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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 325ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 52ª, en martes 18 de mayo de 1993
Ordinaria
(De 16:15 a 20:46)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GABRIEL VALDÉS , PRESIDENTE, Y BELTRÁN URENDA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, EL TITULAR, SEÑOR RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRÍA, Y EL PROSECRETARIO, SEÑOR JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
-Alessandri Besa, Arturo
-Calderón Aránguiz, Rolando
-Canillarías Larrondo, Eugenio
-Cooper Valencia, Alberto
-Díaz Sánchez, Nicolás
-Diez Urzúa, Sergio
-Feliú Segovia, Olga
-Fernández Fernández, Sergio
-Frei Bolívar, Arturo
-Frei Ruiz-Tagle, Carmen
-Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
-Gazmuri Mujica, Jaime
-González Márquez, Carlos
-Hormazábal Sánchez, Ricardo
-Huerta Celis, Vicente Enrique
-Jarpa Reyes, Sergio Onofre
-Larre Asenjo, Enrique
-Lavandero Illanes, Jorge
-Letelier Bobadilla, Carlos
-Martin Díaz, Ricardo
-Mc-Intyre Mendoza, Ronald
-Navarrete Betanzo, Ricardo
-Núñez Muñoz, Ricardo
-Ortiz De Filippi, Hugo
-Otero Lathrop, Miguel
-Pacheco Gómez, Máximo
-Páez Verdugo, Sergio
-Palza'Corvacho, Humberto
-Papi Beyer, Mario
-Pinera Echenique, Sebastián
-Prat Alemparte, Francisco
-Ríos Santander, Mario
-Romero Pizarro, Sergio
-Ruiz De Giorgio, José
-Ruiz-Esquide Jara, Mariano
-Siebert Held, Bruno
-Sinclair Oyaneder, Santiago
-Soto González, Laura
-Sule Candía, Anselmo
-Thayer Arteaga, William
-Urenda Zegers, Beltrán
-Valdés Subercaseaux, Gabriel
-Vodanovic Schnake, Hernán
-Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los señores Ministros del Trabajo y Previsión Social y Secretario General de Gobierno.
Actuó de Secretario el señor Rafael Eyzaguirre Echeverría, y de Prosecretario, el señor José Luis Lagos López.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:15, en presencia de 44 señores Senadores.
El señor VALDÉS (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor VALDÉS (Presidente).- Las actas de las sesiones 46a y 47a, ordinarias, en 21 de abril y en 4 de mayo, respectivamente, se encuentran en Secretaría, a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor VALDÉS (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor LAGOS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Cinco de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira y hace presente nuevamente la urgencia, con el carácter de "Suma", al proyecto de ley que fija las plantas de personal de la Empresa Portuaria de Chile.
-Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con los cuatro siguientes, retira y hace presente nuevamente la urgencia, con el carácter de "Simple", a los siguientes proyectos de ley:

1.- El que reestructura funcionalmente las plantas de personal del Servicio de Impuestos Internos.

2.- El que fija la nueva planta de personal para la Dirección del Trabajo.

3.- - El que modifica diversas normas de los Códigos Penal, de Justicia Militar, de Procedimiento Penal y otras disposiciones legales en materia de seguridad de las personas.

4.- El relativo al desarrollo de proyectos industriales para el recurso jurel en la Octava Región.
-Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que comunica que se ausentará del territorio nacional entre los días 22 de mayo al 5 de junio del presente año, am-bos inclusive, con la finalidad de realizar una visita oficial a Dinamarca, la Federación Rusa, Finlandia, Noruega y Suecia y, además, a la República de Senegal, con mo-tivo de una escala técnica.
Asimismo, da a conocer que durante ese período lo subrogará, con el título de Vicepresidente de la República, el señor Ministro del Interior, don Enrique Krauss Rusque.
-Se toma conocimiento.
Siete de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero, informa que ha dado su aprobación al proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual. (Calificado de "Discusión Inmediata")
-Por acuerdo de Comités, las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, unidas, estudiarán el proyecto durante el tiempo correspondiente a la hora de Incidentes de esta sesión, el que se tratará en primer lugar del Orden del Día de la sesión de mañana, autorizándolas para que, de ser necesario, informen verbalmente a la Sala.
Con el segundo señala que ha dado su aprobación a las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley sobre fomento del libro y la lectura.
-Se toma conocimiento y se manda archivar.
Con el tercero expresa que ha dado su aprobación al proyecto de ley que transforma el Instituto Profesional de Santiago en Universidad.

.- Pasa a ¡a Comisión de Educación y a la de Hacienda, en su caso.
Con el cuarto informa que ha dado su aprobación al proyecto de ley que transforma el Instituto Profesional de Osorno en Universidad, con urgencia calificada de "Simple"..
-Pasa a la Comisión de Educación y ala de Hacienda, en su caso.
Con el quinto señala que ha dado su aprobación al proyecto de ley que establece normas sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado, con urgencia calificada de "Suma".
-Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y a la de Hacienda, en su caso.
Con el sexto da a conocer que ha dado su aprobación al proyecto de ley que modifica el Código Civil en materia de régimen patrimonial del matrimonio y otros cuerpos legales que indica, con urgencia calificada de "Suma".
-Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el séptimo comunica el nombre de los señores Diputados que integrarán las Comisiones de Reja y de Pórtico que recibirán a Su Excelencia el Presidente de la República el viernes 21 del presente.
-Se toma conocimiento.
Del señor Ministro del Interior, con el que da respuesta a un oficio, enviado en nombre del Honorable señor Cantuarias, en el que reitera solicitud para que se patrocine una modificación legal que tiene por objeto otorgar a los Concejales previsión y protección en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Dos del señor Ministro de Economía Fomento y Reconstrucción:
Con el primero da respuesta a dos oficios, enviados en nombre del Honorable señor Ortiz, en los que solicitaba el estudio y la solución del problema que afecta a los pescadores artesanales de Puyuhuapi, Undécima Región, quienes se dedican a la mo-noproducción de una determinada especie, por carecer de recursos técnicos y económicos para diversificarla, lo que les trae como consecuencia bajos ingresos, y el peligro de la extinción de las especies que extraen.
Con el segundo responde a un oficio, enviado en nombre de los Honorables señores Cantuarias y Arturo Freí, en el que pedían acelerar al máximo el apoyo a los pescadores artesanales que perdieron sus naves en el siniestro de San Vicente, como asimismo mantener el compromiso de que el Estado no habilitará otro puerto en la Región, para facilitar los que impulsará el sector privado en Coronel.
Del señor Ministro de Agricultura, con el que contesta un oficio, enviado en nombre del Honorable señor Jarpa, en el que solicitaba información acerca de los estudios o proyectos existentes sobre obras de regadío en el valle de Azapa, Primera Región.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, con el que responde un oficio, enviado en nombre de la Honorable señora Soto, en el que pedía información acerca de las medidas adoptadas para la solución de los problemas que le plantearon dirigentes po-blacionales, relativos a deficiencias en la construcción de viviendas que habría contratado SERVIU V Región Valparaíso, en las comunas de San Antonio, Villa Alemana y Viña del Mar.
Del señor Ministro Vicepresidente Ejecu-tivo de la Corporación de Fomento de la Producción, con el que da respuesta a un oficio, enviado en nombre del Honorable señor Jarpa, en el que solicitaba información acerca de la existencia de programas o estudios sobre praderas artificiales en los valles de la precordillera y el altiplano de la Primera y Segunda Regiones, y el grado de ejecución en que éstos se encuentran.
Del señor Director del Servicio Electoral, con el que da respuesta a un oficio, enviado en nombre del Honorable señor Siebert, en el que le solicitaba considerar la posibilidad de disponer, a la brevedad, la creación e instalación de una junta inscriptora en el sector rural de Olmopulli, Comuna de Mau-llín, Décima Región.
-Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre probidad política del funcionario público.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio Básico de Cooperación y Amistad suscrito entre el Gobierno de Chile y el Reino de Suecia.
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reestructura funcional-mente las plantas de personal del Servicio de Impuestos Internos.
Segundo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que permite al Fisco asumir algunos derechos y obligaciones pendientes de la ex Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo.
-Quedan para tabla.
Moción
De los Honorables señores Alessandri, Jarpa, Larre y Thayer, con la que inician un proyecto de ley que fija el sentido y alcance del requisito de residencia establecido en los artículos 44 y 46 de la Constitución Política de la República.
-Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Solicitud
De don José Luis Nancuante Nancuante, con la que pide la rehabilitación de su ciudadanía.
-Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Comunicaciones
De la Distribuidora Chilectra Metropolitana S.A., de la Compañía Chilena de Distribución Eléctrica V Región S.A., de la Compañía General de Electricidad Industrial S.A. y de la Empresa Eléctrica del Norte Grande S.A., con las que dan respuesta a
sendos oficios enviados en nombre de los Senadores señora Carmen Frei y señor Arturo Frei, con los que solicitaban información de dichas empresas, acerca de la cantidad de denuncias y querellas por el delito de hurto de energía eléctrica que hubieran interpuesto.
De la Asociación de Ganaderos de Magallanes, con la que agradece el envío de las intervenciones de los Honorables señores Diez y Romero, relativas a problemas de la agricultura y ganadería del país.
-Quedan a disposición de los señores Senadores.
El señor VALDES (Presidente).- Terminada la Cuenta.

La señora FREÍ.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).- Puede hacer uso de ella Su Señoría.


REITERACIÓN DE OFICIOS DE SENADORES A AUTORIDADES
La señora FREÍ.- Señor Presidente, deseo preguntar -no es un reclamo- qué ocurrió con la solicitud que formulé en una sesión anterior en lo relativo a los oficios que enviamos; si se hizo alguna investigación o si se habrán puesto al día en la petición de esos oficios. ¿Disponen la Secretaría o el señor Presidente de alguna información al respecto? El señor VALDES (Presidente).- La semana pasada la Mesa dio a la Secretaría instrucciones de preparar una relación de todos los oficios enviados en los últimos dos meses por los señores Senadores (entre ellos el que habla) y que no han merecido respuesta, con el objeto de cursar las reiteraciones correspondientes, con copia al señor Ministro del Interior. El señor SIEBERT.- Señor Presidente, sugiero que el lapso en revisión se extienda a los últimos seis meses, período durante el cual tampoco se me han respondido oficios. El señor VALDES (Presidente).- Así se procederá, señor Senador.


ACUERDOS DE COMITÉS

El señor VALDES (Presidente).- Los Comités acordaron prorrogar el plazo para presentar indicaciones al proyecto sobre Bases del Medio Ambiente hasta las 12 del lunes 31 de mayo.
Resolvieron igualmente suspender la sesión especial que se había fijado para mañana con el objeto de tratar asuntos relativos a la aeronavegación, manteniéndose la respectiva hora de Incidentes.
Tiene la palabra el Honorable señor Otero.

El señor OTERO.- Señor Presidente, desde que la Sala acordó realizar la mencionada sesión especial, han aparecido nuevos antecedentes, siendo el más fundamental el proveniente de la información que el señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones dio a la Comisión correspondiente del Senado en el sentido de que la Comisión Resolutiva Antimonopolios decretó una medida precautoria y de que las líneas aéreas chilenas iniciaron un trámite judicial ante este organismo jurisdiccional para que se suspenda la frecuencia de vuelos de ida y vuelta entre Santiago y Miami programada por determinadas compañías norteamericanas.
En esa virtud, aun reconociendo la gravedad de la situación que enfrentan las empresas de aeronavegación nacionales, y compartiendo su preocupación, no parece conveniente que el Senado sesione en forma especial para tratar una materia que ya se ha entregado a conocimiento de un órgano jurisdiccional.
Sin embargo, queremos dejar constancia de que esta decisión del Senado no significa en modo alguno desconocer el extraordinario problema suscitado, ni la necesidad de darle una solución que resguarde el interés nacional, sino únicamente -y lo decimos con la misma franqueza y transparencia- que convenimos en que éste no es el momento de abordar el tema en sesión especial.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.

El señor URENDA.- Señor Presidente, puedo agregar un antecedente más sobre el particular.
Me ha informado el señor gerente de ANACO A.G. que, entre las gestiones que se llevan a efecto a alto nivel, figuran reuniones en Estados Unidos, el lunes y martes de la próxima semana, con el fin de perfeccionar o adicionar las normas del tratado cuya aprobación ha estado en suspenso, lo que podría abrir camino a una solución permanente de la grave dificultad que tanto se ha repetido y que pone a empresas chilenas de aeronavegación en peligro de desaparecer.
Por ello, teniendo también presente la petición de los propios interesados, creo, como el Honorable señor Otero, que no se justificaría un debate en el Senado.

El señor RÍOS.- ¿Me permite, Presidente?

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RÍOS.- Señor Presidente, le ruego recabar el acuerdo de la Sala para que se incluya en la tabla de mañana el proyecto sobre asunción por el Fisco de derechos y obligaciones de la ex ANAP, que dispone algunas fechas de mucha importancia en el proceso de traspaso de viviendas desde el sector público a los propietarios definitivos. Si no la tratamos pronto, se va a producir un problema práctico de administración. Por tal motivo, formulo esta solicitud en nombre de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, que presido. El señor VALDES (Presidente). - La iniciativa se incluirá en el Orden del Día de mañana, señor Senador, a continuación de otra, calificada de "Discusión Inmediata".
El señor RÍOS. - Gracias, señor Presidente.

V. ORDEN DEL DÍA



BENEFICIOS A EXONERADOS POR RAZONES POLÍTICAS

El señor VALDES (Presidente). - Por acuerdo de los Comités, trataremos en primer lugar el proyecto que establece el otorgamiento de beneficios por gracia a personas exoneradas en el período que se indica.
Solicito la autorización de la Sala para que ingrese el señor Subsecretario de Previsión, don Luis Orlandini Molina.
- Se accede.
- Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 17a, en 15 de diciembre de 1992.
Informes de Comisión: i Trabajo, sesión 51a, en 12 de mayo de 1993.
Hacienda, sesión 51a, en 12 de mayo de 1993.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La iniciativa cumple el segundo trámite constitucional, se originó en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República y su urgencia está calificada de "Simple".
Conforme al artículo 63, inciso tercero, de la Constitución, la aprobación de los artículos 1°, 2°, 5°, 12, 14, 15, 18, 19 y 20, por ser de quórum calificado, requiere el voto favorable de 24 señores Senadores. La Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó el proyecto por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Hormazábal, Palza, Pérez y Thayer), con diversas modificaciones que se detallan en el. informe.
Por su parte, la Comisión de Hacienda, en virtud de su competencia, se pronunció sobre todos los artículos, acogiéndolos por 4 votos -de los honorables señores Gaz-muri, Lavandero, Thayer y Zaldívar- contra uno -de la Honorable señora Feliú-, salvo el 8° y el 9°, en que también votó negativamente el Senador señor Thayer. Asimismo, el informe consigna algunas constancias de la Senadora señora Feliú y del Honorable señor Thayer.
Finalmente, la Comisión de Hacienda propone agregar, como artículo transitorio nuevo, el siguiente:
"El mayor gasto fiscal que represente durante el año 1993 la aplicación de esta ley, se financiará con transferencias del ítem 50-01-03-25-33.104 de la partida Tesoro Público del presupuesto vigente.".
El señor VALDES (Presidente).- En discusión general.

Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CORTÁZAR (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, el proyecto que se somete a la consideración del Senado procura reparar parcialmente a quienes fueron exonerados por razones políticas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y, a la vez, regular las transacciones extrajudiciales de las personas objeto de decisiones que significaron la expiración obligada de sus funciones.
La iniciativa otorga, básicamente, tres tipos de beneficios previsionales a los afectados: pensiones no contributivas, abono por tiempo servido y transacciones extrajudiciales.
Respecto del primero, los exonerados por razones políticas del sector público y del privado intervenido podrán acceder, alternativamente, a dos tipos de pensiones. Por una parte, de vejez o de invalidez, según se cumplan los respectivos requisitos. Para ello se exige que el beneficiario no goce de pensión otorgada por el sistema antiguo, no haya recibido el bono de reconocimiento si es afiliado de AFP y tenga un mínimo de 10 años de imposiciones a la fecha de exoneración, en el caso del sector público; y 14 o más años de imposiciones y uno de antigüedad en la empresa, o menor número de años de imposiciones compensados con mayor antigüedad en la misma empresa, en el del sector privado. Tal es el ejemplo de quien cuenta con 10 años de imposiciones y 5 años de trabajo en la empresa.
Las pensiones se calculan a partir de marzo de 1990, como si el afectado hubiese continuado laborando en el grado que tenía al momento de la exoneración, y de acuerdo con el régimen previsional correspondiente. Como tiempo de imposiciones se considera el que se registraba a la fecha de la exoneración más el 75 por ciento del tiempo transcurrido entre esta última data y el 10 de marzo de 1990.
El proyecto define, en forma precisa, los conceptos de sector público y sector privado intervenido, como, asimismo, las circunstancias que permitirán acreditar la condición de exonerados políticos a quienes hayan sido despedidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. No se requerirá tal acreditación si el cese de funciones ocurrió entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973. Los interesados tendrán el plazo de un año, contado desde la fecha de vigencia de la ley, para presentar la respectiva solicitud, dirigida al Presidente de la República.
El segundo tipo de beneficios contemplado en el proyecto se refiere al abono de tiempo a los exonerados políticos. Consiste en el abono de dos meses de afiliación por cada año de cotizaciones que hubieren tenido al momento de cesar en el cargo, con un tope de 36 meses. Este abono podrá utilizarse para reliquidar una pensión ya concedida; para el cómputo de tiempo respecto de la pensión que le corresponderá a aquel trabajador que todavía no se haya acogido a retiro, o para reliquidar el bono de reconocimiento de quienes estén afiliados al sistema de AFP.
El tercer tipo de beneficios incluido en esta iniciativa dice relación a las transacciones extrajudiciales. Se faculta al Director del INP para transigir extrajudicialmente en los casos de aquellos ex servidores públicos que, teniendo la antigüedad mínima legal necesaria para jubilar, fueron objeto de expiración obligada en sus funciones en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Estos ex funcionarios que cumplan el requisito de tener 15 ó 20 años de servicios -según si la cesación en el cargo ocurrió antes o después del 9 de febrero de 1979- y que no se hallen afiliados al régimen de AFP, podrán convenir la transacción extra-judicial y recibir su pensión de acuerdo a la normativa vigente cuando se produjo la exoneración, debidamente incrementada con los reajustes de pensiones aplicables entre la mencionada fecha de cese de labores y el instante en que comiencen a devengar aquélla. Adicionalmente, gozarán del pago retroactivo de tres años de pensión, el que se entregará en 36 mensualidades.
Señor Presidente, el proyecto en debate, en conformidad a las estimaciones realizadas durante su elaboración, favorece a alrededor de 58 mil personas, de las cuales aproximadamente 52 mil corresponden a exonerados por razones políticas. Su costo en los primeros tres años será del orden de los 26 mil millones de pesos anuales. Posteriormente alcanzará a más o menos 16 mil millones de pesos al año. Cabe precisar que ese monto comprende las transacciones extrajudiciales y el gasto en que el Estado incurriría cuando las pensiones se otorgaren a través del sistema judicial.
En el cálculo del costo de las transacciones extrajudiciales se tomó en cuenta tanto el número de trabajadores en condiciones de litigar como el eventual monto de las pensiones -dependiendo esto de la evolución de la jurisprudencia en la materia-, además del pago retroactivo de tres años que al Ejecutivo le pareció de justicia conceder a quienes opten por acogerse a la transacción, en lugar de recurrir a los tribu-nales de justicia.
Señor Presidente, este proyecto tuvo origen en un acuerdo a que llegaron, en junio y noviembre de 1992, el Ejecutivo y el Comando Nacional de Exonerados de Chile. Por tanto, la normativa propuesta en beneficio de los exonerados políticos se gestó con la participación de los mismos.
Antes de concluir, debo señalar que el Gobierno asigna a la presente iniciativa una importancia fundamental en la tarea de reencuentro en que hoy está empeñado el país. Por eso decidió propiciarla y pide al Honorable Senado que la respalde.
El reencuentro entre los chilenos requiere que el Chile democrático exprese su solidaridad y haga justicia a los trabajadores v que se vieron enfrentados a determinaciones arbitrarias y perdieron su empleo por motivos políticos.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Palza.

El señor PALZA.- Señor Presidente, Honorables colegas, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que tengo el honor de presidir, recomienda al Senado la aprobación de este proyecto de ley, que concede tres clases de beneficios.
En primer lugar, se faculta al Instituto de Normalización Previsional para celebrar transacciones extrajudiciales, a fin de precaver nuevos litigios relacionados con el derecho a jubilación de aquellos ex funcionarios públicos que fueron separados de sus cargos en virtud de diferentes disposiciones legales que permitieron el cese de sus funciones por la sola decisión de la autoridad. Ello aconteció fundamentalmente, en una primera época, después del 11 de septiembre de 1973, a raíz de haber sido declarados en interinato, y luego, por razones de desburocratización del Estado.
Es importante destacar que no existe fundamento político para el otorgamiento de la autorización señalada. Con ella sólo se reconoce el derecho a pensionarse, que ha sido reiteradamente declarado por los tribunales de justicia, los que, además, han condenado en forma sistemática al Instituto de Normalización Previsional a pagar estas pensiones con efecto retroactivo hasta por cinco años, e incluso, en algunas ocasiones, desde la fecha de separación del cargo.
Desde ese punto de vista, esta parte del proyecto representa un menor costo para el Fisco, ya que junto con reconocerse el derecho a jubilación se fija un pago retroactivo de tres años para esas pensiones y, al mismo tiempo, se beneficia a los particulares interesados al encontrar una solución por la vía administrativa, con considerable ahorro de tiempo y dinero.
Se estima que las personas favorecidas con estas disposiciones son alrededor de 15 mil, de las cuales 9 mil podrían ser exonerados de carácter político, quienes no necesitarán invocar esta circunstancia, sino, únicamente, la de haberse puesto término a sus servicios por la causal de expiración obligada de funciones.
En segundo término, se contemplan dos beneficios por gracia para las personas exoneradas por razones políticas. Uno lo constituye el abono de tiempo, computable para la jubilación, de dos meses por cada año de imposiciones que tuvieren registradas antes de su exoneración -con un tope máximo de 36 meses-, dentro de los tres años siguientes a la pérdida del cargo. Este tiempo sólo podrá referirse a los meses sin cotización dentro de dicho período, y podrá hacerse valer ante el Instituto de Normalización Previsional cuando tengan derecho a obtener la pensión respectiva.
El otro beneficio está conformado por las pensiones no contributivas, esto es por aquellas que no tienen como contrapartida el integro de imposiciones por parte de los afiliados. Para este efecto, se atiende al número de años de servicios o de afiliación computables que tuviere el exonerado a la fecha de cesación en su cargo, con un mínimo de 10 años, correspondientes al período mínimo que, por regla general, se requiere para pensionarse de acuerdo al antiguo sistema previsional.
El fundamento de estos dos beneficios es que, como consecuencia de las especiales circunstancias por las que atravesó nuestro país, esas personas no pudieron encontrar otro trabajo, o, en muchos casos, debieron ausentarse del territorio. Ello les produjo una discontinuidad previsional, por lo que resulta razonable compensarles al menos parte del tiempo de cotizaciones, cuya falta los perjudica para la previsión. Y, come son beneficios por gracia, se les hace aplicable el esquema jurídico vigente para las pensiones de gracia, que otorga privativamente Su Excelencia el Presidente de la República ponderando en cada caso el mérito de los antecedentes.
En tercer lugar, se fija un término de seis meses para solicitar el desahucio -contemplado en el anterior Estatuto Administrativo- a quienes no lo requirieron en su oportunidad y se vieron afectados por la prescripción del plazo de cinco años para reclamarlo.
Cabe destacar que de los beneficios otorgados por el proyecto, el que favorece a mayor número de personas y, por ende, de costo más alto, es el concerniente a las transacciones extrajudiciales. Además, por este mecanismo el beneficiario deberá elegir entre la pensión a través de la transacción ex-trajudicial y la pensión no contributiva, en caso de cumplir los requisitos para optar a ambas.
En conjunto, el número estimado de beneficiarios alcanza a 58 mil, y de ellos 52 mil tendrían la calidad de exonerados políticos, con la salvedad de que, si bien aquellos que se acojan a las transacciones extra-judiciales accederán de inmediato a las ventajas consignadas en la ley en proyecto, sólo algunos de los favorecidos con el abo- no de tiempo lo obtendrán en seguida, otros lo harán valer a futuro.
En la convicción de que este proyecto contribuirá sustancialmente al logro de la reconciliación entre los chilenos, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social pido al Senado que lo apruebe en general.
Hago presente que, a grandes rasgos, los miembros de la Comisión estuvieron de acuerdo con el sentido social y de justicia aplicado por el Gobierno, con algunas reservas, sí, respecto del articulado. Igualmente, quiero señalar que el texto fue ratificado casi en su totalidad en los mismos términos en que lo aprobó la Cámara de Diputados, salvo una indicación enviada por el Ejecutivo y que había sido omitida en \r Secretaría de la otra rama legislativa.
Reitero la necesidad, en primer lugar, de aprobar en general este proyecto en el día de hoy, con el objeto de dar respuesta a lo que están solicitando, desde Arica a Punta Arenas, las distintas agrupaciones de exonerados organizadas a lo largo del país, y, en segundo término, de fijar un plazo razonable para formular indicaciones, a fin de que la Sala pueda despacharlo en particular.
Desde ya anuncio que la bancada demo-cratacristiana, en cumplimiento de un compromiso con los exonerados de Chile, tiene el propósito de aprobar todas las disposiciones en la forma propuesta por las Comísiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, ya que la iniciativa se encuentra debidamente financiada.
Espero que el debate de esta tarde se desarrolle con la altura de miras que el asunto requiere y considerando especialmente las inquietudes de los compatriotas exonerados.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Cantuarias,

El señor CANTUARIAS.- Señor Presi-dente, el proyecto de ley que nos corres-abordar en esta ocasión recoge una materia de suyo delicada y sensible para buena parte de nuestra sociedad, cual es la relativa a las reparaciones que el Estado se ha propuesto asumir respecto de un conjunto de chilenos que se vieron sometidos a injustas medidas administrativas y que, como consecuencia de ello, debieron enfrentar una situación familiar, social y económica extraordinariamente adversa.
Esta iniciativa del Ejecutivo toca, por consiguiente, una de las fibras más impresionables de la idiosincrasia nacional: su hondo sentido de justicia social, e incide en una etapa de nuestra historia respecto de la cual existen todavía muchas heridas sin cicatrizar entre los chilenos, debido, básica-, a la reciente ocurrencia de hechos históricos acerca de cuyas causas, orígenes y responsabilidades hay variados escritos y percepciones.
No se nos ocultan, entonces, las dificultades de un análisis objetivo, ponderado y con perspectiva de bien común en este ámbito. Por ello, hago esta prevención a la hora de exponer mis personales reflexiones y de pronunciarme en general sobre este proyecto de ley.
Me referiré a dos aspectos que, a mi juicio, son sustantivos en el articulado.
1 °) Facultad de transigir otorgada al Instituto de Normalización Previsional.
Se trata de la atribución que se otorga al INP para celebrar contratos de transacción con quienes se encuentran en situación de acudir a los tribunales de justicia con la finalidad de obtener el reconocimiento de sus derechos previsionales y, en virtud de ello, exigir el pago de sus respectivos beneficios, a la luz de las disposiciones legales vigentes para cada caso en particular, dependiendo del régimen a que están o estaban afiliados.
De acuerdo con lo expuesto por el Ejecutivo, la iniciativa se refiere en esta parte a la situación de aquellas personas que durante el pasado Gobierno debieron hacer dejación de sus cargos por razones ajenas a su voluntad, luego de que se adscribiera a todo el personal de la Administración Pública y Municipal al sistema de interinato. Ello tuvo como consecuencia que se alteraran las normas funcionarías que hasta ese entonces regían y dentro de cuyos beneficios de contemplaba el derecho a la jubilación por expiración obligada de funciones, sujeto -claro está- al cumplimiento de determinadas exigencias legales mínimas y siempre que dicha expiración no hubiera sido provocada por faltas o delitos del respectivo funcionario.
Siguiendo las observaciones formuladas por los representantes del Gobierno durante el análisis realizado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Corporación, la procedencia del derecho a jubilación por cese obligado de funciones respecto de aquellos trabajadores que fueron separados de sus cargos en virtud de diversas leyes excepcionales, fue cuestionada por la Contraloría General de la República y por la Superintendencia de Seguridad Social, sobre la base de diversas consideraciones interpretativas que creo innecesario detallar en esta exposición.
No obstante lo anterior, los tribunales de justicia -desestimando la jurisprudencia administrativa sentada por la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Seguridad Social- comenzaron a acoger gradualmente las demandas interpuestas por los afectados, estableciendo un criterio jurisprudencial sustancialmente diverso al de dichos organismos. Uno de los aspectos más relevantes de la jurisprudencia judicial expuesta en la materia -éste es un punto que me interesa destacar y sobre el cual volveré más adelante en mi exposición- se refiere a la opinión de los tribunales en orden a que el derecho a los beneficios previsionales es imprescriptible, sin perjuicio de que no suceda lo mismo con las respectivas mensualidades.
En definitiva, la mencionada jurisprudencia judicial ha hecho evidente la necesidad de ofrecer a aquellas personas que se vieron sujetas a la expiración obligada de sus funciones y a las cuales se les negó el derecho a acogerse al beneficio de la jubilación, una solución alternativa a la vía de los tribunales, evitándoles las molestias y costos inherentes a todo litigio y ofreciéndoles un camino más expedito por medios administrativos.
Adicionalmente, y tal como se hizo ver durante la discusión generada en el seno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, aunque en la actualidad el Instituto de Normalización Previsional goza de la facultad para transigir judicial y extrajudicialmente, pareciera conveniente despejar toda duda acerca de la procedencia de dicha figura jurídica respecto de estos casos, ya que, a la luz de su propio criterio sobre la materia, en el futuro la Contraloría General de la República podría objetar las eventuales transacciones que sobre el particular acordare el INP. De manera que el primer objetivo del proyecto que hoy analizamos es dar certeza jurídica a las decisiones que más adelante adoptará el Instituto de Normalización Previsional para poner término a diversas situaciones potencialmente litigiosas.
Estamos hablando de alrededor de 15 mil personas que podrían optar por la vía de la transacción extrajudicial con el INP a fin de obtener el reconocimiento de sus derechos previsionales y, así, gozar de un beneficio del que se han visto privadas injustamente. Se trata de gente que debió cesar obligadamente en sus funciones por causas ajenas a su voluntad, y respecto de la cual la iniciativa legal en estudio no distingue acerca del carácter político de su exoneración.
El costo que el Ejecutivo ha estimado sobre el particular ascendería a alrededor de 10 mil millones de pesos anuales. Es decir, aproximadamente, el 55 por ciento del gas- to total implícito en el proyecto correspondería al financiamiento de las transacciones que al efecto acuerde el referido Instituto con sus potenciales demandantes. Este monto es considerablemente significativo, pero, en estricto rigor, amén de significar un gasto adicional para el erario, representa el reconocimiento de una obligación a la que se encuentra expuesto el Estado y que, por imperio de los tribunales de justicia, deberá afrontar tarde o temprano.
En consecuencia, creo de absoluta justicia la solución propuesta por el Gobierno en lo que dice relación a este aspecto del texto en análisis, porque aborda y resuelve la situación de muchos compatriotas que se vieron injustamente privados de un dere- cho. Sin embargo, quiero formular algunas reflexiones sobré este punto.
En primer lugar, deseo expresar mis dudas acerca de las limitaciones que coloca el Ejecutivo en cuanto a la época en que debió producirse la expiración obligada de funciones, para poder impetrar el respectivo derecho a la jubilación por la vía de la transacción extrajudicial con el INP. Se propuso al efecto el tiempo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Mi pregunta es ¿por qué? Y formulo esta consulta, no con ánimo de abrir polémica, sino porque hasta ahora no logro encontrar ninguna razón de justicia que me permita decir a aquellos chilenos que cesaron obligadamente en sus funciones, por hechos ajenos a su voluntad, antes del 11 de septiembre de 1973 y después del 10 de marzo de 1990 que no tienen derecho a su previsión.
El representante del Ejecutivo sostuvo, en el seno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que la razón para establecer dicho plazo obedece a las diversas normas excepcionales promulgadas a partir del 11 de septiembre de 1973 y que hicieron posi-Me un conjunto de decisiones más o menos discrecionales de la autoridad. Sin embargo, si ésa es la causa, no entiendo por qué se extendió dicho plazo más allá de la fecha hasta la que efectivamente rigieron tales disposiciones, esto es, el 5 de septiembre de 1989 -según lo advierte el propio informe de la Comisión-, oportunidad en la que, por mandato del artículo único de la ley N° 18.821, se derogaron las últimas normas excepcionales que hasta ese entonces se encontraban vigentes.
En segundo lugar, quiero manifestar mi preocupación por la conducta inconsecuente del Gobierno en esta materia. Para ello, me permitiré recordar lo sucedido hace algunos meses, y específicamente la semana pasada, cuando, con ocasión del análisis alizado sobre otra iniciativa de carácter previsional que presentó el Ejecutivo al Senado, expuse mi inquietud frente a algo que estimaba absolutamente injusto y formulé al efecto diversas indicaciones, las que, sin embargo, no prosperaron. Me refiero al proyecto de ley sobre beneficios provisionales y procedimientos en juicios, contenido en el boletín N° 603-13.
Durante su estudio tuvimos oportunidad de conocer los principales conflictos jurídicos existentes en los tribunales de justicia, cuyas partes litigantes eran el INP, como demandado, y uno o varios pensionados, como actores. Los representantes del Ejecutivo advirtieron en esa ocasión que los argumentos más socorridos, de un total de cuarenta materias distintas, eran alrededor de cuatro o cinco, y constan en el informe al que hice referencia. Estos son:
Exonerados del sector público: pedían la concesión del beneficio de pensión por expiración obligada de funciones y el pago retroactivo desde el momento en que se produjo la cesación en el cargo, lo que en algunos casos llegaba hasta 15 años atrás.
Traspasados al área municipal: solicitaban la pensión que contempla el artículo 12 del decreto ley N° 2.448, de 1978.
Profesores en tope de escalafón: impetraban la reliquidación de sus pensiones por haberse encontrado en los grados 13° y 15°, lo que, en virtud del anterior Estatuto Docente -decreto ley N° 2.327-, constituiría tope de escalafón y les habría dado derecho a que se les aplicase el artículo 132 del derogado Estatuto Administrativo (decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960).
Empleados particulares y límite de imposiciones: reclamaban que se les reliquida-rán sus pensiones aplicándoles el artículo 2° transitorio de la ley Nb 15.386, que excluyó del límite de imposiciones fijado por el artículo 25 del mismo cuerpo legal a quienes tuviesen 15 o más años de servicios computables respecto de esos años. Ello, en circunstancias de que la ley N° 10.475, por la que se regían, establecía imposiciones de monto inferior.
Y, por último, empleados públicos (descuento del 10 por ciento): exigían la devolución de ese porcentaje de las pensiones de jubilación establecido en el artículo 14, letra c), del decreto con fuerza de ley N° 1.340 bis, sosteniendo que había sido tácitamente derogado por el artículo 23 del decreto ley N° 3.501, de 1980, que eliminó los aportes o cotizaciones previsionales de cargo de los empleadores.
Mi pregunta, señor Presidente, es: ¿por qué el Ejecutivo planteó una solución jurídica limitada sólo al caso de los exonerados? ¿Es que acaso el resto de los pensionados del sistema antiguo no merece igual consideración? ¿Qué pasó con los principios constitucionales de la no discriminación, del derecho a la seguridad social y de la igualdad ante la ley?
Pero el problema es aún más grave si consideramos lo que efectivamente propuso el Ejecutivo en el proyecto anterior y que ahora comentamos. En su artículo 4° original sugirió un plazo de caducidad de las mensualidades correspondientes a las prestaciones previsionales, de manera que si éstas son requeridas después de transcurrido un año, contado desde que se hicieron exigibles, sólo se pagarían a partir de la fecha en que fueron solicitadas. Ese plazo de caducidad es mucho más drástico que los plazos de prescripción actualmente existentes: primero, porque al tener esa característica operaría ipso jure, sin necesidad de declaración judicial previa, y segundo, porque es más reducido que los de prescripción hoy vigentes.
Durante la discusión generada con ocasión del primer trámite constitucional de la iniciativa, hicimos presente que el plazo de _ caducidad propuesto por el Ejecutivo sólo tenía sentido en el contexto de un régimen jurídico que reconociese la imprescriptibili-dad del derecho a impetrar tales beneficios. De modo que, concurriendo los requisitos legales, el imponente podía en cualquier tiempo requerir el reconocimiento de su derecho, sin perjuicio de que el pago de las prestaciones respectivas se hiciera efectivo sólo desde el momento en que lo pidiera formalmente, ya fuera por la vía administrativa, o bien por la judicial. Por eso, propusimos reemplazar dicho artículo manteniendo el plazo señalado de un año, pero estableciendo la imprescriptibilidad del derecho, tal como lo reconoce la jurisprudencia de nuestros tribunales. Sin embargo, ello fue rechazado por la Comisión y por esta Sala.
En estricto rigor, la prescripción no se aviene con la naturaleza de este derecho, ni con los fundamentos de la seguridad social. Queremos insistir en que resulta francamente absurdo que, existiendo una persona en situación de necesidad, el Estado le niegue el derecho a una previsión social por la sola circunstancia de no haber ejercido sus acciones dentro de un espacio de tiempo determinado, cualquiera que sea la extensión del plazo que al efecto establezca la ley. Tal situación se torna abiertamente inaceptable, si se considera que la persona ha destinado, durante toda su vida laboral activa, parte de sus ingresos precisamente para que el Estado le provea en el futuro un auxilio social de esta naturaleza, en retribución por el aporte que ella ha realizado a la sociedad.
Este último elemento deja en evidencia que las prestaciones en análisis no son una concesión graciosa que el Estado otorga al sector pasivo, sino una retribución. Las normas relativas a esta materia se denominan Derecho Previsional, precisamente porque el trabajador, previendo su futura situación pasiva, destina parte de sus ingresos actuales para asegurarse más adelante una subsistencia digna.
Mi inquietud, entonces, dice relación al doble estándar del Gobierno. Porque, mien-1^': i tras para todo el universo de imponentes en el sistema previsional del INP se ha cuestionado el carácter imprescriptible de sus derechos a través de un proyecto de ley que claramente buscó proteger los intereses del organismo previsional -en desmedro de sus beneficiarios-, en cambio, para alrededor de 15 mil personas se invoca, dentro de los fundamentos de la iniciativa en análisis, precisamente la jurisprudencia judicial que ha venido estableciendo la imprescriptibilidad del derecho a la previsión.
Tanto en el caso en comento como en el que ahora nos ocupa expreso mi opinión favorable a los intereses del sector pasivo, y objeto todo proyecto que pretenda burlar sus legítimos intereses y derechos. Y me asombra constatar cómo en algunas ocasiones el Gobierno invoca principios impecables para fundamentar determinadas iniciativas, los que en otras parece olvidar.
Adicionalmente, el Ejecutivo hizo presente en aquella oportunidad la dificultad que ha encarado el Instituto de Normalización Previsional para cumplir los fallos en los breves plazos otorgados al efecto por los tribunales de justicia. Según antecedentes proporcionados por el Gobierno, a partir de 1988 se ha generado un número creciente de demandas previsionales, con un recargo de trabajo insostenible para los abogados del Instituto y del Consejo de Defensa del Estado, que han debido enfrentar en los últimos meses más de 5 mil 100 juicios. En los últimos tres años -según el Ejecutivo-, tales demandas han significado para el INP un desembolso superior a los 68 millones de dólares, y respecto de las futuras sentencias, este organismo tendría serios problemas de recursos a fin de dar cumplimiento efectivo a las mismas.
¿Qué propuso el Gobierno, entonces? Otra de las normas del referido proyecto de ley -desafortunadamente, aprobado por el |Senado y por la Cámara de Diputados- excluyó la posibilidad de decretar alguno de los apremios judiciales contemplados en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil (multas y arresto, en caso de reincidencia) en contra del Instituto de Normalización Previsional, en los casos en que éste no diere cumplimiento a la sentencia que ordena el pago de determinada prestación.
El efecto inmediato de la iniciativa propuesta por el Ejecutivo es que si el INP no ejecuta un fallo, el tribunal de la causa nada podrá hacer por la vía del apremio judicial, sencillamente, porque aquélla se lo impide. Por tanto, ese proyecto conduce a la indefensión del imponente-demandante. Actualmente existen numerosos fallos judiciales que el INP no ha cumplido, no obstante haber transcurrido varios meses desde que la sentencia quedó a firme. Si ello ocurre hoy día, a pesar de que el Director Nacional del INP puede verse expuesto a multas y arrestos por esta situación, no cuesta vaticinar lo que sucederá en el futuro cuando llegue a promulgarse dicho proyecto de ley.
Será éste el primer caso de nuestra historia en que los tribunales quedarán sin "ius imperium", es decir, sin ninguna posibilidad de hacer cumplir lo resuelto en sus sentencias, pasando éstas a convertirse en meras figuras simbólicas y colocando al demandado, vencido y rebelde, por sobre la autoridad judicial.
Al respecto, cabe recordar que el artículo 73 de la Constitución Política de 1980 declara, en términos categóricos e inequívocos, lo siguiente: "La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley.".
El "ius imperium" es una facultad inherente a la jurisdicción de los tribunales, en cuya virtud éstos pueden imponer coercitivamente el cumplimiento de sus sentencias, y se encuentra contemplada de manera expresa en la disposición constitucional recién aludida. De manera que los tribunales sólo pueden ser privados de ella mediante una reforma a la Carta Fundamental, lo que no ha ocurrido.
En definitiva, tenemos que, nuevamente, para el universo de afiliados al sistema pre-visional administrado por el INP el Gobierno propone una iniciativa que sólo pretende poner a resguardo los intereses fiscales, y, en cambio, para un sector de aquéllos -los exonerados- se realizan grandes esfuerzos para aliviar sus situaciones aflictivas.
2°) Restantes beneficios contemplados en el proyecto de ley.
Por otro lado, la iniciativa del Ejecutivo contempla diversos otros beneficios, tales como abonos de tiempo, pensiones no contributivas y pago de desahucios en favor de las personas que denomina "exonerados políticos", cuyo universo se calcula en aproximadamente 43 mil beneficiarios potenciales. A este respecto poseo algunas aprensiones que estimo mi deber hacer presente a la Sala.
Considero de toda justicia que las personas impedidas de seguir desempeñando sus labores funcionarías y laborales por motivaciones estrictamente políticas reciban alguna compensación de parte del Estado, que en alguna medida les alivie el daño material y moral sufrido injustamente. Sustento mi opinión en los principios básicos de la no discriminación y de la igualdad ante la ley, los cuales por décadas han regido en nuestro ordenamiento político-institucional y que actualmente se encuentran vigentes y contenidos, en su máxima expresión, en los números 2° y 16° del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental.
Con todo, como viene formulada la iniciativa del Ejecutivo, no me parece que dichos principios estén debidamente desarrollados, al no adoptarse las prevenciones mínimas para impedir que, por la vía de la ley en estudio, se vean beneficiadas injustificadamente personas separadas de sus funciones por razones plenamente atendibles, como faltas, delitos y crímenes.
Hemos contribuido a apoyar en este Hemiciclo otras iniciativas con similares fundamentos, como la que estableció determinados beneficios en favor de las personas que sufrieron la dolorosa experiencia del exilio. De manera que mis prevenciones no obedecen a ningún prejuicio ni sesgo político. Pero, con la misma objetividad con que en su oportunidad analizamos dichas iniciativas, hoy expreso mi preocupación frente a las normas genéricas, vagas e imprecisas incluidas en este proyecto de ley, las cuales abren la posibilidad de enriquecimiento sin causa y eventuales derroches de recursos fiscales.
Por tal razón, formulo estas observaciones, sin perjuicio de que contribuiré con mi voto afirmativo a aprobar la idea de legislar sobre la materia.
He dicho.
El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar, quien informará en nombre de la Comisión de Hacienda.

El señor ZALDÍVAR.- Gracias, señor Presidente.
La Comisión de Hacienda trató el proyecto que, como lo señalaron aquí tanto el señor Ministro como el Senador informante de la Comisión de Trabajo, contempla beneficios para un grupo de personas, denominadas "exonerados", las cuales perdieron sus cargos en el período pasado y que ascienden, de acuerdo con los datos entregados por la Subsecretaría de Previsión Social, a aproximadamente 58 mil, de las cuales 52 mil lo habrían sido por motivos políticos, y 6 mil, por otras razones. De las 52 mil recién señaladas, alrededor de 30 mil pertenecerían al sector público, y 22 mil, a las empresas del sector privado intervenidas por la autoridad política.
Los beneficios que se otorgan consisten, en primer lugar, en la posibilidad de que el Instituto dé Normalización Previsional transe extrajudicialmente en los juicios pendientes con el personal exonerado de sus funciones en el Régimen anterior. Esto, en el fondo, no debiera calificarse como "beneficios", porque se trata de un problema que tanto al Estado como a la otra parte .litigante interesa solucionar.
Como sabemos, la expiración de funciones en términos no voluntarios a que nos referimos originó diversos juicios en algunos de los cuales, conforme a la jurisprudencia sustentada, los empleados públicos y otros exonerados han logrado sentencias favorables.
Por lo tanto, quiero llamar la atención del Senado en cuanto a que, al hablar del tema, no hablemos de "beneficios", sino de la real figura jurídica que es la transacción extrajudicial, para la cual se faculta al Instituto de Normalización Previsional.
En segundo término, el proyecto dispone el otorgamiento de pensiones no contributivas en favor de personas que sufrieron el término de sus funciones en forma arbitraria y que no han tenido la posibilidad de acceder a beneficios de orden previsional. De acuerdo con los antecedentes que tuvo a la vista la Comisión, ellas serían del orden de 7 mil 850, y, considerando el total de beneficiarios en el largo plazo, aproximadamente 10 mil 699.
El costo de las transacciones extrajudi-ciales se estima en 9 mil 236 millones de pesos anuales, a los que deben sumarse 749 millones por el pago con efecto retroactivo, en 3 anualidades, lo que hace un total de 9 mil 985 millones.
El otorgamiento de pensiones no contributivas, por su lado, tendría un costo de al-rededor de 6 mil 294 millones de pesos al año.
En seguida, la iniciativa contempla un beneficio denominado "abono de tiempo por gracia" para todos los exonerados por motivos políticos, tanto del sector público como de las empresas del sector privado1, a fin de que ellos puedan lograr sus respectivas jubilaciones. Esto podría llegar a beneficiar a 32 mil 300 personas, con un costo anual aproximado de 585 millones de pesos.
Por último, el proyecto confiere un cuarto beneficio a un grupo no muy numeroso de personas que no pudieron impetrar el derecho dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 338, en relación con el desahucio, cuyo costo alcanzaría a alrededor de 135 millones de pesos.
En consecuencia, de acuerdo con los antecedentes que tuvimos a la vista y proporcionados por el Gobierno, la iniciativa beneficiaría, como dije al comienzo de mi exposición, a aproximadamente 58 mil personas, con un costo total anual de alrededor de 26 mil 235 millones de pesos.
El proyecto fue aprobado en la Comisión por 4 contra 1, correspondiendo el voto negativo a la Honorable señora Feliú, quien dio los argumentos del caso en cada una de las disposiciones. En cuanto al artículo 17, Su Señoría hizo observación de inconstitu-cionalidad, pues a su juicio la ley no tendría oportuno financiamiento -sobre ello, dijo, debía pronunciarse en forma específica la Comisión de Hacienda-, ya que el proyecto no señalaría con precisión las estimaciones de su costo. El Senador que habla refutó la opinión de dicha señora Senadora, señalando que la propia Comisión consigna en su informe un cuadro que indica, por partida, el costo anual de lo que podría significar el proyecto. Por supuesto, por tratarse de una materia previsional, no puede ser precisada en plenitud. Por eso normalmente los ítem de pagos previsionales de la Ley de Presupuestos son excedibles.
En el caso que nos ocupa, el costo financiero se imputará al presupuesto del Instituto de Normalización Previsional. Es más, el Gobierno, para evitar cualquier duda, presentó una indicación para establecer que el mayor gasto fiscal que irrogue la ley durante 1993 se cargará al ítem correspondiente de la partida Tesoro Público del Presupuesto de la Nación.
En consecuencia, el proyecto está perfectamente bien financiado.
Sin embargo, se ha cuestionado por qué el Estado debe disponer de tal cantidad de recursos para ser pagados a las personas que se señala. Al respecto, me ahorra palabras la intervención del Honorable señor Cantuarias, quien reconoce que a esa gente se le provocó un daño grave, en forma injustificada, y se le privó durante un largo tiempo de beneficios y derechos que tenían. Bastaría leer las disposiciones legales aplicadas durante el período a que nos referimos para comprobar que en Chile, durante 17 años, no hubo norma alguna sobre carrera funcionaria. Durante ese lapso todos los empleados públicos estuvieron sometidos permanentemente al arbitrio de quien en ese momento tomaba las decisiones.
Esa es la causa de que 58 mil funcionarios -o, a lo mejor, más- hayan sido separados de sus trabajos. E indiscutiblemente con esta ley no vamos a reparar el daño real que se les provocó, sino sólo a tratar de compensarlos -en parte, a futuro, y en parte, con efecto retroactivo, como en el caso de quienes tienen juicios pendientes-, lo cual tiene un costo.
La misma situación se dio en otros países, donde la sociedad, en su conjunto, tuvo que reconocer el derecho a ser indemnizados a quienes se les había provocado un daño grave.
Ahora, quisiera llamar la atención -para no intervenir nuevamente, y ahora ya no en mi condición de Senador informante- acerca de la serie de afirmaciones del Senador que me antecedió en el uso de la palabra, en el sentido de que habría defectos; de que no estaríamos cumpliendo en materia previsional; de que se estaría discriminando, etcétera, etcétera. ¿Y cuántas cosas podríamos preguntarnos nosotros? ¿Qué pasó durante ese período? ¿Hubo estabilidad para los funcionarios públicos? ¿Qué ocurrió con los profesores, en las municipalidades? ¿Cuánta gente fue separada de sus cargos por la sola decisión del alcalde de ese momento, por las razones que fuera? Pero, ¿es conveniente hacernos tales preguntas hoy día?
Personalmente, no estimo prudente ni conveniente realizar tal debate en esta oportunidad. Lo correcto, a mi juicio, es resolver el problema de cómo reparar, aunque sea en parte, el daño que provocó esta sociedad a un grupo de ciudadanos chilenos y que hoy esperan una solución.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Calderón.

El señor CALDERÓN.- Señor Presidente, mediante el proyecto en debate, se pretende reparar una situación de injusticia, producto de una crisis nacional que vivió el país. Desde luego, no es del caso analizar las circunstancias o indicar a los responsables particulares de la misma.
El país optó por la reconciliación, y en este sentido se sitúa esta iniciativa: en la tarea del reencuentro, como señaló aquí el señor Ministro del Trabajo. Y la reconciliación obliga a reparar.
Las injusticias que pudo haber en contra de los vencedores de esa crisis nacional, fueron reparadas por el Régimen anterior; las injusticias en contra de los vencidos están siendo reparadas por este Gobierno. En ese sentido, ha habido muchas iniciativas: la iniciativa de reconciliación nacional -se dictó una ley-; la iniciativa para los exiliados retornados y la iniciativa ahora en dis-cusión.
Durante aquella crisis no sólo hubo diferencias, sino también, odios políticos y sociales que ojalá nunca más se den en el país. Debido a esas circunstancias, se dejó sin trabajo a miles de compatriotas en la Administración Pública, en las empresas privadas intervenidas e incluso en las Fuerzas Armadas. Por eso, reparar esto no es obligación de cierta parte de la sociedad, sino de su conjunto.
Junto con despedir de su trabajo a miles de compatriotas, se les agregó el estigma de haber sido militantes de la Unidad Popular o del allendismo, con lo cual, durante muchos años, ellos se vieron impedidos de trabajar. Para exonerarlos se usaron mil recursos: abandono de labores, renuncia voluntaria, jubilación voluntaria -todo esto está expresado en forma lata en el informe de la Comisión, y estimo importante que así se consigne-, transgrediéndose innumerables derechos: los laborales, los humanos y los demás consagrados en la propia Carta Fundamental.
El Estado tiene la obligación de reparar los daños causados. A veces, lo hace parcialmente; sin embargo, es .necesario constatar que hace un esfuerzo por cumplir. Dijo "parcialmente", porque los excluidos son muchos: todos los trabajadores de la empresa privada y los funcionarios de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones.
En el Congreso Nacional hemos rendido homenaje a algunos generales de la República, por ejemplo, al señor Alberto Bache-let. Por eso considero justo que el proyecto hubiese podido incluir en la reparación a ex funcionarios de las Fuerzas Armadas que actuaron igual que él.
Seguramente aquí se señalará -como he leído en el informe- que la iniciativa incurre en gastos excesivos. Creo que no es así. Se han mencionado determinados datos. La Senadora señora Feliú ha planteado que en tres años el beneficio significará 187 mil millones de pesos. Sin embargo, en el propio informe, el Subsecretario de Previsión Social plantea que se gastarán 78 mil 705 millones de pesos en el período de tres años, cantidad similar a la dada por el señor Ministro.
Por otra parte, si dividimos el costo anual señalado por la Honorable señora Feliú por los 52 mil exonerados que podrían ser beneficiados con esta iniciativa, nos daría un promedio mensual de 41.667 pesos. Esta cifra es inferior, por ejemplo, al salario mínimo aprobado por los empresarios, el Gobierno y los trabajadores.
Por todo lo anterior, solicito a la Senadora señora Feliú, quien ha realizado un alegato sobre la materia, que tenga en cuenta la suma tan exigua que se otorga a las pensiones de los exonerados.
Al legislar ahora sobre esta materia, no puedo dejar de recordar -por lo demás, siempre lo hago-, algunos hechos dramáticos ocurridos a personas exoneradas en mi Región, a quienes conozco.
En Magallanes el ovejero Arcadio Baha-mondes, conocido y respetado en la Región -incluso por el otro señor Senador que la representa-, trabajaba desde los 15 años de edad en la explotadora Tierra del Fuego. Después de más de 10 años de labor, fue elegido dirigente sindical. En los años siguientes vino la Reforma Agraria y su estancia se transformó en un Centro de Reforma Agraria. Después vino el golpe militar y fue tomado preso, torturado y enviado a la isla Dawson. Cuando salió de allí, pasó años buscando dónde emplearse. A pesar de que era un hombre con fama de buen jornalero y responsable, nunca más volvió a encontrar trabajo en el campo. No se echó a morir. Algo había aprendido de mecánica en la estancia y empezó a reparar los motores de las lanchas de los pescadores. De una u otra manera pudo sobrevivir y educar a sus hijos. Sin embargo, con el tremendo vacío previsional que tiene jamás podrá aspirar a una pensión asistencial. ¿Es justo eso para un hombre de esfuerzo que se ha deslomado trabajando toda su vida?
Y como ése, hay infinidad de casos similares que afectan a hombres y mujeres: "Che" Márquez -se le dice así a un campesino de la zona por haber estado trabajando un tiempo en Argentina-, Trujillo, Erna Coñué y tantos otros. Inclusive el gran dirigente gremial Armando Ulloa no alcanzó a que el proyecto en debate fuera promulgado como ley: pese a haber sido capaz de soportar la cesantía prolongada y realizar sólo trabajos esporádicos durante el Gobierno militar, cuando empezamos a transitar hacia la democracia y después de pasar meses y meses sin haber reparación para casos como el suyo, sufrió una gran depresión nerviosa que culminó con su suicidio. Esa persona -a quien la población de Magallanes, multitudinariamente, le rindió homenaje postumo- tendría que haber sido una de las que recibirán reparación.
Votaré favorablemente la idea de legislar, porque entiendo que con esta iniciativa de ley se repara en cierta forma la injusticia de dejar sin trabajo, por razones políticas, a miles de chilenos; y porque, como se dice en el informe de la Comisión, soluciona los casos de los campesinos de fundos que estaban en manos de CORA.
Quiero apelar a la humanidad de los Senadores de la Oposición. Hace poco tuve un pequeño accidente automovilístico. Como consecuencia de él, he recibido considerables muestras de solidaridad de parte de ellos. Es increíble. Me sorprende el sentimiento de humanidad hacia mi personal Por eso, les pediría que esa humanidad y solidaridad manifestada en mi caso -para una persona que sustenta una posición ideológica distinta-, se haga extensiva a gentes que no conocen, pero que por años han vivido la tragedia de haber sido exonerados.
Confiado en el sentido humanitario de las bancas opositoras, podremos aprobar este proyecto de ley que otorga beneficios a las personas exoneradas.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIU.- Señor Presidente, el proyecto de ley que hoy se somete a nuestra aprobación, otorga el derecho a percibir una pensión, de cargo fiscal, a un número importante de personas, ex trabajadores de los sectores público y privado.
Las pensiones que esta iniciativa concede, principalmente en el caso de los exonerados, son una especie de pensiones de gracia, pues no corresponden a una afiliación previsional que la ley requiere para obtener ese beneficio.
El financiamiento de tales pensiones implica para el Fisco un elevado gasto, de carácter permanente. De acuerdo con el informe técnico financiero acompañado al mensaje, el costo anual de este proyecto asciende a 19 mil 33 millones de pesos, y dado que durante los tres primeros años de su vigencia se pagarán duplicadas las pensiones que se conceden con efecto retroactivo, el costo total de éste, durante estos tres primeros años, alcanza a la considerable cifra de 87 mil 189 millones de pesos. Este monto, incluso, puede resultar muy superior, pues los amplísimos términos de la iniciativa conducirán inexorablemente a un notable aumento del número de beneficiarios que se han considerado para efectuar los cálculos.
Estos antecedentes obligan, a mi juicio, a analizar esta proposición de ley desde una doble perspectiva.
En primer lugar, desde el punto de vista del derecho a pensión y de sus actuales beneficiarios, en particular, los del Instituto de Normalización Previsional; y, en segundo término, desde la focalización del gasto público.
En cuanto al primer aspecto, es necesario tener presente las especiales características que reviste el derecho a pensión en nuestra legislación.
Este derecho que integra el régimen de seguridad social de los trabajadores, tiene por objeto permitir que éstos, llegada la época en que no estén en condiciones de seguir trabajando, ya sea por edad o invalidez, perciban un ingreso que les permita mantenerse, y se traduce en el derecho a recibir mensualmente una suma de dinero que debe guardar relación con las remuneraciones sobre las cuales hicieron imposiciones mientras estuvieron en servicio activo.
La obtención de tal derecho se encuentra reglada en normas legales; y la autoridad administrativa y las administradoras de fondos de pensiones, en su caso, deben limitarse a reconocerlo a quienes cumplen los requisitos que la ley exige para su obtención. No existe discrecionalidad en su otorgamiento.
Se financia, actualmente, mediante cotizaciones del propio trabajador.
La jubilación es un derecho patrimonial que, una vez concedido, es imprescriptible y está protegido por el derecho de propiedad.
En nuestro país existen alrededor de un millón de beneficiarios del antiguo régimen de pensiones. No hace mucho, en este Honorable Senado, me referí precisamente a este problema con motivo del 10,6 por ciento de reajuste del cual se ha privado a algunos jubilados. Sostuve en esa oportunidad que los pensionados del antiguo régimen previsional merecen nuestra especial atención, pues se trata de personas que, en su gran mayoría, son de avanzada edad y después de toda una vida de trabajo, las pensiones que, por diversas causas, perciben, no guardan relación alguna con las remuneraciones que recibían en actividad y sobre las cuales hicieron oportunamente sus cotizaciones previsionales.
Para demostrar lo aseverado, basta revisar los datos estadísticos del Instituto de Normalización Previsional. De ellos se de-duce que este organismo paga, actualmente, sin considerar las pensiones asistencia-les, 886 mil pensiones mensualmente, y el 77,74 por ciento tienen hoy un monto inferior o igual a 50 mil pesos.
Para tener derecho a tal prestación previsional, los causantes de ella trabajaron largos años en los sectores público o privado e hicieron las imposiciones que prescribía la ley. Por regla general, en el sector público se exigían 30 años de servicios para jubilar y, en el privado, 35.
El proyecto en estudio favorece a personas que no cumplen el requisito de antigüedad; sin embargo, la pensión promedio que se les otorga asciende, en el caso de las transacciones extrajudiciales, a 55 mil 472 pesos mensuales, y, en el de las pensiones no contributivas, a 60 mil 302 pesos. Esto es, se da derecho a percibir pensiones de un promedio superior al que recibe hoy el 77,7 por ciento de los pensionados que cumplieron oportunamente con todas las exigencias establecidas por las normas legales para hacerse acreedores al beneficio.
Esto parece francamente grave y de una injusticia enorme respecto de los actuales pensionados.
Guarda estrecha relación con estas consideraciones, lo atinente a la focalización del gasto público. Esta iniciativa involucra cuantiosos recursos del Estado para cuya distribución no se utiliza criterio alguno de focalización.
De acuerdo con las cifras que he proporcionado, no cabe ninguna duda de que gran parte de los pensionados del INP forman parte de los pobres del país. Si se dispone de recursos para destinarlos a pagar pensiones, ellos deberían orientarse, prioritariamente, a aumentar las pensiones más bajas de las personas de mayor edad. De igual modo, debería revisarse de manera urgente el sistema de montepíos del Instituto de Normalización Previsional. No es posible que una viuda de 80 años, que carece de otros ingresos, perciba hoy una pensión de sobrevivencia de poco más de 20 mil pesos mensuales, en circunstancias de haber sido causada por un marido profesional con más de cuarenta años de imposiciones.
En razón de estas consideraciones generales, señor Presidente, no podré concurrir a la aprobación de la iniciativa.
Ahora bien, un análisis más detallado de la misma debe distinguir entre las pensiones que se conceden, vía transacción extra-judicial, a personas exoneradas por cualquier causa del sector público y las que se otorgan a los exonerados políticos de los sectores público y privado.
A, Pensiones vía transacción extrajudicial
Respecto de estas pensiones, que, según el mensaje, tienen por objeto precaver futuros juicios, cabe formular, a lo menos, tres observaciones.
La primera se refiere a los juicios en que ha sido demandado el INP.
En 1991 denuncié en el Senado la gravedad de la situación que estaban originando las demandas de que era objeto esa institución previsional, esto es, el Fisco. En ese entonces, la situación era preocupante, pues, debido a la cantidad de juicios y al número de demandantes, aquélla prácticamente no se defendía, lo que la llevaba a perder todos los juicios.
En la actualidad, ello no es así. El Instituto, a través de planes especiales y con la colaboración del Consejo de Defensa del Estado, mediante adecuadas defensas, ha ganado numerosos juicios, logrando revertir la situación. En reciente entrevista en la prensa, su Director ha manifestado estar muy satisfecho con los resultados obtenidos.
Por tanto, la situación del INP en relación a los juicios mencionados ha variado sustancialmente entre la fecha en que el presente proyecto inició su tramitación y hoy día. Este es un aspecto que, necesariamente, debe tenerse en cuenta al analizar esta iniciativa.
La segunda observación se refiere a las transacciones extrajudiciales.
El proyecto parte del supuesto de que el Director del INP se encuentra facultado para otorgar pensiones por la vía de transigir judicialmente. Ello no es así. Tal como señalara anteriormente, el derecho a pensión se encuentra reglado en la ley, y dicho Jefe de Servicio no puede, por la vía de la transacción, ya sea judicial o extrajudicial, otorgar una pensión a quien no cumple con las exigencias legales para que se le conceda, ni fijarle una pensión de monto distinto al que le corresponde de acuerdo con la ley. Así lo ha sostenido invariablemente la Con-traloría General a través de su jurisprudencia.
Sobre esta materia, es bueno recordar que la Constitución Política reconoce como facultad del Presidente de la República, entre otras, la de "Conceder jubilaciones, retiros, montepíos"... "con arreglo a las leyes" (artículo 32). Iguales términos consagraba la Carta de 1925.
Sobre las especiales e importantes características del acto administrativo que concede una pensión de jubilación se pronunció don Patricio Aylwin, como profesor de Derecho Administrativo, en un interesante artículo publicado en 1955, en la Revista de Derecho y Jurisprudencia. En este, su autor hace suyo el fundamento de una sentencia de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia en el sentido de que "el derecho de jubilación no arranca del decreto que lo declara, sino de la ley que lo establece y con arreglo a la cual ha debido concederla el Presidente de la República".
La facultad que otorga al Director del INP el artículo 5°, letra h), del decreto con fuerza de ley N° 17, de 1989, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en orden a "Aprobar las transacciones judiciales y ex-trajudiciales que interesen a la institución", debe entenderse referida a las distintas situaciones a que puede verse enfrentado en su función de administrar el servicio público a su cargo; pero no le permite, en caso alguno, dadas las especialísimas características del derecho a pensión ya reseñadas, conceder pensiones por esta vía.
Por lo anterior, no estoy de acuerdo en dar respaldo legal a una facultad que dicho Jefe de Servicio no tiene, ni debe tener.
En tercer lugar, deseo tocar el punto de los beneficiarios de estas pensiones.
Antes que nada, debo señalar que el proyecto no distingue entre los funcionarios de planta y el personal a contrata. Este último es, por definición, transitorio. Sus servicios no pueden extenderse más allá del 31 de diciembre del año respectivo; es decir, no goza de estabilidad en el empleo. Por esta circunstancia, el derecho excepcional a jubilar por expiración obligada de funciones nunca lo ha favorecido.
Resulta, por tanto, absolutamente inconcebible otorgar este derecho a personal a contrata que cesó en funciones en la Administración durante el período que el proyec-.o señala, en circunstancias de que el funcionario contratado a quien la autoridad ponga hoy término a sus servicios, en virtud de las facultades que para estos fines posee, no lo tendrá.
Del mismo modo, el proyecto no especifica las causales de término de servicios que serán habilitantes para gozar de pensión, sino que se limita a declarar, de manera genérica, que tendrán derecho todos los funcionarios que hayan cesado en sus funciones "por acto de autoridad y por causa ajena a hecho o culpa del trabajador". Esta condición es tan amplia que impide examinar caso a caso las situaciones que abarca, para determinar, en cada una de ellas, la justicia de otorgar este beneficio.
La jubilación por expiración obligada de nciones, con quince o veinte años de servicio, según la fecha de cese, tiene por objeto compensar la pérdida del empleo a aquellos funcionarios públicos que, poseyendo la propiedad de sus cargos, se ven privados de éstos por una decisión de la autoridad. Es un derecho excepcionalísimo, pues permite jubilar con menos años de servicio que los que requiere el régimen previsional respectivo, y, por ello, las causales de cese de funciones que pueden darle origen han estado siempre taxativamente enumeradas en la ley.
Es efectivo que existen situaciones en que, en virtud de normas de excepción, se privó a personal de planta de sus cargos, y en que los funcionarios afectados no configuraron el derecho a jubilar, por no estar motivado su término de servicios por una de las causales que taxativamente exigía la ley. Tal sería el caso de los exonerados en virtud de lo dispuesto en los decretos leyes números 6 y 22, de 1973.
Sin embargo, no es posible que, a fin de dar solución a situaciones puntuales como la expuesta y otras semejantes, en que lo que se busca es igualar a los afectados con aquellos que en condiciones análogas sí obtuvieron el beneficio, éste se extienda a casos que han existido siempre, y que no han generado el derecho ni antes ni después del período que el proyecto abarca.
La amplitud que muestra la iniciativa en este sentido, no sólo conduce a injusticias, sino que, además, impide estimar con razonable exactitud el número de beneficiarios y, por ende, el costo que implicará.
B. Pensiones no contributivas por gracia
En cuanto a las pensiones de esta naturaleza que el proyecto contempla para las personas exoneradas del sector público y de empresas privadas con 50 por ciento de capital estatal o intervenidas por el Estado, cuyo despido se califique de "político", debo hacer las siguientes observaciones.
En primer lugar, cabe decir respecto de los beneficiarios que su número resulta incalculable, dadas la amplitud de los sectores que abarca la iniciativa (prácticamente todo el sector privado, además del público) y la tendencia de los potenciales favorecidos a calificar de "políticos" despidos que no tuvieron ese fundamento.
La Honorable señora Freí sostuvo en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, según consta en el informe, que "cada vez son más numerosas las personas que afirman haber sido exoneradas por razones políticas en Chuquicamata, aun cuando algunas de ellas lo fueron por haber sido inculpadas de la comisión de delitos comunes, como robo de materiales.".
Debo, pues, insistir en que esta falta de precisión es de la mayor gravedad, pues el costo involucrado, que ya es altísimo, puede resultar aun muy superior.
En segundo lugar, deseo referirme al procedimiento de cálculo de las pensiones.
El Presidente de la República goza de la facultad de otorgar pensiones de gracia y de fijarles el monto que considere adecuado.
No obstante, el proyecto en debate opta por una solución engorrosa y compleja, que consiste, primero, en asimilar los cargos tratándose de ex funcionarios públicos y las remuneraciones en el caso de los ex trabajadores del sector privado, y segundo, en realizar un cálculo de pensión, aplicando las normas del régimen previsional que corresponda al favorecido y sobre la base de los años y las remuneraciones que resulten computables por aplicación de las normas del propio proyecto, labor que se encomienda al INP.
No puedo evitar señalar que este Instituto demora, como mínimo, seis meses para otorgar pensión a los funcionarios públicos. De acuerdo con el mensaje, el total de pensiones que deberá calcular si esta iniciativa es aprobada se aproxima a las 25 mil. Para comprender la magnitud de tal cifra, basta con señalar que durante 1992 el INP otorgó sólo 22 mil 174 pensiones de jubilación, y se trataba de personas que continuaban trabajando o que habían dejado de hacerlo hacía muy poco tiempo, por lo que se contaba con antecedentes actuales para determinar su derecho.
Por el contrario, las pensiones que concede la presente iniciativa favorecen a personas que cesaron en sus funciones hace muchos años, de modo que, para concederles el beneficio, además de efectuar las asimilaciones a que ya me he referido, el INP deberá contar con antecedentes de hace veinte años, relativos a remuneraciones, imposiciones, etcétera. Siendo así, no cabe duda alguna de que su otorgamiento enfrentará dificultades que no se presentan en una concesión de rutina.
Por ello, además del problema de la demora, la concesión de estas pensiones en la forma propuesta involucra un costo administrativo digno de ser considerado, pues el INP se verá en la necesidad de aumentar su personal para poder atender esta función.
En razón de todos estos antecedentes opino que el problema de los exonerados políticos debería solucionarse mediante el procedimiento de las pensiones de gracia, para lo cual podría aprobarse una cantidad máxima de recursos destinados a su finan-ciamiento, dejándose al Presidente de la República la determinación respecto de su monto, pues él cuenta para estos efectos con la asesoría de una Comisión Especial de Pensiones. De esa manera se lograría agilizar la concesión de las mismas y se evitaría, al mismo tiempo, recargar de trabajo al INP.
Si se sigue el procedimiento contemplado en el proyecto, las pensiones tardarán años en otorgarse, y existirá el riesgo adicional de que se produzca, en el Instituto mencionado, una congestión que cause en la concesión de ellas mayor demora que la habitual.
Finalmente, deseo pronunciarme respecto de dos beneficios adicionales que concede el proyecto, cuales son los abonos de tiempo para los exonerados por motivos políticos y el derecho a cobrar el desahucio fiscal para quienes, teniendo derecho a él, no lo requirieron oportunamente.
Respecto del primero, es necesario decir que el procedimiento aplicable a su concesión adolece del mismo defecto que las pensiones no contributivas, esto es, resulta administrativamente muy engorroso, y su reconocimiento queda entregado al INP, que, como he señalado, se encuentra agobiado por el exceso de trabajo.
En cuanto al segundo, cabe destacar que el proyecto, si bien abre un plazo de seis meses para que puedan impetrar el beneficio quienes, teniendo derecho al desahucio, no lo cobraron oportunamente -se entiende que debería alcanzar sólo a quienes tienen prescrito ese derecho, lo cual, en todo caso, no se especifica-, no se limita a ex-cepcionar de la prescripción, sino que, además, dispone que el beneficio se pagará reptado de acuerdo a las variaciones del índice de Precios al Consumidor entre la fecha de cese y la de su cobro.
Esta forma de pago constituye un beneficio excepcionalísimo, pues el desahucio se calcula tomando como base la última remuneración sobre la que se hicieron imposiciones al Fondo de Seguro Social, y nunca se ha aplicado reajustabilidad alguna, ni siquiera en períodos de alta inflación en que el no cobrarlo oportunamente, incluso por demoras administrativas en su pago, significaba su absoluta desvalorización.
Por último, no puedo dejar de hacer presente que el proyecto no señala el monto del gasto que deberá realizar el Fisco el presente año para financiar los beneficios otorga, en circunstancias de que el artículo 64 de la Constitución Política establece que "No podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación sin que se indiquen, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto.".
No cabe, a mi juicio, aducir que el ítem de pensiones sería excedible. Este lo es sólo respecto del pago de las pensiones de jubilación que correspondan a personas que tienen derecho a tal beneficio de acuerdo con la legislación vigente. En cambio, otorgar nuevas pensiones de jubilación, modificar los sistemas de cálculo de las mismas u otorgar nuevos beneficios a los jubilados son determinaciones que, necesariamente, deben ceñirse a la norma constitucional citada, que, por lo demás, no hace sino repetir la de 1925, luego de la modificación que le introdujo la ley N° 7.727.
Por esta razón, señor Presidente, mientras no esté expresamente determinado este gasto y señalada concretamente la forma en que será imputado, el proyecto estará infringiendo la Constitución Política, de manera que planteo formalmente cuestión de constitucionalidad.

El señor ZALDIVAR.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora? Creo conveniente precisar este punto.

La señora FELIU.- Ya terminé, señor Senador.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Está inscrito para hacer uso de la palabra el Honorable señor Navarrete.

El señor NAVARRETE.- Con la venia de la Mesa, no tengo inconveniente alguno en conceder una interrupción al Senador señor Zaldívar.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ZALDIVAR.- Señor Presidente, no me referiré a toda la intervención que acabamos de escuchar, porque estoy en absoluto desacuerdo con ella.
En la Comisión ya analizamos las motivaciones que indujeron a poner término a la mayoría de los contratos de trabajo que nos ocupan, las que, a mi juicio, fueron políticas. Asimismo, observamos que las pensiones que se van a devengar por la vía de la transacción extrajudicial y que se pagarán por el Instituto de Normalización Previsio-nal, cumplen perfectamente con la norma constitucional. Y no es atendible la aplicación, en forma tan estricta -como la señora Senadora pretende-, de lo dispuesto en el número 13° del artículo 32 de la Carta Fundamental, porque, en ese caso, significaría que el Presidente de la República debería conceder todas las pensiones expresamente en virtud de un acto específico para cada persona. No es así. La ley en proyecto determina claramente cómo se otorga la pensión en base a la transacción extraju-dicial, y el Primer Mandatario la concederá conforme a lo que en ésta se disponga.
En cuanto al financiamiento, precisamente la Ley de Presupuestos es una estimación anual de ingresos y gastos. Hay ítem que son fijos, y otros, excedibles. Respecto de estos últimos -que son los que se refieren normalmente al pago de deudas previsionales-, se hace una estimación en cuanto a su monto, y si en el transcurso del ejercicio presupuestario se produce un déficit en uno de ellos, el Ministro pertinente -para cumplir con lo que la ley dispone al respecto- solicita al Secretario de Hacienda que dicte el correspondiente decreto de traspaso de fondos de otros ítem del Presupuesto a fin de cubrir la insuficiencia del ítem excedible. Así se financia. Y es perfectamente lógico -se lo hice ver a la Comisión, incluso, conforme a mi experiencia que tuve en el pasado- que los gastos que represente esta iniciativa se carguen al ítem excedible para el pago de pensiones correspondiente al Instituto de Normalización Previsional. Y el Ministro de Hacienda deberá ser quien haga las transferencias necesarias, con cargo a otros ítem del Presupuesto y al ítem de la partida Tesoro Público, para cumplir con la ley en su plenitud.
A mayor abundamiento -pese a que dije que no era necesario-, el Ejecutivo, allanándose frente a la objeción efectuada por la Senadora señora Feliú, hizo llegar a la Comisión una indicación tendiente a agregar un artículo transitorio único, que fue aprobado. Por lo tanto, la inconstitucionali-dad a que hace referencia Su Señoría está fuera de tiempo, ya que tal disposición establece expresamente que el mayor gasto fiscal que irrogue esta ley en proyecto se imputará al ítem 50-01-03-25-33.104 de la partida Tesoro Público. Por consiguiente, el financiamiento está solucionado. Ahora, si la Honorable señora Feliú quiere volver a plantear el tema de la inconstitucionalidad, le pediría que revisara su posición y leyera la norma transitoria a que he hecho alusión, la cual -reitero- fue aprobada.
He dicho.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Recupera el uso de la palabra el Senador señor Navarrete.

El señor NAVARRETE.- Señor Presidente, el proyecto que nos ocupa está desti-nado a beneficiar a ex trabajadores de la Administración Pública y de empresas privadas intervenidas, y otorga facultades al Instituto de Normalización Previsional para celebrar transacciones extrajudiciales, a fin de precaver nuevos litigios relacionados con el derecho eventual que pudieran tener los ex funcionarios públicos afectados.
Es sobradamente sabido que durante la Administración pasada se aprobaron diversos textos legales que permitieron la exoneración de funcionarios públicos, con un criterio muy discrecional y a través de decisiones marcadamente unilaterales, que son sumamente discutibles desde el punto de vista de lo que son las leyes laborales normales. Tales medidas, entre otras disposiciones, se aplicaron mediante los decretos leyes números 6 y 22, de 1973.
Interpretando las disposiciones legales vigentes sobre el derecho a jubilación por expiración obligada de funciones, tanto la autoridad administrativa del Gobierno central como la Contraloría General de la República, dictaminaron que, en tales casos, no procedía otorgar la jubilación, aduciendo que dicha causal específica no está contemplada en la legislación. En consecuencia, se negó el derecho a jubilar a una cantidad muy importante -miles- de empleados públicos que fueron exonerados a través de las mencionadas disposiciones.
Los tribunales de justicia que conocieron distintos litigios han declarado que la causa de jubilación por expiración obligada de funciones es genérica, y que, en consecuencia, en todo caso en que el empleado cese en funciones por la sola decisión de la autoridad administrativa, le corresponde el derecho a jubilar, siempre -como es lógico- que se trate de casos amparados por la legislación referente a ese especial beneficio y que el empleado afectado hubiere cumplido, al momento de cesar en funciones, los demás requisitos que la ley dispone para Preconocer tal derecho.
El Supremo Gobierno, a través de esta iniciativa, ha considerado que es de justicia el hecho de permitir que se habilite al Instituto de Normalización Previsional para reconocer, por la vía de la transacción extra-judicial, el derecho a jubilar en las condiciones señaladas a los ex funcionarios públicos que fueron exonerados de sus cargos.
Tal como se contempla en el mensaje que acompaña al proyecto, se busca evitar toda discriminación, entre los eventuales demandantes, que pudiere resultar arbitraria o infundada, al mismo tiempo que sancionar, mediante ley, una política que se orienta a la solución de numerosas situaciones Específicas que actualmente constituyen un ¡problema social que todo aconseja resolver.
No deseo referirme a las disposiciones establecidas en la iniciativa, pues se han discutido extensamente.
He querido hacer mención a esas ideas principales, porque estamos en presencia de un proyecto que no es común. Legislamos sobre una materia que presenta características muy especiales, que obedece a un contexto histórico extraordinario, atípico, representado por una crisis institucional de alta conflictividad política; en fin, un período, quizás, el más anormal en la vida de nuestra historia patria.
Esta iniciativa, como otras que ha conocido el Congreso Nacional, está destinada a reparar injusticias cometidas; a otorgar beneficios, para amortiguar el daño que sufrieron miles de chilenos. Ese fue el propósito que tuvo el Gobierno al enviar al Parlamento un proyecto que favoreció a los exiliados, a quienes han retornado o a aquellos que, mediante la ley ya aprobada, deseen regresar al país. Asimismo, hemos despachado iniciativas tendientes a remediar el daño ocasionado a tantos familiares de víctimas del Régimen pasado. El informe Rettig -tarea encomiástica, cumplida por personas ilustres de los más distintos signos políticos, incluso por un Honorable colega de esta Corporación- forma parte también del contexto dentro del cual deben entenderse proyectos de esta naturaleza. Todas esas normativas legales han podido aprobarse en el Congreso Nacional por los consensos políticos logrados, por el reconocimiento de que las situaciones pasadas no condicionan ni pueden determinar conductas acerca de lo que significan los desafíos en que estamos empeñados hoy y lo que representa la tarea de construir juntos el futuro de nuestro país.
No han sido proyectos aprobados por los Parlamentarios de la Concertación, ni se pueden exhibir como éxitos exclusivos del Gobierno. Son proyectos que, de una u otra manera, constituyen la consecuencia del nuevo período histórico que vive la nación, de la nueva actitud y conducta que se asumen en política y en la actividad de servicio público, sobre todo en cuanto al propósito de unir a los chilenos para lograr juntos el destino que deseamos para nuestro país: promisorio, feliz, próspero.
En ese contexto debe entenderse esta iniciativa. No es posible entenderlo como un proyecto normal; no es posible buscar, de manera exquisita, acuciosa, las normas que podrían oponerlo a ciertas disposiciones constitucionales; no es posible medirlo por la fría cifra que representa su financiamien-to; no es posible concebirlo con un criterio de revancha o con la finalidad de oponer intereses que ayer fueron asumidos por otros y que, por las actuales condiciones políticas del país, pueden ser materias de un sector distinto.
Este es un proyecto que, por sobre todas las cosas, tiene un alto contenido humano, un profundo sentido de lo que significa la solidaridad; que está destinado a mitigar de alguna manera, aunque ciertamente en forma parcial, el dolor de tantos miles de compatriotas que fueron privados de su trabajo, lo que ocasionó el sufrimiento de su familia, mujer e hijos; que está orientado a decir a esos matrimonios que padecieron la exoneración, que hoy esta clase política asume responsablemente su deber histórico, otorgando oportunidades que sirvan para que sus hijos continúen su educación y sus nietos puedan vivir con mucho mayor estabilidad y equilibrio la tarea del crecimiento, del progreso y del desarrollo, que es una labor de todos los chilenos.
Este es un proyecto humano, de solidaridad. No es un proyecto que pueda causar técnicamente confrontación; que sea factible de discutirse en términos presupuestarios, o desde el punto de vista político, sino que se trata de una iniciativa que ha de debatirse desde una perspectiva humana. En ese sentido queremos hacer su defensa y apelar a la conciencia de nuestros Honorables colegas, para, ojalá, aprobarlo por la unanimidd de la Corporación, como otros proyectos de esta naturaleza.
No es un proyecto que pueda confrontarnos, porque mediante él se busca reparar las confrontaciones que vivimos. No se trata de un proyecto que sea posible de discutir en términos ideológicos, por cuanto de ideologismos se empapó el país y sufrió las consecuencias de no haber sabido comprender que hay asuntos más importantes que la defensa de ideas, muchas veces vacías, que no conducen al entendimiento, a compartir las tareas para resolver los problemas del hambre, de la pobreza, de la falta de trabajo. Es una iniciativa que otorga posibilidades a quienes sufrieron la pérdida de su trabajo, a fin de que tengan una existencia mejor.
Son muchos los casos particulares que podríamos señalar. Un Honorable colega ya mencionó uno. Yo deseo dar a conocer, brevemente, otro. El de un ciudadano de Victoria -localidad perteneciente a mi Región-, quien trabajaba en Correos y Telégrafos -tenía 19 años, 10 meses y 12 días de imposiciones-y fue exonerado en 1982 mediante el decreto ley N° 10. En la misma oportunidad llegó a esa ciudad un promotor de una Administradora de Fondos de Pensiones, y sin importarle más que percibir el porcentaje que le significaba el captar a un afiliado, lo incorporó a ella. Y, naturalmente, la AFP ganó así la oportunidad de cobrar el bono de reconocimiento. Esa persona, si no hubiere sido afiliada a esa entidad, podría pronto estar en condiciones de recibir los beneficios establecidos en este proyecto. Aquí tengo la cartela de ese ciudadano, en donde se describe su situación desde ¿ 1984 hasta 1992. En todos los meses se consigna una frase: "No aparece pagado".
¡Cómo se abusó con los exonerados y cuánto escarnio se hizo de ellos! Es muy-probable que ese ciudadano, para subsistir, tenga que seguir recorriendo las calles de Victoria, recogiendo botellas o vendiendo lo que encuentre, a la espera de cumplir 65 años y obtener una pensión.
Hay tantos casos que podríamos relatar. Como el de aquel poblador de Arica al cual se le privó de su casa, la que fue ocupada por un uniformado. A esa persona, que también estuvo desaparecida, le fue devuelta su propiedad en 1990, pero hoy día está a punto de volver a perderla, porque le están cobrando las contribuciones impagas, con las costas respectivas, por el período en que no la habitó. Y se trata, igualmente, de un exonerado.
Tales injusticias deben crear conciencia en los legisladores, como ya lo han hecho en el Gobierno, a fin de que el clima de entendimiento que ha prevalecido en el país se siga imponiendo y dicte las normas de conducta hacia el futuro.
En este marco, señor Presidente y Honorables colegas, es posible entender las bondades y fundamentos del proyecto en discusión.
Junto con anunciar que el Comité Radical Socialdemócrata votará favorablemente la idea de legislar, ya que nuestros partidos han estado activamente interesados en hacer realidad esta iniciativa, quiero expresar nuestra intención de seguir trabajando por mejorar los ingresos de los jubilados, quienes, no obstante haber sido enormemente favorecidos por este Gobierno, continúan percibiendo muy bajas pensiones. Y para el logro de ese objetivo me agradaría contar con la colaboración y apoyo de quienes en esta oportunidad han recurrido a este último argumento como una forma de distraer de la tramitación del proyecto y su aprobación. Pero, por ahora, hagamos justicia, aunque tardía; contribuyamos, de alguna manera, a curar las heridas que aún se mantienen abiertas en ciertos sectores de otro país. Y hagámoslo sin confrontacion, con generosidad y bondad. Y así como ayer el Informe Rettig abordó delitos que tuvieron como consecuencia desapariciones y asesinatos, hoy, mediante este proyecto de ley, efectuemos un aporte para paliar el dolor de las heridas provocadas por excesos que laceraron el alma y causaron un profundo impacto en los corazones de muchos, al extremo de que numerosos casos terminaron en la muerte de quienes no pudieron soportar la incapacidad, la angustia, la frustración, de no disponer de trabajos para subsistir y mantener a sus familias.
He dicho.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tha-yer.

El señor THAYER.- Señor Presidente, nos encontramos debatiendo la idea de legislar sobre la iniciativa que nos ocupa, de modo que sólo me referiré a ésta en general, con el fin de abreviar el tiempo de su discusión y llegar más pronto a votarla.
El texto mismo es sumamente complejo. Como en la Comisión de Trabajo y Previsión Social me correspondió participar en su análisis, una vez más debo agradecer la labor que, en pro del esclarecimiento de la materia, han realizado tanto mis Honorables colegas que la integran como los representantes del Ejecutivo aquí presentes. Ya tendremos oportunidad, en la discusión particular, de examinar cada artículo y verificar si hay normas -a mi juicio, las hay- que requieren un mejoramiento.
¿Cuál es el fondo sustancial del proyecto, sobre el cual debemos pronunciarnos a favor o en contra? Dice relación a dos cuestiones, que el Senador que habla, al menos, considera absolutamente precisas e identificadas: una jurídica y otra política.
Primero, la cuestión jurídica.
El Gobierno pasado decretó el interinato de la Administración Pública -no entraré en detalles al respecto-, porque era necesario, dentro de los objetivos y circunstancias de un proceso de transformación revolucionaria que enfrentó el país, y que no es el primero en su historia. De los años en que me dedicaba un poco a la filosofía del Derecho, recuerdo haber estudiado algo en Kelsen, lo referente a la teoría sobre la primera Constitución y cómo se presentaba el momento en que un grupo humano se organizaba jurídicamente. Pero eso está perdido en el tiempo. La inmensa mayoría de los Estados organizados deriva de alguna revolución, y podríamos afirmar que nuestra relativamente corta historia también exhibe un primer proceso revolucionario -muy sui géneris, pero muy claro- en el descubrimiento y conquista de América. Hubo un cambio sustancial, en efecto, de todo el regimen jurídico de los pueblos aborígenes, por la incorporación del derecho común de Castilla y, posteriormente, del derecho especial para las Indias que se fue estableciendo, manteniéndose la aplicación del derecho autóctono, subsidiariamente, en la medida en que era compatible con aspectos considerados como derechos fundamentales, naturales o inviolables.
La República de Chile nació de otra revolución: la que tuvo lugar contra la monarquía española. Posteriormente, tomó un sesgo de otro proceso revolucionario. Me refiero al encabezado por el general Prieto contra el general Freiré, y que en Lircay dio origen a un cuadro que culminó con la Constitución de 1833, fundamento de toda nuestra estructura constitucional. Pero ello, como digo, se originó en un movimiento revolucionario.
Y, así, podríamos continuar mencionando episodios de esta índole.
Hoy nos encontramos ante un proyecto de ley que pretende hacer justicia en una situación derivada de un proceso revolucionario que tuvo consecuencias jurídicas y políticas.
Hasta el momento me he abocado a las primeras. Ocurre que ha habido una discrepancia fundada, a mi juicio -no tengo por qué extenderme en ella-, entre el criterio sustentado por los tribunales (concretamente, la Corte Suprema) y el de la Contraloría acerca de si hay o no causal de jubilación en la expiración obligada de funciones del personal que fue privado de sus cargos en virtud de los decretos leyes números 6 y 22, y otros, propios del régimen excepcional anterior, y que no correspondía, específicamente, a la contemplada en el respectivo artículo del decreto con fuerza de ley N° 338, Estatuto Administrativo entonces vigente. Sucede que, con sólidas razones, la Contraloría estimó que no procedía el derecho de pensionarse sino en conformidad a las causales precisas consignadas en este último cuerpo legal. Y, por eso, negó la posibilidad de jubilar a quienes fueron privados de sus cargos por decisión de la autoridad, acto que, obviamente, implicaba la cesación obligada de funciones, pero no la que consideraba el Estatuto. Sin embargo, la Corte Suprema, con mayores facultades y poderes, juzgó que la norma era asimilable, y ha estado fallando favorablemente una serie de juicios mediante los cuales se ha iniciado reclamación por este capítulo.
Este proyecto, en consecuencia, persig el objetivo de poner término a un proceso de incertidumbre jurídica y resolver legal-mente una cuestión controvertida, autorizando para transigir o transar extrajudicial-mente lo que, de otra manera, debería ser resuelto por los tribunales, con costos de tiempo y de recursos, en cuanto a un personal para el cual ésta es la primera opción. ¿Tiene o no derecho a concluir que es cesación obligada del cargo el que debió dejarlo por decisión de la autoridad superior y contra su voluntad? A mi juicio, así es.
Pero, ¿implica tal hecho la presunción de que el acto de exoneración fue intencionado, malévolo y vergonzante? ¡No! El Gobierno anterior, en una medida muy relevante y principal, procedió a reducir el maño de la Administración Pública, con pérdida obligada de las funciones de un número importante de trabajadores, y donde cayeron tirios y troyanos. Están equivocados quienes piensan que los que sufrieron la exoneración son solamente personas de un cierto signo político. ¡No es así! Se redujo la Administración Pública para todo el mundo, con efectos graves pero inevitables, conforme al concepto sustentado por el Gobierno de turno -a mi juicio, legítimo-, si bien ello no podía ser seguido, en justicia, de la privación de un derecho previsional, como lo ha entendido uniformemente la Corte Suprema, y lo está reconociendo, en este caso, el proyecto en debate.
Por esa razón, primera y fundamental, y que representa 50 por ciento del costo del proyecto, contribuiré a la aprobación del texto en análisis, que estimo justo en este capítulo. No tengo duda alguna en este sentido, como tampoco la tuve al apoyar una iniciativa que, ante otro tipo de situaciones y respecto de juicios que afectaban al Instituto de Normalización Previsional, fijó determinadas normas referentes a una materia mucho más controvertible y discutible, que había merecido jurisprudencia contra-^dictoria. El resultado fue favorable a los demandantes mientras no hubo una defensa adecuada, la cual lo uniformó en favor del organismo público cuando fue estructurada, o normalizada, como correspondía.
El segundo capítulo del proyecto se relaciona con el otorgamiento de abono de tiempo servido a quienes perdieron antigüedad, en lo atinente a su derecho a jubilación, por haber estado imposibilitados de efectuar aportes previsionales durante un período prolongado, al encontrarse -no todos, pero sí muchos de ellos- obligadamente fuera de Chile.
Me parece de absoluta justicia que esas personas reciban algún tipo de compensación o abono, como el que esta iniciativa, : Hirientemente, les concede. No lo hace im-rudentemente, porque hay circunstancias históricas que no tienen vuelta.
Los países deben saber cuidar sus instituciones. Y si ahora apoyo esta iniciativa, es porque bajo este Gobierno estoy trabajando -como lo hice, desde mi punto de vista, en el anterior, no desde algún cargo público, pero sí con mi palabra o influencia- para procurar que cuanto antes se asiente un régimen institucional, que, ¡Dios mío!, hay que cuidar. Y, para ello, los hechos derivados de sucesos infaustos, quizás ineludibles, alguna vez deben ser cauterizados.
Quiero ser muy franco al respecto. Personalmente, tengo la convicción -y es muy duro decirlo- de que, así como hubo muchos casos de exilio claramente injustos, de los cuales conozco algunos, hubo otros que fueron frutos inevitables de un proceso revolucionario. Porque alguna gente abrigaba el convencimiento de que, manteniéndose en Chile, su deber de conciencia era luchar por el derrocamiento del Gobierno militar en funciones, que no tuvo más alternativa que proceder como lo hizo.
No siempre fue así. Muchas veces hubo abusos; otras, no. Pero ocurre que todo este proceso obedece a una causa política que debe ser enfrentada como tal, porque corresponde á un hecho indesmentible. Y, a mi juicio, el proyecto de ley en estudio, en general, resuelve la cuestión en una forma prudente y adecuada, hasta los límites a que puede llegar el Estado, con el objeto de reparar una situación en la que, en mi opinión, es legítimo preocuparse de ello, si se desea restablecer la convivencia pacífica entre todos los chilenos.
Honorable Senado, aquí no estamos frente al caso de preguntar, por qué no hacemos algo distinto con estos recursos. Sucede que el problema previo es que se han considerado dineros para compensar, por la vía de la norma( legal, un efecto injusto, un estado de necesidad -excúsenme Sus Señorías por usar una expresión propia de la seguridad social-, producido, no por un cataclismo, un aluvión o una causa telúrica, sino por un hecho político, que ya aconteció y que fue inevitable, y que tenemos el deber de reparar.
Un significado parecido reviste otra de las normas sustanciales del proyecto, en cuanto a considerar la posibilidad, cuando no se cumplan estrictamente los supuestos contemplados en las disposiciones que estoy mencionando, de que la facultad constitucional del Presidente de la República para otorgar pensiones de gracia se ejerza con relación a quienes se han visto afectados por estos acontecimientos políticos, siempre que se den las circunstancias que se han acotado prudentemente. En efecto, se requerirá una antigüedad, según corresponda, de 10, de 15 ó de 20 años anteriores al momento de la exoneración, con menor tiempo cuando la pensión se va a otorgar por invalidez o vejez, y con mayor tiempo cuando la causal que se invoque sea otra.
En definitiva, creo que la materia ha sido cuidadosamente estudiada. No obstante, pienso que el texto no ha sido bien presentado, desde el punto de vista de la pura objetividad. En mi concepto, se ha extremado la apariencia de un proceso de reparación política, con un sesgo de acusación por una acción arbitraria o injusta. Debo reconocer que ha habido casos de arbitrariedad o injusticia, que son anejos a casi todos los procesos revolucionarios de la historia. Por justa que sea una revolución, muchas veces sus procedimientos son injustos y duros. Pero hay que salir del pantano. Y en la medida en que marchemos en la dirección adecuada y corrijamos con generosidad situaciones que fueron lamentables, y penosas, y causantes de necesidad y sufrimiento, estaremos contribuyendo a pacificar el ambiente entre todos nosotros.
Honorables colegas, tengo la impresión de que el Senado está muy cerca de reunir la unanimidad para estimar que las líneas gruesas del proyecto son incontrovertiblemente justas. Pero hay señores Senadores -cuya opinión respeto- que consideran que no están suficientemente claros aspectos como el monto, la dimensión, o bien, artículos determinados, que les originan interrogantes en cuanto a su juridicidad. En lo personal, hasta donde he podido llegar, tengo la convicción dé que la iniciativa requerirá enmiendas, en puntos específicos, durante la discusión particular, pero no me merece la menor duda su aprobación en general. Por eso, en conciencia y con mucha convicción, voy a votarla favorablemente.
He dicho.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Debo hacer presente que ha terminado el Orden del Día.
Me informa Secretaría que los Comités acordaron que se votara hoy día el proyecto, lo que implícitamente significaría prorrogar la hora por el tiempo que sea necesario para ello.

El señor GAZMURI.- Pido la palabra.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Hay todavía inscritos seis señores Senadores.

El señor GAZMURI.- Pido la palabra.
El señor URENDA (Vicepresidente).- En este momento, se reincorpora el señor Presidente, quien encabezó la reunión de Comités.

El señor GAZMURI.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).- Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor GAZMURI.- Efectivamente, señor Presidente, en la reunión de Comités acordamos que se votara en esta sesión. Somos varios los Senadores inscritos -por lo menos, cuatro de esta bancada-, y a todos nos habría gustado mucho intervenir, por la importancia que le atribuimos al tema. Sin embargo, propongo suspender el debate y proceder a votar. Y quienes deseemos expresar algo, aunque sea en menor tiempo, podremos hacerlo al fundamentar nuestro pronunciamiento. De esa manera aseguraremos la aprobación del proyecto hoy día.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, soy uno de los Senadores inscritos y estoy absolutamente de acuerdo con la propuesta recién formulada, ya que, en todo caso, podremos fundamentar nuestro voto.
Solamente nos quedaría pendiente lo relativo a un principio de acuerdo que teníamos con Renovación Nacional. Pero, como está aquí el Honorable señor Otero, Su Señoría puede hablar por sí mismo con mucho mayor lucidez que el Senador que habla.

El señor OTERO.- ¡Gracias por el reconocimiento!
El señor HORMAZABAL.- ¡Sobre esta materia...!

El señor VALDES (Presidente).- Están inscritos los Honorables señores González, Vodanovic, Núñez, Gazmuri, Hormazábal y Pinera, este último temporalmente ausente.
El señor SULE.- Se ha renunciado a hacer uso de la palabra, señor Presidente.

El señor VODANOVIC.- Señor Presidente, quiero hacer una proposición.

El señor SULE.- ¡Existe acuerdo en el procedimiento que se ha sugerido!

El señor GAZMURI.- Todos hemos retirado nuestra inscripción.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Vodanovic.

El señor VODANOVIC.- Sugiero que no se ponga en práctica la fundamentación de voto, señor Presidente. Porque si 30 señores Senadores hacen uso de la palabra por cinco minutos -y nadie renuncia jamás a un minuto-, saldrá peor que si seguimos interviniendo. En la discusión particular existirá la posibilidad de argumentar.

El señor GAZMURI.- Propongo que fundamenten el voto, entonces, sólo los inscritos.

El señor OTERO.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor VODANOVIC.- Renunciaría a mi derecho, pese a estar inscrito, sobre la base de que se votara y no se fundamentase el voto.

El señor OTERO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).- Aparentemente, el Senador señor Pinera sería el único que no ha sido consultado.

El señor OTERO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).- Puede usar de la palabra Su Señoría.

El señor OTERO.- Señor Presidente, los Senadores tenemos ciertos derechos consagrados en el Reglamento y que no se pueden conculcar. Por nuestra parte, estaríamos dispuestos a que se cerrara el debate y se comenzara a votar, pero respetándose el derecho de cada uno de nosotros a fundamentar el voto. No nos parece democrático proceder de otra manera.
El señor SULE.- Además, es lo lógico.

El señor VALDES (Presidente).- Por lo tanto, cerrado el debate.
En votación.
-(Durante la votación).

El señor DÍAZ.- Señor Presidente, deseo fundamentar mi voto, porque fui un exonerado, así que conozco muy de cerca el tema. Indudablemente, cuando uno es médico, tiene la posibilidad de ganarse la vida en la vida civil ordinaria, pero hubo miles de personas que no tuvieron esa oportunidad, como fue el caso de trabajadores de hospitales, de minas, de municipalidades, de la docencia, etcétera. Es indiscutible, como muy bien dijo el Honorable señor Nava-rrete, que ahora se está reparando la tremenda y flagrante injusticia cometida con ellos.
Si bien es cierto, como expresó otro señor Senador, que en este conflicto cayeron troyanos y tirios, cayeron muchos más tro-yanos, por efecto de los tiros, que tirios... Y si ha habido una equivocación, les ruego que me disculpen. Pero lo cierto es que fue así: más troyanos que tirios.
Insisto en que lo que estamos haciendo hoy es reparar una gran injusticia. Y hay que sostener esto incansablemente. Por eso, voto en favor del proyecto.

La señora FREÍ.- Seré muy breve, señor Presidente.
La verdad es que en la Región a la que represento, la Segunda -y especialmente en Chuquicamata-, se cometieron muchas injusticias con los trabajadores exonerados. Durante estos años he visto su sufrimiento y he conocido su testimonio y el de sus familias.
Por eso, con mucho entusiasmo me pronunciaré en favor de la iniciativa, porque viene a reparar -muy poco, a mi juicio- el tremendo daño cometido. Pero en la vida a veces hay que contentarse con poco. Así que voto a favor sabiendo que deberíamos haber dado mucho más a todos los que han sufrido.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, voto a favor de un proyecto que me habría gustado que discutiéramos antes en el Senado. Porque han pasado tres años y medio y, respecto de un grupo muy importante de compatriotas que sufrieron la persecución, la arbitrariedad y el abuso durante un largo tiempo, la sociedad chilena no había tenido hasta el momento ninguna palabra de comprensión y de reparación.
Creo que la iniciativa tiene valor en dos aspectos. En primer lugar, en un sentido moral, porque la sociedad compensa injusticias flagrantes, que provocaron mucho dolor en numerosas familias y en muchos hombres y mujeres de nuestro país. Y, en segundo término, porque por lo menos se recoge una de las aspiraciones más sentidas de los exonerados, como es la de poder resolver sus situaciones previsionales pendientes. Es evidente que esto no resarcirá el doble castigo que significó la exoneración, porque no sólo originó la pérdida del empleo, sino, también, la dificultad para encontrar uno nuevo durante años. Creo que hacemos justicia -como aquí se ha expresado- a aproximadamente 58 mil chilenos, en parte. Pero esa parte, por lo menos, tiene el valor de un reconocimiento social.
Ahora, en el curso del debate se dieron los argumentos que quiero puntualizar, porque me parecen inaceptables. El primero se refiere a que ésta es una iniciativa que no focaliza la ayuda social del Estado; estimo que, por el contrario, la focaliza exactamente, porque repara una situación de injusticia a un grupo muy determinado de chilenos que sufrieron persecución y arbitrariedad. Y el segundo, a que la ley en proyecto es muy cara. Efectivamente, no son pocos los recursos públicos que estamos destinando a su financiamiento. Empero, sí son pocos para mitigar tanto dolor humano. Entonces, me parece que el argumento de que ésta es una iniciativa muy cara no condice con una sociedad que realmente quiera recuperar los valores de la solidaridad y posibilitar el reencuentro y la reconciliación nacional.

El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, fundamentaré en forma muy breve mi voto, porque sólo deseo entregar un testi-monio.
El artículo 8° del Reglamento de la Corporación expresa: "No podrán los Senadores promover, debatir ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos, sus ascendientes, sus descendientes, su cónyuge y sus colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y el tercero de afinidad, ambos inclusive.".
El 17 de septiembre de 1973 me presenté, como muchos funcionarios públicos, a cumplir mi cargo de Fiscal de Estadística. Fui citado a una oficina donde se me dijo que presentara mi renuncia. Había unos señores vestidos de manera muy extraña: los cubrían overoles de color caqui y manchas negras; usaban sombreros raros: redondos y cubiertos por una red; y tenían en sus ma-nos elementos que parecían ser ametralladoras. No estimé prudente discutir la orden que se me daba, atendidas las circunstancias...

El señor DÍAZ.- ¡Su Señoría era troya-no...!

El señor GONZÁLEZ.- Y presenté mi renuncia.
Afortunadamente, mi renuncia fue cursada como voluntaria. Y declaro solemnemente ante el Senado de la República que acepto eso y no lo discutiré, pues me permite en esta oportunidad aprobar el proyecto en votación, que favorecerá a miles de chilenos que sufrieron mucho más que yo.
Voto que sí.

El señor HORMAZABAL.- Señor Presidente, tal vez muchos señores Senadores podrían verse motivados a narrar experiencias personales tan sentidas como las aquí escuchadas. Pero, a pesar de ellas, Sus Señorías no están afectos al impedimento que establece el artículo 8° del Reglamento, porque no rige "en negocios de índole general que interesen al gremio, profesión, industria o comercio a que pertenezcan"... Quiero dejar eso en claro, ya que, desde el punto de vista de la transparencia legislativa, es vital que la gente sepa que en el Senado de la República no se vota defendiendo intereses personales, sino sobre la base de los elementos y valores que pueden conformar un gran acuerdo.
Creo que ha sido evidente en el curso del debate que nos encontramos analizando un proyecto excepcional y que rompe con elementos tradicionales de la legislación respecto a la forma de tramitar pensiones, sean de tipo contributivo o no contributivo. La pregunta radica en si ello constituye o no un privilegio. Y eso se hace notar, porque destacados señores Senadores -espero que Sus Señorías cambien de opinión en el transcurso del estudio de la iniciativa- afirman qué la situación que aborda el proyecto fue provocada por la necesidad de reestructurar la Administración Pública.
Al respecto, quiero señalar que el decreto ley N° 6, que afectó a 305 mil 67 funcionarios al dejarlos en interinato, se dictó el 12 de septiembre de 1973, cuando no había tiempo para preparar ninguna propuesta ni estrategia respecto a cómo se iba a conducir el país. Y el decreto ley N° 22, que ahondó respecto de funcionarios no incluidos en el primer cuerpo legal, se dictó pocos días después.
Es decir, si algunos Honorables Senadores entienden el proyecto como un privilegio irritante porque tales medidas eran parte del necesario costo que el país debía asumir para modernizar la Administración Pública, se equivocan. Y los invito sólo a ver los textos de esos decretos y las fechas para que objetivamente se den cuenta de que sólo se trató de una monstruosa decisión conducente a dejar a miles y miles de compatriotas en situación de incertidumbre.
Asimismo, deseo indicar que el decreto ley N° 2.345, dictado en octubre de 1978, que afectó a más de 150 mil funcionarios, incluidas las municipalidades, rigió hasta 1987.
Igualmente, cuando se habla de normas tocantes al respeto a la carrera funcionaría, quiero decir, que la ley N° 18.827, de agosto de 1989, permitió que, sin mediar concurso, pasaran a las plantas 17 mil 663 personas.
Sí: es una legislación excepcional, pero no un privilegio para esos miles de compatriotas que sufrieron los horrores y el rigor de una decisión frente a la cual no pudieron hacer nada. Muchos de ellos tuvieron que pasar por la humillación que describió el Senador señor González, o por tantas otras. Esta iniciativa no repara eso. Porque ninguna compensación económica puede reparar el dolor de los hijos, de la mujer y de la humillación. Lo que se puede lograr por voluntad de los Honorables colegas de la Oposición es dar a los exonerados políticos una reparación en su dignidad. No salieron por ladrones, ni por sinvergüenzas, ni por terroristas, sino como un resultado de una crisis de la sociedad que convirtió a chilenos en enemigos de otros chilenos. Y un voto a favor de ellos hoy día no significa votar a favor de sus creencias. Significa votar a favor de que es posible que hombres que pensamos distinto nos reencontremos y que cuando reconocemos la existencia de un abuso tenemos la entereza, hombres y mujeres, de mirarnos a la cara y hallarnos en la dignidad profunda de quienes tanto sufrieron.
Pero este no es un problema de costo por los pobres. ¡Porque por Dios que había pobres, y los sigue habiendo! Recordemos, por ejemplo, que se gastaron 150 millones de dólares para favorecer a un grupo de exportadores por el asunto de las uvas envenenadas, que tantas veces hemos discutido en el Senado. Y se entregaron -entiendo- a doce empresas exportadoras; ni un solo dólar llegó a los pequeños propietarios productores, por lo menos a los de mi Región. Asimismo, se entregaron 2 mil 700 millones de dólares para subvencionar a la banca intervenida, producto de negocios de señores que traicionaron la fe pública y se llevaron los recursos de los ahorrantes.
Entonces, no es una cuestión de recursos: cuánto se gasta aquí y cuántos problemas de pobres podrían solucionarse. Se trata de decir nuevamente a los exonerados --con muchos de ellos uno puede tener discrepancias políticas- que, mirado desde la perspectiva de lo sucedido, queremos que eso nunca más acontezca en nuestro país. Y hoy, cuando es tiempo de democracia y de reparación, les señalamos a ellos y a sus dirigentes, quienes cumplieron un gran tarea y se reunieron en asambleas donde pudieron haber solicitado cualquier cosa, que los legisladores de 1993 los entendemos.
Y, esto no es novedad en Chile. En 1891, cuando se produjo una cruenta guerra civil -la situación de ese entonces no puede compararse con los problemas que tuvimos en 1973, porque en este último caso no hubo guerra-, se dictó, el 16 de septiembre, una disposición legal que ordenó pagar los "Sueldos de empleados públicos separados por la Dictadura". La norma decía: "Se declara que los empleados públicos destituidos por la Dictadura i que hayan sido repuestos por la Junta de Gobierno tienen derecho a los sueldos de que han estado insolutos por aquella causa.".
Hoy, con el proyecto en votación no se les paga ni siquiera con efecto retroactivo. Pero, para ellos -insisto-, esto, que es fundamental, reviste más valor aquí, en el Senado de la República, donde adversarios de ayer podemos encontrarnos para reparar lo sustantivo y lo que no tiene medición: la dignidad.
Por eso, voto que sí.

El señor LARRE.- Señor Presidente, quiero manifestar mi discrepancia con respecto a la fecha de comienzo del beneficio. He escuchado con mucha atención a quienes me han precedido en el uso de la palabra, y me parece que la fundamentación de resolver el problema de muchos exonerados con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 resulta ingrata para numerosos trabajadores que perdieron sus empleos antes de ese día.
Mi postura sobre la materia no es nueva. Cuando se discutió el proyecto de ley que autorizaba el ejercicio profesional a chilenos que obtuvieron grados y títulos en el exilio, existía una situación similar en cuanto a la fecha a partir de la cual podría impetrarse el beneficio. Y, sin embargo, durante la discusión particular de la iniciativa en el Senado ese punto fue superado.
Por lo tanto, en la esperanza de que la Sala, previo trabajo en Comisiones, mejore el proyecto, por ahora me abstendré.

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, voy a votar favorablemente en ge-neral la iniciativa, entre otras razones, para desahogar mi conciencia por no haber podido hacer más contra tanta injusticia y persecución de que fuimos objeto en el Régimen anterior Senadores, Diputados o simples trabajadores, a quienes se nos acosó implacablemente. A algunos no nos fue tan bien; a otros, bastante mal; y a los demás, mucho peor. A estos últimos, nada ni nadie podrá repararles su dolor y el de sus seres queridos.
Sin embargo, dentro de lo que hoy nos es factible, me parece que en el Senado estamos asumiendo una responsabilidad muy importante para reparar hechos injustos y dolorosos que dañaron material y moralmente a muchas personas y a sus familias. Ahora se comienza verdaderamente a pagar la deuda social que tenemos pendiente.
Esas razones me han impulsado decididamente, no sólo a aprobar en general el proyecto, sino también a tratar de mejorar en la discusión particular su articulado, para hacerlo enteramente accesible a tanta víctima de la persecución y la injusticia.
Voto que sí.

El señor NUÑEZ.- Señor Presidente, aprobaremos en general este proyecto, im-no sólo por motivaciones jurídicas, sino también, fundamentalmente, por razones morales.
Creo que los Senadores tenemos la obligación de ser siempre capaces de pulsar el curso de la historia de nuestro país. Objetivamente, en Chile se cometió uno de los delitos más execrables que pueden perpetrarse contra los ciudadanos: el de privarlos del derecho al trabajo, de su fuente de sustentación, lo que implicó que miles y miles de chilenos y sus familias quedaran en la más absoluta indefensión.
Muchos de los que estamos en esta bancada fuimos víctimas de esa situación. Sabemos lo que ella significó desde los puntos de vista psicológico y social: pretendió marginarnos y se nos arrinconó en lugares a veces inhóspitos, como cárceles y campos de concentración.
Me habría gustado entregar mayores fun-damentaciones sobre por qué voto favorablemente este proyecto y señalar otros aspectos involucrados en el lento proceso de reparación que estamos llevando a cabo en Chile ante las tantas injusticias cometidas durante el Régimen anterior. Pero quiero dar un solo testimonio: el de la enorme pa-ciencia y lealtad entre sí que tuvieron los exonerados. Durante todo este tiempo los vimos trabajar día tras día a través de su Comando Nacional, sin desmayar un solo momento. En muchos instantes -y nos consta- pensaron que, en definitiva, no iban a ser compensados. Incluso, actuaron como si no fuera posible que discutiéramos la iniciativa que nos ocupa. Muchos murieron en medio de esa situación, sin poder gozar de los beneficios que se procura otorgar. Ayer no más, en Santiago, un exonerado amigo nuestro dejó de existir. Y, casi con entera seguridad, se fue con la sensación de que su caso personal no iba a ser reparado con la justicia que requería.
En consecuencia, formulo mi reconocimiento al Comando Nacional de Exonerados y, naturalmente, al propio Gobierno, en la persona del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, quien tuvo capacidad, en un momento en que los planteamientos eran muy distintos, para acoger en el Ministerio a su cargo las justas demandas de los exonerados; para hacer factible la redefinición del contexto de la iniciativa, y para establecer mecanismos mediante los cuales se pudieran resolver con absoluta ecuanimidad los aspectos que aquéllos exigían. Y se hizo un gran esfuerzo, que demuestra la madurez existente en el país y la enorme responsabilidad con que actuaron los exonerados y el Ejecutivo.
Hubiésemos querido que la iniciativa consignara todos los planteamientos y exigencias formulados desde el primer instante. Sin embargo, sabemos las limitaciones que ella tiene desde el punto de vista financiero. El Estado hará un gran aporte; pero, como se ha dicho tantas veces esta tarde, los recursos nunca serán suficientes para reparar tanta injusticia.
Por eso, porque conocí a los exonerados a lo largo del país y porque en la Región que represento los vi languidecer y palidecer frente a la imposibilidad de hacerles justicia en lo que con tanta legitimidad planteaban, voto a favor con mucho entusiasmo y, al mismo tiempo, impelido por un deber moral.

El señor ORTIZ.- Señor Presidente, creo que debemos dar a los exonerados lo que en derecho y en justicia les corresponde.
Desde luego, en el proyecto que se somete a nuestra consideración hay normas que aparecen como positivas y otras que no lo son.
Hay, sí, una discriminación odiosa en materia de fechas. Y, si se desea hablar de reconciliación, de reencuentro, de superar un pasado que a algunos pueda doler, no se deben enviar proyectos sesgados y que, en alguna medida, estén remarcando y haciendo fuerza sobre los hechos ocurridos.
Naturalmente, es necesario mejorar la iniciativa. Existieron hechos reprobables, como los señalados por el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, que implicaron quitar a la gente su fuente de trabajo. Pero ellos no se iniciaron en la fecha determinada, sino con bastante antelación.
¡Cómo no va a ser reprochable que, por ejemplo, se haya impedido al hombre que poseía un campo seguir trabajándolo porque se le expropió o se le quitó vilmente, obligándolo a recibir bonos CORA que no servían para nada! ¡Cómo no va a ser condenable que haya habido expropiaciones absolutamente injustas y que el derecho de propiedad haya languidecido en la forma como ocurrió! ¡Y también es criticable que políticos que en la actualidad aparecen como renovados hayan azuzado a la gente con concepciones y principios que han sido dejados de lado en todo el mundo y que, según se ha demostrado, fueron una calamidad precisamente para los trabajadores!
Entiendo que es conveniente perfeccionar el proyecto. Entiendo que hay gente que sufrió a raíz de la readecuación de un Estado que se encontraba en la hipertrofia. Y, seguramente, en numerosos casos se actuó con mucha injusticia. Por ello, estimo necesario reparar ese dolor. Pero debemos hacerlo siendo justos, fijándonos en que hubo Gobiernos hegemónicos que creían que sólo se podía ingresar a la Administración Pública si se contaba con el carné de militante de determinados partidos políticos y que exhibieron una conducta sectaria que Chile entero conoció.
Por eso, tenemos la obligación de mejorar el proyecto. Y, como una manera de exigir que ello se haga y con el objeto de que se repare con generosidad el mal causado, pero incluyendo a muchos exonerados que no figuran en la lista, que aparece acotada a una fecha, me voy a abstener, en el convencimiento de que podremos perfeccionar la iniciativa políticamente.

El señor OTERO.- Señor Presidente, la ley en proyecto me provoca un serio problema de conciencia para emitir un voto favorable o contrario.
No cabe duda de que ella tiende a solucionar problemas reales que ameritan ser considerados en su proyección humana. De otro lado, hay disposiciones cuya latitud permite extender beneficios a quienes no se desea favorecer. Y lo más difícil de todo es determinar el orden de prioridades que el Estado debe tener para resolver las distintas dificultades que aquejan a los diversos sectores de la ciudadanía.
Los recursos involucrados, cercanos a los 200 millones de dólares, solamente en los primeros tres años, pueden contribuir a solucionar situaciones sociales más graves y urgentes que aquellas a que se refiere el proyecto en estudio.
Me pregunto si es más importante beneficiar a las aproximadamente 50 mil personas que indica el Gobierno o al millón de chilenos que reciben pensiones mínimas o de gracia. ¿Debo postergar a la montepiada y al jubilado que tienen una pensión que ni siquiera les alcanza para comer? Estos montos permitirían aumentar sus ingresos en 10 por ciento, a lo menos.
Hace pocos minutos preguntaba a la señora Ministra de Justicia subrogante, ante el grave problema de falta de fondos para llevar a cabo los planes carcelarios y de rehabilitación destinados a enfrentar la delincuencia juvenil, qué era prioritario para ella: si este proyecto o el futuro de la juventud.
¡Qué serio dilema!
También es preciso considerar la situación de miles de chilenos que carecen de protección, pese a haber trabajado toda una vida, por no cumplir con el número de semanas de imposiciones exigidos por la ley, problema al que los recursos destinados a i¡ iniciativa que analizamos permitirían dar una salida.
¿Es justo que sólo se aborde el caso de los exonerados durante el Gobierno militar y no el de quienes lo fueron bajo la Administración de don Salvador Allende, e incluso el de los despedidos durante el actual Régimen? ¿Por qué distinguir entre unos y otros?
¿No están en situación similar los propietarios agrícolas expropiados que no recibieron indemnización o recibieron una irrisoria y que también carecen de previsión?
Como puede apreciarse, la decisión no es fácil. Si voto a favor, estoy sancionando una iniciativa que sólo favorece a un sector de chilenos y no soluciona los problemas de muchos otros que se hallan en igual o peor condición. Si voto en contra, afecto a situaciones humanas que es preciso considerar y resolver.
¡Cómo puedo ignorar las conversaciones que he sostenido con representantes de exonerados o con exonerados de mi circunscripción que me han expuesto sus dificultades! Naturalmente, debo tenerlas en cuenta y no emitir un voto negativo.
Señor Presidente, la asistencia que se registra en la Sala y lo expresado en ella me demuestran que el proyecto cuenta con votos suficientes para ser aprobado en general. Por eso, me voy a abstener. Y lo haré porque quiero enviar un mensaje muy claro y preciso al señor Ministro del Trabajo y al Gobierno: me parece imprescindible modificar la iniciativa de forma tal que permita focalizar estrictamente a sus beneficiarios; impedir que personas inescrupulosas puedan aprovecharse indebidamente de sus ventajas, y reconocer que las materias de la jurisdicción deben resolverse en un debido proceso y no por ley. Pero lo más importante es que el Gobierno considere situaciones similares no comprendidas en el proyecto: la de los exonerados durante el mandato de don Salvador Allende y la de los despedidos en este Régimen.
También es imperativo remediar la dolo-rosa y trágica situación en que se encuentran las montepiadas y jubilados cuyas pensiones apenas les alcanzan para subsistir en precarias condiciones.
Estoy cierto de que, analizando con el señor Ministro todos estos problemas, podremos llegar a algo que, junto con reconocer las dificultades humanas que motivan la presentación de esta iniciativa, nos permita solucionar las de muchos miles de compatriotas que están en igual o peor situación.
Lo anterior me lleva a abstenerme de votar y a decir al señor Ministro que mi voto será favorable cuando se discuta en particular el proyecto y se remedien todas las anomalías señaladas, se dé una salida a los problemas legales anotados y se considere a quienes no están incluidos en él.
Me abstengo.

El señor PACHECO.- Señor Presidente, voto a favor de la iniciativa, por considerarla justa desde los puntos de vista moral y legal, y por estimar que representa el sentimiento inmensamente mayoritario de los chilenos para reparar un mal causado a miles de ciudadanos exonerados arbitrariamente.
Voto que sí.

El señor PINERA.- Señor Presidente, sin duda, estamos abordando un tema de naturaleza extraordinariamente humana, pues se trata de compensaciones a personas que por distintas razones han sufrido un daño, no sólo en lo económico, sino también en su dignidad y en su capacidad de realización.
¿Quién puede dudar de que la situación de los exonerados ha significado algo doloroso para su grupo familiar, para quienes los rodean y para el país?
¿Quién puede negar que también durante el período de la Unidad Popular hubo muchos sectores que en forma muy injusta debieron sufrir graves daños morales, económicos y en su dignidad?
Por esa razón, creo que estamos discutiendo una cuestión que merece ser analizada en profundidad, porque el Estado puede y debe intentar compensar perjuicios infligidos a seres inocentes. Y, al margen de lo que dispongan algunos decretos, me parece que todo individuo tiene -de acuerdo a la legislación vigente y a la que regía en esa época- derecho a una jubilación cuando pierde su empleo por razones no atribui-bles a su responsabilidad.
Por lo tanto, una primera lección es que cuando los procesos democráticos y la convivencia de un país se descarrilan, como ocurrió en Chile a comienzos de la década de los 70, se generan consecuencias extraordinariamente dolorosas, lo que debería llevarnos a mirar con mucho mayor cuidado y preocupación el tema de la fortaleza de la democracia y de la sana convivencia entre los chilenos.
Pienso que el derecho a jubilación jamás debería prescribir, y, en consecuencia, es atendible el propósito de dar la opción, a las personas que no pudieron ejercerlo por razones ajenas a su voluntad, de revitalizar-lo en virtud de una ley. Esto se puede lograr a través de un proyecto que otorgue al Instituto de Normalización Previsional facultad para transigir en esos casos, transacción que debería ejercerse con un cuidado muy especial, puesto que estamos hablando de cuantiosos recursos públicos.
En alguna circunstancia, si la ley así lo contempla, el Presidente de la República puede reparar injusticias a través de conceder pensiones de gracia. Pero, de nuevo, nos estamos refiriendo a recursos públicos que son, como bien sabemos, en extremo escasos frente a una gran cantidad de necesidades que desde un punto de vista moral merecen atención preferente de la sociedad. Por eso, cuando analizamos un proyecto de esa naturaleza, tenemos que poner sumo cuidado en lograr que cada persona recupere lo que en justicia le corresponde.
Sabemos también que los daños de carácter moral o los que afectan la dignidad de las personas generalmente son irreparables. Lo que el Congreso puede hacer es intentar remediar en parte el perjuicio causado a través de una compensación económica, en este caso de índole previsional.
Pero -insisto- la iniciativa importa una cantidad de recursos fiscales extraordinariamente elevada. Las cifras que ahora se han mencionado ya están desactualizadas, expresadas no en moneda de hoy sino de 1992. Por consiguiente, un cálculo que incluya una simple corrección monetaria nos lleva a concluir que el costo, durante los tres primeros años, alcanza a más de 82 mil millones de pesos, que equivale a un gua- rismo superior a 200 millones de dólares. el gasto, extendido a todo el período de vigencia proyectado, sobrepasa con creces los 500 millones de dólares. Subrayo esto porque sabemos perfectamente que el Estado chileno no puede generar 500 millones de dólares adicionales para subvenir otras necesidades sociales que del mismo modo representan enormes injusticias y que, desde el punto de vista ético y moral, deberían atenderse.
Me permito recordar al Senado que, en la actualidad, existen en Chile 300 mil personas que han terminado una vida de trabajo y que reciben una pensión asistencial que en muchos casos bordea los 8 mil pesos mensuales. Hay intención -manifestada en un acuerdo celebrado entre distintas fuerzas sociales y el Gobierno- de nivelar las pensiones asistenciales en una cifra cercana a los 14 mil pesos mensuales. Pero no se trata solamente de un problema de montos en extremo exiguos, sino también del hecho adicional de que, aun a esos niveles de ayuda social irrisorios y francamente indignos, el Estado chileno no tiene capacidad para ofrecer pensiones asistenciales a todos cuantos califican para obtenerla. Hoy ni siquiera esos 8 mil pesos están al alcance de todos los ciudadanos que los necesitan y los merecen. Por eso uno de los problemas pendientes es el aumento de los cupos de tal beneficio.

El señor VALDES (Presidente).- Señor Senador, se han agotado los 5 minutos de ,que disponía para fundamentar su voto.
El señor HORMAZABAL.- ¡El tiempo es tan escaso como el dinero, Honorable colega!

El señor PINERA.- Correcto.
Quisiera terminar diciendo que, además, hay 600 mil chilenos que viven de una pensión mínima que en este momento alcanza a alrededor de 30 mil pesos. Por esa razón., porque los recursos fiscales son escasos, porque no es factible multiplicarlos para poder...

El señor VALDES (Presidente).- Ha concluido el tiempo de Su Señoría.

El señor PINERA.- Señor Presidente, ocuparé el que me cede el Honorable señor Siebert.

El señor VALDES (Presidente).- Se trata de tiempos individuales, señor Senador; no se pueden acumular.

El señor PINERA.- Entonces termino, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).- ¡Tiene que terminar, señor Senador!

El señor PINERA.- Quiero hacer un llamado al Gobierno para que, al analizar este proyecto, y porque estamos tocando recursos públicos, considere simultáneamente otra situación de injusticia que, desde un enfoque ético y moral, tiene la misma prioridad que la de los exonerados: la de los pensionados, particularmente de los que reciben pensiones asistenciales y pensiones mínimas. Por lo tanto, cuando se trata de corregir injusticias, debernos tener la fortaleza y la valentía para plantear muchas otras situaciones injustas que también merecen ser compensadas con recursos públicos, los que, como dije anteriormente, no están disponibles para acometer la solución de todas en forma simultánea.
Por esa razón, hago un llamado al Gobierno...

El señor VALDES (Presidente).- ¡Tengo que quitarle el uso de la palabra, señor Senador!
Hay que ser estricto en la aplicación del Reglamento.

El señor PINERA.- Termino, señor Presidente, diciendo que me abstendré. Y hago un llamado al Gobierno para que considere en forma clara, directa e inmediata el problema de los pensionados.
He dicho.

El señor PRAT.- Señor Presidente, este proyecto toca, sin duda, a las necesidades de un amplio sector de ciudadanos afectados por situaciones muy especiales. Su propia presencia, numerosa en las tribunas de esta Sala, revela el grado de importancia que para ellos tiene y que entendemos cabalmente.
Hay que volver los hechos a la verdad, en la medida en que ella ha sido distorsionada a lo largo de esta discusión. Parece como si las personas que la iniciativa pretende beneficiar fueran víctimas de la maldad humana y no de un proceso lamentable, que es el que vale la pena analizar.
Hoy día en Rusia hay millones de exonerados. Seguramente, mañana se juzgará a quienes ahora han tenido que tomar la do-lorosa medida de exonerar a las personas cuyas remuneraciones ni las empresas ni el erario son capaces de sostener.
En los años en que se originó la situación lamentable que afecta a quienes se quiere ahora favorecer, ocurrió la quiebra virtual de la Administración Pública; la quiebra de las empresas hechas públicas por expropiaciones ilegales; la descapitalización de empresas y de hogares a través de un proceso de hiperinflación, que todavía se analiza si fue casual o intencional para destruir el país. Esa es la realidad histórica en que se produjeron los hechos cuyas consecuencias hoy día se pretende aliviar.
A partir de aquella situación, Chile debió soportar diversas penurias que afectaron a muchísimos sectores, hiriéndolos en sus legítimos intereses. Entre 1973 y 1975, producto de la crisis económica generada por quienes administraban el país hasta 1973, agravada por la recesión y la crisis del petróleo, hubo tremendos efectos que llevaron a las autoridades de entonces a asumir medidas dolorosas para muchos sectores. Vale recordar a los depositantes, muchos de ellos pequeños, que habían puesto todos sus ahorros en los llamados BHR, que fueron congelados; a aquellos que fueron víctimas de la hiperinflación y que perdieron todos los ahorros de su vida; a aquellos cuyas deudas habitacionales se transformaron en una pesadilla que todavía no es posible mitigar; a aquellos que perdieron su trabajo en la Administración Pública y en las empresas hechas públicas por expropiación; y también a aquellos que quedaron cesantes en las empresas privadas que fueron a la quiebra a raíz de los procesos económicos traumáticos que se vivieron. Y qué decir de los pensionados, quienes, a causa del proceso de inflación y de virtual malversación de fondos que el sector público hizo de sus ahorros de toda una vida, han debido pagar, siguen pagando y seguirán pagando si no se les da algún día la prioridad que se merecen.
Fue un período con numerosos afectados. Diría que hoy día tenemos que ver cómo atendemos las situaciones del pasado y cómo lo hacemos con un criterio de equidad. Porque, cuando se trata de repartir recursos escasos del Estado, debe primar el criterio de que lo que se da a uno debe darse a todos y de que lo que no puede darse a todos no debe darse a ninguno. La cobertura que la acción del Estado debe dar a las situaciones pasadas aparece mezquina en la visión del Gobierno y en los proyectos que presenta: sesgada, compromete fuertes recursos en algunos sectores y abandona, lisa y llanamente, a otros.
Hoy día se ha tocado el tema de los pensionados. Hay muchos otros. Los fondos que el proyecto pretende comprometer son cuantiosísimos y privan a los otros sectores de ver atendidas sus necesidades. Lo que se está dando a unos se está negando a otros que están en la cola.
Por eso, como señal de desaprobación a tal predicamento, y reconociendo situaciones de este sector de ciudadanos que deben ser atendidas y legisladas por medio de proyectos específicos -distintos de éste-, que dejen disponibilidad de recursos para otros actualmente postergados -y que, da- do el monto del financiamiento de esta iniciativa, estarían obligados a seguir indefinidamente postergados-, me abstengo.

El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, me habría gustado escuchar en este debate algunas voces de arrepentimiento de quienes tuvieron alguna responsabilidad en hechos que ahora están tratando de tergiversar.
Se habla de la Reforma Agraria sin nombrarla y de las personas que perdieron sus predios en otras épocas. Ese proceso se llevó a cabo a través de una legislación aprobada por el Congreso; había tribunales de justicia ante los que podían reclamar los afectados. Incluso, todavía hoy los tribunales están fallando respecto de tales casos.
Se ha preguntado por qué no se entrega hoy a los pensionados parte de los recursos. A quienes ahora alzan sus voces a favor de los pensionados no escuché que lo hicieran cuando se les robó el 10,6 por ciento. No lo hicieron porque estaban muy ocupados haciendo dinero. Entonces, hoy día no tienen ningún derecho a imputar al Gobierno que está quitando recursos a los pensionados para solucionar una carga social, tarea en la que todos tenemos obligación de colaborar. No tenía interés en intervenir en el debate; pero, desgraciadamente, se tergiversa la verdad. Estamos frente a una situación en la cual a todos nos cabe alguna cuota de responsabilidad, y lo que hoy corresponde es asumirla.
Me alegro de las expresiones del Senador señor Núñez: lo que hay que destacar hoy es la actitud responsable y seria del Gobierno para enfrentar este problema, y, como se dijo muy bien aquí, la del Ministerio del Trabajo y de su titular, presente en la Sala.
Pero hay que rendir un homenaje a los hombres y mujeres que, con paciencia y patriotismo, durante años esperaron el momento en que llegara una justicia, que es tardía e insuficiente. Quienes participamos desde el primer momento, preocupados por problema de los exonerados, quisimos obtener más recursos que los que ahora se están destinando, porque creemos que eso es de justicia. Sin embargo, hemos aceptado -porque ellos también lo han hecho- la proposición del Gobierno en cuanto a que el que se propone es el monto máximo que está en condiciones de entregar sin producir un grave daño a la economía.
Creo que hoy no corresponde justificar una abstención, porque si no se logran los 24 votos requeridos por el quórum constitucional para aprobar el proyecto, éste se pierde aquí, en el Senado. Entonces, no vengamos a decir "Me abstengo para que después...". ¡Se abstiene quien no está de acuerdo con la iniciativa! ¡Habría sido mucho más justo y correcto expresar, de cara al país, "No queremos reparar una injusticia que nosotros mismos cometimos"!
Por eso, señor Presidente, voto favorablemente.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, la verdad es que no pensaba intervenir para fundar mi voto; pero las argumentaciones planteadas y la forma en que se ha llevado a cabo el debate justifican que, de alguna manera, recojamos algunas expresiones y centremos el análisis en aquello en que efectivamente debe recaer.
Las observaciones han versado sobre el costo del proyecto, las prioridades por resolver, los problemas formales que presenta el articulado. En mi opinión, Honorables colegas, la iniciativa tiene por objeto -por eso voto fundamentadamente- corregir injusticias que el país como tal -aunque no expresado en su mayoría sino por su Gobierno, como instrumento de la nación, en el momento en que ellas se produjeron- cometió contra 58 mil o 60 mil personas. Eso aconteció, única y exclusivamente, por razones de pensamiento: porque un empleado o un funcionario no fue del agrado de quien ejercía el Poder en ese instante. Y ese trabajador no tuvo posibilidad de recurrir a ningún tribunal, ni al Parlamento ni a cualquier otra instancia y, por lo tanto, quedó indefenso frente al Poder.
A mi juicio, aquí está en juego la esencia ética del uso de la autoridad y de la relación entre el hombre y el Estado. Y el Poder es un problema esencialmente ético. En la discusión particular podremos abordar todos los temas; empero, nos enfrentamos a factores básicamente éticos. No habrá reconciliación en el país, ni puede existir una relación sana entre las partes involucradas, ni entre quienes convivimos en Chile, mientras haya quienes sostienen que fueron sancionados por expresar su pensamiento y mientras en un Régimen de democracia y libertad no concurra la fuerza suficiente para hacer justicia y devolverles parte de los derechos que quienes no practicaron la democracia les quitaron.
Por eso, señor Presidente, voto que sí.
Se discute el costo del proyecto. ¡Evidentemente es alto, porque fueron muchos los exonerados! Si su número hubiese sido más reducido, el costo sería menor y no se estaría aduciendo eso como una razón. ¡No expongamos, entonces, argumentos originados en la misma causa que tratamos de corregir!
Se ha dicho que el gasto individual es elevado. Las cifras dadas son del orden de 40 ó 41 mil pesos mensuales por persona en los primeros tres años. Si tomamos en cuenta el daño personal que la cesación de labores significó para esos trabajadores, concluiremos que no hay razón para sustentar una tesis de esa naturaleza. Porque no sólo sufrieron la exoneración, sino que, después de ser separados de sus cargos, fueron estigmatizados por ese motivo en la sociedad, que en esa época se encontraba alienada por el miedo. ¡Y nadie iba a dar un tratamiento distinto y proporcionar trabajo, por ejemplo, a un profesor que en un momento determinado era despedido por problemas políticos! Lo mismo sucedió en el sector de la salud.
Ante la afirmación de que el costo es alto, quiero que el país y los señores Senadores reflexionen si esos 200 millones de dólares son, realmente, una cantidad exagerada para corregir una injusticia de este tipo, en circunstancias de que para solucionar asuntos, no de injusticia sino de carácter económico, generados en instrumentos y entidades del área financiera, el Estado tuvo que hacerse cargo de sus deudas a fin de evitar una crisis económico-financiera. ¡Cuatro mil o cinco mil millones de dólares costó -y todavía cuesta- a Chile resolver esa cuestión! Es decir, sin consulta a un Congreso, por la sola decisión de la autoridad, el país entero hubo de pagar esa suma, restando fondos que podrían haberse entregado a aquellos compatriotas que hoy -se aduce- están desamparados. ¡Por Dios que se habrían hecho cosas en salud, en educación y en materia previsional con esos mismos 5 mil millones de dólares utilizados para otros efectos!
Para finalizar -entiendo que me quedan sólo 30 segundos-, quiero manifestar que no es lícito un argumento como el siguiente: "Yo quiero que haya solución para los pensionados y por eso no me parece prudente que se gaste la plata en los exonerados". A la luz de la ética cristiana, no es lícito discutir si damos mayores o menores recursos a los más pobres. La alternativa es: o damos a los pobres o damos a los ricos. Y respecto de estos últimos habría que determinar si Chile debe gastar o no 2 mil 700 millones de dólares para resolver el problema a que aludí. Por eso, señor Presidente, no me parece adecuado aducir el argumento fantasioso de que este desembolso implica despreocupación por los pensionados. ¡Podemos examinar el punto, señores Senadores! ¡Veamos de dónde sacamos los 750 millones de dólares que durante cinco años el Gobierno anterior les quitó a los pensionados! Estimo inapropiado argüir ese tipo de razones para demostrar q existe despreocupación entre nosotros por ese sector.
Analicemos de verdad si el proyecto está mal planteado y procuremos mejorarlo en su totalidad. Y llamo al Senado a votarlo positivamente, porque no habrá posibilidad de paz en el país mientras no se reparen las injusticias, sobre todo cuando ellas han sido cometidas contra personas indefensas que nada pudieron hacer cuando las exoneraron.
Reitero mi votación favorable.

El señor SIEBERT.- Señor Presidente, lamentablemente no hemos podido ver acotadas de modo exacto la cantidad de beneficiarios de esta iniciativa legal, aunque sí -como alguien dijo- estarían acotadas las fechas, afirmación con la cual también discrepo. Asimismo, falta precisar en qué calidad se desempeñaban esos ex servidores al momento de perder su ocupación. Y como eso impide conocer el costo de la ley en proyecto, no he podido encontrar una respuesta positiva respecto de lo que significará en el primer y segundo años. Se han barajado cifras de entre 100 y 200 millones de dólares, las cuales llegan hasta a 500 mitones de dólares cuando se considera la fecha de expiración de los beneficios del ultimo favorecido.
Cuando los recursos son escasos hay que focalizarlos bien. Hoy hemos escuchado muchas intervenciones acerca de las necesidades de los integrantes de otros sectores que actualmente se hallan en situación tan desmedrada que incluso viven en la indigencia, Y en estos días se está pidiendo el concurso de la Oposición para prolongar la reforma tributaria que en 1990 se aprobó con efecto transitorio: hasta 1994. Sin embargo, ahora resulta que gran parte de los recursos derivados de ella irán a servir las necesidades que pretende satisfacer el proyecto en debate.
Creo que la Comisión técnica tiene que determinar exactamente el número de personas que se favorecerán, con el propósito de acotar los gastos en que se incurrirá por este concepto.
Señor Presidente, como, por una parte, no estoy ciento por ciento de acuerdo con la iniciativa y, por otra, tampoco puedo negar la justicia que implica pagar ciertos beneficios a la gente que fue exonerada hace algún tiempo, me abstengo.

El señor SINCLAIR.- Señor Presidente, ningún ciudadano puede ser privado de sus derechos. Pero nadie puede pretender derechos que no tiene. El proyecto en examen no es preciso y adolece de graves vacíos y omisiones.
Por esas razones, me abstengo.

La señora SOTO.- Señor Presidente, ayer conversé con una profesora de excepción, no sólo por su vocación de maestra, sino porque como mujer chilena ha demostrado ser valerosa sacando adelante a sus hijos, a su marido, a su hogar, en circunstancias muy especiales, e incluso hallándose gestando un nuevo hijo. En la actualidad su cónyuge se encuentra en la UTI de un centro hospitalario y ella pelea con la muerte. El era un brillante profesional. Y digo "era", porque hoy no oye, no ve y únicamente se espera un milagro. Pues bien, en 1974 ese brillante profesional fue interpelado por un amigo -entre comillas-, que se desempeñaba como jefe de un servicio innominado, quien le expresó que si colaboraba lo iba a pasar muy bien, tendría una renta, sus hijos podrían educarse en los mejores colegios, etcétera. Ante ese ofrecimiento, contestó: "Mi conciencia no la vendo". Y al insistir aquél -"Dile a tu mujer; ella dirá que sí por defender a sus hijos, o te odiará para toda la vida"-, optó por el camino de la rectitud de su conciencia. Entonces, el "amigo" sentenció: "Morderás el polvo, porque no encontrarás trabajo en ninguna parte", y agregó una chilenada.
Eso fue absolutamente cierto. Ese brillante profesional no encontró ocupación en ninguna parte del país, y esta mujer chilena, que no había trabajado nunca, que gestaba un nuevo hijo, se tituló de profesora y hasta la fecha ha sacado adelante a su familia.
Quizás este exonerado no alcance a aprovechar los beneficios contemplados en el proyecto. Su esposa me manifestaba ayer el temor de que esta vez la muerte le gane la partida a su amor.
En situación similar se hallan otras chilenas y chilenos. Creo imprescindible reparar el dolor causado. Es un deber de todos.
Por eso, voto que sí.

El señor SULE.- Señor Presidente, trataré de ser muy breve, porque no quería intervenir.
Conozco muy de cerca el problema de los exonerados, por haber sido uno de ellos en la Universidad de Chile. Sin embargo, no me siento impelido por el artículo 8° del Reglamento a no pronunciarme en esta ocasión. En la iniciativa no hay nada que nos favorezca personalmente a los que estamos en esta situación. Fui exonerado y sigo siéndolo. La normativa en proyecto no me repone en el cargo que tenía en la Universidad. Ni aun cuando mi votación me afectara más adelante, participo en ella con mucho agrado, con tremenda responsabilidad y -diría- casi con ternura fraternal, después de tantos años.
Cuando me encontraba en un lugar de detención, tuve oportunidad de hablar clandestinamente con un distinguido ex Ministro de Estado, que después falleció, quien me señaló que la Universidad de Chile, donde tenía horario completo, por razones de tipo administrativo no le había pagado la suma correspondiente a 12 meses de sueldo. Cuando fue su señora a cobrarlo, se le dijo que los delincuentes no podían recibir remuneraciones del Gobierno. Y eso le sucedió también a mi familia. Pero no importa, yo perdono, y por eso estoy acá, buscando la reconciliación.
Durante la sesión se mencionaron hechos anteriores al 11 de septiembre de 1973. Creo que no es el momento para discutir los casos planteados; pero no cabe la menor duda de que son absolutamente diferentes. Y, si no lo fueren, tengan la seguridad los señores Senadores que los hicieron presentes de que contarán con la votación del Comité Radical-Socialdemócrata para legislar respecto de cualquier injusticia que se haya producido.
Viví momentos muy hermosos de solidaridad latinoamericana y mundial. Entre otros, cuando el Congreso de Uruguay, por unanimidad, me otorgó la nacionalidad de ese gran país, porque yo había sido privado de la mía en Chile. Y los Parlamentarios vinculados a la dictadura uruguaya, los que pertenecían al grupo de Pacheco Areco, hicieron posible esa unanimidad. Relato este hecho ya que esos mismos Parlamentarios -Diputados y Senadores- dieron también el asentimiento unánime en la hermana nación democrática a fin de que la totalidad de los exonerados por la dictadura no sólo tuvieran derecho a jubilar, o a incorporar algunos meses de beneficio, sino para que volvieran, después de casi diez años, a los cargos que tenían cuando aquélla se inició. Y si tales empleos hubieren estado ocupados, tenían derecho al cargo y a la remuneración paralelos.
Creo que ésa fue una lección hermosa de hermanos latinoamericanos.
Y, por ello, señor Presidente, Honorables colegas, cualesquiera que sean las limitaciones que el texto pueda contener, voto favorablemente la idea de legislar respecto de este tema. El señor THAYER.- Señor Presidente, por las razones que hace un momento tuve oportunidad de expresar, voto afirmativamente el proyecto.

El señor URENDA.- Señor Presidente, he querido recoger en todo su significado el espíritu que, en mi opinión, informa esta ley en proyecto, en el sentido de reparar situaciones injustas y de procurar, de una vez por todas y definitivamente, llegar a la reconciliación y al reencuentro. De ahí que lamento que en este debate algunos Honorables colegas se hayan alejado de ese espíritu formulando cargos, incluso de orden personal, que considero muy injustos.
No es la oportunidad de entrar a analizar en esta ocasión cuestiones tan complejas como las que aquí se han planteado; por ejemplo, la forma como se salvó la banca chilena, para bien de todos los ahorrantes del país. Y tampoco es oportuno que con motivo de esta iniciativa pretendamos dilucidar múltiples problemas, del pasado o del presente, como los de carácter social. Igualmente, lamento que en el texto del proyecto que nos ocupa se mantenga la discriminación que implica fijar una fecha determinada para los hechos que se trata de reparar, pues con ello se deja de lado a otros que pudieren encontrarse en situaciones semejantes. Al mismo tiempo, me alegra mucho lo expresado por el Honorable señor Sule en el sentido de que su bancada está dispuesta a acoger correcciones a ese respecto.
Por una parte, técnicamente, el texto me merece muchas observaciones. A mi modo de ver, nos crea el problema de cómo repartir los recursos y, de alguna manera, cómo hacerlo en la forma más equitativa posible. Y, por la otra, definitivamente deseo que de una vez por todas acabemos con este proceso de mirar hacia el pasado, y que lo hagamos de buen modo, reparando aquellas injusticias que pudieren haberse cometido. Reitero: el proyecto adolece de deficiencias técnicas. No obstante ello, si él sirve para corregir aunque sea una sola injusticia, podría justificarse su existencia.
En todo caso, me parece que el deseo de todos es que sobre la base de esta iniciativa podamos crear el instrumento legal más adecuado para resolver las situaciones planteadas en ella. Por eso, porque estamos votando la idea de legislar, y para permitir que lo anterior ocurra, reservándome el derecho a formular indicaciones para tratar de solucionar las muchas imperfecciones que contiene, voto que sí.

El señor VODANOVIC.- Señor Presidente, las palabras del Senador señor Uren-da me han devuelto la fe en las virtudes de algunas instituciones democráticas como ésta. La altura de miras con que considera el tema que estamos tratando, la reflexión con que juzga la materia en análisis y la resolución de un dilema ético nos hablan de un hombre de bien que merecidamente está en el Senado de la República.
No ha sido ése, lamentablemente, el giro del debate. Confieso que, desde "el punto de vista intelectual, algunas afirmaciones vertidas acá debieran provocar sonrojo. Y no recurramos a la ética para juzgarlas. ¿Cómo puede compararse, en lo que ahora nos interesa, la situación vivida en el Régimen militar con la acaecida en el Gobierno anterior a él, o extralimitarse el juicio hasta el absurdo al cotejarla con lo que ocurre en este Gobierno democrático? Durante la Unidad Popular existía una Contraloría que, presurosa, cuestionaba de ilegalidad cualquier decisión del Ejecutivo; había un Poder Judicial imaginativo que encontró, en algún perdido artículo del Código de Procedimiento Penal, la fuente para anular requisiciones, alzar clausuras de radios y ordenar devoluciones de empresas requisadas, y también existía una Oposición en pleno ejercicio de sus derechos. ¿Cómo comparar eso con la situación acaecida en un Régimen donde la imaginación de los tribunales se transformó en obsecuencia, donde la prontitud de la Contraloría se transformó en una función al servicio de la triquiñuela, precisamente para servir al poderoso? ¿Cómo comparar una situación histórica con la otra, cuando no tienen nada que ver?
Las alusiones que un señor Senador hizo a Rusia y su atribución de responsabilidades en el devenir histórico, la verdad es que me hicieron sonreír y recordar esos antiguos manuales de materialismo histórico que los jóvenes de Izquierda leíamos con profusión treinta años atrás, donde todo se explicaba por las leyes de la historia; donde la violencia, el asesinato y la maldad no existían, porque derivaban inexorablemente del juego dialéctico de fuerzas en tensión contrapuestas. ¡Aquí no hay responsabilidad! ¡Aquí no hay responsables! ¡Aquí, los hechos históricos, abstractos, difusos, sin nombre, sin apellido, explican todo!
Durante tres años de democracia, nos hemos esforzado en el Senado por ser más papistas que el Papa, por tratar de coincidir en todo aquello en que se puede converger, por limitar nuestras pretensiones, por no hacer ejercicio enérgico de la crítica retrospectiva ni del juicio histórico del pasado inmediato. Tácitamente hemos sido invitados a una discusión sobre este proyecto, insinuándose que no pronunciemos discursos porque así se facilita su aprobación. ¿Y cuál es la respuesta? Abstención, lo que quiere decir votar en contra de la iniciativa, porque ésta es de quórum calificado. Afortunadamente, el Honorable señor Sule obtuvo la restitución de la nacionalidad en el Senado uruguayo, por cuanto aquí, en Chile, habría merecido la abstención, o más de algún sesudo comentario acerca de la falta de finan-ciamiento del documento donde constara el decreto de restitución de la nacionalidad.
Creo que no se puede discutir de esa manera. Digamos si estamos de acuerdo o en desacuerdo. Como expresó el Senador señor Urenda, para poder perfeccionar el proyecto, incluso para criticarlo positivamente, es necesario aprobarlo en general. Si hay abstención, hay rechazo. Y, a no mediar la buena voluntad, la altura de miras con que algún señor Senador de otra bancada ha juzgado este problema, él habría resultado rechazado. Y esos hombres y mujeres que están en la tribuna, que representan a cientos de miles de chilenos, y que han tenido paciencia -como se ha dicho-, grandeza y sabiduría para trascender su propio problema, juzgando el momento histórico, merecen una respuesta más positiva; merecen una respuesta de mayor altura de miras.
Voto, con satisfacción, afirmativamente el proyecto, porque creo que, más allá de las banderías políticas, hacerlo de otra forma me1 conduciría a reflexionar sobre el sentido de mi misión parlamentaria.

El señor ZALDIVAR.- Señor Presidente, no iba a fundar mi voto, pero estimo conveniente hacer algunas precisiones.
Primero, se habló de la oportunidad o no para referirse a materias mencionadas en el debate o en la fundamentación del voto. Pienso que pudimos haber tomado el camino que señaló el Honorable señor Vodanóvic: pronunciarnos sobre el fondo del proyecto y decir si es justo o no es justo lo que se propone en relación a estos 58 mil ciudadanos chilenos. ¿Son exonerados o no son exonerados quienes durante el Régimen anterior fueron expulsados de sus funciones? Se trata de exonerados, políticos o no políticos. ¡No busquemos excusas! Por supuesto que, a lo largo de la historia, puede buscarse justificación para cualquier hecho. Pero la verdad de las cosas es que en el período recién pasado la autoridad procedió sin límites y, mediante decretos leyes excepcionales, dejó sin trabajo a miles de chilenos, por razones políticas. Y el proyecto habla de 'Exonerados políticos" y dice quiénes serán calificados como tales, lo cual, en todo caso, puede precisarse aún más en la discusión particular.
Esas personas no resultaron dañadas por casualidad: fueron perseguidos políticos, tal como hubo exiliados políticos y gente de este país que afrontó situaciones que incluso le costaron la vida.
Las cosas hay que decirlas por su nombre, y votar en consecuencia, para tener claridad acerca de qué quiere cada uno.
Me alegra saber, antes de votar -soy el último que lo hago-, que el proyecto ya ha reunido la mayoría necesaria para su aprobación en general. Con ello creo que la Cámara Alta -incluyendo a los señores Senadores que no son de Gobierno- ha ayudado a obtener, en los últimos tres años, leyes que han ido reparando heridas graves que quedaron^del pasado. Primero, se dictó una para las víctimas por violaciones de los derechos humanos; luego, otra relativa al exilio, y ahora es el turno de los exonerados.
¡El Senado ha cumplido con su deber, como procede en toda democracia!
Voto que sí, señor Presidente.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor DIEZ.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DIEZ.- Señor Presidente, "cuando discutimos un tema de tanta gravedad e importancia como éste, no hay duda alguna de que lo peor que podemos hacer es calificarnos las intenciones unos a otros, o juzgar, sin saber, por qué se toma una posición.
Los Senadores de estas bancas, señor Presidente, analizamos cuidadosamente el proyecto, no sólo esta semana, sino también la anterior, y hemos adoptado el acuerdo de abstenernos a fin de producir, entre ambas Cámaras, la Comisión Mixta de que habla el artículo 67 de la Constitución Política del Estado para zanjar el desacuerdo.
No podemos votar favorablemente la iniciativa porque sus ideas matrices, si bien no nos parecen básicamente erróneas, las consideramos equivocadas y sesgadas en su conformación.
En efecto, aunque el motivo del proyecto es abordar la situación de los exonerados políticos, la fecha del 11 de septiembre de 1973 constituye un sesgo histórico. Todos los que pertenecimos en esa época al Congreso y tuvimos noción de lo que sucedía sabemos que muchas personas -exonerados políticos- perdieron sus cargos sin tener derecho a nada, por ser funcionarios u obreros de empresas que fueron intervenidas. ¡No de algunas! Porque aquí pareciera que la justicia se había encargado de evitar que ello sucediera. ¡Fueron muchas: cientos, miles! Casi más de la mitad de la economía del país fue intervenida por el Gobierno de la Unidad Popular. Y cada interventor no sólo contrataba a miles de personas, sino que además despedía a las que no correspondía a su filiación política. ¡Esos son exonerados políticos!
¡No estamos de acuerdo en que este país tiene ciudadanos de dos clases: exonerados políticos "de los míos" y exonerados políticos "de los otros"!
Por eso no podemos estar a favor del proyecto. Pero tampoco lo podemos rechazar, porque en él hay situaciones que, evidentemente, son de justicia. Hubo funcionarios de la Administración del Estado, centralizada o descentralizada, que perdieron su trabajo por decisiones de la autoridad, que aun cuando en algunos casos no obedecieron a motivos político-partidistas, sí se adoptaron para conseguir achicar el tamaño del Estado. Pero, cualquiera que haya sido la razón, ellos deben conservar el derecho a su sistema social, a su previsión, a la continuidad en el trabajo y a la indemnización. Si rechazáramos el proyecto, cometeríamos una injusticia con respecto a estas personas.
Sin embargo, hay otras que también caen dentro de las normas de la iniciativa y que se beneficiarán con fondos públicos, a los cuales no tienen derecho moral. Este país adolece de muchas carencias -se han nombrado aquí y se mencionan siempre en el Senado, por todos los sectores-, de manera que es nuestro deber tratar de favorecer las más urgentes, como la extrema pobreza, la de aquellos que no pueden esperar.
¿Qué ocurre aquí? No existe en el texto que votamos ninguna limitación de pobreza, ninguna disposición que se refiera a quienes, habiendo sido exonerados, encontraron trabajo inmediatamente, o hicieron grandes fortunas. ¡A mi memoria vienen muchos nombres! Algunos fueron ministros de la Unidad Popular. ¿Son ellos exonerados? ¿Tienen derecho a sacar parte del patrimonio nacional, cuando hay pensionados que ni siquiera reciben el equivalente a un salario mínimo?
Aquí, señor Presidente, no se ha puesto el límite de la justicia, que también dice relación a las posibilidades del Estado. No existe una sola disposición que prohiba acogerse a las normas del proyecto a quienes poseen riqueza suficiente, privando con ello de recursos para los que padecen una pobreza intolerable.
Además, señor Presidente, recordemos a la gente que fue a trabajar en las empresas intervenidas. ¿Quién no recuerda que los interventores, cuando concurrieron a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, decían que estaban dando ocupación a miles y miles de personas que habían contratado? ¡Contratado para producir nada, para quebrar la economía chilena, como de hecho se quebró! A esas personas, a las que fabricaban tanquetas en MADEMSA, ¿les vamos a dar el beneficio de la ley?
Por lo anterior, señor Presidente, no podemos votar a favor del proyecto, porque lo consideraríamos una falta a nuestra moral y a nuestro juicio acerca de lo que sucedió en esos días. De manera que nos hemos abstenido con el objeto de buscar, en una posible Comisión Mixta entre la Cámara y el Senado, un acuerdo justo que permita indemnizar al exonerado político como tal, pero que no se preste para situaciones abusivas que priven al erario, por motivos políticos, de los recursos necesarios para afrontar las graves carencias existentes en el país.
Y no nos avergonzamos de nuestra abstención. La hacemos pública: nos abstenemos porque en el proyecto hay motivos de justicia. Pero no lo votamos favorablemente porque además contiene otros de sesgo político y de abuso.
He djcho.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- ¿Algún otro señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ALESSANDRI.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, las motivaciones del proyecto son legítimas y de profundo contenido moral, de justicia y de reparación. Por eso no creo que, a propósito de él, se justifique hacer acusaciones o imputaciones acerca de hechos acaecidos hace tantos años, que sólo agrian el debate.
Sin embargo, la iniciativa pretende resolver situaciones enteramente diversas, con justificaciones también muy distintas, obligándonos a pronunciarnos en bloque sobre ella.
Comparto la opinión que han sostenido los tribunales de justicia en el sentido de que el término del interinato de los funcionarios del Estado, como consecuencia principalmente de los decretos leyes N°s. 6 y 22, los habilitaba para impetrar el beneficio con la justificación del cese obligado de funciones, cuando a la fecha de éste cumplían los demás requisitos legales. Es discutible, eso sí, que sea ésta la vía correcta para resolver las dificultades creadas por tal causa, ya que pudo pensarse, por ejemplo, en una ley interpretativa.
La iniciativa que estamos votando es mucho más amplia, y no nos ha sido posible saber con certeza cuáles serán sus alcances definitivos, pues, tal como viene presentado el proyecto, comprendería aun al personal de las empresas intervenidas durante el Gobierno de la Unidad Popular, y podría favorecer también a quienes fueron despedidos de sus empleos como consecuencia de haber participado en delitos comunes o, incluso, en acciones terroristas.
Considerando lo anterior, señor Presidente, no puedo dar, responsablemente, mi acuerdo al proyecto en general, aunque, como señalé, estimo de toda justicia resolver la situación de aquellos funcionarios a los que por la vía administrativa se les ha negado el derecho a jubilar por cese obligado de funciones, y otorgar un prudencial abono de años de servicio a quienes se vieron imposibilitados de realizar los aportes respectivos.
Anuncio desde ya que, de ser aprobado en general el proyecto, apoyaré los artículos correspondientes en la discusión particular. Pero, por lo expuesto (estando de acuerdo con algunas partes del mismo y rechazando otras), y esperando que en el debate en particular su texto especifique y se perfeccione, me abstengo. Al mismo tiempo, hago presente que la abstención no significa rechazo, pues, conforme al inciso segundo del artículo 178 del Reglamento, para el caso de que en la primera votación quede sin resolverse la proposición y naya que repetir aquélla, si en la segunda los Senadores insisten en su abstención o en votar de manera diferente, "se considerarán sus votos como favorables a la posición que haya obtenido mayor número de votos.".

El señor ZALDIVAR.- ¡Eso es importante!

El señor HORMAZABAL.- ¿Por qué no ahorramos tiempo, señor Senador, y vota que sí inmediatamente?

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- ¿Algún otro señor Senador no ha emitido su voto?


El señor VALDES (Presidente).- Terminada la votación.
-Se aprueba en general el proyecto (25 votos por la afirmativa y 14 abstenciones).
Votaron por la afirmativa los señores Calderón, Cantuarias, Díaz, Freí (don Arturo), Freí (doña Carmen), Freí (don Eduardo), Gazmuri, González, Hormazábal, La-vandero, Navarrete, Núñez, Pacheco, Páez, Palza, Papi, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Soto, Sule, Thayer, Urenda, Valdés, Voda-novic y Zaldívar.
Se abstuvieron los señores Alessandri, Diez, Feliú, Fernández, Huerta, Larre,
Mc-Intyre, Ortiz, Otero, Pinera, Prat, Ríos, Siebert y Sinclair.

El señor VALDES (Presidente).- A continuación, debe fijarse un plazo para presentar indicaciones. Propongo el 3 de junio, hasta las 12.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
Como se anunció, las Comisiones de Trabajo y de Hacienda quedan autorizadas para abocarse al estudio del proyecto sobre salario mínimo.

VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIO

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor VALDES (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
-Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes: Del señor Cantuarias:
RECONOCIMIENTO DE ENSEÑANZA EN PENALES
"Al señor Ministro de Educación, a fin de que se sirva analizar la factibilidad de reconocer la educación que se imparte en las unidades penales del país -y que actualmente dependen de las municipalidades- como Educación Especial de Adultos y, consiguientemente,'Otorgar una subvención de mayor monto, por tratarse de alumnos especiales que se encuentran en una situación excepcional. Ello permitiría a los Departamentos Municipales de Educación disponer de mayores recursos y contribuir al otorgamiento de una educación de mejor calidad.".
INCORPORACIÓN DE PROFESIONALES QUE
INDICA A ESTATUTO DOCENTE DE
GENDARMERÍA
"Al señor Ministro de Justicia, solicitándole analizar conjuntamente con el señor Ministro de Educación la materia expuesta en el oficio anterior, para que, en el evento de no acogerse nuestra proposición por la Cartera de Educación, estudie la posibilidad de incorporar al Estatuto Docente del Personal de Gendarmería, Escalafón Técnico-Profesional, dependiente del Ministerio de Justicia, a los profesionales de la educación que imparten enseñanza en las escuelas especiales existentes en los recintos penitenciarios del país.".
PATROCINIO A PROYECTO SOBRE MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS
"Al señor Ministro de Obras Públicas, pidiéndole recabar del señor Presidente de la República el patrocinio de rigor para el proyecto de ley sobre Manejo de Cuencas Hidrográficas que le hiciéramos llegar en septiembre de 1992, en parte de cuya funda-mentación alertamos acerca de las "diversas catástrofes naturales (inundaciones, sequías, aluviones), con grave daño en el patrimonio natural y productivo del país y con serio peligro para la seguridad de los habitantes, que se encuentran directamente asociadas a las alteraciones hidrográficas sufridas por algunas cuencas, fundamentalmente a raíz de fenómenos climáticos. Estas alteraciones, a diferencia de terremotos e incendios, son predecibles, lo que permite desarrollar acciones preventivas que contribuyan a evitar, o, al menos, minimizar la ocurrencia de los referidos fenómenos y sus consecuencias."."
Del señor Frei (don Arturo):
NUEVO CARRO TELESCÓPICO PARA
BOMBEROS DE CONCEPCIÓN
(OCTAVA REGIÓN)
"A Su Excelencia el Presidente de la República, solicitándole una especial acogida a los requerimientos del Cuerpo de Bomberos de Concepción, referentes a la dotación de un nuevo carro telescópico o escala mecánica para dicha institución.".
Del señor Larre:
REPOSICIÓN DE PUENTE SOBRE RIO
LLOLLELHUE, LA UNION
(DECIMA REGIÓN)
"Al señor Ministro de Obras Públicas, a fin de que tenga a bien considerar que el Ministerio a su cargo reponga a la brevedad el puente sobre el río Llollelhue, ubicado en el extremo sur de calle Arturo Prat, en el radio urbano de la ciudad de La Unión, retirado de uso recientemente por su ruinoso estado de conservación.
"Dicha obra, construida en madera hace 20 años, de vida útil agotada, comunicaba el casco antiguo de La Unión con el área po-blacional de alta densidad donde reside más del 40 por ciento de los 23 mil 380 pobladores urbanos. Además, atendía el acceso directo al consultorio general urbano, dos centros abiertos, un cuartel de bomberos, varias iglesias, etcétera.
"Las dos alternativas existentes -puentes construidos, uno hace más de 50 años, gravemente deteriorado, y el otro en 1986- se encuentran distantes del área aislada y atienden la movilización rural local e interurbana y el transporte al sector industrial, principalmente.
"Hago presente que, en caso de no lograrse una pronta solución a este problema, la "ciudad de las industrias" de la Décima Región puede verse afectada seriamente en su crecimiento.".
Del señor Navarrete:
INSTALACIÓN TELEFÓNICA PARA PALIHUEPILLAN (NOVENA REGIÓN)
"Al señor Intendente de la Novena Re-gión de la Araucanía, a fin de que se sirva informar sobre el estado en que se encuentra actualmente el proyecto de instalación telefónica para la comuna de Palihuepillán, situada en nuestra Región.
"Según se me ha informado, la empresa CTC sólo está esperando la aprobación del presupuesto y la orden de instalación por parte de la Intendencia Regional para materializar esta tan anhelada aspiración de la comunidad local,".
TRANSITO POR PUENTE SOBRE RIO LLAIMA (NOVENA REGIÓN)
"Al señor Secretario Regional Ministerial de Vivienda, pidiéndole información acerca del estado en que se encuentra actualmente el tránsito en el puente sobre el río Llaima.
"Según me han informado pobladores del sector, el paso por el puente se encuentra temporalmente inhabilitado por orden de Vialidad, cerrando una alternativa de tran-sitabilidad al pie del cordón precordillera-no para los turistas, lugareños y escolares que deben pasar a la Escuela particular 228.".
SUBSIDIO PARA ELECTRIFICACIÓN RURAL
EN REDUCCIÓN INDÍGENA DE PAILAHUEQUE (NOVENA REGIÓN)
"Al señor Gerente General de FRONTEL Osorno, con el objeto de que tenga a bien agilizar el estudio de costos del proyecto de subsidio de electrificación rural para la Reducción Indígena de Pailahueque.
"Ciento dieciocho jefes de hogar de esta comunidad indígena presentaron la solicitud de subsidio, la cual está siendo apoyada por la Ilustre Municipalidad de Victoria. El apoyo de la Municipalidad se funda en que serían beneficiados la escuela de Pailahueque, la posta de salud, una capilla y una sede social de la comunidad.".
Del señor Ortiz:
REGULARIZACION DE DOMINIO SOBRE
TERRENO PARA POBLADORA DE PUERTO
AISEN (UNDÉCIMA REGIÓN)
"Al señor Ministro de Bienes nacionales, en los siguientes términos:
"Doña Julia Nora Sánchez Sánchez, pobladora de Puerto Aysén, domiciliada en calle Riquelme s/n de la Población Balsa, fue beneficiada el 18 de noviembre de 1975 por el Decreto N° 785, que le otorgó título de dominio del sitio N° 15, manzana 117, inscrito a fojas N° 16, vta. N°21, del año 1976, y que desde esa fecha habita. Ella modificó el cerco de su propiedad ampliándolo en la parte posterior en 10 metros, por encontrarse estos terrenos desocupados y con autorización verbal de las autoridades de esa época, para evitar que ahí se botaran basuras. Ahora necesita regularizar esta situación. Los trámites pertinentes para sanear los terrenos corresponden a Bienes Nacionales, debiendo solucionarse esta situación que se ha prolongado por casi 18 años.
"Agradecería a Ud. informarme sobre el particular, para lo cual le adjunto copia del plano de los terrenos.".
REGULARIZACION DE TITULO DE DOMINIO
PARA POBLADOR DE PUERTO AISEN
(UNDÉCIMA REGIÓN)
"Al señor Ministro de Bienes Nacionales, referente a lo que sigue:
"Arturo del Carmen Ordóñez Chacano, poblador de Puerto Aysén, domiciliado en calle Angamos N° 24 de la Población Balsa de la misma comuna, me ha informado de la grave situación que lo afecta por encontrarse en la actualidad sin título de dominio del sitio N° 24, en el que habita desde hace 19 años junto a su familia. El señor Ordóñez trató de regularizar esta situación, ya que fue la misma Municipalidad la que le otorgó el terreno, pero se han extraviado los papeles en el municipio, por lo que vengo a solicitar a Ud. que tenga a bien informarme respecto de la situación en que se encuentran estos terrenos y los trámites a seguir para solucionar el problema.
"Le adjunto copia del plano de la ubicación exacta del sitio, con el fin de colaborar en la rápida solución del asunto.".
REGULARIZACION DE TITULO DE DOMINIO
PARA POBLADORA DE PUERTO AISEN
(UNDÉCIMA REGIÓN)
"Al señor Ministro de Bienes Nacionales, respecto de la situación que a continuación expongo.
"Doña María Flora Millaneri Cerón, domiciliada en calle Angamos s/n de la población Balsa de Puerto Aysén, vive desde abril de 1980 en el sitio N° 5A, manzana N° 273, que le fue entregado por la I. Municipalidad de la comuna.
"Al realizar los trámites pertinentes para regularizar su título de dominio, se le informó que en el municipio se habían extraviado los documentos respectivos.
"Le adjunto copia del plano de los terrenos antes mencionados y le agradecería que me informara al respecto, a la brevedad posible.".
REGULARIZACION DE TITULO DE DOMINIO
PARA POBLADORES DE PUERTO AISEN
(UNDÉCIMA REGIÓN)
"Al señor Ministro de Bienes Nacionales, el siguiente tenor:
"El matrimonio conformado por doña Ariela del Carmen Ulloa Vidal y don Francisco Velásquez Velásquez, domiciliados en. calle Angamos s/n, Población Balsa, ciudad'^ de Puerto Aysén, ocupa desde 1987 el sitio N° 8A, manzana N° 285, que le entregara la I. Municipalidad de Aysén. Sin embargo, lamentablemente, no han podido regularizar su título de dominio debido a que en la Municipalidad no aparecen papeles que acrediten la propiedad de estos terrenos, por lo que necesitan la información pertinente para poder solucionar este problema y sanear su título.
"Adjunto a Ud. copia del plano del terreno, con el propósito de conocer, a la brevedad posible, la información antes solicitada, ya que el Municipio se excusa con el Ministerio de Bienes Nacionales, el que, a su vez, remite a los peticionarios al Munici-Pió.".
PROYECTO DE INVERSIÓN EN ISLAS HUICHAS (UNDÉCIMA REGIÓN)
"Al señor Ministro de Planificación y Cooperación, en la forma que se indica:
"La Asociación Gremial de Pescadores Artesanales, Mariscadores y Algueros de Islas Huichas, con domicilio legal en calle Gómez Carreño s/n, Puerto Aguirre, me ha informado de su profunda preocupación por un Proyecto de Inversión que habría sido aprobado y que estaría en vías de ser realizado por el FOSIS en las Islas antes mencionadas.
"La Asociación Gremial me informa que su preocupación está relacionada con el origen del proyecto, ya que no participaron en su elaboración. Por otro lado, no conocen el monto ni las características de la inversión. Cabe destacar que el proyecto, según la información que me entregan, habría sido aprobado para el cultivo de algas, siendo posteriormente reemplazado por uno para el cultivo de mariscos, referente a los que me manifiestan su inquietud debido a que en el año 1992 no se realizó ninguna actividad, salvo la colocación en el mes de octu-_bre de dos cordeles en el sector La Posa, lo que constituiría una grave irregularidad que habría que investigar.
"Solicito a Ud. informarme respecto a este proyecto en lo que se refiere a características y estudios técnicos; organismos u organizaciones que lo hubiesen propuesto o solicitado; monto total de la inversión, gasto efectuado hasta ahora, y fechas estimativas para su desarrollo y conclusión.
"Agradecería entregarme esta información a la brevedad posible, con el propósito de aclarar las dudas existentes e informar a los integrantes de la Asociación Gremial al respecto.".

El señor VALDES (Presidente).- En la hora de Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Partidos por la Democracia y Socialista.

La señora SOTO.- Cedemos nuestro tiempo al Senador señor Palza, quien rendirá un homenaje.

El señor VALDES (Presidente).- En seguida, el turno corresponde al Comité Radical-Social Demócrata.
El señor SULE.- Señor Presidente, no tenemos inconveniente en que primero rinda su homenaje el Senador señor Palza, y luego usar el tiempo que nos corresponde.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Palza.


HOMENAJE EN MEMORIA DE EX
GOBERNADOR PROVINCIAL DE IQUIQUE
DOCTOR HUGO CALDERÓN CAMPUSANO.
COMUNICACIONES

El señor PALZA.- En primer lugar, expreso mis agradecimientos por la deferencia de los Senadores señora Soto y señor Sule.
Señor Presidente, Honorables colegas:
El 11 de mayo pasado en la noche, en los mismos momentos en que en Iquique se iniciaban las actividades de recepción de una numerosa delegación de autoridades y empresarios del noroeste argentino, quienes concurrían a recibir el Tren Bioceánico de la Confraternidad Americana, el doctor Hugo Calderón Campusano, ex Gobernador Provincial de Iquique, partió al Más Allá, al encuentro final con el Padre Dios, buscando merecido reposo y la realización plena que la tierra no da en vida a los hombres que, como él, la dedicaron a trabajar por sus semejantes.
Falleció en la Clínica Alemana de Santiago, afectado por la misma cruel enfermedad que -cual ironía del destino- combatió como médico oncólogo, a sólo cinco meses de haber dejado la Gobernación Provincial, cargo con el cual lo honrara el Presidente Aylwin a contar del 11 de marzo de 1990.
Como Senador por Tarapacá, cumplo con el deber de rendir homenaje al doctor Calderón, destacado hombre público de Iquique que, a lo largo de su fecunda existencia, prestó extraordinaria contribución al bien común, desde los ámbitos profesional, social y político.
Es pues el momento de recordar quién y cómo fue este hombre formado en la aridez del norte, en sus soledades y distancias infinitas, donde ejerció su vocación de médico y político.
71 años enmarcaron la vida del hombre profundamente humanista, que nació un 20 de agosto en la ciudad de Iquique, en el tradicional y populoso barrio de las calles Ri-quelme y Juan Martínez, donde transcurrió su infancia y adolescencia.
Después de sus estudios en el antiguo Liceo de Hombres, ingresó a la Universidad de Concepción, para finalizarlos y titularse de médico en la Universidad de Chile, especializándose en oncología y ginecología. Por un lapso se desempeñó en el Servicio Nacional de Salud, donde alcanzó importantes jefaturas, para luego dedicarse a practicar la medicina en forma particular, donde descolló como estudioso de los progresos de esa ciencia.
Nortino de nacimiento y de corazón, poseía sangre de pionero de la pampa, la montaña y la cordillera. Con su padre, propietario de pertenencias mineras en Collaguasi, se impregnó de la belleza especial del desierto y de la pampa salitrera, a los cuales se refirió en nutridos artículos de prensa.
Su afán de saber lo comprometió en otros campos de la ciencia y la cultura. Fue intelectual de nota y distinguido con alto grado en la masonería.
En política -su pasión-, perteneció a la Juventud Radical y a las combativas Asambleas de la Capital, en épocas de turbulencia y decisiones. Fue candidato a Senador por la entonces Circunscripción de Tarapa-cá y Antofagasta. Perteneciente al PIR, por su pensamiento laico se inscribió en el Partido Social Demócrata para las elecciones de 1989, postulando a Diputado por el 2° Distrito de la Provincia de Iquique.
Como Gobernador Provincial, su gestión fue intensa, patriótica y leal a sus principios y a la labor encomendada, de indudable beneficio para la gente que lo estimó por su honestidad y capacidad, más allá de lo común.
Se empeñó en que se construyera una planta recicladora de agua en la zona, para resolver su escasez y devolver a la pampa y al altiplano el recurso que la costa les quitaba frenando su desarrollo. Con visión futurista, decía: "Fíjese que cuando vamos a los pueblos rurales, la gente más que luz eléctrica, sólo pide agua...".
Realizó un Congreso Minero de importancia nacional en la localidad de La Guai-ca, comuna de Pozo Almonte, en la Pampa del Tamarugal, al cual asistieron altas autoridades técnicas nacionales, de las hoy consolidadas empresas mineras en la zona y de los sectores salitreros aún postergados en la reactivación del nitrato por problemas de litigios.
Creador de los Encuentros de Coros en Teatro Municipal, actividad tomada hoy por la Federación Provincial, que se constituye como un patrimonio más de Iquique.
Siempre futurista, habló de la necesidad de crear la comuna de Playa Brava, ante la extensión obligada y progresista de Iquique más de 100 kilómetros hacia el sur.
La Intendencia le entregó la presidencia del Comité Provincial Antidrogas Ilícitas, tarea enorme en esta zona cruelmente azotada por el flagelo de la droga, dados sus deslindes incontrolables con regiones foráneas productoras de la misma. Hoy ese Comité, con una grande y eficaz infraestructura, es un elemento decisivo en la prevención, coordinación y estrategias para enfrentar el problema de la drogadicción esa zona.
Entre otras actividades relevantes de su vida, fue fundador de la Liga contra el Cáncer, y se destacó por su apoyo ilimitado a actividades deportivas, culturales, musicales y folclóricas. Durante su gestión como Gobernador, se realizaron encuentros de confraternidad en distintos campos, especialmente el internacional entre Iquique y Cuzco.
De hondo contenido emocional y humano, sobresalió por su apoyo y colaboración con las actividades de la Fundación para el Desarrollo Integral del Niño (INTEGRA), presidido a nivel nacional por la señora Leonor Oyarzún de Aylwin, y que en Iquique dirigía su esposa, doña Marta Aranci-bia Silva. Su presencia en los centros abiertos de la ciudad y de los pueblos de la pampa y precordillera, era constante.
Como nortino otra actividad lo apasionó. Fue socio fundador de la Corporación "Hijos del Salitre", y entregó todo su apoyo a quienes están empeñados en levantar la Casa del Pampino, donde confluirán todos los centros salitreros que preservan la memoria de esa actividad clave de aporte nacional en su época y que continúan luchando r su reactivación y la unidad de las familias que, en un pasado histórico habitaron los yermos desiertos que aman, porque allí constituyeron hogares y pueblos. La Casa del Pampino tendrá de todo: salas de reuniones, de esparcimiento, consultorios gratuitos de asuntos sociales, jurídicos, médicos, etcétera.
Tal vez sea imposible condensar en palabras la prolífera actividad del doctor Calderón Campusano: viajero del mundo, infatigable y ameno conversador, ciudadano de Iquique. Siempre decía que había vuelto para devolver a su ciudad la experiencia y el saber adquiridos fuera de sus cielos.
Su dedicación a los pueblos rurales era también notoria, y los recorrió práctica-mente en su totalidad, desde las altas cumbres a los valles y quebradas. Su presencia, rodeado de pobladores departiendo en amistad e interesándose en ellos como autoridad y como profesional, no será olvidada.
La noticia de su deceso, aun cuando éste era inminente, causó conmoción y consternación en la ciudad y en la Región. A los minutos, corría de boca en boca. La evocación de su carisma y figura, con su tradicional humita, fueron y son todavía motivo de recuerdos y de pesar.
El doctor Calderón ha tomado el camino que a todos nos aguarda. Su ausencia terrenal nos deja un vacío, pero también un ejemplo y, por ello quiero transmitir, desde esta Alta Tribuna, a su distinguida esposa Marta, a su hijo Lautaro Hugo, a sus hijas Claudia, Lorena y Marta Luz y a toda su familia, el cariño que la gente de Tarapacá brinda a un nortino tan notable, de tan vasta trayectoria, que legó lo mejor de su personalidad a la sociedad y pueblo de Iquique, especialmente a los que escogimos el servicio público a través de la actividad política.
Al terminar mis palabras de sentido homenaje, admiración y respeto por la vida de este nortino ejemplar, deseo recordar el pensamiento de Pascal, quien decía que, cuando hemos caído en la aflicción a causa de la muerte de alguna persona por la que teníamos afecto, o de cualquier otra desgracia que nos suceda, no debemos buscar el consuelo ni en nosotros mismos, ni en los demás hombres, ni en todo lo que ha sido creado, sino que debemos buscarlo sólo en Dios, porque, siendo la Providencia divina la única y verdadera causa de ello, arbitro y soberana, indudablemente debemos recurrir de manera directa a la fuente y remontar hasta el origen para encontrar un alivio sólido. Si seguimos este precepto y consideramos la muerte del doctor Calderón -que nos aflige- no como una necesidad fatal de la naturaleza, sino como una consecuencia inevitable, justa y santa, de una decisión de la Providencia de Dios, y si miramos este accidente terrenal, no en sí mismo y fuera de Dios, sino fuera de sí mismo y en la voluntad de Dios, en la justicia de su decisión, en el orden de su Providencia que ha sido la verdadera causa, sin la que no hubiera ocurrido, acogeremos en un humilde silencio la altura impenetrable de sus designios y aceptaremos la santidad de sus decisiones.
No nos aflijamos pues por la muerte del doctor Calderón, porque no lo hemos perdido y lo haremos revivir en nosotros, en cierta manera, al cumplir con los ideales por los cuales luchó en vida, ya que son sus obras las que todavía viven en nosotros.
Señor Presidente, quisiera enviar el texto de mi intervención al Partido Social Demócrata, al cual, como democratacristia-nos, también acompañamos en su dolor; y a su distinguida familia.
He dicho.
-Se accede al envío de las comunicaciones solicitadas. El señor SULE.- Señor Presidente, el Comité Radical-Social Demócrata, adhiere, profundamente consternado, a las palabras pronunciadas; y agradece al Honorable señor Palza el homenaje rendido a tan distinguido ciudadano y gran amigo, doctor Hugo Calderón Campusano.


El señor VALDES (Presidente).- En el turno del Comité Radical-Social Demócrata, tiene la palabra el Honorable señor Sule.
su rechazo tajante a la concreción de la obra. Según la agrupación, los impactos que conllevará la construcción de la represa son, entre otros, los siguientes:
a) En el plano social, un alto riesgo de provocar un

RELACIONES EXTERIORES DE CHILE
DURANTE EL GOBIERNO DEL
PRESIDENTE AYLWIN

El señor SULE.- Señor Presidente, Honorables colegas:
Los recientes acuerdos suscritos entre Chile y Perú, relativos al Tratado de 1929 y su protocolo complementario, me dan la ocasión para referirme a un tema más amplio, como el manejo de las relaciones exteriores durante el Gobierno del Presidente Aylwin.
Estamos acostumbrados a escuchar críticas acerca de la conducción de las relaciones internacionales, y contra la Cancillería y sus funcionarios, las cuales, en la mayoría de los casos, revelan un desconocimiento dramático de la compleja realidad internacional.
Me atrevería a decir que nunca en la historia chilena, en un período de tiempo tan breve, como lo son los tres años y medio de la actual Administración, se ha realizado tanto en beneficio del país como lo efectuado hasta la fecha en el plano externo..
Cito brevemente:
La política desplegada con respecto a los países limítrofes muestra resultados tan espectaculares que -estoy cierto- la historia los sabrá valorar en su verdadera trascendencia:
-Con Argentina se solucionaron en forma directa entre ambos Gobiernos todos los diferendos limítrofes existentes; y en estos instantes quedan pendientes de resolución "Laguna del Desierto", que se encuentra sometido a arbitraje, y "Campos Hielo", pendiente de ratificación en ambos Congresos.
Este problema, arrastrado a través de los tiempos, logró solucionarse gracias a la gestión de dos gobernantes, el Presidente Aylwin y el Presidente Menem, quienes han encarado nuestros vínculos con ojos de futuro.
El acuerdo limítrofe alcanzado con Argentina ha permitido, además, la celebración de Acuerdos de Complementación Económica con un intercambio comercial que hoy asciende a la suma de 1.095 millones 200 mil dólares. La labor desarrollada por la Cancillería chilena, traducida en una política de Estado, ha permitido al sector privado chileno tener una presencia activjdad y dinámica en la economía trasandina. Se han invertido alrededor de 700 millones de dólares a la fecha, efectuado numerosos "joint-ventures" y realizado intercambios comerciales mutuamente satisfactorios.
-Con la República de Bolivia, sin existir problemas limítrofes pendientes, se logró pleno acuerdo en materia de delimitación fronteriza, dando por solucionadas las cuestiones pendientes en once puntos de la frontera.
Junto a lo anterior se han firmado convenios sobre control, fiscalización y represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y productos químicos esenciales y sus precursores, así como el que permite la utilización del oleoducto Si-ca-Sica Arica.
En lo que respecta a la integración física, se encuentra por concluirse la pavimentación de Arica a Tambo Quemado, con el beneficio que ello representa. Todo esto culminó con el reciente acuerdo que libera el comercio entre ambos países y cuya importancia la reflejan las innumerables declaraciones de entidades universitarias, comerciales y de adelanto de esa región. -Con Perú -como señalé en un comienzo-, se acaban de suscribir dos convenciones y cinco notas que ponen término a una discusión que por más de 60 años ha constituido un escollo para una fluida relación de pueblos hermanos.
La definición de la propiedad, uso y administración sobre el Muelle Norte, Ferrocarril y el libre transporte de mercaderías, así como las notas reversales sobre el Chinchorro, Museo de Sitio, etcétera, revelan el manejo de ideas modernas que abren paso a futuros acuerdos económicos y comerciales.
En esta apretada síntesis de la política exterior hacia nuestros vecinos, sólo puedo trazar la línea gruesa de ella, dejando de lado múltiples e importantes acuerdos y polí-cas que el tiempo no me permite pormenorizar, como sucede con Argentina, respecto a los trabajos de emplazamiento en catorce puntos fronterizos, el trabajo de los cuatro Comités de Frontera, el uso de tarjeta única migratoria, el formulario único aduanero, el acuerdo que permite a los turistas dejar los automóviles arrendados en el otro país, etcétera, etcétera.
Podemos decir hoy, con legítimo orgullo, que nuestras fronteras están total y absolutamente delimitadas, sin discusión, y que existe una integración cada vez mayor entre Chile y los países vecinos.
Respecto a los otros países de la región, la política integracionista de la actual Administración ha quedado de manifiesto en la creación de nuevas formas de entendí-miento económico. Debido al grado dispar de la apertura de sus economías, en diversos casos ha sido imposible llegar a acuerdos regionales o subregionales. Sin embargo, Chile ha firmado convenios bilaterales que han potenciado formas de integración que permitirán en lo futuro llegar a esquemas más acabados.
En el plano político latinoamericano, durante este Gobierno Chile se ha integrado al llamado Grupo de Río, principal foro de concertación política de la región, cuya trascendencia es posible aquilatar cuando se observa que es el interlocutor válido para la Comunidad Económica Europea y el Japón, cuya "troika", presidida en estos instantes por el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, se encuentra, precisamente hoy, reunida con las autoridades del Gobierno japonés, tratando temas de importancia para nuestras economías.
No menos relevante es la política sobre cooperación técnica que nuestro país lleva adelante con Centroamérica, en lo que se ha constituido como la más importante cooperación horizontal que Chile haya tenido en su historia, y que cubre, además, por primera vez, a las naciones de habla inglesa del Caribe. Ella abarca desde cursos en materias diplomáticas para sus Ministerios de Relaciones Exteriores hasta asesorías en pesca, agricultura, idioma español, deportes, etcétera.
La Comunidad Económica Europea sigue siendo para nuestro país la región de mayor relevancia política y económica. En el plano comercial, ella constituye el comprador del 31,8 por ciento del total de nuestras exportaciones. Largo sería enumerar cada uno de los convenios celebrados con ese bloque de países, tanto en beneficio de regiones determinadas de Chile como del sector privado.
Otro tanto puede decirse de las relaciones que el país mantiene con los Estados Unidos de América. El propio Presidente Clinton acaba de señalar que su Gobierno le asigna prioridad a la celebración de un futuro acuerdo de libre comercio con nuestra nación.
Pero, donde se nota una mayor innovación en nuestra política exterior, tal vez sea la desarrollada respecto de los Estados que conforman la Cuenca del Pacífico.
En 1992, Japón se constituyó en el principal comprador de productos chilenos.
China, Taiwán, Hong Kong y todas aquellas naciones que configuran el Asia Pacífico serán, a no dudarlo, grandes socios comerciales de nuestro país. La Cancillería se prepara desde hace tres años, especializando y destinando a la región a nuevos agentes diplomáticos y comerciales, para abrir camino a nuestros exportadores y puedan acceder a la colocación de sus productos.
Estas son las avanzadas silenciosas y eficientes de nuestra Cancillería, cuya labor es desconocida por la mayoría del país, no obstante ser imprescindible y merecer nuestro reconocimiento.
Esta misma Cancillería es la que prepara estudios y documentos que demuestren que, aprovechando las naturales condiciones geográficas con que nos ha dotado la naturaleza, pueden ser nuestros puertos la puerta de entrada y salida para los productos de toda la parte sur de América Latina en su comercio con Asia, lo cual transformaría a nuestro país en un gran vendedor de servicios, ya que cuenta con la infraestructura portuaria, bancaria, de seguros, aduanera, vial, de comunicaciones, etcétera, que así lo asegura.
En el plano multilateral, cabe señalar que es de nuestra Cancillería la iniciativa de convocar a una Cumbre para el Desarrollo Social en 1995, idea que ha hecho suya la Secretaría General de las Naciones Unidas, y que ya es una realidad.
Asimismo, Chile ha contribuido a la mantención de la paz con el envío de contingente de las Fuerzas Armadas y Carabineros a diversas regiones del mundo.
La labor desplegada tanto ante la Organización de Estados Americanos como en Naciones Unidas, así como el prestigio en ellas alcanzado, nos hablan de políticas inteligentes y modernas.
Debe destacarse que todas ellas han tenido una base moral y ética, que se ha basado en la defensa del régimen democrático y en la irrestricta protección de los derechos humanos.
En un mundo globalizado, Chile ha privilegiado la importancia de los organismos multilaterales, participando activamente en todos ellos.
Señor Presidente y Honorables colegas, quisiera hacer abstracción de la política contingente y rendir un tributo de admiración y respeto a la forma elevada con que el Presidente de la República ha diseñado una política de Estado para nuestras relaciones exteriores, haciéndolo extensivo al Canciller, el señor Enrique Silva Cimma, por la forma abnegada, eficiente y brillante con que la ha interpretado y llevado a la práctica.
Y, finalmente, como Senador de la República, deseo expresar mi reconocimiento agradecido a todos aquellos funcionario del Servicio Exterior, directivos, profesionales y técnicos del personal de secretaría de la Cancillería de Chile, quienes, en forma anónima, contribuyen con su diario trabajo a hacer posible tal política exterior.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Arturo Frei.


PROYECTO HIDROELÉCTRICO CENTRAL
PANGUE EN ALTO BIOBIO
(OCTAVA REGIÓN)

El señor FREÍ (don Arturo).- Señor Presidente, el caso de la Central Pangue ha cobrado actualidad a raíz de la aprobación de un crédito del Banco Mundial por 125 millones de dólares.
Es sabido que las expectativas de desarrollo del país auguran que la demanda de energía eléctrica aumentará considerablemente en la próxima década. Por ello, el Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ha dicho que la proyectada central no puede paralizarse ni postergarse, porque, de lo contrario, Chile podría verse enfrentado en los próximos años a un desa-fadiastecimiento de esa vital energía, y, consecuencialmente, a un alza excesiva de tarifas.
Asimismo, se ha enfatizado la necesidad de llevar adelante otra obra de gran envergadura, como la construcción del canal Laja-Diguillín, que permitirá incorporar 60 mil hectáreas al cultivo de diversos productos agrícolas destinados al consumo de nuestra población e incrementar el índice de exportaciones del país.
La construcción de la Central Pangue significará una inversión de 470 millones de dólares, y el canal Laja-Diguillín una superior a los 90 millones de dólares, de modo que estamos hablando de proyectos que, en conjunto, superan los 550 millones de dóla-res.
En su dimensión positiva, ambas obras importan nuevos empleos, energía fresca y mayor producción agrícola, todo lo cual beneficiará enormemente al país, y, en especial, a la Región del Biobío.
Siendo así, ¿quién podría levantar su voz en contra de estos proyectos? ¿Quién podría pretender frenar el desarrollo de la Región? Sin duda, no seremos los Parlamentarios de la zona quienes detengamos dichos proyectos. Sin embargo, no es bueno desatender algunas voces bien intencionadas y cabalmente informadas que se han alzado para advertirnos que los estudios realizados hasta la fecha son insuficientes, y que existe la eventualidad de daños de incalculables proporciones para la flora, la fauna y los propios habitantes de la Región del Biobío.
En efecto, el proyecto Pangue ha provocado reacciones adversas en organizaciones ecologistas y en las familias pehuenches que se consideran afectadas por la construcción de la central. Concretamente, sostienen aquéllas que el proyecto va a producir un desastre ecológico de proporciones, ya que la retención del agua en los embalses redundará en su degradación, lo cual afectará seriamente a la agricultura, y, luego, su liberación formará una especie de ola, con efectos erosivos en las riberas, destruyendo, de esa manera, el habitat en que se desarrolla una rica vida silvestre.
Por su parte, las comunidades pehuenches que habitan la zona desde tiempos ancestrales, verán reducidas drásticamente sus tierras agrícolas y de pastoreo, ya que sólo la represa Pangue inundará 500 hectáreas de bosque nativo.
A las aprensiones antes reseñadas, debemos agregar el informe preparado por el Centro Universitario Internacional Europa-América Latina de Investigación en Ciencias Ambientales (Centro EULA-Chile), a partir del cual se desprende una serie de observaciones al proyecto.
La primera crítica del centro mencionado es que la empresa Pangue encargada de la ejecución del proyecto hace un análisis extremadamente focalizado de su iniciativa, sin considerar el contexto global de la hoya hidrográfica del Biobío. Indica que, por ejemplo, no hay información respecto de la integración entre este proyecto y el del canal Laja-Diguillín. Resalta, además, como imperativos que deben ser determinados antes de que se concrete la obra, los siguientes:
-Profundizar la información meteorológica y climatológica;
-Identificar y cuantificar el impacto geomorfológico, lo cual es trascendental para predecir alteraciones del habitat;
-Desarrollar un programa de control de la actividad volcánica y sísmica, porque un embalse necesariamente representa un riesgo potencial que se debe prevenir, sobre todo, en la cuenca del Biobío, una de las más habitadas del país.
-Profundizar los estudios sobre el uso del suelo, flora y fauna antes del inicio de la construcción de la presa, y
-Potenciar la alternativa turística que el proyecto representa.
El Centro EULA enfatiza que el efecto de mayor impacto de la central lo recibirá el sistema acuático, que cambiará su estructura y funcionamiento.
En ese sentido, considera que la predicción del impacto que hace la empresa Pangue es deficiente, por lo cual es fundamental definir, con el mayor grado de exactitud posible, las alteraciones que producirá la presa sobre el río y la influencia de éste sobre el sistema marino costero.
Destaca que la central provocará la interrupción de un gran número de ríos -de primero, segundo y tercer orden- de los muchos que integran la cuenca. Se interrumpirá también la relación de continuo que tiene el Biobío, lo que le otorga determinadas características. Además debe tenerse presente que parte de la productividad del Golfo de Arauco se debe a los aportes de su caudal a las microalgas, principal sustento de la actividad pesquera, que constituye la segunda fuente de divisas del sector.,
Advierte el Centro EULA que la interrupción del flujo continuo del río tendrá un efecto considerable en el movimiento de los peces migradores, que constituyen el elemento más trascendente en el sistema acuático. Este cambio provocará una alteración en todo el sistema y en la capacidad de autodepuración de las aguas.
Todo el problema descrito puede resolverse -según el Director del Centro, doctor Osear Parra- si se establece un caudal mínimo para el Biobío. Esto es crucial, porque durante 55 días en el año su lecho se secará completamente en un tramo de 5 a 15 kilómetros, lo que afectará, río abajo, a canales de riego y plantas de agua potable, y producirá mayor contaminación de las aguas. Esto configura una situación gravísima, pues no se puede obviar que 800 mil personas consumen agua de esta fuente.
El Centro EULA ha explicado que esto se puede solucionar -aunque ello le signifique un menor rendimiento económico- si la empresa opera de modo de garantizar un caudal mínimo para el cauce. En todos los países desarrollados es ésta una exigencia clave en el momento de materializar proyectos de la naturaleza y envergadura del que hoy nos ocupa.
Otro aspecto importante de garantizar es la migración de los peces, permitiendo un adecuado flujo genético, a fin de no provocar una baja en la diversidad biológica del río.
En cuanto a la problemática pehuenche -indica el organismo universitario-, el estudio es focalizado e incompleto, ya que considera sólo a las reducciones cercanas a la central y no toma en cuenta que se trata de una sola unidad étnica, donde cualquier alteración provoca impactos en la comuni- dad completa.
En consecuencia, a criterio del Centro, se deben cumplir dos requisitos básicos de protección ambiental. Primero, asegurar un caudal mínimo del Biobío durante todo el año, y, segundo, realizar un estudio adecuado de la migración de los peces. Tales condiciones se exigen a todo proyecto hidroeléctrico, pero, en este caso, no están debidamente cauteladas.
En relación con este punto, el Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía dijo en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, ante un requerimiento de ésta, que la actual legislación no contempla la exigencia de asegurar un caudal mínimo de los ríos en los proyectos hidroeléctricos.
Según Pangue S.A., la ausencia de flujo en determinados períodos del año es un evento natural en muchos ríos.
A su vez, el Ministro señor Tohá asegura que el impacto ambiental del proyecto es mínimo si se lo compara con el de otras centrales hidroeléctricas construidas en el país con anterioridad.
Por su parte, el Grupo de Acción por el Biobío, que reúne a diversos sectores ecologistas de Chile y el extranjero, ha expresado desmantelamiento y la desaparición de la cultura pehuenche presente en la zona, y
b) En el plano ecológico, el deterioro de las aguas del río Biobío y la desregulación del flujo natural de su caudal, lo que traerá consigo consecuencias negativas para el ecosistema asociado completo, que alcanza hasta el Golfo de Arauco.
Esta agrupación ecológica afirma igualmente que la empresa Pangue S.A. ha desinformado a la ciudadanía al no dar a conocer que su hidroeléctrica ha sido concebida como parte de una serie hidráulica que se interrelaciona con otras centrales que se espera construir en lo futuro, tales como las de Raleo, Aguas Blancas, Huequecura y Quitramán. Y subraya que, según la propia ENDESA, la represa Raleo es la pieza clave del proyecto total, pues será la única con capacidad para regular la demanda de agua de las otras centrales ubicadas aguas más abajo.
Este factor hace absolutamente necesario considerar el impacto acumulativo de, al menos, cinco de las represas catastradas en el alto Biobío, en lugar de estudiar el imacto de la Central Pangue en forma aislada.
Ante las críticas formuladas por los grupos ecologistas, el Ministro señor Tohá ha señalado públicamente que éstos escogieron mal el símbolo de su campaña, ya que la Central Pangue es un proyecto que, a diferencia de otros, se caracteriza por el poco impacto ambiental que genera.
Ha expresado, también, que la Central estará en funciones en 1997, aportando el 12 por ciento de la energía eléctrica del sistema interconectado central, por lo que es absolutamente indispensable y estratégica desde el punto de vista del desarrollo del país.
En virtud de lo anterior, deseo precisar que, aunque no es mi intención incorporarme a la polémica que sostienen grupos ecologistas, autoridades y empresarios sobre el tema, quiero, sí, expresar mi preocupación por el futuro del río Biobío. Dicha inquietud se explica por ser éste una fuente de abastecimiento de agua potable para alrededor de 800 mil personas, una fuente proveedora de agua para uso industrial, un cuerpo receptor de aguas servidas y de afluentes industriales de 17 pueblos y ciudades, además de cumplir un papel fundamental en el drenaje de la cuenca y de constituir el habitat natural de numerosas especies animales y vegetales.
Tanto el proyecto Pangue como el canal Laja-Diguillín, implican diversos problemas de alteración del río Biobío, todavía no lo suficientemente evaluados. El solo hecho de que 800 mil personas que se abastecen de agua potable puedan ver afectada la calidad de este vital elemento es suficiente para exigir que se cumplan las prevenciones señaladas por los cuerpos técnicos e insistir en que las autoridades deben asumir la defensa decidida del medio ambiente y de la calidad de vida de nuestros compatriotas.
NO se trata de entrabar el camino del desarrollo del país, ni menos aún de detener las inversiones en la Región del Biobío, pero tampoco podemos permitir que por vacíos legales se llegue a afectar la vida presente y futura de la población.
Por lo anterior, solicito: primero, que el Senado agilice lo acordado respecto de lo planteado por el Senador señor Ruiz-Esqui-de en su intervención del 5 de enero recién pasado, en cuanto a encargar a las Comisiones de Economía y de Medio Ambiente -o a una Subcomisión designada por ellas- el estudio del tema, considerando las asesorías externas que sean necesarias.
Segundo, que se oficie a la Comisión Nacional de Energía, a fin de que ella garantice a la comunidad de la Octava Región que los dos requisitos básicos definidos por el centro EULA -impedir el flujo cero del río Biobío y realizar un estudio adecuado de la migración de los peces- serán debidamente cumplidos y observados por el Estado chileno y la empresa que emprenda el proyecto.
Tercero, que se oficie, asimismo, a la Comisión Nacional de Energía, requiriendo información acerca de los programas concretos de ahorro de energía, los que, según fuentes calificadas, serían equivalentes al volumen que producirá la central Pangue.
Cuarto, que se oficie también a la Comisión Nacional de Energía, pidiendo una clarificación respecto de si se va a otorgar alguna nueva merced de agua para la construcción de otras centrales hidroeléctricas, como las contempladas en la serie de EN-DESA.
Quinto, que se transmita esta intervención al Presidente de la República, con las inquietudes que se han planteado.
Finalmente, creo de la mayor trascendencia que el Senado dimensione cabalmente los efectos que este proyecto de Empresa Hidroeléctrica Pangue S.A. acarreará sobre la hermosa hoya hidrográfica del Biobío y sobre la deprimida zona del Golfo de Arauco. Porque el desarrollo económico, al igual que el desarrollo científico y tecnológico, no tiene conciencia de sí mismo. Si ha de convertirse en una fuerza positiva o negativa, ello depende del hombre, y sólo si el país, en su conjunto, asume la responsabilidad de preservar la naturaleza, podremos lograr que esa fuerza se transforme en un instrumento de bienestar social y no en una nueva forma de miseria y marginación.
He dicho. El señor CANTUARIAS.- Señor Presidente, si me lo permite el Senador señor. Arturo Frei, quiero sumar mi nombre a los oficios que se enviarán respecto del problema mencionado.

El señor FREÍ (don Arturo).- Con mucho gusto, Su Señoría.

-Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Arturo Frei, en conformidad al Reglamento, con la adhesión del Honorable señor Cantua-rias.



El señor VALDES (Presidente).- En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el Senador señor Cantuarias.


EXENCIÓN DE CONTRIBUCIONES A CULTO RELIGIOSO. OFICIO

El señor CANTUARIAS.- Señor Presi- dente, me referiré, en forma muy breve, a la exención de contribuciones de bienes raíces que le corresponde constitucionalmen-te a los inmuebles destinados al culto religioso.
En noviembre de 1992, solicité que se oficiara en mi nombre al señor Ministro de Hacienda, a fin de que instruyera al Servicio de Impuestos Internos en orden a declarar expresamente exentos del pago de contribuciones de bienes raíces a todos los inmuebles destinados al servicio de un culto religioso y cuya inscripción en el respectivo rol de avalúo fiscal señale ese destino.
Al efecto recordé que el artículo 19, número 6°, de nuestra Constitución Política, garantiza a todas las personas la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público, y que, como consecuencia de dicha garantía constitucional, nuestra Carta Fundamental reconoce a las confesiones religiosas el derecho a erigir y conservar templos bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y las ordenanzas. Asimismo, se establece expresamente la exención de toda clase de contribuciones respecto de los templos y sus dependencias destinados exclusivamente al servicio de un culto religioso, cualquiera que éste sea.
Del mismo modo, advertí en aquella oportunidad acerca de la existencia de un boletín emanado del Servicio de Impuestos Internos, correspondiente a 1991, en el que constaba el cobro de contribuciones de bienes raíces, por un monto de 17 mil 675 pesos, respecto del inmueble ubicado en la comuna de Tomé, calle Alberto Blest Gana número 2349, enrolado bajo el número 88-010, en circunstancias de que el mismo boletín señalaba expresamente que el contribuyente era la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios y que el destino del inmueble era el culto.
Dado que esa situación se repetía acerca de numerosos inmuebles destinados al servicio de un culto religioso, lo que contrariaba flagrantemente una disposición constitucional clara e inequívoca al respecto, alerté sobre el absurdo que representaba el hecho de que no habiendo duda tocante a la individualización del contribuyente y del destino del respectivo inmueble, sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos dispusiera el cobro de contribuciones de bienes raíces a esas instituciones.
Atendido el hecho de que no se ha recibido en esta Corporación ninguna respuesta sobre el particular, solicito oficiar nuevamente, en mi nombre, al señor Ministro de Hacienda, a fin de que se sirva informar sobre el destino de nuestra presentación.
He dicho.
El señor FREÍ (don Arturo).- Si no tiene inconveniente el Honorable señor Can-tuarias, pido que se envíe también en mi nombre, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).- Así se hará.

-Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Senador señor Cantua-rias, en conformidad al Reglamento, con la adhesión del Honorable señor Arturo Freí.


El señor VALDES (Presidente).- Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 20:46
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción