MODIFICACIÓN A RÉGIMEN JURÍDICO DE TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, antes de continuar la discusión del proyecto, me gustaría que el Ministro de Transportes respondiera la pregunta que le formuló el Senador señor Letelier en cuanto al retiro de la urgencia al proyecto que actualmente se tramita en la Cámara de Diputados, a fin de no pedir segunda discusión para el que nos ocupa.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, el sistema de transporte anterior al Transantiago no era subsidiado, como sí ocurre en todos los países desarrollados -lo expuso también el Senador señor Navarro-; generaba excesiva competencia en las calles; tenía amplia cobertura geográfica; y era operado por pequeños empresarios, con escasa formalidad y un marco regulatorio de alcances generales.

Ese régimen fue reemplazado por un mecanismo de servicios estructurado en unidades de negocios troncales y alimentadoras de áreas y recorridos exclusivos, operado a través de empresas y regulado por contratos específicos, como parte de un sistema de concesiones del transporte público. Este, a pesar de las críticas y luego de los perfeccionamientos, hoy sin duda es más eficiente que el anterior de las micros amarillas, y evidentemente mejor que el que deben soportar nuestros compatriotas en Regiones.

Señor Presidente, el objeto de este proyecto de ley, según el mensaje, es asegurar un servicio de transporte con un adecuado estándar de calidad y que permita una mejora efectiva que favorezca a todos sus usuarios.

Durante el último mes, el Ejecutivo ha ingresado a tramitación en el Congreso dos iniciativas que buscan modificar ciertos aspectos del transporte público concesionado: el que estamos discutiendo y al cual ya hice mención, que modifica el régimen jurídico del transporte público, y el que ingresó a la Cámara de Diputados con fecha 4 de agosto, que aumenta el subsidio nacional transitorio al transporte público remunerado de pasajeros.

Ante todo, quiero señalar que este es un tema de país y requiere que todas las fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo para abordarlo.

Por nuestra parte, tenemos la mejor disposición -así se ha sostenido en reiteradas intervenciones- para buscar mecanismos de solución a este grave problema, que no solo complica al Gobierno en las encuestas sino que afecta especialmente a las personas más pobres que utilizan el transporte público, tanto en Santiago como en Regiones.

Para discutir el punto con todas las cartas sobre la mesa, creo necesario hacer un poco de memoria.

Cuando el Gobierno de la Presidenta Bachelet presentó, a fines de 2007, una indicación al proyecto de ley de presupuestos con el propósito de otorgarle un subsidio de 92 millones de dólares al Transantiago -se buscaba concederle financiamiento hasta abril de 2008, con la finalidad de ganar tiempo y discutir una reforma global al sistema de transporte público de la Capital-, la Oposición de la época (hoy Gobierno) la rechazó en bloque, aduciendo que era preciso hacer una reestructuración y un rediseño completos; que el Transantiago era un saco roto al cual se le inyectaban e inyectaban recursos sin un diseño claro que permitiera mejorar el sistema de transporte.

Ahora que la Coalición por el Cambio está en el Gobierno, y en razón de la excelencia de sus miembros, esperábamos una iniciativa que recogiera las mismas inquietudes que tuvieron los legisladores de la Oposición en ese entonces.

Para sorpresa de todos, nos encontramos con que la solución implementada por las nuevas autoridades es la misma que propuso la Concertación hace tres años y por la que fue ampliamente criticada: un subsidio al transporte público, tal cual lo había planteado este conglomerado en su momento.

Es más. El texto en debate recoge en sus normas lo que el Ministro Cortázar consignó en algunos contratos del momento y, además, ciertas atribuciones que solicitó y que se le negaron.

Señor Presidente, la ley N° 20.378, que estableció un subsidio permanente y uno transitorio para el Transantiago, nació del acuerdo amplio de todos los sectores, en el cual participaron asesores técnicos de la entonces Oposición, encabezados por la señora Rosanna Costa, actual Directora de Presupuestos -"la madrina", como dijo el Senador señor Letelier-, entre otros.

A partir de la aprobación del acuerdo referido y la consiguiente promulgación de la ley que otorgaba tales subsidios, el sistema de transportes de Santiago se transformó en una política de Estado que obliga a todos quienes la hicieron posible.

Por tanto, dicho acuerdo compromete al Gobierno y a la Oposición, como corresponsables de él.

La implementación de las disposiciones de la ley N° 20.378, llevada a cabo de gran manera por el Ministro René Cortázar, comenzó a dar sus frutos. Y creemos que se debe seguir adelante en la implementación de las modificaciones y adecuaciones ya diseñadas.

Cuando se discutió dicha ley, todos los sectores coincidieron en un financiamiento que suponía dos condiciones: por una parte, que era suficiente para el funcionamiento de este sistema de transporte, y por otra, que un monto igual al subsidio otorgado al Transantiago debería entregarse a las diferentes Regiones del país. Así quedó establecido en el Artículo Cuarto Transitorio de ese cuerpo legal, que fue incorporado en la Ley de Presupuestos para el año 2010.

Sin embargo, señor Presidente, en el marco de la reasignación presupuestaria que el Gobierno efectuó después del terremoto del 27 de febrero último, se postergó la entrega de más de 104 mil millones de pesos que la ley citada asignó a las Regiones.

Creemos que, dadas las actuales condiciones, el Gobierno debería devolver, sin mayor dilación, los fondos que las Regiones requieren y que la propia Ley de Presupuestos consigna, y cumplir los acuerdos en orden a traspasar recursos transitorios para la renovación de máquinas en Regiones (la llamada "chatarrización") y los recursos permanentes de compensación por los menores ingresos producto del pase escolar (subsidio al transporte público de los escolares).

Consideramos que se le debe quitar la urgencia al proyecto de ley que se encuentra en tramitación en la Cámara de Diputados y analizarlo con calma, junto con el que nos ocupa, buscando acuerdos que permitan un rediseño completo del plan de transporte.

Pero, ante todo, señor Presidente, exigimos que los dineros aprobados para las Regiones por la ley N° 20.378 sean entregados.

Ellas no pueden seguir subsidiando el pasaje de la locomoción colectiva de los santiaguinos.

Eso me parece de justicia para Regiones como la del Maule Sur, que no solo han tenido que ver cómo resultaron destruidas ciudades enteras producto del terremoto, sino que además siguen esperando los dineros que la ley les otorgó y que se encuentran detenidos.

Le exigimos al Gobierno que la voluntad expresada por el legislador en orden a entregarles un subsidio se materialice cuanto antes.

No podemos acoger un proyecto que establece un nuevo subsidio si los recursos aprobados con anterioridad no han llegado a sus beneficiarios, a los habitantes de las Regiones de nuestro país.

Señor Presidente, en Colbún, los ciudadanos deben pagar 700 pesos para ir a Linares; en Aysén, más de 1.500 pesos para trasladarse a Coyhaique.

Creo que no podemos seguir avanzando sin entender que esta situación afecta a todos los chilenos.

Yo coincido en la importancia de cumplir los anuncios de extensión del Metro en Santiago, como decía la Senadora señora Alvear. Pero, ¿por qué quienes viven en Cauquenes, en Retiro, en Parral, en Linares o en zonas extremas deben seguir viendo cómo discutimos sobre el régimen jurídico del transporte público concesionado y lo ligamos siempre al Transantiago?

¡No más, señor Presidente!

Si queremos descentralizar; si queremos más empleos y superiores condiciones de vida en las Regiones, necesitamos mejorar la salud y la educación. Pero también los servicios públicos, como el de transporte de pasajeros.

Hoy me reuní con dirigentes regionales de la CONABUS (Confederación Nacional de Buses de Transporte Mayor Urbano de Pasajeros) para tratar el punto. Y puedo decir que, al igual que en el pasado no se formularon propuestas para las Regiones -como manifestó el Honorable señor Bianchi-, hoy tampoco se hace. Seguimos quedando al debe.