REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 358ª
Sesión 46ª, en miércoles 1 de septiembre de 2010
Ordinaria
(De 16:20 a 19:18)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE,
Y JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedán, Eugenio
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Felipe Morandé Lavín.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 19 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor PIZARRO (Presidente).-
Se dan por aprobadas las sesiones 43ª y 44ª, ambas ordinarias, en 17 y 18 de agosto del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto al proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Allamand, Cantero, Espina, García y Romero, en primer trámite constitucional, que reconoce el aporte de los pueblos originarios a la conformación de la nación chilena y del proyecto de reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas de Chile (boletines N°s 5.324-07 y 5.522-07, refundidos).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que prestó su aprobación al proyecto de ley que fija porcentajes mínimos de emisión de música nacional y música de raíz folclórica oral a la radiodifusión chilena (boletín N° 5.491-24).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional, con el que remite copia autorizada de la sentencia definitiva recaída en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 364 y 372 a 387 del Código Procesal Penal; 1°, 3°, 22 y 25 de la ley N° 20.000; 16, 17 y 19, letra a), del mismo cuerpo legal, y 1°, 15, N° 1, 7, 50 y 52 del Código Penal.
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento.
De los señores Ministros de Defensa Nacional y Secretario General de la Presidencia, con los que dan respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Bianchi, respecto a la materialización de los compromisos contraídos por el Gobierno con los personales pasivos de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones.
Del señor Ministro de Salud, con el que responde un oficio cursado en nombre del Honorable señor Bianchi, en relación con el nuevo Hospital de Punta Arenas.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, acerca de la posibilidad de eximir de costos las llamadas telefónicas realizadas a números de telefonía celular del Plan Cuadrante de la Región de Aysén.
Del señor Subsecretario de Educación, con el que responde un oficio remitido en nombre del Honorable señor Muñoz Aburto, relativo a la disminución de recursos por concepto de subvención educacional que afecta a las Municipalidades de Natales y Porvenir, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Del señor Subsecretario del Trabajo subrogante, con el que contesta un proyecto de acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Honorables señores Allamand, Bianchi, Escalona, Gómez, Longueira, Navarro, Tuma y Andrés Zaldívar, con el que solicitan el envío de un proyecto de ley que conceda a los trabajadores del comercio que deban laborar con ocasión de los feriados relativos al Bicentenario el derecho al pago de horas extraordinarias (boletín N° S 1.263-12).
Del señor Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Letelier, con la adhesión del Senador señor Escalona, mediante el que se requieren diversos antecedentes acerca de las pertenencias mineras existentes en el Salar de Atacama para la explotación del litio.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Mociones
De los Honorables señores Bianchi, García, Kuschel, Orpis y Prokurica, con la que inician un proyecto de ley sobre prevención del consumo abusivo de alcohol (boletín N° 7.168-07).
De los Honorables señores Muñoz Aburto, Escalona y Letelier, con la que dan inicio a un proyecto de ley que exige que todo indulto particular se conceda mediante decreto supremo fundado de carácter público (boletín N° 7.171-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Honorables señores Muñoz Aburto, Escalona y Letelier, con la que inician un proyecto de ley referido a la mediación previa, en el procedimiento tutelar laboral, en el caso del derecho a la vida de los trabajadores (boletín N° 7.169-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señor Navarro, señora Allende y señores Escalona, Gómez, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Quintana, Rossi y Tuma, con el que solicitan el envío de iniciativas legales que consideren las propuestas del Tercer Congreso Nacional de Concejales (boletín N° S 1.292-12).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Permiso constitucional
Solicitud del Honorable señor Andrés Zaldívar para ausentarse del país a contar del 14 de septiembre del año en curso.
--Se accede.
Comunicaciones
Solicitud del Honorable señor Muñoz Aburto con la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento del Senado, retira de tramitación el proyecto de ley, iniciado en moción de autoría de él y de los Honorables señores Escalona y Bianchi, en primer trámite constitucional, sobre responsabilidad civil en caso de ofensas cometidas a través de Internet (boletín N° 7.131-07).
--Se toma conocimiento.
Solicitud del Honorable señor Navarro con la que requiere el desarchivo del proyecto de ley, iniciado en moción de autoría de él y de los Senadores señores Muñoz Aburto y Naranjo, sobre modificación de la ley Nº 19.253 para establecer la aplicación de la ley penal común a los miembros de comunidades indígenas en los casos que indica (boletín Nº 4.631-07).
--Se accede.
EL señor ALLIENDE (Prosecretario).-
En este momento ha llegado a la Mesa un proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Orpis, señora Allende y señores Bianchi, Cantero, Espina, Prokurica, Quintana e Ignacio Walker, con el que solicitan la creación de una Comisión Especial sobre Droga y Alcohol (boletín N° S 1.293-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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INTEGRACIÓN DE COMISIÓN BICAMERAL PARA ELABORACIÓN DE REGLAMENTO SOBRE CONSEJO RESOLUTIVO DISPUESTO POR LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO
El señor PIZARRO (Presidente).-
Propongo a la Sala que los Honorables señores Gómez, Horvath, Letelier y Novoa integren la Comisión Bicameral encargada de elaborar el Reglamento al que deberá ceñirse el Consejo Resolutivo establecido en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, modificada por la ley N° 20.447.
¿Les parece a Sus Señorías?
--Así se acuerda.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Antes de entrar al Orden del Día, quiero saludar a un grupo de estudiantes de la Universidad de Valparaíso que, según entiendo, se hallan en las tribunas debido a su interés en el debate del proyecto sobre los optómetras.
¡El Senador Chahuán es el único que aplaude...!
El Senador Lagos viene entrando.
El señor CHAHUÁN.-
¡Es mi universidad, señor Presidente!
El señor PROKURICA.-
¡No es el único que aplaude!
El señor PIZARRO (Presidente).-
Vienen preocupados, lógicamente, por la posible existencia de esa profesión.
Les damos la bienvenida.
DEFINICIÓN DE COMPETENCIA DE TECNÓLOGOS MÉDICOS EN CAMPO DE LA OFTALMOLOGÍA
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Sanitario con el propósito de permitir la existencia de la profesión de optómetra, con informe de la Comisión de Salud y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5684-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 78ª, en 10 de diciembre de 2008.
Informe de Comisión:
Salud, sesión 45ª, en 31 de agosto de 2010.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Los objetivos principales del proyecto son facultar al tecnólogo médico con mención en oftalmología para detectar los vicios de refracción ocular y autorizarlo para prescribir, adaptar y verificar lentes ópticos y para prescribir fármacos, tratamientos básicos y otros que establezca el reglamento que deberá dictar el Ministerio de Salud.
La Comisión discutió esta iniciativa tanto en general cuanto en particular, en virtud de la autorización otorgada por la Sala en sesión del 19 de mayo último, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señora Matthei y señores Chahuán, Girardi, Rossi y Ruiz-Esquide.
Respecto a la discusión en particular, la Comisión efectuó diversas modificaciones al texto despachado por la Cámara de Diputados, todas las cuales fueron acordadas por la misma unanimidad a que acabo de aludir.
Sus Señorías pueden consultar en el boletín comparado que tienen en sus pupitres el texto que se propone aprobar.
Finalmente, cabe señalar que la Comisión acordó adecuar la denominación del proyecto, en atención a las enmiendas que realizó, las cuales definen la competencia de los tecnólogos médicos en el campo de la salud visual. En consecuencia, su nuevo nombre sería: "proyecto de ley que define la competencia de los tecnólogos médicos en el campo de la oftalmología".
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general.
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, de la relación hecha por el señor Secretario queda claro que el proyecto cambió de orientación. Ello puede apreciarse al comparar su texto actual con el que nos llegó desde la Cámara de Diputados.
El mayor problema que tuvimos durante el debate de esta iniciativa, cuyo objetivo inicial era permitir la existencia de la profesión de optómetra, fue que la mayoría de los integrantes tanto de la actual Comisión de Salud cuanto de la anterior -la precedente analizó la materia hace algunos meses- no compartíamos su idea central.
Hubo varias discusiones acerca de la inconveniencia de crear en Chile una nueva carrera, que se impartía en otros países y que no era homologable con las normas usadas habitualmente para regular el ejercicio profesional en el ámbito de la salud.
En tales condiciones, cuando asumió el Ministro Mañalich, conversamos esta situación. Y él compartió la idea de que no era conveniente crear esa profesión, aunque convino en que de alguna forma era necesario llenar el vacío derivado fundamentalmente de que no había oftalmólogos en número suficiente para extender recetas en el ámbito de la refracción, es decir, para recetar lentes.
Entonces, pareció que lo más adecuado era la propuesta hecha por el propio Ejecutivo, que es el texto que viene ahora aprobado por la Comisión. O sea, se suspende la tramitación del proyecto que plantea la creación de la profesión de optómetra; se acogen las explicaciones dadas por el Ministerio y por la propia Sociedad Chilena de Oftalmología en el sentido de que se están emprendiendo diversas acciones que permitirán ir superando a mayor velocidad que la actual el problema existente, y se les dan más atribuciones en algunos aspectos a los tecnólogos médicos con especialización en oftalmología.
De ahí que viene una sustitución prácticamente total de la iniciativa despachada en el primer trámite constitucional, reemplazo que la Comisión aprobó por unanimidad.
Por eso, contando con la indicación sustitutiva del Ejecutivo y con la anuencia de los Senadores que nos habíamos pronunciado en contra de la creación de la profesión de optómetra; habiéndose recogido una opinión renovada de Senadores que se integraron a la Comisión de Salud, y habiéndose acordado por unanimidad el texto que hoy se somete a consideración de la Sala (las explicaciones vienen consignadas en el informe), quiero manifestar mi respaldo a este proyecto y pedirles a mis Honorables colegas su aprobación unánime, y ojalá sin mayor discusión, en esta oportunidad.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, este proyecto, aparentemente muy sencillo, es a mi juicio de primera importancia. Se trata de dar acceso a la salud visual a miles de chilenos a los que esta no alcanza.
En nuestro país hay 282 mil ciegos, pero los cálculos indican que casi 60 por ciento no debieran hallarse en esa condición.
Cerca del 10 por ciento de la población tiene problemas serios de visión, con los costos que el cuidado de ella acarrea para sus familias.
Los pobres registran una tasa de ceguera 6 veces mayor que la del grupo ABC1.
Existen en nuestro país -y quiero llamar la atención sobre ello- 650 oftalmólogos, concentrados en las grandes ciudades. Ellos no alcanzan a cubrir las necesidades de todos los habitantes. Y debemos considerar especialmente que solo 150 trabajan en el sector público, al que, como sabemos, concurren la población más vulnerable y los sectores medios.
Por otra parte, las pocas becas para formar oftalmólogos solo alcanzan para mantener en el tiempo el actual stock de estos profesionales.
Esa es la realidad, señor Presidente.
La cantidad de oftalmólogos por habitante en Chile equivale al menos a un quinto de la existente en los países desarrollados.
Por tales motivos, resulta de primera necesidad legislar para incluir -y esa es mi opinión- a otros profesionales en la resolución de algunos problemas (no todos) de salud visual.
Al revisar la experiencia internacional se comprueba que países desarrollados y también naciones en vías de desarrollo cuentan con profesionales llamados "optómetras", quienes resuelven principalmente los vicios de refracción (miopía, hipermetropía y astigmatismo), que, con la presbicia, constituyen cerca de 70 por ciento de los motivos de consulta de los pacientes. Y cuando estos profesionales detectan patologías o enfermedades del ojo, derivan de inmediato al enfermo a un oftalmólogo.
Considero de la mayor importancia, señor Presidente, abrir este tema -voy a expresarlo con mucha fuerza-, eliminar -y lo digo responsablemente- esta especie de monopolio de los oftalmólogos existente en nuestro país y cambiar al estándar internacional, que, con el apoyo de los optómetras, permite que las personas tengan verdadero acceso a la salud visual.
Anticipo mi voto favorable a la idea de legislar en torno a este proyecto. Sin embargo, me parece fundamental abrir un plazo para presentar indicaciones.
Desde luego, en todo el mundo al profesional en comento se le llama "optómetra" u "optometrista". Pero no debiera usarse ese nombre; de lo contrario, se generaría una tremenda discriminación con respecto tanto a los chilenos que fueran al exterior a estudiar la especialidad como a los extranjeros que vinieran a nuestro país con el título pertinente y quisieran trabajar aquí, por no ser tecnólogos médicos con mención en oftalmología.
Entonces, hay que abordar bien ese aspecto.
Por otra parte, no se entiende a mi juicio el propósito del Ejecutivo al ingresar una indicación sustitutiva que contempla a ambos profesionales, la cual contó con el respaldo de la gran mayoría de la Cámara de Diputados. Ahora vemos que el proyecto también tuvo apoyo en la Comisión de Salud del Senado.
De otro lado, estimo que la regulación por reglamento de un conjunto de otras situaciones no es adecuada en esta iniciativa legal.
Por eso, sin perjuicio de la valiosa información que nos entregó el Presidente de la Comisión de Salud, le pido formalmente a esta Sala abrir un plazo para formular indicaciones.
Porque esta no es una cuestión menor, señor Presidente. Se trata de un problema de salud pública que afecta sobremanera a muchas personas. Como señalé, tenemos solo 650 oftalmólogos y 150 de ellos trabajan en el sector público. Y las becas que se otorgan en esta especialidad son únicamente para mantener el número de oftalmólogos existentes, lo cual afecta sobre todo a la población más vulnerable y a los estratos medios de este país.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, la Comisión de Salud tuvo a bien tramitar un proyecto, en segundo trámite constitucional, que establecía las condiciones para que los tecnólogos médicos con mención en oftalmología no solo cumplieran un rol auxiliar, sino que también pudieran extender su accionar y, con ello, contribuir a la atención adecuada de cerca del 75 por ciento de las listas de espera en consultas oftalmológicas.
Hoy día una gran cantidad de personas requieren consultar a un oftalmólogo. Sin embargo -tal como lo señaló la Senadora señora Alvear-, la escasez de profesionales de esa especialidad ha provocado una excesiva concentración de pacientes en las referidas listas.
Evaluadas las listas de espera en dicha área, vemos que 75 por ciento se refiere a vicios de refracción. Y los tecnólogos médicos con mención en oftalmología han cumplido a cabalidad las funciones pertinentes; incluso, habitualmente efectúan procedimientos invasivos.
La idea es que en virtud de este proyecto, que he defendido desde que era Diputado, se establezca la posibilidad de que estos profesionales incluso prescriban algún tipo de fármacos, en determinadas condiciones. Es decir, que se permita, por un lado, aprovechar a esos tecnólogos médicos, quienes han realizado una labor fundamental y no han obtenido el reconocimiento profesional adecuado -y para eso es la iniciativa-, y, por la otra, disminuir justamente las listas de espera.
El señor Ministro de Salud, con quien hemos conversado y mantenemos una relación cercana, ha expuesto en forma clara la posibilidad de contratar a estos tecnólogos médicos en la atención primaria precisamente para dotar a la etapa de una mayor resolución y no tener que esperar largo tiempo para que los pacientes puedan ser atendidos por oftalmólogos. Lo anterior también se traduce en la liberación de horas de estos últimos para las patologías ópticas de mayor complejidad.
En consecuencia, creo que el proyecto se halla sumamente bien diseñado y permite dar un reconocimiento a profesionales que han estado trabajando ya durante largo tiempo para poder resolver la patología respectiva. Ojalá ello se registre en la atención primaria.
Por otra parte, el propio señor Ministro ha planteado la idea de incorporar dentro de las garantías del AUGE la viabilidad de una consulta por habitante para una adecuada revisión también por parte de un tecnólogo médico, lo que desconcentraría y mejoraría la atención de la salud visual en nuestro país.
Estimamos, por tanto, que la iniciativa va en la línea adecuada: otorga a una labor un reconocimiento que, hasta el momento, no se había verificado; dota al sistema de un mayor poder de resolución, en particular en la atención primaria, y hace posible que los oftalmólogos se concentren en patologías de mayor complejidad.
Tal como lo expresó el señor relator, la Comisión igualmente acordó cambiar el título del proyecto, para los efectos de que los tecnólogos médicos con mención en oftalmología puedan desarrollar su función.
Además, se abordaron algunos aspectos que involucraban otras complejidades en la situación de los optómetras. Y este es un asunto que fue planteado incluso al titular de la Cartera. Se ha señalado que nada impide que estos especialistas estudien, revaliden el título, terminen tecnología médica para poder también desempeñarse y homologuen los ramos que sean necesarios para ello.
Juzgamos que el proyecto de ley, entonces, enfrenta un problema sanitario en nuestro país y reconoce la labor que han desempeñado por largo tiempo los tecnólogos médicos, lo que, en definitiva, no se había hecho.
Como Diputado integrante de la Comisión de Salud, fui uno de los promotores de la iniciativa, junto con mis entonces colegas señores Rossi y Quintana, y ahora, en el Senado, consideramos de plena justicia aprobarla, para darle no solamente mejores opciones profesionales a los tecnólogos médicos, sino también para abocarse a una cuestión sanitaria que nos parece de primer orden.
He dicho.
--(Aplausos en las tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Prevengo a los estudiantes que presencian la sesión que no se permite hacer manifestaciones.
El señor NAVARRO.-
¡Nos aplauden tan poco, señor Presidente...!
El señor PIZARRO (Presidente).-
Los Senadores se sienten muy contentos cuando eso sucede, porque no es algo frecuente, pero pido al público mantenerse tranquilo con motivo de las intervenciones.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, voy a votar a favor del proyecto, que modifica el Código Sanitario con el objeto de permitir la existencia de la profesión de optómetra, porque, a mi juicio, resuelve -si bien es cierto que en parte- una dificultad extraordinariamente seria, en especial en las Regiones, por la carencia de facultativos para las patologías que se han mencionado.
Muchos parlamentarios llevamos a cabo operativos médicos, algunos para las campañas. En lo personal, los realizo durante todo mi período, con especialistas. Y entre los que causan más requerimientos, sin duda, se hallan los problemas de la vista, que no necesariamente tienen que ser tratados por un oculista, sino que pueden ser solucionados, como se plantea en la normativa en estudio, a través de los profesionales que nos ocupan.
Pero quiero expresar, con motivo del proyecto de ley, una reflexión acerca de una cuestión mucho más grave, que es la falta de especialistas médicos de todo orden en las Regiones. En la de Atacama se heredó de la Administración anterior una larga lista de más de 17 mil personas en espera de una atención de salud. Ello no solo dice relación a la patología de que se trata, sino también a otras.
Y discrepo de algunos señores Senadores que han planteado aquí que en Chile existen pocos especialistas. Si se considera la cantidad de estos, no es muy distinta de la registrada en otros países de Sudamérica. Sin embargo, la dificultad radica en que la mayoría se queda en Santiago.
Un ejemplo de lo anterior se halla en que, de un total de 650 oftalmólogos, ni 20 por ciento de ellos se encuentran en las Regiones. Y, como si esto fuera poco, solo 150 actúan en el sector público. En consecuencia, la gente de escasos recursos no tiene ninguna posibilidad de que la atiendan.
Por tal motivo, señor Presidente, resulta indispensable dar el paso de que se trata, que significa satisfacer de alguna forma, como lo han expresado aquí los autores del proyecto y el informe, la necesidad de consultar un especialista.
Pero, además, se requiere un debate con las autoridades -lo estamos llevando a cabo con la actual Administración-, porque la cuestión de los especialistas es mucho más amplia que el asunto en debate y mucho más aguda todavía en las Regiones, donde realmente los problemas son bastante serios.
Por eso, voy a votar a favor del proyecto.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, en primer lugar, deseo suscribir íntegramente lo expuesto respecto de la carencia en el país de médicos oftalmólogos, situación que se viene denunciando hace años. Realmente, se genera un monopolio inaceptable y que, en definitiva, termina perjudicando a nuestra sociedad.
En segundo término, se ha desarrollado una discusión respecto a si los optómetras pueden o no intervenir en su carácter de tales. En verdad, no he profundizado en el asunto, así que no voy a emitir una opinión ahora.
Pero quiero consignar que el proyecto tiene que ser objeto de todas maneras de un segundo informe. En efecto, modifica cuatro disposiciones del Código Sanitario: los artículos 113 bis, 120, 124 y 128, así que mal podría considerarse de artículo único. Por lo tanto, suscribo el planteamiento hecho acá en cuanto a aprobarlo en general y abrir un plazo para presentar indicaciones, a fin de que de alguna forma se puedan solucionar los aspectos que han suscitado dudas.
Por otro lado, hago presente que el artículo transitorio deja sujeta la vigencia de la ley a la dictación de un reglamento del Ministerio de Salud. Temo que el mismo poder que se ha ejercido para evitar la ampliación de la profesión de oftalmólogo intervenga para impedir la dictación de esa última normativa. Sugiero fijar un plazo, entonces, para que ella se materialice, en el caso de ser necesaria, porque muchas profesiones se ejercen sin requerir un texto de esa índole que determine cómo hacerlo.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, por mi parte, también quiero suscribir muchas de las inquietudes que aquí se han manifestado, porque he sido testigo, como creo que todos, de las dificultades para dispensar atención oftalmológica a lo largo del territorio nacional. Es una realidad muy compleja, y donde no solo se presentan problemas de distribución, sino también otros, muy fuertes, de estructura social, ya que el acceso a la prestación lo logra, en definitiva, quien posee recursos y el que carece de ellos se encuentra expuesto a una situación bastante delicada.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud de 2003, la proporción de no videntes en el segmento ABC 1 correspondía a 1,1 por ciento, pero en el E -el de menores ingresos- a 6,5 por ciento, es decir, casi 6 veces más. Eso, obviamente, refleja la falta de atención oftalmológica que sufre una parte importante de nuestra población.
Porque no solo media aquí una cuestión de recursos, sino que, por la proporción que representan tales segmentos, también es evidente que los más vulnerables, los más pobres, son los que cuentan con menos acceso a la solución de dificultades de esta naturaleza. Y se halla acreditado que la posibilidad de una persona de salvar su visión, de evitar el agravamiento de su condición visual, se vincula con la atención y, al mismo tiempo, con la oportunidad en que esta se realiza. Si demora, es evidente que su cuadro empeora y, por cierto, también corre riesgo su vida.
Los déficits en ese aspecto son de público conocimiento. Según informaciones que la prensa ha difundido sobre la fiscalización de los programas AUGE, seis de las patologías con más retraso en el sistema corresponden precisamente al área oftalmológica. Y este dato va manifestando que se enfrenta una realidad complicada. A comienzos del año en curso se registraba 32 por ciento de retraso.
Asimismo, la relación entre la cantidad de población y el número de profesionales no ha mejorado. Al contrario. Según la propia Sociedad Chilena de Oftalmología, en 2003 había un especialista por cada 21 mil 657 habitantes, y en 2008, uno por cada 26 mil. O sea, la situación es bastante peor.
Por ese motivo, son muchas las cosas que debemos hacer.
Recuerdo, a propósito de las acciones que emprendimos hace varios años para cooperar en la solución de la presbicia en la Región que represento, las reclamaciones de numerosos oftalmólogos por parecer que invadíamos su territorio, en circunstancias de que cualquiera sabe que, para combatirla, en muchos países basta con ir al supermercado, a los quioscos donde se venden diarios y, por cierto, a las propias ópticas y comprar los lentes que a uno le acomoden. Pero en Chile ello estaba prohibido y entregado al control de esos especialistas, a pesar de que para tal efecto no se requiere acudir a una consulta médica.
En 1999 empezamos la entrega de esta clase de implementos, y considero que han sido una gran ayuda para la gente. Y la hemos mantenido, afortunadamente legalizada por una norma aprobada años después, que permite actuar, por cierto, con seriedad y rigor.
No entiendo por qué los municipios o el propio servicio de Salud no actúan directamente y entregan en forma gratuita estos lentes, que benefician a muchas personas que creen haber perdido la vista y no tienen acceso a una solución fácil y expedita.
Ahora bien, el proyecto que nos ocupa busca abrir un espacio que posibilite a otros profesionales una mayor injerencia en este ámbito. Lo que no logro comprender es por qué, si en principio su objetivo era permitir la existencia de la profesión de optómetra, solo se contempla, en definitiva, al tecnólogo médico con mención en oftalmología, en circunstancias de que, por los antecedentes que he recibido, son dos especialidades distintas, de diferente exigencia, siendo más acentuada la del primero que la del segundo...
--(Manifestaciones en tribunas).
Hago presente que aquí se discute con argumentos y le ruego al público respetarlos. Cualquiera puede pensar distinto, pero expresándose debidamente.
Señor Presidente, le pido garantizar que en la Sala pueden hablar los representantes de la gente.
Si bien abrigo la mayor consideración por los tecnólogos médicos, no veo por qué los optómetras han quedado fuera del texto en examen. Me gustaría que ello se estudiara con mayor atención.
Aquí hay espacio para todos. Se necesitan tecnólogos, optómetras, más médicos oftalmólogos. Lo que no se requiere son los monopolios, ni exclusividades ni actividades excluyentes en ámbitos a mi juicio muy importantes.
No siendo un especialista en la materia, solicito que en la discusión particular profundicemos en estos antecedentes, porque la información que hemos obtenido nos provoca enormes dudas respecto de cuál es la necesidad del país. Me han dado a conocer que los optómetras, por la experiencia internacional en la existencia de esta profesión diferenciada de la del tecnólogo médico, recibirían una mayor preparación. Es decir, la de este último sería más restringida. Si los optómetras pueden desenvolverse sin mayores dificultades en muchas otras partes, resultaría extraño que en Chile no ocurriera lo mismo.
Por eso, señor Presidente, compartiendo lo que recién expresaba el Senador señor Novoa, me parece que el proyecto es necesario y que es preciso aprobarlo, pero, dada su complejidad, considero que cabe abrir espacio para un debate en particular a través de las indicaciones que se puedan presentar.
Repito que no soy experto en el asunto en examen, pero me parece que tiene sentido lo que aquí se hace, sobre todo conociendo la voluntad restrictiva de algunos gremios con miras a lograr monopolios en la actividad profesional. Lo deseable es que ello pueda ser abierto y bien diseñado, de modo que la población disponga de la mejor atención en el ámbito de que se trata.
El que nos ocupa es un problema demasiado grave para demasiada gente. Por lo tanto, quienes nos interesamos en el buen estado visual de todos los chilenos -no de algunos- queremos que se pueda realizar la mejor labor profesional, pero también con el mayor acceso a soluciones de salud en el área, lo que hasta la fecha, al menos, por un sistema restrictivo, no hemos logrado.
Por ello, reitero mi voluntad de aprobar el proyecto, pero con la esperanza de que en la discusión particular exhibamos la mayor apertura posible para conseguir, a través de los especialistas que puedan trabajar, el mejor ejercicio profesional y la mejor atención para toda la población que sufre los problemas mencionados.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
La Honorable señora Alvear y varios otros señores Senadores solicitaron también abrir un plazo para presentar indicaciones, el cual fijaremos al término de la votación.
Reitero a las personas presentes en las tribunas que no incurran en ningún tipo de manifestación.
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, esta es una iniciativa muy importante. A muchos nos asistían grandes aprensiones en cuanto a por qué demoró su tramitación durante un tiempo. Fue solo porque finalmente construimos un muy buen acuerdo con el Ministerio de Salud que logramos avanzar. Y quiero valorar la postura de esa Cartera en tal sentido.
No dudo de que la patología ocular presenta hoy día prevalencia en Chile. De las largas listas de espera, una proporción significativa corresponde a vicios de refracción y una parte muy importante a enfermedades más complejas. Creo que el país debe hacer una apuesta particularmente en este ámbito, porque se trata de un problema que genera invalidez o limita el desarrollo de la vida laboral o de la calidad de vida.
La discusión se suscitó cuando se quiso incorporar en la prestación de servicios a una profesión -entre comillas- no acreditada en nuestro país, que no presenta la misma formación que otras de la salud.
Sin embargo, siempre existe la cuestión de fondo, para mí, de intentar separar la oferta de la demanda.
Me explico.
Los médicos no pueden tener farmacias. Pienso que sería muy malo que ello ocurriera; es decir, que la persona que recetara al mismo tiempo pudiera prescribir un medicamento de su propia farmacia. Sé que es posible que algunos reciban incentivos. Pero en otro proyecto de ley no solo se establecen sanciones para quienes lo hagan en el punto de venta, sino también para los médicos que obtengan incentivos de cualquier tipo por favorecer un producto respecto de otro en función de criterios no propiamente técnicos que lleven a una mejor salud del paciente.
Pero hay una realidad: muchas prácticas de optómetras se encuentran vinculadas directamente a ópticas. Por lo tanto, ahí tenemos una relación muchas veces demasiado directa entre quien receta, o sea, quien define la demanda, y quien, en forma simultánea, define la oferta. Y eso no lo consideramos adecuado.
Por ello, al Ministro de Salud y en general a los miembros de la Comisión de Salud nos pareció una buena solución incorporar más activamente a un profesional universitario prestigiado en nuestro país, con una larga experiencia y trayectoria, que tiene cinco años de formación, y no dos, como la gran mayoría de los optómetras (especialidad que, además, en Chile no se imparte en las universidades).
Entonces, esa opción la encontramos absolutamente razonable, como sucede con la práctica de los kinesiólogos. A mí me tocó, por ser uno de los primeros encargados en programas de enfermedades respiratorias, incorporar a estos profesionales. Y puedo decir que han sido de gran ayuda en la implementación de las salas de hospitalización abreviada, en las campañas de invierno y, pese a no ser médicos, se han transformado en actores muy relevantes en la disminución de la mortalidad infantil, de las hospitalizaciones, particularmente en materia de enfermedades respiratorias.
En tal sentido, la incorporación de los tecnólogos médicos, como profesionales de la salud que pueden desarrollar acciones más bien básicas, muchas de ellas de prevención, e incluso tratamientos de patologías sin gran complejidad, o intervenir activamente en vicios de refracción, nos pareció un gran complemento y una gran solución.
Además, con una pauta muy clara en cuanto a la necesidad de que la práctica de estos especialistas, además de resolver problemas de refracción, pueda significar un trabajo más integral que permita detectar o diagnosticar precozmente otro tipo de patologías, no para que las solucione él, sino para que las derive de manera oportuna a un oftalmólogo para que intervenga.
Nosotros, incluso, establecimos la facultad de que el tecnólogo médico pueda prescribir en algunos casos de patologías de menor complejidad, donde creemos que ello constituiría un apoyo y una ayuda.
Estimamos que la solución a que llegamos es la que corresponde de acuerdo con el estándar de nuestro país. Claramente, ella no se encuentra en la incorporación de la profesión del optómetra, que no existe en Chile y no posee acreditación universitaria, mientras no se imparta como carrera en las universidades, con cinco años de estudios, y se halle expresamente separada la función de brindar salud con la de vender, en este caso, instrumentos para vicios de refracción u otros.
Señor Presidente, tardamos mucho en madurar el proyecto en análisis. En mi concepto, se llegó a un muy buen acuerdo político, que será muy positivo para el país. Pienso que nos ayudará a resolver una parte importante de la lista de espera relacionada con vicios de refracción y patologías de menor complejidad.
Me parece que hemos tomado la decisión correcta y por la vía correcta. Los otros caminos -a los Senadores les asiste el derecho a presentar sus indicaciones-, para mí por lo menos, como una persona con una mirada desde el ámbito de la salud, pueden tener externalidades que no siempre sean las mejores. Y considero que lo que hemos logrado en esta iniciativa es lo más razonable para el nivel y el estándar de salud que nuestro país tiene y requiere.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, en primer lugar, me alegra enormemente la discusión efectuada hoy en la Sala. Porque prácticamente todos los Senadores han señalado la necesidad de incluir a otro tipo de profesionales, además de los médicos oftalmólogos, para que ayuden a reducir la tremenda lista de espera que existe y a brindar atención a mucha gente que hoy no la recibe.
De hecho, se ha mencionado en varias oportunidades que en este momento hay 180 mil prestaciones AUGE atrasadas. ¡180 mil!
El señor PROKURICA.-
Así es.
La señora MATTHEI.-
De ellas, 32 por ciento están vinculadas a oftalmología.
Hablamos de alrededor de 50 mil prestaciones AUGE atrasadas en dicha área. Reitero que se trata de prestaciones AUGE; es decir, que no debieran tener retrasos. Porque las otras han de ser más de un millón.
Y de ese porcentaje, 75 por ciento corresponde a vicios de refracción. O sea, se trata de gente que no puede llevar una vida normal porque nadie les ha recetado lentes.
¡Eso es una vergüenza, señor Presidente! ¡Costureras que no pueden coser, personas que no pueden trabajar porque sencillamente nadie ha estado en condiciones de darles anteojos! ¿Por qué? Porque ha existido un monopolio absoluto de los médicos, quienes han sido los únicos facultados para recetarlos. Como bien recordó el Senador señor Larraín, antes ni siquiera se permitía comprar libremente los lentes para la presbicia, que en el resto de los países se venden en cualquier lugar.
El drama, señor Presidente, es que actualmente no sabemos en realidad cuál es la formación de los optometristas, porque ellos no estudian en Chile, aquí no existe esta carrera. Por lo tanto, puede haber optómetras muy bien formados en algunos países y otros que a lo mejor no cuentan con la misma preparación.
Por consiguiente, optamos por entregarles la facultad de recetar lentes -ello no fue fácil- a los tecnólogos médicos, que son profesionales cuya carrera dura cinco años en Chile, y que cuenta con una mención en oftalmología.
Imagino que, en el minuto en que este proyecto se convierta en ley y salga el reglamento que les permita ejercer efectivamente, en la mayoría de las universidades que imparten Tecnología Médica probablemente se abrirán muchos más cupos y habrá mayor demanda por obtener la mención en oftalmología.
Hoy día, por ejemplo, las enfermeras, las matronas, los kinesiólogos desempeñan una función muy importante en la salud pública y también en la privada. Pero a los tecnólogos médicos nunca se les ha dado la posibilidad de ejercer en forma independiente, aparte del médico. Este siempre ha querido tenerlos bajo su tutela, trabajando con él. Pero se trata de profesionales con cinco años de estudios, igual que un ingeniero comercial. Uno no entiende por qué no se les puede dar la oportunidad de que actúen por su cuenta, en circunstancias de que poseen la formación y el criterio suficientes.
Por lo tanto, en la medida que la presente iniciativa se convierta en ley habrá muchos más tecnólogos médicos que quieran especializarse en oftalmología, porque estarán en condiciones de ejercer, cosa que hasta este minuto prácticamente no pueden hacer.
En consecuencia, entregarles a los tecnólogos médicos este campo y autonomía lo considero impecable.
En todo caso, me parece muy bien la petición de la Senadora señora Alvear en orden a que se fije plazo para formular indicaciones. Porque probablemente tendremos que modificar el artículo transitorio, dado que deja sujeta la autorización para que los tecnólogos médicos actúen en forma independiente a la dictación de un reglamento. Y, con toda la presión que han ejercido tradicionalmente los doctores durante muchos años, quizás alguien podría pensar que ello se va a "demorar", "demorar" y "demorar".
Por consiguiente, creo que la posibilidad de que los tecnólogos médicos actúen no debiera quedar sujeta a un reglamento. Y esa es una indicación que yo por lo menos voy a presentar.
Ahora, ¿qué pasa con los optometristas?
Creo que lo relativo a esos profesionales debería ser objeto de otro proyecto. Porque, por ejemplo, nosotros perfectamente podríamos consignar en una ley la facultad de recetar lentes de cualquier persona que demuestre lo siguiente: primero, haber cursado una carrera universitaria; segundo, que esta sea de cierta duración, y tercero, de ser extranjera, que en su país de origen se le impartieron determinados conocimientos. Y luego de rendir un examen práctico o algo así, se le podría otorgar la respectiva autorización.
Expreso lo anterior porque no sería fácil incluir a los optometristas en la iniciativa que nos ocupa, pues su carrera no existe en Chile. Por ende, no tenemos cómo convalidarla; no sabemos qué estudios comprende, y, tampoco, si en los distintos países donde se imparte dura lo mismo, se enseña lo mismo, se exige lo mismo. No es posible compararlas.
Entonces, señor Presidente, el proyecto no implica un rechazo al ejercicio de los optometristas. Sencillamente, estimamos que el camino más fácil y rápido era permitirles a los tecnólogos médicos con mención en oftalmología actuar en ciertas áreas de esta disciplina. Porque nos consta que han estudiado en universidades serias; que esa carrera tiene tradición en Chile y que tales profesionales se hallan bien preparados desde hace tiempo.
Por eso, lo propuesto en esta iniciativa debería haberse aprobado muchos años atrás. Nos costó sacarla adelante, porque la presión de los médicos es muy fuerte y por lo general ellos priman entre los integrantes de las Comisiones de Salud.
Hago la salvedad de que el Senador señor Rossi, que es médico, siempre estuvo absolutamente de acuerdo en que otro tipo de profesionales pudieran también extender ciertas recetas, lo cual me parece excelente.
Señor Presidente, este paso es muy importante, pero es el primero. Después tendremos que ver qué ocurrirá con los optometristas. Porque, en verdad, constituye una vergüenza para Chile que mucha gente quede ciega por falta de atención de un médico especialista.
¿Por qué sucede eso? Porque los oftalmólogos son los que recetan lentes, y esa tarea la podría asumir un profesional de otro ámbito. En consecuencia, en los casos más graves, como los relacionados con la diabetes, que va deteriorando la visión, las personas no consiguen hora. Y cuando se las dan, el daño ya es irreversible y quedan ciegas.
Tal situación afecta sobre todo a los compatriotas más pobres. Porque los que poseen dinero pagan la consulta y no quedan ciegos a causa de esa enfermedad. Se tratan con cirugía láser. En fin, con todo lo que necesitan.
Quiero plantear otra cosa, señor Presidente.
Aquí se ha señalado la inconveniencia de que los "optometristas" u "optómetras", como se les llama indistintamente, se encuentren ligados a las ópticas; que se debe separar la función de salud de la actividad de venta.
Al respecto, cabe recordar que muchos médicos son dueños de equipos de escáner, de rayos X, de diálisis, de láser, o de laboratorios.
Entonces, si realmente se desea separar la función de salud de la de venta, hagámoslo en todos los niveles. ¡Y no me vengan a decir que los médicos no pueden instalar farmacias! Claro. ¡Pero sí poseen todos los equipos que mencioné! Y muchas veces uno se pregunta si han mandado a alguien a hacerse un escáner porque es preciso pagar la máquina o porque realmente se requería.
Tengamos cuidado con los argumentos, porque cuando se llevan al extremo, al final no resultan creíbles.
Yo no tengo ningún problema en que los optometristas actúen en el campo de la oftalmología, siempre que le aseguremos a la población que dicho profesional ha recibido una formación determinada, que va a significar que a una persona le receten los lentes que necesita.
En la medida que sea factible establecer eso en un proyecto de ley, no me opondré.
Mientras tanto, el camino contemplado en la presente iniciativa es mucho más fácil y directo, porque los tecnólogos médicos se hallan acreditados en Chile; han tenido una muy buena formación, y merecen que se les conceda esa autonomía para actuar. Además, los chilenos los necesitan.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, el debate ha sido muy interesante y apasionante. ¡Qué bueno que despierte pasión una materia como esta!
Lo digo porque hay pocos problemas de salud que tengan tanta relación con la pobreza como los de carácter visual. Siento que en este ámbito es donde en mayor medida se expresan las determinantes sociales de la salud. Como bien señaló en su exposición el Senador señor Larraín, en el quintil más pobre hay seis veces más ciegos que en el quintil más rico.
Ese simple dato muestra la relación profunda que existe entre marginación, pobreza y enfermedad visual.
Y lo más dramático no es la ceguera irreversible -en esto no hay nada que hacer- sino los ciegos que podrían ver si tuviesen la oportunidad de recibir atención médica; de acceder a una intervención quirúrgica, como los casos de tantos pacientes con cataratas que están en las listas de espera y de muchos otros que, según lo expresado por la Honorable señora Matthei, se encuentran en ellas, más que para una evaluación médica, para una evaluación fisiológica de su capacidad visual a fin de recibir lentes.
La señora MATTHEI.-
¡Así es!
El señor ROSSI.-
Lamentablemente -como aquí se ha dicho y lo comparto-, en esta materia ha habido un absoluto monopolio, durante decenas de años, por parte del Colegio de Oftalmólogos, que ha hecho un lobby brutal para evitar que el texto en análisis continúe su tramitación.
Incluso más. Cuando egresé de la Escuela de Medicina y observé la carencia de especialistas en oftalmología en los hospitales públicos, en la atención primaria y particularmente en Regiones -se concentran en Santiago y en el sector privado-, nunca entendí por qué había solo una o dos becas al año para formar oftalmólogos, y tampoco que tales facultativos sostuvieran que existía un número suficiente de ellos de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Entonces, claramente existía interés por preservar un negocio. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Y, dado que aquí no estamos para defender intereses corporativos sino los de los chilenos y chilenas, creo que este proyecto es importante y que es necesario poner el énfasis, no en los tecnólogos médicos con mención en oftalmología, no en los ópticos, no en los oftalmólogos, no en los parlamentarios ni en el Ministerio de Salud, sino en esos pacientes que se hallan en listas de espera aguardando que los atiendan para poder ver.
Conforme a lo expresado por la Senadora señora Matthei, el 75 por ciento de las prestaciones AUGE atrasadas en oftalmología corresponden a vicios de refracción, que son perfectamente abordables y de fácil diagnóstico por quienes han estudiado diez semestres en la universidad: los tecnólogos médicos con mención en oftalmología. Otro debate será si en Chile el día de mañana se forman optómetras, como en otros países.
Repito: como la idea no es beneficiar a determinado grupo de profesionales sino darle a más gente la posibilidad de acceder a la salud visual, pusimos el énfasis en los tecnólogos médicos.
Este proyecto ha sido muy, muy discutido. En la Cámara de Diputados, donde lo presentamos (soy uno de sus autores), experimentó modificaciones fruto del debate, de escuchar distintas intervenciones. Y, tal como está ahora -indudablemente, será factible formular indicaciones-, es una buena normativa.
Considero relevante, sí, lo atinente al reglamento a que se refiere el inciso segundo del artículo transitorio. Será preciso modificar esta disposición. Y, como alguien lo esbozó en la Comisión de Salud, puede ser que ese reglamento no se dicte nunca. Porque fui testigo de las presiones que se ejercieron en la otra rama legislativa y algo me ha tocado ver también en el Senado.
No voy a abundar más en la materia. Solo quiero manifestar que la falta de oftalmólogos en Chile crea un gran problema. Pero no se debe olvidar que hay una enorme escasez de especialistas en general, particularmente en el sector público, y más aún en las Regiones y en las zonas extremas.
Lo señalo porque he comprobado que la distribución de las horas médicas, tanto de medicina general como de especialistas, ¡y para qué hablar de oftalmología!, se concentran en Santiago y, de manera fundamental, en el sector privado. En la actualidad, este atiende 18 a 20 por ciento de la población. El 80 por ciento restante acude a los consultorios, a la atención primaria o a los hospitales públicos.
Y esa distribución refleja justamente inequidad en el acceso a la salud, la cual no podremos resolver si no somos capaces de hacer las cosas como corresponde. Porque los diagnósticos ya están claros. Existe un estudio de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y del Banco Mundial que señala, con total claridad, que hay cuatro factores o variables que influyen en la decisión de un especialista para atender en Regiones: primero, el sueldo; segundo, la infraestructura, equipamiento e insumos para hacer bien la pega; tercero, que ojalá haya centros de formación de profesionales ligados a la salud, a fin de poder desarrollarse desde el punto de vista académico, y cuarto, el colegio de los hijos.
Todo ello ha sido estudiado.
Por lo tanto, creo que hoy día debemos hacer un esfuerzo, junto con el Ministerio de Salud, para abocarnos a solucionar estos serios problemas que finalmente se traducen en los datos que mencioné al principio y que en realidad son muy brutales. Repito: ¡en el quintil más pobre el número de ciegos es seis veces mayor que en el quintil más rico!
Espero que el proyecto pueda ser aprobado en general -ya habrá tiempo para presentar indicaciones-, porque, sin duda, constituye un gran avance respecto de lo que significa romper una especie de cartel que ha estado vigente durante muchos años en el país.
Mis colegas oftalmólogos no me van a convencer de que son suficientes los profesionales en esta área en Chile ni que ellos son tan solidarios y benevolentes que les encanta ir a la atención primaria, a los consultorios, y que prefieren atender a gente pobre que trabajar en sus consultas, donde cobran 80 mil pesos por hora.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, muchas veces me he preguntado lo que significa alcanzar el objetivo muy acariciado en los análisis políticos como es llegar a un acuerdo nacional en torno de determinado asunto.
Y me alegra constatar que en este caso existe consenso: todos los sectores políticos del Parlamento coinciden en que se debe poner término al abuso que se está cometiendo con la atención oftalmológica en el país y en abrir canales que permitan disminuir, ojalá en forma drástica, esta suerte de monopolio radicado en la Sociedad Oftalmológica de Chile.
Me alegro de ello.
Además, muchos señores Senadores -que, al igual que yo, cruzaron la barrera de los 50 y necesitan lentes de manera permanente para realizar una de las tareas más importantes en nuestra actividad, la lectura- no se pueden arriesgar a sufrir retrasos en los controles que periódicamente se deben efectuar. Por eso, sin duda, es preciso poner término a dicha situación.
De ahí que me pronunciaré a favor de la idea de legislar.
No soy médico ni estoy en condiciones de hacer una apreciación de carácter técnico. Pero me parece importante legislar con el propósito de abrir un campo muy amplio de alternativas para las personas que requieren de modo urgente atención de salud visual.
He sido parlamentario en tres Regiones del país. Una de ellas, la Octava, está directamente vinculada con los hechos que suceden en La Araucanía, donde la atención oftalmológica representa uno de los problemas más severos, más trágicos. Ello se traduce en la pérdida de la visión por parte de gente que no tendría por qué sufrirla. Es una situación odiosa de discriminación social, étnica, cultural.
En consecuencia, considero que en este momento el Congreso Nacional, por cierto, está realizando una de las acciones más importantes y, seguramente, esperada por más largo tiempo.
En tal sentido, confío en que el trabajo de los integrantes de la Comisión de Salud permita modificar el artículo que dispone la dictación de un reglamento sobre la materia, para que la ley pueda ser aplicada de manera inmediata, sin necesidad de seguir aguardando. Porque mientras más se demora más espacio se da a las presiones, completamente ilegítimas, que durante largo tiempo han servido para que se perpetúe dicho abuso.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, yo me pregunto sobre la utilidad de este proyecto; qué busca proteger; si efectivamente reducirá la lista de espera, y si va a mejorar los indicadores de salud ocular a partir de la publicación de la ley. Y lo cierto es que la respuesta no me surge tan clara.
Echo de menos en el debate una preocupación real por la salud pública, con todo el respeto que merecen los colegas que han intervenido, en particular los Senadores médicos, como asimismo una apreciación integral del problema. No nos hemos planteado realmente cómo despejaremos los conflictos de interés que se presentan, a pesar de que todos sabemos de su existencia. Había una primera propuesta donde se podían advertir claros intereses económicos; por ejemplo, que quien receta tiene al lado a un vendedor.
O sea, el vínculo entre la industria óptica y el profesional que eventualmente prescribe es algo que sin duda preocupa. Y poco se ha dicho al respecto.
Por eso, me parece que el concepto surgido referente al equipo de salud ocular integral -lo dijo el Senador Rossi en la Comisión- muestra una apertura. Y que me perdone Su Señoría, que es traumatólogo, por lo que diré: no he visto en sus colegas de especialidad una disposición a abrir su ámbito a otros profesionales que pudieran brindar apoyo en esta rama de la Medicina.
El señor LETELIER.-
Hay kinesiólogos.
El señor QUINTANA.-
Así es, pero existe una diferencia: ¡las prótesis para las piernas no se venden en los malls ni en los shoppings!
Esa es la gran diferencia que se produce respecto del tema que estamos analizando. Por ello resulta sumamente importante poner en la discusión lo relativo al conflicto de intereses que pudiera surgir o, mejor dicho, lo que se consignaba en el primer proyecto relacionado con los optómetras.
Lo otro que me llama la atención -de ahí que esté de acuerdo en gran medida con lo expresado por el Senador informante, Honorable señor Ruiz-Esquide- es justamente la preocupación existente en el área de la salud pública por incorporar de diversa manera equipos que permitan reforzarla, pero sin bajar el estándar, como dijo Su Señoría. Porque, con todas las críticas que se han formulado aquí a los oftalmólogos -yo las comparto-, debo señalar que estos profesionales estudian diez años en la universidad, considerando el pregrado y la especialización; y el tecnólogo médico con mención en oftalmología, cinco. Sin embargo, acá se está hablando de una profesión que a algunos les gustaría incorporar, que se da afuera y cuya formación dura dos años.
La visión es muy delicada y la responsabilidad de su cuidado no puede ser entregada a cualquiera.
¡Por favor!, poco tiempo atrás terminó una campaña donde se vio -todos lo sabemos- a políticos repartiendo lentes. Pero aquí muchas veces se intenta justificar ciertos hechos.
En la materia que nos ocupa ha habido una especialidad muy cerrada, la que durante mucho tiempo ha impedido la apertura de más becas de estudio. Y hay que decirlo: en los últimos años el promedio de becas ha sido de 20 anuales; hoy día se está hablando de 60.
Lo anterior, en mi opinión, permite explicar de alguna forma determinadas cifras.
En efecto, en el 2000 se operaron en Chile 6 mil cataratas, y a fines del 2009, 39 mil. A pesar de todas las críticas que se le hacen al AUGE, se trata de un resultado concreto, que muestra apertura. Por ejemplo, el doctor Sergio Echeverría, en la Región de La Araucanía, está tratando de implementar mecanismos para que en la Universidad de La Frontera se empiece a formar este tipo tan necesario de especialistas, según las razones dadas -nuevamente lo cito- por el Senador Rossi respecto de la desigualdad social existente. Pero ella no se resuelve con la llegada de profesionales optómetras importados.
En consecuencia, señor Presidente, pienso que se debe ser cuidadoso y que el reglamento tiene que ser extremadamente claro.
Me parece que los oftalmólogos van a tener un gran asistente -un tecnólogo médico con especialidad en oftalmología- en la tarea que mencionó muy bien el colega Chahuán -en los vicios de refracción-, pero conforme a la lógica de lo que significa un equipo de salud. Porque -no soy experto- no creo que sea positivo que tal tecnólogo termine tratando retinopatías o glaucomas. ¡No, eso no puede ser!
Por tal motivo, resulta importante vincular este asunto a la atención primaria de salud.
Insisto: aprobaré el proyecto sobre la base de un reglamento que sea extremadamente claro, sin bajar nuestros estándares. No nos comparemos con Colombia. A algunos les gusta mucho hacerlo. Ese país tiene optómetras, pero veamos cuáles son sus indicadores en salud ocular.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, en primer término, deseo señalar que este, a mi juicio, ha sido un debate muy instructivo. Y me alegro del consenso que está generando.
Pero quiero compartir muchas de las expresiones aquí formuladas.
Me llama extraordinariamente la atención -me gustaría recalcarlo- la falta de de especialistas médicos en Regiones. En verdad resulta lamentable.
El Senador Rossi -más allá de su condición de médico- se refirió a factores de estudios competentes que indican por qué los especialistas no van a ejercer a Regiones: aparte del sueldo, están el equipamiento, los insumos que corresponden a la rama médica del caso, y el colegio de los hijos.
No sé cuál de ellos influya, o si son los cuatro juntos, pero me da mucha pena ver que en la Región de Atacama la falta de especialistas sea dramática: las listas de espera superan con creces cualquier posibilidad humana de resolver un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Siempre me ha llamado la atención, y he tratado de imponerme de su causa. Lo conversé con ex autoridades del área -en este momento las nuevas están ocupadas con la situación que se está viviendo-, y en verdad se trata de una cuestión respecto de la cual uno quisiera saber cómo abordar.
Recuerdo que cuando hablé con las anteriores autoridades de salud me decían: "Estamos ofreciendo entre 2 millones y medio y 3 millones de pesos, pero igual no se vienen ¡Y no se vienen!". Tal vez hay otros factores que también influyen, pero igual no se entiende. Por ejemplo, Vallenar posee un hospital espectacular que en infraestructura y dotación podría ser equivalente a la Clínica Las Condes, pero carece de especialistas.
Entonces, resulta bastante dramático comprobar -puede que la formación de los médicos lo determine así- que haya poca conciencia social en ellos para, al concluir su especialización, estar dispuestos a ir a Regiones y desempeñarse allí.
Imagino también que algo de eso está relacionado. Lo percibo y lo creo así.
Quiero decir que nosotros estudiamos en la época en que la universidad era gratuita. Y a mi juicio había un compromiso social muy fuerte. Se pensaba que uno debía devolver a la sociedad lo que nos había entregado: la posibilidad de estudiar una carrera -Medicina o Ingeniería- sin pagar.
Hoy en día en mucha gente no hay esa sensibilidad. Se considera que una persona estudió gracias al esfuerzo de su familia, aunado esto a un crédito o a una beca. En fin, el compromiso social es menor. Estimo que ello, de alguna manera, explica la falta de especialistas. Y tal asunto tendremos que abordarlo de una vez por todas, sea en la formación profesional, sea en los estímulos o sea en lo que podamos ofrecerles más allá del sueldo per se o del equipamiento necesario, para que los médicos especialistas puedan interesarse, finalmente, en atender en Regiones y terminar con las gigantescas listas de espera.
En cuanto a lo que concretamente se discute esta tarde -no podía dejar de llamar la atención sobre ciertos aspectos-, lo más triste de todo es comprobar -por eso, a mi juicio, esta sesión ha sido muy ilustrativa- que quizás mucha gente a la que le devino la pérdida de su vista pudo haberla prevenido o evitado si oportunamente hubiere recurrido a un tecnólogo médico, quien está en condiciones de evaluar si un enfermo de diabetes -enfermedad que tiene como secuela, entre otras, la ceguera- u otra persona está empezando a sufrir problemas en su visión, como vicios de refracción, que pueden terminar en la pérdida total de aquella.
Entonces, creo que nadie en esta Sala -sin que se bajen, por supuesto, los estándares ni la calidad, sobre lo cual llamaba la atención el colega Quintana- podrá dejar de manifestar que hay que aprobar el proyecto en debate lo antes posible y que no nos debemos entrampar en el problema del reglamento. Y me parece sano que se exprese -incluso lo han dicho los Senadores médicos- que, lamentablemente, en oftalmología se advierte cierto interés corporativo; que se ha actuado de determinada manera, y que se ha impedido contar con más especialistas en tal disciplina, para que se dirijan a las Regiones más apartadas.
Por lo tanto, pido aprobar cuanto antes la iniciativa, sin enredarnos en lo del reglamento, a fin de que se permita a los tecnólogos médicos contar con nuevas facultades. No hay que olvidar que estudian cinco años para obtener su título. O sea, estamos hablando de un período que equivale al de otras carreras que hoy tienen tremenda valorización: ingeniería civil y comercial, abogacía. Y nos referimos además a un tecnólogo con especialidad en oftalmología.
En consecuencia, no veo por qué deberíamos preocuparnos por el nivel de su preparación si estamos realizando un esfuerzo para acreditar universidades que den una formación más fundamentada.
En mi opinión, llegó la hora de romper ciertos intereses corporativos que han impedido una mayor formación de oftalmólogos y ayudar a la población. Porque resulta incomprensible -como se señaló esta tarde- cómo el estamento más pobre de la sociedad sufre mayor número de enfermedades que pueden provocar incluso ceguera, en circunstancias de que es factible evitarla con un diagnóstico a tiempo, con una receta adecuada o con derivación del paciente al oftalmólogo, si fuese el caso.
La imposibilidad de hacer esa evaluación en forma oportuna y dar, por lo tanto, el primer paso en los consultorios es algo que podemos permitir, para que esta situación no se siga prolongando.
Por consiguiente, solicito que, si se va a fijar un plazo para indicaciones, no dilatemos el poner fin a un problema que resulta en extremo injusto y que está afectando al sector más desfavorecido de la población.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, cuando uno se enfrenta a este tipo de debates, puede hacerlo desde diferentes puntos de vista.
Uno fue planteado por una señora Senadora, cuya opinión comparto: se debe evitar el conflicto de intereses entre el ejercicio de la profesión y la derivación al negocio propio, lo cual sucede en el caso de los hematólogos, en el campo de la oftalmología y en muchos ámbitos de diferentes profesiones. Pero resulta muy molesto cuando ocurre en el área de la salud, donde están involucrados recursos públicos y hay un bien común que se debe cautelar.
La visión económica que se puede hacer de los carteles en este sector es que 92 por ciento de la industria de quienes venden lentes o aparatos ópticos se halla concentrado en cuatro grupos económicos o grandes empresas.
Eso se podría definir desde la perspectiva de las instituciones o universidades que forman profesionales, mercado que también se encuentra bastante concentrado.
Hay varios puntos de vista. El que me preocupa es el de los chilenos y chilenas, el ciudadano común, con mala salud visual.
Para nuestro nivel de desarrollo, el marco legal vigente es inapropiado. Chile no es un país con un ingreso per cápita de 30 mil dólares; no tenemos suficientes especialistas disponibles, ni en el sector profesional existe una voluntad generosa, no solo en el campo de la salud, sino en general. Por ende, en nuestro medio -como manifestó el Senador señor Rossi- se generan seis veces más enfermedades visuales en familias de menores recursos que en las de mayores rentas.
Y, más que criticar, deseo reconocer el mérito que tuvo la campaña de la UDI -sus consecuencias en salud pueden ser nefastas, pero electoralmente fue sido muy acertada- de importar miles y miles de lentes. Lo que hizo con ello fue dar cuenta de una falla en la sociedad chilena; de un vacío de las políticas públicas en materia de salud visual.
Digo que las consecuencias "pueden ser nefastas", porque muchos lentes "cuneta" no son adecuados para ciertas patologías y a veces causan más daño que alivio. Pero sí detectó un problema social, más allá de su tremendo rédito electoral -por algo ese partido llegó a tener 42 Diputados en un momento-: una de las grandes enfermedades relacionada con la calidad de vida es la presbicia. Forma parte de cierto tipo de patologías cuyo diagnóstico no necesita un especialista con 10 años de estudios universitarios. En efecto, técnicos con estudios de nivel superior pueden llenar el tremendo vacío existente y detectar el mal -por cierto, con responsabilidad, como se requiere en cualquier profesión- y derivar a los afectados a un médico especialista, si no encuentran una solución a su dolencia.
Voy a votar a favor de la idea de legislar. Pero, si en el segundo informe se insiste en que el Ministerio de Salud dictará un reglamento, me pronunciaré en contra. Porque ocurre que esa Secretaría de Estado ha sido "capturada" por el Colegio Médico, por una rama de especialistas. Y es por eso que no hemos avanzado en el país durante todos estos años.
Por ende, hago un llamado a los integrantes de la Comisión de Salud para que reconsideren el delegar todo este avance a la burocracia del Ministerio de Salud, que lo va a anular, a menos que se establezca un plazo breve, como un mes. Es superobvio lo que tienen que hacer. Tampoco se requiere -lo digo con mucho respeto- tanta ciencia legislativa para saber qué se necesita para los efectos de dictar un reglamento.
Yo entiendo que hay una formación de por medio. Y en esto voy a defender a los extranjeros que se han formado en la especialidad de técnico de nivel superior -tanto los colombianos que han llegado a nuestro país como los provenientes de otras naciones-, quienes han efectuado un tremendo aporte a las personas de Regiones que no tienen acceso a la salud visual.
Como representante de la Región de O´Higgins, debo decir que nosotros padecemos el drama de los mexicanos. Lo he dicho varias veces: muy cerca del Diablo y muy lejos de Dios.
En la salud pública no existe una dotación adecuada de oftalmólogos. En la atención primaria, lograr atenderse con uno es como sacarse el Kino una vez por semana. Resulta imposible acceder a un especialista visual para la gran mayoría de las chilenas y chilenos.
La verdad es que el proyecto en debate constituye un gran avance. Aquí existe un fenómeno social del cual debemos hacernos cargo. Y si en 10 ó 15 años más se demuestra que esta profesión está obsoleta, habrá que actuar en consecuencia. Pero hoy es una tremenda necesidad.
Voy a votar a favor, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Varios señores Senadores me han pedido abrir la votación.
¿Habría acuerdo para proceder en ese sentido?
El señor NAVARRO.-
Respetando el tiempo original.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Por supuesto.
En votación el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, la verdad es que estamos debatiendo un tema de la máxima importancia para la ciudadanía -no solo para los especialistas-, porque, en mi opinión, la salud debe tener un claro sentido de servicio público. Y hasta ahora los impedimentos para que gran parte de la población pueda acceder a atención oftalmológica son claros y evidentes.
Siempre me he preguntado cuál es el privilegio que tienen los oftalmólogos, por qué hay tan pocas becas. Resulta que el Colegio Médico y estos profesionales gozan de una suerte de proteccionismo que al final nunca permite aclarar el punto.
Me pregunto: si efectivamente existen pocas becas, ¿por qué no se crean más, por qué no formamos más oftalmólogos, por qué hay que pagar una consulta carísima y esperar tanto tiempo para lo mismo? Se lo planteé a amigos y al Presidente del Colegio Médico y el asunto nunca se resolvió.
Siento que esta es una medida adicional interesante, que va a relevar a profesionales como los tecnólogos médicos a cumplir una misión indispensable para el país. Se comienza a hacer justicia.
Las necesidades están claras. Los informes de la JUNAEB revelan que el porcentaje de consultas alcanza, en el nivel prebásico, al 2,4 por ciento de la población; en el nivel básico, al 6,6 por ciento, y que en definitiva la formación de oftalmólogos es muy escasa.
Señor Presidente, el proyecto no solo cambió su nombre, como se ha señalado ("modifica el Código Sanitario con el objeto de permitir la existencia de la profesión de optómetra"), sino que -lo más importante- contribuirá a realzar la profesión de tecnólogo médico con mención en oftalmología al consagrarla como una carrera universitaria. Esto significa que dichos especialistas serán formados por universidades y no por institutos. Ahora, si vamos a relevar esta profesión a tal nivel, los organismos que impartan la carrera deberán estar debidamente acreditados. Facultar al tecnólogo médico para ejercer en oftalmología representa un avance sustantivo. Las encuestas muestran con claridad lo que los señores Senadores han indicado: efectivamente, se requiere mayor atención en la salud visual. Esta "ceguera económica" de las personas que no pueden acceder a atención de salud visual debe terminar.
Mi pregunta es si el reglamento previsto en el artículo transitorio permitirá que ello se materialice. Porque -y es bueno que los tecnólogos lo tengan presente; los Senadores ya lo sabemos de sobra- estamos acostumbrados a aprobar leyes extraordinariamente buenas en sus disposiciones, pero que el Ejecutivo, en virtud de su facultad reglamentaria, o anula su espíritu esencial, o dilata tanto la dictación del texto pertinente que en definitiva aquella no llega a entrar en vigencia. Y tampoco es una cuestión de plazos. Se puede establecer seis meses o un año, pero, si no se cumplen, la verdad es que no hay sanción para el Ejecutivo.
Por lo tanto, lo que se requiere es un acuerdo político. Y, como habrá ocasión de presentar indicaciones y un tiempo para conversar con el señor Ministro, podremos llegar a un entendimiento respecto a cuándo tiene que entrar en vigencia una normativa tan necesaria como esta, así como a las características que debe reunir el reglamento. Porque sucede que hoy legislamos creando una ley, pero es el reglamento el que le da cuerpo y sentido a sus normas. De manera que aquí, en definitiva, el que legisle será el Ministerio de Salud y no el Congreso. Por eso el reglamento debe estar previamente conversado y ser afín con los objetivos que ahora estamos planteando.
En el campo laboral, estos especialistas van a ser una salida y una válvula para una demanda que es, como aquí se ha dicho, extraordinariamente vergonzosa. Habrá una nueva oportunidad de especialización para los tecnólogos médicos y yo espero que, al final, en el campo educacional haya compasión por estos profesionales. Porque los tecnólogos médicos, a pesar de haber estudiado cinco años, no ganan como los médicos ni como los ingenieros civiles. Cabe esperar, entonces, que cuando se quieran especializar no les pongan una vara tan alta que no esté al alcance de su bolsillo. Las universidades, públicas y privadas, deben tener sentido social. Si queremos que los tecnólogos puedan brindar un mejor servicio de salud pública, tenemos que brindarles la posibilidad de estudiar y especializarse.
Yo espero que los consultorios los contraten y los retengan mediante niveles de sueldo adecuados.
El Senador Girardi señaló que él inauguró la presencia de kinesiólogos en los consultorios municipales. Pero ocurre que muchos municipios no pueden contratarlos porque carecen de medios para ello.
Mi pregunta es: ¿vamos a tener tecnólogos médicos diagnosticando y recetando lentes en los consultorios municipales, que es donde realmente se requieren, porque el que tiene dinero para pagar una consulta puede ir directamente a un oftalmólogo? Ello va a depender del financiamiento municipal, de si incorporamos -como el propio señor Ministro indicó- un plan piloto de garantía AUGE que entregue recursos para programas de detección precoz de problemas visuales en los consultorios municipales. Pero eso, como digo, requiere financiamiento.
En consecuencia, quienes hoy estamos dispuestos a aprobar esta iniciativa luego tendremos que votar a favor de la entrega de mayores recursos para esos programas del Ministerio de Salud a fin de que esta normativa no se transforme en una ley muerta, sino en una ley viva que otorgue fondos a esa Secretaría de Estado para que esta, a su vez, los transfiera a los municipios y así pueda haber planes piloto de atención oftalmológica y tecnólogos médicos trabajando en los consultorios y siendo remunerados por sus servicios de acuerdo a la importancia del cargo.
Ahora, ¿cómo se van a validar los títulos de los optómetras venidos de otros países? La verdad es que existe inquietud en un conjunto de profesionales que han llegado a Chile a ejercer en la salud pública. En algunos consultorios populares de la Región Metropolitana los médicos extranjeros llegan al 70 por ciento. En otros casos, como el de Penco, en mi Región, representan prácticamente la totalidad. Y son los que al final se quedan. Y -debo decirlo- lo han hecho bien: los médicos ecuatorianos, los médicos bolivianos. Ellos se quedan en los consultorios y no rotan como los chilenos. Estos abandonan precozmente los consultorios ante una oferta -legítima- de mayor remuneración.
Yo quiero que los tecnólogos médicos se queden en los consultorios municipales, atiendan a los sectores pobres, pero para eso debe haber un financiamiento adecuado.
Por lo tanto, a todos los que van a aprobar esta iniciativa en el día de hoy yo les pido que tengan la misma voluntad a la hora de discutir el presupuesto del Ministerio de Salud y de los municipios, para que efectivamente los tecnólogos médicos puedan diagnosticar, recetar, detectar precozmente las enfermedades de los niños en los jardines infantiles, en las escuelas, en primero y segundo básicos, entre los seis y los ocho años, como afirman los especialistas, cuando todavía es posible corregir las anomalías que presentan los menores en materia visual.
Por eso, señor Presidente, voy va a votar a favor del proyecto. Creo que el ámbito de las indicaciones nos dará la posibilidad de conversar con el Ejecutivo y de perfeccionar su texto. Pero me preocupa que no hayamos abordado -espero que lo hagamos en el segundo informe- la situación de los especialistas extranjeros que ejercen en Chile. Debe haber un mecanismo que facilite, previos exámenes de habilitación, la posibilidad de que presten sus servicios y se desarrollen en nuestro país.
Las unidades de atención primaria oftalmológica fueron creadas para ayudar a terminar con las listas de espera, pero hay que entregarles financiamiento.
Por último, el artículo transitorio debe contener un plazo fijo. Nos comprometemos a ello.
Voto a favor, señor Presidente.
¡Patagonia sin represas!
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Quiero saludar al Círculo de Comunicadores Sociales de Linares, que está de aniversario. Ellos han sido invitados por el Senador señor Larraín.
Sean bienvenidos a esta sesión de Sala.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente, creo que hay bastante acuerdo en que hoy faltan más oftalmólogos.
Los más afectados con ello son, como se ha señalado, los marginados, los más pobres. El quintil de mayor pobreza enfrenta problemas seis veces mayores que los del quintil más rico.
También se ven muy perjudicados quienes viven en lugares aislados. La mayoría de los Senadores representamos a Regiones distintas de la Metropolitana y sabemos que la situación es particularmente grave en las zonas extremas.
En la Región de Aysén, cuya extensión equivale al área entre Santiago y Puerto Montt, hay muchas comunas y localidades aisladas. Y si existen problemas de listas de espera para los habitantes de Coyhaique, muchos más son los que debe soportar la gente que vive en las comunas más alejadas.
Esto no es teoría.
Recuerdo cuando trabajaba en una oficina del centro de Santiago -yo tenía 25 años- y llegó hasta allá desde Coyhaique un señor totalmente ciego, de nombre Aladín Vásquez, quien no pudo ser atendido en su Región por falta de oftalmólogos. Por suerte, yo tenía un contacto -lo digo derechamente- en el Hospital San Borja Arriarán. Al final fue operado y volvió a su casa con la vista recuperada. Pues bien, este mismo señor llegó la semana pasada a mi oficina en Coyhaique porque de nuevo estaba quedando ciego y no encontraba atención en dicha ciudad.
Esto no es teoría; es la realidad que nosotros vivimos todos los días. Por eso el proyecto es tan importante.
La verdad es que, debido a los meses de espera sin un diagnóstico, sin una medición, sin un tratamiento, la gente muchas veces termina ciega. Y tampoco se resuelven problemas oculares de fácil solución, como aquellos cuya rectificación permiten a las personas leer tranquilamente.
Se ha hecho bastante hincapié en algunas potenciales dificultades. A mi juicio, estas pueden ser subsanadas por el reglamento, que establecerá requisitos y limitaciones. En consecuencia, yo confiaría en el texto que debe dictar el Ministerio.
No es lo mismo una presbicia que un glaucoma. Naturalmente, en algunos casos se requiere la atención de un oftalmólogo. Pero acá estamos hablando de tecnólogos médicos con mención en oftalmología, o sea, de personas preparadas que estudian cinco años en la universidad.
Por tanto, yo llamaría a no tener tantos temores.
En mi opinión, resulta fundamental detectar precozmente los problemas de visión. En ese sentido, comparto la idea de entregar más recursos al sistema de salud de atención primaria para que los tecnólogos médicos ayuden a ese propósito y las afecciones sean tratadas en forma adecuada y oportuna.
Está pendiente la discusión sobre la profesión de optómetra. Ello será materia de otro proyecto, de otro debate. Pero, sin duda alguna, la iniciativa en votación, lejos de proteger intereses corporativos, busca defender a la gente, especialmente a la más pobre, a la que vive en lugares más aislados, que clama por recibir atención para sus alteraciones visuales.
Así que, señor Presidente, con mucho gusto voto a favor de la idea de legislar.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, me adhiero a los colegas que han señalado que este ha sido un debate instructivo y serio. Pero tengo reparos sobre algunas cosas dichas aquí. Y además quiero precisar qué es lo que estamos votando.
He escuchado los alegatos de algunos Senadores sobre esta materia. Sin embargo, hay que tener claro que incluso se cambió absolutamente la orientación y el texto de la iniciativa original. Con la normativa aprobada por unanimidad en la Comisión, ha desaparecido, como dijo la Senadora Matthei, el concepto de poner en marcha un proceso de creación de la profesión de optómetra. No existe ese objetivo en la actual propuesta.
Lo que hicimos fue todo lo contrario.
Uno, como hay necesidad de oftalmólogos para tratar los vicios de refracción y como no queremos que esto se devuelva simplemente a otros oftalmólogos, técnicos o tecnólogos y también a los llamados "optómetras", hemos cambiado el texto del proyecto, diciendo: "Si faltan oftalmólogos, debemos darles la opción a los tecnólogos médicos con mención en oftalmología para que se pueda resolver un problema".
¿Cómo se pretende concretar tal idea? Primero, facultando a los tecnólogos para hacer lo que hoy no pueden hacer; segundo, elevando su nivel de instrucción, porque no nos parece suficiente el que exhiben en la actualidad, y tercero, no rebajando el estándar, como dijo el Senador Quintana, para que otros profesionales de la salud tengan determinada posibilidad, pues nos parece que lo que hoy están haciendo no es adecuado para Chile; es rebajar los estándares y, en definitiva, significa crear una suerte de intermedio distinto de lo que es el optómetra y de lo que es el oftalmólogo.
Por lo tanto, lo que estamos aprobando en este proyecto es derecha y claramente volver a una fórmula intermedia, acordada en la Comisión de Salud, con participación del Ministro e incluso de los colegas de la Sociedad Chilena de Oftalmología, etcétera.
Ese es un primer tema.
El segundo es que aquí se ha deslizado una opinión que no me parece apropiada para nuestra Corporación. Lo digo con toda franqueza. Se ha hablado de un monopolio, prácticamente de un cartel, de los médicos oftalmólogos. Y se ha insinuado, a mi juicio inadecuada y torpemente, que los Senadores médicos que participamos en esta reunión o que integramos la Comisión, o al menos algunos de ellos, estaríamos coludidos, dada la forma en que hemos actuado.
Eso, señor Presidente, me parece inadecuado. Hay cierta tendencia de determinados miembros del Senado a insinuar y nunca probar.
Yo, por lo tanto, señor Presidente, quiero pedirle, a título personal, que se envíe una nota al Ministro de Salud y al Presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología, para que hagan llegar los antecedentes que a este respecto se plantean, solicitándoles específicamente que aclaren lo siguiente. Uno: cuál es el real número de oftalmólogos en ejercicio. Dos: si es verdad lo aseverado por el Senador Quintana en orden a que las operaciones oftalmológicas pasaron de 6 mil a 39 mil. Tres: si existe alguna razón que permita generar la creencia positiva de que aquí ha habido un "cartel oftalmológico". Cuarto: por qué, como se ha sostenido ahora, hay pocas becas para estudiar Oftalmología y cuáles son los motivos para ello.
Pero -repito- no resulta admisible levantar una acusación de tal naturaleza sobre una profesión que, más allá de todo lo que pueden ser falsas o inadecuadas actuaciones, no merece el calificativo de "cartel".
Pido que el envío de la nota requerida se curse en mi nombre, conteniendo cada una de las precisiones antes mencionadas, y que la respuesta se dé a conocer en su momento a los Comités o a quienes formamos parte del Senado.
En tercer término, creo que debemos ser muy claros en algunas cosas.
Comparto absolutamente todo lo referido a la necesidad de mayor atención médica por razones de riqueza o pobreza. Yo, durante el ejercicio de mi profesión -desde que empecé a ejercer- y después en el desempeño de mi carrera parlamentaria, he sostenido el valor de la educación y de la salud pública. Esta es la única que puede dar efectivamente atención igualitaria a los más pobres y a los más ricos. Pero, en esas condiciones, nosotros debemos ser muy cautos para saber cuáles son las verdaderas razones que influyen.
Señor Presidente, también se ha planteado aquí que la iniciativa vuelva a la Comisión. Me da lo mismo que retorne o no, porque no creo que haya muchas cosas nuevas que se le puedan introducir. Se ha argumentado que debería volver porque el texto contendría cuatro o cinco enmiendas.
Pero el inciso segundo del artículo 127 del Reglamento, cuando habla de la discusión general y particular a la vez, establece que: "No se considerarán de artículo único aquellos proyectos que, no obstante comprender un solo artículo, contengan disposiciones relativas a distintos temas.".
He estudiado ese asunto con el Secretario de la Comisión. Y la verdad es que, si uno observa el texto del informe, puede apreciar que hay cuatro o cinco modificaciones distintas, correspondientes a un solo artículo, que son absolutamente atinentes a la discusión y a la materia de fondo de que trata el proyecto.
Por eso, señor Presidente, reitero la conveniencia de que nos hagan llegar esos datos. Porque si bien se puede hablar aquí, en el Senado, protegido por las normas constitucionales que nos otorgan inviolabilidad por las opiniones que emitamos, no es dable hacer aseveraciones claramente lesivas para profesiones decentes, para gente muy decente -a pesar de que hay quienes cometen delitos, como ocurre en todas las actividades, y no se puede cargar solo a una de ellas-, ni insinuar algo -que se podrá comprobar en la Versión Oficial- que es manifiestamente agresivo y lesivo para los que intervenimos sobre la materia.
No voy a pedir que se haga una aclaración ni nada, porque no tiene objeto. No vale la pena, ya que, en general, cuando ciertos Senadores efectúan tales planteamientos, nunca van a reconocer que cometieron una falta mínima de respeto hacia sus colegas.
La señora MATTHEI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría, por un minuto.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, solo deseo señalar que a pesar de que el proyecto tenía urgencia para su despacho, durante mucho tiempo nunca se puso en tabla en la Comisión de Salud. A eso me referí cuando sostuve que había habido dificultades para que la materia se tratara en ella.
De hecho, una vez que faltó el Presidente, yo presidí la sesión y coloqué la iniciativa en tabla.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Gracias por la aclaración, señora Senadora.
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, voy a votar a favor del proyecto de ley. Pero antes me gustaría al menos dejar constancia de mi opinión respecto a un tema que, a mi juicio, no es menor.
Tal como lo señaló el Senador Letelier, si en la discusión particular se mantiene el artículo transitorio, me pronunciaré en contra. ¿Y por qué digo esto?
La profesión de tecnólogo médico es reconocida. Y no veo por qué, si tiene ese carácter, es decir, que se puede ejercer cumpliendo las condiciones y exigencias correspondientes, sea necesario, además, dictar un reglamento, como lo señala el artículo transitorio. Y deseo que por favor los señores Senadores lo lean, pues expresa textualmente: "Para acogerse a lo establecido en esta ley, el Ministerio de Salud, dentro del plazo mencionado en el inciso anterior, deberá dictar un reglamento que señale las competencias mínimas que los tecnólogos médicos con mención en oftalmología deberán poseer, así como los procedimientos para su acreditación." O sea, se trata de una profesión plenamente reconocida, que además ha de tener mención en oftalmología. Luego, la norma señala: "Dicho reglamento indicará los requisitos y limitaciones a los que se encontrará sujeta la actividad de los referidos profesionales en materia de vicios de refracción y patologías del globo ocular.".
Señor Presidente -reitero-, es una profesión absolutamente reconocida. De modo que no veo por qué, a través de un artículo transitorio se va a facultar al Ministerio de Salud para que, en definitiva, establezca limitaciones y restricciones a una actividad que es perfectamente lícita y reconocida.
Por eso, estimo que el reglamento carece de todo sentido y que solo basta con la norma permanente.
En el artículo 113 bis que incorpora el proyecto se establecen todos los requisitos necesarios. Es decir, si el tecnólogo médico cumple las condiciones para obtener el título, con mención en oftalmología, por ese solo hecho quedará facultado para trabajar, sin requerir ningún tipo de reglamento.
Por lo tanto, espero que en la discusión particular no se modifique el artículo transitorio, sino que derechamente se elimine. Porque, de lo contrario, vamos a establecer un precedente respecto de profesiones -hoy día, la de tecnólogo médico; el día de mañana puede ser cualquiera otra- reconocidas por el Estado, para que vía reglamentación se coloquen limitaciones y restricciones a su ejercicio.
Por eso, señor Presidente, voy a solicitar que en la discusión particular, si viene el artículo transitorio, se vote primero este y después la norma permanente. Porque me parece que aquel pasaría a ser la disposición esencial del proyecto de ley, mientras que la permanente sería la accesoria.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, no deseo repetir toda la argumentación que se ha dado acá, pero, en realidad, pienso que existe bastante conciencia de que el proyecto es necesario, desde el punto de vista de la demanda de la gente. Porque, como se ha señalado aquí, la capacidad de atención al público en materia oftalmológica está bastante disminuida en el país.
Y tal circunstancia se puede observar en el ejercicio de nuestro cargo. En todos los lugares a los cuales acudimos, una de las peticiones que normalmente nos hace la gente dice relación a la posibilidad de acceder a la atención de un oftalmólogo. Quienes disponen de recursos no tienen inconveniente en tal sentido. Pero para la gran mayoría, sobre todo para los sectores de menores ingresos, constituye un drama permanente.
En el informe se da a conocer la condición en que se encuentra nuestra población en materia de oftalmología.
Si hubiéramos adoptado antes el tipo de solución que establece el proyecto en debate, a lo mejor se habrían evitado muchas situaciones dramáticas, personas que han perdido la vista o que han sufrido grave daño ocular.
A mi juicio, hay que aprobar la iniciativa, porque constituye un avance. El hecho de entregar a estos tecnólogos médicos, con mención en oftalmología -carrera universitaria de cinco años-, una responsabilidad de esa índole y que, además, se establezca que cuando se presente alguna enfermedad ocular grave deberá derivar al paciente a un oftalmólogo, o sea, a un mayor nivel de atención, significa que estamos trabajando en una normativa que apunta en la dirección correcta.
Distinto sería si el optómetra se desempeñara, como ocurre en algunos países, en un área de atención oftalmológica y pudiera emitir recetas por astigmatismo o presbicia. Pero en Chile todavía no tenemos conciencia del estudio que implica ese nivel técnico en materia relacionada con la vista.
Estoy totalmente de acuerdo con el Senador señor Orpis, en cuanto a que el artículo transitorio no es aceptable. No es dable que en virtud de una norma transitoria se pretenda limitar el ejercicio de una profesión, como podría ser cualquier otra, por medio de la dictación de un reglamento que señala cuáles son las atenciones que pueden prestar este tipo de tecnólogos médicos en oftalmología.
Me parece que debe rechazarse el artículo transitorio. Y lo que corresponde es dejar esto a la habilidad y a las condiciones de cada cual. Cuando una persona se recibe de abogado, sabe cuál es el ejercicio de la carrera que podrá llevar a cabo. Cuando una persona se recibe de tecnólogo médico especializado en oftalmología, podrá hacer eso y no otra cosa. Además, la ley en proyecto le pone la limitación de que si se encuentra ante una enfermedad de mayor gravedad deberá derivar al paciente a un oftalmólogo, lo que me parece adecuado. Pero, como digo, no procede aprobar el artículo transitorio.
Por tanto, voy a apoyar la iniciativa sin esa norma. Yo le había manifestado al señor Secretario mi intención de pedir votación separada respecto de ella, pero me ha dicho, con toda razón, que hoy solo nos pronunciaremos sobre la idea de legislar. Por mi parte, temía que si no se presentaba una indicación en ese sentido, el proyecto podría entenderse aprobado también en particular. Pero, si solo se va a votar en general, por supuesto que no puedo pedir la división de la votación.
En cualquier caso, señor Presidente, planteo desde ya mi posición respecto al artículo transitorio: no estoy de acuerdo con él. Por cierto, sí voy a respaldar la norma permanente.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Efectivamente, en la discusión particular se podrá tratar ese punto.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (29 votos afirmativos).
Votaron las señoras Allende, Matthei y Pérez (doña Lily) y los señores Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Escalona, Frei (don Eduardo), García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
En la votación no se consignaron pareos. Sin embargo, cabe hacer constar que los Senadores señor Coloma y señora Rincón habían hecho llegar a la Mesa un documento en el que expresan que hoy están pareados.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Corresponde fijar plazo para la presentación de indicaciones.
Propongo el 13 de septiembre, a las 12.
--Así se acuerda.
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El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Ha llegado a la Mesa una moción de los Senadores señor Gómez, señora Allende y señores Larraín, Quintana y Rossi, con la que dan inicio a un proyecto de ley que refuerza el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (boletín N° 7.172-12).
--Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Asimismo, se ha recibido una comunicación de la Comisión Especial de la Discapacidad y el Adulto Mayor, por medio de la cual informa a la Sala que se ha constituido y que ha procedido a elegir como Presidente al Senador señor Letelier.
--Se toma conocimiento.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Antes de comenzar a tratar el segundo proyecto de la tabla, quiero recordar que es de rango de ley orgánica constitucional, por lo que requiere de 22 votos conformes para su aprobación. Atendido el hecho de que no contamos con ese quórum en este momento, propongo iniciar el debate, dejarlo cerrado hoy día y proceder a votar la próxima sesión.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
--Así se acuerda.
CONTINUIDAD DE SISTEMA PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES EN CONDICIONES CRÍTICAS Y EMERGENCIAS
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre recuperación y continuidad en condiciones críticas y de emergencia del sistema público de telecomunicaciones, con segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7029-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 31ª, en 30 de junio de 2010.
Informes de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones, sesión 36ª, en 27 de julio de 2010.
Transportes y Telecomunicaciones (segundo), sesión 45ª, en 31 de agosto de 2010.
Discusión:
Sesión 37ª, en 28 de julio de 2010 (se aprueba en general).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El proyecto fue aprobado en general en sesión de 28 de julio.
La Comisión deja testimonio, para los efectos reglamentarios, de que los números 3, 4, 5 y 6 del artículo único y el artículo transitorio no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que conservan el mismo texto acogido en general.
En consecuencia, corresponde dar por aprobados tales preceptos, salvo que algún señor Senador, y por la unanimidad de la Sala, solicite su discusión y votación.
--Se aprueban reglamentariamente.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Asimismo, la Comisión deja constancia de que efectuó diversas modificaciones al proyecto aprobado en general, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad, con excepción de la sustitución de las letras b) y c) del artículo 39 A, que se pondrá en votación oportunamente.
Cabe recordar que las enmiendas aprobadas en forma unánime deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión o que existan indicaciones renovadas.
Ruego a Sus Señorías dirigirse al boletín comparado que tienen en sus escritorios. Ahí aparece la modificación efectuada al artículo 39 A, disposición que se está incorporando a la Ley General de Telecomunicaciones.
Dicha enmienda consiste en sustituir las letras b) y c) del artículo 39 A. Fue aprobada por 4 votos a favor (Senadores señora Rincón y señores Cantero, Chahuán y Novoa) y una abstención, del Honorable señor Girardi. Esta modificación requiere el voto conforme de 22 señores Senadores para su aprobación.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión particular.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MORANDÉ (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).-
Señor Presidente, este proyecto de ley nace, en cierto modo, a consecuencia del terremoto del 27 de febrero recién pasado y tiene como objetivo facilitar las tareas de reconstrucción en el caso de las telecomunicaciones y enfrentar futuras emergencias de una categoría similar a la que vivimos en esa oportunidad.
Para ello se proponen algunas iniciativas que dicen relación a la forma en que la autoridad puede contactarse con la ciudadanía con el objeto de dar mensajes de alerta temprana y, también, se definen ciertas materias que tienen que ver con la protección de las infraestructuras críticas de telecomunicaciones.
En situaciones de emergencia resultantes de fenómenos de la naturaleza, fallas eléctricas generalizadas y catástrofes en general, se exige a los concesionarios, permisionarios y licenciatarios de telecomunicaciones transmitir sin costo, en la medida en que sus sistemas técnicos así lo permitan y en que no se afecte la calidad del servicio, los mensajes de alerta que les encomienden determinados organismos públicos con competencia en estos casos.
Lo anterior, con el propósito de permitir el ejercicio de las funciones gubernamentales de coordinación, prevención y solución de los problemas que puedan producirse en situaciones de emergencia.
Los concesionarios de servicios públicos e intermedios de telecomunicaciones, para los fines de permitir el ejercicio de tales funciones, deberán facilitar, según se propone en el proyecto, a la Subsecretaría o a cualquiera de los organismos públicos con competencia en estos casos, la información sobre fallas significativas en sus sistemas de telecomunicaciones que puedan afectar el normal funcionamiento de ellos. Tales requerimientos podrán efectuarse por medios electrónicos y deberán entregarse en la forma y oportunidad que al efecto señale el reglamento que dicte el Ministerio.
En síntesis, se trata de proveer a la población de un mecanismo de transmisión de mensajes de alerta que impidan la ocurrencia de situaciones como las que se vivieron a raíz del tsunami del 27 de febrero. En adelante, la autoridad tendrá la posibilidad de despachar esos mensajes a través, esencialmente, de la telefonía móvil, en un canal especial de que dispone esta tecnología para ese efecto. De esa manera, se podrán dar señales de alerta temprana a fin de evitar la pérdida de vidas humanas.
En cuanto a la reconstrucción, el proyecto contiene artículos que van en la dirección de optimizar la provisión de infraestructura.
Se crea acá, entre otras cosas -en forma muy relevante, en nuestra opinión-, la figura del operador de infraestructura, un servicio intermedio, independiente de la provisión del servicio final de telecomunicación, en la idea de que ello facilite la reconstrucción de las redes de telecomunicaciones afectadas por un terremoto y, además, permita la instalación de nuevos entrantes, especialmente en el caso de la telefonía móvil, para los efectos de que exista más competencia en esa industria en particular.
Por otra parte, se establece un título específico, denominado "De las infraestructuras críticas de las telecomunicaciones", que busca fijar una política única de protección de esas infraestructuras.
El Ministerio, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, desarrollará un plan de resguardo de la infraestructura crítica con el objeto de asegurar la continuidad de las comunicaciones en situaciones de emergencia derivadas de fenómenos como el terremoto último.
La idea acá -y este es un compromiso del país desde que se incorporó a la OCDE- es que exista un adecuado funcionamiento de tales infraestructuras en casos de emergencia: que ellas cuenten con resguardo suficiente en materia energética; que tengan prioridad, por ejemplo, en la provisión de energía en casos de emergencia, a los efectos de que haya continuidad del servicio y no enfrentemos una situación como la registrada a raíz del terremoto último, en que las telecomunicaciones, en opinión de todos, tuvieron un comportamiento deplorable.
Asimismo, se incorpora en el proyecto una indemnización por falta de servicio de acceso a Internet.
Una de las cuestiones que ocurrieron tras el terremoto del 27 de febrero fue la discontinuidad del servicio telefónico, por razones obvias; y existió por ello una compensación, que es lo establecido por la ley. Pero en el caso de la interrupción del servicio de Internet solo hubo compensación voluntaria, no por mandato legal.
Internet es hoy día -todos lo sabemos- una herramienta fundamental de comunicación. Por tanto, creemos que llegó la hora de incluirla también dentro de los servicios públicos afectos a este tipo de regulación, tal como sucede con la telefonía.
Finalmente, la iniciativa propone una simplificación del procedimiento concursal de radiodifusión sonora y optimización de los sistemas de información.
La idea aquí es simplemente, tratándose de emisoras, reemplazar la publicación en el Diario Oficial por una en la página web del Ministerio, lo cual es igualmente eficaz, gratuito y de bastante mayor facilidad operativa para los concesionarios.
Eso es lo que establece el proyecto de ley en discusión, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Como ahora tenemos quórum en la Sala, procederemos a votar.
En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en particular el proyecto (24 votos favorables), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido, y queda terminada su discusión en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Matthei y Pérez (doña Lily) y los señores Allamand, Bianchi, Chadwick, Chahuán, Espina, García, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
CREACIÓN DE ORGANISMO ADMINISTRADOR PARA IMPLEMENTACIÓN DE PORTABILIDAD NUMÉRICA
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Proyecto de ley, iniciado en mensaje y en segundo trámite constitucional, que crea un organismo administrador para la implementación de la portabilidad numérica, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6964-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 43ª, en 17 de agosto de 2010.
Informe de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones, sesión 45ª, en 31 de agosto de 2010.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El propósito principal de la iniciativa es crear un organismo administrador de la portabilidad numérica, el cual se hará cargo de la administración de datos centralizada que contendrá el listado de números tanto de redes de telefonía local como de telefonía móvil, además de los números de servicios complementarios.
La portabilidad en este caso consiste en que los usuarios pueden cambiar su proveedor de servicio telefónico manteniendo el mismo número.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Rincón y señores Cantero, Girardi y Novoa.
El texto que se somete a la consideración de la Sala es el mismo que despachó la Honorable Cámara de Diputados y se transcribe en el boletín comparado que Sus Señorías tienen sobre el escritorio.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
En discusión general el proyecto.
Solicito autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Telecomunicaciones.
¿Hay acuerdo?
Yo no debería dar mi asentimiento. Pero, atendidas las circunstancias, voy a hacerlo.
El señor TUMA.-
Excepcionalmente, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Por eso digo: solo porque se trata de una excepción.
--Se accede.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, este proyecto de ley, que crea un organismo administrador para la implementación de la portabilidad numérica, dice relación a un compromiso suscrito no solo por esta Administración, sino también por la anterior, en términos de avanzar en aquella materia.
Se trata de un tremendo avance, que permitirá disminuir las barreras de entrada, primero, para nuevos competidores en la telefonía celular, y segundo, para que el usuario pueda cambiarse de compañía, lo que redundará en baja de costos y en aumento de la competencia en la telefonía móvil en Chile.
Queremos felicitar al Gobierno y al Ministro, que han tenido una voluntad férrea para progresar en esa línea.
En consecuencia, no nos cabe más que respaldar esta iniciativa.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, con el desarrollo de las telecomunicaciones, el número de teléfono que una persona utiliza pasa, de alguna forma, a ser un activo que incorpora a su patrimonio o que la caracteriza. Por ende, la posibilidad de cambiar de compañía prestadora del servicio y mantener el número constituye un gran avance y un beneficio para millones de usuarios.
Este proyecto, que crea un organismo administrador para implementar la portabilidad numérica, viene entonces a satisfacer una necesidad y a otorgar un beneficio a muchos compatriotas.
La Comisión lo aprobó en general por unanimidad. Y, por cierto, en el segundo informe será factible revisar en detalle su texto e introducirle mejoramientos, si fuere del caso.
Por lo tanto, le solicito a la Sala pronunciarse a favor de la idea de legislar.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, en Chile tenemos más de 14 millones de teléfonos celulares, y una cantidad muy significativa de usuarios no pueden cambiarse de compañía cuando encuentran una mejor oferta porque deben cambiar el número.
El número de teléfono constituye un capital de trabajo, un activo muy importante de personas -empresarios, profesionales, en fin- que durante mucho tiempo han acumulado un caudal de datos indispensables para su actividad, sea laboral o, incluso, de orden social o familiar.
Este proyecto recoge el objetivo de otras mociones, entre ellas una que, como Diputados, presentamos hace tres años con, entre otros parlamentarios, el colega Chahuán. Y en aquel entonces logramos el compromiso del Ejecutivo de empujar una iniciativa legal que les brindara a los usuarios de telefonía móvil igualdad de oportunidades para, sin amarres, sin quedar cautivos, escoger cualquier empresa suministradora del servicio y mantener el patrimonio constituido por su número telefónico.
Esta iniciativa es complemento de otra ya aprobada en la Cámara de Diputados y en el Senado en materia de portabilidad numérica.
Ahora, ¿cómo hacemos que esa portabilidad sea real? Mediante un organismo que administre los números que empezarán a moverse de una empresa a otra. Y eso, tecnológicamente, es imposible al existir distintas compañías. Debe haber una entidad centralizadora que permita el cambio de empresa sin pérdida del número telefónico, el cual -reitero- constituye un capital único para quien lo tiene asignado por largo tiempo.
En consecuencia, este proyecto significa un gran avance. Y expreso mi reconocimiento al Gobierno de la Presidenta Bachelet, por lo que logró en esta materia, y también al del Presidente Piñera. Porque la iniciativa en debate va en la dirección de potenciar a los consumidores para que elijan autónomamente dentro de un mercado competitivo.
En buena hora el Senado aprobará, al menos en general, esta normativa. Y espero que pronto nos hallemos celebrando la existencia no solo de una ley sobre el particular sino también de un sistema que les permita a los usuarios de telefonía móvil ser dueños de su número y decidir con qué empresa firmar los contratos pertinentes.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
¿Por qué no abre la votación, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.
El señor BIANCHI.-
No hay problema.
--Así se acuerda.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Para fundar su voto, tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, este es uno de los proyectos que benefician a las personas.
Tal como lo señaló el Senador Tuma, el número del teléfono móvil muchas veces constituye un capital de trabajo.
Por lo tanto, voy a concurrir con mi voto favorable a esta iniciativa, que crea un organismo administrador para la implementación de la portabilidad numérica.
Sin embargo, quiero hacer presente la necesidad de ampliar la discusión de esta normativa a otros aspectos, los cuales dicen relación al desequilibrio que, en el ámbito de los derechos establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones, existe entre el usuario y las compañías que brindan el servicio de telefonía móvil.
Como en otras áreas de la economía, los usuarios sufren permanentes abusos por parte de dichas empresas, que los cometen amparadas legalmente.
Una de las materias que deseo abordar -al respecto formularé una indicación- se refiere a las altas multas que las referidas compañías le cobran al usuario por el extravío de su teléfono celular.
Los cobros por tal concepto emanan del hecho de que tal normativa considera al usuario como arrendador del equipo que la empresa le entrega al momento de celebrar el contrato pertinente.
El problema estriba en que esa figura legal de arriendo o comodato en la práctica no es real, pues la compañía cobra un único precio por el aparato -en muchos casos, bastante elevado y diferente, según el modelo de que se trate-, por lo que a todas luces existe una venta de aquel.
Mediante dicha ficción legal, las empresas aplican altas multas a sus usuarios, con lo cual, sin duda, generan un buen negocio, paralelo a su giro principal, a raíz del extravío de miles de teléfonos celulares.
Ahora aprobaré en general este proyecto, señor Presidente. Pero durante la discusión particular formularé indicaciones en el sentido que acabo de señalar.
Voto que sí.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier para...
El señor LETELIER.-
No intervendré, señor Presidente.
El señor NAVARRO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Su Señoría no se inscribió. Empero, gracias a la benevolencia de la Sala, le concederé el uso de la palabra para que fundamente el voto.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, aprovechando la presencia del Ministro, uno podría preguntar por qué no se incorporó antes la portabilidad numérica, que opera en muchos países.
Chile registra 16 millones de teléfonos celulares -tantos como habitantes- y va a la vanguardia en la aplicación de Internet y en la incorporación de tecnología de punta a los aparatos de telefonía móvil, a los que luego, con la norma sobre televisión digital, se agregará la televisión.
Algunos parlamentarios tenemos el mismo número desde que ingresamos al Congreso, hace 16 ó 20 años. Yo he querido cambiarme de plan en varias oportunidades -tanto en la Cámara de Diputados cuanto en el Senado- ante mejores ofertas de algunas compañías para usuarios intensivos de la telefonía celular -yo lo era y sigo siéndolo-, pero no ha sido factible concretarlo debido a la consiguiente pérdida del número.
Tal como aquí se ha dicho, el número representa una inversión en el ámbito de la comunicación, del acceso a la información. Por tanto, cambiarlo implica perder redes de comunicación ciudadana.
Entonces, claramente había un interés comercial de quienes deseaban retener el monopolio de la portabilidad numérica exclusiva, con el objeto de mantener secuestrados a sus clientes. Y eso operó por largo tiempo.
El proyecto que nos ocupa ofrece una alternativa concreta para terminar con ese monopolio.
Entonces, quiero preguntarle al Ministro cómo ve la viabilidad política de esta iniciativa.
Entiendo que, si nació del Gobierno, sus parlamentarios estarán de acuerdo con ella. La mayoría o la totalidad de los de Oposición van a votar a favor. Y hemos escuchado solo parabienes.
Me interesan los plazos de aprobación, la individualidad propia de la normativa que estamos analizando, dejando de lado todo el importante conjunto de proyectos existentes en el área de las telecomunicaciones, como el concerniente a la televisión digital o el atinente a la instalación de antenas para telefonía celular.
Esta iniciativa debiera ser despachada con mucha facilidad. Y nada tendría que ocurrir en torno a lo que hemos debatido sobre los artículos transitorios. Porque una vez más, en forma similar al proyecto sobre los tecnólogos médicos que discutimos hace un momento, los artículos transitorios disponen que la propuesta de bases de la licitación "deberá ser remitida a la Subsecretaría, para su aprobación o rechazo, en un plazo de 60 días contado desde su publicación" y que, vencido ese término sin verificarse la convocatoria, dicho organismo "deberá realizar el llamado a nombre de las concesionarias. En cualquier caso, las concesionarias serán las responsables de adjudicar, contratar y financiar la puesta en marcha y operación del Organismo Administrador de la Portabilidad".
¿Cuál es la voluntad real de la empresa? Y me refiero a los concesionarios. Ellos compiten ferozmente. Hoy día no existe un proyecto sobre antenas de celulares que permita reducir su número y, por lo tanto, su impacto, porque se lucha por la mejor frecuencia. Es algo que proseguirá. Pero se les pide a entidades competidoras financiar un órgano que las regule.
Consulto al señor Ministro cuál será la viabilidad de la iniciativa y si se va a lograr poner de acuerdo a las empresas para que cumplan con el articulado transitorio.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
He dicho.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
Después le daré la palabra al señor Ministro.
--Por 26 votos a favor, se aprueba en general el proyecto.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Matthei y Pérez (doña Lily) y los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Escalona, García, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Corresponde fijar plazo para la presentación de indicaciones.
¿Se determina también el 13 de septiembre o se requiere más tiempo?
El señor NAVARRO.-
Acordemos el primer martes o miércoles de octubre.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
¿Está bien el 4 de octubre?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
El 27 de septiembre.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
El 27 de septiembre, a las 12.
Acordado.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MORANDÉ (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).-
Señor Presidente, deseaba decir que la iniciativa, como lo han señalado acá todos los que han intervenido, es fundamental para incrementar la competencia en el mercado de las telecomunicaciones, en particular en la telefonía. Y ello, tanto en la móvil como en la fija, porque el ejercicio de la portabilidad dice relación a las dos clases.
Y, eventualmente, en el futuro, a partir de la llamada "convergencia tecnológica" entre ambas, vamos a tener portabilidad también entre tipos de tecnología. Es decir, alguien podrá usar su número de celular en un teléfono fijo, y viceversa.
Por tanto, son pasos muy importantes para avanzar en la competencia en esta industria, y coincido con lo que han expresado en tal sentido todos los señores Senadores que me han precedido en el uso de la palabra.
¿Cuál es la viabilidad política? Creo que la propia opinión expresada acá revela, al igual que la votación, una posición unánime en términos de progresar en tal dirección.
Los plazos se encuentran determinados en el artículo 1º transitorio. Se fijan 60 días para establecer las bases de licitación, si son aprobadas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y si no se realiza el llamado respectivo, ese organismo lo verificará por las empresas concesionarias.
Si todo va bien, estimamos que, marcha blanca incluida, la portabilidad debería estar funcionando en junio del próximo año. Ese es nuestro ánimo y me parece que las cosas van encaminadas en tal sentido.
Lo que hace el reglamento contemplado es fijar también algunas cuestiones más técnicas, en orden a cómo se realiza, por ejemplo, el traspaso de una compañía a otra, tomando en cuenta que existirá una base de datos de los números telefónicos que tendrá que ser administrada por una entidad independiente. El proceso respectivo deberá ser informado a la base de datos, de modo que es preciso contemplar una serie de pasos en dicha normativa para que ello sea lo más fluido posible y se efectúe en un plazo breve. Estamos pensando en que los traspasos, formalmente, en términos de contrato, no tomen más de 10 días y en que el período en que se deje de recibir el servicio no exceda de una hora o dos. Tenemos presente ese tipo de cosas con miras a un buen funcionamiento.
Estamos considerando una política tarifaria con un componente básico, ya incorporado en la mayoría de los procesos correspondientes de las empresas telefónicas, tanto fijas como móviles, y uno variable, que es un pago por transferencia o por portación del número.
El señor NAVARRO.-
¿Y el costo?
El señor MORANDÉ (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).-
Si bien se depende un poco de cómo se manifieste la competencia, la experiencia internacional indica que el valor es relativamente reducido. Por ejemplo, en Perú, donde se acaba de hacer el ejercicio, son 7 dólares por traspaso, por portación del número. Ello equivale a 3 mil 500 pesos. Se trata de cifras de ese orden.
Por mi parte, estimo, como economista, que la competencia es tan intensa en esta industria que es muy probable que el costo para el usuario, al final, sea cero y que las propias utilidades de las empresas absorban lo que demande la portación. En eso soy optimista. Me parece que será una situación de total ganancia para el usuario, por todos los lados que se mire.
En fin, otro día tal vez les podré contar a todos los señores Senadores nuestros demás planes en telecomunicaciones, que incluyen la televisión digital, así como también una Superintendencia del sector y otras materias afines.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Terminado el Orden del Día.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
A la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, solicitándole informar sobre DISPONIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO PARA ABSORCIÓN DE CESANTÍA EN REGIÓN DE MAGALLANES.
Del señor CANTERO:
Al señor Ministro de Energía, para que se informe sobre PRESENTACIÓN DE SEÑOR ALBERTO ROJAS OLIVARES.
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro de Justicia, para solicitar GRATUIDAD DE REINSCRIPCIÓN DE BIENES RAÍCES DE COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ EN CONSERVADOR DE COYHAIQUE; a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, a fin de pedir DESTINACIÓN DE RECURSOS ANTE PROBLEMAS DE AISLACIÓN EN VIVIENDAS DE ZONA AUSTRAL, y al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con el objeto de requerir ESTUDIO SOBRE RESIDENTES USUARIOS DE TRANSPORTE ÁEREO EN REGIÓN DE AYSÉN Y OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO.
De la señora RINCÓN:
Al señor Ministro de Educación, para que se informe acerca de REPOSICIÓN DE MURO EN MAL ESTADO COLINDANTE CON JARDÍN INFANTIL DE FUNDACIÓN INTEGRA EN LONGAVÍ.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
En la hora de Incidentes, el primer turno le corresponde al Comité Unión Demócrata Independiente, que no intervendrá.
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorale señor García.
INVERSIÓN EN PROYECTOS DE SECTOR SALUD EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA SUR. OFICIO
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, en la Región de La Araucanía Sur, que represento, existe una serie de proyectos emblemáticos del sector Salud cuya inversión debiera estar contemplada para el año 2011.
En consecuencia, solicito que se oficie al titular de la Cartera con el propósito de que informe sobre el plan de reposición de pabellones quirúrgicos del hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena, de Temuco. El terremoto del 27 de febrero pasado destruyó los 16 con que contaba el establecimiento, que es el único de alta complejidad en la Novena Región, lo que hace aumentar significativamente las listas de espera en este tipo de intervenciones.
Se necesita saber cuál va a ser la solución definitiva, el monto de la inversión requerida y la fecha de inicio y la de término de las obras.
Por otra parte, hay proyectos acogidos a convenios de programación entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Salud, respecto de lo cual precisamos saber qué expresión van a tener en el Presupuesto de 2011.
Se trata, concretamente, de la normalización del hospital de Villarrica, caso en el cual se tiene que financiar la compra del terreno para obtener el indicador que permita llevar adelante la inversión prevista para el próximo año.
En cuanto a la normalización del hospital de Pitrufquén, falta que el Ministerio decrete los recursos para licitar el anteproyecto y el diseño.
En los mismos convenios se incluye la normalización del consultorio Miraflores, de Temuco. También se necesita gestionar el financiamiento para comprar el terreno y obtener la recomendación por sectorialista (RS).
Otro proyecto emblemático es la construcción del hospital de Padre Las Casas. El hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena, de Temuco, se encuentra colapsado por una altísima demanda de atenciones de alta complejidad provenientes de toda la Región de La Araucanía. Es vital la obra a que hago referencia, para descongestionar a este último establecimiento y obtener una opción de camas médicas para las derivaciones de Melipeuco, Cunco, Vilcún, entre otras comunas, según el análisis de la red asistencial.
Lo anterior se encuentra en el estudio de prefactibilidad y necesitamos conocer cómo se financiarán las etapas siguientes a partir del Presupuesto del año 2011.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Honorable señor García, conforme al Reglamento.
ANTECEDENTES SOBRE "PLAN ARAUCANÍA". OFICIO
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, solicito que se oficie al señor Intendente de la Novena Región con el propósito de que haga llegar lo que se ha denominado "Plan Araucanía", incluidos, por supuesto, todos los planes y proyectos que lo conforman, su respectivo financiamiento y la etapa de ejecución que se desarrollará en cada uno de los cuatro años que se contemplan.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN HUICHAHUE-PUENTE MOMBERG. OFICIO
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, solicito que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas con el propósito de que informe acerca del estado en que se encuentra el proyecto de pavimentación asfáltica desde el cruce del camino Huichahue (Cunco) al puente Momberg, en el límite de las comunas de Padre Las Casas y Freire.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
El Comité Independientes no hará uso de su tiempo.
En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN ACERCA DE CONTRATOS SOBRE TERRENOS EN ISLA DE PASCUA. OFICIOS
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, en virtud de la ley sobre transparencia, solicito que se oficie al Ministerio del Interior, al Ministerio de Economía y a la Corporación de Fomento de la Producción con el objeto de que hagan llegar al Senado los contratos de comodato celebrados por la Empresa de Comercio Agrícola (ECA), antecesora legal de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas (EMAZA) y que hoy sería parte del Sistema de Empresas Públicas (SEP), a través de los cuales familias de Isla de Pascua entregaron en préstamo sus propiedades para facilitar, en un momento de nuestra historia, el desarrollo de cierta infraestructura.
Se trata de conocer los alcances de esos convenios, no solo de tenerlos a la vista, por cuanto en estos días hemos visto cómo integrantes del pueblo rapanui han tenido que "retomar" sus tierras porque el Estado chileno, que a estas alturas las ha usurpado y usado para fines distintos de los originales, no se las ha devuelto.
Por lo tanto, en virtud del texto legal a que he hecho referencia, pido que los organismos antes señalados remitan los contratos de comodato sobre tierras rapanui -y de arriendo, si los hubiera- celebrados por ECA (hoy EMAZA) o por cualquier otra entidad del Estado.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
COMENTARIO SOBRE AFIRMACIONES DE INTENDENTE DE REGIÓN DE LOS LAGOS. OFICIOS
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, con sorpresa he leído en la prensa de la Región de Los Lagos del día de hoy el artículo firmado por su Intendente, señor Juan Sebastián Montes, quien concluye con la siguiente afirmación: "Sin valores, los políticos son veletas que se inclinan ante cualquier viento".
Debo consignar que no es la primera ocasión en que ese funcionario hace uso de columnas en un periódico para efectuar una descalificación brutal de la acción política. Sin embargo, creo que en esta oportunidad ha ido demasiado lejos, ya que no solo se trata de una afirmación enteramente arbitraria, abusiva y antojadiza, sino que, además, al constituir el propio señor Intendente la primera autoridad política de la Región, en su condición de Presidente del CORE y de representante del Presidente de la República, configura la más evidente autodescalificación.
En la actualidad es una persona que hace de la política una profesión. Ejerce, a título completo, un cargo de designación política. Por lo tanto, si tiene una mirada tan descalificatoria de la acción política, se está descalificando a sí mismo. Desde el punto de vista institucional y reglamentario, no hay otro funcionario con mayor responsabilidad política en la Región de Los Lagos. De manera que, a la luz de sus conceptos y de reiteradas afirmaciones en la prensa regional -no son un hecho aislado, pero hasta ahora nunca había condensado su opinión en expresiones tan violentamente descalificatorias de la acción política-, debiese, si este es su juicio y su manera de pensar, dejar el cargo que ostenta.
La aseveración a que me refiero se basa en una reflexión relativa, entre otros aspectos, a que la política se debería orientar "No escuchando necesariamente a los que más gritan (...) No guiándose por lo más popular, sino por lo que mayor bienestar genera". Es decir, se intenta una justificación sobre la base de defectos, de errores de la política o de quienes la ejercen.
Pero el señor Intendente tendría que ser prudente y no temerario en sus afirmaciones, ya que en las últimas semanas ha sido el propio Jefe del Estado quien, escuchando las opiniones de los sectores ambientalistas, ni más ni menos tomó la decisión de gestionar el término del proyecto de una termoeléctrica en la localidad de Punta de Choros, Cuarta Región. En consecuencia, uno también tiene el derecho de preguntarse si no se estará excediendo el señor Intendente al incurrir en una consideración que, al final de cuentas, también conduce a la desautorización de quien lo designó en el cargo: el propio Primer Mandatario.
Por tal motivo, solicito que mi intervención se haga llegar al Presidente de la República y al Ministro del Interior, que entiendo que son las autoridades institucionales que debiesen velar por que quien tiene la responsabilidad de dirigir el Gobierno Regional lo haga con el respeto y el decoro que tan alta función exige.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Honorable señor Escalona, conforme al Reglamento.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
El Comité Demócrata Cristiano no hará uso de su tiempo.
En los turnos de los Comités Partido Por la Democracia y Radical Social Demócrata e Independiente, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
NO PAGO DE IMPUESTO TERRITORIAL POR EMPRESAS FORESTALES. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, se discute hoy en la Cámara de Diputados el proyecto que prorroga por dos años la vigencia del decreto ley Nº 701, que data de 1974.
En Chile hay más de un millón de hectáreas de suelos frágiles, degradados y que deben ser recuperados. Se trata de un debate interesante. Todos estamos por recuperar suelos, por el fomento de la actividad forestal.
Sin embargo, también es cierto que el impuesto territorial no ha sido pagado jamás por las empresas del sector. Así se lo he planteado a la Corporación Chilena de la Madera (CORMA), a niveles regional y nacional. Son, aproximadamente, entre tres mil y cuatro mil pesos por hectárea, lo que debiera ser cancelado en cada corta, es decir, en cada cosecha. Y, habiendo cuatro o cinco, 60 por ciento de cada una de ellas ha de ser para la municipalidad correspondiente a la plantación forestal. Esto no ha ocurrido. Y, paradójicamente, todas esas explotaciones están asociadas a las comunas más pobres de Chile.
Quiero pedir al Servicio de Impuestos Internos, a la Corporación Nacional Forestal, a los gobiernos regionales y a las comunas donde existen dichas plantaciones -la CONAF posee un listado detallado- que nos informen respecto de qué han hecho en concreto los municipios y el Servicio de Impuestos Internos para cobrar el tributo.
Y también solicito, si es posible, oficiar a la CORMA nacional para ver cuándo se efectuará la cancelación. Se argumenta que en el Servicio de Impuestos Internos no había un código para hacer el pago, que no existía información, lo que resulta absolutamente improcedente. Se trata de varios miles y miles de millones de pesos que las empresas les deben a los municipios pobres y al Fisco. En muchos países, incluido el nuestro, cuando la gente no paga los tributos la meten a la cárcel o la sancionan drásticamente.
La pregunta que reitero al Servicio de Impuestos Internos es cuándo cobrará los tributos a las empresas forestales. Porque en Chile hay dos tipos de varas para hacer justicia: una para los mapuches y otra para esas entidades. Y la de estas últimas es muy blanda, muy corta, y muy dura la de los primeros.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
SITUACIÓN DE PRESOS MAPUCHES EN HUELGA DE HAMBRE. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, leo textual: "Yo soy Luis Marileo Cariqueo, soy de la Comunidad Cacique José Guiñon de la Comuna de Ercilla, a través de este escrito quiero dar a conocer mi situación. Yo soy preso político mapuche, menor de edad, permanezco recluido en el centro penitenciario de Chol Chol, hace cinco meses, por orden del Tribunal de Victoria, se me acusa de Asociación Ilícita Terrorista... Bueno acá adentro ha sido muy duro para mi afrontar esta injusticia que está sucediendo en contra de todo mi pueblo".
Señor Presidente, Luis Marileo Cariqueo es uno de los menores de edad que iniciaron una huelga de hambre en el centro de reclusión donde se encuentran, en solidaridad con la que desde hace 52 días mantienen 32 comuneros mapuches que optaron por esa vía como un mecanismo extremo para denunciar dos cosas: primero, la aplicación de la Ley Antiterrorista, con utilización de "testigos sin rostro", es decir, que nadie puede conocer; y segundo, el empleo de ese cuerpo legal de manera racista contra el pueblo mapuche en su lucha por reivindicación de tierras.
No hay un solo herido; no hay hechos de sangre; no hay ningún elemento por el cual un mapuche pudiera ser procesado como terrorista. Porque ellos no son delincuentes ni terroristas, sino personas que luchan por su tierra y están dispuestas a enfrentar los procesos, ya que sí se han producido situaciones que requieren investigación judicial.
Mediante la huelga de hambre se exigen el término de la aplicación de la Ley Antiterrorista y el fin del doble procesamiento, por la justicia civil y la militar.
El Estado chileno está en deuda, señor Presidente.
Junto con el Senador Quintana le hicimos llegar a la Organización Internacional del Trabajo un informe alternativo -nuestro país no envió ninguno- a propósito del cumplimiento del Convenio N° 169. Para elaborarlo, el colega recogió antecedentes en las comunidades de la Región de La Araucanía, y quien habla, en las de la Región del Biobío. Y lo hicimos porque se terminó el plazo y el Ejecutivo -reitero- no presentó su informe.
Eso denota la absoluta falta de preocupación por cumplir un acuerdo internacional que establece que Chile debe explicar cómo ha incorporado la participación de las comunidades indígenas en el conjunto de acciones legales a las que obliga el citado Convenio.
Señor Presidente, hoy los presos mapuches cumplen 52 días en huelga de hambre. Y la justicia ha aprobado recursos de protección presentados por Gendarmería para "obligar de manera forzada a la alimentación de los huelguistas".
Los he visitado en las cárceles tanto de Temuco (donde hay 14) y Concepción (5) como de Lebu y Angol. Y entre ellos existe la convicción más absoluta de mantener la huelga hasta las últimas consecuencias.
Por principio, no me gustan las huelgas de hambre. Creo en la vida y estoy en contra de la pena de muerte. Pero entiendo que esta ha sido una opción extrema.
Héctor Llaitul, procesado y recluido en la cárcel El Manzano, de Concepción, nos ha expresado algo que a quienes pertenecemos al mundo winka nos cuesta comprender: "Estamos aquí por cuestión de principios; estamos aquí como weichafe; estamos aquí como werken, y así estaremos hasta las últimas consecuencias".
Al parecer, el Ministro Hinzpeter tomó nota de los hechos y hace algunas horas anunció que el Gobierno enviará al Congreso dos proyectos de ley y que está buscando un mediador.
Esa es una buena noticia. Y valoro la preocupación manifestada por dicho Secretario de Estado.
Enseguida habrá que entrar al área chica y ver cuál es el contenido de tales iniciativas y los tiempos en que se despacharán.
Pocos minutos atrás, con los Senadores Quintana y Letelier le pedimos al Ministro del Interior una reunión urgente. Esperamos que nos reciba, no la próxima semana, sino ahora. Porque la huelga de hambre se extiende, y día a día están saliendo desde las cárceles hacia los hospitales regionales de Angol, Temuco y Concepción comuneros afectados por taquicardia, insuficiencia o descompensación.
Asimismo, urge darle viabilidad a la búsqueda de un mediador.
Chile puede ganar en el mundo un lugar que nadie desea: que, en definitiva, pasemos a incorporar la lista de países donde huelguistas de hambre mueren porque el Gobierno no les pone atención.
Algunos dirán: "Existen otros ejemplos: Cuba, Venezuela".
La verdad es que no queremos que haya muertos por huelgas de hambre. Si un hombre está dispuesto a dar su vida por lo que cree, a través de una huelga de hambre, en una lucha, en una guerra o en lo que sea, uno debería al menos valorar su posición.
La excepción la constituye el terrorismo, en el que se entrega la vida quitando otras vidas. Ese no es el caso de los prisioneros mapuches, quienes pretenden dar su vida para brindar más vida.
"Mapuches: hombres de la tierra".
Por lo tanto, ellos están haciendo un acto de contrición, un acto de entrega. Y, por cierto, no debemos esperar que fallezca alguien para decir: "Hoy día vamos a instalar el mediador".
Monseñor Ezzati, quien tiene todo mi respeto y el de la Región del Biobío, al igual que Monseñor Camilo Vial el de La Araucanía, han visitado a los presos mapuches y manifestado que están dispuestos a la mediación en una mesa de diálogo.
Nadie pide que no haya procesamientos. ¡Ni siquiera los comuneros recluidos! Ya se abrieron procesos judiciales. Lo que solicitan es que no se los juzgue dos veces, por la justicia militar y por la justicia civil, y que no se los considere terroristas, porque -repito- este es un trato racista.
¡No esperemos!
Señor Presidente, cuando uno lee la historia de nuestro país se percata de que se halla plagada de hechos similares. Esto no ocurre solamente ahora. Las crónicas de este Senado; las de los años 1917, 1938, 1890; las de la Guerra del Pacífico, y otras posteriores hablan de lo que hacía el Estado de Chile contra los mapuches: les incendiaba las rucas; les quitaba los terrenos.
Bernardo O´Higgins, Director Supremo de la Nación, el 13 de marzo de 1819 invita a los pueblos del sur a dialogar. Reconoce a los mapuches como un Estado al sur del Biobío. Los llama "héroes", "espartanos" (los asimila al pueblo de Esparta), y los conmina "a construir el florecimiento de nuestros Estados".
Ello, porque en ese tiempo al sur del Biobío había un Estado, una nación mapuche, que resistió 300 años al invasor español.
Si alguien luchó por la independencia nacional -lo recuerdo en este año del Bicentenario-, fueron los mapuches. ¡En 300 años, nunca salieron derrotados!
Este Bicentenario no recoge absolutamente nada de todos nuestros héroes de la Independencia: Carrera, O´Higgins, Manuel Rodríguez, Martínez de Rozas, Lira, en fin.
Solo nos hemos centrado en las obras. Únicamente exigimos obras para el Bicentenario: puentes, edificios, pavimentaciones. ¡Y se concursa y debate respecto de más obras!
Yo quiero que el país discuta sobre principios, sobre valores: libertad, igualdad, particularmente sobre la libertad, por la cual luchan los 32 mapuches en huelga de hambre, más los 3 niños que se sumaron hoy día.
Señor Presidente, pido que se envíe copia de esta intervención, en mi nombre y en el del Senador Quintana -con él hemos tenido especial preocupación por estos hechos-, al señor Ministro del Interior; al señor Presidente de la Corte Suprema; a los señores Intendentes de las Regiones donde se encuentran los presos mapuches en huelga de hambre; al señor Ministro de Justicia, y al señor Director Nacional de Gendarmería.
He dicho.
¡Patagonia sin represas!
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de los Senadores señores Navarro y Quintana, conforme al Reglamento.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, al igual que el Senador Navarro, quiero referirme a la huelga de hambre que mantienen los 32 presos mapuches -cada día que transcurre (y llevan 52) su salud empeora- procesados por distintos delitos y encarcelados en las circunstancias que bien describió el colega.
El fin de semana recién pasado tuve ocasión de visitar a los 10 huelguistas que se hallan en la cárcel de Angol, y la verdad es que su condición física se ha deteriorado notoriamente.
He conversado también con los médicos que siguen de cerca el asunto, quienes sostienen que a estas alturas, si la huelga de hambre terminara hoy, el daño en los órganos de los comuneros sería irreparable.
Sin lugar a dudas, su situación es preocupante. No existen mayores detalles, porque no se les han podido practicar exámenes para saber con exactitud las consecuencias que en su salud podría provocar la huelga. Y si esta continúa, lo ocurrido últimamente será quizás la tónica en los próximos días: deberán ser trasladados a centros asistenciales donde puedan recibir ayuda como la aquí señalada.
En estos casos no existen muchas alternativas: o se deja que transcurran los días y las horas, con un resultado tal vez fatal, que nadie desea, o bien se interviene políticamente en un problema que ahora está situado en un contexto por completo distinto del que existía un año atrás.
En mi opinión, tiene poco sentido mirar cuántas veces se aplicó la Ley Antiterrorista en el pasado, o si hubo o no voluntad para modificarla, porque hoy todos podemos explicitar nuestra posición.
Por consiguiente, valoro el planteamiento que hizo ayer el Ministro Hinzpeter. Constituye un paso que permite avanzar -aunque quizás no lo suficiente- al menos en dos aspectos importantes. Porque si se modificara la Ley Antiterrorista, en virtud del principio pro reo podría, eventualmente, beneficiarse también a quienes se encuentran en la situación referida.
Estamos hablando de personas que se hallan en prisión preventiva durante varios meses sin haber sido condenadas. Y por eso la comunidad internacional entera nos está observando. Ayer recibí aquí, en el Senado, la visita del Embajador británico, Jon Benjamin, quien me lo hizo presente con preocupación.
Reitero: el mundo nos está mirando. Estamos ad portas de celebrar el Bicentenario, el que, como podrán imaginar, en el sur del país tiene un sabor distinto, y no solo por estos hechos, sino además porque el Estado chileno llegó 71 años más tarde a esa zona, pues el Ejército quería más bien seguir ampliando la frontera.
Por tanto, señor Presidente, se trata de algo grave.
Y así como en nuestro país seguimos con atención, desde el comienzo hasta el fin, lo acontecido con algunos ciudadanos cubanos y valoramos su desenlace positivo -incluso, algunos se hallan en Chile-, creemos que, como la caridad empieza por casa, es justo que hoy día también nos preocupemos de una situación que los medios de comunicación están informando y que a todo el país le inquieta.
Se trata de un asunto de país más que de gobierno. Y el Estado debe resolverlo con su institucionalidad.
Por eso, sostengo que una segunda alternativa es encontrar una salida política, conversada, con mediación, con diálogo, donde se consideren los temas que el Gobierno ha puesto en debate, y, además, lo referido a limitar las atribuciones de la justicia militar o, más bien, excluir a civiles de su competencia.
Dicho sea de paso, todos aplaudimos la reforma procesal penal, pues implica celeridad y llegar al fondo de muchas causas. Sin embargo, preguntemos qué pasa hoy día en los tribunales de garantía; cómo se ve esta isla, este punto negro que significa la justicia militar, ya que claramente sigue bajo el principio del secreto del sistema antiguo.
Entonces, esta es la oportunidad, desde luego en la lógica de perseguir el delito, de que exista mayor equilibrio por lo menos en las fuerzas.
Y señalo lo anterior no con un afán garantista. Nadie puede decir que aquí hay un sesgo en ese sentido cuando en la Región de La Araucanía existen solo dos defensores penales públicos para causas mapuches. Cada uno de ellos debe atender un sinnúmero de procesos, a diferencia de los fiscales, que tienen dedicación exclusiva.
Lo importante es que, así como el país ha oído al Chile ambiental -en buena hora- y al de los mineros (ello nos parece extraordinario), este sea el momento de oír al Chile de los pueblos originarios.
Yo quisiera reiterar mi preocupación por la información que entregó recién el Senador Navarro en cuanto a que habría menores de edad, quienes se hallan bajo el sistema de imputabilidad penal juvenil, que estarían iniciando una huelga de hambre, porque, sin lugar a dudas, ello haría mucho más compleja aún la situación.
Por último, deseo manifestar que, ciertamente, existe la posibilidad de recurrir a los tribunales para que determinen la alimentación por la fuerza a los huelguistas. Sin embargo, eso dejaría en evidencia la existencia de un diálogo roto, un diálogo fracasado.
Creo que también es importante discutir cuestiones de fondo, como la relativa a las tierras, porque en el último tiempo el Ministro de Planificación ha señalado que no se seguirán entregando a través de compra directa, sino mediante un sistema de puntaje, como la postulación a una vivienda.
¡Nada más ajeno a la idiosincrasia y a la cultura del pueblo originario!
Por tal razón, señor Presidente, solicito que se envíe mi intervención al señor Ministro del Interior, a quien le hemos pedido una audiencia para que nos reciba hoy, y no la próxima semana, porque podría ser tarde.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Cantero, quien representa a la honrosa y gloriosa Segunda Región de Antofagasta.
TRATAMIENTO DE PROYECTO DE ACUERDO SOBRE SUBVENCIÓN PARA INSTITUTO O´HIGGINIANO DE CHILE
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, respecto del proyecto de acuerdo a que me referiré, que se encuentra en tabla para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria, deseo pedir que sea colocado en el primer lugar, atendido que lleva mucho tiempo en espera.
Se trata de una iniciativa que presentamos con los Honorables señores Chadwick, Chahuán, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Orpis, Ruiz-Esquide y Andrés Zaldívar para solicitar una subvención anual a favor del Instituto O´Higginiano de Chile.
Quiero intervenir ahora acerca de ese proyecto de acuerdo, toda vez que la próxima semana estaré fuera del país, y me interesa sobremanera que se considere lo que voy a exponer.
En primer lugar, el Instituto O´Higginiano hace suya la tarea de exaltar la figura del prócer de la patria, siguiendo una tradición existente en toda América Latina en cuanto a crear en cada Estado instituciones con el propósito de rescatar su patrimonio histórico, cultural y sus tradiciones difundiendo los valores y legados de sus próceres.
En Argentina, ello sucede con San Martín; en Uruguay, con José Artigas, en fin.
En Chile, el Instituto O´Higginiano honra la figura, la trayectoria, la herencia cultural dejada por Bernardo O´Higgins desde el punto de vista de sus principios.
Recordemos que nuestro país no ha sido generoso a ese respecto. Fue Perú el que le hizo reconocimientos a O´Higgins, e incluso le dio facilidades para que desarrollara su vida en las haciendas de Montalván y Cuiva, como también refugio durante un largo período. De hecho, vivió más tiempo en esa nación que en Chile.
En segundo término, al Instituto O´Higginiano, que dispone de personería jurídica, se le asignó una subvención, por mandato oficial. Pero lo cierto es que no la está recibiendo.
Esa entidad tiene un centro muy importante, desde el cual se promueve todo un quehacer que se proyecta al mundo, con la publicación de libros referidos a la historia de nuestro prócer en los más diversos idiomas. Ha difundido su figura en países como Japón, Israel. Y, en distintas lenguas, divulga todo el acervo, el aporte ligado a la personalidad de O´Higgins en el mundo político, académico, cultural, religioso, militar y civil.
Por ello, en el proyecto de acuerdo en comento se pide el otorgamiento, a través de decreto de ley, de una subvención bicentenario anual de 3 mil unidades de fomento, con cargo al Presupuesto de la Nación, para beneficio y funcionamiento del Instituto O´Higginiano de Chile, el cual -como señalé- cuenta con personería jurídica otorgada mediante la ley N° 14.609, de 18 agosto de 1961.
Dichos recursos son muy necesarios para la mantención y operación de esa entidad en el edificio que actualmente ocupa.
Con respecto al gasto que se contempla, la idea es implementarlo en la Partida Ministerio de Defensa Nacional de la Ley de Presupuestos, como se dispuso originalmente cuando se diseñó la mencionada subvención, la cual -como dije- no se está entregando.
Por eso en el proyecto de acuerdo se pide oficiar al Presidente de la República y a los señores Ministros de Defensa Nacional y de Hacienda para darles a conocer las consideraciones del caso.
Espero que pueda ser votado la próxima semana y que se apruebe con una amplia mayoría. De hecho, cuenta con un respaldo muy transversal. De manera que confío en que pueda ser tratado y acogido.
Le dejo ese encargo, señor Presidente. Y, como en la Segunda Región somos muy solidarios, ojalá que en mi ausencia usted tome esta bandera con el mismo entusiasmo del Senador que habla.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
La iniciativa quedará en el primer lugar del Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria, Su Señoría, y procuraremos que se vote.
El señor NAVARRO.-
¡Ahí estaremos apoyándola!
El señor CANTERO.-
Muchas gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Y, por supuesto, se hará mención de que se trata de una petición suya, señor Senador.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:18.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción