno de los grandes promotores del debate en el Senado.
De modo que la iniciativa legal apunta en esa dirección y la vamos a respaldar.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor ESCALONA (Presidente).-
El Senador señor Navarro ha solicitado fundamentar el voto.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, manifiesto mi apoyo al proyecto en estudio, pero pienso que es muy importante señalar que no dispone -no veo en la Sala al Ministro del ramo- qué pasa con los sacerdotes pedófilos. ¿La Iglesia Católica entregará el listado de ellos? ¿Van a figurar los que han sido separados, trasladados o enviados a Roma?
Hace casi dos años, presenté una iniciativa que establece la obligación de todo ciudadano de informar cuando esté en conocimiento de un delito. Porque el traslado de parroquia, de ciudad o el envío a Roma no subsana el problema.
Claramente, si se comete abuso contra un menor, es un delito. Y este no se resuelve con el Código de Roma, porque estamos en Chile.
Siento que un proyecto de esta naturaleza debiera haber incluido esa situación, como fue detallado por los señores Senadores que hicieron uso de la palabra, en el sentido de que todo aquel que trabaja en contacto con niños e incurre en esta figura delictual, debiera ser incorporado a esa nómina, sin excepción.
Siento que no bastan los procedimientos internos de la Iglesia, sino que se requiere que estos se sometan a la justicia.
Entonces, la gran duda que tengo es si los casos más bullados, más conocidos de la Iglesia Católica -por desgracia, no son pocos, sino muchos- van a ser incluidos en ese listado oficial. ¿Por qué va a haber una institución con un privilegio respecto a un delito calificado?
El Senador señor Carlos Larraín menea la cabeza, pero creo legítimo que yo plantee esta inquietud. ¿O habrá pedófilos que tendrán privilegios?
El señor LARRAÍN (don Carlos).-
¡No hay ningún privilegio!
¡Lea el proyecto!
El señor NAVARRO.-
Tal vez el señor Ministro o el Senador Patricio Walker lo puedan aclarar. De ese modo, podríamos votar con más tranquilidad el proyecto. Porque hasta ahora, eso no ha ocurrido, y lo que se sabe es lo que yo señalo.
La moción que presenté en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia no se ha analizado, pese a nuestra insistente solicitud de ponerla en debate.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar, para fundamentar su voto.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, no iba a intervenir, pero después de escuchar al Senador señor Navarro estoy obligado a hacerlo.
Por lo que veo, Su Señoría no ha leído el proyecto. No ve la letra. ¡Aquí no se excluye a nadie!
La exposición que hace Su Señoría es gratuita, para lo que él ha pretendido.
El señor NAVARRO.-
¡Me imputa no haber leído el proyecto de ley! ¡Pero sí lo he hecho!
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
¡No me interrumpa!
El señor ESCALONA (Presidente).-
Llamo al orden al Senador señor Navarro.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Aquí no se excluye a nadie, porque la norma es general. Y si es católico, protestante, agnóstico o lo que sea, el que comete un delito de ese tipo entra al registro. Y la obligación de entregar esa información es para todos.
Por lo tanto, quiero dejar constancia de esto en la Versión Oficial, porque la afirmación del Honorable colega en relación con el tema de la Iglesia Católica es gratuita. Por eso he intervenido.
Voto que sí.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Senador señor Navarro, lo llamo al orden por segunda vez.
Para fundamentar su voto, tiene la palabra el Senador señor Carlos Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).-
Señor Presidente, participé en el trabajo de la Comisión y puedo confirmar lo dicho por el Honorable señor Zaldívar.
En el proyecto de ley no se exceptúa a nadie, cualesquiera sean su denominación religiosa, oficio en la vida civil o actividad que desempeñe. ¡No hay absolutamente excepción!
Y el cargo que hace el Senador señor Navarro solo demuestra que no ha tenido oportunidad de leer la iniciativa. Quizás con más calma lo puede hacer.
Todas las personas, cualquiera sea su actividad en la vida civil, están sujetas a la misma ley. Deberán cumplir las condenas y, si es necesario, se publicarán sus nombres de acuerdo a las condiciones que establece el proyecto. Eso es así.
Recuerdo al Senador señor Navarro que algunos sacerdotes están cumpliendo penas de cárcel. En consecuencia, lo comentado es verdaderamente injusto e innecesario, y solo demuestra que Su Señoría no leyó el proyecto.
Por lo tanto, requeriría que el Senador corrija sus dichos o, por lo menos, se aplique más a la lectura.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Rincón, para fundamentar su voto.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, las leyes son generales y hay igualdad ante ellas. Se requeriría una norma expresa para exceptuar a alguien de su aplicación, razón por la cual no se puede suponer que hemos dejado fuera a alguien.
A mi entender, no es sano ni bueno ni siquiera enunciar lo manifestado.
Solo deseo destacar que ninguna persona, cualquiera sea su posición -católico, protestante, médico o abogado- está fuera de la norma. Todos están considerados en ella.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ESCALONA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en particular el proyecto (28 votos a favor), dejándose constancia, para los efectos reglamentarios, de que se cumplió el quórum constitucional exigido, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina. Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Muñoz Aburto, Novoa, Pérez Varela, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor ESCALONA (Presidente).- Asimismo, se deja constancia de la intención de voto afirmativo de los Senadores señores Tuma, Quintana, Pizarro, Lagos y Navarro.
BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO A FUNCIONARIOS DE SECTOR SALUD
El señor ESCALONA (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga a los funcionarios del sector salud que indica una bonificación por retiro voluntario, con informes de las Comisiones de Salud y de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8036-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 6ª, en 3 de abril de 2012.
Informes de Comisión:
Salud: sesión 17ª, en 15 de mayo de 2012.
Hacienda: sesión 17ª, en 15 de mayo de 2012.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo de la iniciativa es crear diversos incentivos al retiro para los funcionarios del sector salud y consagrar la compatibilidad de sus beneficios con el bono poslaboral.
La Comisión de Salud discutió el proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Chahuán, Rossi, Ruiz-Esquide y Uriarte.
Por su parte, la Comisión de Hacienda también lo debatió y aprobó solo en general por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Rincón y señores Frei, García, Lagos y Novoa.
En el informe comparado, se transcribe el texto aprobado en general por ambas Comisiones.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación en general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor ESCALONA Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Rossi, para fundamentar el voto.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, deseo puntualizar algunas cosas. No voy a referirme en extenso a lo que implica el proyecto que, al parecer, concita el acuerdo y el apoyo de todos los sectores. Más bien, quiero transmitir un mensaje al señor Ministro de Salud.
Se encuentra en la Sala el Ministro señor Longueira. No está el de Salud, ni el Subsecretario, como tampoco el de Redes Asistenciales, ni el Jefe de Gabinete. Y es bueno que siempre haya un representante de la Cartera involucrada, sobre todo en un proyecto tan importante como este, que beneficia a cerca de 8 mil personas.
Lo único que quiero pedir en estos minutos es que en la discusión particular se intente resolver una de las falencias que existen, tanto en la Comisión de Salud como en la de Hacienda.
Los problemas que sufren los trabajadores son múltiples. Muchos tienen que ver con fallas estructurales de nuestro sistema previsional, y el bono poslaboral o este bono de incentivo al retiro voluntario en algo morigeran la precariedad que muestran las condiciones de vejez de los funcionarios de la Salud, que realizan una labor tan trascendente. Pero hay una situación que afecta a aquellos funcionarios y funcionarias que cumplieron 65 o 60 años antes del 1° de julio del 2010 y que no se acogieron a los beneficios de leyes anteriores.
Distintos gremios nos plantearon que, dependiendo de si se trata de auxiliares, administrativos, paramédicos, técnicos, profesionales médicos y no médicos, hay hasta quinientos o mil funcionarios que se hallan en tales circunstancias y a los cuales se les ha llamado "rezagados".
Claro, siempre se valora que se haga un esfuerzo adicional, pero en el caso de este proyecto se habla de 200 cupos, distribuidos desde el 2012 hasta el 2014: 50 cupos un año, 100 el siguiente, 50 el tercero.
Sin embargo, en mi opinión se puede hacer un esfuerzo mayor. Y ese es el sentido que tiene el no despachar hoy día en general y en particular esta iniciativa.
--(Aplausos en tribunas).
Evidentemente, se puede hacer un esfuerzo mayor para tratar de que todos los gremios concurran a respaldar esta propuesta. Yo entiendo que las asociaciones que participaron en las negociaciones son cinco. Cuatro de ellas están de acuerdo con el resultado. Y una tiene reparos, particularmente en cuanto al monto de la bonificación adicional y también respecto de la diferenciación entre mujer y hombre en el momento de recibirla.
Yo espero que en este espacio que se abre podamos abordar tales aspectos, que son realmente centrales.
Para concluir, señor Presidente, deseo contarle a la Sala que el día viernes pasado estuve en el hospital de Arica, muy moderno, y hace dos semanas, en el de Iquique, y la verdad es que uno se siente muy orgulloso -yo he trabajado en hospitales públicos- cuando ve y percibe el tremendo compromiso de los funcionarios por sacar adelante la salud chilena.
--(Aplausos en tribunas).
Y es muy injusto -por cierto, no es culpa de este Gobierno, pues hay un tema de fondo detrás- que hoy día las tasas de reemplazo no alcancen siquiera al 30 por ciento. Algunas personas terminan con liquidaciones de sueldos menores a 200 mil pesos, y esa no es una forma digna de vivir para nadie, sobre todo pensando en el compromiso y la contribución que, como digo, realizan estos funcionarios al desarrollo social y a la salud chilena.
Así que, obviamente, vamos a votar a favor la idea de legislar y espero que podamos llegar a un acuerdo con el Gobierno para mejorar las condiciones de este proyecto de ley.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ESCALONA (Presidente).-
Existe una generosa lista de Senadores y Senadoras que se han inscrito para fundamentar su voto. La encabeza el Honorable señor Muñoz Aburto.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente, solo quiero decir que existe una multiplicidad de textos legales de este tipo: generales, como la ley N° 19.882, de Nuevo Trato, y específicos, como las leyes 20.282 y 20.212 y las vigentes, por ejemplo, para los funcionarios municipales, el personal de universidades y los profesionales de la educación.
Salvo la citada Ley de Nuevo Trato, las mencionadas normativas están referidas a un período acotado de tiempo y a un número limitado de cupos.
Acá no se advierten razones de peso para que los beneficios sean diversos según las negociaciones puntuales de los sectores con los respectivos Ministerios.
Por eso, resulta relevante avanzar en el futuro -se lo planteo al Gobierno- en una política general que evite las negociaciones puntuales y que unifique estos incentivos para toda la Administración Pública y servicios afines, como lo pretendió hacer la ley N° 19.882, ya que no es posible seguir con esta lógica donde cada nuevo cuerpo legal implica retrocesos, como en este caso, y distingos entre los funcionarios.
Asimismo, quiero recoger una petición que me ha hecho la dirigenta del sector Salud de la Región de Magallanes Julia Gallardo, en el sentido de que estas leyes han tenido duraciones transitorias, con el objeto de impulsar a que los trabajadores de más edad se acojan a retiro. Transcurrido el plazo previsto, la bonificación va disminuyendo de cuantía o simplemente se extingue.
Yo entiendo esa lógica y sus objetivos. Sin embargo, en los últimos años hemos vivido una situación coyuntural distinta: la dramática y sistemática caída en el valor de los fondos de pensiones. Incluso, la propia Ministra del Trabajo ha recomendado a muchos trabajadores que, dada la rentabilidad negativa de las cotizaciones individuales, posterguen su deseo de pensionarse.
Además, conozco numerosos casos de trabajadores que luego de jubilar tuvieron el desacierto de invertir sus bonificaciones al retiro en ahorro voluntario, el que se esfumó en pocos meses.
Por eso, solicito al Gobierno estudiar una solución excepcional, de mayor alcance, que permita, a todos los trabajadores que no hicieron uso de la bonificación oportunamente, acogerse a retiro en los términos de la ley anterior, ahora que los fondos han recuperado, en alguna medida, su valor. Ello, porque no es justo obligar a los trabajadores a pensionarse afectando sus jubilaciones o castigarlos con la pérdida o disminución de la bonificación al retiro por no haberlo hecho en la fecha que se indicaba en el respectivo cuerpo legal.
Por último, señor Presidente, no puedo dejar pasar esta oportunidad sin insistir en la necesidad de avanzar hacia un cambio profundo del sistema previsional chileno,...
--(Aplausos en tribunas).
... ya que todos estos incentivos al retiro tienen como única finalidad tratar de reparar el daño previsional que están sufriendo los trabajadores chilenos.
Esto tiene que ser materia de debate, pero creo que los trabajadores están dispuestos a dar dura batalla para intentar establecer un sistema previsional que sea más justo y equitativo para cuando lo utilicen al momento de pensionarse.
Voy a votar a favor del proyecto.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ESCALONA (Presidente).- Gracias, Senador Muñoz. ¡Lo felicito por los generosos aplausos que ha recibido...!
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, no me voy a referir específicamente a las normas concretas del proyecto. Ya se conocen, se saben, se han discutido. Además, estamos en la votación general y solamente tenemos cinco minutos para intervenir.
Ante todo, deseo resaltar la necesidad de mejorar la situación en que se encuentra el mundo de los trabajadores de la Salud. Esto lo venimos diciendo desde hace muchísimos años y quienes trabajamos con ellos por largo tiempo sabemos cuáles son las deficiencias y las cosas que se deben mejorar.
Se ha hecho un esfuerzo, han mejorado algunos aspectos, pero de todas maneras nos estamos quedando con tres o cuatro problemas de primerísima magnitud.
Primero, el personal de salud tiene un régimen de trabajo que se asimila a lo que es el trabajo pesado. Esa es exactamente la descripción que corresponde a nuestra labor en los hospitales.
Segundo, hay una planta escasa que debe mejorarse. Yo quiero recordar aquí la caída de la atención en salud que se produjo entre los años 73 y 90, la que nos obligó, a partir de ese momento, a hacer una excepción en materia de remuneraciones y de recuperación de la planta, que no ha sido satisfecha suficientemente hasta ahora.
Tercero, el tema central es el que aquí se ha señalado: cómo hacer retirarse del servicio, en condiciones adecuadas y mejores, al personal que de acuerdo a las plantas que nos ha presentado el Ejecutivo debe salir, reponerse, optimizarse y ser bien remunerado a contar de ese instante.
Y hay un punto adicional, que quiero plantear con mucha fuerza y claridad.
Nosotros vamos a aprobar esta normativa legal -por lo menos los Senadores que nos hallamos en estas bancadas-, pues, dentro de las opciones que nos presentó el Ejecutivo, es lo único que pudimos lograr en la Comisión de Salud.
Sin embargo, algunos gremios que no están de acuerdo con lo que aquí se ha aplicado nos formularon una solicitud en el sentido de que hagamos fuerza sobre al menos siete temas que no se han tratado y que el Ejecutivo no desea resolver.
Las razones ya se han dado, pero, en definitiva, el hecho final es que en esta materia solamente tiene iniciativa el Ejecutivo y, por tanto, en la Comisión debatimos si aprobábamos lo que se nos ofrecía o, de lo contrario, nos quedábamos sin nada de lo que se estaba pidiendo, dado que el Gobierno se formó una opinión muy clara en cuanto a que no había más temas pendientes.
Yo, señor Presidente, quiero plantearles a mis colegas y al Ministro del ramo...
Veo que no hay nadie del Gobierno en este momento en la Sala, pero al menos se hallan presentes los Senadores oficialistas que forman parte de la Comisión de Salud...
El señor LAGOS.-
¡Se lo haremos saber a los Ministros...!
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Muchas gracias, Su Señoría, porque yo no tengo comunicación directa con el Gobierno.
El señor LAGOS.-
¡Yo tampoco...!
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
El punto, señor Presidente, es que creo que debemos prestar nuestra aprobación general al proyecto para que vuelva a la Comisión con el objeto de formularle indicaciones.
El señor CHAHUÁN.-
Acá vienen entrando los Ministros, señor Senador.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
¡Llegaron los Ministros!
El señor PROKURICA.-
¡A ver, dígalo ahora...!
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
¡Dije que no había nadie de los Ministerios, que el Senador Lagos tenía mejor llegada que yo en el Gobierno, y ahora digo, con toda franqueza, que el 80 por ciento del peso del Gabinete está aquí detrás de nuestros pupitres...!
¡Agradézcanmelo públicamente, señores Ministros...! ¡Muchas gracias...!
Señor Presidente, pido que aprobemos en general la iniciativa y la enviemos a la Comisión de Salud, a fin de que esta aprobación se convierta en un mandato de la Sala para que el Presidente de dicho órgano la represente ante el Gobierno en orden a abordar las materias que faltan y a que ellas sean reconocidas como una tarea pendiente.
Legislar para cuatro de los cinco gremios es un avance, pero dejar a un lado a un grupo importante de funcionarios que no comparten el proyecto y que se quejan de quedar muy demeritados frente a los demás es clavar una flecha...
--(Aplausos y manifestaciones en tribunas).
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Puede terminar, señor Senador.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, lo que estamos tratando de hacer es una justicia completa.
Si los dirigentes creen que eso no es posible, lo dirán en la Cámara de Diputados o en la Comisión...
--(Manifestaciones en tribunas).
... pero, en definitiva, soy partidario de brindar una solución a todos. Y si no es posible hacerlo aquí...
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Hago un llamado a guardar silencio a quienes se hallan en las tribunas para permitir el desarrollo normal de la sesión. ¡Si son tan amables!
Recupera la palabra, señor Senador.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Termino señalando, nuevamente, que vamos a votar a favor de la idea de legislar y que solicitaremos el acuerdo de la Sala para que encomiende a la Comisión de Salud realizar las gestiones necesarias, a través de su Presidente, con el objeto de incorporar algunos aspectos que incluso trabajadores de otras instituciones nos están solicitando.
Lo peor que nos puede pasar aquí...
--(Aplausos en tribunas).
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Pido de manera enfática a las tribunas guardar silencio.
Es un agrado tener en el Senado a los trabajadores de la salud, pero es necesario que los miembros de esta Corporación puedan manifestar sus ideas sin interrupciones.
Puede concluir, Senador Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Gracias.
Decía que lo peor que nos puede pasar es que los propios trabajadores impidan la posible o eventual resolución de los problemas que afectan a otros trabajadores, porque ello sería un ejemplo bastante inadecuado.
Votaré que sí, señor Presidente.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, al igual que en el caso de los funcionarios que prestan servicios en la atención primaria de salud, en este proyecto se contempla el otorgamiento de un incentivo al retiro para los trabajadores de la salud primaria -iniciativa que fue consensuada con los diversos gremios de la salud pública- y todas sus disposiciones han sido debidamente analizadas por el Ministerio de Hacienda, contando con el presupuesto pertinente para su financiamiento.
De esta forma, se permitirá que los funcionarios de la atención de salud pública que no han jubilado, pese a cumplir los requisitos de edad para hacerlo, y cuya pensión al momento de retirarse del servicio se vería notoriamente mermada por el daño previsional, puedan acceder a un legítimo descanso, debidamente compensado mediante el presente incentivo económico, después de haber cumplido largas y sacrificadas trayectorias dedicadas al servicio público en un área de tanta importancia para la comunidad como lo es la atención de salud pública en las diversas comunas de nuestro país.
Por lo tanto, pienso que esta iniciativa legal subsana dicha situación y posibilita a los funcionarios de la salud pública acogerse a sus disposiciones, ejerciendo las opciones que este mismo cuerpo legal contempla.
En consecuencia, se hace necesario aprobar la idea de legislar, razón por la cual pido a mis Honorables colegas que se pronuncien en tal sentido.
A los funcionarios de la salud que hoy nos acompañan en las tribunas -de la FENTESS, de la FENATS Unitaria, de la CONFENATS, de la FENFUSSAP y de la FENPRUSS-, deseo recordarles que acá el Gobierno ha querido terminar con el trato discriminatorio que afectaba a ciertos y determinados gremios -como ocurría antiguamente con el acuerdo entre el Gobierno de la época y la ANEF- y ha establecido...
--(Aplausos en tribunas).
... una ley pareja, particularmente...
--(Aplausos en tribunas).
... para los funcionarios y los gremios que han sido históricamente perjudicados en las negociaciones por una cúpula de dirigentes.
--(Manifestaciones en tribunas).
Obviamente, nosotros hemos tratado -y así lo hace el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo- de buscar todas y cada una de las medidas que permitan dignificar las condiciones de incentivo al retiro.
Sabemos que los funcionarios públicos tienen un daño previsional que se ha ido acumulando a través del tiempo y del cual hay que hacerse cargo, como Parlamento, como Estado.
Es efectivo que, en muchas ocasiones, medidas como el incentivo al retiro planteado en esta iniciativa no logran compensar la merma de recursos con que los trabajadores podrían contar, eventualmente, para jubilar como corresponde, después de una trayectoria...
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Disculpe, señor Senador.
Advierto a las personas que se encuentran en las tribunas que para nada está en el ánimo de la Mesa proceder a desalojos de ninguna especie. Sin embargo, si insisten en interrumpir la intervención de los Senadores, no será posible el diálogo, y esta Corporación es la casa del diálogo.
Por lo tanto, les pido encarecidamente a los dirigentes que guarden silencio, porque las diferencias no las van a zanjar gritando más, sino que se resolverán acá.
Así que les ruego que escuchen con respeto las distintas intervenciones.
Hago esta primera advertencia.
Recupera la palabra el Senador señor Chahuán, a quien le abonaremos el tiempo perdido.
El señor CHAHUÁN.-
Muchas gracias.
Básicamente, lo que hemos planteado es que, aun mediando este esfuerzo que hace el Estado en términos de otorgar un incentivo al retiro a los funcionarios públicos que han visto mermados sus recursos previsionales producto de un daño previsional que se arrastra a través del tiempo, hay que hacerse cargo de este problema.
En ese sentido,...
--(Manifestaciones en tribunas).
Señor Presidente, efectivamente se hace necesario que nos escuchemos y, dado que estamos haciendo uso de la palabra, pido también el respeto que corresponde.
El proyecto de ley otorga una bonificación por retiro voluntario y una adicional como incentivo al retiro para los funcionarios de planta o a contrata que se desempeñen en los servicios de salud central; beneficia a más de 8 mil trabajadores y tiene un costo de 120 mil millones de pesos.
Para optar a los beneficios se requiere cumplir los siguientes requisitos copulativos: estar regido simultáneamente por el Estatuto Administrativo y por la Escala Única de Sueldos, en el caso del personal que labora en los servicios de salud y en las reparticiones del Ministerio; haber cumplido o cumplir 60 años de edad, las mujeres, y 65 años de edad, los hombres, entre el 1º de julio de 2010 y el 30 de junio de 2014, y presentar la renuncia voluntaria al cargo entre la fecha de publicación de la ley y el 31 de marzo del año 2015.
Adicionalmente, respecto de las mujeres contempla una excepción para ellas, cual es que podrán participar en cualquiera de los períodos de postulación que se fijen más adelante. Y si son seleccionadas, deberán renunciar durante el primer trimestre del año siguiente; si no lo son, podrán repostular en los períodos consecutivos.
A todos nos gustaría que la totalidad de los gremios concurrieran con entusiasmo a la suscripción de este acuerdo con el Gobierno. Lo que ha hecho este ha sido, por lo menos, garantizar una ley pareja para todos y cada uno de los gremios,...
--(Aplausos en tribunas).
... y particularmente respecto de aquellos que siempre han estado afectados, asegurarles condiciones mínimas de dignidad para el incentivo al retiro.
He dicho
.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, estamos frente a lo que hemos venido denunciando por muchos años: ¡El Estado de Chile es el peor empleador!
--(Aplausos en tribunas).
Y esa situación hace que hoy día tengamos que ver de nuevo en esta Sala lo que se denomina -comillas- "incentivo", que es, ni más ni menos, el más perverso de los incentivos y que en nada -¡en nada!- contribuye a la dignidad de aquellas mujeres y hombres que trabajan en el sector público y, fundamentalmente, en la salud pública.
Si se quiere subsanar de verdad el problema: ¡año trabajado, año pagado! Porque eso del límite de los once años, que se entrega como un gran premio, como una gran cosa, a mí en lo personal me revuelve el estómago. Cada vez que enfrentamos esta situación y los funcionarios nos piden desesperadamente que aprobemos la iniciativa, en conciencia, tanto ellos como nosotros, sabemos que estamos apoyando y acogiendo una normativa que a la larga será como lo mejor dentro de lo peor que se puede otorgar. Pero esto, desgraciadamente, no resuelve el problema.
Y voy a explicar por qué.
Hoy está aquí presente Julia Gallardo. Pedí autorización a los dirigentes, con quienes me reuní hace poco tiempo en el Hospital Regional de Punta Arenas, para explicar el caso de esta funcionaria.
Ella tiene 39 años de servicio, al igual que una de sus colegas que desempeña idéntica función, con el mismo empleador. Y lo dije aquí hace un par de semanas: ¡Julia Gallardo, después de haber cumplido 39 años de servicio, queda con una pensión de 114 mil pesos, y su colega, por estar en el sistema antiguo -el IPS-, con una de 560 mil pesos!
En consecuencia, no hay manera de recuperar el profundo daño que el sistema previsional ha causado a los funcionarios de los sectores público y privado.
Y lo que es peor, señor Presidente: el daño hoy día es mucho más grave, porque la pérdida de fondos previsionales que ha experimentado el sistema resulta infinitamente mayor que lo que ahora se pretende mostrar diciendo que "es como una recuperación del daño previsional".
Estos incentivos, estos bonos, por desgracia, no compensan, no equiparan. Pero es lo que tenemos que hacer.
Por eso, en un ánimo propositivo, junto con saludar a quienes hoy nos acompañan, debo señalar que mientras nosotros estamos discutiendo en general esta iniciativa legal, ¡hay por lo menos ocho funcionarios con cáncer, que se encuentran en un estado grave de salud, esperando, antes de irse de esta vida, poder recibir esta miseria...
--(Aplausos en tribunas).
... que hoy día se les entrega como una cosa especial!
Sinceramente, duele, señor Presidente; sinceramente, molesta; sinceramente, incomoda. Pero hay que hacerlo. Y es por ello que hoy día aspiramos a que, una vez aprobado en general el proyecto, en la discusión particular se pueda perfeccionar este instrumento. ¡Pero nivelemos para arriba! ¡Nivelemos para todos!...
--(Aplausos en tribunas).
... ¡Nivelemos en el sentido de evitar que se beneficie a unos más que a otros, con la dignidad que merecen nuestros trabajadores públicos!
Voto a favor.
--(Aplausos en tribunas).
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, en primer término, deseo saludar a los trabajadores de la salud que nos acompañan y hacer presente su interés en lo que respecta a las bonificaciones que se otorgan.
Hoy día estamos legislando como lo hicimos ayer por la salud primaria, por los municipales. Y, seguramente, lo tendremos que hacer mañana por otros gremios. Sin embargo, el problema de fondo es que en esta Sala no estamos resolviendo el injusto sistema previsional existente.
Tengo un amigo, un colega de las bancadas de enfrente, que siempre me dice: "Cuidemos el sistema previsional". Pero yo diría que lo que se debe cuidar es a los trabajadores, porque recientemente se celebraron los 30 años desde que empezó a operar el sistema de las AFP, ese mismo que le da a Julia Gallardo 114 mil pesos de pensión y que a otra funcionaria que pertenece al antiguo sistema le otorga 560 mil pesos.
Creo que el asunto de fondo es que debemos reformar el sistema previsional chileno...
--(Aplausos en tribunas).
... No es posible pensar en seguir tolerando un sistema que hace que tengamos que estar negociando, legislando y aprobando incentivos al retiro; pidiendo por favor que se retiren los trabajadores que han cumplido su período, especialmente en la salud, donde muchas veces ellos tienen más edad que las personas ancianas que cuidan. Porque no pueden retirarse, o si lo hacen deben comenzar a buscar trabajo, ¡dado que las pensiones no son dignas, no les permiten mantener un hogar!
En el fondo, tenemos un sistema previsional que no entrega pensiones dignas, toda vez que el empleador -en este caso, el Estado- no ha querido cotizar. Antes de la reforma, los empleadores cotizaban. Hoy día solo lo hacen los trabajadores, pero los fondos individuales no permiten que puedan atesorar recursos necesarios que les garanticen una pensión digna.
Por eso, señor Presidente, creo que estas soluciones de parche para resolver el problema de algunos sectores, con cupos que no todos van a alcanzar, es lo peor que podemos hacer. ¡Aquí el acento hay que colocarlo en una reforma!
Al respecto, se aprobó la formación de una Comisión -espero que la próxima semana todas las bancadas entreguen los nombres de los parlamentarios que la van a conformar- que formulará una propuesta de reforma previsional, para que no tengamos que realizar este mismo ejercicio cada cierto tiempo: darles explicaciones a los trabajadores y entregarles sucedáneos en reemplazo de un buen sistema.
Por lo anterior, señor Presidente, no obstante que voto favorablemente, insisto en que el fondo del problema no está resuelto. Solo se soluciona con una reforma al sistema previsional.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, desde luego anuncio que vamos a votar -es lo mínimo que podemos hacer- a favor de la idea de legislar, con el ánimo de que en las otras instancias el Ejecutivo pueda mejorar las condiciones de retiro de estos trabajadores abnegados, que viven sometidos a la presión de los miles y miles de usuarios que buscan ser atendidos en forma rápida y expedita. Pero como son tantos, muchas veces no se les puede atender con la prontitud que se requiere. Y esos funcionarios deben sufrir los embates y apremios que ello origina.
Conforme a las leyes anteriores, ha quedado un rezago de 1.300 trabajadores, los cuales, teniendo todos los derechos, por diversas razones no se pudieron acoger al beneficio.
Yo espero que ahora, ojalá, puedan ampliarse los cupos de quienes se van a retirar, porque aquí se habla solamente de 7 mil 700. Y, según los dirigentes, son muchos más los beneficiarios. Así lo expresaron en las Comisiones correspondientes.
A ellos se les otorga una bonificación equivalente a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio, con un máximo de once meses, más 395 UF, ¿y cuánto es la renta que perciben, cuánto es la suma de esas dos cantidades? ¡Exiguas!
Hemos visto aquí las tribunas llenas de otros gremios para los cuales solamente el bono de término de conflicto ha significado 15 millones de pesos: ¡15 millones de pesos! ¿Quién de los trabajadores que ahora nos acompañan va a recibir esa cantidad?
Por eso, sostengo que es muy poco lo que se está dando.
Lamentablemente, como parlamentarios carecemos de facultades para otorgar una mayor bonificación. Eso le corresponde al Ejecutivo. Nosotros solo tenemos atribuciones para aprobar, rebajar o rechazar. Y, por supuesto, no vamos a rechazar, ni a rebajar. Por tal motivo, hoy le pedimos al Gobierno que mejore las condiciones de incentivo al retiro de estos abnegados trabajadores de nuestra patria, los cuales se van muy disminuidos debido a que los obligaron a traspasar sus fondos a una AFP y ahora solo pueden aspirar a recibir una pensión que representa la cuarta parte de lo que reciben mensualmente. ¡Con eso no pueden vivir! Van camino a la vejez, que es cuando más necesitan disfrutar de un buen ingreso para los últimos años de vida que les quedan, pero están siendo enviados a la pobreza y al atraso.
Por eso, apoyo este proyecto de ley, pues en algo les mejora las condiciones de vida a estos abnegados trabajadores de nuestra patria.
--(Aplausos en tribunas).
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, anuncio mi voto favorable a esta iniciativa legal, pero quiero efectuar algunas precisiones.
En primer lugar, los 7 mil 700 funcionarios que van a poder acceder al incentivo al retiro cubren el universo completo, el 100 por ciento de las personas que a partir del 1° de julio de 2010 cumplen 60 años, en el caso de las damas, y 65 años, en el de los varones, que son las edades establecidas para acogerse a jubilación.
No hay funcionarios comprendidos en la fecha que señalé que queden fuera.
También quiero precisar que las mujeres podrán elegir el momento de pensionarse o de presentar su renuncia. No están obligadas a hacerlo al momento de cumplir 60 años, lo cual me parece que es por una razón de enorme sentido común, pues cuanto más pronto se las obligue a jubilar van a tener cinco años menos de cotizaciones y cinco años más de cálculo en su pensión. Por consiguiente, sus pensiones, que ya son bajas, van a quedar un 30 por ciento más disminuidas que las de los hombres.
Este proyecto, además, busca adecuar ciertos requisitos para que todos puedan acceder al bono poslaboral.
En mi opinión, el problema que se presenta -y considero que hay que hacer un esfuerzo especial para resolverlo- dice relación con aquellos funcionarios que hemos llamado "rezagados". ¿Quiénes son ellos? Son los que habiendo podido acogerse a una ley anterior de incentivo al retiro, particularmente la que venció el 30 de junio de 2010, no lo hicieron. Y no lo hicieron porque, como la tasa de remplazo es tan pequeña, en muchos casos están todavía pagando sus casas, sus créditos hipotecarios; o bien, tienen hijos estudiando y, por lo tanto, no se hallan en condiciones económicas para acogerse a retiro. A ello se suma el hecho de que en los años 2008 y 2009 tuvo lugar una crisis económica que significó una fuerte caída en los fondos previsionales, los cuales recién a fines de 2010 comienzan a recuperarse.
Muchas veces fue el llamado de la propia autoridad la que les advirtió: "No es el momento de pensionarse, porque los fondos, en lugar de aumentar, han venido disminuyendo".
En esa situación existen, de acuerdo con los antecedentes que nos entregaron los gremios, 1.310 funcionarios. Y para ellos, en la Cámara de Diputados el Ejecutivo accedió a crear 200 cupos, pero faltan 1.100. Y estos 1.100 cupos, en mi opinión, es de entera justicia instaurarlos en este proyecto y en este trámite parlamentario.
Pienso así porque, además, se establece un cierto orden de prelación para ocupar esos 200 cupos de los llamados "rezagados". Y lo más probable es que los profesionales de la salud no entren en dichos cupos.
--(Manifestaciones en tribunas).
Por lo tanto, me parece que debemos darles a todos la oportunidad de acceder a los beneficios que entrega este proyecto.
El gran problema, a mi juicio, dice relación con quienes no se acogieron a la ley anterior de incentivo al retiro.
Por eso, señor Presidente, voto a favor y siento que debemos realizar la mayor cantidad de esfuerzos para, al menos, solucionar el problema de los llamados "rezagados".
--(Aplausos en tribunas).
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, sin lugar a dudas este es un proyecto importante.
Hemos tenido varias sesiones en la Comisión -entiendo, si mal no recuerdo, que fueron tres- destinadas a discutir este proyecto y a escuchar a distintas agrupaciones y asociaciones de funcionarios a los que va a beneficiar, o bien comprende.
Esta iniciativa no es nueva, pues repite una vez más algo sobre lo que ya se legisló en el pasado.
No voy a entrar a detallar cada una de las situaciones que se describen, ni los beneficios a los que los funcionarios y funcionarias públicos pueden acceder.
La Comisión votó en forma unánime a favor de la idea de legislar. En la tramitación en general de este proyecto se vieron una serie de aspectos que preocupan. Uno valora, obviamente, el esfuerzo que se hace (además reconocemos a las asociaciones que han logrado celebrar este acuerdo por la importancia que reviste), pero hay cosas que nos inquietan y que hicimos presentes durante la discusión en general al Ejecutivo.
Primero, que los años en la administración pública no estuvieran referidos solamente al sector salud, sino que comprendieran el trabajo en ella, en general. El Ejecutivo accedió a recoger este punto durante la discusión en particular.
Segundo, como señaló el Senador García, hay un conjunto de funcionarios que quedaron fuera en los procesos anteriores y los 200 cupos adicionales que se han consignado, claramente no son suficientes. Nosotros vamos a insistir para que se creen los 1.100 cupos que faltan.
Tercero, considerando que existen asociaciones que apoyan el proyecto que nos ocupa, y nosotros, obviamente, las respaldamos, en nuestra opinión, este es regresivo respecto de lo que se había logrado en los Gobiernos de la Concertación. Nos parece pertinente que el Ejecutivo explique por qué se rebajó el monto que recibían los profesionales, de 527 UF a 395; por qué se modificó la discriminación positiva de un mes adicional para las mujeres y rentas más bajas, y por qué se excluyó a las personas de mayor edad que no fueron beneficiadas con leyes anteriores y solo se otorgaron, mediante una indicación posterior, los 200 cupos que ya explicó el Senador García.
En el fondo, señor Presidente, y de acuerdo con lo que discutimos en la Comisión y conversamos con las distintas asociaciones (no solo tuvimos reuniones en la Comisión, pues me reuní con más de una de ellas fuera del ámbito del órgano técnico), quiero solicitar al Gobierno que incorpore en esta iniciativa diversas materias.
Primero, la adición de un mes de incremento en favor de las mujeres y otro de iguales características para los auxiliares, administrativos, técnicos y profesionales con menores remuneraciones.
--(Aplausos en tribunas).
Señor Presidente, aquí se hacen distintas reflexiones respecto del detrimento de las pensiones de nuestros trabajadores y trabajadoras.
Solo quiero decir que quizás donde mayor impacto existe entre la remuneración que se percibe y la pensión que finalmente se obtiene es en el sector salud. Esto ocurre porque lo que reciben mes a mes quienes laboran allí es absolutamente distinto del monto por el cual se les impone. Y ello genera una brecha, la que repercute cuando se acogen a retiro.
Discutimos el punto, señor Presidente, al ver qué pasaría con las mujeres cuando accedieran al posnatal extendido, pues se iba a provocar una brecha -valga la repetición- significativa. El Gobierno no resolvió ese problema. Así, hoy día más de alguna funcionaria tiene un posnatal que difiere de su remuneración. Y eso favorece al Fisco, pues el Estado se ahorra toda la diferencia.
En segundo término, le solicito al Ejecutivo incorporar a todos los funcionarios y funcionarias actualmente en servicio que cumplieron los requisitos exigidos antes del 30 de junio del 2010 y no pudieron retirarse durante la vigencia de la ley N° 20.282 (los rezagados), eliminando el tope de 200 cupos.
En tercer lugar, le pido reponer las 527 UF del bono adicional para profesionales y directivos que fijó la ley N° 20.282 o establecer un mecanismo de compensación para la rebaja de las 132 UF que dispone la ley en proyecto con respecto a las legislaciones anteriores.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Perdón, señora Senadora, pero concluyó su tiempo.
Su Señoría tiene un minuto adicional.
La señora RINCÓN.-
Muchas gracias.
Señor Presidente, avanzar en mayor dignidad para los trabajadores de la salud pública es un imperativo ético para quienes tenemos el orgullo de representar a los ciudadanos en el Senado.
Mejorar las condiciones de retiro de los funcionarios, muchos de ellos afectados por el daño previsional causado durante el Gobierno militar y el cambio en nuestro sistema jubilatorio, es posible. Si somos capaces de hacerlo, les daremos acceso a una pensión que les permita vivir con dignidad.
Espero que en la discusión particular logremos acercar posiciones y perfeccionar lo que ya han conseguido las asociaciones de funcionarios, que obviamente merece nuestro reconocimiento.
Por ello, apruebo la idea de legislar.
--(Aplausos en tribunas).
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, una vez más estamos en el Parlamento conociendo este tipo de proyectos, que pretenden subsanar en mínima parte el daño causado a los funcionarios del Estado al habérselos cambiado de régimen previsional en 1982.
Precisamente, hace algún tiempo me tocó participar, con trabajadores de la Contraloría, de la salud, de las municipalidades, con gente afiliada a la ANEF, en una reunión en la que se propuso buscar una fórmula que no fuera de parche, para dar solución a un sector, y que permitiera recuperar el daño previsional. Y muchos Senadores suscribieron acuerdos unánimes para mandarle al Ejecutivo una idea que posibilitara legislar sobre la materia.
¿En qué consiste el daño previsional?
El año 1982, por presiones que se ejercieron sobre ellos y porque entendieron que recibirían un beneficio adicional al no tener que hacer todas sus cotizaciones, numerosos funcionarios se trasladaron al sistema nuevo.
Sin embargo, la realidad fue otra, como ya se ha dicho aquí. Y muchas veces quienes jubilan a través del sistema antiguo perciben pensiones equivalentes al doble, e incluso más, de las que reciben aquellos que se traspasaron al de las AFP.
Por eso propusimos crear el llamado "fondo solidario", que sería administrado por el Instituto de Previsión Social, al cual se reintegraría, por decisión de cada funcionario, la totalidad de sus ahorros en las AFP, más los bonos de reconocimiento. Y, a su vez, el Estado haría un esfuerzo financiero para complementarlos, de manera que la persona restituida al sistema antiguo pudiera jubilar con una tasa de reemplazo razonable, que hoy día, en el sistema antiguo, bordea el 50 a 60 por ciento.
El señor BIANCHI.-
El 70 por ciento.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
En efecto, llega hasta el 70 por ciento.
No se nos ha hecho caso hasta el momento. Y por eso deberemos seguir legislando como se plantea hoy.
En el fondo, la gente a la que se le otorgan jubilaciones de esta índole recibe -discúlpenme la expresión- una aspirina. Porque se le entrega una pensión que normalmente -esto se reitera en todos los sectores: salud, municipal, educación, administración central-, como en el caso de la persona que aquí se mencionó, no va más allá del 30 por ciento. Y para compensarla se le da una bonificación complementaria de 50 mil pesos, más la indemnización.
¡Eso no es admisible!
Entonces, debemos buscar un mecanismo para que todo ese contingente de funcionarios del Estado pueda renovar su sistema jubilatorio, de acuerdo a normas más positivas y que permitan percibir una pensión digna.
Esta iniciativa incurre en lo mismo que las precedentes: da lo menos posible (porque otorga beneficios inferiores a los previstos en la ley anterior).
Además, como se ha dicho aquí, no contempla a los 1.300 funcionarios que no pudieron acogerse a jubilación en el momento en que lo deseaban porque eso habría significado hacerlo en peores condiciones, ya que los fondos previsionales estaban en caída y, por tanto, las pensiones habrían sido más bajas.
En consecuencia, a esos funcionarios no se los puede someter a cuotas de 200, 250 o 300 cupos. Hay que aplicar un criterio objetivo: todos aquellos que cumplían los requisitos en su momento deben tener derecho aunque sea al beneficio mínimo que se otorga mediante este proyecto.
Aquí se ha dicho que con 8 mil cupos todos serán considerados.
Si vamos a cubrir a la totalidad, ¡para qué poner cupos! ¡Beneficiemos a todos en forma objetiva!
Recientemente discutimos en el Senado el llamado "salario ético". Se planteaba otorgar a las familias pobres asignaciones condicionadas; por ejemplo, a que la mujer encontrara empleo. Y logramos que el Gobierno cambiara su criterio, pues también quería fijar cuotas que favorecían a algunos y dejaban fuera a otros.
¡Este debe ser un derecho garantizado!
¡Qué ha de ser más garantizado que el derecho a la previsión, al igual que el derecho a la salud!
Señor Presidente, pienso que en la discusión particular deberemos procurar que el Ejecutivo reflexione en el sentido de que este beneficio debe concederse a todas las personas que cumplan los requisitos de edad y los demás que determine la ley y que voluntariamente se acojan al sistema.
Les digo lo siguiente, Honorables colegas: yo he visto en mi Región y en numerosas otras partes que mucha gente toma estos beneficios porque es lo único que puede lograr; y tiene la esperanza de sobrevivir algún tiempo con los 10 millones o la cifra que reciba. Pero estoy seguro de que la mayoría de esas personas deberán seguir trabajando hasta que se lo permitan sus fuerzas, porque es imposible vivir con una pensión de 150 mil a 200 mil pesos luego de haber recibido en actividad una remuneración de 500 mil a 600 mil pesos.
En tales condiciones no se puede jubilar. Obligar a hacerlo implica vulnerar un derecho esencial.
Por eso, pienso que hemos de buscar la manera -y es un deber del Parlamento y del Gobierno- de que todos los pensionados dañados previsionalmente por la reforma del año 1982 puedan rejubilarse de acuerdo a las normas del sistema antiguo, reintegrando sus imposiciones y haciendo las reliquidaciones necesarias.
Esa será la única forma de solucionar el problema. Si no (acuérdense de mí), seguiremos trayendo al Congreso proyecto tras proyecto; continuaremos peleando cada vez por un poco más, e incluso, impidiendo que se les rebajen los derechos a los trabajadores, por no haber resuelto el problema de fondo.
Voy a votar a favor en general, pero me jugaré por que ojalá el Gobierno rectifique en las cosas mínimas que le estamos pidiendo: que no haya cupos, que se le reconozca a toda la gente el derecho a hacer efectivo el beneficio que se otorga mediante la iniciativa en discusión. Ello no va a solucionar todas las dificultades de los trabajadores de la salud, pero por lo menos constituirá un paliativo.
Voto que sí.
--(Aplausos en tribunas).
El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, primero haré un comentario de carácter general.
Tal vez pueda resultar difícil, pero no porque las cosas se hayan venido haciendo de cierta forma durante años uno debe dejar de pensar que es posible cambiarlas.
Me parece que la negociación individual con cada uno de los gremios en los distintos sectores del ámbito público genera diferencias que pueden ser odiosas, y a veces, de difícil explicación y de más difícil aceptación.
Entonces, primero hay que ver si es factible pensar en criterios fijos, estables, para aplicarlos en las diversas situaciones que se enfrentan en distintos Ministerios a fin de generar el incentivo al retiro.
Después de ese comentario general, debo puntualizar que este proyecto -no me cabe duda de que se aprobará la idea de legislar; y voy a contribuir a ello- requiere modificaciones. Y, en esta línea, al menos hay que jugarse por introducir cambios que produzcan un grado más alto de justicia en materia de incentivo al retiro. Pero, por sobre todo, es necesario reflexionar primero acerca de por qué estamos discutiendo sobre este.
¿Por qué surge dicho incentivo? Porque se dice: "Quiero generar un estímulo para que funcionarios públicos den un paso al costado tras haber trabajado durante años recibiendo remuneraciones a veces no de las mejores y cotizando en las AFP por la renta imponible y no por la real" (esto último tiene más repercusión en los estamentos directivos, profesionales y administrativos que en los técnicos y auxiliares).
Al final del día, tratamos de "cuadrar el círculo", sin hacer verdadera justicia. Porque lo que hay detrás de esto sí que es notable: se llama "incentivo al retiro", pero no es solo para que en la carrera funcionaria puedan ascender quienes están en cargos inferiores, sino también para complementar una pensión magra.
Eso está detrás: una pensión insuficiente.
A ningún Ministro de Hacienda -ni al actual ni a los anteriores- le gusta hablar de "daño previsional".
¡Pónganle el nombre que quieran! Pero lo que estamos haciendo acá, en último término, es entregar una cantidad de dinero a funcionarios públicos porque la pensión es mala.
Esa es "la verdad de la milanesa". No hay otra.
Pónganle al incentivo al retiro el nombre que quieran. Podrían llamarlo "incentivo a la carrera funcionaria"; porque, como alguien va a aceptar lo que se le da, se retirará y vamos a estimular la carrera de quienes se queden trabajando.
Sin embargo, lo cierto es que existe un daño previsional.
Como bien dijo el Senador señor Zaldívar, detrás de esto se encuentra el hecho de que hubo funcionarios que se cambiaron a un sistema nuevo: el de las AFP.
--(Manifestaciones en tribunas).
No he terminado de hablar.
¡Fueron cambiados!
--(Manifestaciones en tribunas).
¡No existía alternativa, porque el Régimen de la época obligaba a cambiarse! Muy pocos pudieron quedarse en el sistema antiguo; y debieron soportar muchas presiones.
Ciertamente, hay que modificar lo relativo a los rezagados y al financiamiento. Pero en lo concerniente al diferencial, con una reflexión, hago un llamado a pensar.
Se dice: "Queremos igualdad para todos".
Pues bien, si el origen es el daño previsional, yo pregunto: proporcionalmente, ¿quiénes lo sufren con mayor fuerza? Los de rentas más altas, quienes cotizaron en función de la remuneración imponible y no de la real. Como bien expresó la Senadora Rincón, en el sector salud existe una cantidad de gratificaciones y de agregados que exceden la renta imponible; sobre esos dineros no se cotiza.
Por consiguiente, si el criterio es el de corregir el daño previsional, se debe buscar un mecanismo que nivele, no hacia abajo, sino hacia arriba.
Pero hay que hacerse cargo...
--(Aplausos en tribunas).
¡Por favor, no me interrumpan!
¿Saben lo que pasa? Que esto genera una división profunda también entre los trabajadores de la salud.
Entonces, procuremos no aportillarnos.
Se trata, pues, de tener un sistema que haga justicia, aunque tardíamente.
Está claro que el sistema de AFP no funcionó. Porque no es posible que todos los Gobiernos, del color que sea, estén cada dos años otorgando un incentivo al retiro, que no es otra cosa que expresar: "Mi amigo, lo voy a compensar".
A la gente que dice "Queremos igualdad para todos" le formulo una pregunta: ¿Qué igualdad hay para los trabajadores que no están en el sector público? ¿A cuál de ellos le van a dar 15 millones, 12 millones, 20 millones de pesos? ¡A ninguno!
Yo sé: "igualdad para todos".
Señor Presidente, va a concluir mi tiempo. Le pido algunos segundos adicionales.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Un minuto, señor Senador.
El señor LAGOS.-
Muchas gracias.
Señor Presidente, respecto de la "igualdad para todos", alguien (no sé si el Senador Ruiz-Esquide) habló de los bonos de 15 millones por término de conflicto en el sector minero.
¡Aquello equivale a lo que, conforme a este proyecto de ley, se van a llevar los funcionarios de los grados inferiores del sector salud!
En consecuencia, si vamos a hacer justicia, intentemos reconocer que existen diferencias. No se trata de igualar hacia abajo. Pero si se desea reparar el daño previsional, hay que hacerse cargo de que las remuneraciones, que fueron diferentes y cuyo total no se trasuntaba en las imposiciones, deben reflejarse en el incentivo al retiro.
Por último, tengamos conciencia de que cuanto estamos haciendo acá es para el sector público.
Millones de chilenos no tienen ni el ISP ni nada por el estilo: "AFP, mi amigo, si es que cuenta con plata para imponer. De lo contrario, se va a quedar sin nada y solo podrá recibir la pensión básica solidaria de la Presidenta Michelle Bachelet".
--(Aplausos en tribunas).
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, se nos ofreció una nueva forma de gobernar; se nos ofreció excelencia. Sin embargo, en una materia tan delicada y compleja como esta se nos ofrece el mismo mecanismo usado por Gobiernos anteriores.
Y este no es el primer proyecto de tal naturaleza. Espero, sí, que sea el último.
Porque, si existen hoy en el mundo síntomas de agotamiento del orden social o de las estructuras económicas por percibirse como injustos son, precisamente, los que aluden a este tipo de inventos.
Yo tenía 14 años cuando, en 1981, veía en la televisión a los "genios" que decían: "No seas quedado. Cámbiate al nuevo sistema".
Como bien señalaban algunas de las personas que nos acompañan hoy, para algunos trabajadores, especialmente del sector público, fue una obligación. No se le preguntó a nadie si quería cambiarse o no; si quería o no salir del sistema de las antiguas cajas de previsión. ¡Había que hacerlo!
Por supuesto, en el sector privado se dieron algunas facilidades, se posibilitó elegir.
En definitiva, la inmensa mayoría de los cotizantes terminó en lo que todos sabemos: un sistema absolutamente colapsado.
El Gobierno de la Presidenta Bachelet hizo una reforma para quienes no tenían cotizaciones previsionales, mas no para solucionar el problema a que estamos abocados ahora. Y, como decía recién el Senador Lagos, no fue la idea que una reforma con pilares solidarios terminara resolviendo la situación de personas que, según expresaba el Honorable señor Bianchi, impusieron durante 39 años para obtener una pensión de 114 mil pesos.
Alguien me preguntaba esta mañana: ¿Y qué es esto de ser de Izquierda?
Ser de Izquierda -por lo menos así lo concibo yo- es estar en contra de un sistema previsional tan injusto, tan desquiciado como el que se diseñó en Chile.
No olvidemos que las AFP, cuyas utilidades todos conocemos, prestan parte de los recursos que recaudan a los bancos, a una tasa de 6 por ciento. ¿Y qué hacen estos? Los prestan a las mismas personas que están en tribunas, a los 7 mil 800 funcionarios que se pensionarán en el nuevo sistema.
Eso es desquiciado. Es un síntoma del agotamiento, del hastío que el modelo impuesto provoca en Chile y el resto del mundo.
Recordemos que algunos "genios" de nuestro país quisieron exportar el "modelito" a otras naciones. Pero al menos en las que han querido copiarlo ha habido más garantías, porque se mantuvieron los sistemas estatales.
En Chile, algunos sectores políticos plantearon hace tres o cuatro años la creación de una AFP estatal, y pareció que el mundo se iba a acabar. El proyecto quedó archivado, y nunca más se volvió a hablar del asunto.
Por supuesto, señor Presidente, voy a votar a favor de la idea de legislar, en la perspectiva de que durante la discusión particular se puedan abordar los problemas pendientes.
Es cierto: se beneficia a varios miles de funcionarios, pertenecientes a los servicios de salud, a la Central de Abastecimientos, a las distintas Subsecretarías del Ministerio de Salud. También lo es que el incentivo en comento se ofreció hace algún tiempo para la atención primaria. Por tanto, uno puede decir: "Cómo no hacerlo asimismo con ese importante segmento de esforzados y abnegados servidores públicos".
A propósito, debo puntualizar que en las Regiones afectadas por el terremoto -las conozco bien- varios de esos trabajadores debieron laborar -algunos lo hacen todavía- en carpas y en hospitales modulares, en pésimas condiciones, con turnos extenuantes y con realidades como las descritas aquí por varios Senadores y en las que no quiero abundar.
En consecuencia, se trata de un daño previsional inconmensurable, que atenta contra uno de los derechos más importantes del ser humano.
Creo que eso nos debe hacer reflexionar. Porque, cuando a lo largo del mundo vemos a los "indignados" y cuando en Chile observamos que emerge una sociedad con nuevas demandas, se nos está diciendo: "Señores políticos, o ustedes se hacen cargo de esto, o los cambios van a venir igual". Así ha ocurrido en otras partes del orbe. Y nos van a pasar por el lado.
Esta normativa guarda directa relación con el problema de las AFP. Y lo digo a manera de autocrítica. Porque si nosotros, la Concertación, perdimos el Gobierno, en gran medida se debió a que no quisimos ver el problema, a que nos hicimos los lesos, a que barrimos para debajo de la alfombra. "No, si estamos bien. Mire lo bonito que lo hizo la Concertación 20 años atrás.". Pero no estamos pensando en los 20 años que vienen.
Y cabe recordar la deuda histórica con los profesores.
Son muchos los asuntos en que también tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Ofrecimos un proyecto socialdemócrata al país en 1989, pero terminamos administrando un modelo neoliberal.
Tiene razón el Senador señor Ruiz-Esquide al hacer presente que los primeros intentos por detener la situación fueron en 1990. Los Gobiernos de la Concertación encontraron en el suelo la infraestructura hospitalaria. Y no solo lo anterior, sino que también se presentaba la condición de miles de trabajadores. Los establecimientos tenían el puro letrero de hospital, pero no existían. Todo ello deparó grandes esfuerzos.
Y a propósito de la reforma tributaria de la cual se habla hoy, el Gobierno está reconociendo finalmente un miserable perfeccionamiento...
El señor ESCALONA (Presidente).-
Dispone de un minuto más, Su Señoría.
El señor QUINTANA.-
...para financiar una reforma educacional que nadie sabe a qué alude, que nadie sabe cuál es. Un cambio de verdad debiera permitirnos abordar de manera definitiva, de fondo, las dificultades que afectan y van a seguir afectando a muchos chilenos en el futuro, como la que presenta el sistema previsional.
Voto a favor, señor Presidente, sin garantizar mi voto en particular, en la perspectiva de que tiene que mediar un mejoramiento en la etapa siguiente.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ESCALONA (Presidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, percibo que el Gobierno se puso duro en la materia y ha sometido a lo que el Senador que habla podría considerar una especie de chantaje: "Tómenlo o déjenlo", quedando muy poco espacio para el diálogo.
Cuatro grandes inquietudes se han expuesto en el debate. La primera de ellas es que todas las agrupaciones recibidas por la Comisión han planteado el caso de los rezagados, que serían alrededor de mil 300 funcionarios, en circunstancias de que solo se contemplan 200 cupos para los efectos de la iniciativa.
Además, los asociados de la FENPRUSS -representantes de la entidad nos acompañan en las tribunas- no califican para ocuparlos, en razón de contar con rentas más altas que el promedio.
El segundo punto se refiere a aumentar la bonificación adicional de 395 a 527 unidades de fomento, para mantener, en esta forma, el beneficio otorgado por leyes anteriores de incentivo al retiro.
El tercero se vincula con la consideración de un mes adicional -lo ha planteado también la Senadora señora Rincón- de bonificación para las mujeres.
Y el cuarto dice relación con que no se exija postular dentro de un determinado año cuando se cumpla el requisito de edad, sino que sea posible hacerlo durante toda la vigencia de la ley, sin límites.
Si pudiéramos resolver estos topes en el transcurso del debate en particular, se podría concluir: "Avanzamos". Estamos votando la aprobación en general.
Confío en que el Gobierno, al que se le abre una extraordinaria posibilidad de dar una señal concreta de preocupación respecto de un sistema perverso -es, en el fondo, lo que estamos discutiendo- como el de las administradoras de fondos de pensiones, pueda manifestar consideración. Porque se despachan constantemente cuerpos legales para parchar la cuestión central, que es la imposibilidad de obtener pensiones justas. Es algo que aquí se ha planteado.
CENDA, en el estudio "Resultados para sus afiliados de las AFP y Compañías de Seguros Relacionadas con la Previsión, 1982-2008", disponible en su página web, se pregunta: "¿Es posible terminar de inmediato con el sistema de AFP y restablecer en Chile el sistema público de reparto, tal como acaba de hacer el Gobierno Argentino?". Estoy leyendo antecedentes casi de fines de 2010. Y se expone que "La factibilidad financiera de dicha medida: queda de manifiesto al comprobar que las cotizaciones y aportes anuales efectuados al sistema por los afiliados y el fisco, resultan más que suficientes para financiar el pago anual de todas las pensiones, tanto las públicas como las privadas, quedando un excedente sustancial; aparte de la totalidad del fondo de pensiones acumulado, que puede ser ahorrado para el futuro.".
Entonces, tenemos claramente una tarea pendiente. El sistema de las administradoras de fondos de pensiones tiene que ser reformulado en forma urgente.
Y a quienes amenazan incluso con recurrir al Tribunal Constitucional sosteniendo que el Estado no puede imponer una sola forma de ahorro previsional les hemos opuesto: "Entonces, que exista una AFP estatal". En salud funcionan FONASA y las isapres. En materia previsional, tómalo o déjalo: operan solo las administradoras. Para nadie es posible decidir. Y los campeones de la libertad y de la libertad de mercado expresan, una vez más: "Ahí están las AFP". No hay competencia. Repito: tómalo o déjalo. No hay dónde elegir.
Por cierto, es una discusión que viene. Porque el problema que afecta a quienes nos acompañan en las tribunas, esforzados funcionarios profesionales y técnicos que se han desempeñado durante 30 a 40 años, y que se resuelve ahora con un proyecto de ley de parche, lo van a tener todos los que vienen detrás. La realidad que viven se repetirá en sus compañeros que hoy día ingresan al sistema, porque este no va a lograr resolver la situación de fondo de todos los trabajadores. Por lo tanto, se plantea -repito- una solución de parche, la cual, además, no contempla ni satisface todas las peticiones, de modo que quedará una deuda para el Gobierno actual o para el próximo.
O la Derecha enfrenta la cuestión hoy día, o lo hará la Oposición. Pero alguien tendrá que hacerlo, porque el sistema no resiste más: es inmoral y claramente atentatorio. Las administradoras de fondos de pensiones siguen ganando dinero, aun cuando se registren pérdidas y no aumente la ganancia para los afiliados.
En consecuencia, señor Presidente, espero que el Gobierno dé espacio para poder discutir en particular los cuatro puntos de tope que he mencionado, y que no nos basemos, por cierto, en la pugna que pueda registrarse entre las asociaciones de la Salud, sino que intentemos resolver el problema de todos.
Es preciso apresurar el debate. Hay gente que está muriendo. Hay gente que está perdiendo toda posibilidad de jubilar. Procedamos en forma rápida. Pero la voluntad para este efecto solo radica en el Ejecutivo: los parlamentarios no tenemos iniciativa en la materia.
Confío en que Ministros de gran capacidad como el señor Longueira, quien nos acompaña, puedan comprender que la cuestión le va a provocar un grave daño al Gobierno y que se cuenta, en definitiva, con los recursos para resolverla, porque se está pidiendo muy poco: migajas. Y este último tiene los recursos para resolver el problema en el caso de todos los funcionarios de la Salud.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
¡Nueva Constitución, ahora!
--(Aplausos en tribunas).
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.
--Por 33 votos a favor y un pareo, se aprueba en general el proyecto, fijándose plazo hasta el lunes 4 de junio, a las 12, para la presentación de indicaciones.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
No votó, por estar pareado, el señor Coloma.
FOMENTO DE PESCA ARTESANAL, CREACIÓN DE COMISIÓN
NACIONAL DE ACUICULTURA Y MEJORA DE CONSEJOS ZONALES
DE PESCA. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor ESCALONA (Presidente).-
Conforme a lo acordado por la Sala, corresponde ocuparse en el informe de la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y el modo de superar las discrepancias registradas entre el Senado y la Cámara de Diputados en la tramitación del proyecto de ley sobre fomento de la pesca artesanal, Comisión Nacional de Acuicultura y Consejos Zonales de Pesca, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7947-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 56ª, en 27 de septiembre de 2011.
En tercer trámite, sesión 16ª, en 9 de mayo de 2012.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 16ª, en 9 de mayo de 2012.
Informes de Comisión:
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura: sesión 59ª, en 4 de octubre de 2011.
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura (segundo): sesión 5ª, en 21 de marzo de 2012.
Hacienda: sesión 5ª, en 21 de marzo de 2012.
Certificado de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura: sesión 16ª, en 9 de mayo de 2012.
Mixta: sesión 18ª, en 16 de mayo de 2012.
Discusión:
Sesiones 70ª, en 22 de noviembre de 2011 (se aprueba en general); 8ª, en 10 de abril de 2012 (se aprueba en particular); 16ª, en 9 de mayo de 2012 (pasa a Comisión Mixta).
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La Comisión Mixta deja constancia de que los números 1), 7), 10), 11), 12) y 13) del artículo 1° del proyecto y el Artículo 2° transitorio, sobre los cuales se originó una divergencia entre ambas Cámaras, tienen el carácter de ley orgánica constitucional. En consecuencia, requieren 22 votos para su aprobación.
Por la unanimidad de sus miembros presentes, acordó proponer que se aprueben el texto despachado por el Senado en el primer trámite constitucional, para cada una de las disposiciones materia de la controversia, más las enmiendas acordadas a instancias del Presidente de la República relativas al artículo 90 B, que incorpora el número 7) del artículo 1° del proyecto, con las debidas adecuaciones de redacción.
Concurrieron al acuerdo los Senadores señores Bianchi, García-Huidobro y Horvath, y los Diputados señora Muñoz y señores Ascencio, Melero, Recondo y Rivas.
El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).-
Señor Presidente, la Comisión Mixta aprobó el informe rápidamente, en forma unánime, dado que se reitera lo que se despachó, también por unanimidad, en el trámite en el Senado, con dos modificaciones que quiero recordar.
La primera de ellas nació aquí, en la discusión en la Sala, al solicitar el Honorable señor Navarro que a la Comisión Nacional de Acuicultura se incorporara un representante de los trabajadores de los centros de cultivo. La letra i) del artículo 90 B contempla dos representantes del sector laboral, de acuerdo con el compromiso adquirido por el Ejecutivo. Lo concretamos en el trámite en la Cámara.
Y en esta última instancia también se planteó, por el Diputado señor Vallespín y otros parlamentarios, de todos los partidos, aumentar de uno a tres los representantes de las asociaciones de prestadores de servicios de la acuicultura. Pero, dado que en la otra rama del Congreso se registró una confusión en las votaciones y "se cayó" la Comisión Nacional de Acuicultura, ocurrió otro tanto con la indicación respectiva, repuesta en la Comisión Mixta.
En consecuencia, lo que se somete a votación ahora son las normas aprobadas por consenso en el Senado en el primer trámite y las dos modificaciones que mencioné, correspondientes a compromisos adquiridos durante el estudio del proyecto.
Por eso, la Comisión, en forma unánime, restituyó en el día de hoy la Comisión Nacional de Acuicultura, así como también los Consejos Zonales que "se habían caído" en los trámites anteriores, ya que, de lo contrario, varias Regiones habrían quedado sin ellos. Recuerdo a los señores Senadores que existen cinco de esos organismos y que contaremos con tres nuevos, lo que nos permitirá avanzar en una mirada más regional de la pesca.
Eso es cuanto puedo informar.
El señor Presidente de la Comisión puede complementar lo que se ha dado a conocer.
Gracias.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.
El señor WALKER (don Patricio).-
Conforme.
El señor CANTERO.-
De acuerdo.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tendrá lugar un solo pronunciamiento, que incluirá las normas de quórum especial.
Acordado.
El señor ORPIS.-
¿Están sonando los timbres, señor Presidente?
El señor ESCALONA (Presidente).-
Así es, Su Señoría.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, la Comisión Mixta se constituyó para resolver las discrepancias entre ambas ramas del Congreso en relación con el proyecto que regula y mejora el fomento de la pesca artesanal, crea la Comisión Nacional de Acuicultura y define en mejor forma los Consejos Zonales de Pesca, acercando más las decisiones respecto a la protección y valoración de los recursos de las distintas Regiones.
La Comisión Nacional de Acuicultura y los elementos aludidos, aprobados por el Senado, no reunieron el quórum suficiente en la Cámara de Diputados. Por tal razón, esa materia, habiendo mediado una decisión unánime de la Comisión Mixta, tuvo que volver a ser conocida por una y otra Corporación.
Tal como lo expresó el señor Ministro, en esta Sala se contrajo el compromiso de incorporar a un representante del sector de los trabajadores de la acuicultura, y en la Cámara de Diputados se determinó un total de tres, con el respaldo del Ejecutivo, ya que, en definitiva, son propuestos al Presidente de la República, quien los nombra para integrar la Comisión.
Por todos es conocido que la acuicultura dice relación con un muy poderoso desarrollo económico y social en las distintas Regiones. Además, un cuerpo legal establece su armonización con los pescadores artesanales, con el turismo, con las áreas de conservación, a través de la zonificación del borde costero, que es un instrumento de planificación participativo y que, finalmente, regula las compatibilidades e incompatibilidades para lograr un desarrollo armónico y no caer en riesgo de colisión con actividades diferentes.
Y, por otro lado, la nueva Ley de Acuicultura permite generar los espacios para evitar contaminaciones sanitarias, densidades, a fin de generar condiciones de sustentación en el tiempo.
En la Cámara de Diputados se registró una divergencia fundamentalmente por la división de los Consejos Zonales de Pesca desde la Quinta a la Octava Regiones. Ahora se generó un espacio distinto, de la Quinta a la Séptima, quedando la Octava separada.
Ello permite, en el nivel regional, tomar las decisiones en mejor forma para salvaguardar los recursos y que los actores puedan desarrollar una labor sustentable en el tiempo.
Habiéndose registrado unanimidad en la Comisión Mixta, le proponemos a la Sala aprobar el informe, en consideración a que la urgencia ha sido calificada de "discusión inmediata".
Eso es lo que puedo exponer.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Puede intervenir el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, seré muy breve.
Solo deseo expresar mi apoyo a la proposición que nos ocupa y, muy en particular, agradecer al señor Ministro de Economía por la iniciativa de crear el Consejo Zonal de Pesca para las Regiones de La Araucanía y de Los Ríos. Estas son muy parecidas tanto respecto de la cantidad de pesca -en ella los artesanales registran una gran participación- como de los recursos.
Por lo tanto, estoy seguro de que el nuevo organismo permitirá tomar mejores decisiones, sobre todo para proteger los recursos pesqueros y, además, incrementar la participación de los representantes de pescadores artesanales y de acuicultores.
Voto que sí.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, aprovechando la presencia del Ministro señor Longueira, quien conoce bien la actividad parlamentaria -siempre es necesario que los Secretarios de Estado concurran al estudio de iniciativas legales importantes-, deseo consignar que el proyecto me provoca dudas, por cuanto un sector significativo de la pesca artesanal de la Región que represento no se limita únicamente a esta, sino que también se traslada a otras, y el establecimiento de un Consejo Zonal de Pesca solo respecto de la Octava Región plantea la interrogante acerca de una eventual restricción de la actividad.
¿Qué es lo que está faltando para echar abajo mitos, desconfianzas? Un debate más amplio sobre la Ley de Pesca, sobre el término de la llamada "ley corta".
Y las señales que tenemos es que no habrá ley; que no habrá espacio para discutir la evaluación de una normativa que estableció el límite máximo de captura, que asignó cuotas históricas y que no ha logrado el objetivo de detener el deterioro de los recursos, sino que, por el contrario, ha aumentado el colapso, el número de pescadores artesanales y la cantidad de trabajadores de la industria despedidos. En realidad, la "ley larga" ya no lo es, porque le quedan pocos meses, y todo indica que no contaremos con un cuerpo legal -repito- y que se buscará la prórroga.
Entonces, nos encontramos en la política del salame: estamos haciendo la normativa a pedacitos. Y estimo que ese no es el debate que se necesita. Uno de un carácter mucho más profundo es el que dice relación con el establecimiento administrativo de los zonales. Es preciso que estos tengan un sentido.
Mientras se mantenga el Consejo Nacional de Pesca, organismo integrado esencialmente por el sector industrial, que se autoasigna las cuotas y ha destruido el recurso, estimo que esta es una discusión que contribuye a aliviar o a fortalecer parte del sistema institucional.
Estoy por un Ministerio de la Pesca. El Presidente Salvador Allende envió al Congreso, en 1972, un proyecto de ley sobre el Ministerio del Mar que estuvo en trámite en la Cámara de Diputados. Necesitamos un Ministerio de la Pesca, no una Subsecretaría, sujeta a las más amplias presiones.
Como dijo el Diputado Alinco cuando entró el Subsecretario: "Perdone, no lo había reconocido, ya que anda con el maletín"...
Si seguimos repartiendo pescado -y como estos no votan, nadie los defiende-, si seguimos parchando la Ley de Pesca, vamos a terminar en un adefesio.
Por mi parte, le voté a favor el proyecto al Ministro la última vez. Teníamos la certeza de que en algún minuto nos sentaríamos a discutir la "ley grande", de la institucionalidad pesquera, para resolver los problemas de investigación, de ordenamiento institucional, y para cerrar los registros y generar condiciones de protección y recuperación de los recursos. Pero todo indica que nada de eso va a ocurrir.
Estamos a mayo. La ley vence este año. Y siento que, con el parche y, particularmente, con la discusión sesgada, no avanzamos.
Yo quiero un mayor ordenamiento para los Consejos Zonales. Pero el tema debe discutirse con el sector artesanal, específicamente respecto de cuál será el ámbito en que este desarrollará su actividad extractiva.
Lo más probable es que esta iniciativa se apruebe. Yo me voy a abstener. Mi posición obedece no solo a las dudas manifestadas, sino fundamentalmente a la percepción de que el contenido de este proyecto no contribuye al fortalecimiento del sector pesquero, sea artesanal o industrial. Por el contrario, genera más confusión, más enfrentamiento entre los propios pescadores artesanales. Cada vez que discutimos sobre la Ley de Pesca, ese gremio se divide. Y esta no ha sido la excepción: la CONAPACH se ha vuelto a dividir.
Si no existe claridad respecto de una legislación que aborde a fondo la institucionalidad pesquera; si no se recoge la idea de crear un ministerio que regule la actividad de la pesca, o un instituto de investigación que establezca lo que Chile requiere para cuidar los recursos, los elementos que nos ocupan resultan parciales.
Señor Presidente, como ya señalé, me abstengo en esta votación, pues claramente la creación de más Consejos Zonales no resuelve la situación. El problema de la pesca en nuestro país no es administrativo (cómo se organiza el sector en las Regiones), sino de protección y de asignación de los recursos.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (25 votos a favor y una abstención), dejándose constancia de que se cumplió el quórum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo el señor Navarro.
REFORMA DE CARTA EN MATERIA DE DERECHOS A PROTECCIÓN DE SALUD Y A SEGURIDAD SOCIAL
El señor ESCALONA (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Girardi, Rossi y Ruiz-Esquide, relativo a los derechos a la protección de la salud y la seguridad social, con informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7960-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (moción de los Senadores señores Girardi, Rossi y Ruiz-Esquide):
En primer trámite, sesión 57ª, en 28 de septiembre de 2011.
Informe de Comisión:
Salud: sesión 63ª, en 18 de octubre de 2011.
Discusión:
Sesión 95ª, en 7 de marzo de 2012 (queda para segunda discusión).
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La primera discusión acerca de la iniciativa tuvo lugar en sesión del día miércoles 7 de marzo.
Cabe señalar que el proyecto requiere, para su aprobación, el pronunciamiento favorable de las dos terceras partes de los Senadores en ejercicio, esto es, 25 votos afirmativos.
El señor PROKURICA.-
Que se ponga en votación.
La señora RINCÓN.-
No hay quórum.
El señor ESCALONA (Presidente).- En la segunda discusión, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El señor PROKURICA.-
Que se vote.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, dado que esta iniciativa es de gran importancia y ha sido ampliamente debatida, en nombre de mi Comité, solicito segunda discusión, a fin de realizar la votación con la presencia de la totalidad de los Senadores.
El señor LARRAÍN.-
Ya se pidió segunda discusión.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Senador señor Navarro, reglamentariamente solo queda pedir aplazamiento de la votación.
El señor NAVARRO.- Entonces, en nombre del Comité MAS, así lo solicito.
El señor ESCALONA (Presidente).-
De acuerdo.
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, ¿cuál es el proyecto que está en análisis?
La señora RINCÓN.-
La reforma constitucional sobre derecho a la protección de la salud y la seguridad social.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Muchas gracias, señora Senadora.
Si no están los votos en este momento para aprobar la iniciativa, de acuerdo a lo solicitado por el Senador Navarro, ¿esto pasa a segunda discusión o hay otra fórmula para que aquella no se pierda?
El señor ESCALONA (Presidente).-
El Senador señor Navarro pidió el aplazamiento de la votación.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Muy bien. Entonces queda para la próxima sesión ordinaria.
El señor PROKURICA.-
Y en el primer lugar de esa tabla.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Cerrado el debate.
--Queda aplazada la votación del proyecto.
TRASPASO A FONDO NACIONAL DE SALUD DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS
El señor ESCALONA (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que traspasa al Fondo Nacional de Salud la tramitación de las licencias médicas que indica, con informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7899-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 63ª, en 18 de octubre de 2011.
Informe de Comisión:
Salud: sesión 76ª, en 29 de noviembre de 2011.
Discusión:
Sesión 95ª, en 7 de marzo de 2012 (queda para segunda discusión).
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La primera discusión acerca de la iniciativa se realizó en sesión del día miércoles 7 de marzo.
Cabe recordar que la Comisión de Salud discutió el proyecto solo en general y que, al votar la idea de legislar, se produjo un doble empate, por lo que se efectuó la votación por tercera vez en la sesión siguiente. En esa oportunidad se obtuvo el mismo resultado, razón por la cual se dio por desechada en general la iniciativa.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Pido la palabra.
El señor ESCALONA (Presidente).- En la segunda discusión, tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, por lo que escuché de la relación, si prima el criterio de la Comisión y se rechaza la idea de legislar, el proyecto quedaría fuera de toda discusión de aquí a un año.
Pido a la Sala, por su intermedio, que retomemos el punto y busquemos una fórmula para que esta materia se siga tratando. Este es un asunto no menor. Aborda una situación extremadamente grave: el famoso tema de las licencias médicas, respecto de lo cual nunca hemos puesto el énfasis en los aspectos que realmente producen las distorsiones. De ahí, mi solicitud.
He conversado con la Senadora señora Rincón, quien considera que la iniciativa también debe pasar a la Comisión de Trabajo. Yo no tengo absolutamente ningún problema en ello. No obstante, espero que después se nos convoque para revisar un punto.
Entre la Comisión de Trabajo y la de Salud no hay ningún inconveniente. Por el contrario. Pero es bueno que de una vez por todas definamos qué analizará cada órgano técnico. Porque siempre que llega un proyecto a la de Salud también se va a la de Trabajo. ¡Para qué estamos haciendo caminos dobles!
Ahora pido que busquemos el mecanismo para permitir que se siga discutiendo este tema.
Si se quiere que la iniciativa vaya también a la Comisión de Trabajo, como lo pedirá la Senadora señora Rincón, encantado. Pero de ahí en adelante fijemos cierto ordenamiento de estas materias, porque es absurdo que operemos así. O hacemos Comisiones unidas o planteamos otra fórmula. Si no, estaremos trabajando el doble, "al de por ver", como dicen en el norte.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, conversé el asunto con miembros de mi bancada. Independiente del número de Senadores que hubiera a esta hora en la Sala, iba a pedir que el proyecto pasara a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Coincido con mi colega Ruiz-Esquide en el sentido de que esta materia debe ser vistas por ambas Comisiones. Y no debe ser motivo de discusión. Quizás se podría adoptar como criterio -me gustaría que los Comités revisaran el punto- el que siempre fueran a Comisiones unidas los asuntos relacionados con seguridad social y salud -en este caso eso es claro-, a fin de evitar el doble trabajo e integrar los aspectos médicos con los de seguridad social.
Hace ya bastante tiempo -esto lo conversamos incluso con la ex Senadora Matthei- formulamos un planteamiento al Ministro de Salud con relación al tema que aborda el proyecto. Sin adelantar posiciones, no puede ser que finalmente el asegurador -en este caso, FONASA- se transforme en juez y parte de un ámbito que afecta a los trabajadores. Es un criterio que está instalado en el sistema del administrador privado y que ahora vamos a replicar como modelo en el administrador público. Ello tiene implicancias cuando hay, además, invalidez permanente.
Por eso, creo que debemos enfocar el tema desde una mirada absolutamente distinta de la que se le ha dado durante años.
La institución que posee la última palabra en la materia es la Superintendencia de Seguridad Social, que se encuentra bajo la dependencia del Ministerio del Trabajo.
Por lo tanto, señor Presidente, pido que la iniciativa pase a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sin perjuicio de ser analizada también por la de Salud.
El señor ESCALONA (Presidente).-
La Senadora señora Rincón ha solicitado que el proyecto vaya a la Comisión de Trabajo, por los aspectos de seguridad social involucrados.
El señor PIZARRO.-
Estamos de acuerdo.
El señor NOVOA.-
Pero después de que se vote en general.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Entonces, no hay acuerdo.
Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, yo no puedo comprometer la aprobación de la iniciativa, menos después de escuchar a mi colega de la Comisión de Salud, quien señaló tener aprensiones sobre el asunto.
Tal como está redactado el texto propuesto, me parece que hay que rechazarlo. Si no logramos un consenso con los Ministerios del Trabajo y de Salud antes de votar la idea de legislar en la Sala, se nos obliga a adoptar una posición absolutamente absurda.
Por eso pedimos que el proyecto vaya ahora a la Comisión de Trabajo. Me gustaría que el resto de los colegas presentes entendiera la situación y acogiera mi solicitud.
El señor ESCALONA (Presidente).- Señora Senadora, creo que no es un problema de entendimiento, sino de desacuerdo, que es diferente.
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, el proyecto establece el traspaso de la tramitación de las licencias médicas al Fondo Nacional de Salud.
Si bien lo que referiré no se encuentra dentro de las ideas matrices del proyecto, igual quiero advertirlo a los señores Senadores: hace una semana la Corte de Apelaciones de Concepción ratificó una sentencia favorable al reclamo de los usuarios en el sentido de que la denegación de una licencia médica debe estar fundada por la COMPIN, aspecto que no se halla recogido en la legislación.
A mi juicio, dicho fallo pone de manifiesto la clara necesidad de incluir en el proyecto una disposición que señale que el organismo que emite el rechazo de una licencia médica debe fundamentar sus razones. Es el mínimo derecho a la información al cual puede aspirar un trabajador cuya licencia médica fue denegada.
Entiendo que la petición para que el proyecto vaya a la Comisión de Trabajo no solo se formula por los aspectos que necesariamente tiene que considerar, sino por la existencia de otros elementos muy importantes, como el que acabo de describir.
En lo relativo a las licencias médicas, se hace un alarde extraordinario. Las isapres realizan campañas para presionar a los médicos. Por un pequeño grupo de abusadores, pagan justos por pecadores. Siempre se arma un gran escándalo por el tema de las licencias falsas. Sin embargo, poco se dice de las licencias denegadas. En el caso de las isapres, se actúa como juez y parte. Y en el caso del FONASA y las COMPIN, ¡para qué hablar! Claramente hay un atropello a los derechos de los trabajadores.
Creo que hay fundamentos de sobra para acceder a lo que pido.
En una iniciativa de ley tan importante como esta no puede haber disenso, sino consenso, dado que hay coincidencia en los temas de fondo. El sistema debe ser reformado. Y todo tiene que apuntar a una mayor transparencia para ambos lados: para las instituciones y para los usuarios.
Por ello, señor Presidente, solicito que se recabe nuevamente la unanimidad de la Sala a fin de aprobar la petición de la Senadora Rincón.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, estamos ante un proyecto de la mayor importancia. Y no creo, como bien señaló el Senador Navarro, que haya dos opiniones sobre la necesidad de mejorar en distintos aspectos lo relativo a las licencias médicas.
Si existe acuerdo en lo de fondo, lo que corresponde discutir son las normas en particular. Entonces, por qué no aprobamos en general la iniciativa y, en el trámite siguiente, podemos acordar que sea vista por las Comisiones de Salud y de Trabajo, unidas o por separado, como se estime más adecuado.
¡Pero no podemos seguir difiriendo un problema tan complejo como el de las licencias médicas! El Estado está perdiendo millones de dólares por la falta de regulación.
El proyecto apunta en la dirección correcta. Yo no soy experto en el tema y tampoco estoy interviniendo acerca del fondo del asunto. Solo trato de convencer a los colegas sobre la conveniencia de resolver el asunto para que avancemos.
Me preocupa la sensación que debe tener la opinión pública de que no solucionamos las dificultades. Por uno u otro motivo, por razones de interés o por lo que fuera, al final no legislamos. Debemos resolver las cosas, y esta es la oportunidad de hacerlo.
En consecuencia, pido que la iniciativa se vote ahora, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, al parecer hemos entrado en el debate de fondo.
En esta materia yo también quiero ser extremadamente claro.
La Comisión de Salud rechazó este proyecto en general. Y el Ministro del ramo -y no estoy haciendo un uso inadecuado de su opinión-, después de acogerse otra iniciativa sobre licencias médicas, no estuvo de acuerdo en que no lo aprobáramos.
Excúsenme los Senadores de Gobierno, pero una de las grandes críticas que hemos hecho desde hace 30 años a las isapres en materia de licencias médicas es que son juez y parte. Y, al traspasar de la COMPIN al FONASA la tramitación de estas, ¡se mantiene dicha irregularidad!
Esa fue la razón, señor Presidente, por la cual se rechazó la idea de legislar.
Ahora pido que no sigamos discutiendo el proyecto y que lo enviemos a las Comisiones unidas ya mencionadas para una segunda revisión.
Sin embargo, veo que no hay mayor interés en eso. Y no es conveniente mandar la iniciativa a la Comisión de Trabajo primero y después, nuevamente, a la de Salud.
Si la intención es votarla ahora, muy bien, hagámoslo. Pero en ese caso, anuncio mi pronunciamiento en contra.
Gracias, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro, último inscrito para intervenir.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, ya que no hay posibilidad de solución, pedimos que se vote el proyecto. Nosotros, como dijo el Senador Ruiz-Esquide, rechazaremos la idea de legislar.
El señor NOVOA.- Solicitamos aplazamiento de la votación.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Entonces, queda cerrado el debate y se aplaza la votación, tal como lo ha pedido el Comité UDI.
--Queda aplazada la votación del proyecto.
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminado el Orden del Día.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)-----------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
Al señor Ministro de Defensa Nacional, pidiéndole información sobre MODALIDAD PARA PROVISIÓN A ARMADA DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS.
Del señor ESCALONA:
A la señora Ministra de Bienes Nacionales, a fin de solicitar ACELERACIÓN DE TRASPASO DE TERRENOS A COMUNIDAD INDÍGENA QUILIPULLI, COMUNA DE CHONCHI (Región de Los Lagos).
Del señor FREI (don Eduardo):
Al señor Subsecretario del Trabajo, para que considere RECONTRATACIÓN DE PERSONAS DESPEDIDAS A RAÍZ DE SU DEMANDA LABORAL CONTRA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Y SERVICIO DE SALUD DE VALDIVIA.
Del señor WALKER (don Ignacio):
Al señor Subsecretario de Desarrollo Regional, a fin de que informe sobre NOMBRE, MONTO Y COMUNA DE PROYECTOS PMU EN REGIÓN DE VALPARAÍSO DURANTE 2011 Y 2012.
)----------(
El señor ESCALONA (Presidente).-
En Incidentes, el Comité Demócrata Cristiano no hará uso de su tiempo.
Los Comités Partido Por la Democracia y Partido Radical Social Demócrata tampoco intervendrán, pero han cedido sus minutos al Senador señor Navarro.
En el turno del Comité Unión Demócrata Independiente, ofrezco la palabra.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Antes de darle la palabra, señor Senador, solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Muñoz Aburto asuma como Presidente accidental.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Muñoz Aburto, en calidad de Presidente accidental.
El señor MUÑOZ ABURTO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.
ENTREGA GRATUITA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMIENTO DE CÁNCER DE MAMA. OFICIO
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, quiero traer a la memoria del Senado un proyecto de acuerdo que presenté aproximadamente hace dos años, junto al fallecido Diputado doctor Juan Lobos, mediante el cual solicitamos al Gobierno la entrega del medicamento Herceptín a las mujeres que padecen cáncer de mama.
Deseo valorar la decisión que tomó el Ministro de Salud y el Gobierno del Presidente Piñera de otorgar gratuitamente dicho medicamento a quienes se encuentran sufriendo ese mal.
Muchas mujeres esperaban ansiosas tal decisión. Inclusive, se había interpuesto un recurso de protección ante la necesidad de recibir este medicamento, que es fundamental para mantener la vida sin dolor de quienes padecen esa enfermedad.
Precisamente por ello, valoro la decisión adoptada por el Gobierno. Ya la dio a conocer hoy día el Ministro de Salud y aprovecho la tribuna del Senado para destacarla.
Cabe reconocer el enorme trabajo que realizó el Diputado Juan Lobos (Q.E.P.D.), en su calidad de médico y Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, en beneficio de la gente de su Región y del país.
Repito: valoro el anuncio del Gobierno. Sin duda, constituye un avance muy grande para apoyar a tantas mujeres que sufren esa patología y que no tienen los recursos económicos para adquirir el medicamento referido.
Señor Presidente, pido oficiar al señor Ministro de Salud expresándole mis felicitaciones y agradecimiento por la decisión adoptada.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor MUÑOZ ABURTO (Presidente accidental).-
En el turno del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
CALIDAD DE AGUA POTABLE EN ATACAMA. OFICIO
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, con fecha 30 de abril, la Autoridad Sanitaria de Atacama me remitió la información que solicité, a través del Senado, relativa al estudio de calidad del agua potable en la Región.
Conforme a dicho estudio, desde 2011 hasta hoy se han registrado incumplimientos en el parámetro ARSÉNICO en el agua potable distribuida en la red de la comuna Diego de Almagro y de la localidad de El Salado, de la comuna de Chañaral.
La empresa sanitaria de la Región Aguas Chañar tiene la obligación legal de entregar y garantizar un servicio de calidad, como lo prescriben los artículos 34 y 35 de la Ley General de Servicios Sanitarios. Por su parte, la NORMA CHILENA de calidad del agua potable señala que esta debe cumplir con los requisitos microbiológicos, de turbiedad, químicos, radioactivos, organolépticos y de desinfección, que aseguran su inocuidad y aptitud para el consumo humano.
En las normas de calidad se establecen los criterios sobre elementos o sustancias químicas de importancia para la salud, entre ellos, que el límite máximo de arsénico en el agua no debe ser superior a 0,01 miligramos por litro.
La medición registrada por la Autoridad Sanitaria el pasado 22 de febrero y certificada por el Instituto de Salud Pública, es de 0,065 miligramos de arsénico por litro, o sea, seis veces más de lo permitido.
La misma norma fija los parámetros críticos, entendiendo por tales aquellos que, en ausencia o falla del sistema de tratamiento, superen el límite máximo especificado. De acuerdo con ello, cuando se analicen más de 10 muestras, se acepta que hasta 10 por ciento de estas excedan el límite. Entre el 4 de mayo y el 29 de diciembre de 2011, se tomaron en Diego de Almagro 294 muestras, de las cuales 269 excedieron el límite legal; esto es, hay 91,4 por ciento de incumplimiento, muy por sobre el 10 por ciento de tolerancia permitido.
Más del 70 por ciento del agua de la que se abastece la comuna es tratada en una planta de osmosis inversa que construyó Aguas Chañar y que sirvió de justificación -¡lógico!- para aumentar las tarifas que cobra. Las muestras recogidas dan cuenta de que esta planta funciona de manera defectuosa y producto de ello la Autoridad Sanitaria inició el correspondiente sumario sanitario.
Sin embargo, a pesar de hallarse acreditado el incumplimiento de Aguas Chañar, la empresa les sigue efectuando cobros a los usuarios de Diego de Almagro y de El Salado por concepto de tratamiento de agua potable, servicio que no presta o que entrega en forma deficitaria.
Por lo expuesto, me permito solicitar que se oficie a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para que, en uso de las facultades que le otorga la ley, ordene la suspensión de todos los cobros que por concepto de producción y tratamiento de agua potable esté realizando Aguas Chañar en la comuna Diego de Almagro y en la localidad de El Salado. Y, además, que se ordene a la empresa reintegrar a los usuarios las sumas pagadas por tales servicios, pues se encuentra acreditado que el agua que se les entrega no cumple con los estándares de calidad exigidos por la ley.
De otro lado, quiero informar que esta semana, junto con el concejal señor Mario Araya, de Diego de Almagro, hemos pedido al Ministro de Salud que se practiquen exámenes de sangre y de orina a los habitantes de las localidades mencionadas, con el propósito de detectar la presencia de arsénico, que es una sustancia contaminante que se va depositando y acumulando en el organismo, y determinar, en definitiva, si tal anomalía está produciendo efectos negativos en la salud de las personas.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
El señor MUÑOZ ABURTO (Presidente accidental).-
En los turnos de los Comités Partido Por la Democracia, Radical Social Demócrata y Socialista, que le han cedido su tiempo, más el del Movimiento Amplio Social, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
DEFICIENCIAS EN LABORATORIO DE LICEO VIRGINIO ARIAS, DE COMUNA DE RÁNQUIL. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, pido oficiar al Ministerio de Educación, a la Ilustre Municipalidad de Ránquil y a la Intendencia de la Octava Región, respecto al problema que enfrenta el Liceo Virginio Arias, de la localidad de Ñipas.
El laboratorio de práctica de dicho establecimiento educacional (humanista y técnico) se halla mínimamente equipado, lo que es, desde todo punto de vista, una clara demostración del estado de la educación.
Desde hace cuatro años que los estudiantes están en esa condición educacional indigna. El laboratorio cuenta con un total de 70 metros cuadrados y carece de las garantías de seguridad mínimas para los alumnos. Por ejemplo, según se me ha informado, no tiene puertas alternativas de evacuación ni sistema de ventilación adecuada; la luz trifásica, a la fecha, impide que los estudiantes utilicen los paneles hidráulicos, cuyo costo, hace un año, fue de 18 millones de pesos. ¡Y para qué hablar de herramientas, como taladros manuales, taladro de pedestal, máquina soldadora, equipos de etileno, torno, fresadoras! Sencillamente, no hay.
Los apoderados me han confesado la existencia de aportes económicos de parte del Alcalde de Ránquil, señor Carlos Garrido, para mejorar el espacio laboral, pero poco o nada de ello se ha visto reflejado, cuestión que es grave si consideramos que las oportunidades de trabajo se han visto mermadas por los incendios forestales que han afectado a la Región del Biobío y al secano costero.
Es imprescindible una respuesta acerca de la situación del laboratorio, que debería estar totalmente operativo. No se especifica en qué se han gastado los recursos destinados a él y -reitero- se deben tomar medidas.
Pido a los señores Alcalde de Ránquil y Ministro de Educación y a la Intendencia Regional toda la información indispensable, a fin de resolver el problema que hoy día afecta a los alumnos del Liceo Virginio Arias, de Ñipas.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, de acuerdo al Reglamento.
COMENTARIOS SOBRE PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN Y DICTACIÓN DE DECRETO SUPREMO N° 49. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, esperamos que el discurso del Presidente de la República, del 21 de mayo próximo, informe acerca de la reconstrucción.
Ya se van a cumplir tres años desde el terremoto -¡tres inviernos!- y las casas de los damnificados de Talcahuano y Chiguayante están recién en construcción primaria.
Algunos proyectos de reconstrucción ya están terminados y otros en avanzada preparación, por no tener adjudicación ni reserva de recursos. Se estima que al menos 14 proyectos CNT (Construcción en Nuevos Terrenos) identificados, que suman alrededor de 2.800 familias, se encuentran en preparación pero quedan en el aire.
Se ha planteado que tales proyectos deben ser reconvertidos al nuevo decreto supremo para familias vulnerables, el DS N° 49. Sin embargo, esto no tiene ninguna posibilidad real de efectuarse.
Por otra parte, muchas familias que en el mes de diciembre postularon al subsidio AVC (Adquisición de Vivienda Construida) de damnificados, aún no lo reciben.
Si sumamos a aquellas las que sí tienen subsidio otorgado pero en comunas donde ya no quedan viviendas usadas para adquirir (AVC otorgados sin viviendas para adquirir), estamos enfrentados a un grave problema.
Gran cantidad de familias vinculadas a proyectos en sitio propio no pueden resolver su situación en el terreno en que originalmente postularon o pretendieron hacerlo. La plata no alcanza. Y otras familias hábiles, con proyectos evaluados técnicamente por las EGIS, y que no reciben subsidios, porque estos se agotaron, pese a cumplir todas las condiciones para postular.
Estimamos que las familias afectadas son aproximadamente 7 mil 500, y se encuentran en un estado muy frágil e inconfortable, ya que aún esperan que el Ministerio les asigne las ayudas asociadas a su situación. Y entendemos que esto no será así. De allí la gravedad.
¿Qué significa el decreto supremo N° 49? Esta normativa impone mayores exigencias a las constructoras, a las EGIS y sube la calidad de las viviendas, lo que es muy bueno.
En la Región del Biobío, el subsidio baja en 32 comunas. Estas acogen al 91 por ciento de la población regional y allí el déficit es mayor. Mientras que las comunas donde el beneficio sube -que es importante-, son marcadamente rurales y con poca población: el 9,1 por ciento del total regional.
Es decir, conforme al decreto supremo N° 49, el 90 por ciento de los subsidios disminuye en los lugares en que hay gran concentración de gente, y claro, sube lo rural. ¡Bienvenido por lo rural! Pero solo aumenta en 10 por ciento.
Esa norma legal no consideró la mano de obra y los costos de los mejoramientos urbanos, los cuales han sido explosivos en el último año. Hay gran demanda; son pocas las constructoras y la mano de obra es utilizada en su totalidad. Los carpinteros, además, suben sus remuneraciones, al igual que los operarios y los maestros concreteros. Sin embargo, tal alza en los costos viene produciéndose hace 3 o 4 años en viviendas de tipo social, como consecuencia de los mejoramientos y las mayores exigencias habidas para subir la calidad de la vivienda.
Estimamos que los nuevos procedimientos y las mayores exigencias constructivas de calidad hacen bajar el subsidio máximo disponible. Ello, junto con el aumento del costo del terreno, la habilitación y la mano de obra, va a tener impacto sobre el subsidio, el cual será de muy difícil aplicación para las familias vulnerables de las 32 comunas con población urbana, pues su monto se reduce.
Este nuevo instrumento -el decreto supremo N° 49-, en comparación con la normativa aplicada a la clase media, es muy complicado de operar: baja el monto del subsidio disponible para los proyectos de urbanización y suben los requisitos para los más pobres, lo que les impide la opción de tener proyectos; es decir, requieren un ahorro mayor.
Eso es el decreto supremo N° 49. Aunque debiera denominarse el "decreto bancario", pues obliga a los beneficiarios a endeudarse. Claro, aumenta el subsidio hasta mil UF para la clase media. ¡Bienvenido! Pero solo se entregan 500. Es decir, van a tener que endeudarse por las otras 500. ¿Y dónde? En el sistema bancario, que el primer trimestre del año ha tenido 431 mil millones de pesos de utilidades, 898 millones de dólares. O sea, ganancias cuantiosas.
La banca lidera el sector de utilidades en el área empresarial en Chile. Por tanto, ese decreto, en comparación con lo que hay para la clase media, es más complicado y difícil de operar. Por eso pensamos que se debe desfocalizar. Es más fácil y, proporcionalmente, hay más recursos para la clase media; pero más dificultoso y, proporcionalmente, aquellos bajan para los más pobres.
Señor Presidente, hay cuadros sobre disponibilidad de subsidio en las comunas -los tengo en mi mano- en los que se advierte que el panorama es bastante desolador.
Este es un decreto elaborado por el señor Ministro. No sé si se han evaluado sus implicancias; pero, al obligar al endeudamiento, se hace funcionar el sistema bancario. Se trata, entonces, de una norma jurídica ideológica, pensada no en razón del subsidio, en el apoyo, sino en cómo se mueve el área financiera, la de equipamiento, la habitacional y la de la construcción, por cuanto va a obligar a las familias a endeudarse.
No está resuelta la regulación de la banca para que tenga intereses acordes a la capacidad de endeudamiento de las familias. Tal sistema va a afectar, a lo menos, a 10 mil familias que tenían subsidios y que se verán enfrentadas a algo diferente a lo que se les prometió.
El señor Ministro manifestó que ha recogido todas las observaciones que hemos formulado, de lo que me alegro. Le hemos hecho muchos planteamientos. Sin embargo, el decreto dictado nos sorprende, porque cambia las reglas del juego, tanto para las empresas como para las familias. Y nos deja perplejos, porque, en definitiva, las que tuvieron la oferta de un subsidio, cuando vayan al mercado a tratar de conseguir la construcción de sus viviendas, verán que las cosas son distintas.
Aquí se alabó y se publicitó que se entregaron 200 mil subsidios.
En verdad, con mucho respeto, solicito al señor Ministro que nos informe exactamente cuántos son los subsidios asignados por Región y por comuna, y cuántos son los realmente utilizados. ¿Cuántos de ellos hoy en día se encuentran en operación práctica de construcción? Porque esa es la cifra que vale.
Recuerdo la discusión sobre el SIPCO con el Ministro Felipe Larraín. Desde este mismo lugar, le dijimos que no iba a funcionar, que era una aventura ir al mercado a contratar un seguro. Más bien que eso que se le ocurría -que es de Harvard- no se le pasó por la mente a Andrés Velasco. Y le señalamos que el Fondo de Estabilización del Petróleo era más seguro.
Entonces, la pregunta es si ahora va a funcionar el decreto supremo N° 49 y qué efectos tendrá. Como su dictación es discrecionalidad del Ejecutivo, es bueno que los beneficiarios sepan que no es una ley discutida en el Parlamento. El Ministro y sus asesores definen la política habitacional, la que este Gobierno ha variado de manera radical. Es la política de los bandazos.
Hoy día el mencionado decreto supremo borra las reglas del juego, establece más endeudamiento y obliga a endeudarse a las familias que ya tenían subsidio, pese a que se les ofreció una vivienda nueva por la destrucción total de la antigua. En definitiva, altera las reglas del juego. Nada dice tampoco que vaya a mejorar, efectivamente, la calidad. O sea, es enorme la presión sobre las actuales constructoras.
Señor Presidente, los subsidios máximos establecidos no serán suficientes para cubrir en la actualidad una vivienda de calidad.
En Coliumo los subsidios alcanzaron 1.200 UF. Por lo tanto, van a ser casas de calidad, pero una especie de palafitos.
En el caso de Cosmito, en Penco, según el proyecto entregado el 26 de febrero por la constructora Vanrom, el subsidio fue de 939 UF. Hubo un ahorro de 200 mil pesos, con lo cual allí se ha creado una situación compleja.
Pido también al señor Ministro que nos informe detalladamente sobre lo descrito, porque las familias están reclamando que las terminaciones no obedecen a lo acordado. Estuvimos en el acto de inauguración con el Secretario de Estado. Claramente hay problemas en ventanas, puertas, cielos, llaves de agua, cajas de escala, bajadas de agua, artefactos sanitarios, lavaderos, enchufes, calefón, tabiquería.
Pero quiero llamar la atención sobre los montos.
En la construcción de una vivienda en sitio propio, en Tomé, por ejemplo, cuyo 80 por ciento de la superficie es cerro -lo mismo que en Penco-, el subsidio no alcanza. De modo que, de las 600 viviendas que debieran ser reconstruidas, no se han levantado más de 60. Y a las constructoras pequeñas no les da, no les calzan los números.
Por tanto, no se han construido ni se van a construir si no hay un reenfoque de la asignación de subsidios. Y, lo que hace este reenfoque, que beneficiaría a las comunas rurales -¡bienvenido!-, es disminuir el beneficio para las 32 comunas urbanas.
Quiero saber cuál va a ser el impacto en las viviendas con sitio propio y subsidio adjudicado y que, hoy día, efectivamente, no pueden construir, porque no hay empresas disponibles que asuman el compromiso, porque no les da el terreno. En consecuencia, las casas tendrán que ser más chicas.
Quiero recordar que la mayoría de quienes perdieron su vivienda en Tomé tenían casas muy superiores y más grandes que las de 60 metros que les ofrecen.
Señor Presidente, es necesario que el señor Ministro aclare los alcances del decreto supremo N° 49, que permite más movilidad y que los comités de allegados contraten la compra de terrenos con las empresas. ¡Pero eso es para los allegados! Ese es un sistema de mayor flexibilidad que posibilita una acción dinámica, pero también tiene más riesgos.
En muchos casos, los comités de allegados se han visto estafados por empresas o dirigentes inescrupulosos. Considero que tiene que haber un acompañamiento que evite tal situación, para que no tengamos que lamentar que el sueño de la casa nueva se vea frustrado o que el dueño de la casa nueva sea engañado por esa calidad de empresas o dirigentes. ¡Ahí tiene que haber un asesoramiento permanente!
Deseo que los damnificados de mi Región -particularmente, los de Coronel- no tengan que esperar mucho para recibir su vivienda definitiva. Allí hay comités que quedaron fuera debido a que no ingresaron a tiempo en la EGIS -a la que se le pagaba- la documentación del proyecto.
Ello ha motivado protestas frente al SERVIU.
El plazo del decreto para la construcción N° 174 fue dictado principalmente a raíz del terremoto. Pero no ingresaron todos los afectados.
Por lo tanto, al Gobierno y al Ministerio de Vivienda debe hacérsele la siguiente pregunta: ¿Los plazos son para cumplir con algo o alguien, o son una mera referencia? Porque esta discusión entre plazos y metas hay que abrirla. El Gobierno debiera tener una meta: reconstruir todo lo afectado, darles casa nueva a todos los que perdieron la suya, y no, por un planteamiento administrativo, dejar a 480 familias, que esperaban contar con la pronta entrega de sus viviendas, traspasadas para el 2014.
De ahí que solicito la mayor información al Ministro de Vivienda, a quien aprovecho de señalarle, tal como se lo he manifestado personalmente, que en el caso de la población o del sector Villa Futuro, en Chiguayante, el mecanismo de indemnización ha sido un desastre. Lo he repetido diez veces en este Hemiciclo: se les pagaron 10 millones a las personas como indemnización para que dejaran sus departamentos. No se hizo resguardo alguno.
¿Qué cree usted que sucedió, señor Presidente? La gente se gastó en marzo la plata, y a algunos que tenían 10 les quedan 7. Y cuando deban ir a comprar vivienda no les va a alcanzar. Creo que fue un craso error haber dejado esos fondos, que eran para la adquisición de viviendas, a la libre disposición de familias con una enorme necesidad.
Allí no ha habido negligencia ni abuso. Ha habido necesidad y "la necesidad tiene cara de hereje". Porque cuando no hay comida ni vestimenta para el colegio de los niños se usa la plata destinada para la vivienda, como ocurrió en este caso.
A su vez, pido que se haga llegar también esta intervención al Intendente Regional y al Director del SERVIU -como la Oficina Nacional de Emergencia, salvo en la Región del Biobío, donde tenemos una ONEMI más o menos "paradita", es un desastre-, señalándoles que alguien tiene que resolver la situación de Villa Futuro, por cuanto a la gente se la está obligando a pasar de los campamentos a los departamentos declarados inhabitables. Y alguien tiene que responsabilizarse de eso. Las personas salieron de los departamentos porque estaban inhabitables y ahora se les dice: "Regresen a los departamentos porque queremos eliminar los campamentos, las denominadas `aldeas'".
¡Esa no es la forma de terminar con las aldeas! Alguien tiene que asumir la responsabilidad del riesgo y yo siento que es ilegal -estamos en la evaluación- que a la gente se la obligue diciéndole: "Si no te vas, te pasamos un subsidio de arriendo de 150 mil pesos por tres meses, por un año", en circunstancias de que en la Región del Biobío no se arrienda nada con esa cantidad, dado que ahí se perdieron miles de viviendas y los cánones de arrendamiento se fueron a las nubes.
Esta propuesta la hicimos a principios de marzo del 2010, cuando aún había posibilidad de negociación en la contratación de arriendos masivos con la certeza de pago del Estado.
En ese sentido, señor Presidente, tenemos dos problemas: uno, la gente se está gastando el dinero, y dos, los departamentos inhabitables han vuelto a ser ocupados y alguien tiene que responsabilizarse por ello. Y esa responsabilidad debe ser del Ministerio de Vivienda, que ha presionado para que la gente vuelva, de la mediagua, del campamento, al departamento declarado inhabitable.
Se ha abierto un gran debate en la Octava Región sobre los certificados de inhabitabilidad. Yo solo quisiera reafirmar lo que la Contraloría dijo hace algunos días: examinados los certificados de inhabitabilidad de Aurora de Chile, se advirtió que el 20 por ciento de ellos eran falsos, ya que correspondían a casas susceptibles de ser reparadas. Y en el caso de Centinela II, en Talcahuano, se ocultó el informe del IDIEM, que declaraba reparables los departamentos, los cuales habían sido demolidos.
Este es un debate que debiera llevar al señor Intendente, no a valorar el informe de la Contraloría, sino a investigar. Porque eso es lo que tiene que hacer cuando hay un delito, como lo es la falsificación de certificados de inhabitabilidad. Creo que el señor Intendente, por quien tengo mucho aprecio, se equivocó al valorar los informes que exculpan a determinada autoridad.
Señor Presidente, pido que copia de mi intervención sea enviada al señor Ministro de Vivienda y al Intendente, al Director del SERVIU, a los Comités de Reconstrucción y al Seremi de Vivienda de la Región del Biobío.
Queremos que este sea un debate amplio, público y abierto, pues todos estamos interesados en sacar adelante la reconstrucción y estos elementos pueden ser superados si hay voluntad y decisión.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor MUÑOZ ABURTO (Presidente accidental).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:44.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción