REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 358ª
Sesión 37ª, en miércoles 28 de julio de 2010
Ordinaria
(De 16:19 a 18:23)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE, JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE, Y CARLOS CANTERO OJEDA, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedán, Eugenio
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
Concurrió, además, el Ministro de Educación, señor Joaquín Lavín Infante.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 18 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor PIZARRO (Presidente).-
Se dan por aprobadas las sesiones 34ª y 35ª, ambas ordinarias, en 13 y 14 de julio del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Tres de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero da inicio a un proyecto de ley que modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado (boletín N° 7.085-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y a la de Hacienda, en su caso; y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Con el segundo hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto del proyecto de ley que modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado (boletín N° 7.085-15).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el tercero retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que faculta al Servicio de Tesorerías para otorgar facilidades de pago a los contribuyentes por impuestos morosos, por un plazo de hasta 36 meses (boletín N° 7.065-05).
--Queda retirada la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Dos del Excelentísimo Tribunal Constitucional, con los que remite igual número de copias autorizadas de las resoluciones dictadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 38 ter de la ley N° 18.933.
--Se toma conocimiento y se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De la señora Jefa de Gabinete del Subsecretario del Interior, con el que responde un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Pérez (doña Lily), mediante el cual requiere información respecto de determinadas materias de seguridad en la comuna de La Cruz, Región de Valparaíso.
--Queda a disposición de los señores Senadores.
Informes
De las Comisiones de Hacienda y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece la gratuidad de las solicitudes de regularización de la posesión y constitución del dominio de la pequeña propiedad raíz regida por el decreto ley N° 2.695, de 1979, en las zonas afectadas por el terremoto y maremoto de 27 de febrero de 2010, con urgencia calificada de "suma" (boletín N° 7.048-14).
De la Comisión de Minería y Energía, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Horvath, en primer trámite constitucional, que regula el pago de las tarifas eléctricas de las generadoras residenciales (boletín N° 6.041-08).
--Quedan para tabla.
Moción
Del Senador señor Chahuán, con la que da inicio a un proyecto de ley que sanciona al conductor que abandona el lugar del accidente automovilístico en que hubiere participado (boletín N° 7.086-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Declaraciones de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señores Navarro, Quintana y Tuma, con la que inician un proyecto de ley sobre aguas subterráneas.
Moción de los Senadores señores Horvath, Bianchi, Orpis, Prokurica y Sabag, con la que dan inicio a un proyecto de ley relativo al reconocimiento de establecimientos educacionales rurales de un determinado ciclo o nivel.
--Se declaran ambas inadmisibles por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme lo dispone el inciso cuarto, número 2°, del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
Proyectos de acuerdo
De los Senadores señoras Pérez (doña Lily) y Alvear y señores Bianchi, Espina, García, Horvath, Prokurica, Ruiz-Esquide y Walker (don Patricio), con el que postulan al señor Vicente Bianchi al Premio Nacional de Artes Musicales (boletín N° S 1.274-12).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
De los Senadores señor Escalona, señora Alvear y señores Chahuán, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro y Tuma, sobre exclusión de beneficios arancelarios a productos israelíes originarios de Jerusalén Este, Gaza y Cisjordania (boletín N° S 1.275-12).
De los Senadores señor Escalona, señora Alvear y señores Chahuán, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro y Tuma, con el que solicitan el reconocimiento del Estado Palestino (boletín N° S 1.276-12).
--Pasan a la Comisión de Relaciones Exteriores.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Señores Senadores, el señor Ministro de Hacienda subrogante don Rodrigo Álvarez solicitó que el proyecto que faculta al Servicio de Tesorerías para otorgar facilidades de pago a los contribuyentes por impuestos morosos, cuya urgencia de "discusión inmediata" fue retirada, pueda ser tratado el próximo martes. Los miembros de la Comisión de Hacienda manifestaron su acuerdo en orden a sacarlo de la tabla de hoy y colocarlo en el primer lugar del Orden del Día de la sesión del próximo martes.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
DESIGNACIÓN DE EDECÁN DEL SENADO
El señor PIZARRO (Presidente).-
Antes de entrar en el Orden del Día, de conformidad con la facultad que me entrega el inciso tercero del artículo 12 del Reglamento del Personal del Senado, propongo a la Sala la designación, como nuevo Edecán del Senado, del Capitán de Navío en retiro señor Roberto Marcelo Berardi Gaete.
Informo a los señores Senadores que puse en conocimiento de los Comités y de la Comisión de Régimen Interior dicha proposición.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.
--Así se acuerda.
GRATUIDAD DE SOLICITUDES PARA REGULARIZACIÓN DE DOMINIO EN PROPIEDADES AFECTADAS POR TERREMOTO
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece la gratuidad de las solicitudes de regularización de la posesión y constitución del dominio de la pequeña propiedad raíz regida por el decreto ley Nº 2.695, de 1979, en las zonas afectadas por el terremoto y maremoto del 27 de febrero pasado.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7048-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 36ª, en 27 de julio de 2010.
Informe de Comisión:
Hacienda y Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas, sesión 37ª, en 28 de julio de 2010.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo principal de la iniciativa es establecer la gratuidad de las solicitudes de regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz efectuadas por los poseedores materiales, que acrediten la calidad de damnificados, de aquellos inmuebles ubicados en el territorio de las Regiones de Valparaíso, Metropolitana, del Libertador General Bernardo O`Higgins, del Maule, del Biobío y de La Araucanía.
El beneficio se aplicará a las solicitudes de regularización que se presenten a partir de la vigencia de la ley y por el plazo de un año.
Cabe destacar que la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz permite acceder a los subsidios que entrega el Estado, especialmente a aquellos destinados a la reconstrucción de viviendas.
Las Comisiones de Hacienda y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas, discutieron la iniciativa tanto en general cuanto en particular y le dieron su aprobación por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Allende y señores Escalona y Navarro; y la señora Matthei y los señores García y Frei, en su calidad de integrantes de ambas.
Las Comisiones efectuaron una sola enmienda al proyecto despachado por la Cámara Baja, consistente en suprimir en el inciso primero del artículo 2º la frase final referida al estado del inmueble damnificado. Esta modificación se acordó por la unanimidad de los Senadores anteriormente mencionados.
El texto de la iniciativa que se propone a la Sala se transcribe tanto en las páginas del informe respectivo como en el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, la relación del señor Secretario General resulta suficiente. La propia denominación del proyecto habla por sí sola.
La iniciativa fue aprobada por la unanimidad de las Comisiones de Hacienda y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas -que actuaron en esta materia según un acuerdo adoptado ayer por el Senado-, no solo con la conciencia de que se trata de un buena normativa legal, sino de que además es urgente su aprobación, debido a que establece la gratuidad de las solicitudes de regularización de la posesión y constitución del dominio de la pequeña propiedad raíz, regida por el decreto ley Nº 2.695 de 1979, en las zonas afectadas por el terremoto y maremoto del 27 de febrero pasado.
Todos concurrimos con el mejor ánimo a la aprobación del proyecto, razón por la cual esperamos que la Sala lo despache a la brevedad con la misma disposición.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, como indicaron el señor Secretario y el Presidente de la Comisión de Hacienda, Senador señor Escalona, el proyecto en debate resulta especialmente importante, tanto para materializar la reconstrucción de viviendas declaradas inhabitables después del terremoto y el maremoto del 27 de febrero último como también para hacer aplicables los subsidios de reparación de ellas.
Uno de los requisitos exigidos a los damnificados consiste en demostrar la calidad de dueños del terreno o inmueble que se cayó o dañó con el terremoto o el maremoto.
Ocurre que muchas de estas propiedades, a la fecha de la catástrofe, no se encontraban legalmente inscritas en el respectivo Conservador de Bienes Raíces. De ahí que el Ministerio de Bienes Nacionales se ha empeñado en un plan especial de regularización de la pequeña propiedad en las seis Regiones afectadas por el movimiento telúrico y en aquellas que sufrieron los rigores del maremoto.
Por ello, se busca que, en el plazo de un año aproximadamente, 36 mil pequeñas propiedades sean legalizadas y regularizadas, a fin de acreditar el dominio de ellas y, de esa manera, con la sola solicitud de regularización, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo asigne a sus propietarios los respectivos subsidios, ya sean de construcción o de reparación.
Por eso, señor Presidente, la ley en proyecto resulta extraordinariamente importante para facilitar las tareas de reconstrucción y para permitir que miles de familias afectadas tengan pronto su vivienda definitiva, dejen las mediaguas y logren a la brevedad su reparación.
En consecuencia, hago el mismo llamado efectuado por el Honorable señor Escalona, en el sentido de que la Sala apruebe por unanimidad y a la brevedad posible la iniciativa.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, por supuesto, votaremos a favor del proyecto de ley enviado por el Gobierno el que -como todos saben- versa sobre un cuerpo legal muy discutido, el decreto ley Nº 2.695, de 1979, que permanentemente ha sido objeto de muchas críticas por la manera en que enfrenta la pequeña propiedad raíz.
Sin embargo, en esta oportunidad, la norma legal que se nos propone consigna un plazo de duración y un foco definido para generar las condiciones que permitan entregar ayuda estatal a los afectados que tengan regularizados sus títulos de dominio.
Además de ello, como plantearon aquí los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, se trata de una modificación absolutamente indispensable para que el Estado pueda llegar, en forma consistente, con los subsidios que está entregando para mejorar las condiciones de aquellos compatriotas que resultaron damnificados por el terremoto y el maremoto, otorgándoles dicha calidad por pertenecer a las Regiones afectadas y propiciando que tales apoyos se hagan efectivos sobre la base de las disposiciones dictadas.
Adicionalmente, se genera una propuesta para que todos los trámites que hagan los damnificados sean absolutamente gratuitos, incluyendo -según determina el artículo 4º del proyecto- las correspondientes inscripciones, subinscripciones y anotaciones en los Conservadores de Bienes Raíces.
Por eso, la aprobación de la presente iniciativa es absolutamente indispensable, a fin de que la mano del Estado pueda ir en ayuda de quienes resultaron damnificados por el terremoto.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, solo quiero hacer presente una constancia que ojalá no sea mal entendida.
Solicito que futuros proyectos de esta naturaleza pasen también por la Comisión de Vivienda y Urbanismo. En ella estamos discutiendo, con representantes del Ministerio del ramo, las políticas de reconstrucción y tratando de compatibilizar instrumentos legales, como el que nos ocupa, con otros impulsados por dicha Cartera.
Sin perjuicio de lo anterior, vamos a votar favorablemente la iniciativa.
Sin embargo, también debo hacer hincapié en que el proyecto adolece de algunas dificultades, en el sentido de que pudiese abarcar otras acciones vinculadas a la generación de un título.
Por ello, hago presente que el sentido último de la normativa propuesta es facilitar que las personas afectadas por el terremoto puedan postular a un subsidio de vivienda cuanto antes.
Para hacer dicha postulación, cabría preguntarse si es necesario, si es requisito sine qua non, tener el título de dominio al día. Ninguna razón legal obliga a ello. Tal exigencia es una norma reglamentaria del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, no una disposición de ley.
Ello afecta a dos tipos de situaciones: una, concerniente a la regularización de la posesión de una propiedad donde no es posible disolver una comunidad de herederos a través de un procedimiento que le asigne a uno de ellos el goce y uso total del inmueble, y otra, la que puede presentarse cuando falte alguno de los herederos o cuando existe una posesión de hecho durante largo tiempo y no se cuente con un instrumento que acredite el dominio.
Señor Presidente, aquí estamos viendo solo los casos -no son los más, sino los menos- de las zonas dañadas por el terremoto en que no existe ningún título y se quiere generar uno.
Además, entiendo que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo permitirá que los interesados postulen al subsidio al iniciar dicho trámite, no cuando este se encuentre terminado.
Eso es positivo.
Pero queda pendiente qué hacemos con las sociedades hereditarias, con las comunidades o con las que la gente habitualmente denomina "sucesiones".
En ese ámbito, se da el absurdo que referiré a continuación. Llamo la atención de la Sala sobre esto dado que, si no se aborda bien el punto, la política de reconstrucción puede fracasar o resultar muy dañada.
Cuando se trata de una viuda con su hijo, se piden acciones similares a las que se exigen a una comunidad hereditaria entre cinco hermanos que heredaron una propiedad de sus padres.
Esa es una dificultad, porque tales trámites son onerosos.
Hasta hoy no se ha liberado de costo la regularización, la cesión de derechos o el procedimiento especial contemplado en la Ley Tocopilla para las comunidades sucesorias. No se ha establecido gratuidad en esos trámites -necesario para facilitarlos-, ni un procedimiento más ágil.
Por último, señor Presidente, en el inciso segundo del artículo 2° del texto propuesto se consigna que la calidad de damnificado se acreditará mediante instrumentos que quizás no sean los que correspondan.
Me explico.
El documento para calificar a alguien como "damnificado" es la Ficha de Damnificado que ejecuta cada municipio, no la ficha técnica extendida por la Dirección de Obras Municipales, que dice relación a la casa que ocupa la propiedad.
Sobre el particular se presenta un problema. Porque hay damnificados que eran allegados o arrendatarios y que disponen de una propiedad de sus parientes donde ir a vivir. Pero allí tal vez no exista una casa deteriorada por el sismo. Y eso les impedirá regularizar la propiedad a través de este mecanismo, que resulta necesario para facilitar las cosas.
Señor Presidente, entiendo que estamos en el trámite de discusión general.
El señor LARRAÍN.-
Sí, pero el proyecto tiene urgencia calificada de "suma".
El señor LETELIER.-
Entonces, con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 2° vamos a cometer un tremendo error, porque, según las políticas del Ministerio de Vivienda, el documento para determinar la calidad de damnificado es otro, no los establecidos en dicha disposición.
Señor Presidente, como se me ha agotado el tiempo, pido un minuto más para terminar de explicar el asunto.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Continúe.
El señor LETELIER.-
Gracias.
Para el MINVU, el instrumento que acredita la calidad de damnificado no es el certificado de la Dirección de Obras Municipales, sino el que emite la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), que ingresa a un banco de datos de dicha Secretaría de Estado, lo cual permite que la gente entre al Sistema Rukan para postular al subsidio.
El documento calificador de "damnificado" no corresponde a ninguno de los contemplados en el proyecto: no es el certificado extendido por la Dirección de Obras Municipales ni el que entrega el SERVIU o el Ministerio de Vivienda.
Dicho instrumento es una encuesta única nacional que administran los municipios. En mi opinión, a ella se debería hacer referencia en el artículo 2°. Si no, se va a producir una dificultad.
Reitero: la calidad de la vivienda, por sí sola, no es lo que acelera el derecho a ingresar una solicitud de regularización, sino el hecho de que el postulante tenga la calidad de damnificado.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, quiero agradecer esta iniciativa del Ejecutivo, que ayuda a resolver un problema que se les ha suscitado a los damnificados por el terremoto que no cuentan con la regularización de sus títulos para poder acceder al subsidio de reconstrucción.
Acreditar la propiedad del dominio de una vivienda que fue destruida, total o parcialmente, es uno de los requisitos para postular a alguno de los subsidios generados por el actual Gobierno. Dicha acreditación puede no hacerse al momento de postular, porque es factible que tal tramitación se encuentre pendiente, por distintas consideraciones.
Sin embargo, hay situaciones especiales que, por su complejidad, implican un trámite ante el Ministerio de Bienes Nacionales, cuyos procedimientos habituales toman más tiempo del requerido para entrar en los plazos establecidos para acceder al subsidio de reconstrucción.
Por eso la iniciativa me parece muy positiva. También, por su efectividad, por su rapidez para materializar el beneficio y por la gratuidad que se plantea respecto de los costos en que se pudiese incurrir tanto ante el Ministerio como ante los conservadores de bienes raíces, todo lo cual facilitará los trámites y ayudará a la gente.
Además, en las reuniones que he sostenido con las autoridades de la Cartera de Bienes Nacionales, me he percatado de que existe la voluntad de proceder con la mayor agilidad posible. De hecho, esta experiencia las está impulsando a revisar incluso los procedimientos normales de regularización que se presentan anualmente, con el propósito de contar en este ámbito con mecanismos que permitan actuar con la mayor celeridad posible.
A mi juicio, cabe aprobar el proyecto sin mayor discusión, ya que su propósito es claro, preciso y, además, muy positivo.
Con respecto al planteamiento que formuló el Senador que me antecedió en el uso de la palabra sobre el inciso segundo del artículo 2°, donde se dispone que deberá acreditarse la calidad de damnificado, considero que, pese a que el colega tiene razón en que el camino técnico probablemente sea otro distinto, dicha norma igual permite lograr el objetivo propuesto.
Porque hoy día, para postular a un subsidio de reconstrucción, se requiere contar, entre otros elementos, con el certificado extendido por la Dirección de Obras Municipales donde se acredite que el interesado es el titular -o está en proceso de serlo- del dominio de la propiedad afectada, en forma total o parcial, a raíz del terremoto. Por tanto, ese documento se solicita de todas maneras.
De hecho, según la información que se ha dado a conocer, ya hay alrededor de 220 mil personas damnificadas que poseen la documentación emanada del municipio. Esta incluye una encuesta -como manifestaba el Senador Letelier- que hace el registro correspondiente, el certificado referido y la Ficha de Protección Social. Todos esos documentos deben presentarse al Ministerio de Vivienda para postular al subsidio señalado.
Si dicha Cartera posee tales antecedentes, bien puede, a través del SERVIU respectivo, dar la certificación para acreditar la calidad de damnificado, como lo plantea el proyecto.
Por consiguiente, aunque lo anterior no se halle expresado mediante una redacción perfecta, por cualquiera de los dos mecanismos indicados se puede certificar que el postulante tiene la calidad de damnificado por el terremoto o maremoto respecto del inmueble cuyo dominio busca regularizar.
En consecuencia, resulta innecesario modificar el tenor del inciso segundo del artículo 2°, toda vez que ello demoraría la tramitación de la iniciativa. En beneficio de la rapidez, se puede aprobar tal como está.
En mi opinión, los problemas que se anuncian no se suscitarán, porque, así y todo, la redacción propuesta permite que, por las distintas vías fijadas, igual se cumpla el objetivo del proyecto.
He dicho.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, se trata de un asunto de la Cuenta.
La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura estaba terminando su sesión cuando se inició la de Sala, razón por la cual no pude hacer esta solicitud en su momento.
Pido que se recabe el acuerdo del Senado para que se oficie al Ejecutivo a fin de que patrocine la moción que presenté, junto con los Senadores señores Prokurica, Sabag, Bianchi y Orpis, relativa al reconocimiento de establecimientos educacionales rurales de determinado ciclo o nivel, la que fue declarada inadmisible.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Su Señoría, la Mesa ya determinó enviar dos oficios a ese efecto: uno relacionado con la moción de los Senadores señores Navarro, Quintana y Tuma, sobre aguas subterráneas, y otro referido a la moción mencionada por usted, que va en beneficio de los establecimientos educacionales rurales.
Por tanto, está resuelto ese problema.
El señor HORVATH.- Gracias, señor Presidente.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, a raíz de diversas crisis por catástrofes suscitadas en el medioambiente -por ejemplo, las erupciones de los volcanes Chaitén y Hudson-, se han dictado leyes especiales. Yo me alegro de ello, porque nos posibilita remediar problemas reales y concretos, aun cuando algunos de los elementos por discutir podrían ser parte de la legislación ordinaria.
En el caso que nos ocupa, me parece adecuado regularizar la pequeña propiedad raíz afectada por el terremoto que carece de título de dominio o que está sujeta a subdivisiones no reguladas, pues acreditar dicha posesión es una exigencia para postular al subsidio pertinente.
Tal como se lo manifestamos al Subsecretario de Bienes Nacionales, la futura ley va a requerir mucho dinamismo y compromiso. Ello, porque, a la luz de los hechos y ante la evaluación de lo obrado en las situaciones vividas a raíz de las erupciones de los volcanes Chaitén y Hudson en los años 2008 y 1991, respectivamente, hemos aprendido mucho.
Aprobamos las leyes y luego hay que ejecutarlas de modo efectivo.
Espero que, una vez acogido el proyecto en debate, el plazo de un año sea suficiente para poder postular. Los 6 meses que, según asegura el Subsecretario, durará el trámite -normalmente tarda 18- podrían tornarse insuficientes.
En ello los municipios jugarán un rol clave. Cabe advertir que estos se encuentran colapsados en su capacidad de atender procedimientos administrativos, y es posible que un año no les alcance. Habría que aclarar si se trata de un año desde el momento de la postulación o si se dispone de ese lapso para presentar los antecedentes.
Conviene señalar que, cuando elaboramos una iniciativa, siempre es en beneficio de los usuarios o de los afectados.
Ahora bien, frente a la posibilidad de reducir el plazo de 18 a 6 meses, el Ejecutivo propone habilitar tres unidades de emergencia, lo que implica contratar personal adicional. Son 20 funcionarios aproximadamente por Región los que se incorporarán de manera transitoria al Ministerio de Bienes Nacionales para desarrollar el trabajo encomendado: un abogado jefe, 10 técnicos de catastro, 3 abogados para regularizaciones, un técnico supervisor, 3 administrativos, una secretaria y 5 choferes alarifes.
Se trata de un equipo compacto que desarrollará la tarea que actualmente realizan entidades privadas, las cuales cobran entre 200 y 400 mil pesos por efectuar el trámite pertinente a quien lo requiera. Debido a este alto valor, las familias de escasos recursos afectadas por el terremoto no han podido regularizar la situación de su vivienda. Ese costo lo asumirá el Estado.
El mayor gasto fiscal que representan las referidas oficinas de emergencia es de 2 mil 873 millones de pesos, más un gasto fijo de 188 millones adicionales. Es decir, se está haciendo una fuerte inversión para que los damnificados puedan regularizar.
Pido al Gobierno que tal gasto extraordinario no afecte los programas ordinarios de regularización de títulos de dominio en las Regiones.
En tal sentido, comprometimos al Subsecretario del ramo para que informe respecto de cuántos son los recursos previstos a este fin para 2010 en las Regiones del Biobío, del Maule, de La Araucanía, y cuántos se otorgarían en forma extraordinaria.
Es posible que en algunos casos la información se cruce y que coincida con gente que estaba postulando a la regularización de su vivienda ahora afectada. Sin embargo, lo que no podría ocurrir sería que disminuyeran los programas normales de saneamiento por haberse creado este plan de emergencia.
Las fechas programadas para dar inicio a este proceso quedarán claras una vez que se apruebe la normativa.
Cabe resaltar que, dado que se eliminó la exigencia de presentar el certificado de inhabitabilidad para acceder al beneficio y se estableció de manera genérica que la vivienda tenga daño parcial o total -por cierto, ello también precisa una certificación-, es factible postular al subsidio también respecto de viviendas con daño menor. O sea, si estas cumplen con los requisitos fijados, se podrá acceder al beneficio para su saneamiento.
Señor Presidente, en ese sentido los municipios van a necesitar apoyo. Planteamos el punto al Subsecretario. Si bien hay un fortalecimiento de los funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales, aquellos órganos igual requerirán mayor respaldo. Espero que la SUBDERE abra un camino para robustecer de modo transitorio la acción funcionaria de las municipalidades, a fin de agilizar el proceso. De lo contrario, podría haber ahí un retraso o un estancamiento.
Votaré que sí, señor Presidente, porque este proyecto resulta necesario, sin perjuicio de las observaciones que he formulado. En todo caso, nos encargaremos de que estas se recojan.
He dicho.
¡Patagonia sin represas!
El señor PIZARRO (Presidente).-
Antes de conceder la palabra, deseo hacer una consulta a los miembros de la Comisión de Hacienda o a los de la de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
El artículo 6º del proyecto establece que el mayor gasto que represente esta operación extraordinaria se financiará con cargo al presupuesto del propio Ministerio de Bienes Nacionales.
Se trata de una Cartera con un presupuesto pequeño.
Entonces, la pregunta hecha por el Senador señor Navarro es válida para el resto de los programas en el país.
Llama la atención que no exista un presupuesto extraordinario para enfrentar una situación extraordinaria.
Por eso, consulto si esta materia fue analizada en las Comisiones, si se adoptó algún compromiso en tal sentido y de cuántos recursos estamos hablando.
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, no cabe duda de que la iniciativa es oportuna y beneficiará y llevará tranquilidad a miles de familias en las zonas afectadas por el terremoto y el tsunami.
La futura ley se aplicará en forma práctica y operativa, aunque su vigencia será solamente de un año. Con todo, significará una solución real para miles de miles de personas que están en esa situación.
Los requisitos para acogerse al beneficio han sido señalados tanto por el señor Secretario en su relación como por los señores Senadores que han intervenido.
Destaco que las solicitudes de regularización no tendrán costo para los beneficiarios, tanto en los trámites legales relacionados con el Ministerio de Bienes Nacionales como en las anotaciones que deben hacerse en la notaría y en los respectivos conservadores de bienes raíces. Es muy importante aclarar esto, porque cada una de esas diligencias conlleva un alto costo.
Ahora bien, los 9 mil casos que se estima que serán favorecidos representan un desembolso de 3 mil 61 millones de pesos. En el informe se establece con claridad que ello "se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Bienes Nacionales y, en lo que faltare, con cargo a la partida del Tesoro Público.". Eso ya está debidamente contemplado.
Las Comisiones de Hacienda y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas, aprobaron por unanimidad el proyecto. Y este viene con urgencia calificada de "suma" porque apremia poner en vigencia la normativa a fin de que la gente empiece a buscar la solución efectiva y real a su problema mediante el uso de los subsidios y los beneficios que necesita para recuperarse de la catástrofe que tan duramente ha azotado a nuestro país.
Por cierto, votaré con agrado a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, valoro la iniciativa del Ejecutivo, que pretende resolver en parte la grave situación por la que atraviesan miles de damnificados en las zonas afectadas por el terremoto.
El día de ayer, gracias al consentimiento unánime de los Comités, pudimos aprobar sobre tabla un proyecto de acuerdo que solicitaba al Gobierno extender el plazo de inscripción en el Registro de Damnificados, que vence en estos días, y además, revisar lo concerniente al requisito de título de dominio hasta el 27 de febrero.
La iniciativa legal que hoy discutimos recoge una realidad que en las zonas rurales de nuestras Regiones se ha convertido en un impedimento grave para que miles de familias puedan acceder a los beneficios que el Ejecutivo está impulsando en materia de vivienda.
Yo me alegro de ver este proyecto de ley.
Creo que el Ejecutivo tiene que revisar los requisitos y las distintas resoluciones que se han dictado para acceder a los beneficios de vivienda. Y, obviamente, va a contar con nuestro respaldo y voto favorable en esta materia.
Pero considero que se deben revisar -como lo señalaban quienes me antecedieron en la palabra- los recursos humanos y económicos con que cuentan las municipalidades, las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo y las direcciones regionales del SERVIU para llevar adelante esta tarea.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, en cuanto a su consulta acerca de si las Comisiones de Hacienda y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas, analizaron la circunstancia de que no se afecte la demanda normal de regularización de títulos de la pequeña propiedad, el Subsecretario de Bienes Nacionales, don Carlos Llancaqueo, señaló expresamente ayer en las Comisiones unidas que se trata de un programa extraordinario, es decir, se aplicará además de las regularizaciones normales que lleva a cabo esa Secretaría de Estado.
Y en segundo lugar, el costo del proyecto es de 3 mil 62 millones de pesos. Esos recursos se hallan contemplados en el Ministerio de Bienes Nacionales, pero solo una parte se gastará con cargo al presupuesto de 2010; el resto se imputará al presupuesto de 2011, dados los pocos meses que quedan para concluir el presente año. Por lo tanto, los fondos para el financiamiento están completamente asegurados.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Muchas gracias por la aclaración, Su Señoría.
Le agradezco la información.
Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, en general, lo que nos lleva a apoyar este proyecto es que apunta a un tema central: la gratuidad de la solicitud de regularización de la posesión y constitución del dominio de la pequeña propiedad raíz, que resulta fundamental para disponer de los subsidios.
Esta mañana conversé acá con el Alcalde de Talcahuano y quedé verdaderamente preocupado, porque esa ciudad -para nadie es un misterio- es una de las más dañadas por la catástrofe.
Le pregunté con cuántas viviendas, no de emergencia -hay 1.800 de este tipo en la comuna-, sino definitivas contaba, porque se ha hablado de que existen experiencias pilotos de instalación, y el alcalde me respondió que cero. Y gran parte de las causas por las cuales este proceso ha ido más lento de lo que uno piensa, no solo allí, sino en las distintas Regiones afectadas por el terremoto, tiene que ver justamente con los requisitos.
Insisto: aunque estoy de acuerdo con la gratuidad y con el aspecto central de esta iniciativa, tengo los mismos reparos que expresaba el Senador señor Letelier. Creo que, en lugar de facilitar el trámite, podríamos desordenar aun más el sistema.
Hubo cambios de criterios, no solo una, sino varias veces, respecto de cómo van a operar esos subsidios.
Entonces, estamos haciendo más complejos los requisitos, ya que la calidad de damnificado hoy la dan las direcciones de desarrollo comunitario y nosotros, mediante este proyecto, abrimos la posibilidad de que también la puedan otorgar las direcciones de obras municipales. Como se sabe, estas ya tienen suficiente con acreditar la condición de inhabitabilidad, dictar decretos de demolición -total, parcial; en fin, todo ese proceso- y, en algunos casos, extender certificados de inhabitabilidad para los propietarios, el arrendatario, etcétera.
Reitero: reviste mucha relevancia despejar esas dudas.
Por eso, junto con Honorable señor Letelier, suscribimos una indicación que, en alguna medida, tiende a ordenar esta materia.
Me parece que ello resulta fundamental. De lo contrario, como decía el Alcalde de Talcahuano en la mañana, podrían pasar, en algunos casos, hasta dos años antes de que en algunas comunas de Chile se vea la primera vivienda reconstruida luego del terremoto.
Vamos a aprobar en general esta iniciativa, pero nos interesaría mucho despejar dudas.
Ya se está clarificando el tema del financiamiento, pues no se puede vestir un santo desvistiendo a otro, más aún si se trata de un Ministerio con tan pocos recursos, que apunta justamente a los pequeños propietarios o a quienes desean regularizar su situación a través de programas, por ejemplo, como el de títulos de dominio gratuitos. Y quitarles dinero constituiría, en verdad, una gran dificultad para ellos.
Por lo tanto, si se encuentran cubiertos esos recursos, es un problema menos. Pero -insisto- considero relevante que mediante este proyecto no enredemos más las cosas.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, sin duda, esta iniciativa recoge un sentir que dice relación a la urgencia con que los damnificados requieren que el Estado los ayude a atender su emergencia.
Apunta en el sentido correcto al permitir que el Ministerio de Bienes Nacionales se haga cargo del saneamiento de los títulos para tener la posibilidad de recibir esta ayuda.
Sin embargo, quiero expresar que, al igual que muchos damnificados por el terremoto, que no han podido recibir ayuda del Estado para reconstruir sus viviendas, en la Novena Región, producto de las inundaciones de 2008, a varios miles de ciudadanos afectados no les ha sido posible aún construir porque no han saneado sus propiedades.
Por ello, señor Presidente, solicito al Ejecutivo que en alguna fase de la tramitación de este proyecto incluya también a los damnificados por la inundación de 2008, a fin de establecer una equidad entre unos y otros.
A nuestro juicio, no solo quienes sufrieron por el terremoto ameritan que el Ministerio de Bienes Nacionales vaya en su ayuda, también la requieren los perjudicados por las inundaciones.
Por último, coincido con la preocupación de algunos señores Senadores en orden a que el presupuesto de esa Secretaría de Estado no se amplía con esta normativa. Por el contrario, se destinan recursos de su presupuesto corriente para ir en ayuda de los damnificados, lo cual, naturalmente, tendrá el costo de postergar la regularización de muchos inmuebles considerados pequeña propiedad raíz, que se benefician del decreto ley Nº 2.695 para su saneamiento en Regiones como la Novena, donde cada año se están regularizando del orden de 3 a 4 mil propiedades.
Espero que con este proyecto no baje la ejecución presupuestaria destinada al saneamiento de viviendas de los no damnificados.
Son las consultas y dudas que tengo sobre la iniciativa. Y ojalá el Ejecutivo las pudiera responder.
En todo caso, voy a votar a favor.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará la iniciativa por unanimidad.
El señor NOVOA.-
No.
El señor PIZARRO (Presidente).-
¿Quieren dejar constancia del voto?
El señor NOVOA.-
Así es.
El señor PIZARRO (Presidente).-
En votación general.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (25 votos favorables y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Pizarro, Prokurica, Quintana, Tuma, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
No votó, por estar pareado, el señor Pérez Varela.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, ¿podría incluir mi voto favorable?
El señor ORPIS.-
El mío también.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Se dejará constancia en la Versión Oficial de la intención de los Senadores señores Espina y Orpis de votar en tal sentido.
En discusión particular.
Informo a la Sala que ha llegado una indicación suscrita por diversos señores Senadores, que propone agregar en el inciso segundo del artículo 2º, a continuación de la palabra "correspondiente", la expresión "Dirección de Desarrollo Comunitario, la".
De tal manera que la disposición quedaría como sigue: "La calidad de damnificado se acreditará ante la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, mediante la ficha técnica, o certificado de inhabitabilidad o de daños, extendido por la correspondiente Dirección de Desarrollo Comunitario, la Dirección de Obras Municipales o por el Servicio de Vivienda y Urbanismo respectivo.".
En opinión de la Mesa, la indicación es inadmisible, por cuanto agrega una atribución y una función a la Dirección de Desarrollo Comunitario, materia que es de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Y, como no hay ninguna autoridad de Gobierno presente, no se podría patrocinar.
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, lamento que hayamos llegado a una discusión tan inconducente.
La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) tiene hoy la facultad de extender los certificados de damnificado.
Es más -disculpen la precisión, pero tal vez el señor Subsecretario de Bienes Nacionales informó mal, no por falta de voluntad, sino por un error involuntario-: el certificado que entrega la Dirección de Obras Municipales tiene que ver con el rol de la propiedad, del inmueble, no con la calidad de la persona que va a recibir el beneficio. La calificación del inmueble no tiene nada que ver con la calificación de la persona.
Lo que ocurre -y ese es el sentido de la indicación- es que quienes emiten hoy el certificado de damnificado, que es recogido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para postular a los subsidios, son las direcciones de desarrollo comunitario.
El error que podemos cometer aquí, al efectuar una referencia impropia, inadecuada e involuntaria, es hacer inoperante la ley en proyecto. Porque el SERVIU tampoco emite certificados de damnificado, sino que recepciona, al momento de la postulación, aquellos que otorga la DIDECO, lo relativo a la calidad de las viviendas entregadas por la Dirección de Obras Municipales y la Ficha de Protección Social, que son los tres requisitos que se requieren para postular.
La indicación no es improcedente, porque no se le concede ninguna facultad nueva a la DIDECO. Está dentro de la normativa que le es propia.
Por lo tanto, pido que se consulte a la Sala para que se vote dicho precepto, a fin de que la iniciativa en debate sea eficaz. Y todos los miembros de la Comisión de Vivienda y Urbanismo saben que es la forma como ha estado operando la Ministra señora Matte para sacar adelante la labor de reconstrucción.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Le agradezco su información, señor Senador, pero tenemos un problema. Porque ello quiere decir que el proyecto no solo ha sido mal presentado por el Ejecutivo y la Cámara de Diputados, sino que además los miembros de las Comisiones unidas no se percataron del manifiesto error que usted señala.
En efecto, si ocurre como Su Señoría lo plantea y esa es la instancia donde se debe entregar la calidad de damnificado, no habría una atribución nueva. Y, de acuerdo con su indicación, además tendríamos que sacar a la Dirección de Obras Municipales.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, si es necesario, déjenlo. Pero pongan a la Dirección de Desarrollo Comunitario, que es la encargada de entregar los certificados de damnificado.
Es todo lo que pido para facilitar el trámite.
En cuanto al razonamiento de que es inconstitucional, porque le estamos dando una facultad nueva, en mi opinión, no es correcto. Eso es lo que estoy argumentando hoy; después podemos ver el mérito de la indicación.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, no obstante ser miembro de las Comisiones unidas, la verdad es que no me enteré -y quiero dejarlo claramente establecido- de que fueron autorizadas para sesionar paralelamente con el Senado.
Estuve toda la tarde de ayer aquí, en la Sala, y no tuve conocimiento de esta iniciativa, salvo en la noche.
En todo caso, quiero ser muy claro en señalar que el punto en discusión está perfectamente redactado. Quienes se van a hacer cargo de esta ley en proyecto son las secretarías regionales ministeriales de Bienes Nacionales.
¿Cómo se acredita ante dicha Secretaría la calidad de damnificado? Con la ficha técnica de damnificado. Así lo dispone la norma pertinente.
El señor LETELIER.-
Pero establece que...
El señor LONGUEIRA.-
No. Dice: "La calidad de damnificado se acreditará ante la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, mediante la ficha técnica, o" -porque hay dos mecanismos- "certificado de inhabitabilidad o de daños, extendido" -¿por quién?- "por la correspondiente Dirección de Obras Municipales,".
¿Quiénes extienden adicionalmente ante el Ministerio la acreditación de que una persona es damnificada? Las direcciones de obras de los municipios.
Por lo tanto, más allá de quién otorgue la ficha técnica -si es la DIDECO, o las que lo entregan hoy-, lo que se señala aquí es cómo se acredita que una persona tiene la condición de damnificada. Y eso está claro: con certificados.
¿Quiénes lo entregan? No se dice aquí quién proporciona la ficha técnica. Por lo tanto, no hay para qué explicitarlo. Con la ficha técnica que se ha levantado, el damnificado puede ir ante la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales y ser beneficiario de la normativa en debate. Y también se agrega que lo puede hacer mediante otro certificado, expedido por la correspondiente Dirección de Obras Municipales.
Por lo tanto, creo que la redacción es clarísima en cuanto a quiénes son los beneficiados y a la forma como se acredita la calidad de damnificado.
Lo único que hace la iniciativa aquí es agregar un certificado adicional de inhabitabilidad o de daños para ser acreedor del beneficio de la gratuidad, que por cierto lo certifican en todos los municipios las direcciones de obras.
Por consiguiente, yo no enredaría algo que está clarísimo en lo que respecta a acreditar la calidad de damnificado para ser beneficiario de esta ley en proyecto.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, yo considero que la normativa puede establecer un modo particular o especial de acreditar la calidad de damnificado.
Nada obsta a que exista un ordenamiento general al respecto en otro cuerpo legal. Pero, para los efectos de esta iniciativa, debe entenderse que la calidad de damnificado se acreditará en la forma como esta lo dispone.
Por lo tanto, me parece que no va a haber problemas con la aplicación de la normativa.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, el Senador señor Longueira, a pesar de no asistir a la sesión de ayer, por las razones que indicó, ha hecho una interpretación correcta del inciso segundo del artículo 2º.
La calidad de damnificado se acredita con la ficha técnica, con el certificado de inhabitabilidad o de daños, extendido por la correspondiente Dirección de Obras Municipales o por el Servicio de Vivienda y Urbanismo respectivo.
A mi juicio, señor Presidente, lo más importante es que despachemos esta iniciativa hoy, porque mientras más rápido se regularice la pequeña propiedad más pronto se va a solucionar la reconstrucción.
Quiero repetir lo que señaló ayer el señor Subsecretario de Bienes Nacionales, en el sentido de que bastará con que se acredite que se presentó la solicitud de regularización ante la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales para que se pueda postular al subsidio habitacional, ya sea al de construcción completa o al de reparación de la vivienda.
Por lo tanto, cuanto más rápido se pueda acreditar que una persona se encuentra inscrita para este proceso de regularización, más pronto se va a materializar la solución definitiva del problema habitacional que hoy enfrentan los damnificados por el terremoto y maremoto.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
La Mesa, de igual manera, declara inadmisible la indicación.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación particular el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, pido votar por separado el artículo 2º.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Pero, por favor, Senador Letelier! Usted ha estado en la Sala. Se declaró inadmisible la indicación y nos encontramos en la votación en particular.
El señor LETELIER.-
Disculpe la insistencia, señor Presidente.
Quiero dejar constancia de que el Senado tiene que legislar para que la ley sirva. Y, en ese punto, como Presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, deseo señalar que nosotros hemos hablado con la señora Ministra del ramo para ver qué se necesita para sacar adelante el proyecto.
En mi opinión, estamos cometiendo un error. Quiero salvar mi responsabilidad en lo que respecta al inciso segundo del artículo 2º.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Senador Letelier, ¿desea fundamentar el voto?
El señor LETELIER.-
Solicito que se vote por separado el inciso segundo del artículo 2º.
El señor PIZARRO (Presidente).-
No se puede.
Estamos en votación.
Si quiere fundamenta su voto, señor Senador, y ahí puede dejar la constancia pertinente.
El señor LETELIER.-
Solicito que se vote artículo por artículo.
El señor PIZARRO (Presidente).-
No, Su Señoría. Sometí a votación particular todos los artículos, por acuerdo de la Sala.
El señor LETELIER.-
Quiero fundar el voto.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Muy bien.
Tiene la palabra, señor Senador.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, esta iniciativa tiene un tremendo valor, es muy importante. Establece la gratuidad de las solicitudes de regularización. Bienes Nacionales ha hecho un inmenso esfuerzo para acortar los plazos; el Ministerio de Vivienda, para facilitar la postulación sin necesidad de que esté regularizado el título.
Aquí se está realizando un esfuerzo extraordinario. Lo valoro. Creo que en esta posición nos hallamos todos quienes nos hemos comprometido con la reconstrucción.
Ahora bien, como Senador por la Región del Libertador Bernardo O¿Higgins, donde el referido problema es real y masivo, entiendo la relevancia de esta normativa. Pero me preocupa que en ella establezcamos algo que va a dificultar el interés de la gente.
Queremos que tengan el derecho pertinente las personas, no la propiedad.
La redacción que se nos plantea radica el derecho en la propiedad. Por eso en el inciso segundo del artículo 2° se dice: certificado técnico -coma-, certificado de inhabitabilidad o daños (porque hay dos tipos de certificados de inhabitabilidad). Y se agrega: "extendido por la Dirección de Obras Municipales".
Esos tres documentos los extiende, o la Dirección de Obras Municipales, o el SERVIU. En ningún caso se hace referencia a quien legalmente debe expedir el certificado de damnificado. Y es por eso que estoy planteando el punto.
Deseo que esto funcione, señor Presidente. No quiero hacerme copartícipe de un error evidente.
Al respecto, les pido a los colegas una reconsideración. O sea, que se agregue a la DIDECO como uno de los actores que extienden los certificados. Porque lo que importa es que el damnificado pueda hacer uso del derecho que se concede, el cual -reitero- tiene que ver con el RUT, no con el rol de propiedad.
Daré un ejemplo, señor Presidente, del error que se está cometiendo.
A veces una persona puede estar en un bien terremoteado: un edificio SERVIU que se cayó en San Antonio o en Rancagua. El inmueble que ocupaba se halla inhabitable. Pero ella tiene al lado una propiedad que le dejó su abuelito, su suegro, en fin, y que nunca se pudo regularizar. Esa persona no va a poder postular como damnificada a la regularización de tal propiedad, porque el certificado de inhabitabilidad tiene que ver con el rol, no con el RUT, no con la persona que va ejercer el derecho que se otorga.
El derecho debe ser portable -por así decirlo-, para que la persona pueda ejercitarlo en el lugar donde quiera reconstruir o postular a un subsidio de vivienda.
Por eso, señor Presidente, quiero insistir en este punto, a los fines de que la ley en proyecto sirva para las comunas rurales, donde está el mayor problema para la tenencia de la propiedad, por comunidades hereditarias o por propiedades que no se hallan debidamente regularizadas.
Este instrumento es para lograr aquello. Pero estamos poniendo el requisito de un certificado que la Dirección de Obras Municipales no entrega.
¡Hay miles y miles de certificados ya emitidos por la mencionada Dirección!
Obligar a repetir todo aquello parece inconducente.
En consecuencia, pido una reconsideración en cuanto a la indicación, que no da ninguna facultad nueva.
Yo, al menos, no me siento en condiciones de votar a favor del inciso segundo del artículo 2°, porque es un error. Va a ser letra muerta. Y habrá que enviar un veto o pedirle a la Cámara de Diputados que arregle la cuestión en otro trámite, lo que personalmente no me atrae como solución.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, pienso que todos estamos imbuidos de la voluntad de colaborar a absorber los efectos del terremoto y del tsunami, en especial tratándose de los sectores más débiles de nuestra sociedad.
Desde ese punto de vista, me parece que la redacción sugerida es correcta. Porque señala: "La calidad de damnificado se acreditará ante la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, mediante la ficha técnica," -coma- "o certificado de inhabitabilidad o de daños, extendido por la correspondiente Dirección de Obras Municipales o por el Servicio de Vivienda y Urbanismo respectivo.".
Es decir, no hay ninguna posibilidad de error. La redacción está exacta.
El señor LETELIER.-
No. Hay una coma de más.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Se lo agradezco, señor Presidente.
Yo había pedido la palabra antes de las fundamentaciones de voto para solicitar que se considerara mi pronunciamiento afirmativo sobre la idea de legislar.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Quedará testimonio de su voluntad de votar a favor en general el proyecto, señora Senadora.
Se hará lo mismo en el caso del Honorable señor Sabag, quien formuló igual petición.
Tiene la palabra el Senador señor Longueira para fundamentar su voto.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, intervendré tan solo para los fines de la historia fidedigna de la ley.
Insisto en que la redacción me parece clarísima. Y comparto lo dicho sobre el particular por el colega Escalona.
Hay en la ley en proyecto dos fórmulas, dos certificados, dos instrumentos para los efectos de acogerse al beneficio que mediante ella se concede.
Está claro dónde debe acreditarse la calidad de damnificado: en la respectiva Secretaría Regional Ministerial. Y se puede hacer por la vía de dos instrumentos.
Uno lo entregan a la persona los DIDECO; se llama "ficha técnica de damnificado". Se está levantando. Tiene un plazo. Aquí se expresó que se le solicitó al Ejecutivo extenderlo.
La ficha técnica de damnificado es suficiente para acogerse al beneficio correspondiente.
Pero la iniciativa agrega otro certificado, que lo entrega la Dirección de Obras Municipales.
Por consiguiente, no logro entender las situaciones excluidas del beneficio.
Quiero, pues, dejar claro que todos los damnificados de las Regiones señaladas en la normativa que nos ocupa se pueden acoger a la gratuidad a través de los dos instrumentos explicitados.
Está claro quiénes los emiten. En el caso de la ficha técnica de damnificado no se explicitó que son los DIDECO. Pero -lo digo para la historia fidedigna de la ley- todos sabemos que se trata de ellos.
Entonces, se encuentra cubierto el espectro completo de personas y propiedades que pueden acogerse a la preceptiva en análisis.
Reitero: no veo de qué manera quedan marginadas situaciones como las aquí descritas.
Por lo expuesto, señor Presidente, también voto a favor del inciso segundo del artículo 2°.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, ya observé que el grueso de los recursos se obtendrá del presupuesto normal del Ministerio de Bienes Nacionales y que eso puede terminar afectando los programas ordinarios de regularización de títulos.
Pedí un informe financiero más estricto. No lo he obtenido.
Apoyaré la medida propuesta porque, en mi concepto, va en el sentido positivo y adecuado de resolver los casos críticos. Pero no estoy de acuerdo. Y veremos los resultados.
El Ministro y el Subsecretario se comprometieron a que los programas no sean afectados. Sin embargo, los 2 mil 800 a 3 mil millones de pesos que significará la iniciativa que estamos despachando pueden ocupar parte importante del presupuesto de este pequeño Ministerio.
Se dice "Ministerio de Bienes Nacionales", más "Tesoro Público". Saber exactamente cuánto va a salir de dicha Secretaría de Estado sin afectar los programas ordinarios, es la clave.
Yo voto a favor señalando que se nos prometió que esta iniciativa no comprometerá programas normales de regularización.
No hay que desvestir a un santo para vestir a otro, señor Presidente.
En tal sentido, voto favorablemente.
¡Patagonia sin represas!
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en particular el proyecto (30 votos afirmativos y dos pareos).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, Girardi, Horvath, Kuschel, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
No votaron, por estar pareados, los señores Larraín y Pérez Varela.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
La Comisión de Gobierno solicita un nuevo plazo -la petición llegó recién a la Mesa- para presentar indicaciones (por supuesto, en la secretaría del mencionado órgano) al proyecto que regula el cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad ciudadana: hasta las 20 del lunes 2 de agosto.
El señor PIZARRO (Presidente).-
¿Les parece a Sus Señorías?
--Así se acuerda.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
También llegó a la Mesa un informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el oficio mediante el cual Su Excelencia el Presidente de la República solicita el acuerdo del Senado para designar miembro del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia al señor Jorge Andrés Jaraquemada Roblero.
--Queda para tabla.
CREACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN
El señor PIZARRO (Presidente).-
Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5083-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 21ª, en 5 de junio de 2007.
En tercer trámite, sesión 16ª, en 11 de mayo de 2010.
Informes de Comisión:
Educación, sesión 62ª, en 6 de noviembre de 2007.
Educación (segundo), sesión 12ª, en 28 de abril de 2009.
Hacienda, sesión 12ª, en 28 de abril de 2009.
Educación (tercer trámite), sesión 36ª, en 27 de julio de 2010.
Discusión:
Sesiones 65ª, en 14 de noviembre de 2007 (se aprueba en general); 13ª, en 29 de abril de 2009 (se aprueba en particular).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho de esta iniciativa y la calificó de "simple".
Cabe recordar que el proyecto inició su tramitación aquí, en el Senado, despachándose, para su segundo trámite constitucional, un texto que contemplaba la creación tanto de la Agencia de Calidad de la Educación cuanto de la Superintendencia de Educación. La Cámara de Diputados rechazó las disposiciones pertinentes y, además, incorporó una serie de modificaciones al articulado que aprobó la Cámara Alta.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, luego de analizar las enmiendas que introdujo la Cámara revisora, las rechazó en su totalidad por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señores Cantero, Chadwick, Navarro, Quintana e Ignacio Walker.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto del proyecto aprobado por el Senado y las enmiendas que efectuó la Cámara Baja.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Cantero asuma como Presidente accidental.
--Así se acuerda.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Cantero, en calidad de Presidente accidental.
El señor CANTERO (Presidente accidental).-
En discusión las modificaciones de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el Honorable señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Señor Presidente, tal como dijo el señor Secretario, la Comisión de Educación, por la unanimidad de sus miembros, le propone a la Sala rechazar lo obrado por la Cámara Baja en el segundo trámite constitucional, a fin de formar una Comisión Mixta que pueda abocarse a la materia sustantiva que se halla en discusión.
Quiero recordar que en el primer trámite constitucional el Senado aprobó esta iniciativa y que, en el segundo, la Cámara de Diputados la rechazó, básicamente por sentirse presionada, dada la urgencia hecha presente para su despacho, y por considerar que se requería más tiempo para ocuparse en su parte medular. Y ahora, en el tercer trámite constitucional, mediante un procedimiento al parecer no usual, ella fue enviada a nuestra Comisión de Educación con el objeto de escuchar esencialmente a expertos, para poder formarnos opinión acerca del mejor camino a seguir en torno de un asunto sobre el cual existe una tremenda demanda ciudadana: la calidad de la educación, algo absolutamente ineludible para el Congreso Nacional.
En tal sentido, ojalá que un proyecto como este pueda concluir en un gran acuerdo parlamentario, más allá de una mayoría ocasional, que permita satisfacer aquella demanda.
En forma muy breve, voy a recordarle a la Sala que tenemos ante nosotros una rica agenda legislativa en el ámbito de la educación. Partió hace dos años, con la aprobación de la subvención escolar preferencial, la cual significa dar más recursos a los colegios públicos municipales y a los particulares subvencionados, que son los que más apoyo necesitan, por la condición de vulnerabilidad de sus alumnos, quienes son considerados prioritarios por esta iniciativa de ley.
Es así como actualmente se están destinando 180 mil millones de pesos al año -unos 360 millones de dólares- a incrementar esa subvención (de aproximadamente 38 mil pesos por educando) en 18 mil pesos por alumno, precisamente para atender a los sectores más vulnerables.
Ha habido problemas en la implementación de la ley; no se han utilizado algunos recursos. Pero la verdad es que la subvención escolar preferencial constituye el primer paso de la agenda legislativa tendiente a abordar los aspectos vinculados con la calidad y la equidad de la educación, considerando que, en materia de cobertura, en los últimos veinte años hemos incorporado un millón 200 mil alumnos a la educación básica, 700 mil a la media y 500 mil a la superior.
Un segundo proyecto muy sustancial de la agenda es este, relacionado con el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media. ¿Y qué proponemos? Que vaya a una Comisión Mixta -cinco Senadores y cinco Diputados, tanto de Gobierno como de Oposición- para que, sin apuro, se estudie la sustancia de esta materia.
Una tercera iniciativa será la concerniente a la carrera docente.
Hemos visto el muy interesante informe del panel de expertos (recomiendo leer su resumen ejecutivo), donde se dan orientaciones muy claras sobre la manera de fortalecer la carrera docente.
Un cuarto proyecto va a ser el de fortalecimiento de la educación pública.
Sabemos que al respecto existe una iniciativa en el Senado; pero vendría una indicación sustitutiva. No podemos olvidar que hoy solo 38 por ciento de los alumnos ingresa en primero básico a una escuela pública municipal.
Y un quinto proyecto se referiría al aumento del subsidio.
Señor Presidente, existe un compromiso de este Gobierno para duplicar los subsidios para la educación en ocho años, y también, para eventualmente complementar la subvención escolar preferencial.
Por lo tanto, lo que se propone aquí es que nos demos un tiempo razonable en una Comisión Mixta que pueda hacer frente a la diferencia de pareceres habida entre ambas ramas del Parlamento y analizar cuestiones como calidad de la educación; ampliación del concepto más allá del SIMCE (es un buen sistema de medición universal, pero no es equivalente a la calidad de la educación); delegación de facultades en el Gobierno (se trata de 12 decretos con fuerza de ley sobre diversas materias).
También hay que considerar el aspecto laboral. El proyecto de ley que nos ocupa habla de solucionar el eventual traspaso, sin solución de continuidad, de funcionarios desde el Ministerio de Educación -por ejemplo, del SIMCE- a la Agencia de Calidad de la Educación o a la Superintendencia. Pero existe en el articulado mucha letra chica que crea, razonablemente, incertidumbre en distintos estamentos (hemos conversado con representantes de la ANDIME, con los funcionarios de Educación).
Finalmente, es necesario ver lo relacionado con la institucionalidad.
Tenemos el Consejo Nacional de Educación, emanado de la LEGE. Está el Ministerio de Educación, cuyo papel rector en la materia habrá que definir. Se crean una Agencia de Calidad, para velar por la calidad de la educación, y una Superintendencia, para fiscalizar el uso de los recursos públicos.
Entonces, existe la necesidad de concordar la pirámide a fin de darle coherencia a la institucionalidad que hemos ido estableciendo mediante distintos proyectos de ley.
Reitero, señor Presidente -y con esto termino-, que la decisión de la Cámara Baja de rechazar las modificaciones del Senado estuvo relacionada más bien con la presión que sintieron los Diputados por la "suma" urgencia, la cual, obviamente, impedía un debate más a fondo.
Durante los dos últimos meses hemos tenido en la Comisión de Educación la oportunidad de ver tanto los méritos cuanto los problemas o las interrogantes que surgen de este proyecto.
Como Presidente de dicho órgano técnico y a título personal, estimo que en la Comisión Mixta donde se radique la iniciativa podrá lograrse un gran acuerdo parlamentario que satisfaga esta tremenda demanda por calidad de la educación y permita ir conformando la institucionalidad que se pretende, dentro de la cual va a quedar pendiente un tema muy importante: el de la educación superior, que afortunadamente se halla instalado en la educación pública, para completar la rica agenda legislativa de que hice mención.
Por consiguiente, solicitamos aprobar unánimemente el informe de la Comisión de Educación, con el objeto de facilitar la instalación de la Comisión Mixta.
He dicho.
El señor CANTERO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, no sé si fue bueno o malo que la Cámara de Diputados no haya tenido tiempo para ser parte de este debate en forma más profunda. Si esa rama del Congreso, uno de los colegisladores, no lo tuvo, el Senador que habla entiende que el Ejecutivo no se lo quiso dar...
El señor NAVARRO.-
¡Así es!
El señor LETELIER.-
... para que llevara a cabo el debate adecuado. Y quiero dejarlo como un problema de método de trabajo con ese Poder, que es otro colegislador.
El proyecto es de una tremenda trascendencia. En el Senado, cuando lo discutimos en primer trámite, sostuvimos un debate extenso, largo, porque tiene que constituir un marco regulador de lo que pase en la educación durante los próximos quince o veinte años. No es una normativa para una coyuntura.
El texto fue objeto de una gran discusión sobre conceptos que, por desgracia, no se han planteado en la Sala. Son algunas de las cuestiones respecto de las cuales varios Diputados adoptaron una posición, entre las cuales se incluye la que tiene que ver con que sea bueno o malo fijar en la ley qué se entiende por "estándares".
Ello ha generado una polémica, porque el señor Ministro, quien nos acompaña en el Hemiciclo en representación del Gobierno, ha hecho referencia a cómo clasificar los colegios con un semáforo. Y algunos estamos absolutamente en contra de mecanismos que introduzcan más discriminación -no de instrumentos de evaluación: de discriminación- que los ya existentes en el sistema educativo. Ya se encuentra tremendamente dañado lo que era el rol histórico de la educación, señor Presidente, como medio de integración social.
La educación particular subvencionada decía relación a otro de los asuntos en debate, que era a quién alcanzaba la ley en proyecto: si comprendía en todas sus partes solo a los colegios con financiamiento público y cuántos de los particulares subvencionados se consideran con financiamiento público, frente a los privados, que no reciben subvención. Era muy importante, a mi juicio, que la Cámara de Diputados pudiese discutir extensamente ese punto.
La creación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, así como también de la Superintendencia, sin duda genera conflictos con el gremio de los profesores y los funcionarios del Ministerio del ramo. El que se lograra procesar que esas controversias a veces son necesarias por el bien de la educación es algo que necesitábamos que los Diputados también asumieran.
¿Qué es lo que planteo, señor Presidente? Por lo menos, de la bancada del Partido Socialista en la otra rama del Congreso hubo una actitud muy crítica por la urgencia que se le dio al debate. Porque los temas de educación, históricamente, han dividido a la sociedad y porque en torno de ellos es fundamental crear grandes consensos.
Y, sobre el particular, valoro el llamado hecho por el señor Ministro en estos días, en representación del Gobierno, a fin de crear un gran acuerdo nacional respecto de la materia de que se trata. Estamos muy dispuestos a avanzar en ello. Pero necesitamos coincidir también en cuanto a la forma como se va a efectuar la discusión. Y el Senador que habla no podría ser honesto con esta última si no diera a conocer a la Sala, por lo menos, la opinión de los Diputados socialistas en el sentido de que la urgencia que se puso no creó el clima adecuado para construir los acuerdos que necesitamos en la materia.
Siendo partidarios de un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, de la creación de la Agencia y la Superintendencia, sin perjuicio de revisar después otros aspectos, como los sistemas de evaluación de los profesores, y de entrar a la discusión -que algunos no quieren- del Estatuto Docente, algunos de nosotros estamos muy dispuestos a concurrir al análisis, pero también necesitamos, a nuestro juicio, respetar los tiempos que requiere el debate, el que no se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, por desgracia.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Primero, señor Presidente, ¿por qué cinco minutos de debate? ¿Alguien cree en Chile que podemos expresar en ese lapso una opinión sobre la crisis terminal de la educación pública? Cinco minutos constituyen una limitante extraordinaria y si alguien estima que podemos formular un juicio político al respecto, se equivoca.
He hecho una pregunta, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
La iniciativa se encuentra en tercer trámite constitucional, Su Señoría. El tema se ha discutido largamente. El Reglamento...
El señor NAVARRO.-
Vamos a tener que esperar la Comisión Mixta, señor Presidente. Rechacé las modificaciones en la Comisión para que el texto sea conocido en esa instancia, pero coincido plenamente con lo que se votó en la Cámara de Diputados.
Pregunta política: ¿se halla o no vigente todavía el acuerdo político entre la Concertación y la Derecha?
Porque, en definitiva, lo que estamos discutiendo es un articulado que fue producto de un convenio de esa índole -el de las manitos alzadas- y el proyecto de ley más hipócrita que he conocido en la política chilena, porque quienes lo aprobaron ayer lo rechazan hoy, en la medida en que claramente no obedece a los criterios fundamentales discutidos.
El propio Juan Eduardo García Huidobro ha dicho que los elementos básicos de la Comisión nombrada por la Presidenta Bachelet y que le tocó encabezar no se hallan recogidos en el acuerdo político, porque fue un convenio de los partidos.
Y parte importante de la derrota de la Concertación en la última elección presidencial se debe a que estos últimos lograron dominar la agenda política y no el Gobierno. Fue un grave error.
Asistimos a la muerte de la educación pública, y el Senado tiene la responsabilidad, en la Comisión Mixta, de determinar si Chile quiere o no ese sistema.
Repito que lo que se encontraba en el proyecto que llegó de la Cámara de Diputados, que es el rechazo absoluto de la normativa que se había aprobado, va a requerir un debate completo, profundo.
Una elite política fue incapaz, durante veinte años, de dictar una Ley General de Educación capaz de salir al paso de los defectos existentes.
La municipalización fracasó. Ningún alcalde la quiere, salvo en los municipios ricos. Ese resultado adverso no se debe a los estudiantes ni a los padres y apoderados, sino a la elite que ha consentido una privatización permanente y progresiva. Y en ello ha mediado un acuerdo de la Concertación y la Derecha. Nadie quiere modificar ese último proceso. Todos quieren colegios particulares subvencionados. Todos se han enriquecido con el sistema.
El Senador que habla ya lo ha planteado: debatamos sobre la educación. Finlandia, el país número uno en esa materia en el mundo, exhibe una que es cien por ciento gratuita y pública, del Estado. ¿Cuál es el modelo? Se lo he expuesto al titular de la Cartera para el efecto de discutirlo.
El Ministro señor Lavín es político. Fue candidato presidencial. Va a serlo en 2013. No tengo ninguna duda de ello. Quiere realizar una tarea política importante en la Secretaría de Estado a su cargo. Por mi parte, esperaría que efectuáramos una reforma que salvara a la educación pública; que tuviéramos la posibilidad de discutir cuánto de privado va a tener nuestra educación -porque existirá inversión privada y los particulares van a jugar un rol importante- y cuánto del Estado.
Hoy día, este último, a través de los municipios, no existe. Es un fracaso. No queremos esa educación pública. ¿Cuántos hijos de los que se hallan en la Sala están en la educación pública municipalizada? Me atrevería a decir que ninguno. Ni siquiera los míos: ellos están en la educación particular pagada, porque podemos pagarla. Lo que deseamos es nivelar hacia arriba y que la calidad ofrecida hoy por los particulares pagados también la tengan los niños de Pudahuel, de Tirúa, de San Pedro de la Paz, de Penco, de Tomé. Ese es el sentido del debate.
Entonces, el proyecto se encuentra bien orientado. Queremos la Agencia de Calidad, la Superintendencia, pero también una definición sobre lo público y lo privado, entendiendo que lo primero se relaciona con el rol del Estado, no con la subvención, en la educación básica y media y también en la superior.
La educación en Chile, que es clasista, está hecha para mantener la diferencia de clases sociales. Lo dice la OCDE, lo dice Juan Eduardo García Huidobro, lo dicen quienes conocen la materia. ¿Podrá el debate romper esa situación? ¿Podremos lograr la altura de miras necesaria para discutir de verdad cuál es el rol del Estado que genere más igualdad? Esa es la discusión, señor Presidente.
Espero, paradójicamente, que la propuesta proveniente de la Cámara de Diputados se rechace, en definitiva, para provocar la formación de la Comisión Mixta que nos permita tratar la cuestión de verdad. Si el acuerdo político no tiene vigencia, se nos presenta la oportunidad de debatir libremente en esta monarquía presidencial, en este sistema monárquico en el cual el Ejecutivo siempre termina imponiendo su criterio al Poder Legislativo. Ojalá tengamos la posibilidad de defender la dignidad del Senado para poder aportar al análisis.
Voy a rechazar las modificaciones, para que se forme una Comisión Mixta y podamos discutir a fondo el problema de la educación pública.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
El señor WALKER (don Ignacio).-
Para eso, Su Señoría tiene que votar a favor de lo recomendado por la Comisión.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Así es.
El señor NAVARRO.- Apruebo la proposición del órgano técnico, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente, me referiré a dos o tres puntos muy específicos, sin entrar al fondo del proyecto, porque la idea es precisamente que lo veamos en la Comisión Mixta.
Resulta extraño que uno sienta ajena o fuera de lugar la aseveración de que el proyecto fue producto de un acuerdo firmado por la Presidenta Bachelet con muchos de los que estamos aquí presentes, Diputados y Ministros. Y da la impresión de que eso se nos olvidó.
Esta Corporación honró ese convenio en el primer trámite constitucional y prestó su aprobación, salvo los Honorables señores Navarro y Gómez, si no recuerdo mal.
Traigo ello a colación para que por lo menos haya un Senador que no olvida los compromisos que firma.
En seguida, me parece una muy buena noticia lo expresado por los Honorables señores Ignacio Walker y Letelier en el sentido de que los Diputados de la Concertación no aprobaron la iniciativa porque se hallaban presionados...
El señor LETELIER.-
Por el tiempo.
El señor CHADWICK.-
... por el tiempo.
El proyecto, en el segundo trámite, estuvo por más de un año en la otra rama del Congreso.
El señor LETELIER.-
Es poco.
El señor CHADWICK.-
Quizás. ¡Pero es bueno que haya sido un problema de tiempo...! Porque esperamos que ahora, en la Comisión Mixta, estén muy tranquilos y sin presiones, y podamos cumplir cabalmente los acuerdos adoptados.
Así que me quedo con la esperanza de que en esa instancia sea posible sacar adelante el texto, convenido en su momento, y liberar de la presión a los señores Diputados para que puedan avanzar igual que como lo hizo el Senado en el primer trámite, donde la aprobación fue prácticamente unánime.
El señor LETELIER.-
¿Y por qué lo rechazaron?
El señor CHADWICK.-
¿Quiénes?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Ruego evitar los diálogos, señores Senadores.
¿Concluyó su intervención, Honorable señor Chadwick?
El señor CHADWICK.- Sí, señor Presidente, con la esperanza -repito- de que, sin presión, podamos avanzar.
El señor PIZARRO (Presidente).-
La esperanza es lo último que se pierde, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, en estos cinco minutos quisiera al menos dejar en titulares algunas cuestiones de fondo planteadas en el proyecto.
A lo primero que deseo referirme es al sentido de la urgencia. Todos han señalado que Chile ha cumplido la meta de la cobertura, pero no de la calidad de la enseñanza. El Senador que habla, a diferencia de lo que muchos piensan, estima que la iniciativa sí tiene sentido de la urgencia. Y debemos despacharla relativamente rápido, porque precisamente apunta a esa otra cuestión pendiente.
Por lo tanto, no soy de aquellos que consideran que el asunto debe eternizarse en la Comisión Mixta. Al revés, pienso que en esa instancia debe haber urgencia en despacharlo relativamente rápido, para que el centro de gravedad de la educación ya no necesariamente se encuentre en la cobertura, una meta que Chile ha alcanzado, sino en la calidad.
En lo personal, enfrento el debate sin ningún tipo de prejuicios, señor Presidente.
¿En qué términos lo planteo?
Para mí, la alternativa que se ha expuesto es indiferente, porque la calidad dirá relación tanto a la educación pública como a la particular subvencionada, ciento por ciento gratuita o con financiamiento compartido.
¿Qué es lo relevante, en definitiva, para un apoderado, en particular de los sectores más modestos? Que mejore dicho factor y que pueda medirse como corresponda y ser fiscalizado por un organismo independiente. Si, al final, el título del sostenedor le es completamente indiferente. Lo que le importa es que el establecimiento educacional sea de la mejor calidad posible y que esta se pueda ir superando.
Por lo tanto, llamo al Senado y, en particular, a la Comisión Mixta a enfrentar la materia sin ningún tipo de prejuicios y con sentido de la urgencia, para que la Agencia de Calidad de la Educación pueda operar en forma rápida y podamos concentrarnos en lo verdaderamente importante que necesita hoy el país: la calidad de la enseñanza, habiendo superado ya la cuestión de la cobertura.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Cerrado el debate.
En votación la proposición de la Comisión de Educación.
Cabe recordar que pronunciarse a favor significa que el proyecto será sometido a una Comisión Mixta.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se rechazan las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados (27 votos a favor y un pareo).
Votaron a favor las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Girardi, Horvath, Kuschel, Lagos, Letelier, Longueira, Navarro, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
No votó, por estar pareado, el señor Larraín.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se designará a los señores Senadores miembros de la Comisión de Educación para integrar la Comisión Mixta que deberá formarse.
Acordad
o
.
CONTINUIDAD DE SISTEMA PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES EN EMERGENCIAS
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto de ley, iniciado en mensaje y en primer trámite constitucional, sobre recuperación y continuidad, en condiciones críticas y de emergencia, del sistema público de telecomunicaciones, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7029-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 31ª, en 30 de junio de 2010.
Informe de Comisión:
Transporte y Telecomunicaciones, sesión 26ª, en 27 de julio de 2010.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Los objetivos principales de la iniciativa son:
1) Garantizar, en el sistema público de telecomunicaciones, la continuidad de servicio en situaciones de emergencia, para lo cual se otorgan al Estado las herramientas mínimas a fin de coordinar y gestionar las acciones necesarias y contar con una infraestructura de telecomunicaciones preparada para los eventos catastróficos.
2) Consolidar un desarrollo de las telecomunicaciones de vanguardia que incorpore la tendencia mundial de la convergencia de los servicios de telecomunicaciones e Internet, y
3) Incentivar la incorporación al mercado de empresas o entidades que suministren servicios de venta o arriendo de infraestructura para telecomunicaciones.
La Comisión trató el proyecto solamente en general y lo aprobó por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señora Rincón y señores Cantero, Chahuán, Girardi y Novoa.
El texto propuesto se transcribe en el primer informe.
El señor PIZARRO (Presidente).-
En discusión la idea de legislar.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (27 votos afirmativos) y se fija como plazo para presentar indicaciones el lunes 9 de agosto, a las 12.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Cantero, Coloma, Escalona, Espina, Girardi, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
INCIDENTES
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
Al señor Ministro de Salud, a fin de solicitarle que informe sobre avance de proyecto "REPOSICIÓN DE CENTRO DE REHABILITACIÓN PUNTA ARENAS" (Duodécima Región). Y al señor Director Nacional de Fronteras y Límites de la Cancillería, pidiéndole acelerar PROCESO DE DEROGACIÓN DE COBROS DE ADUANA ARGENTINA EN CONTROL FRONTERIZO DE BUSES Y CAMIONES NACIONALES FUERA DE HORARIO DE ATENCIÓN.
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros de Hacienda, de Vivienda y Urbanismo y de Agricultura, con el objeto de que estudien la posibilidad de aplicar MEDIDAS ESPECIALES PARA PALIAR EFECTOS DE NEVAZONES EN REGIÓN DE AYSÉN.
Del señor KUSCHEL:
Al señor Ministro del Interior, requiriéndole MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE DELITOS DE ABIGEATO EN CHILOÉ, PALENA, OSORNO, LLANQUIHUE, RANCO Y VALDIVIA (Regiones de Los Ríos y de Los Lagos).
De la señora PÉREZ (doña Lily):
Al señor Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, solicitándole información acerca de AUMENTOS INJUSTIFICADOS, TRAS ÚLTIMO TERREMOTO, EN PRIMAS DE SEGUROS ASOCIADOS A CRÉDITOS HIPOTECARIOS.
De la señora RINCÓN y del señor LARRAÍN:
Al señor Contralor General de la República, para pedir INVESTIGACIÓN SOBRE DECLARACIONES DE ALCALDE DE CAUQUENES ACERCA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE A PARLAMENTARIOS DESPUÉS DE TERREMOTO (Séptima Región).
Del señor WALKER (don Ignacio):
Al señor Ministro de Obras Públicas, demandándole antecedentes relativos a CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL CHACABUCO II, y al señor Superintendente de Servicios Sanitarios, con la finalidad de que informe respecto de CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA PARA CONSUMO HUMANO EN PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES (Quinta Región).
)------------(
El señor PIZARRO (Presidente).-
En Incidentes, los Comités Demócrata Cristiano y Partido Por la Democracia no intervendrán.
En el turno del Comité Partido Radical Social Demócrata e Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Navarro, por cuatro minutos.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, también me cedió su tiempo el Partido Por la Democracia, que ocuparé luego del que me corresponde. Así que agradezco al Senador Lagos la deferencia.
COBRO DE PEAJE POR USO DE NUEVO PUENTE BIMODAL SOBRE RÍO BIOBÍO A EMPRESAS FERROVIARIAS CONCESIONADAS. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, en la Octava Región se ha decidido la construcción de un puente bimodal que permitirá mantener la circulación del transporte vial -de camiones de carga pesada, particularmente- y, a su vez, reemplazar el actual viaducto ferroviario que existe sobre el río Biobío, que ya presenta severos daños y fuerte desgaste.
La pregunta que me hago es si el peaje que se cobrará por pasar por dicha obra, que ya se ha anunciado para los camiones, se aplicará también a las empresas FEPASA y TRANSA, que hoy usan el viaducto ferroviario y que luego utilizarán el puente bimodal.
Hace unos años el Fisco tuvo que pagar a FEPASA más de 46 mil UF cuando se reclamó por el estado de las vías.
Todo indica que quienes emplean la infraestructura estatal siendo privados deben pagar por su uso. Así, si se les cobra peaje a los camioneros, igualmente se debe exigir su pago a las empresas concesionadas de transporte ferroviario. ¡O pagan ambos o no paga nadie!
En consecuencia, pido oficiar al Servicio de Impuestos Internos, al Ministerio de Transportes y al Gobierno Regional del Biobío consultándoles si este asunto ha sido abordado, a fin de tener la tranquilidad de que los procesos están siendo equilibrados.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
SITUACIÓN DE PEHUENCHES DE ALTO BIOBÍO A RAÍZ DE RECIENTES NEVAZONES. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, quiero llamar la atención sobre la situación producida en el Alto Biobío, donde lonkos, werkenes y presidentes de comunidades, incluyendo al Alcalde Félix Vita, recibieron la desagradable noticia de que el Director Regional de la ONEMI, señor Gonzalo Arroyo, declaró que en esa zona no había problemas con la nieve, ni personas afectadas ni aisladas por las inclemencias climáticas, contrariando lo que dichas personas habían sostenido.
Como señaló la werkén de Butalelbún, Carmen Paine, han muerto cientos de animales, esta es una verdadera emergencia y duele ver cómo se pasa a llevar a los pehuenches, incluyendo a su alcalde.
Se dice que el señor Arroyo fue en su camioneta 4x4, pero que no entró a ningún camino vecinal. Sin embargo, lo mismo que cuando uno va a Farellones o a las termas de Chillán, el camino principal siempre se halla despejado. El problema está en las comunidades interiores.
Elías Pereira, lonko de Butalelbún, manifestó claramente que hay aislamiento, que el suministro eléctrico está cortado, y que incluso para llegar a la posta local la gente debe hacer huella sobre la nieve.
Segundo Suárez, lonko de la comunidad de Malla Malla, expresó que es una ofensa que se llame mentirosos a los pehuenches, porque fue el Gobernador Renato Paredes quien en mayo citó a los dirigentes y les dijo que habría forraje, el cual todavía no llega.
En el Alto Biobío, señor Presidente, después de que se construyó Ralco, se trasladó a los pehuenches -particularmente a los del fundo El Barco- de la cota 600 a la cota 900, pero resulta que ahí nieva. ENDESA les brindó asistencia durante diez años. Sin embargo, eso terminó. ¡Lo advertimos, lo anunciamos! Y ahora, ¿quién paga después de los diez años? ¡Paga el Estado! Y hay que llevar el forraje para los animales del sector en helicóptero.
¡Ese fue el aporte de ENDESA en el Alto Biobío!
Pero las declaraciones del Director Regional de la ONEMI no solo causaron malestar entre los dirigentes del cajón del Queuco, que fue el que recorrió, sino también en el cajón del Biobío. Allí, el lonko de Ralco Lepoy, Juan Purrán, dijo que dicho personero debió haber recorrido la zona a pie y no en camioneta y ver cómo los animales no tenían nada para comer.
Sin duda, uno de los puntos más afectados por las nevazones es el sector de Los Perales, donde doce familias se encuentran totalmente aisladas, quedándoles como única opción, ahora que bajó la nieve, caminar por un profundo manto blanco de unos 13 kilómetros para llegar recién a un camino público.
La situación en el Alto Biobío es angustiante.
Por lo tanto, solicito a la ONEMI, a las autoridades de la Región del Biobío, al Gobernador de la provincia del Biobío y al Alcalde Félix Vita un informe detallado que dé cuenta de la realidad que están enfrentando los pehuenches.
El Gobierno tiene que preocuparse de todos los ciudadanos. Y, en este caso en particular, se ha entregado un dato errado, por falta de información -espero- y no por voluntad, en torno al problema que afecta a esos chilenos que viven en el Alto Biobío.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor NAVARRO.-
Todavía dispongo de tiempo, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Señor Senador, lo que pasa es que el Comité Partido Por la Democracia quiere usar parte del que le corresponde.
El señor NAVARRO.-
¿Y el del Partido Socialista?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Algunos miembros de ese Comité han anunciado que también intervendrán.
En consecuencia, en los poco menos de 5 minutos que restan al Partido Por la Democracia, tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
POSIBLE TÉRMINO DE PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO AL EXONERADO POLÍTICO. OFICIO
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, pido enviar los siguientes dos oficios.
El primero, dirigido al Ministerio del Interior, por cuanto he tomado conocimiento de que en los últimos días se ha procedido a cerrar el Programa de Reconocimiento al Exonerado Político, el cual, como se sabe, se ha aplicado durante más de un década en función de las tres leyes que han intentado dar solución al problema que afecta a las miles de personas que fueron despojadas de sus trabajos, en empresas públicas y también en asentamiento rurales, entre los años 1973 y 1989.
Fundamentalmente la última ley, del 2003, es la que ha dejado más casos pendientes. Aún hay procesos sin calificar y expedientes previsionales de los postulantes en el Ministerio del Interior, en revisión por el Instituto de Previsión Social.
Por lo tanto, nos parece que la posibilidad de cierre del citado programa al menos debería ser informada públicamente.
Por eso, me gustaría que se me indicara cuál será la vía de solución para las personas cuya situación todavía se encuentra sin resolver. Yo entiendo que el IPS (ex INP) no tiene competencia total para abordar el conjunto de materias que aún se hallan pendientes.
Y hago hincapié en esto especialmente por la gente de Regiones, que se verá enfrentada a una realidad muy difícil sin una oficina central que pueda seguir guiando el proceso.
Por tal razón, espero que se responda qué ha ocurrido con el Programa de Reconocimiento al Exonerado Político.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
RECURSOS DISPONIBLES PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE SOBRE RÍO CAUTÍN EN COMUNA DE LAUTARO. OFICIO
El señor QUINTANA.-
Pido enviar un segundo oficio, señor Presidente, al señor Ministro de Obras Públicas en relación con una obra que Vialidad se encuentra desarrollando en la comuna de Lautaro, Región de La Araucanía.
Me refiero al mejoramiento del puente Cautín, sobre el río del mismo nombre, obra muy anhelada y esperada por mucho tiempo por los vecinos de la comuna y cuya ejecución debió haber comenzado hace al menos dos años.
En efecto, durante el primer semestre del año 2008, en conjunto con el alcalde Renato Hauri, realizamos una visita al Ministro de la época para insistir en este propósito, porque dicho puente es parte del corredor bioceánico y resulta fundamental para el paso de camiones pesados -algunos de los cuales transportan sustancias peligrosas- y para el tránsito de quienes allí habitan. La ciudad está prácticamente dividida en dos, precisamente por este puente, el cual resulta indispensable.
Las faenas se encuentran en pleno desarrollo, pero -insisto- debieron haber partido hace ya mucho tiempo.
Según información entregada por el municipio, el costo original de reparación y mejoramiento del viaducto iba a ser de 3 mil 200 millones de pesos, y entiendo que hoy solo se cuenta para este proyecto con poco más de 1.300 millones.
Por lo tanto, solicito que se precise la información respecto a si el presupuesto original de dicho proyecto sufrió algún tipo de recorte. Y, de ser así, qué partidas u obras no se llevarían a cabo. Porque el alcalde también ha manifestado que podría existir cierta clase de irregularidades en esta obra.
En el mismo sentido, señor Presidente, pido que se indique si tal proyecto guarda relación con otras obras que se han ejecutado o se están ejecutando en esta comuna, como la del pavimento básico Lautaro-Vilcún, por Quilacura, faena ya concluida en su primera etapa de cuatro kilómetros. Y también quisiera saber si el financiamiento de esta última alguna vez fue parte del mejoramiento del puente Cautín o bien se trata de una iniciativa distinta.
Todo lo anterior representa igualmente la inquietud planteada por la autoridad local de Lautaro.
Es todo.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Los Comités Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional e Independientes no ocuparán sus tiempos.
En el turno del Comité Partido Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
NONAGÉSIMO ANIVERSARIO DE MATANZA EN FEDERACIÓN OBRERA DE MAGALLANES. COMUNICACIÓN
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente, Honorables colegas:
Ayer, 27 de julio, se conmemoraron 90 años de uno de los hechos más trágicos y lamentables que recuerde la historia sindical chilena y la historia de la Patagonia: el asalto e incendio de la Federación Obrera de Magallanes.
Se vivía un contexto complejo. A nivel internacional, la revolución rusa había significado un profundo impacto. Los movimientos populares se encontraban en ascenso en todo el orbe y cundía una gran preocupación en los sectores más conservadores y en los grupos gobernantes.
En nuestro país, el Gobierno de Sanfuentes culminaba con dificultades y Arturo Alessandri figuraba como gran favorito para las elecciones, encarnando, precisamente, a los sectores más desposeídos.
En medio de esa situación, con el probable objeto de distraer la atención y de alejar de Santiago a buena parte de la tropa adicta al León de Tarapacá, el Ministro de Defensa de la época, Ladislao Errázuriz, arguyó un posible conflicto con el Perú y ordenó movilizar a parte del Ejército hacia el norte.
En todo el territorio nacional se generó una gran incertidumbre. Sectores de la burguesía respaldaban al Gobierno ante este artificial impasse con el vecino país, en tanto que estudiantes y sindicalistas de vocación pacifista estimaban que el suceso era un volador de luces, rechazaban la militarización de Chile y exigían, en cambio, respuestas y soluciones a la crisis social.
El Gobierno se enfrascó en una áspera disputa con los estudiantes. Producto de la crispación, la sede de la FECH en Santiago fue incendiada, y la organización, disuelta. La disputa se extendió por todo el país. Patriotas, estudiantes y obreros se enfrentaron verbalmente utilizando sus organismos y medios de comunicación.
Magallanes no fue la excepción. La Liga Patriótica, entidad representativa del empresariado y la burguesía local, tras renovar su directiva, convocaba a comicios o a un mitin "patriótico" para el 25 de julio, con el objeto de respaldar al Gobierno de Sanfuentes ante la inminente confrontación bélica, rechazando la actitud de los estudiantes. No era un día cualquiera. Ese mismo 25 de julio se reunirían los actores habilitados para elegir al Presidente de la República.
La Federación Obrera de Magallanes no adhirió ni rechazó participar en el acto, pero cuestionaba, a través de su prensa afín, principalmente el periódico "El Magallanes", la movilización de tropas que tenía lugar en todo el país.
El domingo 25 se efectuó en la Plaza de Armas de Punta Arenas el mitin organizado por la Liga Patriótica. Unas 700 personas escucharon las arengas de sus dirigentes.
Paralelamente, a unas cuadras, en la sede de la Federación Obrera, tenía lugar la tradicional actividad de los domingos, en que números artísticos entretenían a los trabajadores y sus familias.
El tenso clima que ya se vivía desde días anteriores dio paso a un germen de violencia. Al término del mitin de la Liga Patriótica, un grupo de varios centenares de manifestantes se dirigió a la sede obrera, en la cual pernoctaban algunos trabajadores encargados de su resguardo. Estos no respondieron a las agresiones, por lo que la turba se dirigió al periódico "El Magallanes" con la misma intención beligerante.
Los hechos no pasaron a mayores, pero sí ocurriría al día subsiguiente.
La madrugada del 27 de julio, aproximadamente a las 2 de la mañana, efectivos militares y policiales, unidos a las denominadas "guardias blancas", grupos de civiles adictos a la Liga Patriótica, se fueron apostando hasta rodear la sede sindical por todos sus accesos.
Los reportes de la época cuentan que cerca de las 3 de la madrugada los asaltantes abrieron fuego contra la sede obrera. Tras una hora de disparos, derrumbaron las puertas e incendiaron la casona. Hubo una débil resistencia desde el interior.
La sede resulta enteramente quemada; también la imprenta del diario "El Trabajo", que funcionaba en el mismo lugar. Las dependencias del diario "El Socialista", ubicadas a pocas cuadras, fueron igualmente siniestradas. Además, algunos hogares de dirigentes sindicales sufrieron los embates de las hordas.
Al día siguiente, la ciudad amaneció bajo el estado de sitio y la censura de prensa decretados por el Gobernador. La ciudadanía permanecía atemorizada y se insinuaban protestas laborales, fundamentalmente de los gremios mineros, en solidaridad con los obreros asesinados. En los días siguientes empleadores y autoridades se encargaron de reprimir el movimiento y de perseguir a sus organizadores.
Se desconoce cabalmente la cantidad de muertos y heridos producto de estos siniestros hechos. El episodio impactó profundamente por su violencia. Investigaciones posteriores desentrañaron los pormenores de los acontecimientos, aunque fracasaron en la determinación de sus responsables.
El fuerte movimiento sindical de la zona sufrió un duro golpe, del que no podría recuperarse, al menos no con la fuerza y masividad que tuvo en los años anteriores.
Hoy, 90 años después, en Magallanes se siguen recordando estos sucesos. A las tradicionales ofrendas a los mártires en el cementerio local, se sumó este año la reinauguración de la plaza conmemorativa de la Federación Obrera de Magallanes, eliminada por la Dictadura militar con posterioridad a 1973.
Señor Presidente, he querido recordar este episodio histórico en el Senado de la República y solicito que se adjunte copia de esta intervención a la Central Unitaria de Trabajadores de Punta Arenas, por medio de su presidente, señor Clemente Gálvez.
He dicho.
--Se anuncia el envío de la comunicación solicitada, en nombre del Honorable señor Muñoz Aburto, con la adhesión de los Senadores presentes en la Sala, conforme al Reglamento.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO SOBRE PERTENENCIAS DE LITIO SUSCRITOS POR CORFO. OFICIO
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, de acuerdo al informe elaborado por la Dirección de Estudios y Políticas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre, denominado "Antecedentes para una política pública en minerales estratégicos: Litio" y disponible en la web, desde fines de los años setenta el Instituto de Investigaciones Geológicas de Chile venía analizando los minerales que contenía el Salar de Atacama.
Como resultado de esos estudios, la CORFO solicitó, mensuró y finalmente obtuvo, en 1977, 59 mil 820 pertenencias mineras (denominadas "OMA") sobre gran parte del Salar. Poco más tarde, dicha Corporación renunció a 27 mil 52 de aquellas pertenencias -que en consecuencia se extinguieron-, quedando solo con 32 mil 768, que son las que mantiene hasta el día de hoy.
El mismo informe señala que en 1975 la autoridad de la época determinó que la CORFO suscribiera un contrato básico con la empresa Foote Mineral Company para explorar sus pertenencias de litio.
En 1980, CORFO, con 45 por ciento, y Foote Mineral, con 55 por ciento, dan forma a la Sociedad Chilena del Litio para explorar y vender productos de litio procedentes de las salmueras del Salar de Atacama hasta por 200 mil toneladas métricas de litio metálico. CORFO aportó 3 mil 343 pertenencias OMA de las 32 mil 768 de que disponía sobre el Salar. Además, estableció a favor de la Sociedad Chilena del Litio una franja de seguridad de otras 1.370 pertenencias. El mismo año la Comisión Chilena de Energía Nuclear habría autorizado a la Sociedad Chilena del Litio para vender, en términos competitivos, toda clase de productos de litio, salvo los destinados a la creación de energía nuclear por fusión. Este contrato expiró en 2001, pero se renovó hasta 2014 bajo las mismas condiciones del firmado en 1980, es decir, autorizando una venta acumulada de 200 mil toneladas métricas de litio metálico en el período en cuestión y una renovación, por períodos de cinco años, hasta completar el límite de extracción autorizado.
Entre 1988 y 1989 CORFO vendió el 45 por ciento de su participación a Foote Mineral Company en 15,2 millones de dólares.
Por otra parte, en 1986, entre CORFO (con 25 por ciento), Amax (con 63,75) y Molymet (con 11,25), se conformó la empresa Minsal Limitada, para explorar, explotar y comercializar potasio, boro, litio y cualquier otro producto o subproducto proveniente de las salmueras del Salar de Atacama. El contrato habría establecido limitar la producción total de litio a 180 mil toneladas métricas de litio metálico en un plazo de 30 años; evitar las ventas para fines de fusión nuclear, y otorgar a la Comisión Chilena de Energía Nuclear una opción preferente para la compra de litio-6. En el mismo contrato, CORFO se comprometió a aportar un máximo de 14 mil 814 pertenencias OMA, las que finalmente entregó en arriendo.
Luego, en 1993, Amax y Molymet fueron reemplazadas por SQM (filial de SOQUIMICH) y se amplió el plazo de todos los acuerdos adoptados inicialmente hasta el año 2030. En forma paralela, se dejaron sin efecto el aporte y el arrendamiento de las pertenencias pactados en 1986, y CORFO dio en arrendamiento a Minsal 16 mil 384 pertenencias OMA, en vez de las 14 mil 814 iniciales. También se comprometió a no explotar, para sí o por medio de terceros, las 11 mil 670 pertenencias OMA que aún quedaban, ni tampoco las 4 mil 714 que había entregado a la Sociedad Chilena del Litio.
En 1995, la Comisión Chilena de Energía Nuclear ratificó la aprobación de producir y comercializar las sales de litio provenientes del Salar con que había favorecido a Minsal en 1986, por 30 años desde la primera venta comercial y hasta por un máximo de 180 mil 100 toneladas métricas de litio equivalente. Asimismo, recomendó la separación de litio-6 cuando fuera económica y técnicamente factible; se reservó la primera opción de compra de este mineral; reiteró la prohibición de usar o transferir litio para efectos de fusión nuclear; dejó constancia de que todo acto jurídico sobre la extracción de ese elemento, sus concentrados y derivados debía ser aprobado previamente por la Comisión Chilena de Energía Nuclear; formuló recomendaciones para financiar un centro de investigaciones, entre otros puntos. El mismo año, CORFO vendió la totalidad de sus acciones en Minsal S.A.
En síntesis, y de acuerdo con el informe ya citado, en la actualidad la Corporación de Fomento de la Producción cuenta con pertenencias mineras en el Salar de Atacama, en las cuales se obtuvo la concesión de litio antes de entrar en vigor el Código de Minería. La Corporación tiene en arriendo parte de sus pertenencias a las dos empresas antes mencionadas, y, por contrato, estaría imposibilitada de arrendar o explotar para sí el resto de aquellas.
Habida consideración de lo anterior, y atendido el carácter estratégico del litio -de acuerdo con el Código de Minería- y su no concesionabilidad dispuesta en la ley orgánica respectiva, resulta particularmente relevante conocer el tenor de los contratos mediante los cuales CORFO entregó en arrendamiento sus pertenencias de litio, y en especial saber bajo qué circunstancias y por qué razones dicho organismo se habría inhibido de arrendarlas o explotarlas.
En virtud de lo expuesto, y conforme a lo establecido en la ley Nº 20.285, sobre acceso a la información pública, solicito que se envíe oficio al señor Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, don Hernán Cheyre Valenzuela, para que tenga a bien remitir la siguiente información:
1. Catastro de todas las pertenencias de litio.
2. Copia íntegra de todos los contratos de arrendamiento de sus pertenencias de litio, en especial, de aquellos que dicen relación a las empresas SQM y Sociedad Chilena de Litio.
3. Copia de las actas pertinentes de la o las sesiones del Consejo de CORFO en donde conste la autorización para la suscripción de los referidos contratos y las razones y fundamentos para que dicha entidad se inhibiera de arrendar o explotar para sí el resto de sus pertenencias de litio.
4. Cuantía y procedencia de los aportes realizados a la Comisión Chilena de Energía Nuclear para financiar la investigación sobre el mencionado metal. O, dicho de otra forma, dónde está la plata que por ley y por contrato debe entregarse al Estado para un instituto de investigación sobre litio.
5. Aporte de las empresas arrendatarias de las concesiones de litio destinados a la investigación y desarrollo del mineral.
Señor Presidente, solicito este oficio en mi nombre y en el del Senador señor Escalona.
Estamos convencidos de que el referido elemento químico es parte de la minería del siglo XXI y resulta estratégico como fuente de energía, según ha mencionado el General Baeza en una columna reciente en el diario "La Segunda". Estamos convencidos de que en este mineral se encuentra la energía del futuro para la construcción de baterías de litio destinadas a la industria automotriz, que deben fabricarse en Chile. Se trata de uno de los principales minerales para producir metales de alta durabilidad y más livianos, según las aleaciones posibles. Es la viga maestra de Chile del siglo XXI, como lo fue el cobre durante el siglo XX.
En atención a lo señalado, reitero mi solicitud, señor Presidente.
El señor CANTERO.-
Pido la palabra.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, solicito, si el Senador señor Letelier no tiene inconveniente, pido que, llegados los antecedentes requeridos, la Secretaría me haga entrega de ellos para analizarlos en su mérito.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Por cierto, ya que los antecedentes son repartidos a todos los Senadores.
El señor NAVARRO.-
Solicito lo mismo, señor Presidente.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, la petición fue hecha en nombre de los Honorables señores Letelier y Escalona. Entonces, lo que solicito es que, recibidos esos antecedentes -entiendo que el Senador señor Letelier está de acuerdo-, se me pueda enviar copia de ellos. Y creo que a esta demanda también adhiere el Senador señor Navarro.
De modo que me gustaría que quedara consignado de esa manera.
El Honorable señor Letelier no ha pedido que se envíen los antecedentes a la Sala. Su solicitud la hizo en nombre de dos Senadores. Y hay otros dos que queremos que se nos entregue la información una vez que llegue.
El señor LETELIER.-
Con la Ley de Transparencia ello es posible.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Los antecedentes serán remitidos a los Senadores señores Cantero, Navarro, Escalona, Letelier y a todos los demás, porque son documentos públicos.
El señor LETELIER.-
¿Me permite hacer un complemento, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, por la escasez del tiempo no pude completar mi solicitud. Me gustaría hacerlo ahora.
Sería interesante saber si la Comisión Chilena de Energía Nuclear posee los instrumentos legales pertinentes; si cuenta con el financiamiento y la tecnología para saber que está haciendo SOQUIMICH en los salares del norte; si existen instrumentos para evaluar cuánto litio está saliendo del país, más allá de lo que informan las mismas empresas. Porque, según nuestros antecedentes, el Estado no realiza un control eficaz, debido a que la Comisión Chilena de Energía Nuclear no posee recursos.
De la misma forma -no sé si corresponde y si la Biblioteca del Congreso las posee-, solicito el envío de las actas de la Primera Comisión Legislativa -entiendo que la presidía el Almirante Merino-, cuando se discutió el Código de Minería, en el cual se fundamentó el carácter estratégico del litio.
Menciono lo anterior por cuanto en los últimos días uno escucha en los medios de comunicación, con cierta preocupación, las opiniones del señor Ministro de Minería, quien habla de una tendencia privatizadora en la producción del referido metal, lo que se encuentra en una lógica absolutamente contraria a la del Código de Minería.
Por lo tanto, sería interesante recabar los antecedentes -y que se hagan llegar a la Sala-, sobre por qué el litio se declaró estratégico en la Primera Comisión Legislativa. Y, del mismo modo, que se nos informe si la Comisión Chilena de Energía Nuclear posee los instrumentos y el financiamiento para realizar la investigación en torno de cómo se renuevan las salmueras, cómo se mide lo que extraen y lo que exportan las respectivas empresas.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Se hará la petición formal a la Biblioteca respecto de la historia de la ley.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de los Honorables señores Letelier y Escalona, con la adhesión de los Senadores señores Cantero y Navarro, conforme al Reglamento.
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El señor NAVARRO.-
Pido la palabra.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, deseo recordar a los Honorables colegas que en la próxima semana rendiré homenaje en memoria del ex Senador Luis Corvalán, recientemente fallecido. Él representó a la actual Región del Biobío y durante toda su vida perteneció al Partido Comunista.
Lo planteo para que la Sala esté informada al respecto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Ya se comunicó que el próximo miércoles se efectuará el homenaje solicitado por Su Señoría.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:23.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción