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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 358ª
Sesión 24ª, en martes 8 de junio de 2010
Ordinaria
(De 16:22 a 19:28)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE,
Y JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedán, Eugenio
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda, señor Felipe Larraín Bascuñán, y Secretario General de la Presidencia, señor Cristian Larroulet Vignau; el Subsecretario de Hacienda, señor Rodrigo Álvarez Zenteno; el Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade, y Subsecretario de Minería, Pablo Wagner San Martín.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:22, en presencia de 23 señores Senadores.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Las actas de las sesiones 22ª y 23, ordinarias, en 1 y 2 de junio del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor PIZARRO (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Cuatro de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto del proyecto de ley sobre otorgamiento y uso de licencias médicas (boletín N° 6.811-11).
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", a las siguientes iniciativas:

1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que consagra el principio de neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de internet (boletín N° 4.915-19).

2.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal y el decreto ley N° 321, de 1925, para sancionar el femicidio, aumentar las penas aplicables a este delito y modificar las normas sobre parricidio (boletines números 4.937-18 y 5.308-18, refundidos).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el cuarto da inicio a un proyecto de ley que facilita la constitución y funcionamiento de nuevas empresas (boletín N° 6.981-03).
--Pasa a la Comisión de Economía y a la de Hacienda, en su caso.
Oficios
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el cual retira la urgencia del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental, que hizo presente para el despacho del oficio con el que solicita el acuerdo del Senado a los efectos de nombrar miembro del Directorio de Televisión Nacional de Chile, al señor Sergio Urrejola Monckeberg (boletín N° S 1.234-05).
--Queda retirada la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que dio su aprobación, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, al proyecto de ley que regulariza la nómina de armadores habilitados para operar en la pesquería de pez espada (boletín N° 6.793-03).
--Se toma conocimiento y se mandó comunicar el proyecto a Su Excelencia el Presidente de la República.
Tres del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con los dos primeros remite igual número de copias autorizadas de las resoluciones recaídas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 38 de la ley N° 18.933.
--Se toma conocimiento y se envían los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el tercero remite copia autorizada de la sentencia recaída en el ejercicio del control de constitucionalidad del proyecto que introduce en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley N° 20.050, que reforma la Constitución Política de la República (boletín N° 3.962-07).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto a sus antecedentes.
Del señor Ministro de Obras Públicas, con el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Quintana, relativo a los problemas que se derivan para los habitantes de Curacautín por los olores que emanan de la planta de tratamiento de aguas servidas de la empresa Aguas Araucanía.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con el que responde un oficio expedido en nombre de la Senadora señora Alvear, acerca de la posibilidad de integrar el servicio de Metrotrén al sistema de transporte público de la Región Metropolitana TRANSANTIAGO.
De la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Alvear, referido a la posibilidad de enviar a tramitación legislativa un proyecto de ley que habilite a los municipios a demandar colectivamente en materia de calidad de la construcción.
Del señor Alcalde de Osorno, por medio del cual informa sobre el acuerdo adoptado por el concejo municipal en cuanto a expresar a Su Excelencia el Presidente de la República su preocupación por la situación de los perros vagos y la necesidad de regular legalmente esta problemática.
Del señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, con el que atiende un oficio despachado en nombre de la Senadora señora Lily Pérez, tocante a la posibilidad de aumentar la dotación de la Brigada de Investigación Criminal de Quillota.
Del señor Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, con el que responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Quintana, respecto de la magnitud de los daños sufridos por la comuna de Angol a consecuencia del reciente terremoto.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para obtener recursos destinados al financiamiento de la reconstrucción del país (con urgencia calificada de "suma") (boletín N° 6.927-05).
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaído en el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar, como miembro del Directorio de Televisión Nacional de Chile, al señor Sergio Urrejola Monckeberg (boletín N° S 1.234-05).
--Quedan para tabla.
Mociones
Tres de los Senadores señores Andrés Zaldívar, Escalona, Gómez, Lagos y Longueira, con las que dan inicio a los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de ley relativo al plazo de renuncia a un partido político para presentar candidaturas independientes (boletín N° 6.974-06).

2.- Proyecto de ley que establece inhabilidades para ser candidato a alcalde o concejal (boletín N° 6.975-06).
--Pasan a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

3.- Proyecto de reforma constitucional que incorpora causales de inhabilidad para ser candidato a Diputado o Senador (boletín N° 6.976-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del Senador señor Chahuán, con la que da inicio a un proyecto de ley que tipifica el delito de sicariato (boletín N° 6.977-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Senadores señores Chahuán y Bianchi, con la que inician un proyecto de ley que obliga a contratar un seguro de sismo para toda edificación (boletín N° 6.978-14).
--Pasa a la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
Del Senador señor Letelier, con la que da inicio a un proyecto de ley que prohíbe a empresas que otorgan créditos exigir seguro de cesantía a jubilados (boletín N° 6.980-03).
De los Senadores señores Longueira, Chadwick, Orpis y Pérez Varela, con la que inician un proyecto de ley que obliga al acreedor a comunicar, a su costo, la extinción de la deuda al registro de datos personales (boletín N° 6.982-03).
--Pasan a la Comisión de Economía.
Declaraciones de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señor Chahuán y señora Lily Pérez, por medio de la cual dan inicio a un proyecto de ley que aumenta el número de jueces laborales en Valparaíso.
Moción de los Senadores señores Chadwick, Longueira y Coloma, con la que dan inicio a un proyecto de ley que incorpora a quienes tengan la calidad de legítimos ocupantes como beneficiarios de los subsidios y ayudas estatales destinados a paliar los efectos de la catástrofe del 27 de febrero de 2010.
--Se declaran inadmisibles por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme lo dispone el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política.
Comunicación
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, por medio de la cual solicita, a petición del Senador señor Horvath, el desarchivo del proyecto de ley, iniciado en moción del referido señor Senador, sobre denominación de las Regiones del país (boletín Nº 4.765-06). El archivo se dispuso el 22 de abril recién pasado, de conformidad con el inciso segundo del artículo 36 bis del Reglamento del Senado.
--Se accede a lo solicitado.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la Cuenta.

El señor COLOMA.- ¿Me permite, señor Presidente?.

El señor PIZARRO (Presidente).- Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, sin pronunciarme respecto de la declaración de inadmisibilidad recaída en la moción presentada por Senadores de nuestra bancada, referida al proyecto de ley que incorpora a quienes tengan la calidad de legítimos ocupantes como beneficiarios de los subsidios y ayudas estatales destinados a paliar los efectos de la catástrofe del 27 de febrero pasado, solicito, por su intermedio, oficiar al Presidente de la República para obtener el respectivo patrocinio, si es que corresponde, porque en el Ministerio del ramo nos señalaron que ello era materia de ley.

El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se enviará el oficio solicitado.
Acordado.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Los Comités, en sesión de hoy, acordaron unánimemente lo siguiente:

1.- Autorizar a la Comisión de Vivienda y Urbanismo para que sesione hoy, de 17:30 a 18, paralelamente con la Sala, con el propósito de votar una indicación, lo cual posibilitaría despachar el proyecto de ley que permite la aplicación del procedimiento de demandas colectivas en los juicios por daños o perjuicios en la calidad de las construcciones (boletín Nº 6.841-14).

2.- Votar en la sesión de mañana el oficio con que Su Excelencia el Presidente de la República pide el acuerdo del Senado para nombrar integrante del Consejo de Alta Dirección Pública a la señora María Loreto Lira Domínguez en reemplazo de la señora María Luisa Brahm (boletín Nº S 1.247-05).

3.- Abrir un nuevo plazo, hasta el lunes 14 de junio, a las 12, para presentar indicaciones a la iniciativa que suspende por un período determinado la información comercial de las personas cesantes (boletín Nº 4.436-03).

4.- En lo relativo al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para obtener recursos destinados al financiamiento de la reconstrucción del país:
a) Discutirlo y votarlo en general en el primer lugar del Orden del Día de la sesión de hoy;
b) Fijar como plazo para presentar indicaciones hasta el próximo viernes, a las 12, y

c) Tratarlo en particular el martes 15 del mes en curso. 5.- Proponer a la Sala que el proyecto sobre territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández vuelva a las Comisiones de Gobierno y de Constitución, unidas, y

6.- Tratar hoy, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de acuerdo que aprueba el "Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional" (boletín Nº 6.813-10).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.

El señor ESCALONA.- Señor Presidente, tal vez no presté la suficiente atención cuando se aludió al oficio del Primer Mandatario sobre la designación de un integrante para el Consejo de Alta Dirección Pública.
¿El acuerdo de Comités excluye el trámite de la Comisión de Hacienda para tratar la solicitud presidencial?

El señor PIZARRO (Presidente).- No, Su Señoría.
La información que tenemos es que la Comisión de Hacienda está citada para mañana con el propósito de analizar la propuesta y luego ser votada por la Sala en la sesión de la tarde.

El señor ESCALONA.- Okay.
Gracias, señor Presidente.
V. ORDEN DEL DÍA



PROTOCOLO SOBRE ARMAS DE FUEGO COMPLEMENTARIO DE CONVENCIÓN DE ONU CONTRA DELINCUENCIA TRANSNACIONAL


El señor PIZARRO (Presidente).- En virtud del acuerdo adoptado por los Comités, corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional", con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6813-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 16ª, en 11 de mayo de 2010.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 23ª, en 2 de junio de 2010.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo del Protocolo es promover, facilitar y reforzar la cooperación entre los Estados Partes para prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.
Este instrumento internacional no se aplicará a las transacciones entre Estados ni a las transferencias estatales cuando su aplicación pudiera perjudicar el derecho de un Estado Parte a adoptar medidas en aras de su seguridad nacional.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó este proyecto de acuerdo, tanto en general cuanto en particular, por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Larraín, Kuschel, Letelier, Tuma e Ignacio Walker), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.

El señor PIZARRO (Presidente).- Solicito autorización para que ingresen a la Sala los señores Subsecretarios de Hacienda, Rodrigo Álvarez, y de Minería, Pablo Wagner.
--Se accede.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general y particular.

Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores informaré sobre el acuerdo a que hemos llegado en cuanto a recomendar a la Sala la aprobación de este Protocolo, que reviste enorme importancia.
Su propósito es perfeccionar las acciones que a nivel global se están realizando con la finalidad de regular y reducir el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras.
Este Protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y -como señaló el Secretario General en su exposición- busca prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.
Este instrumento internacional no se aplica a las transacciones efectuadas entre Estados, sino que más bien se circunscribe a las acciones de particulares porque está referido a armas de fuego pequeñas. Y tiene por objeto tipificar como delito -y, por consiguiente, su prohibición- la fabricación ilícita de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones; el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, y la falsificación, supresión o alteración ilícitas de la marca de un arma de fuego.
La tenencia y porte de armas de fuego por parte de las personas en nuestro país se ha visto incrementada en los últimos años. Y su uso también se advierte con mayor fuerza en delitos graves y violentos: tráfico de drogas, lavado de dinero y robo con violencia o intimidación.
En algunos casos se ha observado que existe una relación muy estrecha entre el uso de las armas, la delincuencia y la seguridad pública.
Por eso, todas las políticas nacionales e internacionales que conduzcan a reducir la fabricación, tenencia y porte de este tipo de armas, obviamente, llevarán a disminuir la delincuencia y a aumentar la seguridad pública. En Chile, una de cada cuatro intimidaciones se produce con armas de fuego.
Por lo tanto, este instrumento internacional apunta en la dirección correcta al limitar el acceso, incluso en forma legal, de los particulares a las armas de fuego.
De hecho, la tenencia de armas en poder de personas naturales hoy representa el 96,74 por ciento del universo de las inscritas, lo cual ya constituye una cifra muy elevada. Sin embargo, se supone que en nuestro país hay más de un millón de armas, de las cuales solo 750 mil se encuentran inscritas legalmente; las restantes se hallan circulando sin registro.
El Protocolo apunta en una buena dirección e introduce ciertas innovaciones que concitarán enorme interés. Por ejemplo, agrega la huella balística, lo cual significa que cada arma es probada y al ser disparada registra la bala que ha salido de ella.
En tal virtud, con el proyectil será posible identificar el arma y, por ende, a su dueño: la persona a cuyo nombre se halla inscrita.
En la actualidad no existe un registro balístico, a pesar de que cada arma posee, por así decirlo, su propio ADN, que al ser disparada queda impreso en la bala utilizada.
En consecuencia, en lo sucesivo -porque las que ya están en circulación no cuentan con esa información- cada arma que se venda tendrá registrada la huella balística, lo cual va a facilitar la pesquisa policial en la indagación de delitos cometidos con armas de fuego.
Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó por unanimidad este proyecto de acuerdo y le sugiere a la Sala proceder de igual modo, atendida la enorme importancia de la Convención en que recae. Y ello se suma a numerosas otras aprobaciones hechas por el Gobierno en la línea señalada, demostrando nuestra voluntad, en el caso que nos ocupa, para combatir la delincuencia por la vía de reducir los instrumentos que posibilitan, sobre todo, la perpetración de delitos de alta gravedad, como son los que se cometen con los elementos en cuestión.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, Chile es -diría yo- de los países más restrictivos en materia de tenencia de armas de fuego por los particulares. En muy pocas naciones del mundo existen tantas limitaciones para que un privado tenga un arma de esa índole, ya sea de caza, deportiva o para defensa personal.
Pero seamos realistas: todas las restricciones son respetadas por la gente que cumple la ley.
Ahora bien, si estamos de acuerdo con las cifras que entregaba el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, el 96 por ciento de las armas de fuego existentes se hallan inscritas; pero hay un número muy significativo que nunca podrá ser controlado por esta vía, y es precisamente el de las más peligrosas.
Hoy día, una gran cantidad de asaltos y asesinatos se cometen con armas hechizas, las cuales se fabrican con cañerías de la construcción para disparar un tiro de escopeta de caza que puede herir o matar a una persona.
En mi concepto, las legislaciones que hemos ido dictando durante muchos años solo han restringido a quienes cada día tienen más problemas con la delincuencia y, legítimamente, quieren defenderse de ella.
Actualmente, el que desea inscribir un arma de fuego en Chile demora meses en los trámites (debe tener un certificado de un psicólogo o de un psiquiatra para demostrar que se encuentra en su sano juicio, en fin). Mientras, los delincuentes campean por las calles con armas de fuego internadas ilegalmente, con armas hechizas o con armas modificadas. Y el Estado no cumple su labor. En efecto, la mitad de los noticiarios se refieren a asaltos a mano armada o a crímenes cometidos con ese tipo de armas.
Por último, señor Presidente, un dato bastante decidor.
En Estados Unidos, país donde existe gran libertad para la tenencia y uso de armas de fuego, hay estados que aplican diferentes normas. Unos son más abiertos; otros, más restrictivos. Pero las limitaciones de los más rigurosos no se comparan, ni en la mitad, con las que tenemos en Chile. Y la verdad es que en los estados en que las restricciones son más reducidas se cometen menos asaltos con esa clase de armas. ¿Por qué? Porque muchas veces el delincuente, cuando va a asaltar una vivienda, es repelido por el dueño de casa, quien puede defenderse por sí mismo.
Con eso no estoy diciendo, señor Presidente, que soy partidario de transformar a Chile en una especie de Lejano Oeste, donde cualquiera pueda estar armado. Pero tengo la impresión de que todos los países que han seguido la lógica de restringir al máximo la posesión de armas en el caso de aquellos que respetan la ley han logrado resultados adversos.
Hoy día existe en nuestro país una gran cantidad de armas de fuego no inscritas, hechizas, que nadie controla; y no se podrá controlarlas, pues están hechas de cualquier cosa. Entonces, el resultado final es que las personas decentes que quieren defenderse no tienen acceso a un arma que les permita hacerlo. Asimismo, quienes en el campo se dedican a cazar animales para conseguir recursos enfrentan numerosos problemas; entre otras cosas, si los sorprende Carabineros con un arma de fuego, reciben las penas del infierno.
Voy a votar a favor de este proyecto de acuerdo. Sin embargo, creo que por la vía descrita resultará difícil obtener los resultados que se dice perseguir.

El señor PIZARRO (Presidente).- Pidió la palabra el Honorable señor Tuma. Empero, tenemos un problema, pues este asunto se está tratando como si fuera de Fácil Despacho y, por tanto, solo pueden intervenir dos Senadores: uno que apruebe el proyecto y otro que lo impugne.
En vista de que ya hablaron dos oradores, uno de ellos para informar a la Sala, le daré la palabra al Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, tal como informó el Honorable señor Larraín, este proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores, en el entendido de que el Protocolo en que recae avanza en la dirección correcta para el control de las armas de fuego.
De acuerdo a las estadísticas expuestas en dicho órgano técnico, 96,74 por ciento del universo de las armas inscritas se hallan en manos de personas naturales, lo que equivale a 0,63 armas por cada 100 habitantes. En Estados Unidos se registran más de 90 armas por cada 100 habitantes. Y en muchos países el nivel de violencia tiene que ver precisamente con el número de armas que se encuentran en poder de particulares.
Yo, al revés de lo que planteaba el Senador Prokurica, creo que debemos intentar que los ciudadanos se sientan más seguros por la existencia de normativa sobre seguridad pública, en vez de que cada cual lleve un arma al cinto, como los sheriffs, y en nuestro país rija una especie de Ley del Oeste.
Señor Presidente, el Convenio pertinente significa un gran avance desde el punto de vista de la ayuda que les podemos brindar a las Policías para la investigación de delitos, especialmente de los perpetrados con armas de fuego (según las estadísticas que conocimos, uno de cada cuatro hechos violentos deriva de la circunstancia de portarse un arma de fuego).
El señor Presidente de la Comisión expresaba que se avanzará en la materia al abrirse un registro para la huella balística, lo que permitirá identificar el arma de donde salió la bala con que se cometió cierto delito, determinar a su propietario y hacer el seguimiento conducente a establecer quién la usó.
Hay inscritas legalmente 758 mil 262 armas, y se estima que alrededor de 250 mil no cuentan con inscripción.
Luego de la aprobación del proyecto de acuerdo que nos ocupa y a medida que durante los próximos años avance el cumplimiento del Protocolo, se deberá establecer el registro pertinente. Pero él habrá de tener efecto retroactivo para las armas que ya se encuentran inscritas. Entonces, será necesario abrir en el reglamento un plazo para reinscribir las armas y proceder al registro de la huella balística.
Se dice que hay algún celo entre las Policías y el Ejército respecto a quién maneja el registro en comento o la información sobre la huella balística.
Creo que ese es un punto que puede resolverse con una mirada larga, con visión hacia el objetivo de evitar la violencia y los delitos.
En definitiva, el registro en comento será un gran aporte para los resultados de la investigación y el combate contra la delincuencia.
Por lo expuesto, votaré favorablemente.

El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo (29 votos afirmativos).
Votaron las señoras Allende y Matthei y los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Letelier, Longueira, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).




FINANCIAMIENTO DE RECONSTRUCCIÓN


El señor PIZARRO (Presidente).- Conforme a lo acordado por los Comités, corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para obtener recursos destinados al financiamiento de la reconstrucción del país, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6927-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 21ª, en 19 de mayo de 2010.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 24ª, en 8 de junio de 2010.

El señor PIZARRO (Presidente).- Se me solicitó recabar el asentimiento de la Sala para que ingrese el Subsecretario General de la Presidencia, don Claudio Alvarado.
En todo caso, a los efectos de la presencia de los Subsecretarios, sería conveniente que los Ministros que asisten a esta sesión volvieran al Hemiciclo.
--Se accede a lo solicitado.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo del proyecto es la obtención de recursos para financiar la reconstrucción luego del terremoto y el maremoto acaecidos el 27 de febrero último.
A tal efecto se propone, entre otras medidas, un alza transitoria en la tasa del impuesto de primera categoría; modificar el tributo específico a la actividad minera; integrar a ingresos generales de la nación una cantidad de los recursos señalados en el artículo 1° de la Ley Reservada del Cobre, y elevar la tasa del impuesto a los cigarrillos.
La Comisión, además de la participación de los señores Ministros de Hacienda y de Minería y de otros representantes del Ejecutivo, recibió en audiencia a diversos directivos y portavoces de entidades relacionadas con la iniciativa. Las intervenciones de todos ellos se consignan en el primer informe.
La Comisión discutió el proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por cuatro votos a favor (Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Lagos) y una abstención (Honorable señor Frei), en los mismos términos del articulado que despachó la Cámara de Diputados.
El texto que se propone aprobar en general y el fundamento de voto de los integrantes de dicho órgano técnico pueden consultarse en la parte final del informe.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión la idea de legislar.

Tiene la palabra el Honorable señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, los Senadores de Renovación Nacional vamos a concurrir con nuestros votos a la aprobación de este proyecto de ley, presentado por el Presidente Sebastián Piñera para obtener recursos destinados al financiamiento de la reconstrucción del país.
Hemos escuchado durante varios meses, desde que esta iniciativa fue anunciada, algunas críticas, a las que quisiera referirme.
En primer lugar, se ha preguntado por qué el alza del impuesto de primera categoría es transitoria y no permanente.
Al respecto, debo señalar que la intención del Gobierno del Presidente Piñera, de su Ministro de Hacienda, es que Chile recupere los altos niveles de crecimiento económico alcanzados en otras épocas.
Confiamos en que es el crecimiento económico el que le entrega al Estado la mayor cantidad de los recursos necesarios para mejorar la educación, la salud; brindar mayor seguridad ciudadana; apoyar más a la agricultura; reconstruir los hospitales que cayeron; aportar y conseguir mayor inversión en vivienda, y dar solución a los múltiples problemas sociales que todavía existen en nuestro país.
Pero no solo eso: el crecimiento económico permite también la creación de nuevos y mejores empleos -una de las grandes metas y uno de los mayores desafíos de la actual Administración-, porque solo en la medida que más trabajadores participen en el campo laboral sus ocupaciones serán más estables y mejor remuneradas.
Las remuneraciones no se suben por ley; la estabilidad en los empleos no se obtiene por ley: todo ello se consigue en la medida que exista una actividad económica que permita más contrataciones, pues las mayores contrataciones se traducen finalmente en más estabilidad y mejores sueldos.
Por consiguiente, un alza en el impuesto de primera categoría de carácter transitorio, por dos años, no afecta los niveles de inversión.
Señor Presidente, requerimos inversión en torno al 30 por ciento de nuestro producto interno bruto, porque, en definitiva, una inversión de ese rango posibilitará que la economía vuelva a crecer a tasas iguales o superiores al 6 por ciento anual.
Ayer el Banco Central entregó el informe sobre el IMACEC de abril: 4,6 por ciento de crecimiento de nuestra economía, en comparación con igual mes del año 2009. Fue una buena noticia para todos los chilenos, más aún si se considera que venimos saliendo de una crisis financiera internacional y, además, que muchas de nuestras industrias ubicadas en las Regiones del Biobío, del Maule y del Libertador Bernardo O¿Higgins se hallan todavía tremendamente afectadas por el terremoto y el maremoto del 27 de febrero último.
Todo indica que, una vez que las industrias que debieron detener su producción a causa de la catástrofe reinicien sus actividades a partir del segundo semestre, nuestra economía crecerá a tasas superiores al 6 por ciento. Y ello le permitirá al Fisco tener una recaudación tributaria permanente, constante, que asegure los recursos para ir solucionando los múltiples problemas sociales que enfrentamos.
Por eso, en Renovación Nacional celebramos que el alza del impuesto de primera categoría sea transitoria, por dos años, y no permanente. Así no afectamos el nivel de inversión y contribuimos poderosamente a que el país retome tasas de crecimiento altas y sostenidas.
Otra crítica que se ha hecho, señor Presidente, apunta a la rebaja del impuesto de timbres y estampillas, por ser ella de índole permanente. Y, efectivamente, lo es.
Muchas veces hemos convenido aquí en que aquel impuesto es añejo, contrario a la inversión, e incluso, contrario a la desconcentración económica.
¿Porque quiénes son los que más recurren a las instituciones financieras para pedir créditos? Las personas naturales y la pequeña y la mediana empresas. Siempre he sostenido que no es justo que cuando una persona natural recurre al sistema financiero para dicho efecto su primer socio sea el Fisco y que sea preciso pagarle a este el impuesto de timbres y estampillas. Cuando un pequeño o mediano empresario tiene que hacer otro tanto para cancelar sus compromisos y a sus proveedores, para ordenar sus finanzas, también su primer socio es el Fisco y lo primero que le descuentan del crédito es dicho impuesto. Por lo tanto, este es claramente desfavorable a la inversión.
Y digo, asimismo, que es contrario a la desconcentración del poder económico, porque, en la medida en que les demos más alas a la pequeña y la mediana empresas, vamos a tener más empleo y a permitir que más personas se beneficien del desarrollo económico, y, paulatinamente, a ir terminando con la gigantesca concentración de las actividades productivas, determinante de que se registre, además, una distribución tan desigual del ingreso.
En consecuencia, señor Presidente, por estimar que este es un proyecto diseñado con el objetivo de allegar los recursos necesarios para aliviar el dolor y la angustia de miles de compatriotas que sufrieron con el terremoto y el maremoto, que perdieron sus casas; de comunidades escolares que perdieron sus escuelas; de comunidades de salud que perdieron sus hospitales o consultorios; de pescadores artesanales que perdieron sus embarcaciones -porque todo eso tenemos que reconstruirlo con el esfuerzo y la generosidad de todos-, concluyo que esta es una iniciativa bien pensada.
Quisiera terminar mi intervención diciendo lo siguiente. El 14 de enero de 2009, la Sala del Senado discutió el paquete de medidas fiscales que presentaron la Presidenta Michelle Bachelet y su Ministro de Hacienda para enfrentar la crisis financiera que se vino encima de todo el mundo. Ello incluyó, entre otros aspectos legislativos, la disminución a cero, durante ese año, del impuesto de timbres y estampillas, y a 0,6 por ciento la tasa máxima para el año en curso. Lo que está haciendo el Gobierno del Presidente Piñera es simplemente mantener esta última y determinar que no suba a 1,2 por ciento.
Y me parece que si la Presidenta Bachelet y su Ministro de Hacienda consideraron, en su minuto, que era bueno bajar a cero, por un año, el impuesto de timbres y estampillas, y a 0,6 por ciento hasta el 30 de junio de 2009, fue porque francamente se encontraban convencidos de que este no fortalece la inversión y la creación de empleos, de que no las ayuda. Y creo que hoy, cuando nos hallamos frente a una catástrofe natural, las mismas razones que se tuvieron presentes para enfrentar la crisis financiera podemos invocarlas para poder contribuir al mayor crecimiento económico, que es la medida permanente con la cual debe contar nuestro país para financiar los múltiples problemas sociales.
Pero el 14 de enero de 2009, cuando se discutió ese proyecto de ley, el Honorable señor Escalona expresó que tal iniciativa era posible porque la Concertación, sus Ministros de Hacienda, sus Presidentes de la República, habían hecho de la responsabilidad fiscal una gran herramienta de trabajo. Planteó que la responsabilidad fiscal que tradicionalmente se le atribuía a la Derecha había sido tomada por la Concertación como un principio propio y que el buen comportamiento en ese ámbito era lo que permitía que en momentos de crisis se llegara con un paquete tan potente como el de entonces.
Pues bien, el Senador que habla también quiere consignar que el articulado en debate rompe un paradigma en la Derecha. Para nosotros no ha sido fácil aceptar un aumento de tributos. Sin embargo, lo que no se concretó en la Concertación respecto del impuesto a la renta de primera categoría sí se está llevando a cabo bajo la Administración del Presidente Piñera. Por eso, finalmente, cuando está de por medio el interés nacional, el interés superior de la patria, somos capaces de abandonar nuestros dogmas, nuestras posturas rígidas, y nos ponemos todos del lado del bien de Chile.
A mi juicio, esto último es lo que hace la iniciativa que nos ocupa. Y, por tal razón, formulo un llamado a todos mis Honorables colegas, con la mayor humildad, pero también con la mayor convicción, a que la apoyemos generosamente.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Deseo partir dejando constancia, señor Presidente, de que no concuerdo, obviamente, con la manera en que el Gobierno tomó los fondos regionales. No comparto el hecho de que la discusión respectiva no haya tenido lugar en el Congreso y se procediera vía decreto. Y, por lo tanto, siento que faltó un debate profundo con respecto a la forma en que las distintas Regiones pudieron haber aportado a la reconstrucción.
Puede que los Honorables señores Sabag, Navarro y otros demuestren hoy la misma mirada que el Senador que habla en el momento de tener que votar por uno de los peores proyectos que nos ha tocado ver en el Congreso: el Transantiago. Y ahí, señor Presidente, me pronuncié libremente y por un bien mayor. Lo hice pensando en las personas, sin sumarme a las órdenes, sugerencias o instrucciones de nadie.
Hoy, nuestro país necesita una clase política que se halle a la altura de la tragedia que nos tocó vivir con el terremoto y el maremoto.
El Senador que habla también quiere que las empresas de mayor tamaño paguen más tributos; que se aumenten los impuestos a los alcoholes; que las empresas mineras paguen un royalty superior. Y no solo esto último: además, que un porcentaje importante de esas utilidades queden para las regiones mineras. Pero lo que no podemos hacer, lo que no podemos pedir, es aprovechar el proyecto de reconstrucción para la búsqueda de un dividendo político mezquino. Eso sería repudiable. Hoy tenemos una misión, una urgencia: reconstruir nuestro país. Ese es el verdadero apremio.
Seguramente tendremos después el momento para buscar, junto con el Gobierno, acuerdos en la dirección de poder consensuar algunas proposiciones. Por mi parte, quiero volver a manifestar hoy día mi deseo absoluto de apoyar en lo general el proyecto de reconstrucción, pero sobre la base, sin duda alguna, de poder concordar en lo particular, la próxima semana -y aprovecho de exponerlo en presencia del señor Ministro de Hacienda-, algunas indicaciones. Todas ellas son inadmisibles, obviamente, y debieran ser propuestas por el Ejecutivo.
En el caso del alza del impuesto de primera categoría, propondré la mantención de 20 por ciento el primer año, en 2011, y la determinación de 18,5 por ciento desde 2012 hasta 2015.
El texto, en el artículo 14 quáter, propone eximir del impuesto de primera categoría a las empresas con ventas inferiores a 28 mil unidades tributarias mensuales. La indicación apunta en dos sentidos: aumentar el tope de capital propio a 10 mil unidades tributarias mensuales, para que califiquen más empresas, y elevar a 6 mil unidades tributarias mensuales el tope de las utilidades reinvertidas para poder quedar exento del impuesto de primera categoría.
La normativa en estudio establece, respecto del impuesto específico a la minería, un concepto de margen operacional minero y una tabla impositiva con relación a este último. La indicación propone que la nueva forma impositiva se aplique a contar del año 2010 en adelante, sin períodos de retorno al sistema antiguo. Se propone que la invariabilidad tributaria sea para quienes opten por esa forma por solo cinco años, es decir, hasta 2022.
El proyecto plantea la mantención de la rebaja del impuesto de timbres y estampillas, de 1,2 a 0,6 por ciento. En ese caso, el Senador que habla, recogiendo en alguna medida también las indicaciones que nos formulaban las mipymes hace un par de días, se inclina porque la persona natural o la mipyme que puedan acceder a un crédito de hasta 2 mil unidades de fomento, por ejemplo, queden eximidas del impuesto de timbres y estampillas y que por sobre esa cantidad de dinero se aplique 0,6 ó 1,2 por ciento.
Señor Presidente, pienso que hoy día la clase política está llamada a exhibir una mirada de altura, propositiva, que permita avanzar en la reconstrucción urgente de nuestro país. Y las indicaciones, que tendrían que ser casi todas inadmisibles, debieran poder consensuarse con el Ejecutivo, para tratarlas de aquí a la próxima semana. Voy a votar, de todas maneras, a favor.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, hemos celebrado sesiones especiales respecto de esta materia, tanto por los daños del sismo y del maremoto como por los ajustes presupuestarios.
Y no cabe olvidar tampoco el hecho de que se realizó una reunión especial de los Senadores de la Coalición por el Cambio y de los Comités de los Senadores de la Oposición con el Primer Mandatario.
Todo ello conviene tenerlo presente, por cuanto no debemos despegarnos de la imagen de los daños del maremoto y del terremoto -este último es el quinto más grande registrado en la historia del planeta- que conmueven a nuestra sociedad.
Sé que existe una suerte de saturación de información sobre los damnificados, pero la situación no se halla resuelta. A superar esto es a lo que se nos llama, fundamentalmente, con esta reforma tributaria, como asimismo a una reactivación económica.
En su presentación a las personas señaladas, el Presidente de la República planteó la necesidad de disponer de recursos para recuperar el balance económico estructural del país, para garantizar la reconstrucción de lo dañado entre las Regiones de Valparaíso y de La Araucanía, y, también, para cumplir los compromisos de la Coalición por el Cambio.
En ese sentido, es importante señalar que aquí nosotros no estamos renunciando a un dogma. Con el debido respeto, pienso que el punto es dónde se utilizan mejor los fondos, quién lo hace mejor, si requerimos más o menos Estado. La verdad es que necesitamos un mejor Estado, un mejor uso de los dineros, que es lo que no ha caracterizado la historia de nuestras últimas dos décadas.
En la sesión especial que efectuamos respecto del ajuste presupuestario, medida que obedeció a la dimensión del daño registrado, las autoridades dieron a entender claramente, al igual que en el nivel local, que los fondos retirados por el Gobierno y la Dirección de Presupuestos -los regionales y los sectoriales de los distintos ministerios- eran con devolución. En ese sentido, quedó absolutamente claro que los recursos sectoriales, regionales y de los diferentes programas van a ser recuperados por las Regiones, hayan sufrido o no el terremoto y el maremoto. Y eso es fundamental, por el hecho de que resulta indispensable mantener el nivel de empleo, la reactivación económica, de manera que las zonas que no vivieron el fenómeno no sufran las consecuencias completas de la medida, pese a su clara manifestación de solidaridad.
Quisiera destacar algunos programas a nivel nacional que es básico activar en este minuto.
Me refiero a algunos de los compromisos presidenciales, como, por ejemplo, el de reforestar, en promedio, 200 mil hectáreas por año. Eso requiere algunas reformas paralelas, como la relativa al decreto ley Nº 701 y a medidas administrativas tendientes a desburocratizarlo.
Asimismo, cabe recordar metas como la proporción de las energías renovables en la matriz, de 20 por ciento en el año 2020.
Tenemos una proyección totalmente distinta en lo que a la economía se refiere, con una mirada de futuro.
En la Región de Aysén, ello cobra particular importancia, porque existen compromisos por cumplir que están siendo anunciados. Además, el Ministro Secretario General de la Presidencia tiene a su cargo, de acuerdo con el discurso presidencial que escuchamos el 21 de mayo, la instalación de una unidad que va a velar por el cumplimiento de las tareas prioritarias y los compromisos del Gobierno en cada una de las Regiones. Es decir, nos encontramos en una fase diferente, en la cual los compromisos se contraen junto con metas y estas se cumplen.
Para la Región que represento, se plantea el objetivo de una integración territorial con el resto del país, lo que ha sido anunciado formalmente por el Presidente en Puerto Montt hace pocos días.
Tenemos, además, un compromiso con la calidad de la educación, lo cual pasa necesariamente por revisar la Ley General de Educación, con respecto a la rebaja de 8 a 6 años en los ciclos básicos, por cuanto mil 44 escuelas afectadas van a ser obligadas a migrar, con padres y apoderados, si la cuestión no se resuelve a la brevedad.
En el caso de Aysén, un asunto sensible es que no se cuenta con centros suficientes de estudios superiores, por lo que se necesita poder acceder, sobre esa base, a una beca especial.
Existen, además, compromisos claramente garantizados en la línea de rebajar significativamente la delincuencia y, también, de reactivar el empleo.
La reforma tributaria que nos ocupa debe ser entendida en ese contexto.
Por tales razones, señor Presidente, teniendo a la vista un país solidario y la necesidad de reconstruir la zona dañada por el quinto sismo más grande y potente registrado en el planeta, voto a favor.
Gracias.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, como se ha especificado, hoy nos hallamos en la discusión en general de un proyecto que tiene que ver nada menos que con encontrar diferentes fórmulas para el financiamiento necesario de la reconstrucción del país.
Y no tengo ninguna duda de que a todos en la Sala los anima ese mismo espíritu. Me gustaría ser en ello muy enfática, muy clara, porque, por desgracia, cuando en la Concertación, legítimamente, hemos cuestionado el porqué de alzas transitorias y reducciones permanentes, se ha intentado denostarnos diciendo que queremos negar "la sal y el agua"; que carecemos de sensibilidad frente al terremoto; que le damos la espalda a la gente, en fin. Eso, aparte de resultar bastante ingrato, no me parece nada de justo, y es una manera de rebajar un debate muy legítimo acerca de cuál es la mejor forma de reconstruir el país, cómo vamos a poder conseguir los recursos y quiénes deberían pagar más para ese efecto.
Conforme a nuestra manera de ver las cosas, debieran pagar más aquellos que tienen mucho más. Creo que eso, lejos de constituir un ideologismo, como algunos pretenden, es de entera legitimidad, particularmente en un país como el nuestro, el cual, como lo hemos señalado más de una vez, se caracteriza por enormes y profundas desigualdades.
No puedo entender, entonces, que se diga que aquí median intereses políticos mezquinos. La verdad es que no me voy a sentir identificada por esas palabras, ni tampoco por la acusación de que carecemos de sensibilidad hacia la gente hoy día afectada.
Al contrario, hemos subrayado más de una vez, en las sesiones especiales, la importancia de la reconstrucción. Porque no se trata solo de una reconstrucción física y material de lo mucho que se ha perdido, sino también de cómo vamos a reencontrarnos con nuestra gente, que ha sufrido un tremendo trauma; de los efectos, incluso sicológicos, en las personas y que probablemente tardarán algunas generaciones en superarse por completo; de cómo vamos a hacer un país mejor que el actual -no cabe la menor duda-, en nuestras propias políticas sociales o sectoriales. Si se hace referencia a viviendas, por ejemplo, la idea sería construirlas de mejor calidad, formar mejores barrios, en fin.
En cuanto a la reconstrucción, espero que realmente escuchemos un poquito más a la gente. Porque da la impresión de que las organizaciones sociales, e incluso, los alcaldes, a cargo de los municipios, no han sido precisamente los más considerados.
Estamos pensando, además, en que no fue justa la medida inicial de una reducción pareja, que hasta afectó a zonas que sufrieron los avatares del terremoto o del maremoto.
Todo ello permite concluir que teníamos derecho a exigir claridad al Gobierno y a que este, además, nos dijera cuáles eran los recursos que iban a ser destinados efectivamente a la reconstrucción y cuáles al Programa -por cierto, legítimo- de un Presidente que ganó democráticamente. Porque, como es evidente, es preciso separar.
Aquí se entregó una primera cifra de 30 mil millones de dólares, pero no se especificó. Nos costó muchísimo llegar a los montos reales. Me parece que todavía se registran algunas incertidumbres. Creo que algunos de los supuestos se basan en elementos incluso poco precisos, porque no tenemos plena certeza de las tasas de crecimiento; no vamos a tenerla incluso de las tasas de donaciones, y tampoco de cuántas empresas voluntariamente se van a someter -se supone- al cambio referido al impuesto específico.
Señor Presidente, como hoy día nos encontramos en la discusión en general, no entraremos en detalles. Sin embargo, no puedo dejar de decir ciertas cosas.
Específicamente, quiero señalar que seguiremos levantando la voz en todo lo que signifique recaudar mayores recursos, ojalá permanentes. Si no lo son, al menos que se mantengan el tiempo que demore realizar la reconstrucción. Y nadie en esta Sala podría asegurar que ella se hará en dos o tres años. Lo más probable y certero es que tomará bastante más que los cuatro años que durará -ya falta menos- este Gobierno.
Es una paradoja: se nos acusa de carecer de sensibilidad y nosotros pensamos que es todo lo contrario. Decimos: "Faltan recursos de carácter permanente", porque estamos preocupados de que las personas tengan una mejor calidad de vida.
Por eso mismo, nuestra actitud es completamente propositiva, activa, proactiva. Estamos junto a la gente diciéndole al Gobierno cómo obtener más recursos permanentes o, al menos, que duren todo el proceso de reconstrucción, y no como se ha propuesto hasta ahora.
Queremos claridad en las cifras respectivas.
En verdad, señor Presidente, Honorables colegas, no ha sido fácil para nosotros, pero hemos logrado un acuerdo para presentar una serie de indicaciones. Sabemos que algunas desgraciadamente serán declaradas inadmisibles. Pero todas ellas buscan garantizar recursos y más recursos.
Para obtener tales fondos no queremos que se fijen reducciones permanentes. Por esa vía, al cabo de cuatro años empezaremos a recibir menor recaudación a causa de exenciones tributarias con dicho carácter.
Lo que nunca haremos es abdicar de nuestra soberanía. Lo digo con absoluta claridad. En 2017 termina el actual período de invariabilidad tributaria al que se sometieron las empresas que así lo decidieron. Tal como se lo expresé al Ministro de Minería en la sesión especial que tuvimos al efecto, quiero señalarles a ustedes, Honorables colegas, que no resulta admisible que concedamos ocho años más de invariabilidad tributaria a cambio de una supuesta recaudación que no pasaría de 700 millones de dólares en dos años, considerando que después, de acuerdo a la estimación planteada por el propio Ministro y a lo relacionado con el margen operacional de utilidad, la tasa prevista bordeará apenas el 4 por ciento.
Cabe preguntarse: ¿Por qué vamos a entregar nuestra soberanía y recibir menos recursos después de esos dos años -exactamente la misma tasa de 4 a 4,5 por ciento, siendo en algunos casos menor a lo proyectado- en virtud de una invariabilidad tributaria hasta 2025?
Señor Presidente, quiero pedir -lo repetiré todas las veces que sea necesario- que no confundamos más los términos: hoy día en Chile no existe un royalty. Este es un precio que se cobra por la propiedad. No fue posible acoger la iniciativa pertinente. Aquí se opusieron muchos de los actuales Senadores, con algunas excepciones, que ahora son parte del oficialismo. En aquel entonces no estuvieron de acuerdo.
La normativa que se aprobó posteriormente -mal llamada "royalty II"- otorgó invariabilidad tributaria hasta el año 2017.
No quiero cometer el mismo error. Ojalá todos razonemos sobre ello.
Si queremos respetar las reglas del juego, perfecto, no efectuemos ninguna variación hasta 2017. Pero a partir de ese año iniciemos el debate respectivo sobre el royalty o un impuesto específico. Si acordamos establecer este último, está bien, discutamos la tasa adecuada para tal tributo.
Espero que no renunciemos a recaudar mayores recursos, en particular cuando provienen de productos no renovables y son aportados por nuestras Regiones, las que reciben a cambio solo pasivos ambientales de tremenda gravedad.
Por ello, alzo mi voz una vez más para manifestar que la iniciativa en ese punto es enteramente injusta. No puedo estar de acuerdo con la forma en que ha sido planteada. Creo que nos hará un tremendo daño; creo que implica abdicar como país de un derecho soberano. Se justifica absolutamente decir que sí se puede discutir acerca del royalty o de un impuesto específico a la minería, pero sobre otras bases y otras tasas, y no en función solo de las que nos quieren presentar. De lo contrario, vamos a obtener menos recursos en el mediano plazo. ¡Y para qué hablar en el largo plazo!
Yo no estoy dispuesta a conceder eso.
En consecuencia, en nombre de una Región que entrega recursos y que ha sufrido tremendos problemas ambientales; en nombre de todos los ciudadanos de la Región de Atacama, que no han recibido compensación alguna por su esfuerzo, les anuncio que no me sumaré a una proposición que signifique una menor tasa, porque ello conlleva menos recursos.
Tal propuesta protege únicamente a las grandes empresas mineras. En tan solo 9 años -menos de una década- estas percibieron ganancias por 60 mil millones de dólares y tributaron alrededor de 19 mil millones. Y CODELCO, responsable de un tercio de la producción de la actual minería, aportó, como Estado, 35 mil millones de dólares.
Esas son las cifras claras.
Por eso mismo, junto con insistir en que no puedo estar de acuerdo -y nunca lo estaré- con la actual tasa del royalty, señalo a la Sala y a todo Chile que espero que sigamos defendiendo una empresa pública como CODELCO, que -como expresé- en el mismo período y siendo responsable de un tercio de la producción ha contribuido con 35 mil millones de dólares.
Esa es la realidad concreta.
En definitiva, porque nos encontramos en la discusión en general y porque nos preocupa ver cómo ayudar a reconstruir el país, anuncio que apoyaremos el proyecto. Pero -reitero- el respaldo es solo a la idea de legislar.
Esperamos que los Ministros y este Gobierno se abran aún más al diálogo y que razonen cuando les damos cifras y les proporcionamos argumentos. Porque son argumentos, no un eslogan. Y demuestran que tenemos mucha razón al plantear, con preocupación, que se requieren más recursos y no menos; que se precisan alzas permanentes o por lo menos que duren más tiempo, y no reducciones o exenciones duraderas, que significarán que el Estado disponga de menos recursos, en circunstancias de que necesitamos exactamente lo contrario.
Queremos mucha claridad; queremos diálogo; queremos flexibilidad; queremos que no se nos sigan adjudicando conductas que no corresponden a la realidad.
Tenemos el derecho a levantar la voz para expresar, con legitimidad, que nos preocupa la forma en que se quiere llevar a cabo la reconstrucción.
Nos preocupa separarla de un programa legítimo de Gobierno. Porque hay que distinguir una cosa de otra.
Nos preocupa, además, lo poco que se ha hecho con las organizaciones sociales, con nuestra gente, quienes han tenido muy escasa participación. Ha sido un tremendo error, porque las políticas deben ir de la mano de dicha colaboración. Así se les da más legitimidad, más compromiso, y la gente se siente más involucrada y no se percibe simplemente como un número, una cifra.
¡Y para qué hablar de las Regiones! Solo se mandó el decreto pertinente para comunicarles que se reducía determinado monto de sus presupuestos, sin la menor consulta previa, sin informar siquiera a los gobiernos regionales, sin que los consejeros ni autoridad local alguna pudieran decir qué se afectaba con la merma y qué no.
Señor Presidente, no me ha sido fácil la decisión. He tenido dudas. He llegado a pensar incluso en abstenerme. Pero apoyaré el proyecto solo como una señal de que tenemos un ánimo positivo. Espero que sepan escuchar del otro lado y no sigan con los oídos sordos; que realmente entiendan lo que estamos indicando, que es por el bien del país.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, estamos iniciando la discusión en general de este proyecto de ley, que ha llamado la atención de todo el país y que busca resolver cómo financiar los gastos que se deben afrontar con motivo de la reconstrucción del país a causa del terremoto y del tsunami del 27 de febrero.
Lo primero que hago presente en el Senado es que durante todo este tiempo hemos sido sometidos a una campaña de desinformación, sobre todo los parlamentarios que no participamos del Gobierno y que representamos a las zonas afectadas.
Se ha dicho a la gente que estamos negando la entrega de recursos para la reconstrucción al oponernos a la iniciativa. A pesar de nuestros reiterados planteamientos y declaraciones de que ello no es así, tal campaña ha sido persistente; al menos hasta ayer, cuando se votó la iniciativa en la Comisión y ese discurso perdió su fundamento. De hecho, nunca lo tuvo.
Desde un comienzo nuestra posición fue clara.
Hemos señalado -discrepando con el Gobierno, como es legítimo en un régimen democrático- que somos partidarios de aprobar todos los recursos necesarios para llevar a cabo la reconstrucción de las zonas afectadas, y al mismo tiempo, con la misma claridad, que no es conveniente para el erario nacional reducir impuestos.
Esa ha sido nuestra tesis.
¿Por qué hemos sostenido ese punto de vista con tanta precisión, a pesar de que no se nos ha querido entender?
El proyecto del Gobierno efectivamente no considera solo recursos para la reconstrucción, sino también, por un lado, un aumento en los tributos y, por otro, como consecuencia, una reducción impositiva a determinados sectores.
Ahora bien, ¿qué hemos señalado sobre el alza del impuesto a la renta que se ha propuesto? Que no estimamos conveniente para el país que sea transitoria (por dos años). Es razonable subir la tasa de 17 a 20 por ciento con relación a las utilidades de las empresas, pero ello debe ser permanente.
Se nos dijo que no era necesario darle ese carácter, porque los impuestos que se proyecta recaudar más los incrementos que obtenga el país en el próximo tiempo por el crecimiento de la economía generarán suficientes recursos para financiar tanto la reconstrucción como el programa de Gobierno.
Reconozco el derecho del Gobierno a formular dicho planteamiento. Sin embargo, pensamos que no será tan así: la rebaja de impuestos que se propone a continuación del aumento transitorio no producirá tal efecto.
Pero supongamos que sea cierto y que ampliáramos el plazo de aplicación del alza al impuesto a la renta, ya sea en forma permanente o transitoria pero por un lapso mayor al contemplado. ¿Por qué no destinar los recursos obtenidos para financiar algunas de las iniciativas propuestas en el programa de Gobierno del Presidente Piñera?
¿Por qué, sobre la base de ese supuesto mayor rendimiento de recursos, que -según se dice- podría exceder el monto necesario para la reconstrucción, no se financia la eliminación del descuento del 7 por ciento a los pensionados dentro del lapso de cuatro años, en vez de hacerlo en siete, período que va más allá del mandato presidencial?
¿Por qué no usamos esos fondos excedentes para aumentar la subvención escolar, si todos estamos de acuerdo en ello y los candidatos a la Presidencia de la República sostuvieron que había que duplicarla?
¿Por qué con esos recursos mayores, fuera de los presupuestados, que podrían ser excedentes e innecesarios según el Gobierno, no reponemos los fondos que las municipalidades han gastado en el período de emergencia y que representan parte importante de su presupuesto, como los utilizados para la remoción de escombros, para la construcción de mediaguas o para otras tareas relacionadas con la catástrofe?
¿Por qué no destinamos esos mayores dineros a los gobiernos regionales precisamente de las zonas afectadas?
Esas son las razones por las cuales nosotros planteamos aprobar una iniciativa que genere no menos, sino más recursos.
Se dijo aquí -es un error, pues no se trata de una competencia entre quién fija más o menos impuestos- que en los Gobiernos de la Concertación no se había hecho ninguna modificación a la Ley sobre Impuesto a la Renta. Eso no es efectivo. Se realizaron dos: en el Gobierno del Presidente Patricio Aylwin se subió dicho tributo de 10 a 15 por ciento, en virtud de un acuerdo alcanzado en el Parlamento, y posteriormente, se aumentó a 17 por ciento.
Por lo tanto, hubo dos reformas sobre el particular.
También se nos manifestó como argumento para no mantener en forma permanente el alza de impuestos que ello podría atentar contra la inversión. En efecto, en la economía el aumento de gravámenes puede convertirse en un elemento que incentive o disminuya la inversión. Pero, pragmáticamente, es factible llegar a conclusiones diferentes.
Si se analiza lo sucedido cuando se subió el impuesto a la renta de 10 a 15 por ciento -entonces se dio aquel mismo argumento-, se observará que en ese período la inversión aumentó casi en un 60 por ciento. ¿Por qué? Por razones muy obvias: el empresario no solo mira el aspecto tributario, sino también la rentabilidad de la inversión. Y si ella es positiva, la lleva a cabo, aun cuando la carga tributaria sea elevada, pues con aquella puede solventar el pago del impuesto.
Debemos tener en cuenta, por tanto, que no siempre un tributo provoca una disminución de la inversión.
Me referiré a continuación a otras materias, respecto de las cuales también hemos formulado objeciones.
Con relación a la Ley de Timbres y Estampillas, es efectivo lo señalado por el Senador señor García en cuanto a que durante un período de crisis la Presidenta Bachelet presentó una iniciativa al Parlamento que rebajó dicho impuesto a cero por un lapso de tiempo, y luego se fijó en 0,6 por ciento, tasa que deberá volver a 1,2 a partir del 1º de julio del presente año.
Eso es cierto.
Sin embargo, se nos dice -este es el argumento que se me ha dado en la discusión pública-: "Nosotros queremos mantener ese gravamen en 0,6 por ciento para beneficiar a los pequeños empresarios y a las personas naturales". Bueno, si se pretende eso, digámoslo directamente.
Recojo en este punto el planteamiento formulado por el Honorable señor Bianchi: apliquemos una tasa base de cero a todos los créditos hasta mil UF, ya sea bancarios, de consumo o hipotecarios, otorgados a personas naturales o a pequeños empresarios; y otra de 0,6 por ciento para préstamos superiores a dicho monto. De esa manera, beneficiaremos directamente al pequeño empresario.
Pero no disfracemos una cosa con otra, salvo que se diga lo siguiente: "Deseamos ayudarlos a todos con la mantención de la tasa de 0,6 por ciento, porque estimamos conveniente proceder así". En tal caso, no cabe señalar que tal propuesta favorecería solo a los pequeños emprendedores, pues junto con ellos recibirían el beneficio personas que a lo mejor no lo necesitan.
Pienso que corresponde presentar indicaciones en ese sentido.
Acompañaremos al Senador señor Bianchi en su proposición para plantearle al Ejecutivo que se establezca un impuesto de timbres y estampillas diferenciado: cero para los pequeños empresarios; 0,6 por ciento para todos los demás.
Así, abordaremos directamente el problema.
Por otra parte, la normativa sobre la materia dispone un sistema de declaración de impuesto para las micro y pequeñas empresas que tributen de acuerdo a la renta retirada y no a la renta devengada, lo que se conoce como "el artículo 14 bis". El proyecto ahora propone aplicar el 14 quáter.
La modificación del sistema tributario en 1992 en función de la utilidad devengada y no retirada se hizo porque había una cantidad inmensa de elusión y no pago de tributos, pues resultaba muy difícil controlar la reinversión realizada por distintas personas y empresas de diferente naturaleza. Por eso se cambió el sistema de tributación por otro aplicado a la renta devengada y no a la retirada.
Ahora, si queremos volver atrás y decir que deseamos favorecer a las pequeñas empresas, hagámoslo de nuevo y directamente, pero no como aquí se propone, porque con ello se va mucho más allá.
La ley N° 20.416, sobre Estatuto de la Pequeña Empresa, promulgada este año, define lo que se entiende como tal. Entonces, el artículo 14 quáter del proyecto se debe aplicar de acuerdo a la definición de dicha norma legal, que establece que el margen total de ventas es de 25 mil unidades de fomento, y no de 50 mil como se plantea en la iniciativa.
Por lo tanto, apliquémoslo derechamente y beneficiemos a las pequeñas empresas.
Si queremos modificar el sistema tributario, que sea para todos. Porque, si acaso lo hacemos hasta 50 mil UF, vamos a dejar a un montón de medianas empresas que están entre las 50 mil y las 100 mil -rango que las define- en un sistema discriminatorio que favorece a otras, que están bajo las 50 mil y sobre las 25 mil unidades de fomento. Entonces, debemos corregir eso.
Por otra parte, todos estamos contestes en el alza del impuesto al tabaco. Pero podríamos también haber legislado para obtener recursos a través del impuesto a los alcoholes. No sé por qué no se abordó eso, ya que existían las mismas razones para haberlo hecho.
En cuanto al royalty -impuesto específico al cobre-, que no es tal, se propone una tasa que tiene cierta lógica: a mayor precio, mayor rentabilidad y mayor gravamen. Pero se otorga a las empresas cupreras una invariabilidad que va desde 2018 hasta 2025, o sea, siete años adicionales. Al respecto, no creo conveniente hipotecar el derecho del país, del Parlamento y de los cuatro próximos Gobiernos, dejándolos totalmente inmovilizados sobre esta materia.
Si queremos legislar sobre tributación de las compañías cupreras o que explotan nuestros recursos naturales, hagámoslo derechamente, y veamos cuál es el régimen por aplicarles, pero con estabilidad. Porque también es cierto -hay que reconocerlo- que a las empresas que invierten les interesa la invariabilidad. Veamos cómo contar con una tributación estable en el tiempo, a la que no estemos cambiando periódicamente: que rija primero por siete años; después, por otros siete, y así, sucesivamente. Es decir, hagamos una cosa bien hecha, y que la tributación sea la justa, la necesaria y la que el país requiere para estas empresas, que obtienen importantes utilidades.
Ahora bien, hay algo que debemos tomar en cuenta. Se ha reclamado que nos preocupamos mucho de las finanzas públicas y de la disciplina fiscal, sin considerar que ese es un compromiso de todos. O sea, al legislar, tenemos que cuidar que las cosas se hagan, y bien, y que la economía marche en buenas condiciones. A mi juicio, uno de los grandes méritos del país en los últimos 20 años ha sido su estabilidad, su gobernabilidad.
Y para terminar, deseo hacer un llamado: pongámonos de acuerdo, busquemos soluciones, a fin de despachar un proyecto que realmente sirva a todos y para que el país vea que hay estabilidad y no un conflicto permanente en los temas que ahora nos ocupan.
Si ponemos buena voluntad y convicción en lo que tenemos que resolver, es posible llegar a un acuerdo, pero que sea para el bien del país y diciendo las cosas como son: queremos más recursos para la reconstrucción y dejar sin tributación a tales y tales sectores. No confundamos las materias ni digamos a la gente que un sector de la Oposición, o toda ella, lo único que hace es entorpecer las tareas del Gobierno y no le da los recursos necesarios.
Junto con agradecer la atención que me han prestado los Honorables colegas, quiero decirles que debemos buscar una fórmula para ver cómo vamos a aprobar el proyecto.
Nosotros lo aceptaremos en general para demostrar que no estamos en contra de entregar al actual Gobierno los recursos necesarios para la reconstrucción, sino muy por el contrario. Y, al mismo tiempo, deseamos que considere aquellas medidas que estimamos buenas para el país.

El señor PIZARRO (Presidente).- El Comité Independientes ha pedido abrir la votación.
Si le parece a la Sala, se accedería a lo solicitado.
No hay acuerdo.
El Orden del Día termina a las 19:30. Como hay 16 Senadores inscritos, si cada uno hace uso del tiempo que le corresponde, no alcanzaríamos a despachar en general el proyecto hoy día, por lo cual tendremos que continuar mañana.
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, tal vez después de dar esa información podría haber unanimidad para abrir la votación.

El señor SABAG.- Señor Presidente, a poco más de 100 días del terremoto y el posterior maremoto en varias Regiones de nuestro país, nos encontramos en este Hemiciclo discutiendo un proyecto de mayor importancia -porque el de donaciones involucraba muy pocos ingresos-, el cual pretende allegar los recursos que el Gobierno legítimamente necesita para superar dicha catástrofe. Y todos tenemos la mejor disposición de apoyarlo, a fin de que cuente con los dineros que le permitan hacer frente a tan enorme desastre.
El señor Ministro ha señalado en varias ocasiones que el déficit para enfrentar, no solo los gastos del terremoto, sino también el Programa de Gobierno por cuatro años, alcanza a 20 mil 234 millones de dólares. Y desde un principio ha dicho que al asumir la nueva Administración, el déficit fiscal era de 2 mil 549 millones de dólares. Efectivamente, ese déficit existió. Y ayer estuvimos conversando sobre tal problema en la Comisión de Hacienda, el cual fue planteado por la Senadora señora Matthei. Esa falta de recursos equivalía al 1,1 por ciento del PIB, y así lo aprobamos por unanimidad al despachar el proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación. De modo que todos tuvimos conocimiento de la situación.
Sin embargo, también hay que destacar que durante tres años el superávit del Presupuesto fue de 21,8 por ciento. Es decir, tuvimos un gran superávit en tres años y solo en uno hubo un déficit del 1,1 por ciento, correspondiente a 2 mil 500 millones de dólares que ahora el Gobierno incluye entre los recursos que necesita para enfrentar la emergencia.
Por otra parte, respecto al precio del cobre, ojalá se mantenga en los niveles en que estaba hasta hace dos días. En el Presupuesto se consideró a 2,7 dólares la libra. Como estuvo a más de 3 dólares, de permanecer en ese nivel, evidentemente, habría ingresos adicionales por más de 2 mil millones de dólares al final del año.
Asimismo, cabe destacar que al asumir el Gobierno recibió una situación económica sólida, estable, con importantes activos financieros acumulados en el Fondo de Estabilización Económica y Social, en el Fondo de Reserva de Pensiones y en otros activos del Tesoro Público que suman, en total, 16 mil 557 millones de dólares.
Naturalmente, teníamos una deuda de 6,2 por ciento del producto interno bruto -más baja que la existente en la inmensa mayoría de las naciones de Europa y en Estados Unidos-, que alcanza a 9 mil 982 millones de dólares, los cuales, comparados con los 16 mil millones en activos, nos convierte en acreedores netos del mundo.
Yo vengo llegando de Europa y he visto cómo en España, por ejemplo, el Senado y la Cámara de Diputados buscan una fórmula para disminuir los 20 mil millones de dólares de déficit público, generado no como consecuencia de un sismo natural, sino de otro "terremoto": los muchos beneficios otorgados a la comunidad. Y para ello hoy día deben restarlos a las pensiones, rebajar sueldos, despedir funcionarios y adoptar otras medidas tendientes a equilibrar en parte las arcas fiscales.
¡Para qué hablar de Grecia -su deuda alcanza a más del 100 por ciento de su producto interno bruto-; o de Hungría, en fin, de diversas naciones que son deficitarias en muchos aspectos!
Por eso, en el artículo 3° de la Ley de Presupuestos para el 2010, autorizamos (con el quórum correspondiente) al Presidente de la República para contraer deudas, en el país o en el extranjero, por más de 6 mil millones de dólares.
En consecuencia, el Ejecutivo se halla en óptimas condiciones para enfrentar tanto los daños ocasionados por el terremoto como su Programa de Gobierno.
Resulta evidente que, por razones técnicas, no retorna los dólares depositados en el exterior, pues esa gran cantidad de divisas quizás llevaría a que el precio de esa moneda bajara en forma ostensible. Si lo hiciera y dado que Chile vive de las exportaciones, serían miles de miles los exportadores que prácticamente quebrarían.
Por eso se ha optado por este otro camino: el aumento de impuestos. Y estamos llanos a buscar los entendimientos necesarios para llevarlo adelante.
El proyecto plantea un incremento del impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta de 17 a 20 por ciento en el 2011 y a 18,5 por ciento en el 2012, para volver a 17 por ciento en el 2013.
Los integrantes de mi bancada y los de las del resto de la Concertación han sugerido que esa alza sea permanente. El Gobierno se opone.
Algunos sectores señalan que la reconstrucción no durará dos años, sino entre cuatro y seis. Entonces, ¿por qué no establecer tal incremento al menos por el período que demore aquella?
Ese punto se está analizando.
A continuación detallaré los porcentajes del impuesto sobre la renta corporativa que grava a las empresas en varias partes del mundo, a fin de que Sus Señorías sepan cómo estamos con relación a otros países.
Las tasas son las siguientes: Afganistán, 20 por ciento; Angola, 35; Argentina, 35; Australia, 30; Austria, 25; Bélgica, 33,9; Bolivia, 25; Brasil, 34; Canadá, 33; Colombia, 33; Costa Rica, 30; China, 25; Dinamarca, 25; República Dominicana, 25; Ecuador, 25; Finlandia, 26; México, 35; Holanda, 34,5; Nueva Zelandia, 33; Noruega, 28; Panamá, 37; Paraguay, 30; Perú, 30; Polonia, 28; Portugal, 33; Arabia Saudita, 30; Singapur, 24,5; Francia, 33,33; Alemania, 29,44; Grecia, 25; Guatemala, 31; Honduras, 30; India, 33,99; Israel, 26; Italia, 31,4; España, 35; Suecia, 28; Suiza, 24,5; Siria, 45; Reino Unido, 30; Estados Unidos, 40; Uruguay, 30; Venezuela, 34.
En fin, en todas las naciones mencionadas tal tributo es mucho mayor que el 17 por ciento que pagan las empresas en Chile.
Por eso sostenemos que hay margen para subir el impuesto de primera categoría. Pero el Gobierno, que es el encargado del control económico, estima que la tasa debe volver al 17 por ciento, de manera permanente, a contar de 2013.
Al respecto, pedimos al Ejecutivo abrirse un poco a estudiar el punto a partir de los datos que acabamos de entregar.
En cuanto a la exención del impuesto de primera categoría sobre las utilidades no retiradas, contenida en el artículo 14 quáter, nuevo, estoy absolutamente de acuerdo con ella.
En distintas oportunidades hemos intervenido en el Senado para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que proporcionan el 85 por ciento de los puestos de trabajo a nivel nacional, y siempre hemos propiciado que no paguen impuesto por las utilidades no retiradas; pero si las retiran, tres años después tienen que hacerlo. Es decir, se posterga el pago. Sin embargo, de conformidad con el proyecto, si las reinvierten operará la exención.
Pero la reinversión tiene un límite. El Senador Bianchi pedía aumentar el monto mínimo. El Gobierno habla de empresas con ventas de hasta 1.000 millones de pesos. Muchas actividades, que presentan un alto volumen de ventas, alcanzan a 50, 80 ó 100 millones de pesos mensuales. Y en un año llegan a los 1.000 millones.

El señor PROKURICA.- ¡Pero en ventas, no en utilidades!

El señor SABAG.- En efecto, estoy hablando de ventas.
Entonces, 1.000 millones de pesos no constituyen una gran cantidad; no se trata de un monto exagerado.
Además, la reinversión de utilidades presenta otra limitante: tiene un tope de 53 millones de pesos. O sea, hasta esa cifra no se pagará impuesto.
Por lo tanto, no miremos tan hacia abajo. ¡Son 630 mil las eventuales personas jurídicas o empresas en esa situación!
En seguida quiero referirme a la Ley sobre Impuesto de Timbres y Estampillas.
El último Gobierno de la Concertación, dada la crisis que vivía el país, dejó en cero la tasa de ese tributo durante mucho tiempo. Y desde que empezó el proceso de recuperación llega a 0,6 por ciento. Me parece razonable tal porcentaje si se tiene en cuenta que el Banco Central, por sus créditos, hasta el día de hoy, cobra un interés de de 0,5 por ciento anual. Ignoro si mañana o pasado lo va a aumentar.
Por eso, si ese tributo alcanzara a 1,2 por ciento solo por otorgar el crédito, sería muy duro. ¡Un millón 300 mil pequeños, medianos y grandes empresarios tendrían que pagarlo!
Reitero: considero que la tasa de 0,6 por ciento es altamente razonable, por lo cual estoy muy de acuerdo con ella.
Abordaré en seguida un asunto que a muchos de nosotros nos queda grande: la tributación del cobre. Indudablemente, nos asisten muchas dudas sobre la materia. A lo mejor necesitamos mayores explicaciones para entender por qué se aplaza por 7 u 8 años más la invariabilidad del impuesto específico a la actividad minera.
Nos preocupa ese aspecto. No obstante, anticipo que votaré a favor en general el proyecto, porque deseo que el Gobierno disponga de los recursos correspondientes para enfrentar la crisis.
Junto con el Senador Navarro representamos a la Octava Región, una de las zonas más afectadas por el terremoto y el maremoto. Allá hemos asistido a muchos actos -con la presencia, primero, de la Presidenta Bachelet y luego del Presidente Piñera y de Ministros en diferentes oportunidades-, en los cuales señalamos que apoyaríamos la entrega de recursos para enfrentar las necesidades de la gente. Porque muchos militantes de los Partidos de la Concertación -personas muy modestas- están viviendo en campamentos, en mediaguas, pasando frío, y no diré hambre porque las autoridades se han preocupado de proporcionarles alimentos; pero se encuentran en muy malas condiciones.
¡Qué esperanza podrían tener ellos de una solución definitiva a su condición de vida si el día de mañana les dijeran que nosotros negamos los recursos al Gobierno! ¿Qué significaría eso? Que muchos otros proyectos por realizar en Regiones, programados y aprobados hace años, no contarían con financiamiento, porque el Ejecutivo echaría mano a los ingresos ordinarios de sus respectivos presupuestos.
Por eso, aspiro a que el próximo martes ojalá lleguemos a un buen entendimiento. Comisionamos a nuestro camarada Senador Andrés Zaldívar para alcanzar una solución razonable, que implique, asimismo, devolver a las Regiones los dineros que les quitaron a través de la reasignación que se efectuó, y a los municipios, la plata que gastaron de su presupuesto ordinario para enfrentar la emergencia.
Anuncio que votaré favorablemente la idea de legislar.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, en febrero de este año el destino puso en manos del país tal vez el desafío más importante de los últimos sesenta años: reconstruir nuestra patria después de uno de los terremotos más grandes que han azotado a la humanidad.
Hoy discutimos una iniciativa de ley cuyo principal propósito es obtener recursos para la reconstrucción de Chile. Por ello, no puede haber divisiones -como las planteadas en varios discursos; espero que esto cambie en la votación-, y menos en el Parlamento.
La discusión que se inicia en la Sala representa la esperanza de miles de chilenos que lo perdieron todo. La gente no puede seguir esperando. Lo han dicho Senadores que representan a las Regiones afectadas.
He visto a través de la prensa cómo diversos sectores de la Concertación han criticado esta iniciativa legal y se han manifestado en contra. Esto es preocupante.
Hace un tiempo -y lo he repetido en el Hemiciclo- los titulares de los partidos de dicha coalición se comprometieron ante el Presidente Piñera y el país para trabajar unidos en la reconstrucción.

El señor LETELIER.- ¡Unidos!

El señor PROKURICA.- Ha llegado el momento de cumplir los compromisos y de trabajar unidos por los intereses superiores de la patria.
El proyecto en debate contempla una serie de medidas destinadas a obtener una importante cantidad de recursos, dentro de las cuales destacan el aumento transitorio del impuesto de primera categoría durante los años 2011 y 2012; el alza de los tributos que afectan al tabaco, y un cambio al sistema impositivo de la actividad minera denominado royalty.
Junto con ello, se establece un sistema especial para fomentar la actividad de la pequeña y la mediana empresas, lo que permitirá reimpulsar el desarrollo económico en los sectores afectados.
Tal vez esto último es lo más resistido, pues implica una menor recaudación fiscal.
A los parlamentarios que critican tal medida quiero refrescarles la memoria: bajo el Gobierno de la entonces Presidenta Bachelet, debido a la crisis económica, se adoptaron una serie de decisiones tendientes a dinamizar la economía, entre las cuales figuraba la reducción del impuesto de timbres y estampillas.
Me pregunto: si hace un par de años dicha medida era buena y efectiva, ¿por qué ahora no lo es?
Cabe recordar que, en todos sus discursos, los señores Senadores y los Presidentes de sus partidos políticos han afirmado que las pymes son el motor de la economía, que debemos ayudarlas y que generan más del 60 por ciento del empleo en el país.
Crear incentivos para esa actividad permitirá la contratación de más mano de obra, disminuyendo la cesantía, mejorando la calidad de vida de miles de trabajadores y sus familias, con lo cual reflotará el consumo y el comercio.
Señor Presidente, en el tiempo de que dispongo, quiero detenerme solo en un aspecto del proyecto: el denominado royalty.
Cuando el Senado discutió la iniciativa que creaba dicho tributo, mi voto, junto con el del Senador señor Cantero, fue dirimente para que en nuestro país se gravara la actividad minera. Me pronuncié a favor porque el Ministro de Hacienda de la época, señor Velasco, se comprometió a que parte importante de los recursos recaudados se destinarían a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las Regiones mineras.

El señor LETELIER.- Fue el Ministro Eyzaguirre.

El señor PROKURICA.- ¡Los dos: Velasco y Eyzaguirre!
También hizo lo mismo el Ministro Eyzaguirre cuando se presentó la iniciativa que impulsó el Fondo de Innovación para la Competividad: vino a esta Sala, se comprometió a que irían recursos a las Regiones mineras, y nada de ello ocurrió.
Un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra ha contado un cuento: señaló que la actual falta de recursos obedece a que, en algún momento, el proyecto sobre el royalty no se aprobó y que por esa razón no llegaron los dineros a las Regiones mineras.
¡Por favor! ¡No seamos niños! Aquí hubo compromisos con las Regiones mineras, y la Concertación no los cumplió en el sentido de enviarles los recursos obtenidos con la recaudación de dicho impuesto. De esto ha llegado poco y nada.
Yo digo derechamente: esos Ministros de la Concertación nos engañaron a nosotros y también al resto del país. De los recursos percibidos, casi nada se ha destinado a las Regiones mineras, y nos hemos quedado con esos tributos, con las enfermedades provocadas por la minería y, además, con una serie de externalidades negativas derivadas de dicha actividad económica.
Así queda demostrado en la Región de Atacama, que represento en el Senado.
Las personas llegan a las cuatro y media de la mañana a los hospitales para conseguir atención médica. No hay especialistas ni servicio de oncología. Cualquiera que se enferma de algún cáncer debe ir a atenderse a Antofagasta ¡Ochocientos kilómetros al norte! Y alguien que padece una anomalía al corazón debe viajar a Valparaíso a engrosar las largas listas que ya existen en los hospitales de la zona. ¿Es esa una buena calidad de vida para los habitantes de una Región que tanto aporta al erario?
Por eso, yo quiero obtener el compromiso del Ministro de Hacienda aquí presente, don Felipe Larraín -¡mi Ministro de Hacienda!-, en orden a que nos asegure que parte de los recursos recaudados en el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) llegarán a las Regiones mineras.
¡Y le pido tal compromiso, porque es un Ministro de mi Gobierno, porque creo en su persona y sé que no nos va a defraudar!
Finalmente, escuché con mucha atención las propuestas formuladas por un señor Senador, que me parecieron muy interesantes. ¡Un decálogo de buenas ideas para mejorar la economía, perfeccionar algunas materias tributarias y levantar a la pequeña y la mediana empresas!
Sin embargo, yo me pregunto: ¿por qué no lo hicieron mis colegas de las bancadas de enfrente? ¿Por qué no terminaron con el 7 por ciento de cotización en salud de los jubilados? ¿Por qué no acabaron con la crisis que afecta a las pymes?
¡Si estuvieron en el Gobierno veinte años, sin terremoto, con un altísimo precio del cobre!
Yo agradezco tales ideas. Pero pienso que han llegado un poco tarde. Siempre es bueno estar abierto a discusiones interesantes. Sin embargo, también hay que tener buena memoria.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, de acuerdo a lo señalado por el Gobierno, los costos que debe asumir el Estado, es decir, la totalidad del sector público, como resultado del terremoto -las cifras varían según las distintas presentaciones y los innumerables sesgos que se dan al problema- ascienden a una suma cercana a 9 mil millones de dólares. Y hasta el momento, conforme a los antecedentes entregados por el Ejecutivo -hechas las correcciones correspondientes-, se podría llegar a una recaudación no superior a 3 mil millones de dólares.
Ello, como primer elemento, resulta insuficiente para cubrir las necesidades planteadas por el Gobierno y respecto de las cuales todos estamos de acuerdo.
Si se parte de la base de las estimaciones del proyecto que se nos presenta, se obtendrá una recaudación de 3 mil 231 millones de dólares en cuatro años, y se tiene que llegar a los 9 mil millones, tal como señala el propio Ejecutivo.
Más allá de cualquier juicio que emitan los personeros de la actual Administración, la Concertación y en especial el Senador que habla estamos igualmente deseosos de contribuir al proceso de reconstrucción del país.
Por lo tanto, nos parece razonable saber -y esto no debe considerarse como una posición negativa- de dónde provendrán los millones de dólares faltantes y cómo se van a recaudar con un ejercicio fiscal responsable.
Esa es una primera cuestión.
El segundo punto de discrepancia con el texto presentado dice relación al carácter transitorio de las alzas tributarias, cuando todo indica que deberían ser permanentes.
Esto se ha discutido mil veces, y somos conscientes de que no concordamos sobre el particular. El Gobierno insiste en no incrementar los impuestos de manera permanente -salvo el del tabaco, medida que aplaudo- y sostiene que para enfrentar los gastos asociados al terremoto solo se precisaría un alza tributaria por los dos primeros años.
Creemos que tal solución es cuestionable e incorrecta, ya que el daño ha sido enorme y la propia experiencia internacional así lo demuestra.
Entonces, como mínimo, el carácter transitorio del aumento impositivo planteado en el proyecto debe contemplar un plazo de reconstrucción más realista.
Algunos miembros de la Oposición han formulado ciertas ideas sobre la materia, en orden a que en vez de dos años sean cuatro o seis, para llegar a un acuerdo.
Una tercera cuestión en que se discrepa del proyecto presentado radica en que no creemos que la propuesta sea un alza tributaria si se toma el global de las modificaciones, sino más bien una rebaja si se considera a varios años plazo.
El aumento transitorio del impuesto de primera categoría a las empresas, desde 17 a 20 por ciento, se aplicará durante dieciocho meses. Pero simultáneamente se reducirá el de timbres y estampillas en 400 millones de dólares anuales de manera permanente. Y aquí deberán precisarse las diferencias entre las pequeñas, las medianas y las grandes empresas.
Al mismo tiempo, y en concreto, los tributos en Chile se rebajarán hacia 2014, cuando se entregue el Gobierno. Se replica que también suben las contribuciones y el impuesto al tabaco. Sin embargo, en un análisis de conjunto, cabe preguntarse cómo se repartirán esos 400 millones de dólares de disminución de tributos. Dos tercios los recibirán las grandes empresas.
Por lo tanto, se estima que se ha presentado algo que no es efectivo. De acuerdo con esto, el aumento no es un alza, sino más bien una rebaja de impuestos en el tiempo.
Como en la Sala hay muchos economistas, tengo la percepción de que sobre la materia podemos discutir ad aeterno, porque siempre es posible ver las cifras de distintas maneras. El actual Presidente de la República, cuando se encontraba en este Hemiciclo, solía manifestar que las estadísticas son como las luces de la calle: "sirven para alumbrarse pero también para afirmarse". Si él lo dijo, alguna razón tendría.
Y en este caso, creo que las estadísticas responden a igual propósito, por una interpretación muy distinta, que abordaré en el cuarto punto.
Me refiero al alza del royalty, sobre la cual el representante de nuestro Comité fue explícito, claro, preciso y muy concreto.
El incremento será voluntario, ya que el Gobierno del Presidente Lagos le concedió a la gran minería del cobre invariabilidad hasta 2017. Además, no olvidemos que el royalty significó en la práctica una rebaja de tributos a las empresas mineras, ya que se les eximió del 7 por ciento de impuestos adicionales. Todos sabemos las razones por las cuales se tuvo que llegar a ese tipo de acuerdo. A cambio de ello, aceptamos "voluntariamente" el 5 por ciento de royalty, que ahora se sube en forma también "voluntaria" a 9 por ciento.
Como resultado de este absurdo tributario que hemos mantenido con la gran minería privada, cinco grandes empresas de este sector que operan en nuestro país han obtenido en el pasado reciente las utilidades más cuantiosas de que se tenga memoria.
No vamos a repetir cifras. Vuelvo a decir: sirven para todo.
Pero sí quiero señalar que versus un impuesto mayor -del monto que se ha dado: hasta 9 por ciento- hay una ganancia extremadamente grande, de 65 mil millones de dólares.
Para quienes hemos sido parlamentarios por muchos años la discusión sobre el cobre ha formado parte de nuestra historia. Y sería muy triste pensar, para mí específicamente, que después de tanto tiempo esas empresas extranjeras, o privadas, siguen obteniendo una suma de ingresos tan absurda y tremendamente más grande que los de las personas.
Frente a eso, se considera un agravio a la nación plantear una invariabilidad tributaria hasta 2025 como resultado de la modificación propuesta al royalty, que rinde apenas 700 millones de dólares -como mencionó el Ministro de Hacienda- en los cuatro años que duraría su aplicación.
Señor Presidente, quiero expresar lo siguiente.
Nosotros apoyamos -lo dije aquí la primera vez que hablé sobre estas materias después de producido el terremoto- un proyecto que reúna tres características.
En primer lugar, que rinda adecuadamente a fin de que el Estado cuente con suficientes recursos para cumplir con los compromisos derivados de la catástrofe. Ello no se está consiguiendo.
En segundo término, que paguen quienes más tengan; es decir, que sea equitativo, en el sentido de que quien perciba más cancele un porcentaje mayor que aquel que posea menos.
Y en tercer lugar, que las modificaciones que introduce a la tributación ayuden a evitar que se siga profundizando la brecha económica tan brutal que existe, de la cual con franqueza somos todos responsables. Yo fui gobierno con la Concertación durante veinte años, y reconozco que mi lucha permanente fue lograr que ello se discutiera y que se rebajara esa diferencia.
Los señores economistas podrán señalar que mi apreciación es por absoluta ignorancia. Pero en verdad, señor Presidente, hasta la fecha nadie ha estado en condiciones de decirme que las cifras no son ciertas. Hoy, las personas de mayores ingresos en el país -el 1, 2 ó 3 por ciento-, con el capital, el patrimonio y las inversiones que pueden hacer en el sistema, perciben en un año lo que otras personas, como pequeños comerciantes de las esquinas de Chile o quienes reciben el ingreso mínimo, obtendrían si trabajaran durante dos mil años.
Creo que ninguno de los tres requisitos antes mencionados se cumplen en el proyecto en análisis.
Entonces, ¿cómo logramos una conciliación a fin de que haya acuerdo para votar a favor?
Las conversaciones que ha sostenido el Gobierno con los representantes de la Concertación en el Senado no han posibilitado un consenso que permita garantizar algo de lo que estamos planteando, dada la división de fuerzas y la votación que han anunciado distintos Honorables colegas. Por lo menos, no tenemos ninguna certeza sobre el particular.
En tal sentido, he propuesto -lo pedí a diversas personas- que, en vez de hoy, se vote en el momento en que alcancemos un acuerdo protocolar, de caballeros y de damas, entre el Gobierno y la Oposición, que declare: "en esto concordamos y en esto, no". De esa manera nuestra votación en general podría dejarnos tranquilos con nuestra conciencia.
Como nada de eso se ha realizado, me pregunto qué pasará después de que la iniciativa se apruebe en general. Sucederá lo esperado en atención al número de Senadores que se pronuncien de una u otra forma, o a los que el Gobierno pueda convencer en el curso de los días diciéndoles: "voten que sí a esto y que no a lo otro".
Considerando cómo son las cosas en política -todos lo sabemos-, he propuesto que se alcance ese acuerdo. Pero no lo he logrado. Por consiguiente, no tengo manera de convencer a mi conciencia de que si me pronuncio a favor estaré haciendo lo correcto.
No quiero verme mañana encerrado por la fuerza de los votos o por la del Ejecutivo, que ha sido siempre muy importante en su relación con el Parlamento. Quienes fuimos Senadores de Gobierno lo sabemos, y también lo experimentarán los señores parlamentarios que hoy lo son, porque así ocurre en nuestro régimen.
Por eso, señor Presidente, he formulado preguntas muy claras a algunos de los Ministros, quienes además, como ustedes, mis queridos amigos, han sido extremadamente corteses con lo que me ha sucedido en el último tiempo -y se los agradezco-; pero no puedo votar que sí, porque no tengo ninguna seguridad de que algunas de las materias que hemos propuesto puedan ser aprobadas, dado que no existe protocolo de acuerdo con el Gobierno.
Creo que se producirá un cruce, un amarre de manos -que no estoy dispuesto a aceptar- en asuntos relacionados con el cobre y los impuestos, a objeto de que se pueda cumplir con los tres elementos que son esenciales para que este proyecto sea éticamente correcto y del todo claro y consecuente con los propósitos que se persiguen.
Uno, que haya recursos suficientes.
Es casi un absurdo político que la Oposición le diga al Gobierno: "Estamos dispuestos a darles más recursos", y este responda: "No, muchas gracias". Y por eso no le cobro tantos impuestos a determinadas personas.
Segundo, que sea equitativo: quien más tiene, más paga.
Y tercero, que la fórmula resulte éticamente prudente, para que no paguen los que hoy día no solo son usufructuarios, sino que también se encuentran tremendamente complicados en su vida.
A pesar de que algunos de mis colegas han dicho que nadie podría entender si no aprobamos la iniciativa en general, yo sí se los puedo hacer entender a mis amigos de la Región, a mis electores, a quienes hoy día se encuentran muy lesionados.
He discutido la situación con un Honorable colega. Y, en verdad, ello es explicable cuando uno alude a las razones conforme a las cuales se le dice al Gobierno: "Tome más recursos que se los aprobaremos", y este señala: "No, gracias; me basta con esto.".
¡Dios nos permita más adelante reclamarle por qué no aceptó un mayor aumento, puesto que el terremoto fue muy fuerte y los recursos no le alcanzarán!
He dicho.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, el proyecto en debate reviste una doble importancia. Ciertamente, es significativo para los esfuerzos de la reconstrucción y, por ende, resulta relevante su discusión desde el punto de vista técnico y político en cuanto a cómo se financiará aquella. Asimismo, es una iniciativa trascendente para el Gobierno del Presidente Piñera, ya que constituye el principal proyecto cuya aprobación estará en juego, pero, por sobre todo, la forma en que se llevará a cabo su análisis. Tal situación marcará el clima político que tendremos hacia delante para entendernos en el Parlamento.
Y señalo lo anterior porque, ante un drama nacional como la reconstrucción -a la que nadie se ha restado, pues miles de chilenos han contribuido sin Ley de Donaciones, a través de la Teletón, y han estado dispuestos a cooperar en la reconstrucción y en el financiamiento-, el Gobierno requería cierta unidad a nivel de país al minuto de enfrentar la propuesta de financiamiento.
Y el Gobierno, tal vez, perdió la oportunidad de haber consultado y recurrido a la buena voluntad de la Oposición para discutir los lineamientos centrales del proyecto. No fue así. Más aún, en los últimos diez días, a raíz de cuestionamientos, legítimos a mi juicio, respecto del contenido de la iniciativa, hemos visto una descalificación y una amenaza por parte del Ejecutivo.
No me parece justo ni civilizado manifestar que "quien no apruebe el proyecto será puesto en la plaza pública, sujeto a escarnio, por haber rechazado el financiamiento". Creo que, considerando todas las intervenciones que he escuchado, los votos están y habrá recursos.
En consecuencia, los amigos de la prensa mañana ya pueden titular: "El financiamiento está asegurado".
No obstante, ese no es el punto, sino quién lo pagará. Y ahí surge una discusión que es legítima en el Parlamento.
Por lo tanto, habiendo financiamiento, no parece justo ni sano señalar: "Vamos a apuntar con el dedo a quienes rechacen el proyecto".
¡Nadie va a rechazar los recursos para la reconstrucción! Estamos de acuerdo en eso.
¡Nadie negará la sal y el agua! Estamos discutiendo quién pagará la sal y el agua. Ese es el tema.
Y, frente a ello, el que nos ayuda más que nadie es el Presidente de la República, por cuanto el mensaje que acompaña a esta iniciativa señala que "El modelo de financiamiento diseñado" -para esta ley en proyecto- "parte de una premisa, que es la estabilidad fiscal,...". Y agrega: "...pero también de un eje inspirador: el esfuerzo solidario.".
Más adelante -y esto es lo mejor; creo que le gusta a algunos Honorables colegas- dice: "...lo que se busca es comprometer a los sectores de mayores ingresos en el esfuerzo por aumentar la recaudación fiscal para hacer frente a las demandas que requieren los proyectos de reconstrucción.".
En el discurso del 21 de mayo, el Presidente Piñera hace carne el progresismo. Señala que para la reconstrucción se requiere un gran esfuerzo, el que debe recaer principalmente -comillas- "en las grandes empresas y sectores más favorecidos, los que deben ir en ayuda de las personas damnificadas".
En consecuencia, lo primero es que existen dos principios orientadores: la responsabilidad fiscal para el financiamiento y un componente solidario, que el Ejecutivo lo define como: "El que tiene más paga proporcionalmente más".
Desde ese punto de vista, y siguiendo la analogía del Senador señor Prokurica -pero la invierto-, en el sentido de que durante muchos años hubo cosas que no se hicieron, lo cual podemos discutir en otra oportunidad, yo me congratulo de que hoy tengamos un Gobierno de Derecha que hace suyo un principio que hemos venido empujando desde hace mucho tiempo;...

El señor PROKURICA.- ¡Ofreciendo!

El señor LAGOS.- ...esto es, que en Chile, el que tiene los bolsillos más grandes debe ponerse con más recursos; en este caso, para la reconstrucción.
Por consiguiente, partiendo de esa premisa, me parece que es posible trabajar. Y yo soy un optimista porque considero que llegaremos a acuerdo para lograr una ley de financiamiento que sea buena para el país, para las cuentas fiscales y, al mismo tiempo, que recoja dicho principio solidario.
En lo relativo a la responsabilidad fiscal nos surgen dudas, y se las hemos planteado al señor Ministro de Hacienda.
Primero, se supone que este proyecto es para recaudar recursos. Sin embargo, al final, la cifra que se reunirá resultará menor a la estimada, pues desde el año 2013 hacia delante la recaudación fiscal será de 400 millones de dólares menos.
Segundo -ya lo explicaron varios señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra-, en cuanto a la rebaja de la tasa del impuesto de timbres y estampillas, en la normativa que permite la exención de gravámenes para la reinversión de utilidades como medida de apoyo a la pequeña y mediana empresas, creo que el asunto se soluciona distinguiendo entre la gran empresa y esas últimas
Me huelgan las palabras acá.
Una pregunta concreta: si se trata de recaudar, ¿por qué el Ejecutivo, en circunstancias de que llevamos discutiendo más de una semana esta materia, aún no repone lo relativo al impuesto territorial que se cayó en la Cámara de Diputados y que representa más de 300 millones de dólares?
Se le rechaza una propuesta inicial a aquel y el Ministro de Hacienda todavía está decidiendo si la repondrá o no. Yo esperaba que, si incorporó el aumento transitorio del impuesto territorial al principio porque consideraba que se iban a recaudar recursos, ya lo hubiese repuesto. Falta claridad respecto de cómo se financiarán más de 2 mil millones de dólares: si se recurrirá al Fondo de Estabilización Económica y Social; si se venderán o no empresas del Estado, y si habrá o no endeudamiento interno o externo. Pero el titular de esa Cartera aún no tiene clara la forma en que se va a descomponer tal recaudación. Y a mí me merecen legítimas dudas acerca de cómo se hará aquello.
Por consiguiente, cuando se da una cifra global de 7 mil 500 millones de dólares por concepto de crecimiento, uno supone que la tasa de crecimiento es la adecuada. Pero no me consta. Cuando se desglosan tributos del orden de 3 mil 240 millones de dólares, tampoco me queda claro, porque no sabemos cuánto se recaudará con el royalty. Además, las contribuciones, que antes habían sido incluidas, hoy no lo están. Entonces, no cierran las cifras.
O sea, hay una serie de materias relacionadas con el financiamiento sobre las cuales no hay claridad.
Por otro lado, en cuanto al tema solidario, a lo relacionado con el impuesto de primera categoría, comparto lo expresado por el Gobierno. Hoy, en este minuto, para enfrentar la reconstrucción, no corresponde llevar a cabo una discusión tributaria global y amplia. No están las condiciones para ello. Me habría gustado que eso aconteciera; pero "no hay agua en la piscina". Así que, en vez de perder tiempo pidiendo un traje de baño para tirarme a una piscina que no tiene agua, prefiero cambiar de idea y preguntar dónde hay una materia en la que se pueda llegar a acuerdo.
Y el Gobierno propuso algo que rescato nuevamente: aplicar tributos transitorios, elevar el impuesto de primera categoría de manera transitoria. Hasta ahí comparto eso. Pero podemos pedirle al Ejecutivo una recaudación no solo de mil 200 millones de dólares, sino tal vez de 2 mil 200 -el criterio que utiliza lo encuentro sano desde el punto de vista de lo que viene por delante-, porque la reconstrucción de Chile no durará cuatro ni tres años, sino que tomará más tiempo que el período del Gobierno actual.
Entonces, consigamos un financiamiento acorde con ese período de reconstrucción.
Por tanto, si tomo lo que señala el mensaje que acompaña al proyecto de ley en debate; si tomo el discurso del Presidente Piñera el 21 de mayo, donde él se abre a decir que quienes tienen más contribuyan en mayor medida, y veo que esta iniciativa establece un aumento de 4,5 puntos -que es modesto- solo por dos años, ¿por qué no pensar en 4 años y en un incremento de 3,5 puntos para llegar a 8? Eso ya daría más de mil millones de dólares de recaudación y constituiría una señal potente.
Si vamos a llegar a acuerdo respecto de un asunto delicado, por qué debemos comprar la idea de, tal vez, vender activos prescindibles -como se ha señalado, no está claro- para recaudar mil 300 millones de dólares, en circunstancias de que sumando 3,5 puntos a los 4,5 propuestos por el Ejecutivo y extendiendo en dos años el aumento se recauda lo mismo y con un impuesto transitorio.
Algo similar ocurre para reunir los 700 millones de dólares que está pidiendo el Ministro de Minería: con la proposición de aumentar de 2 a 4 años y subir de 4,5 a 8 puntos se recauda un 50 por ciento más.
En consecuencia, existen fórmulas distintas para abordar la reconstrucción.
A muchas de esas normas se les van a formular indicaciones. Pero uno no es iluso: van a ser declaradas inadmisibles.
Lo que espero y planteo es que, de aquí a que nos enfrentemos a la decisión de votar y para que no se produzca una situación en virtud de la cual solo se aprueben las normas que implican alzar los impuestos y se rechacen las relativas a su rebaja, concordemos un proyecto para que el país vea que la clase política se puede poner de acuerdo, dentro de los parámetros y criterios propuestos por el Presidente de la República: quienes tienen los bolsillos más grandes, contribuyen en mayor medida a financiar la reconstrucción.
He dicho.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas:
Quiero hacer una presentación, un análisis crítico al plan de financiamiento de la reconstrucción.
Creo que todos estamos dispuestos a aportar los recursos necesarios para ella.
Considero inconducentes algunas opiniones vertidas en este último tiempo, insinuando que algunos no queremos dar los dineros para la reconstrucción.
El Gobierno tomó una opción política que ciertos parlamentarios no compartimos. Se lo representamos al Ministro de Hacienda el primer día: no consideramos correcto presentar el Plan de Reconstrucción y su financiamiento junto con el Programa de Gobierno, pues son cosas distintas.
El Gobierno del Presidente Piñera ha insistido en mezclar el Plan de Reconstrucción y su financiamiento con el Programa de Gobierno, con sus compromisos de campaña. Y hemos dicho una y otra vez que nuestra principal preocupación debería ser de dónde surgen los recursos para la reconstrucción. El Ejecutivo señaló que, a lo menos, se necesita recaudar 8 mil 400 millones de dólares para cumplir esa tarea. En lo personal, me parece que el Gobierno se ha quedado, no corto, sino muy corto en el cálculo de los costos de la reconstrucción.
En ninguna de las propuestas presentadas acá hay un peso para la reconstrucción patrimonial ni para un programa de reconstrucción de viviendas rurales en serio.
Y sobre la base de esos dos ejes quiero hacer esta presentación. ¿Con qué fin? Con el propósito de invitar al Ejecutivo y a mis colegas a que consideremos otras fuentes de financiamiento.
Señor Presidente, la propuesta del Gobierno, a mi juicio, es insuficiente; es confusa, porque sube y baja impuestos; es incierta, porque depende de variables que no están en sus manos; es incompleta, porque no considera en sus costos la reconstrucción patrimonial y de la vivienda rural, y es poco creativa porque, a la larga, consume ahorros y patrimonio en lugar de crear nuevas fuentes de ingresos.
En la lámina que se encuentra frente a Sus Señorías -entregué el documento a varios- los gastos a financiar (donde se juntan el Programa de Gobierno con el Plan de Reconstrucción) en total suman más de 20 mil millones de dólares. Se identifican 7 fuentes de financiamiento que, a lo más, lograrán recaudar 17 mil millones de dólares, según cifras que el Ministro de Hacienda entregó esta semana en el Club Monetario de la Universidad Finis Terrae.
Queda un déficit de más de 2 mil 800 millones de dólares.
El Ejecutivo propone una forma de financiar estos recursos durante el presente año, pero el 40 por ciento está pendiente.
Y para el período 2010-2013 basa buena parte de sus supuestos de financiamiento -37 por ciento- en el crecimiento económico a una tasa del 6 por ciento anual. Además, considera reasignación de gastos y otras variables que voy a analizar.
En el esquema que les he entregado a diversos señores Senadores, se ve que con los ingresos tributarios que nos propone el Gobierno, considerando la cantidad más optimista, se recaudarán 3 mil 240 millones de dólares. Si usamos las cifras más favorables para el Ejecutivo, con las rebajas tributarias se dejan de percibir 772 millones de dólares durante los cuatro años. Los ingresos tributarios corregidos terminan siendo solo alrededor de 2 mil 400 millones de dólares.
Cuando uno hace las proyecciones fiscales corregidas, considera lo que no se ha tomado en cuenta: el país no va a crecer al 6 por ciento. Ningún economista serio -¡ninguno!-, con la crisis económica en Europa: en Grecia, ahora en Hungría, en España, con lo que está pasando en Inglaterra, estima posible proyectar un crecimiento al 6 por ciento sostenido durante los próximos años. Las mejores proyecciones apuntan al 5 por ciento.
Esa corrección equivale a mil 250 millones de dólares menos, solo por efectos de crecimiento.
Si a eso sumamos el déficit de 772 millones de dólares que no se cubren con la propuesta del Gobierno y los mil millones de pesos no contemplados para financiar la reconstrucción patrimonial -que constituyen gastos no contemplados, conforme al gráfico en exhibición-, lo que obtenemos al hacer el cálculo es el déficit real del proyecto que el Gobierno nos está proponiendo, que no es de 2 mil millones, sino uno superior a 5 mil 880 millones de dólares, de acuerdo con la cifra oficial.
Señor Presidente, la propuesta del Ejecutivo se basa en el crecimiento económico, en el control de la evasión tributaria y en el impuesto específico a la minería, que son todos factores inciertos.
En cuanto a la reasignación de gastos, ya hemos planteado nuestra inquietud respecto de cómo se le ha quitado plata a las Regiones, incluso a las terremoteadas, causándoles un tremendo daño.
Además, el Ejecutivo no ha sido claro acerca de un punto que para nosotros resulta tremendamente incierto: la venta de activos como las sanitarias (el agua) -que es un tremendo error-, CODELCO o la empresa EDELNOR. Todo ello constituye un gran punto de quiebre en la relación unitaria a la cual nos llaman.
Existen, por tanto, situaciones inciertas.
Queremos ayudar a que haya más ingresos. Entendemos que el Gobierno desea financiar su programa de gobierno y la reconstrucción.
Por tales motivos, hemos planteado una propuesta, que invitamos al Ejecutivo a recoger mediante una indicación. Se trata de una normativa para la repatriación voluntaria de las inversiones chilenas en el exterior con el objeto de financiar la reconstrucción patrimonial y de las viviendas rurales en nuestro país.
Según muchos estudios, hay cerca de 35 mil 500 millones de dólares en el extranjero que son propiedad de chilenos o de extranjeros residentes en Chile.
Esa inversión no tributa en el país.
Conforme a investigaciones más recientes -en el cuadro lo pueden observar-, según varíe la tasa de incentivo para repatriar los capitales, se pueden recaudar montos distintos.
Con una tasa moderada de 6 por ciento, las estimaciones más conservadoras indican que se podrían repatriar más de 23 mil millones de dólares, lo cual generaría un ingreso tributario inicial de sobre 1.400 millones y uno permanente -al aumentar la base, según muchos estudios- de por lo menos 400 millones.
Señor Presidente, a lo que estamos invitando es a que la señalada se incluya como fuente de financiamiento adicional de la reconstrucción.
Con ingresos iniciales que deberían superar los 1.000 millones de dólares y, al elevarse la base tributaria, con entradas permanentes, en el período de cuatro años, de 2.000 a 2.600 millones, se podría hacer efectivamente reconstrucción patrimonial en Chile.
Señor Presidente, quienes somos Senadores de las zonas rurales sabemos que la Ministra de Vivienda y los equipos del sector tienen una tremenda disposición.
¿Pero qué proponen el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos? ¡Un millón de pesos para reparar viviendas rurales! ¡Un millón de pesos para reconstruir viviendas en la gran mayoría de las comunas!
Hoy no tiene financiamiento para su reconstrucción lo que constituye el patrimonio histórico de nuestro país. Desde el Museo de Bellas Artes hasta los edificios centenarios; las iglesias patrimoniales, que son más de 70 solo en la Sexta Región y están en el suelo -y esto (discúlpenme) no es un problema de la Iglesia Católica: la iglesia de La Merced, la iglesia de La Compañía tienen que ver con el patrimonio histórico de Chile-; la casa Hodgkinson (solo para mencionar capital patrimonial de la Sexta Región), de donde salió la fundación de CODELCO Chile, en particular la División El Teniente; los molinos, las estaciones de trenes; las casas presidenciales, como la del Presidente Errázuriz, en El Huique.
Señor Presidente, la reconstrucción aporta a la economía a través del turismo, a través de la ocupación territorial.
Yo me resisto a que el casco urbano tradicional de Talca, ciudad con un patrimonio histórico tremendo, termine siendo comprado por inmobiliarias, las cuales operan según los mecanismos del mercado.
Eso mismo se repite en la Octava Región.
Señor Presidente, vamos a votar a favor de la idea de legislar. Discrepamos de muchas de las medidas que se proponen, pero no porque no queramos que se cuente con los recursos. Tenemos juicios distintos respecto al rendimiento de los instrumentos. Tenemos juicios críticos acerca de si los impuestos a las utilidades deben ser de más larga duración o no; de si ahora debe legislarse o no sobre el tributo minero; de si ha de reponerse o no el impuesto a las viviendas más caras de Chile.
Pero no deseamos que no se reconstruya el país. No queremos que falten fondos para la reconstrucción del Chile profundo.
Los instrumentos que ha propuesto el Gobierno aquí mismo hablan de obras públicas, de viviendas, de hospitales y de colegios como los cuatro ejes fundamentales de la reconstrucción.
Las viviendas rurales dañadas -y lo digo como Presidente de la Comisión de Vivienda del Senado- carecen hoy de instrumentos para su reconstrucción. No tienen financiamiento. Y eso es lo más grave.
No se le puede pedir a la Ministra Matte que reconstruya las casas en el mundo rural si no se le entregan los fondos necesarios.
No es factible reconstruir las comunas y su patrimonio profundo -por ejemplo, el municipio de Santa Cruz se encuentra en el suelo- sin nuevas fuentes de financiamiento.
Señor Presidente, como expresé, voy a votar a favor de la idea de legislar. Espero que el Gobierno se abra a la mayor recaudación que proponemos y que el Ministro de Hacienda patrocine una indicación para que, a través del mecanismo explicitado, se puedan repatriar capitales nacionales, al igual como lo han realizado Perú, México, Argentina y el propio Chile (la última vez que se aplicó aquí ese mecanismo fue en 1960).
La crisis financiera de los últimos años les ha hecho más difícil a esos capitales permanecer en el extranjero. Nuestra necesidad de financiamiento es real. Entonces, es el momento de generar un incentivo.
Sé que surgirán voces -pienso que las menos- que van a plantear los peligros que envuelve la repatriación de capitales. Pero quiero puntualizar que es perfectamente evitable que se repatrien capitales mal habidos si se fijan criterios como los que aparecen en el texto que le presentamos al Ministro de Hacienda (entre otros mecanismos, identificación clara como contribuyente del país antes de diciembre de 2009).
Mediante el instrumento sugerido se pueden recaudar ingentes recursos para la reconstrucción patrimonial, señor Presidente.
Y aquí mis preguntas: ¿Quiere o no el Gobierno la recuperación patrimonial de Chile? ¿Desea o no reconstruir las viviendas rurales?
Con el financiamiento que nos están ofreciendo, por desgracia -y lo digo con tremendo dolor-, no está la plata que necesitamos para reconstruir el mundo rural y patrimonial de nuestro país.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.

El señor WALKER (don Ignacio).- Abramos la votación, señor Presidente.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- No hay acuerdo.

El señor PÉREZ VARELA.- ¿Quién no lo da?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- El Comité Partido Por la Democracia, señor Senador. Y tampoco el Comité Radical Social Demócrata e Independiente.
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei, por quince minutos.

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, lo primero que llama la atención es la insistencia de diversos señores Senadores de la Concertación en que algunas rebajas de impuestos ocasionarían una menor recaudación por 400 millones de dólares anuales.
Cualquier persona que mire la hojita que se ha repartido, que habla de las Proyecciones Fiscales 2010-2013, puede darse cuenta de que para el año en curso se prevé un gasto total para los efectos del terremoto de 1.120 millones de dólares, y para el Programa de Gobierno, uno de 1.050 millones.
Sin embargo, en el presente año deberemos enfrentar un déficit, heredado de la Administración anterior, de 2.500 millones de dólares. O sea, el déficit heredado que habremos de financiar es mayor que lo que se va a gastar durante 2010 por concepto de terremoto y de Programa de Gobierno en conjunto.
Entonces, lo primero que pido es un poquito de coherencia.
¿Por qué quienes están tan preocupados debido a que la recaudación disminuirá en 400 millones de dólares a partir de cuatro años no se refieren a ese déficit que su Gobierno nos dejó, que -reitero- para este año es más que el total del gasto por concepto de terremoto y Programa de Gobierno?
En segundo término, debo señalar que, obviamente, existe una diferencia profunda entre el enfoque de la Oposición y el del Gobierno del Presidente Piñera.
La Concertación siempre ha tratado de aumentar la recaudación de impuestos por la vía de elevar las tasas. Nosotros aspiramos a incrementar esa recaudación por la vía de elevar el crecimiento. ¿Por qué? Porque el crecimiento no solo aumenta fuertemente la recaudación de tributos, sino que también genera empleo, aspecto sobre lo cual nuestro Presidente de la República ha hecho un compromiso ante el país.
Ahora bien, en mi concepto, no es necesario crecer al 6 por ciento para cumplir con la recaudación por crecimiento señalada en la hojita que se nos entregó.
De hecho, basta con aumentar un solo punto el crecimiento -es decir, de un promedio de 2,8 en el Gobierno de la Presidenta Bachelet a 3,8- para recaudar 4.000 millones de dólares más en estos cuatro años.
Eso significa que los 400 millones de dólares que le duelen tanto a la Concertación no representan nada si logramos crecer más.
Por lo tanto, para obtener los 7.500 millones de dólares por concepto de crecimiento económico no es necesario llegar al 6 por ciento: basta un promedio de 4,8 por ciento.
Yo estoy segura de que el Presidente Piñera logrará que nuestro país se ponga en movimiento y que aumenten el crecimiento y el empleo; y de que, por sobre todo, se va a preocupar de las pymes, para, asimismo, disminuir la concentración existente en materia productiva, que no es sana.
Quiero justamente referirme, señor Presidente, a cómo se logrará estimular a la pequeña y mediana empresas, cuestión para nosotros importantísima.
Tenemos en primer término el impuesto de timbres y estampillas y la ampliación del artículo 14 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta mediante el artículo 14 quáter.
Me voy a referir primero al impuesto de timbres y estampillas.
En este aspecto, se le reduce una carga muy gravosa a la pyme. Pero ello tiene un efecto superimportante.
En estos días, mucha gente ha expresado preocupación por los altos niveles de retorno de utilidades alcanzados por el sistema financiero nacional. Pues bien, ellos se deben en gran parte a que durante bastantes años nadie podía cambiarse de un banco a otro para conseguir una mejor tasa de interés porque tenía que volver a pagar el impuesto de timbres y estampillas.
Dicho tributo provoca el efecto de reducir fuertemente la competencia entre los bancos y entre las instituciones financieras.
Entonces, no se quejen después por esas grandes utilidades.
Por mucho tiempo estuvo cerrado el otorgamiento de licencias para nuevos bancos e instituciones financieras; sencillamente, no se concedió ninguna durante diez, doce, catorce años (no recuerdo con exactitud cuántos). Y luego, cuando se abrieron las licencias, se subió fuertemente el impuesto de timbres y estampillas, lo cual disminuyó en forma drástica la competencia entre dichos entes. Si alguien tiene un crédito con una tasa alta y se quiere ir a una institución que le ofrece mejores condiciones, no puede hacerlo porque debe volver a pagar el referido tributo.
Por eso, para nosotros, esta es una cuestión fundamental, por cuanto apunta hacia aquello en lo que creemos: el estímulo a la pyme. Esta genera empleo y, además, nos permitirá reducir la gran concentración existente en la propiedad de las empresas productivas.
Para nadie es un misterio que hoy día las farmacias están en tres manos, lo mismo que la industria del retail y los supermercados.
¡Ese no es el país que todos queremos!
Por consiguiente, hay que estimular realmente a la pyme.
Ahora, si eso nos hace perder 400 millones de dólares anuales y con un punto más de crecimiento podemos recaudar 4 mil millones en cuatro años, yo, de verdad, no veo el problema.
Nosotros estamos muy preocupados de ayudar a la pequeña y mediana empresas, sector que en los últimos años, a lo largo del país, ha reducido a la mitad su volumen de ventas.
Con relación al artículo 14 quáter, señor Presidente, yo no puedo concebir que alguien crea que es grande una empresa con utilidades por 53 millones de pesos al año.
Porque eso es lo que plantea el proyecto. El límite son 53 millones de pesos de utilidades anuales. Cualquier profesional con 5 años de experiencia, en un puesto de mediana responsabilidad, gana 3 a 4 millones de pesos mensuales, cifra que en doce meses equivale más o menos a la señalada.
Ahora, ¿por qué se ha puesto un límite de ventas alto? Porque no queremos que quien venda 25.000 UTM tenga la garantía, y aquel que venda 25.001, no. Por tanto, lo que sucede es que a partir de las 25.000 unidades tributarias mensuales empieza a caer el beneficio, hasta llegar finalmente a cero, cuando se vendan más de 50 mil.
Pero la tasa de utilidad es muy pequeña, señor Presidente: 53 millones de pesos anuales.
Nadie puede decir que una empresa de tal índole sea grande.
¿Y por qué nos interesa estimular a las pymes? Por todas las razones que ya hemos visto: crecimiento, empleo, disminución en la concentración de la propiedad.
Por eso, consideramos que la tasa del impuesto de timbres y estampillas y el artículo 14 quáter son materias muy relevantes.
Señor Presidente, quiero señalar también, en forma breve, que para nosotros lo de la tasa diferenciada del impuesto de primera categoría para las empresas grandes y pequeñas no es transable.
No nos gusta diferenciar, y nos ha complicado aceptar una tasa distinta para empresas grandes y chicas.
Los países que han aplicado tasas diferenciadas durante un tiempo más largo han visto cómo todas las empresas grandes se subdividen en empresas pequeñas. Finalmente, nadie paga la tasa alta.
Eso tiene un costo para la economía. Y lo hemos aceptado solo porque dura dos años; porque en ese lapso ninguna empresa va a asumir el precio de subdividirse en empresas más pequeñas, y porque en ese período no se afectará la inversión.
Las decisiones de inversión que se están tomando hoy día no alcanzarán a dar utilidades en los dos años en que se suba la tasa; por consiguiente, la inversión no se verá afectada.
Pero, para nosotros, ampliar el plazo o aumentar la tasa sencillamente no es aceptable, pues ello provocaría efectos claros sobre la inversión y, además, sobre la forma como se organiza la producción en Chile.
También deseo referirme, señor Presidente, a lo relativo a la minería.
Esta tarde, a las 3, hizo una exposición muy documentada el Ministro del ramo, Laurence Golborne -lamento que no la hayan escuchado muchos de quienes han intervenido ahora-, quien comparó las tasas de impuesto de Chile con las de países con los cuales competimos.
Por ejemplo, Perú aparece como que tuviera tasas más altas. Sin embargo, muchas de ellas se negocian y, finalmente, no se pagan. En la práctica, esa nación tiene tasas más bajas que las nuestras. Y la verdad es que, mientras en los últimos ocho años ha duplicado su participación en la producción mundial de cobre, Chile ha mantenido permanente la suya durante la última década. Perú despliega un esfuerzo enorme por atraer inversión minera, y está siendo muy exitoso. Y Chile debe competir con ese país.
Aquí podrían invertirse 50 mil millones de dólares en el sector minero. Pero eso significa que las empresas deben tener un horizonte de mayor plazo, pues las inversiones en el rubro, por lo general, rinden fruto después de casi ocho años de efectuadas.
Si nos comparamos con otras naciones -africanas, norteamericanas, latinoamericanas-, comprobaremos que nuestras tasas no son bajas (de ninguna manera son las más bajas; tampoco, de las más altas). Nos parecen adecuadas para atraer una inversión que nos ha dado grandes frutos.
En los últimos años Chile ha recaudado más de 20 mil millones de dólares por tributos que han pagado las empresas mineras. Y esos recursos nos han posibilitado invertir más en educación -desgraciadamente, sin muchos resultados buenos; pero por lo menos se ha invertido-; nos han permitido invertir más en salud; han hecho factible, por ejemplo, la pensión solidaria, etcétera.
Eso es posible con tasas competitivas, señor Presidente, que son las que atraen inversiones.
Porque aquí se habla con profusión de cuánto da CODELCO y cuánto dan las empresas mineras. Pero todos olvidan que en el caso de CODELCO es el Fisco quien debe financiar la inversión. En el de las empresas privadas, ellas ponen la plata; nosotros solo recaudamos. Y hemos recaudado 20 mil millones de dólares en los últimos años.
Ahora, si lográramos materializar los 50 mil millones de dólares de inversión que mencioné, tendríamos un país bastante próspero dentro de muy poco tiempo, con mucha mayor equidad en educación, en salud, en vivienda; con un ingreso ético familiar, que es al final lo que nos importa. Porque aquí lo que nos mueve realmente es el deseo de tener un país donde haya más equidad y mayor nivel de desarrollo humano.
Así que, desde el punto de vista tanto del aumento de impuestos para financiar la reconstrucción como de la disminución de ellos para poder estimular el crecimiento de la economía, la creación de empleo y también una mayor recaudación, juzgamos que este es un proyecto sumamente equilibrado.
La propuesta hecha por el Honorable señor Letelier me parece muy interesante. No tengo ninguna oposición a que se permita, mediante un pago de impuestos importante, traer a Chile dineros que en algún minuto no se declararon. Sin embargo, es preciso tener mucho cuidado, obviamente, para que no se cuelen fondos del narcotráfico o de otras actividades ilícitas. Si se considera esa precaución, la Senadora que habla, por lo menos, no enfrenta ningún problema en aceptar el mecanismo. No sé si es algo que se puede alcanzar a plantear desde ahora al vencimiento del plazo para formular indicaciones, el viernes, pero creo que es preciso tomar en serio el punto.
Así que, en nombre de la Unión Demócrata Independiente, anuncio que vamos a votar a favor del proyecto de ley, el cual nos parece equilibrado, sensato y que va a contribuir tanto a un mayor crecimiento y equidad como a poder financiar los gastos derivados del terremoto.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Informo a la Sala que, con la anuencia de los Comités, se citará a sesión para mañana, de 12 a 14, a fin de concluir el despacho del proyecto.
Continuando con el orden de los inscritos, tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, pienso que luego de la exposición que hemos escuchado de nuestra Honorable colega Matthei es poco -desde mi punto de vista, al menos- lo que cabe agregar al debate.
Pero quiero aprovechar el tiempo para expresar algunas reflexiones, ya que se ha realizado aquí una discusión que ha derivado en un cuestionamiento de la actitud mantenida por el Gobierno respecto de la Oposición y, en general, de la búsqueda de unidad para avanzar en la iniciativa.
Me parece que tales consideraciones o juicios no son correctos o justos. Es cierto: el terremoto constituye un problema nacional que requiere una actitud distinta de todos nosotros, porque las dificultades no tienen que ver con afectados de uno u otro sector político, sino que recaen en todos los chilenos, y ese es un título suficiente para que cualquier disposición o medida correctiva lleve el sello de la unidad. Pero creo que nuestra actitud al manejar el asunto en las sesiones extraordinarias celebradas en el Senado para discutir las consecuencias del terremoto y los programas diseñados por el Gobierno para enfrentarlo han sido una oportunidad para exponer muchas ideas y sugerencias que de alguna manera fueron recogidas por el Ejecutivo en su propuesta.
Y la verdad es que, en ese ánimo, me parece que mal se puede juzgar o criticar que al final se haya preparado un programa de trabajo con los componentes escogidos. No cabe la menor duda de que una Administración puede aproximarse al punto desde distintas perspectivas. Y me parece respetable que otra pudiera tomar otros caminos. Pero no porque el Gobierno haya asumido la fórmula que propone, particularmente en cuanto a los cambios en el ámbito tributario para recaudar 3 mil 240 millones de dólares, se puede descalificar, desacreditar, o bien, afirmar que, por presentarla, se está faltando a la unidad. Estimo que ahí es necesario ser un poco más coherente y señalar dónde se halla realmente el problema que se plantea, porque no lo encuentro.
A la inversa, señor Presidente, quiero insistir en una pregunta que hemos hecho en las sesiones extraordinarias y que ha vuelto a recordar la Honorable señora Matthei, pues me parece que el país necesita una explicación de los Senadores representantes de la Concertación, en la medida en que el Gobierno enfrentó un déficit de más de 2 mil 500 millones de dólares previo a asumir sus funciones. Tanto por el déficit fiscal de arrastre del año pasado como por el déficit fiscal estructural para el año en curso, se registraban 2 mil 549 millones de dólares de déficit presupuestario antes de empezar a gobernar. ¿Y quién paga esa cuenta? Todos, precisamente con el mismo Presupuesto o con los fondos que se van a recaudar para enfrentar las consecuencias del terremoto, parte de los cuales, desde el punto de vista de los flujos, se tendrán que destinar a hacerse cargo del "terremoto financiero" que nos dejó como herencia el Gobierno de la Concertación.
No he visto que ningún Senador de dicho conglomerado, hasta este minuto, se haga cargo de tal situación, que la explique, que la justifique o que de alguna manera nos dé a entender por qué se presenta, en circunstancias de que las cuentas fiscales deberían haberse hallado ordenadas.
Pero también surge otro tema, señor Presidente. Se manifiesta una inquietud acerca de una cierta poca capacidad de diálogo del Ejecutivo.
Sin embargo, quiero traer a colación un planteamiento expuesto por uno de los partidos que integran la Concertación: la Democracia Cristiana, y un acuerdo adoptado por la Junta Directiva de ese Partido, lo cual se traduce en una posición bastante dura y rígida sobre la materia. En una parte del texto respectivo se expresa: "Anunciamos desde ya que nuestros parlamentarios solo legislarán a favor de un aumento permanente de impuestos".
¿Qué significa ello? Que el aumento extraordinario y temporal que se quiere disponer para el impuesto a la renta de primera categoría no va a ser votado a favor por los parlamentarios de esa colectividad política, al tenor del acuerdo.
A mi juicio, esa no es una manera de entablar un intercambio de opiniones. Porque lo que se está sosteniendo es: "O el impuesto a las utilidades de las grandes empresas, el mayor impuesto a la renta, reviste un carácter permanente, o no van a contar con nuestros votos". Pregunto si acaso ese es un diálogo.
Aquí se está tratando de cambiar el debate. A propósito de una búsqueda de recursos para el financiamiento de la reconstrucción, se quiere instaurar, en el fondo, una reforma tributaria, un cambio medular de la estructura económica.
No digo que no sea legítimo hacerlo. Pero primero pregunto por qué no lo hicieron cuando fueron Gobierno, cuando tuvieron la iniciativa. No lo plantearon.
Segundo, consulto por qué se confunden los temas. No afirmo tampoco que sea ilegítimo exponer un aumento del impuesto a las utilidades de las empresas, pero ello tiene que encontrarse dentro de un contexto distinto, de otras definiciones tributarias que afecten a las personas o de un esquema global. Mas ese no es el debate de hoy, que dice relación, en cambio, a buscar recursos para financiar una situación extraordinaria.
Y cuando el Gobierno dice: "Vamos a proceder, entre otras cosas, y muy centralmente, en el ámbito tributario, a través del aumento del impuesto de primera categoría para ciertas empresas por un período determinado", encontrarse con una respuesta de la naturaleza señalada no contribuye al diálogo. ¿Qué intercambio de opiniones es posible cuando se dice: "Solo voto a favor si el incremento es permanente."?
Entonces, seamos justos. Respeto la posición que se pueda adoptar, si bien no la comparto. Ni menos comparto que los partidos den órdenes a sus parlamentarios. Me parece que eso es inconstitucional. Y el Senador que habla, por lo menos, nunca lo aceptaría, ni jamás podría exigirle, en caso de ser dirigente, a algún militante cumplir un acuerdo por orden de su colectividad política. Porque me parece que en lo esencial de uno se halla el ser representante de la gente a la cual se debe y no de los partidos, ni de sus consejos, ni de sus asambleas, ni de sus juntas nacionales. En ese sentido, existe una discrepancia fundamental respecto de quienes consideran la política en esa forma.
Pero, en fin, aparte de lo anterior, creo que el cuadro a que hago referencia no favorece al diálogo. Tampoco contribuye a este la circunstancia de que, tratándose del impuesto de timbres y estampillas, se busque cuestionar una solución que viene del propio Gobierno de la Presidenta Bachelet y que se había tenido presente, en momentos de una realidad crítica, precisamente para no castigar a las pymes ni a la clase media.
Todos conocemos las cifras: pagan ese tributo más de 260 mil pymes y más de un millón y medio de personas naturales. En cambio, solo 5 mil y fracción de empresas grandes lo hacen. Por lo tanto, ¿a quién perjudica el que lo subamos? A las personas naturales, a las pymes.
Y quiero destacar que, en el ámbito de las Regiones que sufrieron el terremoto, donde ello más se expresa, donde más se siente, es precisamente en las pymes y la gente común que ha perdido una parte importante de su patrimonio.
Se registra un empobrecimiento muy generalizado, y, en la medida en que el impuesto de timbres y estampillas grave las operaciones en forma significativa, en que se duplique, estará afectando uno de los aspectos que necesitamos corregir, cual es la fluidez de los flujos para las pymes, que necesitan recapitalizarse, recuperarse.
Algunas de ellas tienen que partir de cero, y quizás se siente la falta de más propuestas para que se capitalicen, para que puedan acceder a más créditos. Entiendo que eso se está llevando adelante a través del Banco del Estado, aunque quisiera incluso más recursos y todavía más garantías y facilidades para que logren desarrollarse con mayor rapidez, puesto que los empleos que generan son permanentes. Y, a la larga, ocupaciones estables y duraderas como las que aportan las pequeñas empresas constituyen una economía para el país, que ya no debe estar financiando empleos de emergencia.
Se ha hecho difícil la discusión del financiamiento del proyecto de ley de reconstrucción porque hemos sentido también rigideces en el debate que no hacen fácil entender que medie la voluntad necesaria. Más bien pareciera que el asunto que nos ocupa representa una oportunidad para generar un problema o un cuestionamiento político.
No hago referencia a todos, Senador señor Lagos, ya que usted reacciona tan activamente y mueve el cuello, los ojos, la pera y todas esas cosas.
Solo quiero destacar que aquí, cuando se hacen cuestionamientos al Gobierno en el sentido de que está siendo muy duro con la Oposición, de que no abre paso al diálogo, o a nosotros, como representantes de las posturas de la Coalición por el Cambio, me parece que se incurre en una crítica que prescinde del planteamiento que surge desde la propia Oposición.
Estimo que se ha exhibido una extraordinaria dureza y que se está aprovechando una circunstancia para formular un planteamiento de carácter político o un rechazo que dice relación a una coyuntura política, a fin de lograr otros objetivos que los específicos que se hallan en el debate.
Lo reitero: el aspecto tributario se puede encarar de mil formas. Y el Ejecutivo ha tomado un camino.
Es más, entiendo que el Senador señor Letelier fue quien expresó la opinión de que el Gobierno se iba a quedar corto en sus ingresos. Es posible. Pero juzgo una señal de prudencia y responsabilidad fiscal no presentar un planteamiento que haga recaer un costo muy fuerte en el país, que no se encuentra en un momento espectacular. Hemos registrado en los últimos cuatro años un crecimiento muy mediocre, de solo 2,8 por ciento en promedio, como para poder estar estirando la cuerda en demasía.
Si se necesitan más recursos,...

El señor NAVARRO.- ¡Otro proyecto...!

El señor LARRAÍN.- ... tendremos que buscar otro mecanismo de financiamiento. Pero se está haciendo un esfuerzo bastante equilibrado, en el que se contemplan no solamente aumentos tributarios, sino también ajustes, recortes, para manifestar sobriedad en el manejo de los recursos, y se va a recurrir al endeudamiento. Y este parece fácil, porque Chile exhibe una enorme capacidad en ese sentido, pero significa comprometer a futuras generaciones.
Utilizar los fondos del mayor ingreso por los excedentes del cobre debido a su precio, asimismo, provoca repercusiones en la economía, ya que producen efectos macroeconómicos negativos, como los que tienen lugar en el dólar.
Por tanto, me parece que la propuesta del Ejecutivo presenta la nota del equilibrio y que, por lo mismo, es razonable valorarla y aprobarla. Siempre se podrán buscar ajustes, dialogar. Y el Gobierno lo tiene claro, porque aquí no contamos con mayoría. En el Senado, esta corresponde a la Concertación, a la Oposición. En consecuencia, si quieren cerrar el debate, pueden hacerlo, a menos que algunos Senadores se abran a discutir y se pongan en el caso de resolver los problemas en concreto. Pero, si se actuara políticamente, es obvio que la situación se hallaría muy resuelta. Y no creo que esa sea la forma de solucionar las dificultades.
Tenemos que buscar acuerdos. Y el Gobierno lo sabe y nosotros también. Pero no nos pongan en una alternativa como la que he planteado. Porque no estimo que decir: "O es definitivo o no hay voto" sea una condición para el diálogo, sino que, al contrario, constituye su negación y la búsqueda de otros caminos para resolver cuestiones serias, graves y complejas.
En consecuencia, señor Presidente, opino que estamos frente a un proyecto responsable. En la discusión particular siempre podrá haber espacio para más de alguna modificación. Han surgido aspectos nuevos. Por mi parte, a diferencia de mi Honorable colega Matthei, abrigo dudas respecto del planteamiento del Senador señor Letelier, porque, al final, implicaría llevar a cabo un blanqueo de capitales, y no sé por qué es algo que no me causa mucho entusiasmo. Entiendo el espíritu que anima la idea. Y una medida como esa ayudaría, aunque provocara efectos negativos -de nuevo- por el mayor ingreso de dólares. Pero, en fin, son propuestas que podemos estudiar. Para eso está el Senado, que no es un "buzón", como aquí alguien ha dicho, menos todavía cuando no se tiene su control.
Me parece que debemos proceder conforme al criterio con que se hacen las cosas, no en el ánimo de generar conflictos artificiales donde no los hay. Además, la gente espera que resolvamos sus problemas y no los agravemos a través de rencillas entre nosotros.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.

El señor ESCALONA.- Señor Presidente, me interesa abordar tres puntos.
El primero de ellos es el de la responsabilidad fiscal. Se ha argumentado mucho con el déficit del año en curso, el cual, según se ha señalado, asciende a aproximadamente 2 mil 500 millones de dólares, es decir, 1,1 por ciento del producto interno bruto.
Debo consignar que lo anterior fue contemplado en la Ley de Presupuestos del año 2010, y no sé de algún señor Senador de los presentes -y, por cierto, de alguno de los que han intervenido- que haya votado en contra del proyecto respectivo.
Por el contrario, concurrieron con su voto a favor, e incluso, algunos ayudaron -y debo decir que con mucha capacidad- a resolver los problemas que enfrentaba la aprobación del Presupuesto, como, por ejemplo, el rechazo que había generado de manera transversal la Partida de Educación.
No quisiera olvidar que el Subsecretario General de la Presidencia del Gobierno actual, el ex Diputado señor Alvarado, fue un intenso impulsor de la impugnación de esta última. Y los propios Senadores de la entonces Oposición ayudaron a los que éramos de Gobierno a aprobar la iniciativa, incluida esa Partida.
En consecuencia, creo que los argumentos fueron sumamente claros respecto de por qué el Presupuesto, por una vez, tenía que ser deficitario.
Sin embargo, no se ha dicho, a pesar de que quienes han formulado la crítica son personas informadas y muy seguidoras de la economía, que en los tres años previos el superávit fiscal fue de 21,8 por ciento del producto interno bruto. Entonces, se ha tratado de mostrar el déficit de un año como un desbalance estructural, y no es así: durante tres años se registró 21 por ciento de superávit.
Y los parlamentarios de la Concertación, precisamente por nuestra responsabilidad fiscal, tuvimos que ser muy activos en contener muchas de las exigencias de gasto. Porque cabe recordar que el rechazo de la Partida de Educación se hacía pidiendo, por ejemplo, la aceptación de un desembolso de más de 12 mil millones de dólares, en total -independientemente de cómo se graduara-, que exigía el Colegio de Profesores por la llamada "deuda histórica". De manera que, si es por responsabilidad fiscal, creo que es mucho lo que podríamos conversar.
Pero, en todo caso, la Concertación no ha entregado el país con un déficit estructural. Por el contrario, lo ha hecho con un balance estructural positivo, lo que se refleja en que nuestras cuentas no solamente son hoy favorables, sino que también exhiben a favor una cifra cercana a los 16 mil millones de dólares, tanto en el Fondo de Estabilización Económica y Social como en el Fondo de Reserva de Pensiones.
En segundo lugar, deseo referirme al punto expuesto por la Senadora señora Matthei, no por mortificarla, sino precisamente por el prestigio que tiene en el debate económico.
Ella ha hecho una afirmación sumamente temeraria. Ha señalado que basta un punto más de crecimiento para recaudar 4 mil millones de dólares. Y eso no es así.

La señora MATTHEI.- En cuatro años.

El señor ESCALONA.- Partamos de la base de que el Presupuesto nacional tiene 40 mil millones de dólares en total. El 10 por ciento de esa cantidad equivale a 4 mil millones. O sea, no es factible que un punto más del PIB genere esa recaudación. Es enteramente imposible.

El señor CHADWICK.- ¡En cuatro años!

El señor ESCALONA.- Refuto, entonces, tal planteamiento.
Desde el punto de vista de las finanzas públicas, aquella es una aseveración temeraria. No se recaudan 4 mil millones de dólares por el aumento de un punto del PIB. Quiero ser sumamente definitivo en mi afirmación. De lo contrario, aquí estaríamos por completo ante un espejismo. Ello significaría que nos encontraríamos inundados de recursos, y no es así. No estaríamos realizando esta discusión y no existiría este proyecto.
Por lo tanto, aterricemos el debate y enfoquémonos exactamente en lo que nos ocupa.
La meta que plantea el informe financiero del Ministerio de Hacienda en orden a recaudar 7 mil 500 millones de dólares por crecimiento económico durante todo el período Piñera es sumamente ambiciosa, y no está claro que se alcance, como tampoco lo está que se logre el ítem de recaudación de más de mil millones de dólares por reducción de evasión tributaria.
También pedimos que el Ministro sea explícito en señalar que los 2 mil 920 millones de dólares de reasignación de gastos no constituyen recortes presupuestarios a las Regiones. ¿Por qué resulta necesaria tal precisión? Porque 730 millones de dólares por cuatro son 2 mil 920 millones. No queremos que en cada uno de los próximos años se resten esos 730 millones, ya que ello implicaría un recorte tremendo a las Regiones, un golpe directo a su desarrollo.
Aceptamos lo que el titular de Hacienda dijo en la Comisión. Legítimamente el Gobierno puede plantear la revisión de programas. Pero esperamos que Su Señoría lo haga presente también aquí, en la Sala. No es admisible realizar nuevos recortes de 730 millones de dólares a los presupuestos regionales de los años siguientes. Queremos que se confirme en este debate que eso no se hará.
Es legítimo que lo pidamos.
Por otra parte, se habla mucho de no aumentar los impuestos a las pymes, pero en Chiloé se los están subiendo ahora, y por este Gobierno. El Ministro de Obras Públicas fue hasta allá a señalar que quiere concesionar la Ruta 5 desde Chacao a Quellón. O sea, pretende trasladarla de gasto fiscal a concesiones. ¿Qué significa eso? Encarecer el transporte a los chilotes; fijar una carga sobre una de las Regiones que hoy más necesitan recursos.
Entonces, si hablamos de no subir los impuestos, ¡seamos coherentes sobre ello!
¿Por qué se quiere aumentar tributos a los chilotes mediante la concesión de una ruta que está incluida en el Presupuesto nacional? Esto es el resultado del recorte de los 730 millones de dólares para 2010.
No queremos que tal situación se repita en los próximos cuatro años.
Necesitamos seguridad sobre la materia. Porque al final es un problema de todos. Yo no creo que la gente, cuando esté desesperada por el recorte de los proyectos, vaya a golpear solamente la puerta de las oficinas de los parlamentarios de Gobierno. Les reclamará a todos los Diputados y Senadores, al menos a quienes tenemos oficinas en las Regiones.
Entonces -¡ojo!-, esta no es una queja arbitraria, sino que guarda relación con la manera en que nos imaginamos el desarrollo regional, en el cual la inversión pública se convierte en un factor esencial, vital, decisivo.
Lamento que se haya ido de la Sala cierto señor Senador. No era mi afán intervenir al final.
Hoy estamos expuestos a una discusión ingrata. Pero hay hechos, estimados parlamentarios de Gobierno, que, además de ser muy ingratos, nos parecen inaceptables desde el punto de vista democrático.
Pese a ello, igual votaremos a favor la idea de legislar. No vamos a poner nada como condición.
A nuestro juicio, resultan francamente vergonzosas las declaraciones que acaba de hacer el Honorable señor Espina. Dijo: "plantearé acelerar el proceso de cambio de funcionarios que son operadores políticos de la Concertación o que no comparten el programa de Gobierno del Presidente". ¡Desde cuándo acá se ha puesto como condición compartir el programa de Gobierno del Presidente para tener una responsabilidad en la Administración Pública! Eso es retroceder al artículo 8° de la Constitución de 1980.
Ahora uno se puede explicar, con bastante razón, por qué Su Señoría ha hecho una defensa tan cerrada del Embajador Otero.
Si se observan abusos y existen funcionarios que ustedes pueden catalogar o clasificar en la condición de "operadores políticos", razón por la cual no se justificaría mantenerlos en sus puestos, naturalmente deberán tomarse las medidas legales que correspondan. ¡Pero señalar al país que hay que iniciar el despido de trabajadores que no comparten el programa de Gobierno del Presidente de la República es persecución política! ¡Seamos claros!
Francamente no había conocido una declaración de tamaño despropósito durante todo este tiempo.
Les solicito a los parlamentarios de Gobierno que influyan en el Honorable señor Espina para que retire tal declaración.
Aun así, independiente de las afirmaciones que cabe hacer, nosotros, por un deber de país, somos partidarios de sacar adelante la iniciativa de ley en análisis.
Pero no queremos que se pongan en peligro las finanzas públicas.
No queremos que se inicie aquí la apertura de un forado, pues a largo plazo las naciones lloran cuando no tienen cómo pagar los compromisos asumidos por aprobar presupuestos deficitarios.
No queremos que el costo de la reconstrucción recaiga sobre las Regiones. Y esperamos que en esto todos estemos de acuerdo, a fin de que la reasignación de los 730 millones de dólares efectuada este año no se repita en los próximos cuatro. Ello significaría un estrangulamiento al desarrollo de las Regiones.
Confiamos en que el Gobierno acogerá el llamado hecho por el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades en la Comisión de Hacienda tendiente a financiar el trabajo realizado por los municipios durante la emergencia. En este momento se hallan desfinanciados por el costo que ha implicado, especialmente en las zonas de la catástrofe, una exigencia no contemplada en sus expectativas y que constituye una carga que hoy día no pueden soportar.
Finalmente, señor Ministro, aspiramos a que el ejercicio de la autoridad se lleve a cabo como corresponde en democracia. Por cierto, no voy a cometer la grosería de trasladar a usted la responsabilidad por las declaraciones del Senador Espina. Pero, como él ostenta tanto su amistad con el Presidente de la República y hace uso y abuso de ella, siento que es responsabilidad del Gobierno -no nuestra- crear un clima apropiado donde no se persiga a las personas por lo que piensan, por sus ideas, por sus posiciones políticas.
Eso no es admisible en democracia y esperamos que se corrija.
He dicho.
--Queda pendiente la discusión general del proyecto.


El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Ha terminado el Orden del Día.
PETICIONES DE OFICIOS

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro de Salud, solicitándole información sobre IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO ONCOLÓGICO PARA REGIÓN DE AYSÉN (INICIO DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO Y PERSONAL MÉDICO), y al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, pidiéndole INCORPORACIÓN EN BASES DE LICITACIÓN PARA TRANSPORTE AÉREO SUBSIDIADO EN ZONA AUSTRAL DE REQUISITOS PROPIOS DE DICHA REGIÓN.
De la señora RINCÓN y del señor NAVARRO:
A la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, consultándole acerca de CRITERIO PARA SELECCIÓN DE COMUNAS EN REGIONES DEL MAULE Y BIOBÍO PARA ENTREGA DE CUPOS DE EMPLEO, CANTIDAD DE PERSONAS BENEFICIADAS POR COMUNA Y REQUISITOS EXIGIDOS A POSTULANTES.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:28.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción