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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 359ª
Sesión 5ª, en miércoles 23 de marzo de 2011
Ordinaria
(De 16:23 a 19:8)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GUIDO GIRARDI LAVÍN, PRESIDENTE,
Y JUAN PABLO LETELIER MOREL, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedán, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, el Ministro de Minería y Energía subrogante, señor Pablo Wagner San Martín.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:23, en presencia de 25 señores Senadores.
El señor GIRARDI (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor GIRARDI (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 1ª y 3ª, ambas ordinarias, en 15 y 16 de marzo del año en curso, y sesión 2ª, especial, en 16 de marzo, que no han sido observadas.


MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE FUNCIONARIOS DE PDI INSPECTORA SEÑORITA KARIM GALLARDO SIÑIGA Y SUBCOMISARIO SEÑOR MARCELO MORALES CORTÉS

El señor GIRARDI (Presidente).- Solicito a la Sala guardar un minuto de silencio por los dos funcionarios de la Policía de Investigaciones fallecidos hoy: la inspectora señorita Karim Gallardo Siñiga, de 28 años, y el subcomisario señor Marcelo Morales Cortés, de 38 años.
Ruego a los señores Senadores ponerse de pie.
--La Sala guarda un minuto de silencio.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, imagino que se les hará llegar a las familias las condolencias de la Corporación.
El señor GIRARDI (Presidente).- Así es, señor Senador.
IV. CUENTA

El señor GIRARDI (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificada de "suma", en relación con el proyecto de ley sobre inscripción automática, Servicio Electoral y sistema de votaciones (boletín N° 7.338-07).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero requiere el acuerdo del Senado para designar Ministro del Excelentísimo Tribunal Constitucional al señor Gonzalo Antonio García Pino (boletín N° S 1.348-13).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el segundo señala que aprobó el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto que modifica el artículo 7° de la ley N° 18.525, que establece normas sobre importación de mercancías al país, en materia de salvaguardias (boletín N° 5.363-03) (con urgencia calificada de "simple").
--Pasa a la Comisión de Hacienda y, una vez emitido su informe, quedará para tabla.
Con el último expresa que ha prestado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado con relación al proyecto que modifica la ley Nº 18.290 a fin de exigir cinturones de seguridad y artefactos técnicos limitadores de velocidad en los buses de transporte público (boletín Nº 3.800-15).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos junto a sus antecedentes.
Del señor Ministro de Justicia, con el que responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Pizarro, sobre el avance en la implementación de la ley N° 20.426, que moderniza Gendarmería de Chile.
Del señor Ministro de Salud, con el que contesta una petición expedida en nombre del Honorable señor Horvath, en orden a que se provean fondos al Hospital de Puerto Aysén para su equipamiento y dotación de personal.
Del señor Ministro de Agricultura, con el que atiende una solicitud de información remitida en nombre del Honorable señor Navarro, en cuanto al número de extintores disponibles en ese Ministerio y sus servicios.
De la señora Subsecretaria de Obras Públicas, con el que da respuesta a un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Honorables señor Horvath, señora Pérez (doña Lily) y señores Chahuán, García, Gómez, Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Pizarro, Prokurica, Sabag y Zaldívar, acerca de la disposición de aguas servidas o tratadas.
Del señor Jefe de Gabinete del Ministro de Obras Públicas, mediante el cual contesta un oficio despachado en nombre del Honorable señor Horvath, relativo a problemas ambientales ocasionados por la erupción del volcán Hudson.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en materia del concepto de embarcación artesanal y de su clasificación por eslora, del reemplazo de la inscripción en el Registro Pesquero Artesanal y de los requisitos para inscribirse en este (boletín N° 6.242-21) (con urgencia calificada de "simple").
Dos de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaídos en los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, aprobatorio del "Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Dominicana", suscrito en Santiago el 3 de abril de 2009 (boletín N° 7.227-10).

2.- Proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, aprobatorio del "Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Federativa del Brasil", suscrito en Sao Paulo el 30 de julio de 2009 (boletín N° 7.228-10).
--Quedan para tabla.
Moción
De los Honorables señores Walker (don Ignacio), Quintana, Chadwick, García y Rossi, con la cual dan inicio a un proyecto de ley sobre uso de cinturón de seguridad en vehículos de transporte escolar (boletín N° 7.556-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Declaraciones de inadmisibilidad
Moción de los Honorables señores Prokurica, Espina, Horvath, Larraín Fernández y Larraín Peña, con la que inician un proyecto de ley que regula la ejecución de interceptaciones telefónicas.
Moción de los Honorables señor Escalona, señora Allende y señores Letelier y Muñoz Aburto, con la que dan inicio a un proyecto de ley que aplica el Sistema de Alta Dirección Pública a servicios públicos que indican.
--Se declaran inadmisibles por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el N° 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política.
Solicitud de desarchivo
Del Honorable señor Bianchi, con la que requiere el desarchivo de los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Bianchi, Frei y Kuschel y del entonces Senador señor Naranjo, sobre aumento de las penas en caso de muerte o maltrato de obra a funcionarios de Carabineros, Investigaciones y Gendarmería (boletín Nº 4.362-07).

2.- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, que modifica el Código Penal, para incorporar la figura de la estafa procesal (boletín Nº 4.420-07).

3.- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Orpis, Bianchi y Horvath, que exime de normas de emisión a vehículos motorizados livianos y medianos ingresados a través de zonas francas (boletín Nº 4.441-15).

4.- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, que modifica el Código Penal, para incorporar la figura del abuso de la credulidad popular (boletín Nº 4.459-07).

5.- Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Honorables señores García, Bianchi, Pérez Varela y Prokurica y del entonces Senador señor Romero, sobre asignación de recursos para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y su disposición por los gobiernos regionales (boletín Nº 4.463-07).

6.- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Bianchi y Horvath, que amplía los supuestos de la legítima defensa calificada (boletín Nº 4.487-07).

7.- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Horvath, Bianchi, Navarro, Orpis y Prokurica, sobre energía eólica (boletín Nº 4.508-08).

8.- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Horvath, Bianchi y Prokurica, que modifica el Código Procesal Penal, en materia de señalamiento de medios de prueba en el juicio oral (boletín Nº 4.516-07).

9.- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, que modifica el Código del Trabajo, en lo relativo a los choferes de vehículos de carga terrestre (boletín Nº 4.651-13).

10.- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Muñoz Aburto, Bianchi, Escalona y Horvath y del entonces Senador señor Núñez, que establece un procedimiento para regular la situación de insolvencia grave de deudores civiles (boletín Nº 4.721-07).

11.- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Orpis y Bianchi y del entonces Senador señor Adolfo Zaldívar, que exime del cumplimiento de normas de emisión a las motocicletas que indica (boletín N° 4.858-15).

12.- Proyecto, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, que modifica la ley Nº 18.046, sobre Sociedades Anónimas, con el fin de ampliar el plazo que indica (boletín N° 4.853-03).

13.- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, que determina las características de las señales de tránsito que indica (boletín N° 4.857-15).

14.- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, que aumenta sanciones al delito de daños a la propiedad ajena (boletín N° 4.885-07).

15.- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, sobre derecho al servicio de suministro de agua potable (boletín N° 4.902-09).

16.- Proyecto, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, que modifica la ley Nº 19.496 con el fin de garantizar la atención personal a los consumidores (boletín Nº 4.910-03).

17.- Proyecto, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios con el propósito de regular la constitución de pactos electorales formados por candidatos independientes (boletín Nº 4.945-06).

18.- Proyecto, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, que modifica el artículo 139 del decreto con fuerza de ley Nº 4, de Economía, con el objeto de impedir el cobro a los usuarios de energía eléctrica de los costos de mantenimiento asociados al servicio de distribuirla (boletín Nº 4.960-03).

19.- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, que exime a los pensionados de la obligación de cancelar intereses por el no pago oportuno de consumos de energía eléctrica, agua o gas (boletín Nº 4.993-03).

20.- Proyecto, iniciado en moción de los Honorables señores Bianchi y Horvath, que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios con el fin de determinar la forma de renovación del cargo de Senador (boletín N° 4.997-06).

21.- Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Honorables señores Bianchi y Horvath, que modifica el inciso segundo del artículo 49 de la Constitución Política de la República, en lo relativo al período de renovación del mandato senatorial (boletín Nº 4.998-07).

22.- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, que determina la oportunidad en que el juez de familia puede decretar alimentos provisorios (boletín N° 5.170-07).

23.- Proyecto, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, que modifica la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores con el propósito de imponer una sanción a quienes incorporen cláusulas prohibidas en los contratos de adhesión (boletín N° 5.171-03).

24.- Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Honorables señores Bianchi, García y Horvath, que establece una acción constitucional para resguardar el derecho a desarrollar cualquier actividad económica (boletín N° 5.190-07).

25.- Proyecto, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, que modifica la ley N° 19.857, que autorizó el establecimiento de empresas individuales de responsabilidad limitada, en lo relativo al nombre y al capital que debe consignarse en su escritura de constitución (boletín N° 5.213-03).

26.- Proyecto, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, que modifica el decreto ley N° 2.695 y el Código Penal, con el fin de sancionar a quienes cometen fraude en el proceso de regularización de la pequeña propiedad raíz (boletín N° 5.226-07).

27.- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Horvath, Bianchi y Navarro, que incentiva la investigación y desarrollo de los biocombustibles (boletín N° 5.238-08).

28.- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, que modifica el Código del Trabajo con el objeto de facultar a los juzgados de Letras del Trabajo para decretar el arresto de los empleadores que infrinjan las normas que se indican (boletín N° 5.240-13).

29.- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, que modifica el Código de Comercio con el propósito de establecer normas especiales para las quiebras que indica (boletín N° 5.252-03).

30.- Proyecto, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, que modifica la Ley de Menores con el fin de sancionar a los padres o tutores que permitan el trabajo en la vía pública de menores de edad que indica (boletín N° 5.263-07).

31.- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, que modifica el Código Procesal Penal, en lo relativo a la oportunidad para interponer la demanda civil en el procedimiento penal (boletín N° 5.280-07).

32.- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, que modifica el Código Civil con la finalidad de regular la imprevisión en el cumplimiento de los contratos (boletín N° 5.290-07).

33.- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Bianchi, Escalona, García y Kuschel y del entonces Senador señor Gazmuri, que regula las tarifas, comisiones y gastos que pueden establecer las entidades emisoras de tarjetas de crédito (boletín N° 5.322-03).

34.- Proyecto, iniciado en moción de los Honorables señores Bianchi, Prokurica y Ruiz-Esquide y del entonces Senador señor Núñez, que modifica la ley N° 19.070, que fijó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, con el objeto de regular la causal de destitución de docentes del sector municipal (boletín N° 5.321-04).

35.- Proyecto, iniciado en moción de los Honorables señores Bianchi, García, Kuschel y Orpis y del entonces Senador señor Vásquez, que modifica la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores con el fin de determinar la responsabilidad de los proveedores de un servicio en el caso que indica (boletín N° 5.344-03).

36.- Proyecto, iniciado en moción de los Honorables señores Horvath, Bianchi, Kuschel y García y del entonces Senador señor Arancibia, que modifica la Ley General de Pesca, en cuanto a la distribución de la fracción artesanal de la cuota global de captura (boletín N° 5.381-03).

37.- Proyecto, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, que modifica la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, en lo relativo a la forma en que los adultos mayores pueden pagar las ofertas y promociones comerciales (boletín N° 5.390-03).

38.- Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, que delimita el ámbito de los autos acordados que dicta la Corte Suprema (boletín N° 5.389-07).

39.- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Bianchi y Orpis, que modifica el Código Civil con el fin de permitir a los tribunales, en los casos que indica, imputar a las personas naturales los actos de una sociedad (boletín N° 5.398-07).

40.- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Bianchi y Kuschel, que modifica el Código Procesal Penal, para prohibir la aplicación del procedimiento abreviado en los delitos contra las personas en que la víctima es una mujer (boletín N° 5.450-07).

41.- Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, respecto de las actuaciones y atribuciones de los parlamentarios en materias laborales (boletín N° 5.449-07).

42.- Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Honorables señores Bianchi y Orpis, que modifica el artículo 19, N° 7°, letra i), de la Carta Fundamental, en lo relativo a la reparación del error judicial (boletín N° 5.539-07).

43.- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, que modifica el Código Procesal Penal, en lo referente al ejercicio de las acciones destinadas a perseguir la responsabilidad civil derivada de un hecho punible (boletín N° 5.540-07).

44.- Proyecto, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, que modifica la ley N° 19.284, en lo concerniente a la inserción laboral de las personas con discapacidad (boletín N° 5.556-11).

45.- Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, que establece requisito de residencia mínima que indica para ser elegido Diputado (boletín N° 5.626-07).

46.- Proyecto, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, que modifica la ley N° 19.947, de Matrimonio Civil, en lo relativo al procedimiento de conciliación en caso de separación o divorcio (boletín N° 5.624-07).

47.- Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, que establece requisito de residencia que indica para ser elegido Senador (boletín N° 5.625-07).

48.- Proyecto, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, en lo tocante al uso del cinturón de seguridad (boletín N° 5.698-15).

49.- Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, que establece incompatibilidad entre el cargo de Presidente del Senado o de la Cámara de Diputados y la afiliación a un partido político (boletín N° 5.767-07).

50.- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, que permite a las personas discapacitadas acceder al uso de bienes municipales que indica (boletín N° 5.777-06).

51.- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Bianchi, que exceptúa de la aplicación de normas de crianza, tenencia y adiestramiento de perros potencialmente peligrosos a las instituciones que indica (boletín N° 5.847-11).
--Se accede a lo solicitado, volviendo los proyectos al estado en que se encontraban al momento de archivarse.
Comunicaciones
Del Honorable señor Navarro, mediante la cual informa que se ha constituido el Comité Partido MAS, conformado por Su Señoría.
--Se toma conocimiento, quedando integrado el Comité Partido Radical Social Demócrata, en consecuencia, por el Senador señor Gómez.
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, con la que da a conocer que eligió Presidente al Honorable señor Pérez Varela.
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, con la que indica que eligió Presidente al Honorable señor Novoa.
--Se toma conocimiento.
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor GIRARDI (Presidente).- Los Senadores señores Zaldívar y Horvath han solicitado que se trate como si fuera de Fácil Despacho el proyecto de ley en materia de aprovechamiento y beneficio de tiburones, signado con el N° 7 en el Orden del Día.
Si le parece a la Sala, se procederá en esa forma.
--Así se acuerda.
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El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.

El señor ESCALONA.- Señor Presidente, en cuanto a la declaración de inadmisibilidad del proyecto de ley que presentamos con los Senadores señora Allende y señores Letelier y Muñoz Aburto, que aplica el Sistema de Alta Dirección Pública a servicios que se indican -la cuestión fue mencionada reiteradamente en el curso de la última campaña presidencial, en relación con la necesidad de establecer una clara separación entre la política y los negocios-, solicito que se envíe un oficio al Ejecutivo para pedir su patrocinio.

El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá.
--Así se acuerda.
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El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, solo deseo solicitar que se oficie al Ejecutivo para que le otorgue su patrocinio al proyecto de ley que regula la ejecución de interceptaciones telefónicas, declarado inadmisible por Su Señoría.

El señor GIRARDI (Presidente).- Si no hay objeciones, se acogerá la petición.
--Así se acuerda.
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El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, pido que la moción que ingresamos con mis Honorables colegas Ignacio Walker, Chadwick, García y Rossi respecto del uso de cinturón de seguridad en vehículos de transporte escolar, que pasó a la Comisión de Transportes, también se envíe a la Comisión de Educación, en atención a que algunos aspectos específicos tienen que ver con los estudiantes.

El señor GIRARDI (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, me alegro de que se haya presentado esa iniciativa -el órgano técnico mencionado en primer término ya está considerando el asunto y lo conversó hoy día con el señor Ministro de Transportes-; pero se trata de una cuestión netamente de la seguridad en un vehículo. Nada que ver con la educación.
Ahora, otras materias que sí estimo fundamentales se pueden tratar en la Comisión que se ocupa en esta última -a ellas hicimos referencia hoy en la de Transportes-, las cuales tienen que ver con la implementación de la ley que obliga a que los establecimientos educacionales impartan enseñanza acerca de la conducción y la seguridad en el tránsito, lo que no se está haciendo.
Pedí la palabra, señor Presidente, para referirme a otro punto. En la Cuenta se incluye una comunicación del Honorable señor Navarro en el sentido de que se constituyó el Comité Partido MAS. Mi pregunta es cuántos minutos de la hora de Incidentes le van a corresponder.

El señor GIRARDI (Presidente).- Se hallará con el Comité Radical Social Demócrata.

El señor PIZARRO.- O sea, ¿se le asignará por lo menos la mitad del tiempo de que disponía con este último?

El señor GIRARDI (Presidente).- La Secretaría me informa que no se registrarán cambios en ese aspecto.

El señor PIZARRO.- Tienen que verificarse, señor Presidente, porque el señor Senador integraba antes el Comité Radical Social Demócrata e Independiente. Lo que pedimos es que le corresponda la mitad.

El señor GIRARDI (Presidente).- Ello se evaluará, Su Señoría, pero, en principio, no habría cambios.
Se encuentra pendiente la petición del Honorable señor Quintana.

El señor PIZARRO.- No hay acuerdo.

El señor GIRARDI (Presidente).- ¿Es retirada?

El señor QUINTANA.- Sí, señor Presidente.
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El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón, sobre la Cuenta.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, por acuerdo unánime de la Comisión de Trabajo y en nombre de ella, pido que el proyecto de reforma constitucional sobre negociación colectiva y derecho a huelga de los funcionarios públicos, situado en el noveno lugar del Orden del Día, pase antes a dicho órgano técnico.

El señor GIRARDI (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, esa iniciativa ha sido estudiada habiéndose escuchado a mucha gente, por cierto, y me parece que, realizado tal trabajo en la Comisión de Constitución, no corresponde que se ocupe en ella otro órgano técnico.
Entiendo el interés que despierta. Cuando, de aprobarse la enmienda de la Carta, deba dictarse la ley correspondiente, el proyecto respectivo será materia de la Comisión de Trabajo; pero el asunto ahora en tabla, definitivamente, no lo es y, por lo tanto, creo que debe mantenerse en esa condición.
He dicho.

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, existe un proyecto en el mismo sentido del Honorable señor Muñoz Aburto, y pido que se vote mi petición.

El señor GIRARDI (Presidente).- Puede intervenir este último señor Senador.

El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, es para lo que expresó mi Honorable colega Rincón.
Deseo insistir en que la reforma constitucional que permite a los funcionarios públicos negociar colectivamente debiera ser conocida en la Comisión de Trabajo. Y lo expreso porque en esta última se halla un proyecto de mi autoría que persigue el mismo fin, vale decir, establecer las normas bajo las cuales ello pueda llevarse a cabo, para que ese personal se encuentre en una situación similar a la del sector privado, donde se negocia colectivamente, de acuerdo con el Código del Trabajo.
Así que solicito votación.

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.

La señora ALVEAR.- Señor Presidente, hago constar que se trata solo de una reforma que apunta a incluir en la Carta el derecho de los funcionarios públicos a negociar colectivamente.
Desde luego, se requiere después un proyecto de ley para que ello se haga realidad, iniciativa que tiene que ser estudiada en la Comisión de Trabajo. A mi juicio, no corresponde para nada tratarla en la Comisión de Constitución.
Lo que se aprobaría ahora es solo si se introduce o no el concepto en la Ley Fundamental. Por eso, la reforma pasó a ese último órgano técnico. Y la iniciativa legal correspondiente, como lo precisó muy bien mi Honorable colega Muñoz Aburto, tendrá que ser analizada en la Comisión de Trabajo. Esperamos que lo anterior sea una realidad a la brevedad.

El señor WALKER (don Patricio).- ¿Qué significa votar a favor y qué en contra?

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los señores Senadores que deseen acoger la petición de los Honorables señora Rincón y señor Muñoz Aburto tienen que votar "sí". Los que no estén de acuerdo tienen que votar "no". Ello, sin perjuicio de las abstenciones y pareos que se registren.

El señor GIRARDI (Presidente).- En votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.
--Por 19 votos contra 10, se rechaza el envío del proyecto de reforma constitucional a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Votaron por la negativa la señora Alvear y los señores Chahuán, Coloma, García, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende y Rincón y los señores Escalona, Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Rossi y Ruiz-Esquide.
V. ORDEN DEL DÍA



NORMAS DE CONSERVACIÓN DE BIODIVERSIDAD DE TIBURONES PARA SU APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE


El señor GIRARDI (Presidente).- En virtud de lo acordado, corresponde ver en primer lugar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de ley iniciado en moción de los Senadores señores Horvath, Cantero, Gómez, Orpis y Sabag, en primer trámite constitucional, en materia de aprovechamiento y beneficio de tiburones, con informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7489-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los Senadores señores Horvath, Cantero, Gómez, Orpis y Sabag).
En primer trámite, sesión 90ª, en 1 de marzo de 2011.
Informe de Comisión:
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura: sesión 3ª, en 16 de marzo de 2011.

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es el establecimiento de normas para la conservación de la biodiversidad nacional de tiburones y sus pesquerías, de manera de posibilitar el aprovechamiento sostenible de las especies en el largo plazo.
La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura discutió este proyecto solo en general y le dio la aprobación a la idea de legislar por la unanimidad sus miembros presentes, Senadores señores Horvath, Orpis y Rossi. Su texto se puede consultar en las páginas pertinentes del primer informe de la Comisión.
Hago presente que los artículos 3º y 4º tienen carácter de normas de quórum calificado, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 19 señores Senadores.
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, haré una relación breve del motivo de esta iniciativa.
Las especies de tiburones y rayas, peces sierra y otros peces denominados "cartilaginosos" son más de mil. Tienen gran diversidad de formas y tamaños y se caracterizan por pertenecer a un grupo de especies marinas que crecen de modo muy lento y maduran sexualmente a edad tardía, por lo que cualquier intervención en ellos hace que los ecosistemas asociados también se dañen de manera irreversible.
Existe una práctica -en particular, con los tiburones-, realizada también en Chile, denominada "aleteo" o finning, que es, no solo perjudicial desde el punto de vista del ecosistema, sino además francamente cruel. A estos animales les sacan las aletas pectorales -equivalentes a los brazos o las piernas de una persona-, más la aleta dorsal, y los devuelven mutilados al mar. Obviamente, eso solo se hace para no usar las bodegas de las naves que efectúan ese tipo de acción y, por tanto, para sacar un mayor provecho económico.
Por otro lado, también constituye una pérdida, pues se trata de especies capturadas que pueden ser aprovechadas integralmente.
En consecuencia, la moción establece la obligación de instaurar un sistema de pesquería que exija el desembarque completo de los peces capturados, prohibiendo su mutilación.
La situación descrita ha llevado a una movilización internacional. Nosotros recibimos antecedentes muy importantes, desde luego, del Gobierno, a través de la Subsecretaría de Pesca y del SERNAPESCA; desde organizaciones internacionales como Oceana -con la cual se elaboró este proyecto- y Pew Environment Group; desde la Universidad Austral de Chile, representada por un biólogo marino que ha estudiado este asunto por más de 30 años, el doctor Julio Lamilla, y desde los propios pescadores artesanales, algunos de los cuales históricamente han realizado la mencionada práctica. Ellos, conscientes hoy del daño que provocan, están de acuerdo en reglamentar la captura y también en sancionar el llamado "aleteo".
Por esas razones, le solicitamos a la Sala que tenga a bien aprobar este proyecto en general y fijar un plazo razonable para formular indicaciones, tanto por parte del Ejecutivo como de los señores parlamentarios.
He dicho.

El señor GIRARDI (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (27 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional exigido, y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el 11 de abril, a las 12.
Votaron las señoras Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Muñoz Aburto, Novoa, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).




REGULACIÓN DE CIERRE DE FAENAS E INSTALACIONES MINERAS


El señor GIRARDI (Presidente).- Corresponde ocuparse del proyecto de ley iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, con segundo informe de la Comisión de Minería y Energía, informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6415-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 2ª, en 17 de marzo de 2009.
Informes de Comisión:
Minería y Energía: sesión 82ª, en 13 de enero de 2010.
Minería y Energía (segundo): sesión 1ª, en 15 de marzo de 2011.
Hacienda: sesión 1ª, en 15 de marzo de 2011.
Discusión:
Sesiones 84ª, en 20 de enero de 2010 (queda para segunda discusión); 86ª, en 9 de marzo de 2010 (se aprueba en general).

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa fue aprobada en general por la Sala en su sesión de 9 de marzo de 2010.
La Comisión de Minería y Energía deja constancia de haber aprobado una indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo, que fue el resultado del trabajo conjunto de los equipos técnicos de Gobierno y de Oposición.
Esa indicación, cuyos artículos fueron discutidos separadamente, resultó aprobada por unanimidad, salvo el inciso sexto del artículo 38, que contó con los votos favorables de los Senadores señora Rincón y señor Orpis y el voto en contra del Senador señor Prokurica.
La Comisión de Hacienda, por su parte, realizó 10 enmiendas de carácter formal y de redacción al texto despachado por su congénere de Minería, todas las cuales fueron aprobadas por unanimidad.
Hago presente que las modificaciones acordadas en forma unánime deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión o existan indicaciones renovadas.
De estas enmiendas unánimes, los artículos 4º, 6º, 7º, 9º, 11 a 19, 22 a 24, 26 a 28, 31, 33, 37, 38, 41, 44, 45, 46, 48 a 53, 55 a 59 y los artículos transitorios Primero a Cuarto tienen carácter de normas orgánicas constitucionales y requieren para su aprobación el voto conforme de 21 señores Senadores.
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión particular el proyecto.

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor WAGNER (Ministro de Minería y Energía subrogante).- Señor Presidente, en primer lugar quiero explicar a grandes rasgos las características del proyecto y referirme a lo que hemos recogido del texto original, planteado por el Ejecutivo el año 2009.
La iniciativa, básicamente, incorpora las mismas líneas matrices de la del 2009; es decir, obliga a toda faena y empresa minera, actual o futura, a desarrollar un plan que regule el cierre de sus faenas, el cual deberá presentarse al SERNAGEOMIN o a la institución que lo reemplace con el objeto de desarrollarlo.
Asimismo, se genera un modelo de garantía de cumplimiento, de garantía financiera, que establece, primordialmente, que serán el sector privado, las empresas mineras y las sociedades responsables de ellas, quienes deberán garantizar, en todo momento y ocasión, el financiamiento del cierre de las faenas.
El ámbito de aplicación del proyecto se extiende a las faenas mineras que superen las 10 mil toneladas mensuales de mineral. En la discusión técnico-parlamentaria incluimos, también, a todas aquellas faenas asociadas a hidrocarburos, recogiendo especialmente sugerencias formuladas por el Senador Bianchi, el Diputado Marinovic y otros parlamentarios como los Senadores señoras Allende y Rincón y señores Orpis y Gómez, quienes plantearon incluir la exploración y explotación de hidrocarburos dentro del modelo de garantía y del plan de cierre que debe elaborarse.
Igualmente, se incorporó toda la cadena de valor de la industria asociada a exploración, prospección y explotación mineras.
¿En qué consiste, fundamentalmente, el proyecto? En una norma de carácter general que obliga a todas las faenas de más de 10 mil toneladas de extracción mensual de mineral a acogerse, en virtud de la ley, a un procedimiento general y a las auditorías relacionadas.
Cada auditoría vinculada a un plan de cierre -que no existía en el pasado- deberá realizarse cada cinco años; también, cada vez que se produzca una modificación sustancial del proyecto y cuando el SERNAGEOMIN así lo disponga. Las auditorías deberán ser efectuadas por personas competentes, con más de 10 años de experiencia laboral en el rubro.
Los requisitos del plan de cierre, además de la individualización de la sociedad, son: descripción detallada de la faena minera; resolución de calificación ambiental; informe técnico elaborado por personas competentes; conjunto pormenorizado de medidas de cierre y acciones específicas; estimación de costos del plan de cierre; estimación de costos y medidas paliativas del proceso de poscierre, desarrollado a través de un fondo, y el monto de garantía, que deberá figurar tanto en el balance de la compañía como en el registro del Servicio por cada período.
La resolución del plan de cierre tendrá que ser aprobada por el SERNAGEOMIN. Si este rechazara el plan, deberá indicar precisamente las modificaciones que haya que efectuar. El contenido de la resolución de aprobación del plan de cierre incluirá el desarrollo que ha de seguirse, así como sus actualizaciones.
Otro eje fundamental, que también consideró el Gobierno anterior, es la garantía financiera, que evitará, en todo momento, que el Estado tenga que recurrir a recursos públicos para solventar el plan de cierre de una faena minera, el cual deberá ser financiado íntegramente por el sector privado.
La garantía tiene carácter obligatorio y su monto se determinará a partir de la estimación periódica del valor presente de los costos del plan de cierre. Equivaldrá a dos tercios de la vida útil de la faena cuando el plazo sea menor a 20 años, y cuando la vida útil exceda este lapso, el plazo máximo será de 15 años. La actualización a valor presente considerará una tasa de descuento.
Los instrumentos elegibles como garantía son de tres tipos: A1 (depósitos a la vista, boletas bancarias, etcétera); A2 (instrumentos financieros representativos de captación o deuda comprendidos en el DL N° 3.500), y A3 (instrumentos de mayor riesgo).
La garantía -reitero- asegura que en todo momento sea el sector privado el que lleve a cabo los procesos de cierre de faenas.
Finalizo con dos cosas.
El proyecto va a generar la inversión medioambiental más grande que se haya realizado en el país con relación a un sector de la economía. Calculamos que la minería deberá desembolsar más de 5 mil millones de dólares para dejar los lugares de operación en las mismas condiciones medioambientales que exhibían antes de iniciarse la explotación.
En segundo lugar, el cierre de la faena pasa a ser parte del ciclo de la vida útil de la industria extractiva. Por lo tanto, las operaciones no terminan con el cese de la explotación, sino con la conclusión del respectivo plan de cierre, que -repito- permite mantener las características ambientales originales del lugar.
Agradezco que la iniciativa haya sido consensuada en las Comisiones de Minería y de Hacienda y, al respecto, hago un público reconocimiento al aporte de las Senadoras señoras Allende y Rincón y de los Senadores señores Gómez, Frei, Escalona, Lagos, Tuma, Orpis, Prokurica, Novoa y García, quienes participaron en la discusión del proyecto y facilitaron un consenso casi pleno en todo su articulado.
Muchas gracias.

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, ya lo dijo el señor Ministro de Minería subrogante: aquí ha habido el trabajo de un grupo técnico que ha permitido llegar a un consenso, el cual, a mi juicio, pone al país en una posición que hace rato debía tener en materia medioambiental, de seguridad de las personas y de cuidado de aquellos que viven en zonas donde hay actividad minera.
La prensa consigna hoy que el sector de la minería sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la economía nacional: representa más de 20 por ciento del PIB y genera más de 110 mil empleos.
En la actualidad, si bien es cierto el Reglamento de Seguridad Minera contiene el deber de establecer un plan de cierre de faenas, no contempla sanciones y en la práctica no se cumple.
Se podría decir que Chile era un país minero antes de la llegada de los españoles y que, por la importancia económica actual de la actividad, lo seguirá siendo por mucho tiempo más.
El objetivo del proyecto es la integración y ejecución de medidas y acciones destinadas a mitigar los efectos que se derivan del desarrollo de la industria extractiva en los lugares donde se realiza, de forma de asegurar su estabilidad física y química, en conformidad a la normativa ambiental aplicable, así como el resguardo de la vida, la salud y la seguridad de las personas, de acuerdo a la ley vigente.
Para la gente que no pertenece a zonas mineras, este tema puede no tener importancia. Sin embargo, para quienes vivimos en las regiones mineras, aquel resulta extraordinariamente relevante. Las ciudades de la Primera, la Segunda, la Tercera y la Cuarta Regiones, parte de las de la Quinta y también algunas de la Sexta se encuentran rodeadas, a veces, por los efectos de la actividad minera, pero por los efectos negativos de la actividad minera. Porque muchos de los recursos que esta genera terminan en Santiago o en Regiones distintas. No obstante, los efectos negativos -los relaves, el polvo, la destrucción de las capas vegetales, la contaminación del agua y otros elementos- se los llevan justamente las Regiones en donde estos proyectos están instalados.
Los dos pilares de esta iniciativa son: por un lado, el plan de cierre de faenas mineras que debe presentar todo proyecto actual y futuro; y, por el otro, la garantía financiera para el cumplimiento de dicho plan, entregada en función del plazo y el monto determinados y de acuerdo con una forma de constitución de los instrumentos.
De modo que el Estado, que establece y regula este sistema, fiscalizará que tales procedimientos se cumplan y va a asegurar, a través de una garantía, que se pague de no suceder así.
Se establecen dos modalidades: una de aplicación general, respecto a toda faena de la industria extractiva minera que supere las 10 mil toneladas mensuales de mineral, incluyendo -como señaló el señor Ministro subrogante- a los hidrocarburos de cualquier magnitud y a toda exploración, prospección y explotación mineras; y otra simplificada, para cuando la capacidad de producción sea inferior a las 10 mil toneladas mensuales, como en el caso de la pequeña y la mediana minerías del país, que no debería sentir preocupación por la aprobación de este proyecto de ley.
Se establece la obligatoriedad del plan de cierre y así, una vez aprobado este, la empresa deberá ejecutar todas las medidas, en el plazo y condiciones establecidos.
También se dispone que los planes serán auditados obligatoriamente cada cinco años, toda vez que se produzca una modificación sustancial del proyecto y cuando el servicio así lo disponga, por situaciones graves que supongan cambios.
En general, el proyecto en análisis fue aprobado por unanimidad casi en todas sus disposiciones. Solo hay una sobre la cual me pronuncié en contra -al respecto, quiero llamar la atención de los señores Senadores para que me acompañen en ese pronunciamiento-, tomando en cuenta la experiencia del Parlamento adquirida cuando entregó facultades respecto de la administración, pues, a veces, se ha visto arrepentido de ello.
Me refiero a un precepto que otorga a cierta autoridad administrativa la atribución de disponer de la fuerza pública.
He sostenido que no me opongo a esa facultad, siempre que se solicite a través de los tribunales de justicia. Me parece que el hecho de que determinadas autoridades administrativas pudieran disponer el uso de la fuerza pública es algo que deberíamos evitar.
Voté en contra de esa norma, y pido al Senado que adopte igual determinación.
También se aprobó una garantía de cumplimiento actual o futuro, que debe constituirse a favor del Estado, para lo que se establecen plazos.
En definitiva, este proyecto pone término a una situación respecto de la cual en Chile había cierto retraso y una deuda con el resto del mundo, además de preocupación por saber en qué minuto se pondría al día.
Desde ya, puedo informar que países vecinos, a los que a veces consideramos más atrasados que nosotros, ya tienen esta normativa en aplicación.
Por lo tanto, aspectos como la inversión extranjera y otros no se verán afectados por una posible competencia.

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, quiero hacer un poco de historia, porque es importante para la aplicación de esta futura ley.
Primero, esta iniciativa se presentó en el Gobierno de la Presidenta Bachelet. La actual Administración envió a la Comisión de Minería una indicación sustitutiva con respecto a varias disposiciones. Los Senadores de la Concertación -las señoras Rincón y Allende y quien habla- dijimos al Gobierno que no estábamos disponibles para aprobar un proyecto con tantas diferencias respecto al anterior y que había que flexibilizar algunos aspectos que nos parecían complejos. Por ejemplo, se establecían garantías difíciles de ejecutar en el caso de no contarse con los recursos necesarios para el cierre de las faenas mineras.
Se hablaba de asuntos técnicos, como la solución de los problemas químicos, y no se especificaba claramente lo relativo a la salud, a la seguridad de las personas y al medio ambiente.
Había diversas otras materias que era necesario incorporar en lo concerniente al cierre de faenas e instalaciones mineras.
Junto con señalar que realizamos un trabajo muy intenso con el Ministerio de Minería, quiero agradecer a la señora Sara Larraín y a los señores Gonzalo Astorquiza y Neftalí Carabantes, quienes participaron, por nuestra parte, en el equipo de discusión técnica que terminó en el actual texto del proyecto, el que, a nuestro juicio, cumple los objetivos de que en las Regiones y comunas del país no haya faenas mineras sin el correspondiente proceso de cierre.
Hace pocos días, apareció en la primera página de un diario nacional lo que significaba que en la Cuarta Región los relaves estuvieran al lado de la ciudad -el Senador Pizarro me señala que se encuentran dentro de ella-, y lo complejo que eso resultaba para la vida cotidiana y la salud de las personas.
Señor Presidente, no deseo extender mis observaciones -imagino que las Senadoras Rincón y Allende van a hablar de otros puntos-, sino tan solo recordar que hubo un compromiso del Ministro de Minería, don Laurence Golborne, y del señor Subsecretario que se encuentra presente en la Sala, en cuanto a crear una comisión a fin de estudiar una iniciativa para resolver el problema de los pasivos ambientales, lo cual corresponde a una materia distinta del cierre de faenas e instalaciones mineras.
El sistema propuesto operará hacia el futuro. Todos conocemos lo que en el pasado significó la denuncia de CNN respecto de los pasivos ambientales que estaban afectando a comunidades completas, debido a que las empresas mineras los dejaron botados, sin que hasta la fecha se hagan cargo de la situación.
Por eso quiero decir con toda claridad que el Ministro señor Golborne no ha cumplido su palabra, pues no constituyó el equipo, pese a su promesa. Así que, como se encuentra presente el señor Ministro subrogante, espero que dé a conocer estas observaciones al Titular de la Cartera, porque se trata de algo muy relevante.
En Regiones del norte y del sur del país, hay actualmente relaves y pasivos mineros que están afectando la vida de las personas en forma peligrosa. En un informe que se publicó, se señala claramente que existe riesgo para la vida y la salud. Entonces, resulta indispensable que ese compromiso se cumpla.
Hemos hecho entrega de un proyecto, el que, en todo caso, vamos a presentar en el Congreso, con el objeto de que se logre el objetivo final de que en Chile se dicte una normativa -lo que es muy importante- para regular a futuro el cierre de faenas mineras y para que el Estado y los privados que hoy están dejando relaves se hagan también responsables de mitigar los efectos graves que eso produce en la salud de las personas, en el medio ambiente y en la comunidad.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, al igual que el señor Ministro subrogante, quiero hacer presente que la Comisión de Minería efectuó una labor bastante intensa, y en la cual hubo un trabajo conjunto. En efecto, los parlamentarios designamos diversos asesores para que trabajaran en conjunto con el Gobierno. Y me alegra comprobar que casi todas las observaciones hechas, basadas en las disposiciones del proyecto enviado por la Presidenta Bachelet y que el actual Gobierno había eliminado, fueron nuevamente recogidas.
Gracias a esa actitud, flexibilidad y capacidad de entendimiento -que reconozco- fue posible que la iniciativa se aprobara prácticamente por unanimidad, con la excepción mencionada por el Senador señor Prokurica.
Mencionaré brevemente algunas de ellas, para destacar la trascendencia de la materia.
En lo referente al cierre de las faenas, se reincorporó nada menos que lo relativo a las exploraciones mineras, lo que, pese a lo sustantivo que era para nosotros, había quedado fuera.
También se reintegró lo atinente a los hidrocarburos líquidos y gaseosos, lo cual es extraordinariamente importante. Y nos alegramos por ello.
Además, es notable que en lo que respecta a la información de utilidad pública la frase "modificación mayor" haya sido sustituida por "modificación sustancial", la que es mucho más clara y precisa que la contenida en el proyecto original.
Asimismo se aceptó la sugerencia del Gobierno en cuanto a un programa de fiscalización.
En fin, todo ello, constituye, a mi juicio, un paso muy relevante y razonable en un país como el nuestro, que es esencialmente minero, sobre todo en las Regiones del norte y en otras.
Sin embargo -sin detenernos en detalles, lo que sería muy largo, pues son casi 70 artículos-, me gustaría destacar dos hechos.
En primer lugar -y esto es muy relevante-, las faenas mineras, que desgraciadamente no contaban con este tipo de legislación en el pasado, nos han hecho soportar, en particular en la Región de Atacama, los pasivos ambientales. Por eso, rescato lo que señalaba el Senador señor Gómez: la importancia de que tengamos una comisión sobre pasivos ambientales o una legislación más idónea al respecto, que dé cuenta de lo que ha ido ocurriendo. Porque, muchas veces, el problema de los relaves, de aguas contaminadas, de poblaciones afectadas, ha sido bastante dramático. Así lo hemos comprobado.
Sin ir más lejos, si los señores Senadores recuerdan, tiempo atrás se publicitó una investigación de CIPER -empresa que a estas alturas se ha vuelto bastante conocida por sus denuncias periodísticas muy bien fundamentadas- sobre una suerte de catastro a lo largo de diversas Regiones de los problemas que se observan todavía como consecuencia de que algunas minas, lisa y llanamente, dejaron de trabajar por haber sido abandonadas. Y, como no había legislación semejante a la que ahora esperamos aprobar -que efectivamente se hiciera cargo del cierre, de la forma en que este se haría, de la fiscalización que va a tener, etcétera-, fueron dejadas a su suerte.
En esa situación se encuentran muchas minas de la Región de Atacama. Entre ellas, puedo mencionar la Compañía Minera Sali Hoschild S.A.; Elena 1/2, ubicada en la comuna de Copiapó; Mina Fortuna; Mina Las Adrianitas, que producía fierro; Mina Teresita, que producía cobre; Mina Sonia III, que producía oro, todas ellas con un cauce de agua cercano o a menos de 200 metros.
La lista es bastante extensa. Aconsejaría a mis colegas Senadores que vieran la nota de CIPER en Internet, porque en verdad es asombroso haber permitido por años de años que una actividad tan importante como la minera no haya contado con una legislación específica. Simplemente, no tuvimos la precaución de regular el cierre de las faenas para evitar los peligros que puede conllevar para la población.
Me quiero hacer cargo de otro asunto, también muy importante.
Aquí se entrega una tremenda facultad y responsabilidad al actual SERNAGEOMIN, el que, según entiendo, va a ser modificado de alguna manera, sobre todo a partir de lo ocurrido en la mina San José, que es de sobra conocido por todo el país.
Obviamente, ese Servicio no puede seguir trabajando como está en la actualidad. Al parecer, la idea del Gobierno es dividirlo en dos áreas. Sin embargo, si no cuenta con el presupuesto adecuado ni con la facultad que ahora se le entrega -hacer las pericias del caso, constatar en terreno, lo dicho en los informes, con apoyo externo, si es necesario-, la futura ley puede quedar en letra muerta.
Señalaba el Senador señor Escalona algo muy importante, que también se vio en la Comisión de Hacienda: las empresas no son las que tienen que realizar esa tarea a título gratuito. Tal responsabilidad recae en el Servicio, sin perjuicio de que pueda contratar consultores.
La pregunta que quiero formular al Gobierno es la siguiente: ¿Tiene suficiente capacidad hoy día el SERNAGEOMIN?
Yo no quiero que la ley en estudio sea inoperante. Yo no quiero que sigamos sufriendo los pasivos ambientales. Yo no quiero que sigamos teniendo minas abandonadas que pueden generar problemas a la población, al entorno o al medio ambiente. Lo que deseo es que esta normativa funcione de verdad. Hemos hecho bastante esfuerzo para aprobarla. Y es vital saber si SERNAGEOMIN dispone de personal, de recursos suficientes y de atribuciones. En principio, el proyecto se los da. Pero la pregunta que hago al Ministro subrogante -por su intermedio, señor Presidente- es si va a tener todo eso. Porque, de otra manera, la ley va a quedar en letra muerta, lo que sería muy doloroso, ya que el listado de pasivos ambientales, de minas abandonadas, de problemas en el medio ambiente, de dificultades para las personas, es interminable. Y eso es, precisamente, lo que estamos tratando de evitar. Si no lo hemos logrado, por desgracia, como queremos, no podemos seguir llenándonos de proyectos que, al final, también resultan contaminantes y emisores.
Dejo planteada esas interrogantes, señor Presidente. De responderse en forma negativa, este proyecto no tendrá el efecto que se espera.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, como lo han señalado mis Honorables colegas, el proyecto de ley que hoy día discutimos fue una iniciativa del Gobierno de la Presidenta Bachelet. Y cuando lo estudiábamos en la Comisión, llegó la indicación sustitutiva del Presidente Sebastián Piñera. Luego de preguntarse por la razón de ello, se llegó al acuerdo de formar una comisión de expertos para despejar las interrogantes que al respecto nos surgían a los miembros de la Comisión.
Quiero agradecer la disposición del Ejecutivo, de su Ministro y de todos los Senadores para avanzar en este trabajo.
El proyecto es tremendamente importante para el país. Y creo que, además, marca la pauta del tratamiento que debe darse a la actividad minera no solo en Chile, sino en otros países.
En esta iniciativa de ley -y lo decía el Senador Prokurica-, se mantienen los dos pilares claves del articulado original y que constituyen su columna vertebral: primero, el plan de cierre de faenas mineras que debe presentar todo proyecto, actual o futuro, y, segundo, la garantía de cumplimiento en función del plazo, del monto o la forma de constitución de sus instrumentos.
Eso fue respetado en la discusión de la Comisión que revisó el proyecto original y la indicación sustitutiva.
Deseo hacer un reconocimiento, también, a quienes asesoraron a los integrantes de la Concertación en la Comisión: a Neftalí Carabantes, a Sara Larraín, a Gonzalo Astorquiza. Su aporte fue fundamental para despejar la iniciativa que hoy día tenemos a la vista y que debemos votar.
Creo importante destacar que se repuso algo incluido en el proyecto original: los hidrocarburos. La norma que lo hace es pionera y la primera que considera a tales elementos en una legislación como esta. Y también quiero resaltar la disposición del Ejecutivo a reincorporarla. Ya la Senadora señora Allende subrayó la importancia que ello reviste, por lo cual no voy a explayarme.
En seguida, quiero señalar que en estas materias estamos dando cumplimiento a una deuda que tenía el país. Se ha hecho referencia a la existencia del Registro de que se ha dado cuenta en medios de comunicación. Pues bien, fue elaborado por el SERNAGEOMIN, por funcionarios de Gobierno. Está a disposición de cada uno de nosotros y de los ciudadanos para la información que se requiera.
Obviamente, no solo tenemos que hacernos cargo de las faenas mineras actuales y futuras, sino, también -como se ha señalado- de los pasivos ambientales.
Quizás quienes representan a zonas eminentemente mineras puedan dar muchos más testimonios que yo de lo que esto significa. En las Regiones Tercera, Cuarta o Sexta hay innumerables piques abandonados, de los cuales nadie se hace cargo.
Quiero recordar al Titular de la Cartera -a través del Subsecretario, que hoy está como Ministro subrogante- que empeñó su palabra. Se comprometió con la Comisión de Minería y Energía a constituir el mismo grupo de expertos para revisar la normativa en este ámbito. Y creo que eso no lo podemos dejar en el olvido, porque es parte de nuestras responsabilidades con nuestros hijos y nuestros nietos como legisladores, como país, como autoridades políticas.
De igual modo quiero traer a la memoria otro compromiso del Ministro -de nuevo a través de su subrogante-: la reestructuración del SERNAGEOMIN. Pese a que lo dijo la Senadora señora Allende, quiero insistir en ello. Hubo titulares en el mundo entero por nuestro ejemplar comportamiento en el rescate de los 33 mineros. El Presidente de la República -algunos lo criticaron, otros no- se paseó por el planeta vanagloriándose, con justa razón, por esa hazaña.
Pese a ello, hasta la fecha no se ha presentado un proyecto de reestructuración del SERNAGEOMIN, ni otro en materia de seguridad laboral que dé cuenta de nuestra realidad en el trabajo, específicamente en el ámbito minero.
¡Siguen muriendo trabajadores en la minería, y no hay una propuesta para evitarlo!
Señor Presidente, estamos disponibles para legislar sobre esos asuntos y para apoyar tales iniciativas, porque las creemos necesarias.
Finalmente, a pesar de que no se vincula con el cierre de faenas mineras, quiero recordar una tercera deuda: la constitución de un grupo de expertos para abordar lo relativo a la ENAP. Aún no se dan luces sobre esto. Considero importante que nos hagamos cargo de un problema que sale al debate nacional cada cierto tiempo y que hasta la fecha no ha sido objeto de propuestas por parte del Gobierno ni del Parlamento.
He dicho.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por razones reglamentarias, el señor Ministro subrogante.

El señor WAGNER (Ministro de Minería y Energía subrogante).- Señor Presidente, al parecer el Senador señor Orpis quiere...

El señor LETELIER (Vicepresidente).- No se preocupe, señor Ministro. La Mesa dirige la sesión.
Tiene la palabra.

El señor WAGNER (Ministro de Minería y Energía subrogante).- Señor Presidente, simplemente quiero hacerme cargo de las alusiones efectuadas con respecto al compromiso de estudiar lo relativo a los pasivos ambientales y al equipo técnico que debemos organizar para ello.
Efectivamente, nos comprometimos a formar tal grupo de trabajo durante los primeros meses de este año. Y lo vamos a hacer. Estableceremos los contenidos que se tratarán en forma y fondo, y organizaremos el equipo pertinente para discutir y analizar los distintos asuntos con el rigor técnico que corresponde. Para ello queremos invitar también a miembros del Ministerio del Medio Ambiente, quienes han hecho bastantes análisis al respecto.
Por lo tanto, dicho compromiso está dentro del tiempo fijado y se va a cumplir en forma y fondo.
En segundo lugar, en cuanto a la pregunta de la Senadora señora Allende relativa a si el SERNAGEOMIN cuenta con el personal y el presupuesto adecuados, hago presente que, obviamente, este Servicio deberá capacitar a sus funcionaros para cumplir su función. ¿Por qué? Porque el proyecto regula labores nuevas.
Por lo tanto, habrá que implementar el proceso pertinente, que va a tomar tiempo. Destinaremos los recursos necesarios para que se efectúe de buena manera. Pero, adicionalmente, iniciaremos un proceso de aprendizaje tendiente a desarrollar los equipos técnicos. Porque -repito- lo planteado es algo que nunca se había llevado a cabo en el país. O sea, deberemos aprender a realizarlo.
Tengan la certeza de que haremos el mayor esfuerzo a nuestro saber y parecer para disponer los recursos y formar los equipos humanos con el fin de lograr ese objetivo.
Finalmente, con relación a la reestructuración del SERNAGEOMIN, agradezco la disposición manifestada por el Congreso para legislar sobre cuestiones de seguridad laboral e institucionales.
Hemos dicho en varias ocasiones -y así estamos trabajando- que plantearemos una estructura con nuevas normas en el ámbito de la seguridad minera, la creación de una Superintendencia de Minería y el desarrollo del Servicio Nacional de Geología y Minería.
Esa nueva institucionalidad y la nueva normativa en seguridad serán presentadas este año al Parlamento. Ya estamos elaborando el proyecto respectivo. Espero que en su oportunidad tengamos la misma discusión técnica de hoy y buena disposición para analizarlo y aprobarlo por consenso, dado que se trata de materias de Estado de largo plazo muy importantes para el país.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, Honorable Senado, siendo aún Presidente de la Comisión de Minería, me correspondió en su momento abordar esta iniciativa.
Para colocarla en contexto, cabe plantearse una primera reflexión: ¿es la minería la única actividad productiva que genera pasivos ambientales? Ciertamente, no. Hay muchas otras.
Por lo tanto, en tal sentido, hoy deberíamos en parte sentirnos tremendamente orgullosos: la minería ha dado un paso adelante.
Sin embargo, el resto de las actividades productivas no se han hecho cargo de sus pasivos ambientales. Por consiguiente, en una perspectiva de futuro, el proyecto que nos ocupa debería replicarse en esas otras áreas. De hecho, espero que se presenten muchas iniciativas legales que establezcan que las actividades productivas que generan pasivos ambientales tengan un estatuto jurídico que se haga cargo de ellos de principio a fin, en particular en las etapas de cierre y de poscierre.
Es tremendamente positivo, señor Presidente, que una actividad como la minería, desde la elaboración del proyecto hasta el cierre de la faena -incluso más allá, en el período de poscierre-, asuma la responsabilidad de evitar los pasivos ambientales.
Ello, evidentemente, le da mucho más viabilidad a la minería. Porque las comunidades que el día de mañana puedan -entre comillas- verse afectadas por una actividad minera y todo el país tendrán la seguridad de que todo proyecto en el futuro contará con un plan de cierre y poscierre, lo cual estará garantizado desde el punto de vista financiero.
La minería, entonces, pasa a ser pionera en cuanto a hacerse cargo de los pasivos ambientales.
Señor Presidente, quiero referirme a dos cosas más.
En general, en las legislaciones se le exige mucho al sector privado, y el ámbito público normalmente queda al margen. Un mérito de este proyecto es que no hace diferencia entre ambos sectores respecto a los planes de cierre de faenas.
Por otra parte, dado que esta iniciativa era técnicamente compleja y que, además, abordaba materias de Estado, como Presidente de la Comisión de Minería me pareció que lo más lógico era formar equipos técnicos integrados por representantes tanto de la Concertación y la Alianza como del Gobierno.
En mi opinión, se logró un gran proyecto. En su elaboración participaron todos los sectores políticos. Pienso que esto debe servir de ejemplo para abordar en el futuro materias complejas relativas a asuntos de Estado. El texto que nos ocupa constituye una muestra clara de que una situación complejísima puede sacarse adelante sin grandes dificultades.
Señor Presidente, para ser justos en lo concerniente a la gestación de esta iniciativa, quiero agradecer al Gobierno y a los equipos técnicos de todos los sectores políticos por el trabajo realizado.
Aprovecho de hacer una precisión respecto de los hidrocarburos: este punto fue incorporado a través de una indicación que formulé junto con el Senador señor Prokurica. Lo señalo para que conste en la historia de la ley. Y se planteó, en particular, por las inquietudes que manifestó el Honorable señor Bianchi en el seno de la Comisión.
A mi juicio, gran parte de las proposiciones sugeridas por los parlamentarios de la Concertación y la Alianza fueron recogidas en este proyecto.
En definitiva, este es un gran avance.
La iniciativa debería servir de guía a otras actividades productivas que generan pasivos ambientales, para que los eviten.
Esto le dará mucho más legitimidad a la minería. Las comunidades tendrán la certeza de que habrá planes de cierre y de poscierre de faenas garantizados con recursos financieros.
Señor Presidente, pienso que hemos dado un gran paso en esta materia. Fue abordada de manera transversal y generó grandes resultados, como lo demuestra el texto aprobado prácticamente de forma unánime en ambas Comisiones.
He dicho.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.

El señor ESCALONA.- Señor Presidente, quiero referirme en particular al aspecto contenido en las páginas 19 y 20 del informe de la Comisión de Hacienda.
Comparto toda la valoración positiva hecha por los Senadores y las Senadoras que han usado de la palabra. Sin lugar a dudas, la iniciativa constituye un avance para el país desde los puntos de vista económico y medioambiental.
En consecuencia, creo que la preocupación manifestada ayer en la Sala por el colega Navarro ha quedado perfectamente despejada. Porque, efectivamente, al establecerse una legislación que regula el cierre de faenas mineras se está dando un paso muy importante. El país puede confiar en que así es, más aún si la unanimidad del Congreso lo respalda.
Lo que señalo dice relación con el artículo 37, letra b), señor Presidente.
En esa norma se dispone que el Servicio Nacional de Geología y Minería podrá contratar, para cumplir su tarea fiscalizadora, asesores externos especializados. La Comisión de Hacienda eliminó la expresión ", a título gratuito u oneroso".
Podría parecer un contrasentido que los miembros de dicha Comisión, por unanimidad, quisiéramos imponerle al Fisco un costo innecesario. Pero detrás de tal aspecto hay una discusión muy de fondo vinculada con un asunto económico del presente: el riesgo de la captura del regulador por el regulado, lo cual se ha registrado en otras actividades productivas.
Hubo parlamentarios, entre los que me cuento, que manifestaron su preocupación al respecto.
La experiencia que conozco es la de la industria del salmón, donde esta situación ocurrió.
Cuando el fiscalizador recurre al fiscalizado se produce la captura del regulador por el regulado. En este caso, si una institución le ofrece al SERNAGEOMIN ser agente fiscalizador a título gratuito, pueda perfectamente correrse el riesgo cierto de que detrás de esa -entre comillas- generosidad se hallen los intereses del regulado que va a buscar capturar al regulador. O sea, se registra la cooptación del Estado por los intereses económicos que han de ser fiscalizados.
Me alegro profundamente de que en este aspecto hayamos coincidido parlamentarios tanto de Gobierno como de Oposición. Incluso quienes hemos sostenido ásperos debates en el Senado, como el Senador Novoa y quien habla -a veces respecto del ámbito público-, tuvimos en este punto una concordancia de opinión.
Es mejor establecer claramente que los servicios de los agentes externos especializados serán "contratados" por el SERNAGEOMIN. Así no ocurrirá que un desinteresado -entre comillas- llegue a ofrecerse de manera gratuita para fiscalizar.
La fiscalización es una obligación del Estado y la cumple el ente respectivo. No cabe entregarla y tiene que financiarse. Y no se puede correr el riesgo de que el aparente desinterés de quien se ofrece de manera gratuita para supervisar desnaturalice por completo la función fiscalizadora de la institución pública llamada a cumplirla.
He dicho.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Vamos a hacer sonar los timbres para llamar a la votación.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En primer lugar, se procederá a votar las enmiendas acordadas en forma unánime en las Comisiones. Algunas de ellas recaen en normas de carácter orgánico constitucional, las cuales fueron especificadas por la Secretaría en la relación del proyecto.
Posteriormente, se votará el inciso sexto del artículo 38, aprobado por mayoría en la Comisión de Minería y Energía, que también tiene rango orgánico constitucional.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- En votación las modificaciones aprobadas por unanimidad en las Comisiones.

El señor WAGNER (Ministro de Minería y Energía subrogante).- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Estamos en votación.
Solicito el asentimiento de la Sala para que pueda intervenir el señor Ministro.
--Se otorga.

El señor WAGNER (Ministro de Minería y Energía subrogante).- Señor Presidente, quiero aclarar dos puntos.
En la enmienda a la letra b) del artículo 37 hay consenso. El Ejecutivo respalda plenamente el planteamiento del Senador señor Escalona.
Al sacar la expresión ", a título gratuito u oneroso" queda claramente establecido en la redacción del precepto que será el SERNAGEOMIN el que financie y organice la fiscalización. Así se evita la cooptación.
Por otra parte, en el inciso sexto del artículo 38, que dice exactamente "En caso de negativa de acceso a la faena minera, el Director podrá solicitar, previa resolución fundada, el auxilio de la fuerza pública.", estamos señalando que cuando se impida...

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Perdóneme, señor Ministro.
El artículo 38 va a ser considerado después. Ahora estamos en la votación de las enmiendas aprobadas por unanimidad.
Si desea emitir opinión acerca de una disposición específica, le sugiero pedir la palabra antes de la votación respectiva, y no habrá problema.
El señor WAGNER (Ministro de Minería y Energía subrogante).- Muy bien.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueban las enmiendas acordadas por unanimidad en las Comisiones (29 votos a favor), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, Girardi, Gómez, Horvath, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).


El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Finalmente, corresponde tratar la modificación aprobada por mayoría en la Comisión de Minería y Energía.
Ruego a Sus Señorías dirigirse al inciso sexto del artículo 38, que dice: "En caso de negativa de acceso a la faena minera, el Director podrá solicitar, previa resolución fundada, el auxilio de la fuerza pública.". Se refiere, según el texto del proyecto, al Director del Servicio Nacional de Geología y Minería.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- En discusión el inciso sexto del artículo 38.
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, dicha norma, que generó cierta controversia, es un punto esencial dentro de las potestades fiscalizadoras.
Cuando fui Director del SESMA, lamentablemente me tocó muchas veces solicitar el auxilio de la fuerza pública, porque a los fiscalizadores en reiteradas ocasiones se les denegaba la posibilidad de cumplir sus funciones.
Si se obliga a seguir el procedimiento, previa orden judicial, resultará imposible la fiscalización. Porque, finalmente, se estará generando burocracia y entrabando la acción respectiva. No creo que haya, en particular acerca de la materia de que se trata, fiscalización en exceso -ojalá hubiera mucho más-, siempre ha habido un déficit al respecto, y así ha quedado demostrado a raíz de la problemática minera.
Yo desafío a los señores Senadores a evaluar el asunto.
En Chile, falta fiscalización; no sobra. Y si nosotros además la entorpecemos, pondremos en riesgo al medio ambiente, la seguridad de los trabajadores y la vida de las personas.
Este proyecto representa un gran avance, particularmente en las zonas mineras.
Hace muchos años me tocó denunciar la situación de Copiapó, pues los cerros que se ven a su alrededor corresponden a relaves o residuos mineros masivos, tóxicos, que nunca fueron tratados al no existir una normativa sobre cierre de faenas mineras.
Ha costado mucho sacar adelante la presente iniciativa. Por eso, quiero elogiar primero al Ejecutivo, por haberla llevado a feliz término, y en segundo lugar, a los Senadores de la Concertación, por perfeccionarla.
Pero no podemos confeccionar una "pistola de agua". Se trata de una cuestión central. Si queremos fiscalización de verdad, entonces démosle todas las atribuciones al Servicio, las cuales, además, han sido planteadas por el Ejecutivo. De lo contrario, elaboremos una "pistola de agua", o sea, establezcamos una institución sin dientes ni muelas, donde, finalmente, su capacidad y potestad fiscalizadoras serán mínimas.
La gravedad de los hechos vividos en carne propia, como la experiencia de los 33 mineros, nos debe enseñar muchas cosas, no solo a efectuar un buen rescate, sino a evitar que ocurra un hecho de esa naturaleza.
A mi juicio, debemos aprobar de todas maneras la norma en debate, que resulta fundamental como reconocimiento o para dar fuerza o cierto grado de poder a quienes fiscalizan.
Yo nunca he visto en Chile, por lo menos en el SAG, en la CONAF, en la Salud, en el SERNAGEOMIN, excesos de fiscalización. Muchas veces ni siquiera existen los recursos para ello. En ocasiones, es difícil llegar donde se desarrollan procesos que deben ser fiscalizados, particularmente en el ámbito minero. Identificar situaciones de riesgo es también complejo.
Ahora, si luego de arribar al lugar de la faena, en el que existe evidente peligro, se precisa una orden judicial porque no se permite entrar, entonces quiere decir que lo único que se está logrando es destruir la posibilidad de fiscalizar. Tener que pedir una resolución judicial que autorice el ingreso a una faena minera para su inspección es inaudito, carece de todo sentido.
Lo que estamos haciendo es borrar con el codo lo que escribimos con la mano.
He dicho.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, quiero llamar la atención sobre lo que se entiende por faena minera: "conjunto de instalaciones y lugares de trabajo de la industria extractiva minera, tales como minas, plantas de tratamiento, fundiciones, refinerías, maestranzas,", etcétera.
Por lo tanto, lo que hace la norma en análisis es permitir que la fiscalización se haga en esa área.
Y el artículo 37, sobre facultades fiscalizadoras del Servicio, en su letra a) señala: "Ingresar a toda faena, instalación o establecimiento asociado a ella, con excepción de aquellos que sean utilizados como vivienda o morada;", es decir, se prohíbe expresamente la entrada a lugares no considerados como faena minera.
Por consiguiente, lo razonable es mantener en el inciso pertinente del artículo 38 la facultad otorgada, porque se refiere de manera exclusiva a la acción que realizará el fiscalizador para que se respeten las normas en las faenas mineras, no afectando ningún derecho.
De introducirse un cambio sobre el particular, significará que las capacidades o factibilidades de fiscalización serán más demorosas, no se cumplirá con los plazos ni con la condición específica fijada por nosotros en la discusión del proyecto en el sentido de que los fiscalizadores pongan remedio a un problema con la mayor prontitud posible.
En consecuencia, considero perfectamente resguardada la actuación en aquellas áreas donde existe privacidad, por lo que no pueden resultar afectadas, materia que, según entiendo, preocupa al Senador señor Prokurica. Porque aquí nos referimos de manera concreta a las faenas mineras, que se hallan definidas en el proyecto, respecto de las cuales existe la prohibición clara de ingreso si no revisten tal carácter.
Por lo tanto, deberíamos aprobar tal como viene el referido inciso, que establece: "En caso de negativa de acceso a la faena minera, el Director podrá solicitar, previa resolución fundada, el auxilio de la fuerza pública.".
Además, la expresión "resolución fundada" significa que si no cumple con el requisito de la fundamentación para formular la petición pertinente, se impondrán las sanciones que el Estatuto Administrativo estipula para ese fiscalizador que mal ocupa a la policía.
En ese caso, señor Presidente, resulta indispensable mantener la norma en cuestión.

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor WAGNER (Ministro de Minería y Energía subrogante).- Señor Presidente, el efecto de la disposición en debate es el siguiente.
En primer lugar, se debe entender que la fiscalización minera se realiza in situ, es decir, hay que llegar al terreno, entrar a la mina, estar en el yacimiento para poder efectuarla. De lo contrario, solo será teoría, sin ningún resultado práctico. Se debe mirar y entender, por ejemplo, la geotermia, la geofísica, la mecánica de suelos, la mecánica de roca, para saber cuáles son los riesgos presentes.
En el caso de un proceso ambiental, donde existen tranques de relaves, cierres de faenas, sujetos a determinados procedimientos, también se debe fiscalizar oportunamente in situ. Hay que establecer, ordenar y organizar el procedimiento respectivo de tal forma que la capacidad técnica existente en el lugar permita asegurarnos su correcta realización.
Aquí estamos hablando de un proceso de fiscalización del plan de cierre de faenas, que puede ser parcial o total, cuya ejecución probablemente tomará algún tiempo una vez establecido, 10 ó 15 años. Por lo tanto, se deben instaurar los mecanismos que permitan ver los avances al respecto.
El plan de cierre no implica en ningún caso una fiscalización por otros conceptos: desautorización de la mina, alguna multa. Se trata simplemente de aplicar lo dispuesto en la ley en proyecto. Lo que Sus Señorías acaban de aprobar es que los procesos se vayan auditando al menos cada 5 años, o cuando haya una modificación sustantiva de dicho plan.
En consecuencia, ¿cómo alguien se puede negar a que en el momento indicado el mismo plan de cierre que presentó sea auditado o revisado, si así lo establece la ley? ¿Cómo se podrá saber si dicho plan se está cumpliendo bien de no fiscalizarse en terreno?
Por lo tanto, cuando alguien niega el ingreso a la faena, se modifica la columna vertebral del proyecto, lo cual resulta indicativo de que esa persona no quiere llevar a cabo el plan de cierre de la forma en que lo formuló al Servicio.
Adicionalmente, se establecen resguardos de distinta naturaleza.
En primer lugar, la empresa está obligada -según establece el inciso quinto del artículo 38- a proporcionar la información veraz y oportuna respecto del plan de cierre.
En segundo término, debe haber una resolución fundada para pedir el auxilio de la fuerza pública. No es arbitraria. Tiene que dictarse tal resolución. Y la lógica y el sentido común nos dicen que la persona que por alguna razón no desea que le revisen su plan de cierre -cuestión totalmente distinta a la fiscalización de la faena-, debe permitirlo porque es parte del proceso de auditoría.
Y, por último, los inspectores son ministros de fe que van a certificar que dicho proceso se ejecutó de manera correcta, de acuerdo a la ley y a lo que el propio plan de la compañía detalla.
La medida propuesta no se halla asociada a la fiscalización normal de una faena. Cuando alguien se niega a que su faena sea auditada, solo se puede proceder previa resolución judicial. Pero aquí hemos establecido que la propia empresa debe ejecutar el plan de cierre, el cual tiene que ser revisado obligatoriamente cada 5 años o cuando se modifique un procedimiento, y, en consecuencia, no se entiende que alguien se niegue a su fiscalización en terreno, pues es la única manera de comprobarlo.
Por eso, ante la negativa de una persona, no tenemos otra alternativa que ocupar la fuerza pública, pues así lo dispone la propia normativa.
He dicho.

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica. Después el Secretario aclarará lo que se votará, si es necesario.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, hemos inaugurado un nuevo período. Así, el Presidente del Senado baja de la testera a decir que uno de los Senadores quiere hacer una pistola de agua con esto. ¡No, señor Presidente! ¡Todos los temas que plantea un Senador aquí son serios!
Yo, por supuesto, no pretendo echar abajo el proyecto en análisis. Por el contrario, busco que funcione. Soy de una Región minera. Pero también soy chileno. Y no me parece adecuado entregarle facultades a un funcionario administrativo para que ordene el uso de la fuerza pública. Creo que nadie está en contra de que pueda utilizarla, pero lo solicitará a los tribunales. Serán estos últimos los que se pronunciarán sobre el particular, porque esa es la manera en que ocurre en todas partes del mundo.
En el Parlamento, hemos ido poco a poco cercenando los derechos de los ciudadanos y hemos otorgado a veces facultades de las cuales luego nos arrepentimos. Después en los pasillos decimos: "¡Cómo es posible que ahora el fiscal haya comprado una máquina para interceptar los teléfonos!". Eso está ocurriendo porque nosotros aprobamos tales normas.
Entonces, les señalo derechamente que no se trata de que el funcionario administrativo no tenga la facultad de solicitar el auxilio de la fuerza pública. ¡Claro que puede pedirlo! ¡Pero no ordenarlo, señor Presidente! ¡Y se lo digo a Su Señoría!
Por supuesto que en Chile no hay exceso de fiscalización. Pero sí se dan excesos en la fiscalización. Y eso sucede todos los días. Y lo que yo pretendo, mediante el rechazo de la disposición en análisis, es que el funcionario público al que no se le está permitiendo hacer su trabajo -que supuestamente tiene razón- solicite al tribunal el auxilio de la fuerza pública, y que con ella pueda ingresar y desarrollar su labor. Eso es lo que me parece que ocurre en cualquier democracia.

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, nos encontramos frente a un tema que se debatió en la Comisión.
Entiendo las aprensiones del Senador señor Prokurica. Pero creo que la exposición del Ministro subrogante es clara. Estamos hablando de un plan de cierre presentado por el que lo está llevando adelante. Y nos parece que en este tipo de actividades el que la autoridad -en este caso, SERNAGEOMIN- pueda contar con el auxilio de la fuerza pública resulta vital. Y lo ha mencionado el Ministro: se realiza mediante resolución fundada.
La facultad señalada la poseen hoy todos los intendentes y gobernadores en nuestro país, en casos especiales.
Y consideramos que no corresponde poner en riesgo una materia tan sensible como la que nos ocupa al incorporar la petición ante los tribunales, a los que además recargaremos de trabajo. Estos tendrían que requerir informes a las entidades especializadas, que en este caso sería de nuevo el SERNAGEOMIN. Ello entrabaría un procedimiento que debiera ser bastante expedito.
Creo que no tendríamos que discutir más este asunto, sino someterlo a votación.
Señor Presidente, a la vez, le pido que especifique acerca de qué nos vamos a pronunciar, pues varios colegas nos han preguntado sobre el particular.
Finalmente, hago una aclaración respecto de algo que se mencionó anteriormente. Lo relativo a los hidrocarburos venía en el texto original. En el debate, el Honorable señor Prokurica manifestó, al igual que nosotros, la inquietud de por qué había sido eliminado, y después se repuso en las Comisiones.

El señor GIRARDI (Presidente).- Están inscritos los Senadores señora Allende y señores Chadwick, Carlos Larraín y Pizarro.
Luego de que intervengan, el Secretario explicará qué se votará.
Tiene la palabra el Honorable señor Carlos Larraín.

El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, me referiré a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 38 del texto propuesto por la Comisión de Minería.
Recojo las aprensiones del Senador señor Prokurica. Nadie ha puesto en duda que la labor de fiscalización de un cierre ocurre en terreno. Me permito señalárselo al señor Subsecretario. Eso es evidente, es un supuesto elemental.
Pero no puedo dejar de admirarme de una confianza excesiva en la potestad y en la pureza de las decisiones de la autoridad administrativa.
Quienes tenemos formación jurídica nos inclinamos más bien a que estas situaciones sean examinadas ante los entes jurisdiccionales.
Respecto de un funcionario público que es ministro de fe de sus propias comprobaciones, a lo menos podemos decir que está preconstituyendo una prueba. Entonces, resulta útil que esta persona, aunque sea en algunos extremos de su labor, se encuentre sometida a que los tribunales la apoyen. Ahora bien, hasta en las actividades más modestas estos últimos decretan el auxilio de la fuerza pública. Los funcionarios suelen tomar una autonomía excesiva. Y eso mismo ha de obligar a que se desempeñen dentro de cierta tutela, así sea remota.
Nadie pretende impedir la fiscalización, como alguien ha insinuado. Al contrario, lo que se quiere es que esta sea hecha de manera que luego no pueda ser impugnada.
Es factible resolver el problema sustituyendo la palabra "fundada" por "judicial". Y perfectamente podría recurrirse a un proceso sumario o a uno sumarísimo. Y eso no pone en cuestión la posibilidad de actuar. Al contrario, refuerza las conclusiones de la labor de fiscalización. Eso es lo que significa el Estado de Derecho y el debido proceso.

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, creo que nos hemos detenido en un punto no menor.
Pienso que en esta Sala -espero que unánimemente- todos compartimos que se trata de un gran proyecto, de un avance por lo menos en un área: la minería. Ojalá esto también tenga su correlato en otras actividades económicas que muchas veces, por desgracia, dejan o significan problemas medioambientales en su entorno.
Volviendo al tema en debate, no es menor lo que se ha planteado.
En cuanto a lo señalado por el Senador Carlos Larraín, entiendo que es lo pertinente desde el punto de vista jurídico en un Estado de Derecho y en democracia. Me alegro de lo manifestado, y ojalá nunca más terminemos con ella. Evidentemente, reconozco que en un Estado de Derecho pareciera que es el Poder Judicial el que debe dar la orden para que se emplee la fuerza pública.
Sin embargo, creo que los argumentos entregados por el propio Ministro subrogante en la Sala y la experiencia indican otra cosa.
En los casi setenta días que compartimos durante el rescate en la mina San José, conversando muchas veces con personal de SERNAGEOMIN y con otros funcionarios, uno de los aspectos que nos mencionaban, a partir de su experiencia, se refería a las pocas facilidades que tenían para inspeccionar las minas.
Si hay algo de lo cual nos podemos lamentar -la Comisión investigadora de la Cámara de Diputados fue muy concluyente sobre el particular- es que no lograron cumplir a cabalidad los servicios a los que les asistía esa responsabilidad. Hablamos de SERNAGEOMIN, pero también de la Dirección del Trabajo y, lo que es más serio todavía, del caso específico del SEREMI de Salud. Este, habiéndose producido un accidente bastante grave, llegó antes que la Dirección del Trabajo a constituirse en el lugar de los hechos -hablo de la mina San José, donde un trabajador perdió su pierna-, pero, no obstante ello, hizo una inspección francamente muy superficial y no cerró la mina.
Como decía, conversando con los funcionarios, estos se quejaban de las pocas facilidades con que cuentan por parte de los propios dueños para que sea inspeccionada la mina. Y este tema no es menor.
Entonces, si se tiene que recurrir a los tribunales, se puede perder oportunidad.
Yo no pongo en cuestión una legítima preocupación, sobre todo de los abogados. Pero más que hablar de exceso de los fiscalizadores, lo que yo quiero es que nuestros funcionarios de verdad puedan ejercer esa labor fiscalizadora.
De ahí mi inquietud planteada al Gobierno, y la reitero. El Ministro subrogante decía con justeza que esto es nuevo, que es preciso capacitar a los funcionarios, que hay que dotarlos de recursos. Por cierto. Pero si no cumplimos en aquello, ahora sí que correremos el riesgo de transformarlo en letra muerta. Porque, evidentemente, en SERNAGEOMIN recaerá la gran responsabilidad de inspeccionar, evaluar y determinar si efectivamente ese proyecto de cierre de faena cumple todas las exigencias establecidas en cuanto a las estabilidades físicas y químicas de los materiales y depósitos y a las consecuencias que puedan derivar de aquel.
Por lo tanto, señor Presidente, me parece que el texto en cuestión, como está redactado, no les otorga atribuciones excesivas a los fiscalizadores, sino que, más bien, les da mayor fuerza, más potencia, relevando su función, la que, por desgracia, muchas veces no pueden ejercer justamente porque no cuentan con el apoyo necesario, porque no siempre tienen el respaldo de los dueños de la empresa, quienes deben facilitar el acceso a la faena para que la inspección sea seria y se eviten problemas graves, como los que lamentamos en la mina San José y que todo el país conoció.
Entonces, para mí, la dificultad más sustantiva radica en cómo garantizamos que los fiscalizadores del SERNAGEOMIN cumplan su labor. Hemos de asegurar a plenitud que dispondrán de los recursos indispensables: materiales, capacitaciones, en fin.
Además, la norma en cuestión establece con claridad que los funcionarios del referido Servicio "tendrán el carácter de ministros de fe, respecto de los hechos que constataren dentro del ámbito de sus competencias". Y esto no es menor, pues, para dar fe de los hechos comprobados en el ejercicio de sus facultades, al menos dos de ellos deberán autorizar las actas de fiscalización en que consten las correspondientes actuaciones. O sea, además existirán actas que graficarán cómo se desarrolló la fiscalización.
Señalo aquello para que no se hable aquí de "excesos". Más bien, pienso que, si hay algo de lo que hemos pecado en nuestro país, es de lo contrario: de omisiones y de falta de fiscalizadores.
Si hubiese más fiscalizadores en la Dirección del Trabajo, no tendríamos que lamentar los abusos contra los sindicatos, las prácticas antisindicales y, muchas veces, la persecución a los dirigentes gremiales.
Si existiesen suficientes fiscalizadores en otras áreas, a lo mejor no lamentaríamos de repente lo que se acaba de ver en un programa de televisión: el encierro de trabajadores por parte de una empresa privada, de una cadena de supermercados tremendamente conocida.
¡Es insólito! Estamos en el mes de marzo de 2011. Y la verdad es que uno se pregunta si es la fecha correcta, porque de pronto parece que hemos retrocedido 50, 100 años, a cuando se luchaba por reducir a 8 horas la jornada laboral, o a cuando las trabajadoras exigían una serie de derechos, lo que dio lugar a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Entonces...

El señor GIRARDI (Presidente).- Perdón, señora Senadora, pero se acabó su tiempo.
Puede terminar la idea.

La señora ALLENDE.- Gracias, señor Presidente.
Concluyo manifestando que, en consecuencia, es fundamental que nos preocupemos de garantizar que se ejerza efectivamente la fiscalización y procuremos que la ley en proyecto vea la luz y sea eficaz para nuestro país.
He dicho.

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.

El señor CHADWICK.- Señor Presidente, tengo una duda jurídica -conversábamos al respecto con los Senadores Espina y Carlos Larraín-, y me gustaría que la Comisión me ayudara a despejarla.
La Constitución Política les entrega la atribución de ordenar el empleo de la fuerza pública, por una parte, al Presidente de la República, en cuanto tiene la responsabilidad de conservar el orden interno -y la ley determina cómo debe hacerlo; por eso, los intendentes y gobernadores pueden requerirla para mantener el orden público-, y por otra, a los tribunales, en forma directa, a fin de que den cumplimiento a las resoluciones judiciales.
En este momento no recuerdo si existe otro caso de un funcionario público que pueda requerir u ordenar directamente el empleo de la fuerza pública. No lo sé.
Tal vez en la Comisión abordaron el punto o preguntaron qué otro organismo público se encuentra autorizado para solicitarla. Si no lo hubiese, habría que determinar si, para el efecto señalado, el ente a que se refiere la iniciativa cabe dentro de la atribución genérica prevista en la Carta Fundamental.
Esa es mi consulta, señor Presidente. Porque, en verdad, desconozco la situación.

La señora ALLENDE.- Creo que la Dirección del Trabajo posee esa facultad.

El señor LETELIER.- También los servicios de salud.

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, aprovechando el debate que se ha suscitado, quiero destacar la importancia de este proyecto, que establece la obligación legal para todas las instalaciones y faenas del sector minero de presentar un plan de cierre que permita terminarlas con seguridad y sin contaminar desde el punto de vista medioambiental ni afectar la salud de las personas.
Expreso lo anterior porque ese fenómeno se observa prácticamente en toda la Cuarta Región. Imagino que en el informe de la Cámara de Diputados quedó clara la enorme cantidad de relaves, de desechos que existen en las distintas comunas de la zona, e incluso -como señaló el Senador Gómez-, en ciudades capitales de provincia.
Cabe mencionar el caso de Illapel, sin ir más lejos. Pero el más dramático o más complejo es el de la comuna de Andacollo, que está ubicada entremedio de los relaves y de las tortas de desechos de mineral, todo lo cual, indudablemente, contamina el ambiente y produce efectos nocivos para la salud de los ciudadanos generación tras generación.
Por ello, cuanto implique avanzar y modernizar desde el punto de vista legislativo para que las empresas, una vez que terminen de operar, cumplan la obligación de realizar un cierre de faenas como corresponde, bienvenido sea.
Hoy el cierre de las instalaciones se hace de manera voluntaria y sin control de ningún tipo. Así ocurrió con la minera El Indio, en la comuna de Vicuña, que efectuó un cierre bastante aceptable -por así decirlo-, pero sin control alguno por parte de los órganos de fiscalización del Estado.
Me alegro también de que respecto a los desechos ambientales existentes a lo largo y ancho del territorio, de los cuales nadie se hace responsable, se vaya a cumplir -por lo que he escuchado- el compromiso del Ministro del ramo de enviar en breve al Congreso una normativa que permita solucionar el problema.
Ahora, con relación al uso o no uso de la fuerza pública, coincido por completo en la necesidad de una fiscalización efectiva en la materia a que nos estamos refiriendo.
No les temo a las empresas más grandes, porque, objetivamente, tienen considerados dentro de sus costos los planes de cierre. La dificultad se produce con todas las faenas o instalaciones donde sus propietarios se hallan preocupados de la explotación pero no de lo que va a pasar una vez que se termine el recurso o luego de que, por razones económicas, decidan dejar de operar.
En tales casos, la experiencia indica -según expresaba el señor Ministro subrogante- que son fundamentales el sentido de la oportunidad y la posibilidad de llevar a cabo una fiscalización in situ.
Tengo la impresión, señor Presidente, de que varios servicios hacen uso de la fuerza pública para ejercer su función fiscalizadora.
Uno ve en la televisión cuando los equipos de salud ambiental llegan a los restaurantes a controlar el estado de los alimentos o de las dependencias.

El señor PROKURICA.- Van con la fuerza pública.

El señor PIZARRO.- Exacto: acuden con la fuerza pública.

El señor PROKURICA.- Y la piden con antelación.

El señor PIZARRO.- Concurren con la fuerza pública porque previamente una autoridad, de manera responsable, la ha solicitado para que apoye el desarrollo de una fiscalización. Y Carabineros la facilita porque un director de servicio -repito- la pidió responsablemente.
Los servicios de aduanas, cuando fiscalizan y controlan, también requieren el uso de la fuerza pública. Y no solo de esta. En los puertos, por ejemplo, llevan a cabo aquellas acciones con las dependencias especializadas de las Fuerzas Armadas, en particular de la Marina. Y proceden con el auxilio de la fuerza pública, en conjunto con esta, por razones obvias, cuando hay clara evidencia de que puede existir contrabando o la comisión de un delito.
Planteo esto, pues, para que la norma pertinente no llame tanto la atención ni dé lugar a decir que se entregará una facultad extraordinaria, o que se va a violar nuestro sistema democrático, o que se cambiarán las reglas del juego.
Me parece pertinente la consulta que hizo el Senador Chadwick, pero pienso que en la iniciativa se hallan claramente consignadas las limitaciones y las condiciones para solicitar el auxilio de la fuerza pública. Se habla incluso de previa resolución fundada del Director del Servicio.
Creo que la norma en cuestión es primordial para cumplir el objetivo de fiscalizar adecuadamente los planes de cierre de las faenas.
He dicho.

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, estimo que lo planteado por el Senador Chadwick no es tan preciso como señaló.
La facultad de autorizar el auxilio de la fuerza pública no es monopolio del Poder Judicial.
El artículo 76 de la Constitución Política dispone en su inciso tercero: "Para hacer ejecutar sus resoluciones, y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que determine la ley, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial, podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren.".
Eso es para los efectos de las resoluciones judiciales o de lo que la ley determine.
Tanto es así que -como bien expresó el Senador Chadwick- el Presidente de la República, a través de sus intendentes y gobernadores, puede requerir el auxilio de la fuerza pública. Pero ello, porque de ese modo lo determina la ley, no porque lo disponga la Carta Fundamental.
Como se dijo acá, otros servicios del Estado también pueden pedir el auxilio de la fuerza pública si la ley así lo autoriza. Esto no es monopolio de los tribunales de justicia, aunque la norma general discurre sobre la base de que, para la ejecución de actos que limiten los derechos de las personas, puede recurrirse al sistema de requerir desde los tribunales el auxilio de aquella. Pero en casos como el que nos ocupa es perfectamente factible consagrar una norma de excepción que permita el uso de la fuerza pública. ¿Por qué? Porque aquí no está en riesgo ningún derecho fundamental.
¿Qué se halla en riesgo aquí, señor Presidente? Por ejemplo, que, en pleno desierto, a un lugar donde existe una faena minera que ni siquiera cuenta con cierros llegue un inspector a verificar si se cumple o no con el plan de cierre propuesto por la empresa y una persona de esta le impida hacer la revisión.

La señora ALLENDE.- Así es.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Qué intenta hacer esa persona? Está tratando de entrabar la fiscalización. No tiene otro objetivo. Y no puede ser un propósito distinto.
Si yo me encuentro en mi casa y a las 2 o 3 de la mañana mi vecino pone la música a un volumen demasiado alto, tengo derecho a llamar a la fuerza pública para que coloque término a la conducta dañina de esa persona.
Entonces, señor Presidente, el uso de la fuerza pública va mucho más allá.
Ella puede actuar por sí misma cuando hay delito flagrante.
O sea, no constituye monopolio de los tribunales de justicia, si bien es la norma general, el requerir el auxilio de la fuerza pública.
Me parece que en el caso que nos ocupa, por lo que nos dijo el Ministro, para que el sistema de fiscalización sea eficiente y no haya el límite que se pretende colocar en cuanto a que la fuerza pública se otorgue a través de la acción de un tribunal, es perfectamente lógico que se apruebe la facultad en cuestión. ¿Para qué? Para que un funcionario policial acompañe al inspector a ejecutar la tarea de constatar si se está cumpliendo o no el plan de cierre, tal como sucede en el caso del funcionario que realiza una inspección en un restaurante u otro establecimiento de esta índole conforme al Código Sanitario, o -lo señaló muy bien el Senador Pizarro- cuando en la puerta de una aduana hay no solo un fiscalizador sino además un carabinero.
Siempre se da la actuación entre autoridades para cumplir determinadas funciones.
Considero que el precepto que nos ocupa no pone en riesgo las garantías constitucionales de las personas, sino que involucra una cuestión vinculada con la eficacia, a los efectos de ver cómo puede aplicarse la facultad pertinente en los términos que queremos.
Por eso, la explicación del Ministro es para convencernos de la necesidad de que el inciso sexto del artículo 38 sea aprobado.
He dicho.

El señor PROKURICA.- Votemos, señor Presidente.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Les recuerdo a Sus Señorías que el artículo 38 sufrió modificaciones en la Comisión.
En todo caso, ahora solo debemos pronunciarnos acerca de su inciso sexto.
Si le parece a la Sala, se someterá a votación el inciso referido.

La señora ALLENDE.- Sí, señor Presidente.

El señor CANTERO.- De acuerdo.

El señor PROKURICA.- Conforme.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Votaremos, pues, el inciso sexto del artículo 38.

El señor CANTERO.- ¿Cómo se vota?

La señora RINCÓN.- Por favor, señor Presidente, que se explique cómo debemos votar.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Muy bien.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los señores Senadores que voten que sí estarán pronunciándose por que el inciso sexto del artículo 38 figure en el proyecto; aquellos que voten que no, por que se suprima de él.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Solo para información de la Sala, frente a la consulta formulada por el Honorable señor Chadwick y otros señores Senadores, quiero dar lectura al artículo 4º, inciso segundo, de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros.
Dice: "Carabineros, asimismo, prestará a las autoridades administrativas el auxilio de la fuerza pública que éstas soliciten en el ejercicio legítimo de sus atribuciones.".

El señor CHADWICK.- Ya lo tengo claro, señor Presidente.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Es decir, formalmente se trata de una facultad que existe para todos los organismos administrativos que requieran el auxilio de la fuerza pública.

El señor CHADWICK.- "En el ejercicio legítimo de sus atribuciones", señor Presidente.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Así es.
Votaremos el inciso sexto del artículo 38, pues los restantes incisos se aprobaron de forma unánime en la Comisión y no fueron objeto de mayores controversias.
En votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el inciso sexto del artículo 38 (26 votos a favor, 3 en contra y una abstención), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido, y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Bianchi, Larraín (don Carlos) y Prokurica.
Se abstuvo el señor Orpis.

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El señor LETELIER (Vicepresidente).- Antes de entrar al siguiente proyecto quiero, en representación del Senado, saludar a los dirigentes de la Federación de Trabajadores del Cobre que nos acompañan, encabezados por el señor Raimundo Espinoza Concha. En unos momentos más se rendirá un homenaje en conmemoración de los 60 años de la fundación de esa entidad.
--(Aplausos en Sala y en tribunas).



MECANISMO TRANSITORIO PARA ADOPCIÓN DE ACUERDOS EN CONDOMINIOS AFECTADOS POR TERREMOTO Y MAREMOTO

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea un mecanismo transitorio de adopción de acuerdos de los copropietarios en los sectores medios, con segundo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo y urgencia calificada de "suma". El asunto fue objeto de una petición de segunda discusión.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7320-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 73ª, en 7 de diciembre de 2010.
Informes de Comisión:
Vivienda y Urbanismo: sesión 85ª, en 11 de enero de 2011.
Vivienda y Urbanismo (segundo): sesión 1ª, en 15 de marzo de 2011.
Discusión:
Sesiones 86ª, en 12 de enero de 2011 (se aprueba en general); 4ª, en 22 de marzo de 2011 (queda para segunda discusión).

El señor LETELIER (Vicepresidente).- En la Comisión se registró consenso en orden a un pronunciamiento sobre el texto en su totalidad, menos una parte determinada, que después se votaría en contra.
Se procederá en esa forma.
Si le parece a la Sala, se aprobará el artículo único, salvo en lo relativo a los seguros.
--Se aprueba por unanimidad.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La Secretaría entiende, sobre la base de la solicitud de votación separada formulada ayer, que esta última se refiere, conforme a la redacción de la norma en el comparado que se halla en poder de los señores Senadores, a la frase "Lo anterior también será aplicable respecto de aquellas presentaciones de naturaleza administrativa que digan relación con la liquidación de los seguros comprometidos sobre los bienes comunes.".

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Los que deseen mantenerla tienen que pronunciarse a favor; los que estén por suprimirla -esa es la recomendación de la Comisión-, en contra.
En votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Por 23 votos en contra, se rechaza la frase, quedando aprobado el proyecto en particular y despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende y Alvear y los señores Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Espina, García, Gómez, Horvath, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- Propongo a la Sala pasar de inmediato al homenaje al aniversario de la Federación de Trabajadores del Cobre, y después, al que rendirá el Honorable señor Chahuán.
Acordado.
Terminado el Orden del Día.

CONMEMORACIÓN DE 60 AÑOS DE FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL COBRE

El señor LETELIER (Vicepresidente).- En el homenaje en conmemoración de los 60 años de la Federación de Trabajadores del Cobre, ofreceré la palabra, en primer lugar, a la Senadora señora Allende.
Doy la bienvenida oficial a los señores Raimundo Espinoza Concha, Presidente de la entidad; Héctor Roco Aguilar, Vicepresidente; Jeremías Olivares Osorio, Secretario General, y representantes de las Divisiones que los acompañan.
Para algunos de nosotros, la ocasión da lugar a un recuerdo muy especial de uno de los fundadores de la Federación: el ex parlamentario don Héctor Olivares Solís.
Puede intervenir la Honorable señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, señores Senadores, estimados dirigentes de la Federación de Trabajadores del Cobre que nos acompañan en las tribunas junto a su Presidente, Raimundo Espinoza:
Quiero comenzar expresando que rindo este homenaje en nombre tanto de la bancada del Partido Socialista como de la del Partido Por la Democracia.
Comparto la afirmación de que la democracia se perfecciona cuando se amplían y consolidan las organizaciones de la sociedad civil. En este ámbito, Chile aún registra un déficit, aunque con algunas excepciones notables, como ocurre con la Confederación de Trabajadores del Cobre, creada el 23 de marzo de 1951, LA QUE DESDE 1992 ASUME EL NOMBRE DE "FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL COBRE", CONSTITUYÉNDOSE EN SU LEGÍTIMA HEREDERA.
Esta poderosa organización sindical ha ejercido un importante papel en la defensa de los derechos de los trabajadores, de la democracia y de los más altos intereses del país, convirtiéndose en uno de los actores relevantes en momentos cruciales de nuestra historia reciente.
La Confederación nace en un período caracterizado por la represión al movimiento obrero, asumiendo la representación y defensa de los trabajadores de las grandes empresas mineras, en aquella época en manos de corporaciones estadounidenses.
Pero sus preocupaciones no se agotaban allí. También desde su nacimiento asumió la lucha por fortalecer los derechos ciudadanos; influyó en el robustecimiento del movimiento sindical, aportando a la creación de la Central Única de Trabajadores; incidió fuertemente en favor de la dictación de la ley que hizo posible eliminar el cohecho en las elecciones, y, asimismo desde el principio, se comprometió con la propuesta de nacionalizar el cobre para Chile.
Es decir, sus dirigentes y bases no limitaban sus demandas y luchas a las reivindicaciones internas, sino que asumían banderas vinculadas a los grandes temas del país, apoyando procesos transformadores orientados a mejorar nuestra sociedad y proponiendo ampliar los derechos y las libertades y hacer a esta más equitativa.
En materias reivindicativas, los trabajadores del cobre plantearon con fuerza la solución a sus problemas económicos y sociales, junto con demandar recursos para el crecimiento cultural y el perfeccionamiento técnico y profesional.
En lo social, lograron tempranamente sustituir campamentos miserables por la construcción de casas dignas para obreros y empleados, de escuelas y hospitales y de centros de recreación.
En lo legislativo, sus luchas significaron la dictación del Estatuto de los Trabajadores del Cobre; el contrato permanente para quienes desempeñaban labores discontinuas; el perfeccionamiento de la Ley de Accidentes del Trabajo; el cambio de la calidad jurídica de obrero a la de empleado, y muchas otras.
O sea, su concepción del rol sindical era integral, abarcando todas las dimensiones que favorecían a los trabajadores y buscando con ello disminuir las diferencias de acceso a los beneficios sociales y económicos del desarrollo.
El primer presidente de la Confederación fue el ingeniero químico Manuel Ovalle Quiroga, militante socialista que, junto con otros líderes sindicales, diseñó los rasgos fundamentales que la caracterizarían.
De sus filas surgieron Diputados y Senadores, entre estos últimos Baltazar Castro y Ramón Silva Ulloa.
Fueron elegidos Diputados dirigentes sindicales como Héctor Olivares, José Monares, Juan Argandoña y, posteriormente, Rodolfo Seguel, todos ellos comprometidos con los intereses y aspiraciones de los trabajadores y con los intereses superiores del país.
De manera particular quisiera destacar, entre los parlamentarios mencionados, a Héctor Olivares, quien fue uno de los fundadores y Presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Diputado socialista en varios períodos y uno de los integrantes de la Comisión que redactó el proyecto de reforma constitucional que permitió la nacionalización del cobre bajo el Gobierno del Presidente Allende.
Héctor Olivares estuvo detenido en la isla Dawson por la dictadura militar y posteriormente obligado a ir al exilio, del cual regresó en 1988 para incorporarse al movimiento político y social que logró la recuperación de la democracia en nuestro país.
Fallecido en 2009, su vida se caracterizó por la entrega consecuente a sus ideales.
¡Vaya para su persona nuestro sentido homenaje!
Señores Senadores, en Chile, gracias a movilizaciones sociales y propuestas como las que hacía la entonces Confederación de Trabajadores del Cobre, todos los sectores políticos tomaron conciencia de la importancia de la nacionalización de las riquezas mineras y aprobaron la reforma que la hizo posible. Primero fue la "chilenización", bajo el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, y después la nacionalización, bajo el Gobierno de Salvador Allende.
Al respecto, Radomiro Tomic, con gran elocuencia, decía: "Bajo las asoleadas y abrasadoras tierras de Chuquicamata y bajo la nieve de El Teniente están los medios financieros y económicos necesarios para dar forma a todos nuestros sueños de una economía diversificada y los más altos niveles de alimentación, vivienda y salud para nuestro pueblo.".
Por su parte, el Presidente Salvador Allende afirmaba que la nacionalización era indispensable para "fortalecer la economía de Chile, para romper su dependencia económica, para completar la esperanza y el anhelo de los que nos dieron la libertad política, para conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica de nuestra Patria".
Pienso, estimados Senadores, que en esta materia, lamentablemente, hemos retrocedido. Hoy día, como todos sabemos, solo un tercio de la producción de cobre corresponde a nuestra empresa pública, CODELCO. El resto se halla en manos privadas.
Ahora bien, no todo fue fácil para la Confederación. Como consecuencia del golpe de Estado de 1973, murieron en el Regimiento de Copiapó los dirigentes Benito Tapia y Magindo Castillo. Igual suerte corrió Ricardo García, gerente general de Cobresal en El Salvador. Sus dirigentes nacionales fueron detenidos y miles de trabajadores del cobre sufrieron persecución.
Durante la dictadura, estos últimos levantaron con decisión la bandera del retorno a la democracia, enfrentando todos los riesgos que ello significaba. Participaron activamente en las protestas nacionales contra el régimen y se comprometieron en todas las acciones que llevaron al país a recobrar su democracia.
En esa etapa de riesgos y sueños compartidos, es justo reconocer el valor y la capacidad de liderazgo unitario de Rodolfo Seguel, reiteradas veces detenido, agredido y procesado por su rol de presidente de la Confederación.
Hoy, desde la Federación de Trabajadores del Cobre, sus afiliados no abandonan los ideales que llevaron a su creación, hace 60 años. Por ello, han enfrentado a quienes están por la privatización de CODELCO; han propuesto mejorar las condiciones precarias de los subcontratados; se han manifestado a favor de un mejor royalty, y plantean el mejoramiento de las condiciones laborales, no solo propias, sino también, solidariamente, de todos los trabajadores del país.
Motivo de especial preocupación para la Federación ha sido una mirada a largo plazo de la principal riqueza minera de Chile y de nuestra empresa estatal. Por tal motivo, ha manifestado su profunda inquietud ante el hecho de que la actual administración ha desechado la alianza estratégica que existía entre CODELCO y los trabajadores, poniendo en cuestión el modelo de gobierno corporativo instaurado durante el mandato de la Presidenta Bachelet. Le interesa, además, asegurar el plan de inversiones de la empresa, ante opiniones en el sentido de que las utilidades no se reinvertirán, lo que constituye tal vez un primer paso para su descapitalización y, en consecuencia, eventual privatización.
Siguiendo la herencia de preocupaciones sociales que van más allá de sus estrictos intereses mineros, la Federación promueve la igualdad de género y el desarrollo sostenible, con el propósito de que el crecimiento vaya de la mano con mejores condiciones sociales, resolviendo las profundas desigualdades y, sobre todo, protegiendo el medioambiente.
Por lo que he reseñado brevemente, los Senadores socialistas y del Partido Por la Democracia adherimos al merecido homenaje a los 60 años de la fundación de la entonces Confederación de Trabajadores del Cobre, valorando sus luchas, manifestando nuestro respeto por sus mártires y compartiendo sus ideales de contribuir a una sociedad mejor, donde los trabajadores y sectores más humildes puedan vivir sin ser excluidos de aquellos beneficios y derechos que los dignifican como seres humanos y hacen posible su plena realización.
Saludo a los dirigentes de la Federación que hoy se encuentran en las tribunas, continuadores de los mejores valores del movimiento sindical y de sus grandes aportes a la construcción de un mejor país.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, en nombre de los Comités Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente e Independientes, rindo homenaje a la Federación de Trabajadores del Cobre con motivo de cumplirse 60 años de su formación.
Este fue, es y seguirá siendo un país minero, no solo por sus riquezas naturales, sino también por su gente, hombres y mujeres que, de sol a sol, extraen desde las entrañas de la tierra el mineral que ha sido, por largas décadas, el verdadero sueldo de Chile.
Hoy por hoy, señor Presidente, Honorable Senado, la minería representa más del 20 por ciento del PIB y más de 110 mil personas laboran en el sector.
La Confederación de Trabajadores del Cobre se fundó el 23 de marzo de 1951, en Machalí, y nació a la luz de la reunión convocada por los sindicatos profesional e industrial de la "Chile Exploration Company", de Chuquicamata (hoy Codelco Norte); los sindicatos profesional e industrial de la "Andes Copper Mining Company", de Potrerillos (hoy Codelco El Salvador), y los sindicatos profesional e industrial de la "Braden Copper Company", de Rancagua (hoy Codelco El Teniente).
Su creación no solo se motivó en la posición de los trabajadores de la minería de resguardar sus intereses comunes, sino también en muchos otros principios y en la defensa del patrimonio minero de Chile.
Cuatro años después de su fundación, fue legalizada mediante la ley N° 11.828, y sus estatutos fueron aprobados en 1956.
En 1992 cambió de nombre y pasó a denominarse "Federación de Trabajadores del Cobre".
Actualmente forma parte de la Central Unitaria de Trabajadores, de la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas y de la Confederación Sindical Internacional.
Una de las acciones más relevantes de la entidad fue, sin duda, su férrea defensa de la nacionalización del metal rojo, aprobada el 11 de julio de 1971 por el Congreso Nacional, la cual tendió a varios aspectos fundamentales:
-La mayor participación fiscal en las utilidades de las empresas explotadoras de la Gran Minería.
-La mejor comercialización del metal, con intervención directa de los organismos del Estado, y la libertad para vender a cualquier país que ofreciera condiciones de precio aceptables. En esos años se le prohibía a Chile que hiciera esto último con los Estados socialistas.
-La destinación de parte de las utilidades del cobre directamente en beneficio de la diversificación de las industrias nacionales elaboradoras de productos del metal y del progreso de las provincias en que se encuentra esa riqueza, además de aspirarse a un estándar de vida para los trabajadores de la Gran Minería al menos semejante al que gozan en países desarrollados.
-La formación de cuadros técnicos capaces de dirigir las industrias en el complejo mecanismo de producción, venta, comercialización e industrialización, para encontrarse en cualquier momento en condiciones de reemplazar a los expertos extranjeros.
-La aprobación del royalty, tratada aquí, en el Congreso Nacional.
-Finalmente, lograr que en el país se adquiera una mayor conciencia de la importancia de la minería y de la seguridad de quienes laboran en el sector.
Por último, para expresar algunas palabras sobre lo ocurrido con CODELCO-Chile, la principal institución y gestora, cabe subrayar que la empresa ha sido espoleada por el Estado durante mucho tiempo, que no se le han devuelto sus recursos y, quizás, que sus yacimientos de reposición no han sido trabajados por ella misma. Estas causas las ha tomado como suyas la Federación de Trabajadores del Cobre, y muchas veces nos hemos reunido con algunos de sus directivos que hoy día se encuentran en las tribunas.
Ojalá que la organización siga brillando en la defensa del patrimonio minero de Chile, del sindicalismo y de los trabajadores del sector.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas)
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, en nombre de la bancada democratacristiana, deseo rendir homenaje a los 60 años de la Federación de Trabajadores del Cobre.
Señor Presidente; colegas parlamentarios; muy en especial, dirigentes de la Federación de los Trabajadores del Cobre que hoy nos acompañan -encabezados por su Presidente, nuestro amigo, mi amigo, Raimundo Espinoza-, y, a través de ustedes, cada uno de sus afiliados:
Hablar de la Federación de Trabajadores del Cobre no es hablar de una organización más; hablar de la Federación de Trabajadores del Cobre es hablar de la historia de Chile y de las reivindicaciones sociales, gremiales y políticas que han logrado los trabajadores chilenos en los últimos cien años.
Hoy, este Senado rinde homenaje a esta Federación, que fue fundada el 23 de marzo de 1951 -como ya señaló el Senador Prokurica- en Machalí, Región del Libertador General Bernardo O`Higgins.
Luego de su creación, en 1953, la en ese entonces Confederación de Trabajadores del Cobre participa en la asamblea constituyente de la Central Única de Trabajadores, eligiendo al gran Clotario Blest como su presidente. Así, a menos de dos años de la fundación de la Confederación, los trabajadores del cobre comienzan la lucha por la reivindicación de los derechos de todos los trabajadores de esa época.
Al crearse esta organización gremial, sus dirigentes entendieron que su fin no era exclusivamente la defensa de los intereses comunes de los trabajadores del cobre, y se convierte, al mismo tiempo, en un baluarte para los intereses de cada uno de los chilenos frente a la compleja presión foránea, que durante muchos años usufructuó las riquezas básicas de Chile.
Consecuente con esos principios, la Confederación de Trabajadores del Cobre se transformó en un gran defensor de la chilenización del cobre, encabezada por el Presidente Eduardo Frei Montalva mediante la ley Nº 16.425, de 1967, y posteriormente de la nacionalización del cobre, llevada a cabo a través de la ley Nº 17.450, durante el Gobierno del Presidente Salvador Allende.
Ya en sus primeras luchas brindó una perspectiva de largo plazo sobre aspectos fundamentales que decían relación con la importancia que tenía el cobre para el futuro de nuestra patria. En eso -hay que reconocerlo-, los trabajadores fueron sumamente visionarios.
Podemos destacar, entre sus luchas más memorables:
-La mayor participación del Estado en las cuantiosas utilidades de las empresas norteamericanas explotadoras de la Gran Minería del Cobre.
-La mejor comercialización del metal, con intervención directa de los organismos del Estado y con libertad para vender a cualquier nación del mundo que ofreciera condiciones aceptables de precio. Se debe tener en consideración que en esos años se prohibía a Chile vender su cobre a países socialistas.
-La destinación de parte de las utilidades en beneficio directo de la diversificación de la industria nacional elaboradora de productos de cobre y del mejoramiento y progreso de las provincias en que se encuentran ubicadas esas riquezas.
-La formación de cuadros técnicos capaces de dirigir esta industria en su complejo mecanismo de producción, venta, comercialización e industrialización, para estar en cualquier momento en condiciones de reemplazar a los expertos extranjeros.
En el fondo, señor Presidente, desde su formación, en esta organización se observaba una idea clara: devolver al Estado chileno el pleno dominio y goce de estas grandes riquezas naturales perecibles, que formaban una reserva indispensable para lograr la independencia económica del país y su única posibilidad de lograr el desarrollo. En este aspecto, nuevamente los trabajadores tenían razón.
Hemos visto a los trabajadores del cobre no solo en la reivindicación de sus propios derechos laborales. Los vimos en la calle durante los momentos más duros de la historia reciente de Chile; los vimos movilizados en pro de la Nacionalización y la Chilenización del cobre. En los tristes años de la dictadura, a principios de los 80 organizaron el primer paro de los trabajadores del cobre. En 1983 eligieron Presidente de la Confederación al gran Rodolfo Seguel, quien llegó a ser Diputado de la República, al igual que ocurrió -como recordaba la Senadora Isabel Allende- con Héctor Olivares, el querido "Negro" Olivares. También crearon el Comando Nacional de Trabajadores del Cobre, siendo actores fundamentales en la lucha por derrotar la dictadura que gobernó nuestro país por 17 años.
Llegada la democracia, la Federación de Trabajadores del Cobre no terminó su lucha. Dicha organización ha estado llamada a jugar un rol mucho más trascendente en la actual batalla por la renacionalización del cobre y el término de la situación de privilegio y abuso de las compañías mineras privadas.
La lucha por establecer una estructura tributaria coherente con la cantidad de dinero que reciben las grandes transnacionales del cobre necesita la unión y el esfuerzo político de todo el país y, en primer lugar, de los más involucrados, entre ellos, en primera fila, los trabajadores.
Apreciamos y solidarizamos con el rechazo que ha llevado adelante la Federación a todo intento privatizador que algunos sectores insisten en instalar en nuestro país. Saludamos el espíritu que sustentó la resolución de reivindicar la huelga en contra de la privatización de EDELNOR e Inca de Oro. Esas resoluciones deben ser honradas.
Consideramos justas las preocupaciones de la organización sindical tendientes a manifestar una oposición por el debilitamiento y el atraso de las necesarias inversiones que requiere CODELCO para proyectar su futuro y rechazamos los intentos que insisten en privatizar a la Corporación.
Entendemos que entregar operaciones y actividades a empresas privadas denominadas "contratistas" genera un impacto negativo en la tranquilidad que demandan los trabajadores en el desempeño de sus labores.
Por esa razón, al referirnos a las necesidades de los trabajadores del cobre, no podemos dejar de hacer consideraciones en relación con la realidad que surge en torno de la demanda de los trabajadores subcontratistas, y nos preocupa la existencia de una política de remuneraciones en CODELCO que pretende trasladar a los nuevos contratos de planta de sus trabajadores la lógica de los salarios de los subcontratistas, no cumpliendo las obligaciones de una empresa que logra grandes volúmenes de ganancias, de las cuales los trabajadores deben recibir un ético reconocimiento por su labor.
Creemos que este homenaje debe dar cuenta de una realidad que afecta a todos los trabajadores que contribuyen al florecimiento de la riqueza, cualquiera que sea el espacio, el lugar y el momento de su aporte en el trabajo.
En ese contexto, este homenaje resulta justo y, por sobre todo, necesario.
A propósito de esta fecha memorable para los trabajadores del cobre, nuestras felicitaciones y aliento a no abandonar la ruta de la lucha y los compromisos con el pueblo de Chile.
Conscientes de nuestra identidad, aunque sin desmerecer a ningún dirigente ni colectividad política, nos sentimos orgullosos de ser el partido al cual perteneció el gran Radomiro Tomic, que echó a andar en su primer gobierno el proceso de recuperación del cobre para Chile, y reiteramos nuestra disposición a exigirles a ustedes, dirigentes y trabajadores, el máximo compromiso para que entreguen su aporte al requerimiento de las justas causas de la lucha de los trabajadores y del pueblo de Chile.
En nombre de la bancada de Senadores de la Democracia Cristiana, quiero hacer llegar nuestro compromiso a los trabajadores del cobre, y hacerlo, señor Presidente, a través de los dirigentes hoy aquí presentes: Raimundo Espinoza, Héctor Roco, Jeremías Olivares, Julio Jalil, Diego Zamora, Luis Guerra, Sergio Morales, Juan Olguín, Marcelo Castillo, entre otros.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, esta tarde rendimos homenaje a los 60 años de la Federación de Trabajadores del Cobre, fundada en 1951.
Pero debemos recordar que la historia de los trabajadores del cobre constituye una enorme epopeya anterior a esa década y debe ser rescatada para dimensionar el calibre de las luchas sociales que desembocaron en ese 23 de marzo, 60 años atrás.
A muy poco tiempo de inaugurada la mina de Chuquicamata, 600 trabajadores fueron despedidos por organizar una huelga en la que se pedía una jornada laboral de 8 horas. Ya en 1919 se pagaba un salario inferior al del mercado. Y, hasta 1930, había una constante rotación de trabajadores.
Los trabajadores del cobre fueron testigos de cómo en el siglo XX las compañías extranjeras explotaron nuestros recursos para construir un Estado dentro de nuestro Estado. El comercio y la entrada de personas a los campamentos eran autorizados por la empresa, y por años los trabajadores debieron convivir con chorros tóxicos de sulfuro de 50 litros por segundo que contaminaban el río Loa, único curso fluvial de la región.
Antes de 1951, a los trabajadores chilenos les pagaban en pesos, mientras que los empleados extranjeros recibían dólares. En Chuquicamata cada trabajador vivía inmerso en una odiosa sociedad de castas, con una segregación urbana de espacios que no se podían cruzar.
En 1931, a la semana de promulgado el Código del Trabajo, nació una incipiente sindicalización de la mina, planta y empleados de Chuquicamata. Durante toda esa historia inicial, los trabajadores del cobre continuaron participando en huelgas de carácter sectorial y nacional, hasta que la Confederación de Trabajadores del Cobre fue creada en 1951, desafiando, esta vez, un todavía más reaccionario Código del Trabajo, normativa que se utilizó para restringir la actividad sindical en esos años.
Una ardua lucha social en la década de los 60 logró que los trabajadores del cobre contaran finalmente con la Confederación.
Esta organización resultó fundamental en el camino hacia 1971, cuando, con el Presidente Salvador Allende y su Ministro de Minería, don Orlando Cantuarias, y por la unanimidad del Congreso, se nacionalizó el 11 de julio la Gran Minería del Cobre, materializando la soberanía permanente sobre nuestra principal riqueza básica y recurso natural no renovable.
Tras el golpe militar de 1973, los sindicatos del cobre de Chuquicamata y otros conocieron el secuestro y el asesinato. Muchos trabajadores fueron detenidos o torturados. El Gobierno militar creó nuevos sindicatos para dividir a los trabajadores e instaló una red de informantes que sembró la desconfianza entre ellos.
Sin embargo, esto no amilanó a los trabajadores del cobre. Cuando toda esperanza democrática se veía lejana para Chile, el 2 de octubre de 1985 marcharon, desafiando la dictadura militar, desde el campamento de Chuquicamata hasta Calama, en una manifestación valiente que generó repercusión nacional e internacional.
Recuperada la democracia en la década de los 90, los trabajadores del cobre han estado alertas a los cantos de sirena que cada tanto hablan de privatizar CODELCO.
La actual Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) -legítima heredera de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC)-, ha sido firme en insistir en que la mejor alternativa para las grandes mayorías nacionales implica una CODELCO como empresa cien por ciento estatal, protagonista de una estrategia de desarrollo que aproveche la enorme base minera de la Corporación.
En esos años de transición democrática algunos propusieron la venta de CODELCO en una cifra del orden de 6 mil a 8 mil millones de dólares. Hoy podemos ver cómo una vez más la historia económica nacional estuvo del lado de la visión de los trabajadores. La postura de defensa de CODELCO en manos estatales, planteada por los trabajadores, le ha significado al Fisco percibir, entre 1994 y 2005, más de 14 mil 980 millones de dólares y valorizar a la empresa en más de tres veces el precio de venta propuesto por quienes deseaban privatizarla a mediados de los años 90.
Los trabajadores de la actual Federación, esa que surgió hace 60 años, no viven solo de reverdecer sus laureles. Hoy poseen un enérgico trabajo sindical en pos de la defensa de esa gran conquista para el país que significa el cobre.
Con la preocupación puesta en el futuro, los trabajadores ahora hacen hincapié en un plan estratégico de desarrollo que potencie al máximo el capital humano y social en CODELCO. Proponen, de acá a 2015, una garantía de los recursos de inversión para impulsar el 50 por ciento de la producción de cobre en Chile. El objetivo es que la Corporación pueda capitalizar y reinvertir en su desarrollo parte de los importantes excedentes que genera para el dueño del recurso: Chile y los chilenos.
Desde esta tribuna, en nombre del Partido Radical, quiero homenajear a estos trabajadores, que llevan 60 años velando por la dignidad de nuestro cobre, y decir que tenemos la misma convicción que los ha impulsado durante décadas en la defensa de nuestra industria. Esta no es otra cosa que el interés del país y de los chilenos, en armonía con la de los trabajadores que nos mandatan, para representarlos con lealtad y fervor, con el objeto de que impulsemos propuestas serias con sentido de nación; armonía que se ha perdido en estos últimos años por la falta de diálogo e imposición a los trabajadores que hoy los tienen alertas, porque se rompió lo que fue y debe ser la verdadera herramienta del crecimiento y progreso de la principal empresa de Chile, que es la alianza estratégica entre trabajadores y empresa.
Quienes no conocen lo que es trabajar el cobre poco saben de las condiciones inhóspitas que significa vivir en el desierto, trabajar en altura, manipular explosivos y pagar altos precios en comparación con el resto del país.
No crean hoy que la fuerza de los trabajadores del cobre permitirá que el ahogo sistemático con la venta de activos, con acciones en electricidad, o el no capitalizar la empresa llevará a la enajenación de CODELCO.
¡CODELCO, para los trabajadores y para todos los chilenos, debe ser cien por ciento de nuestro país!
Los años de esfuerzo y de combate social de la Federación nos confirman que el sindicalismo es una necesidad y un deber, donde el trabajador estará siempre motivado en asumir su rol frente a los desafíos del país y los propios de la organización.
Un saludo y sentido homenaje a los dirigentes que hoy están presentes, representados en la persona de su Presidente, don Raimundo Espinoza, por estos 60 años de vida de la Confederación de Trabajadores del Cobre.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Gómez.
De esta manera, el Senado de la República ha rendido homenaje a los 60 años de existencia de la Federación de Trabajadores del Cobre, que tuvo su origen en una reunión realizada en la comuna de Machalí, llamada anteriormente "Confederación de Trabajadores del Cobre" (CTC) y hoy una de las principales organizaciones de su tipo.
¡Nuestro homenaje, nuestro reconocimiento, nuestro saludo a los miles de trabajadores que hacen de Chile un país más desarrollado, más rico!
Pido un aplauso, nuevamente, para los dirigentes que se hallan en tribunas.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).


HOMENAJE A DON JUAN ANTONIO TORRES ARAYA, RECIENTEMENTE FALLECIDO. COMUNICACIÓN

El señor GIRARDI (Presidente).- A continuación, el Senador señor Chahuán rendirá homenaje a don Juan Antonio Torres Araya, histórico dirigente de los jubilados, recientemente fallecido.
Tiene la palabra Su Señoría.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, me permito hacer uso de esta tribuna para rendir un póstumo homenaje al histórico dirigente de los jubilados de nuestro país y gran amigo personal, don Juan Antonio Torres Araya, quien falleció, a la edad de 78 años, el 11 de febrero del presente año, en su hogar de Puente Alto, después de soportar una larga enfermedad.
Don Juan Antonio nació en Santiago el 7 de enero de 1933 y cursó sus estudios básicos en el Patronato San Antonio y en el Liceo Manuel Barros Borgoño.
Después de efectuar, durante 1953, su servicio militar obligatorio en el Regimiento Rancagua de Arica, ingresó al Cuerpo de Carabineros de Chile, donde permaneció por un lapso de cinco años, hasta 1959, prestando servicios en la Cuarta Comisaría de Santiago.
Posteriormente trabajó durante cuatro años como obrero textil en la desaparecida empresa "Manufacturas Sumar", y en 1962, al ingresar a la Caja de Empleados Particulares, se despertó su genuina vocación gremial, que desarrollaría por el resto de su vida.
De esta forma, entre 1962 y 1965, ocupó el cargo de Presidente Nacional de la Federación de Empleados Semifiscales, y entre 1966 y 1974 se desempeñó como Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados de la Caja Previsional de Empleados Particulares, detentando, asimismo, el cargo de Vicepresidente Nacional del Frente de Organizaciones Libres.
Tuvo dos incursiones en política contingente: como miembro del Partido Liberal, al presentarse en calidad de candidato a Regidor por Santiago, en 1967, y como candidato a Diputado, por la misma ciudad, en 1969.
Sin embargo, su pasión por la defensa de los intereses gremiales lo animó a seguir perteneciendo a organizaciones de esta naturaleza, entre ellas la Agrupación Nacional de Empleados Semifiscales, en la que ejerció como dirigente nacional, incluso después del Gobierno militar. Asimismo, se desempeñó como Consejero Nacional del Servicio de Bienestar de la Caja de Empleados Particulares.
Su vasto conocimiento de los temas previsionales lo llevó a ejercer, durante casi veinte años consecutivos, el cargo de asesor en esta materia en muchas empresas de diversa índole: Compañía Técnico Industrial Fensa-Mademsa; Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones; Consorcio Nacional de Seguros; Administradora de Fondos Provida; Mutualidad de Choferes de la Municipalidad de Santiago, y diario "Las Últimas Noticias".
Igualmente, fue Director de las revistas de previsión "Empart", "Seguridad Social" y "La Nueva Previsión y el Sistema Antiguo de Jubilación".
En 1985 formó el Comando de Defensa de la Previsión, y en 1988 intentó dar vida, aunque sin éxito, al Partido de los Jubilados. También fue un dirigente histórico del club de fútbol "Luis Matte Larraín" de Puente Alto.
Su bandera de lucha en su actuar incansable fue la defensa de los jubilados, a los que veía demasiado postergados y desvalidos después de haber obtenido su magra pensión, tras haber entregado largos años de servicio a nuestro país en las más diversas actividades.
Don Juan Antonio solía decir que si bien la palabra "jubilado" deriva de la expresión "júbilo", en la práctica es la expresión de la amargura y de la pobreza inaceptable en que deben vivir permanentemente quienes se han acogido a un merecido descanso.
En su calidad de dirigente de ese grupo, y como un experto en temas previsionales, fue recibido en varias oportunidades por las Comisiones de Trabajo y Seguridad Social y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, donde expuso con gran vehemencia y convicción puntos de vista acerca del desamparo en que ha quedado el sector de los jubilados. Asimismo, bregó constantemente por obtener solución a la deuda histórica del reajuste de 10,6 por ciento que los pensionados dejaron de percibir en 1985.
Su consigna era: "¿Qué piden los jubilados?: ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!".
Durante algunos años, don Juan Antonio Torres, al ver que sus demandas reivindicatorias no eran satisfechas, desarrolló una forma de protestar bastante atípica y peculiar, consistente en que junto con algunos dirigentes lanzaban huevos a las oficinas públicas, lo cual, además de no causar mayores daños, quedará sin duda en el anecdotario nacional.
Tuve el privilegio de conocer a mi amigo Juan Antonio, pudiendo apreciar la fuerza y la convicción de sus argumentos en pro de sus representados, ya que en el último tiempo se desempeñaba como Presidente de la Central de Jubilados y Montepiados del INP que había fundado hacía algunos años como plataforma de las reivindicaciones que demandaba.
No puedo olvidar que, cada vez que podía hacerlo, remitía comunicados de prensa a los medios de comunicación, montaba movilizaciones. Aun cuando la salud no lo acompañaba, se instalaba frente a La Moneda para manifestarle al Presidente de la República de turno las desventuras que vivían a diario los jubilados.
Asimismo, pude constatar la fuerza con que luchaba, aun dentro de la enfermedad que lo tuvo postrado durante sus últimos días, y cómo reclamaba de manera constante por la eliminación del 7 por ciento de cotizaciones de salud que se descuenta a los jubilados, situación que consideraba absolutamente injusta y que esperamos sea pronto reparada cuando nuestro Gobierno envíe al Congreso un proyecto de ley con dicho propósito.
Falleció rodeado de su familia, compuesta por su esposa, señora Inés Cabezas, y sus hijos Rita, Miriam, Juan Antonio y Marco Antonio, más sus siete nietos y seis bisnietos, quienes supieron aquilatar la convicción con que defendía sus ideas para mejorar la situación indigna en que se encuentran los jubilados del país.
Por ello, envío mis más sinceras condolencias a la familia de Juan Antonio Torres que hoy día nos acompaña, la cual ha recibido un legado imperecedero de un auténtico luchador gremial, quien fue inclaudicable en sus principios y dedicó su vida a terminar con una situación totalmente injusta, que, sin duda, nosotros como legisladores debemos contribuir a reparar, a fin de que el sueño de mi gran amigo Juan Antonio se vea por fin cumplido.
Señor Presidente, le solicito tener a bien disponer que se haga llegar copia de esta intervención a la familia de don Juan Antonio Torres Araya, que en paz descanse, porque se lo merece sobradamente.
Don Juan Antonio fue un gran amigo, un hombre al cual me siento profundamente orgulloso de haber conocido y con quien nuestro país está en deuda. Está en deuda con él y con lo que él representaba: la lucha de los pensionados de Chile por su dignidad.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor GIRARDI (Presidente).- Incorporamos en este saludo al Senado, sumándonos al homenaje rendido por el Honorable señor Chahúan.
--Se anuncia el envío de la comunicación solicitada, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, Honorables Senadores y Senadora, familia de don Juan Antonio Torres Araya aquí presente, en nombre de la Coalición por el Cambio, queremos adherir a este merecido homenaje a quien fuera en vida, y ahora también, un ejemplo para nosotros.
Tuve el agrado y el honor de conocerlo y ser testigo de su lucha inclaudicable por los derechos de los jubilados de Chile. Sus peticiones siempre fueron justas y sus actos de protesta plenos de pasión y creatividad.
Nació el 7 de enero de 1933. En sus primeros años estudió en el Patronato San Antonio y cursó la Educación Media en el Liceo Manuel Barros Borgoño.
Durante cinco años, entre 1954 y 1959, fue funcionario de Carabineros de Chile, cumpliendo funciones en la Cuarta Comisaría de Santiago. Luego se desempeñó como trabajador textil en Manufacturas Sumar. Por mucho tiempo y en distintos frentes fue dirigente y presidente gremial de los empleados, tanto semifiscales como particulares.
Luego de jubilar, en 1975, asesoró en numerosas materias previsionales a diversas instituciones, empresas y personas, apoyado por su familia.
Además, quizás buscando un sitial que le permitiera asumir en mejor forma su batalla y con mayor propiedad, fue candidato a Regidor y a Diputado por Santiago, representando al Partido Liberal, y más tarde se esforzó por crear el Partido de los Jubilados.
Siempre dijo: "¿Qué piden los jubilados?: ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!".
Ese fue su grito, el que sus seguidores coreaban mientras lanzaban huevos a los edificios fiscales, incluida La Moneda, esperando ser escuchados en sus demandas.
El descuento de 10,6 por ciento en las pensiones era uno de sus principales motivos de protesta. Nunca logró su devolución completa, aunque cada año en las leyes de reajuste del Sector Público, a modo de pequeña compensación, se incluye un bono especial para los jubilados.
En sus últimos años de vida, exigía la eliminación del descuento del 7 por ciento para salud a los jubilados, quienes -según decía-, a pesar de haber dado toda su vida por Chile, les siguen pidiendo más. Su último anhelo está a punto de ser realidad en este Gobierno, que ya anunció que ese descuento se eliminará en forma gradual.
En muchas ocasiones lo apoyamos, sintiendo que realmente los pensionados merecen más respeto y mayores derechos por lo que realizaron durante su vida activa y porque son parte importante del desarrollo de Chile y del sitial que ocupa a nivel internacional.
El año 1993 tuvo a bien apoyar mi campaña en la Región de Aysén como candidato a Senador, lo que me permitió conocerlo y valorarlo aún más como persona y como dirigente.
En 1994 apoyé el proyecto sobre aumento del impuesto al tabaco y a la bencina en favor de los jubilados. Como se iba a generar una estrecha votación, sostuvimos una reunión con el entonces Ministro de Hacienda, Eduardo Aninat, condicionándose la votación a lo siguiente:

1.- Reconocer los tiempos de imposiciones de los que no cumplían con el mínimo de semanas que exigía la ley, y pagarles al menos lo proporcional, sin que el Estado se quedara con estos fondos.

2.- Devolver mediante bonos y otros beneficios los dineros que les habían quitado.

3.- Crear un fondo para la tercera edad y los jubilados, que se transformó en el Fondo Nacional del Adulto Mayor, hoy vigente, y que generó el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Ahí están las raíces de la creación de estas instituciones: el trabajo siempre firme y consciente de don Juan Antonio Torres.
Su conversación era amena y fluida, con dichos y metáforas simpáticas y graciosas. Era un agrado compartir con él, escucharlo y apreciar lo mucho que había estudiado sobre previsión, lo que reforzaba aún más su lucha por lo que el llamaba "los desamparados de nuestra Patria", "los ancianos olvidados y despojados de su dignidad".
Antes de partir, a la usanza de los gladiadores, su último saludo fue: "Los que van a morir te saludan".
Le sobreviven su esposa, doña Inés Cabezas, sus hijos Rita, Miriam, Juan Antonio, Marco Antonio, y sus nietos, a quienes dedicamos este sentido y merecido homenaje a don Juan Antonio Torres, que hoy está con toda seguridad compartiendo con su sonrisa característica junto a muchos de sus queridos jubilados.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
PETICIONES DE OFICIOS

El señor LABBÉ (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor GIRARDI (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor CANTERO:
Al señor Ministro de Defensa Nacional, para que se pronuncie sobre BECA DE SEÑOR JOSÉ EDUARDO RODRÍGUEZ LASTRA; al señor Ministro de Obras Públicas, a fin de que emita opinión acerca de UTILIZACIÓN DE INMEDIACIONES DE CAMINOS PÚBLICOS POR EMPRESAS ELÉCTRICAS O DE TELECOMUNICACIONES; a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, con el propósito de que dé RESPUESTA A RECLAMO DE SEÑORA ANA MARÍA PIZARRO UBEDA POR ANULACIÓN DE PROYECTO HABITACIONAL EN ANTOFAGASTA; al señor Intendente de la Segunda Región y a la señora Directora de la ONEMI de Antofagasta, para que atienda INQUIETUD DE VECINOS DE POBLACIÓN GRAN VÍA POR GRAVES PROBLEMAS ANTE EMERGENCIAS; al señor Seremi de Obras Públicas, solicitándole que informe sobre VÍA ALTERNATIVA EN PROYECTO AUTOPISTA CONCESIONADA MEJILLONES-ANTOFAGASTA-CALAMA; al señor Director del SERVIU de la Segunda Región, a fin de remitirle documento y solicitarle pronunciamiento en relación con IRREGULARIDADES EN "PLAN DE RECONSTRUCCIÓN TOCOPILLA", y al señor Director Regional del Trabajo de Antofagasta, haciéndole presente PROBLEMAS DE CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EN ALTURA EN MINERA ESCONDIDA.
Del señor HORVATH:
A la señora Seremi del MIDEPLAN y al señor Seremi de Bienes Nacionales de Aysén, para que estudien solución a PROBLEMA DE POBLADORES COLONOS DE ISLA TRAIGUÉN POR NOTIFICACIÓN DE DESALOJO DE PARTE DE EMPRESA CIFCO.
Del señor NAVARRO:
Al señor Ministro del Interior, para que informe sobre SITUACIÓN LABORAL DE PROFESIONALES DE CONACE DE REGIÓN DEL BIOBÍO; al señor Ministro de Defensa, con el objeto de solicitarle antecedentes respecto de PARTES CURSADOS A EMBARCACIONES PESQUERAS ARTESANALES PERUANAS EN ARICA Y ANTOFAGASTA; al señor Ministro de Transportes, a fin de demandarle que informe lo relativo a IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE ETIQUETADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA AUTOMÓVILES; a la señora Ministra de Medio Ambiente, con el objeto de pedirle información acerca de los siguientes asuntos PROYECTO "PLATAFORMA SOLAR DEL DESIERTO DE ATACAMA" y MULTA APLICADAS A MINERA LTDA. POR EXTRACCIÓN NO AUTORIZADA DE AGUA POTABLE Y TRANSGRESIÓN A LÍMITES DE EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO.
De la señora RINCÓN:
Al señor Ministro de Salud, para que informe sobre FALTA DE SELLADO EN SALA DE RADIACIÓN DE HOSPITAL REGIONAL DE TALCA y sobre PROBLEMAS EN HOSPITALES DE PARRAL Y CAUQUENES; al señor Ministro de Educación, a fin de que entregue antecedentes respecto de ATRASO EN PAGO DE SUELDOS POR EMPRESA DIPRALSA Y SITUACIÓN LABORAL DE MANIPULADORAS DE ALIMENTOS EN COLEGIOS DE PARRAL Y RETIRO, y al señor Fiscal Nacional Económico, requiriéndole información sobre INTERVENCIÓN DE FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA EN MERCADO DEL ARROZ.
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El señor GIRARDI (Presidente).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:8.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción