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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 358ª
Sesión 20ª, en martes 18 de mayo de 2010
Ordinaria
(De 16:6 a 19:1)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE,
Y JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedán, Eugenio
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
Concurrieron, además, los Ministros de Defensa Nacional, señor Jaime Ravinet de la Fuente, y del Trabajo y Previsión Social, señora Camila Merino Catalán, y el Subsecretario de Previsión Social, señor Augusto Iglesias Palau.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:6, en presencia de 32 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor PIZARRO (Presidente).- Las actas de las sesiones 16ª, ordinaria, en 11 de mayo; 17ª, especial, y 18ª, ordinaria, ambas en 12 de mayo, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor PIZARRO (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Tres de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que crea el Fondo Nacional de Reconstrucción y establece mecanismos de incentivo a las donaciones en caso de catástrofe (boletín N° 6.884-05).
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto de las siguientes iniciativas:

1.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización (boletín N° 5.083-04).

2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que facilita el pago de las deudas previsionales en las Regiones que indica, afectadas por el terremoto (boletín N° 6.922-13).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero comunica su ausencia del territorio nacional entre los días 14 y 19 de mayo del presente año, para celebrar un encuentro con el Presidente del Congreso de los Diputados de España, don José Bono; una reunión bilateral con el Presidente de la República de Perú, don Alan García, y para participar en la VI Cumbre de América Latina y el Caribe y la Unión Europea, en la ciudad de Madrid, Reino de España.
Informa, además, sobre la subrogación durante su ausencia, con el título de Vicepresidente de la República, por el Ministro titular de la Cartera del Interior, don Rodrigo Hinzpeter Kirberg.
--Se toma conocimiento.
Con el segundo hace presente la urgencia, en los términos del número 5) del inciso segundo del artículo 53 de la Carta Fundamental, para el despacho de su oficio mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar como miembro del Directorio de Televisión Nacional de Chile al señor Sergio Urrejola Monckeberg (boletín N° S 1.234-05).
--Se tiene presente la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
De la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que desechó la solicitud formulada por el Senado en orden a archivar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 193 del Código del Trabajo con el propósito de establecer ciertas prerrogativas a favor de trabajadores que indica (boletín Nº 3.482-13).
--Se toma conocimiento.
De la Excelentísima Corte Suprema, con el que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, emite su parecer respecto del proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Prokurica, Horvath y Orpis, que suprime los abogados integrantes en la Excelentísima Corte Suprema y en las Cortes de Apelaciones del país (boletín N° 6.896-07).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Seis del Excelentísimo Tribunal Constitucional, con los que remite igual número de copias autorizadas de las resoluciones dictadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 38 ter de la ley N° 18.933.
--Se toma conocimiento y se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Contralor General de la República, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Bianchi, con relación a las enmiendas legales necesarias para dar curso a los reglamentos que permitan fijar el precio del suministro de gas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores, con el cual da respuesta a un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Senadores señores Tuma e Ignacio Walker, señora Alvear y señores Chahuán, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Muñoz Aburto, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag y Zaldívar, sobre construcción de asentamientos judíos en los territorios de Jerusalén Este (boletín S 1.229-12).
Dos del señor Ministro de Planificación:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Alvear, referido a las secuelas del terremoto que afectó recientemente a nuestro país.
Con el segundo responde un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Senadores señores Navarro, Chahuán y Tuma, mediante el cual solicitan al Gobierno mantener apoyo y solidaridad con la situación humanitaria del pueblo palestino (boletín N° S 1.232-12).
Del señor Ministro de Educación, con el cual contesta un oficio remitido en nombre de los Senadores señores Horvath y Patricio Walker, relativo a la posibilidad de instalar un nuevo establecimiento educacional que imparta enseñanza media en la localidad de La Junta, Región de Aysén.
Tres del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero da respuesta a un oficio dirigido en nombre del Senador señor Espina, concerniente a la reparación del camino vecinal Montre, de la localidad de Perquenco, Región de La Araucanía.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, con la adhesión del Senador señor Sabag, relativo a los problemas de tránsito que presenta la Ruta de la Madera en la comuna de Santa Juana, Región del Biobío.
Con el tercero da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, tocante a la habilitación por etapas del camino continuo entre Chaitén y Puerto Montt y de una base mínima de la Fuerza Aérea en esa zona.
Del señor Ministro de Minería, por medio del cual contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor Prokurica, respecto de la transferencia del prospecto "Inca de Oro" de CODELCO-Chile al sector privado.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, acerca del convenio de trato directo de la Empresa Aerocord para efectuar viajes subsidiados desde y hacia Melinka, comuna de Guaitecas, Región de Aysén.
Del señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, con el cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Navarro, con relación a los problemas de financiamiento que afectan a diversos municipios del país.
Del señor Director Nacional de Pesca, con el que responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Horvath, relativo al cobro de licencias para practicar pesca deportiva.
Del señor Director de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, con el que contesta un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Rincón, atinente a los mecanismos y fechas de postulación para los Fondos Sociales correspondientes a este año.
Del señor Presidente Ejecutivo de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, con el cual da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Tuma, referido a la enajenación de la participación que tiene CODELCO en la propiedad de la empresa EDELNOR S.A.
Del señor Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), con el que contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor Bianchi, en cuanto a la posibilidad de inscribir las Torres del Paine como indicación geográfica en el Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.
De la señora Gerenta General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPEUCH, con el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Quintana, acerca de la posibilidad de ampliar a las comunas de la Región de La Araucanía que resultaron afectadas por el sismo los beneficios que se establecieron para otras Regiones en materia de pago de créditos a esa institución.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Segundo informe de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que facilita el pago de las deudas previsionales en las Regiones que indica, afectadas por el terremoto (con urgencia calificada de "suma") (boletín N° 6.922-13).
Segundos informes de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que sanciona el acoso sexual de menores, la pornografía infantil y la posesión de material pornográfico infantil (grooming) (con urgencia calificada de "simple") (boletín N° 5.837-07).
De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, recaídos en el proyecto de acuerdo aprobatorio de la "Convención sobre Municiones en Racimo", adoptada en la Conferencia Diplomática de Dublín el 30 de mayo de 2008 (con urgencia calificada de "simple") (boletín N° 6.708-10).
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Senadores señor Navarro, señora Lily Pérez y señores Escalona, Horvath y Muñoz Aburto, con la que inician un proyecto de ley que obliga a quienes ejercen labores pastorales a denunciar delitos que indica (boletín N° 6.938-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Senadores señores Navarro, Lagos y Rossi, con la que inician un proyecto de ley que prohíbe el monopolio de la información comercial de carácter personal (boletín N° 6.939-03)
--Pasa a la Comisión de Economía.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señor Navarro, señora Rincón y señores Girardi, Quintana y Rossi, con el que solicitan medidas de ayuda en el ámbito educacional en beneficio de las Regiones y comunas afectadas por la reciente catástrofe (boletín N° S 1.248-12).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Declaración de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señor Bianchi, señora Lily Pérez y señores Chahuán, Horvath y Prokurica, con la que inician un proyecto de ley que excepciona del principio de gratuidad de la Defensoría Penal Pública a los condenados que indica y otorga a los organismos policiales la facultad para recabar determinados antecedentes de las empresas de transporte.
--Se declara inadmisible por comprender una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, conforme lo establece el número 2) del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la Cuenta.
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, respecto del proyecto que la Mesa acaba de declarar inadmisible, solicito que se oficie al Ejecutivo para que le entregue su patrocinio.

El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se enviará el oficio correspondiente.
Acordado.

El señor TUMA.- Pido la palabra sobre la Cuenta.

El señor PIZARRO (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor TUMA.- Señor Presidente, se dio cuenta de los informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda recaídos en el proyecto de acuerdo aprobatorio de la "Convención sobre Municiones en Racimo".
En los primeros días de junio se celebrará en Chile una conferencia internacional acerca de la materia, y sería una señal muy importante que el Senado despachara esa iniciativa a la brevedad.
En consecuencia, solicito ponerla en tabla en el más breve plazo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, en los acuerdos de Comités se consigna la forma en que se tratará dicho proyecto en el día de hoy.
Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, se dio cuenta de los informes de las Comisiones de Educación y de Constitución recaídos en el proyecto que sanciona el acoso sexual de menores, la pornografía infantil y la posesión de material pornográfico infantil (grooming).
Se trata de un proyecto con urgencia.
Consulto a la Mesa cuándo se estima que será puesto en tabla para ser discutido y votado por la Sala.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, se incluirá en el Orden del Día de la sesión de mañana.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Los Comités, en reunión celebrada en el día de hoy, acordaron unánimemente lo siguiente:

1.- Abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto que crea el Fondo Nacional de Reconstrucción, hasta las 17 horas de esta tarde, las cuales deben ser entregadas en la Secretaría de la Comisión de Hacienda.

2.- Abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que regula la inscripción automática y el sufragio voluntario (boletín N° 6.418-07), hasta las 12 del día 7 de junio, las que deben ser presentadas en la Secretaría de la Comisión de Constitución.

3.- Poner en la tabla de la sesión de mañana la proposición de nombramiento de la señora María Beatriz Corbo Atria como integrante del Consejo de Alta Dirección Pública (boletín N° S 1.238-05), y la solicitud del Ejecutivo para prorrogar la permanencia de tropas chilenas en Haití (boletín N° 1.241-05).

4.- Agregar a la tabla de hoy el informe de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda recaídos en el proyecto de acuerdo aprobatorio de la "Convención sobre Municiones en Racimo", adoptada en la Conferencia Diplomática de Dublín el 30 de mayo del 2008 (boletín N° 6.708-10), y el segundo informe de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que facilita el pago de deudas previsionales en las Regiones que indica, afectadas por el terremoto (boletín N° 6.922-13).

5.- Proponer a la Sala el nombramiento de los siguientes señores Senadores en las Comisiones que se indican:
-Comisión Revisora de Cuentas: Senadores señora Matthei y señores Kuschel, Muñoz Aburto, Novoa, Quintana y Sabag.
-Comisión de Ética y Transparencia: Senadores señoras Allende y Alvear y señores Allamand, Larraín y Tuma.
-Comisión Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación: Senadores señora Allende y señores Cantero, Gómez, Orpis y Ruiz-Esquide.

El señor PIZARRO (Presidente).- Entiendo que lo relativo a la Comisión de Ética y Transparencia debe votarse reglamentariamente en la sesión de mañana, lo que ocurrirá en el primer lugar de la tabla.
Si le parece a la Sala, se aprobarán las demás proposiciones.
--Se aprueban.
V. ORDEN DEL DÍA



SUSPENSIÓN TEMPORAL DE COMUNICACIÓN DE ANOTACIONES EN BOLETÍN COMERCIAL RESPECTO DE PERSONAS DE REGIONES DECLARADAS ZONAS DE CATÁSTROFE


El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde discutir el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señor García y señora Lily Pérez y señores Chahuán, Espina y Prokurica, cuyo objetivo es suspender temporalmente la aplicación de normas que regulan la comunicación de anotaciones comerciales respecto de las personas domiciliadas en las Regiones declaradas zonas de catástrofe, con informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6854-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los Senadores señor García, señora Pérez San Martín y señores Chahuán, Espina y Prokurica).
En primer trámite, sesión 2ª, en 17 de marzo de 2010.
Informe de Comisión:
Economía, sesión 16ª, en 11 de mayo de 2010.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Cabe señalar que el propósito de la iniciativa es suspender temporalmente, en beneficio de determinados deudores, la publicación de sus antecedentes en el sistema de anotaciones comerciales durante un período único de diez meses, contado desde el 27 de febrero hasta el 27 de diciembre del año en curso.
Los beneficiarios podrán ser personas naturales o empresas de las Regiones de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O'Higgins, del Maule, del Biobío, de La Araucanía y Metropolitana.
La Comisión discutió el proyecto solo en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señores Allamand, García, Novoa, Tuma y Andrés Zaldívar.
El texto que se propone se transcribe en la parte pertinente del informe que Sus Señorías tienen en sus escritorios.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general la iniciativa.

Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, como lo señaló el señor Secretario en la relación, la Comisión de Economía sugiere aprobar la idea de legislar, con el propósito de impedir anotaciones en el Boletín Comercial de todas aquellas personas naturales y jurídicas que hayan resultado afectadas por el terremoto del 27 de febrero recién pasado.
La iniciativa también constituye un premio para quienes, previo al terremoto, habían demostrado un buen comportamiento en sus compromisos financieros. Vale decir, se pretende beneficiar del mismo modo a aquellos que, desde el 27 de febrero del 2009 hasta el 26 de febrero del 2010, no tuvieron anotaciones en dicho registro.
La idea de la Comisión es fijar un plazo para formular indicaciones, de manera de establecer y focalizar mejor el beneficio de que se trata, el cual estimamos indispensable para que las personas que perdieron su casa, su empleo, no tengan que sufrir, además, el "terremoto" de figurar en DICOM.
Por lo anterior, señor Presidente, propongo a la Sala aprobar la idea de legislar y fijar una fecha para que la Comisión reciba las indicaciones correspondientes, a objeto de que el proyecto pueda ser despachado con prontitud, pues va en beneficio directo de las familias afectadas por el sismo.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, primero que todo, quiero anunciar mi voto favorable a la idea de legislar acerca de la presente iniciativa legal, dejando en claro que se deben introducir modificaciones importantes al articulado, para que cumpla el objetivo deseado por sus autores y por quienes estamos en la Sala.
El artículo 3° consigna lo referente a un reclamo por parte de las personas en contra de la negativa injustificada e infundada de las empresas distribuidoras de información comercial de suspender temporalmente la comunicación de sus antecedentes. Señala que en estos casos se podrá reclamar ante la Cámara de Comercio de Santiago y sus oficinas regionales y solicitar que se suspenda la comunicación de la anotación comercial en un plazo no mayor a cinco días hábiles.
En lo relativo a tal precepto, creo factible introducirle enmiendas y discutirlas en su oportunidad.
El asunto en cuestión es de la mayor importancia no solo para los consumidores, sino también para los pequeños y medianos empresarios que han visto cómo el Gobierno, a través de Sercotec, está exigiendo la presentación de antecedentes financieros de DICOM para acceder al Plan Empresa y al Plan Emprende, instrumentos creados por el Estado para ir en ayuda de las empresas micro, pequeña y mediana.
Me parece que ello debe revisarse, porque en medio del proceso de crisis derivado del terremoto, el organismo encargado de otorgar cooperación técnica a los pequeños empresarios no puede exigir antecedentes a DICOM como requisito de postulación. Ello es una forma de marginar a un conjunto de personas que requieren de la ayuda del Gobierno.
De esa manera, en el fondo, se le está dando valor público a un certificado de una empresa privada, lo cual -en mi opinión por lo menos- resulta discriminatorio e injusto y atenta contra las libertades públicas establecidas en la Constitución y las leyes.
El actual sistema presupone mala fe de los deudores que caen en morosidad o tienen algún protesto, sin tomar en consideración su historial de pago. No distingue entre aquel que se atrasó cierto tiempo en una cuenta u obligación, pero que tiene antecedentes intachables, y quienes sistemáticamente no cumplen sus deberes y hacen del no pago una constante, lo cual significa que el deudor que debe seis meses un monto mínimo está en el mismo nivel de aquel que debe seis años.
En virtud de lo anterior, se hace urgente terminar con la "compra" del historial de deudas que realizan muchas empresas sin autorización de los deudores, estableciendo un ente único que administre la base de datos comerciales de los chilenos, a objeto de evitar que dicha información sea utilizada para fines distintos de la evaluación de la persona como sujeto de crédito.
En la última campaña presidencial, esta materia fue tratada durante el debate que organizó ANATEL para la segunda vuelta electoral, pronunciándose ambos candidatos a favor de introducir mejoras significativas al sistema.
En dicho debate, el candidato señor Piñera señaló que DICOM "se ha transformado en una cárcel que le quita oportunidades a la gente. Esta entra sin querer, y para salir cuesta fortunas y trámites eternos", afirmando que durante su mandato iba a modificar tal procedimiento, a fin de suprimir el efecto señalado.
Si bien es cierto que el proyecto de ley en discusión va en ayuda de los afectados por el sismo, no soluciona, desde ninguna perspectiva, el grave desamparo en que se encuentran muchos -entre ellos consumidores, agricultores y pequeños comerciantes-, quienes, aparte haberlo perdido todo, se hallan en el listado de deudores morosos que confeccionan empresas por deudas financieras anteriores al terremoto del 27 de febrero. Ellos, aun con la aprobación de esta iniciativa, quedarán igual imposibilitados de acceder a créditos y de mejorar su paupérrima situación económica, acentuada por el cataclismo.
En virtud de todo lo expuesto -en especial, del compromiso que frente a todos los chilenos adquirió Sebastián Piñera, en el debate de ANATEL en enero pasado-, solicito al Primer Mandatario que califique con "suma" urgencia el proyecto de ley que se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados y que resume toda la información en esta materia para que, como señaló el actual Presidente de la República, "DICOM deje de ser esa cárcel que le quita oportunidades a la gente".

El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, daríamos por aprobada la iniciativa.

El señor CHAHUÁN.- Pido la palabra.

El señor PIZARRO (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala:
El motivo por el cual fui uno de los patrocinantes de esta moción es que considero absolutamente acertada la idea matriz que lo inspira, ya que resulta obvio que a los afectados por la catástrofe del 27 de febrero último no se les puede exigir estricto cumplimiento de sus compromisos comerciales, más aún si han perdido sus industrias o locales comerciales.
Como se menciona en el texto, no se trata de un perdonazo ni de la eliminación de antecedentes comerciales, sino de una suspensión mediante el bloqueo de la comunicación de los antecedentes durante 10 meses, plazo que expirará el 27 de diciembre del presente año, al término del cual se reinicia el sistema normal de comunicación de morosidades a los registros de datos que las contienen.
No obstante, se hace necesario realizar en su articulado algunas precisiones que, estoy cierto, se podrán efectuar mediante indicaciones pertinentes, de manera que la suspensión quede acotada a las personas naturales o jurídicas que realmente hayan sufrido los efectos de la catástrofe ocurrida en una importante porción del territorio nacional, donde vive cerca del 75 por ciento de los habitantes del país.
Asimismo, me preocupa que se pretenda circunscribir los efectos de este proyecto solo a algunas Regiones y no a todas las afectadas por el fenómeno telúrico
En tal sentido, cabe señalar que en la de Valparaíso, a la cual represento en el Senado, también hay muchas víctimas del terremoto y del posterior tsunami que requieren beneficiarse con esta suspensión. Tal es el caso de gran parte de los habitantes del Archipiélago Juan Fernández y de quienes pertenecen a determinados sectores de la provincia de San Antonio.
Con estas observaciones, pido a la Sala dar su aprobación a la idea de legislar.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, en primer lugar, valoro la iniciativa presentada por los Honorables colegas Chahuán, Espina, García, Prokurica y Lily Pérez porque intenta evitar lo que, a mi entender, podría convertirse en un severo perjuicio y en una suerte de "réplica" del terremoto de 27 de febrero para miles de compatriotas a los cuales el sistema financiero, de no operar una norma de excepción como la aquí propuesta, les cerrará todas las puertas y, con ello, las posibilidades de financiamiento que requieren para sobreponerse a la gran catástrofe vivida hace escasos días.
Tanto este proyecto, conocido como el "DICOM de los Damnificados"como el denominado "DICOM de los Cesantes" se inspiran en una misma idea: la ocurrencia de un hecho fortuito, ajeno a la voluntad de las personas, a consecuencia del cual se generan situaciones excepcionales de incumplimiento.
La idea matriz contenida en la iniciativa en debate no significa, desde ningún punto de vista, limitar las legítimas acciones de los acreedores para obtener el pago de las deudas.
Lo que esta normativa propone es que las morosidades o protestos surgidos a consecuencia de la catástrofe, hasta por un plazo de 10 meses, no sean publicados por empresas que manejan bases de datos -como DICOM-, ya que, como sabemos, apenas ello ocurre, al deudor moroso se le cierran automáticamente todas las puertas del sistema financiero.
Además, creo que tiene el mérito de desincentivar los sistemas de financiamiento informal, pues las personas a las que el sistema formal les cierra las puertas se ven obligadas, las más de las veces, a recurrir a aquellos, pagando por esa razón altos costos y tasas abusivas, que en algunos casos se hallan al límite de la usura.
Por lo anterior, señor Presidente, junto con anunciar que votaré a favor, solicito desde ya segunda discusión, pues estimo necesario estudiar con detención el texto de la iniciativa, ya que contiene algunas normas que podrían dificultar la aplicación posterior de la ley, como aquella que exige acreditar la buena fe, en circunstancias de que quienes somos abogados sabemos que esta se presume y no requiere prueba.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, estimo que la moción de varios Honorables colegas resulta muy pertinente y oportuna, por cuanto en todas las Regiones siniestradas -entre las que incluyo especialmente a la Octava, que represento- hay gente que perdió todo.
Se trata de personas con mucha iniciativa y empuje que, por supuesto, debido a esta catástrofe, no han podido cumplir sus compromisos y han caído lamentablemente en esa publicación comercial.
Cuando quieren levantarse de nuevo, y en la creencia de que los bancos o cualquier otra institución financiera las pueden apoyar a través de un crédito, se encuentran con que aparecen en el listado de esa empresa, lo cual impide que se les otorguen los préstamos que tanto necesitan.
Por eso, el paréntesis de 10 meses que se está proponiendo me parece muy adecuado. Ojalá esta normativa opere y sea efectiva, porque va en beneficio de quienes sufrieron mucho daño por la catástrofe del 27 de febrero.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, quiero destacar un elemento que no tiene carácter transitorio, sino permanente y que se halla establecido en el artículo 1º del proyecto: el incentivo a que las partes renegocien los créditos.
En la medida en que eso se haga antes del 27 de diciembre de 2010, los deudores no van a aparecer en el Boletín Oficial de la Cámara de Comercio de Santiago.
De manera que se trata de una gran oportunidad, pues aquellos que, pudiendo estar en tal publicación, pueden marginarse de tal posibilidad en forma permanente si renegocian antes del 27 de diciembre del año en curso.
En consecuencia, en el proyecto hay un aspecto transitorio, pero también otro de carácter permanente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Como se solicitó segunda discusión, no podremos votar la idea de legislar esta tarde, sino mañana.

El señor TUMA.- Pido la palabra.

El señor PIZARRO (Presidente).- Puede hacer uso de ella, señor Senador.

El señor TUMA.- Señor Presidente, el Honorable señor Lagos pidió segunda discusión, porque no estaba presente cuando se señaló que esta iniciativa se votaría solo en general y que se fijaría plazo para formular indicaciones.
Tal fue el sentido de la solicitud de Su Señoría.

El señor PIZARRO (Presidente).- Le agradezco la aclaración, señor Senador, porque ella permitirá pronunciarnos ahora.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, aprobaríamos la idea de legislar.

El señor LONGUEIRA.- Votemos, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (27 votos a favor) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el 31 de mayo, a las 12.
Votaron las señoras Matthei y Rincón y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma y Walker (don Patricio).




FIJACIÓN DE PLAZO PARA PUBLICACIÓN DE PROTESTOS Y MOROSIDADES


El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Honorables señores Allamand, Tuma, García y Lagos, referido a la publicación de protestos, con informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6914-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los Senadores señores Allamand, Tuma, García y Lagos).
En primer trámite, sesión 14ª, en 4 de mayo de 2010.
Informe de Comisión:
Economía, sesión 16ª, en 11 de mayo de 2010.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- El propósito principal de la iniciativa es modificar el artículo 5º de la ley sobre protección de la vida privada para considerar un plazo mínimo de 30 días para la publicación de los datos de protestos y morosidades, contando dicho plazo desde la fecha del protesto o, en el caso de las morosidades, desde que la obligación se hizo exigible.
La Comisión de Economía discutió el proyecto solamente en general y le dio su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Allamand, García, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en el primer informe, que Sus Señorías tienen en sus pupitres.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión la idea de legislar.

Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, quiero recordar que DICOM -llamamos al registro con el nombre de la empresa- es un listado de información comercial que tuvo su origen a principios del siglo XX.
En efecto, por allá por 1928, un decreto supremo consagró una situación de excepcionalidad para la Cámara de Comercio de Santiago, que le permitió publicar todos los incumplimientos de las promesas de pago mediante cheques, letras o pagarés, que eran los documentos que se intercambiaban en ese tiempo en materia de crédito.
En aquel entonces no existía la masificación o democratización del crédito que se observa hoy; por tanto, la situación actual resulta absolutamente distinta de aquella.
Entre los años 2003 y 2004, el Congreso aprobó modificaciones de importancia tendientes a regular la información sobre la morosidad de las personas.
No obstante, debo reconocer que hay un enorme consenso en que este sistema se encuentra absolutamente agotado. Prácticamente todas las iniciativas presentadas para enmendar la ley han contado con el apoyo unánime de los parlamentarios. Ello se explica porque el sistema se ha convertido en un instrumento perverso.
En la discusión del proyecto anterior, alguien señaló que aparecer en dicho listado es como sufrir un terremoto o algo catastrófico. En efecto, ello causa un perjuicio casi para toda la vida desde el punto de vista comercial, crediticio, del emprendimiento, hasta laboral.
Además, ese boletín informativo solo recoge los aspectos negativos de los deudores y no su comportamiento de pago. Así, alguien que contrae un solo compromiso comercial en su vida y lo incumple es calificado como "mal pagador", al igual que quien tiene numerosos créditos y los cubre todos, menos uno. Frente a mil compromisos, basta no pagar uno para ser considerado un incumplidor desde la óptica social, según la información comercial señalada.
Por ello, urge que el Congreso avance en una legislación que mida el comportamiento de pago de los deudores en su globalidad, proporcionando información tanto positiva como negativa.
Señor Presidente, un proyecto con esa finalidad se encuentra en debate en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Espero que el Ejecutivo -ya que existen tantas iniciativas sobre la materia- tome la decisión de impulsarlo, en atención a que busca proveer información comercial integral; esto es, calificar a la persona por sus antecedentes positivos y negativos y no solo en función de la morosidad.
Mientras ello no ocurra, seguiremos discutiendo indicaciones para perfeccionar este tan injusto sistema que tenemos.
Recién aprobamos una iniciativa de ley que otorga un tratamiento de excepcionalidad a las personas que no han podido dar cumplimiento a sus obligaciones por vivir en las Regiones afectadas por la catástrofe y sufrir las consecuencias del sismo.
La Comisión de Economía del Senado aprobó la semana pasada otro proyecto -seguramente lo veremos en los próximos días en la Sala-, que concede un trato especial a quienes no pudieron pagar sus deudas por haber perdido su trabajo: el denominado "DICOM de los cesantes".
Y ahora, después de haberse acogido la idea de legislar de la iniciativa que mencioné, estamos discutiendo un proyecto que busca hacer justicia en los registros comerciales.
Por considerar que constituye un tremendo daño para las personas aparecer en el Boletín de Informaciones Comerciales, algunos señores Senadores propusimos la presente iniciativa a fin de fijar un plazo razonable para la publicación de los datos de protestos y morosidades.
En los años en que se inició el registro del "Peneca Verde" las comunicaciones eran bastante más lentas que hoy. En ese tiempo la correspondencia se despachaba por tren o por bus. Por eso, cuando alguien caía en incumplimiento, el proceso normal de anotación demoraba entre 60 y 90 días. Un banco debía atenerse a ciertos plazos para notificar protestos de cheques. Y un notario también podía hacerlo. Pero este se regía por sus propios procedimientos de notificación.
Sin embargo, en la actualidad ello no ocurre, señor Presidente.
Los miles y millones de sujetos de créditos firman sus muchos compromisos de pago, y nadie está obligado a comunicar el vencimiento respectivo. El deudor cae en morosidad cuando se cumple el plazo y no se entera de ello, por alguna razón.
Es más; a veces ni siquiera se ha suscrito una promesa de pago. Por ejemplo, conozco el caso de un usuario de una autopista concesionada -por esta razón me motivé a presentar el proyecto, junto con otros señores Senadores- cuya cuenta del tag venció el 12 de determinado mes y se publicó la deuda (6 mil y tantos pesos) en DICOM el 25 del mismo mes, en circunstancias de que había sido cancelada el día anterior.
El perjuicio para el acreedor (la concesionaria) no fue tanto; pero para el deudor, que apareció en los registros de DICOM, no obstante haber pagado -aunque con plazo vencido-, es tremendo. Porque en ese momento dicha persona -me entregó los antecedentes del caso- estaba pidiendo un crédito para financiar la matrícula universitaria de su hijo, y el banco, ya al final de la tramitación del préstamo a fines de marzo, le dijo: "Señor, como usted aparece con incumplimiento en DICOM, no le otorgaremos el crédito que solicita". Y no se lo dieron, razón por la cual no pudo matricular a su hijo. Y se le vencieron los plazos para buscar otras opciones.
En consecuencia, el daño producido a los deudores y a sus familias por el hecho de ser publicados en el listado -más aún si se ha incumplido la obligación no por tener el ánimo de hacerlo, sino por carecer de información o de oportunidad para pagar antes de la fecha de vencimiento- amerita que el Congreso Nacional brinde a los millones de usuarios, considerando que hoy día no se notifica el vencimiento, un plazo para la anotación respectiva.
Por eso, el proyecto de ley señala que en ningún caso podrá ser publicada una morosidad antes de 30 días desde que se haya hecho exigible la deuda.
Señor Presidente, algunos representantes de acreedores, tanto del retail como de la banca, manifestaron: "Si se impide hacer la publicación en ese plazo, no podremos avisar oportunamente a los acreedores cuando alguien haya planificado engañar, estafar o producir un fraude". Sin embargo, ellos mismos señalaron en la Comisión que los períodos regulares para el registro de las anotaciones comerciales nunca son menores a 30 días.
Hay una contradicción en ello: por una parte, dicen que nunca se publica antes de un mes -por esa razón hemos reafirmado la necesidad de aprobar la iniciativa, pues lo que abunda no daña- y, por otra, dan el argumento -falaz, en mi opinión- de que no habrá oportunidad en ese lapso para advertir de la posibilidad de estafas o para que los otros acreedores lo hagan presente. ¡Pero esto último nunca ha ocurrido en la historia de los informes comerciales! No se tiene conocimiento de que algún acreedor haya estado entregando antecedentes respecto de alguien que pretende defraudar.
Tal argumento no es válido hoy día.
En consecuencia, mientras no dispongamos de un sistema integral de información comercial que trate con dignidad a las personas y registre los aspectos tanto positivos como negativos, estaremos urgidos a realizar este tipo de modificaciones.
Finalmente, solicito que se adopte el mismo pronunciamiento que en el proyecto que se vio anteriormente, en que, al igual que la Comisión de Economía, la Sala lo aprobó por unanimidad y estableció plazo para la presentación de indicaciones hasta el 31 de mayo.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, estoy plenamente de acuerdo con lo que se persigue mediante esta iniciativa: debe acotarse la publicación de los protestos de documentos mercantiles a un plazo que realmente dé certeza jurídica, y es adecuado fijarlo en 30 días desde que se haya efectuado el protesto o hecho exigible la deuda morosa.
Ciertamente existe una creencia muy arraigada en la población, en cuanto a que la publicación de este tipo de protestos, por ley, debe hacerse al cabo de los 30 días ya señalados, lo que obviamente no es efectivo. Ello ha llevado a los autores de la moción a proponer dicho plazo en forma legal, considerando, además, que muchas entidades bancarias y crediticias ordenan publicar los protestos antes del término mencionado.
No obstante, a mi juicio, es necesario perfeccionar el texto planteado, acotándolo solamente a los protestos o a las morosidades que provengan de obligaciones comerciales. Ello, ya que durante la primera discusión del proyecto se comprobó que la deudas por no pago del uso del tag también son enviadas a publicación como registro de morosidades, y en muy corto plazo. En mi opinión, esto no resulta procedente, por cuanto esa falta de pago constituye una infracción a la Ley de Tránsito y tiene asignada una multa de elevado valor, a lo cual debe agregarse el trámite de eliminación del antecedente desde los registros pertinentes.
Entonces, a esas infracciones no puede dárseles el mismo tratamiento que a las morosidades derivadas de obligaciones comerciales o de protestos de cheques u otros documentos mercantiles.
Con tales precisiones, doy mi voto favorable a la idea de legislar.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (27 votos a favor).
Votaron las señoras Matthei y Rincón y los señores Allamand, Bianchi, Chahúan, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).

El señor PIZARRO (Presidente).- Propongo como plazo para presentar indicaciones el lunes 31 de mayo, a las 12, tal como sugirió el Honorable señor Tuma.
--Así se acuerda.

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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- En este momento han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Mensaje de Su Excelencia el Vicepresidente de la República, con el que hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", respecto del proyecto de ley que crea el Fondo Nacional de Reconstrucción y establece mecanismos de incentivo a las donaciones en caso de catástrofe (boletín N° 6.884-05).
--Se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Proyecto de acuerdo, de los Senadores señores Bianchi, Kuschel y Pizarro, con el que se transmiten el saludo y los sentimientos de hermandad y solidaridad del Senado de Chile a la República de Argentina con motivo de la celebración del Bicentenario de su Independencia (boletín N° S 1.249-12).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Solicitud de permiso constitucional del Senador señor Sabag para ausentarse del país a contar del 22 del mes en curso.
--Se accede.

El señor NOVOA.- Pido la palabra sobre la Cuenta.

El señor PIZARRO (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, imagino que el proyecto de acuerdo relativo al Bicentenario de la Independencia de Argentina se despachará antes del 25 de mayo. Para ello, pido que se coloque en la tabla de la sesión ordinaria de mañana.

El señor PIZARRO (Presidente).- Le agradezco su solicitud, señor Senador.
Podemos incluirlo en el Tiempo de Votaciones.

El señor LETELIER.- ¡No!

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Perdón, Su Señoría?

El señor LETELIER.- ¿Se requiere el acuerdo unánime de la Sala?

El señor PIZARRO (Presidente).- No, se trata de una petición. Puede ser resuelta por la Sala.
Habría que votar la propuesta del Senador señor Novoa.

El señor LETELIER.- El proyecto de acuerdo debe cumplir el procedimiento normal.

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Su Señoría quiere que no pase a la Comisión de Relaciones Exteriores?

El señor LETELIER.- Al contrario, que vaya a ella.

El señor PIZARRO (Presidente).- Vamos a pedirle, entonces, a la Comisión de Relaciones Exteriores que haga el esfuerzo de tratar el proyecto rápido, a fin de que podamos votarlo en la sesión de mañana.

El señor NOVOA.- Con informe verbal.

El señor PIZARRO (Presidente).- Así es.

El señor LETELIER.- ¡Con el informe que corresponde!
El señor PIZARRO (Presidente).- Solicitaremos al órgano técnico que analice el proyecto de acuerdo con la urgencia que requiere.


CIERRE DE CALLES Y PASAJES POR MOTIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA


El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula el cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad ciudadana, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3848-06, 6289-25 y 6363-06, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 61ª, en 3 de noviembre de 2009.
Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 18ª, en 12 de mayo de 2010.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- La iniciativa tiene como principal propósito facultar a los municipios para disponer el cierre o las medidas de control de acceso a vías locales sin salida, con el fin de garantizar la seguridad de los vecinos.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió esta iniciativa solamente en general y le dio aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Cantero, Pérez Varela, Sabag y Zaldívar (don Andrés)), cuyo texto, que es idéntico al despachado por la Cámara de Diputados, se transcribe en la parte pertinente del primer informe del mencionado órgano técnico.
La Comisión deja constancia de que al adoptar el acuerdo de aprobar en general el proyecto coincidió con los criterios expresados por la Contraloría General de la República en diversos dictámenes que reconocen, por una parte, el derecho de toda persona a circular libremente por los espacios constituidos en bienes nacionales de uso público -como son las calles y los pasajes peatonales-, y por otra, la obligación del Estado de velar por la seguridad de las personas.
Por último, cabe tener presente que el artículo único de la iniciativa reviste el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que para su aprobación requiere el voto conforme de 21 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general el proyecto.

Ofrezco la palabra.

El señor SABAG.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor SABAG.- Señor Presidente, voy a informar a la Sala en mi calidad de Presidente de la Comisión de Gobierno.
La iniciativa en debate tuvo su origen en tres mociones de la Honorable Cámara de Diputados, las que fueron refundidas y dieron lugar al proyecto que aprobó en general el órgano técnico que presido.
Uno de los motivos esgrimidos por la otra rama legislativa para la aprobación de esta iniciativa radica en que es deber del Estado incentivar la incorporación de las personas en las tareas de seguridad ciudadana y, por ende, impulsar normas que estimulen la participación de los vecinos y de los municipios en la recuperación y mejoramiento de espacios públicos afectados por la delincuencia u otras amenazas a los barrios o vecindades.
Se señala, al respecto, que la potestad municipal de cierre de pasajes y calles ha sido ejercida en algunas oportunidades sin criterios técnicos, lo que ha dado lugar a confusiones que no distinguen claramente la órbita de la propiedad privada con los espacios de dominio público.
En este sentido, cabe recordar los razonamientos expresados por la Contraloría General de la República en diversos dictámenes que, en lo sustancial, reconocen, por una parte, el derecho de toda persona a circular libremente por los espacios constituidos en bienes nacionales de uso público, como son las calles y pasajes peatonales; y por otra, la obligación del Estado de velar por la seguridad de las personas.
En efecto, el dictamen Nº 11.421, del año 2000, confirmando el criterio de otros pronunciamientos, expresa que las municipalidades pueden autorizar el cierre de calles y pasajes, por razones de seguridad ciudadana debidamente ponderadas, y siempre que no sean afectados en forma grave los derechos constitucionales de los ciudadanos.
En tal sentido, la iniciativa en discusión atribuye a los municipios un papel fundamental en la adopción de medidas para fortalecer la seguridad ciudadana, potestad que ha de ejercerse con las debidas protecciones y restricciones que impidan la vulneración de garantías constitucionales como son las de locomoción y circulación por los espacios públicos.
En este orden, la facultad que la ley en proyecto entrega a los municipios se materializará en calles o vías de una sola entrada o salida o pasajes peatonales que no converjan en una avenida o camino principal que impidan la libre circulación de la gente; de modo que su ejercicio no implique un detrimento importante de los bienes nacionales de uso público, y que de ello no se afecten gravemente los derechos constitucionales de personas ajenas a los residentes.
Señor Presidente, la iniciativa está estructurada en un artículo único con dos numerales y una norma transitoria, facultando al alcalde para que, con el acuerdo del concejo y con un procedimiento que reconoce la participación ciudadana, disponga el cierre de calles o pasajes sin salida por motivos de seguridad ciudadana hasta por un plazo de dos años.
El objetivo del proyecto consiste en facultar a los municipios para disponer el cierre o medidas de control de acceso a vías locales sin salida, con el fin de garantizar la seguridad de los vecinos.
En tal virtud, será la propia Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades la que regulará la forma y modo de conceder el permiso para estos cierres.
Por último, señor Presidente, es preciso recordar que esta iniciativa, aprobada por 95 votos en la Cámara de Diputados, fue votada favorablemente por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización que presido. Por lo tanto, pido que la Sala la apruebe en general en los mismos términos antes indicados y que se fije como plazo para presentar indicaciones hasta el 31 del mes en curso.
He dicho.

El señor PÉREZ VARELA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, el proyecto en debate da cuenta de la realidad que vive la mayoría de las entidades edilicias de nuestro país, cuyos alcaldes y miembros del concejo municipal siempre son requeridos por la ciudadanía, por sus vecinos, con el objeto de que adopten medidas que contribuyan a mejorar las condiciones de seguridad de las personas y de que trabajen en pos de la seguridad ciudadana. Y esa es una facultad que los municipios tienen contemplada en su propia ley orgánica que hoy día modificamos.
Sin embargo, las entidades edilicias pueden, dentro de sus atribuciones, dictar medidas preventivas que protejan a los ciudadanos, que den seguridad en los barrios, en los lugares donde viven los vecinos de una determinada comuna. Y en cumplimiento de esa tarea contribuyen al financiamiento de las policías, a la adquisición de vehículos de seguridad. Pero la medida que más efectividad ha demostrado es el cierre de algunos espacios físicos que presentan determinadas características, por ejemplo, como señala el proyecto: pasajes o calles sin salida, con el objeto de generar una suerte de prevención frente a la acción delictiva.
¿Qué es lo que hace esta iniciativa? Le otorga dicha facultad, que estaba en entredicho por resoluciones de los tribunales de justicia, a los municipios. Sin embargo, se las entrega muy bien reglada, porque establece la obligatoriedad del acuerdo del concejo y la necesidad de que solo se aplique en calles o pasajes que no tengan salida. Durante su discusión uno podrá buscar la ampliación de la norma a otras áreas, pero el proyecto restringe su aplicación a pasajes y calles sin salida, que no estén ubicados en lugares donde existan monumentos nacionales. No obstante, también obliga a las entidades edilicias a dictar una ordenanza que fije el procedimiento a seguir por las comunidades al momento de presentarles sus solicitudes con el objeto de que ejecuten y lleven adelante dicha facultad.
Asimismo, el proyecto contempla la forma de participación de la ciudadanía en esa petición. A mi juicio, ello es fundamental porque todos sabemos que el combate al delito, la lucha por la seguridad ciudadana y la seguridad pública, requieren la participación ciudadana, no solo la acción de las policías, de los tribunales, de las fiscalías, sino también de los ciudadanos, a fin de tomar medidas, en este caso particular, preventivas.
Por lo tanto, a través del proyecto entregamos a los municipios la facultad -que los tribunales les habían negado- de cerrar las calles. Pero no se trata de una facultad discrecional de la autoridad local, pues la medida se adopta con el acuerdo del concejo, mediante resoluciones fundadas y, por sobre todas las cosas, contando con la participación ciudadana. Los incisos cuarto y quinto del artículo único señalan las condicionantes que deberá contener la ordenanza municipal.
Por eso, señor Presidente, lo que en verdad se hace a través del proyecto en debate es entregarle una facultad a los municipios a fin de contribuir a la seguridad ciudadana. En tal virtud, se abre un camino de participación ciudadana en el combate al delito.
Por eso no me extraña que la iniciativa haya recibido un apoyo unánime en la Cámara Baja, no obstante que fue presentada por Diputados de las distintas bancadas. También obtuvo el mismo respaldo en la Comisión de Gobierno del Senado, porque todos sabemos cómo las juntas de vecinos, los concejales, los alcaldes, quieren contribuir y colaborar en la lucha contra el delito.
Esta es una medida de carácter preventivo que, de no poder ser tomada o utilizada por los municipios, deja en muchas ocasiones a los vecinos en sus casas a merced de los delincuentes o en una situación precaria para enfrentar el delito.
Me alegro de que el Senado esté discutiendo este proyecto y ojalá que, al igual que la Cámara de Diputados, lo aprobemos por unanimidad. Nadie niega la posibilidad de perfeccionarlo -por eso, comparto el plazo para indicaciones que ha pedido el Presidente de la Comisión de Gobierno, el Senador señor Sabag-, pero se trata de tener una legislación que les dé a los municipios atribuciones y facultades que les permitan colaborar en la lucha contra el delito.
He dicho.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, el ejercicio de la atribución en comento no debiera ser forzosamente materia de ley. Sin embargo, el proyecto responde a la necesidad básica de protección frente a lo que, a mi juicio, constituye un fracaso del Estado en la lucha contra la delincuencia.
Lo que han hecho los parlamentarios que presentaron esta iniciativa es escuchar la opinión de miles de personas que tratan, por algún medio, de protegerse, ellas y sus familias, de ese flagelo.
El proyecto viene a avalar una medida como la propuesta, producto de una sentencia adversa de los tribunales de justicia. Queda en evidencia que la calle se la han tomado los delincuentes y que la gente decente, a costa de perder incluso parte de su libertad, adopta medidas de este tipo para que sus familias, sus hijos, puedan estar a resguardo.
Señor Presidente, voy a apoyar esta iniciativa de ley porque responde a una realidad. Sin embargo, creo que ella es una señal de que la sociedad está perdiendo la batalla contra la delincuencia, lo que de suyo es extraordinariamente grave.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, yo quiero destacar el trabajo que hizo la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización al refundir las tres mociones en la iniciativa que nos ocupa. Nos tocó, junto al entonces Diputado Tuma, aprobar estas normas en la Cámara el año recién pasado. Y, claramente, aquí se está respondiendo a una necesidad que tarde o temprano había que regular.
Lo señalo, porque tenemos decretos municipales muy dispares, y tal vez contradictorios; hay algunos dictámenes de la Contraloría también en una dirección no muy uniforme; y entiendo que la Corte Suprema se ha pronunciado respecto a esta materia. Por lo tanto, es de toda lógica y de absoluta necesidad resolver el punto. Más aún cuando incide directamente en la seguridad pública.
Aquí se hallan en juego dos derechos fundamentales: el de circular libremente por las calles, que son públicas, como muchas de las que hoy día están cerradas, y el de la seguridad individual.
Tal como decía el Senador señor Pérez, lo relevante del asunto en comento radica en la ordenanza. En mi opinión, los requisitos que se fijan les imponen a los municipios un estándar distinto al que hoy día se está dando. Noventa por ciento de los vecinos que viven en un pasaje cerrado tienen que hacerse parte de la solicitud. Se habla aquí no solo del cierre, sino de "medidas de control de acceso", porque había excesos, como la colocación de letreros en estos pasajes donde se señalaba que eran propiedad privada. Por lo tanto, ahí claramente no se cumplía con el derecho a circular libremente.
Más aún, se establece que los concejos municipales, para decidir sobre el cierre o las medidas de control de acceso -esto va a ir entre un año como mínimo y dos años como máximo en la ordenanza-, deberán escuchar primero al departamento de obras, que tendrá que entregar un informe debidamente fundado, pero también a los servicios de emergencia: Bomberos, Carabineros. Porque lo que ocurre muchas veces es que se impide el desplazamiento por estos lugares.
En consecuencia, deseo destacar que el proyecto -como señaló el Senador señor Sabag, seguramente va a ser profundizado en la discusión en particular- constituye un primer paso en la idea de uniformar los criterios en función de los cuales se va a proceder en esta materia.
Me preocupa, sí, que muchos de los lugares que hoy día están cerrados -y que no son precisamente calles sin salida- van a tener que reabrirse. Y ahí lo que esperaría -habrá que conversarlo con el Ministerio del Interior en su oportunidad- es ver qué mecanismos paliativos vamos a poder establecer para esos sectores, que han encontrado una solución práctica a los problemas de seguridad, sean dispositivos de alarmas comunitarias u otros. Porque, claramente, cuando se les notifique a esos vecinos que van a tener que abrir, se va a generar un problema cuya resolución debiéramos anticipar nosotros también en la discusión en particular.
Señor Presidente, naturalmente, mi voto va a ser afirmativo.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, en verdad, este proyecto es muy necesario. Tal como se ha señalado, ha habido fallos de los tribunales que están impidiendo el anhelo de muchas comunidades de cerrar parte de sus pasajes o calles sin salida con el propósito de tener un barrio más seguro.
En lo personal, voy a presentar indicaciones, porque encuentro que el sistema que se propone no es el más adecuado.
En efecto, hay muchos sectores que hacen una inversión bastante importante en rejas, en portones, por lo que establecer un plazo de dos años pareciera insuficiente -sería mejor que fuera mayor-, aunque se señala que es renovable.
La renovación también es algo que convendría perfeccionar. Debiera haber un mecanismo en virtud del cual, si tres meses antes de que venza el plazo de la autorización de cierre no hay objeción de los vecinos, de alguna organización o del municipio, aquel se renueve en forma automática. No veo por qué van a tener que estar pronunciándose todos los concejos cada dos años, cuando se venza una cantidad importante de estos permisos. La gente necesita sentir que la inversión que hace va a ser por un largo plazo, a menos que surja algo que gatille el cuestionamiento a la continuidad de ese cierre.
En síntesis, haría más expedito el procedimiento. Creo que eso responde más a la realidad de estos vecinos. Ellos deben tener certezas jurídicas -por llamarlas de alguna forma- que les garanticen que la inversión que están haciendo realmente quedará sometida a la menor discrecionalidad posible. La verdad es que estar sujeto a renovaciones del alcalde, del concejo, cada dos años carece de sentido. En mi opinión, debiera haber un mecanismo que gatille en el tiempo una solicitud de término de la autorización. Eso me parece más claro frente a la comunidad y menos burocrático para los vecinos y, por cierto, también para los alcaldes y los concejos.
Sin perjuicio de los perfeccionamientos que podamos introducir, señor Presidente, desde luego voy a votar a favor del proyecto, que considero muy importante para muchos vecinos, al menos de la Región Metropolitana.

El señor BIANCHI.- ¡Votemos, señor Presidente!

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, yo tengo dudas sobre este proyecto. Ellas no se refieren a la importancia de generar espacios resguardados para las comunidades -no es el punto en sí-, sino a un aspecto constitucional que me preocupa: cómo uno equilibra dos bienes de una forma adecuada. Los bienes nacionales de uso público son eso: bienes nacionales de uso público. Ninguna autoridad a la que se le entrega la administración per se puede atentar contra un derecho constitucional de un conciudadano, independiente de la comuna donde viva.
Yo siento que, si se llevara esta iniciativa de ley al Tribunal Constitucional, sería declarada inconstitucional. Y tengo la impresión de que debemos hacer una reflexión más a fondo. Distinto es que se modifique la Ley General de Urbanismo y Construcciones, a efectos de establecer que para los nuevos condominios no va a ser obligatorio dejar una reserva de territorio, del paño que se compra, para el vendedor inicial, la inmobiliaria, destinada a caminos que sean bienes nacionales de uso público o áreas verdes. Es decir, modificar de aquí hacia adelante lo que se entiende por "espacios comunitarios" y, quizás, darles a estos otra denominación legal.
Por lo tanto, lo primero que quiero es poner en el debate la constitucionalidad de esta iniciativa.
En este primer punto, no deseo entrar a discutir el mérito, sino solo la constitucionalidad.
Tengo la impresión de que los municipios no pueden acordar restringir la libertad de movimiento de las personas en ningún territorio que sea bien nacional de uso público.
Esa es la cuestión constitucional.
Entiendo que no nos resulta factible, como Senado, adecuar la Carta Fundamental a los intereses políticos puntuales de un debate.
En segundo término, muchos vecinos quieren generar mecanismos de resguardo colectivo, de seguridad pública. Porque me parece que ese es el bien que están promoviendo.
El cierre de calles y pasajes, enrejarse, puede ser una fórmula. No sé si es "la fórmula".
Señor Presidente, he seguido la discusión. El Diputado Carlos Montes, como representante de la Región Metropolitana, viene planteando esta situación desde hace mucho tiempo. Y, tal como lo han señalado aquí otros Senadores, el problema radica en cómo generar espacios donde la delincuencia tenga dificultades para acceder. Pero mi percepción es la de que el mecanismo propuesto, por las razones que expresé, puede provocar problemas de constitucionalidad.
Ahora, si se quiere llegar a lo que se nos sugiere, quizá sea del caso establecer una fórmula que evite que los municipios atenten contra un derecho fundamental -por muy loable que sean los propósitos perseguidos- y conforme a la cual, vía Ministerio de Bienes Nacionales, que es el que administra la materia y tiene facultades al efecto, pueda cambiarse el destino del bien nacional de uso público de que se trata. Esto, como forma de salvar el problema constitucional.
Entiendo que algunos vecinos desean resguardarse. Yo creo que las cuestiones de seguridad ciudadana hay que abordarlas por otro camino, no necesariamente enrejándose.
Quienes se encierran siguen este modelo: enclaustrarse para defenderse de la delincuencia, sin atacar las causas ni los problemas que llevan a algunas personas a delinquir.
En todo caso, no me voy a oponer a la idea de legislar. No votaré en contra. Tampoco lo haré a favor, porque, a mi juicio, el proyecto presenta problemas de constitucionalidad.
No obstante, yo sugeriría que durante la discusión particular se buscara cómo salvar esa situación. Y pienso que la única forma de hacerlo es dando atribución, por el solo ministerio de la ley o mediante otro procedimiento, al Ministerio de Bienes Nacionales -única autoridad que puede cambiar el destino de un bien nacional de uso público-, a partir de una decisión del concejo municipal, para desafectar el bien nacional de uso público que es la calle. Es decir, fijar en este plano un procedimiento expedito para lograr lo que se pretende.
Señor Presidente, no creo que enrejarse sea el mejor camino. No voy a oponerme a que esta posibilidad exista. Pero sí me parece que establecerlo como facultad de los municipios puede ser inconstitucional.
Por ello, estimo que durante la discusión particular debiera proponerse un camino viable, pues el que ahora se plantea, en mi concepto, no lo es.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, sin duda, lo manifestado por el Senador señor Letelier es lo ideal: encontrar las causas de la delincuencia y procurar evitar que las personas se deban defender enrejándose.
Pero cuando las realidades desbordan, cuando sabemos que estamos ante una situación que no se resolverá de inmediato, parece oportuno que quienes normalmente se ven afectados por las acciones de los delincuentes tomen medidas de resguardo. Y tal es el espíritu de este proyecto.
Evidentemente, todos quisiéramos que no existieran rejas en las calles, que estas no estuviesen cerradas. Pero al final, cuando las propias policías son sobrepasadas en el combate contra la delincuencia, los vecinos se ven obligados a tomar medidas de resguardo. Porque, ¿cuál es su alternativa? Exponerse a que grupos que muchas veces viven en otros sectores delincan en sus barrios y afecten la tranquilidad del vecindario.
Esas son las realidades. Por ello se han presentado iniciativas de distinta naturaleza. Y por lo mismo no considero inconstitucional la que ahora nos ocupa, desde el momento en que se plantea de manera transitoria.
En función de su Ley Orgánica Constitucional, señor Presidente, las municipalidades administran los bienes nacionales de uso público.
Ojalá pudiéramos despachar este proyecto rápidamente, porque hoy día muchos sectores se hallan expuestos al fenómeno de la delincuencia, afectados por esta.
Todos desearíamos que fuera distinto. Pero los hechos son más fuertes.
Por lo tanto, concuerdo plenamente con esta iniciativa, que no solo es oportuna, sino también necesaria, por lo que, en mi opinión, debe aprobarse con la mayor brevedad.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Les pido a los señores Senadores que, dentro de lo posible, voten luego de concluir su exposición.
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, quiero referirme al punto planteado por el Senador Letelier, porque, cuando leí el proyecto, de alguna manera también pensé lo que él expuso en la Sala.
No soy experto constitucional. Sin embargo, advierto que en el mismo artículo donde se incorpora la modificación se establece claramente que los responsables de la administración de los bienes nacionales de uso público -y así viene planteado, de acuerdo a nuestra Carta y las leyes; en este caso, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades- son los municipios.
Lo mismo pueden hacer las municipalidades cuando coartan la libertad de tránsito vehicular para que funcionen ferias, por ejemplo. Se trata también de un bien nacional de uso público.
Los municipios tienen la facultad de administrar esos bienes, y lo harán en la forma que determinen.
Le di vueltas a esa opción, pues también tuve la duda. Pero la verdad es que hay muchos casos donde se limitan ciertas libertades, sobre la base de que, constitucionalmente, las municipalidades son responsables de administrar los bienes nacionales de uso público.
Algunas deciden poner rejas en las plazas: se halla dentro de sus facultades de administración; otras prefieren tener abiertos esos espacios.
De hecho, las concesiones que se entregan son de bienes nacionales de uso público, los cuales no pierden este carácter aunque se entregue su administración al sector privado.
Señor Presidente, soy partidario de la idea de fondo. Y si fuera inconstitucional, a lo mejor la zona que quedara cerrada habría que darla en administración, en comodato, en concesión (no sé cuál es la figura).
En todo caso, no creo que ello sea necesario. Porque se trata de bienes nacionales de uso público: pasajes, calles sin salida. O sea, no hay apertura a cualquier tipo de vía.
Por consiguiente, no me parece que exista problema de inconstitucionalidad.
Empero, si lo hubiese y tal fuera el criterio de la Corporación, una forma de resolverlo sería entregando el espacio pertinente, a través de concesión o de comodato, a los vecinos que así lo solicitaran.
Ahora, el vivir o no detrás de rejas forma parte de la libertad individual.
Aquí se preceptúa que no menos de 90 por ciento de los vecinos -quórum bastante alto- concurran a la solicitud pertinente.
En consecuencia, si quieren vivir detrás de las rejas, será porque se sienten más felices así.
Yo pienso que nadie quiere vivir tras las rejas. Pero si esa es la realidad del país y algunos sienten que así son más felices o tienen una vida de mejor calidad, que las pidan. Y me parece que al hacerlo estarán ejerciendo un derecho individual.
Ahora, la solicitud en tal sentido se plantea a veces por razones distintas de la delincuencia. En muchos pasajes la gente la formula para acceder a un espacio del que las casas no disponen y que usan como patio interior. En diversos sectores, por determinación de los comuneros, las rejas se ponen incluso entre los bloques -ya no pasajes-, los cuales quedan cerrados.
Creo que las decisiones a ese respecto emanan de la libertad individual de las personas. Dejemos que ellas elijan. Si quieren hacer la solicitud pertinente, que la presenten.
Por eso argumenté antes que las renovaciones deben ser automáticas, salvo que un grupo de vecinos requiera poner término a las medidas del caso, que se plantean con un quórum bastante alto.
Pienso que, a tres meses del vencimiento del plazo de dos o tres años -lo que se determine finalmente-, las renovaciones tienen que ser automáticas, a menos que algún hecho provoque una discusión que gatille el término de la medida respectiva.
Reconozco, señor Presidente, que también evalué la opción expuesta ahora en la Sala por el colega Letelier. Pero creo que no existe ningún inconveniente sobre el particular, pues, efectivamente, los municipios restringen libertades en el caso de los bienes nacionales de uso público, los cuales son entregados constitucionalmente a su administración.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, estaba conversando con algunos Senadores, quienes me explicaron con gran sabiduría el sentido de este proyecto.
Sin embargo, hay algo que me duele mucho: que debamos temerle al miedo.
Aquello es muy impresionante en una república democrática, como la nuestra, pues con eso, en el fondo, damos la imagen de que estamos perdiendo la lucha contra la delincuencia.
Algunos colegas me dicen: "Esto pueden hacerlo ahora los municipios. Pero tardan mucho, pues existe una serie de condiciones".
De todas maneras, llegamos a lo mismo: no hay cómo batallar contra los delincuentes que no sea limitando el uso de las calles, de los pasajes, cerrándolos o no (para tales efectos, da lo mismo).
No quiero ironizar sobre la materia, señor Presidente. En esta Sala muchos Senadores han bregado bastante -los felicito- para terminar con la inseguridad. Y tengo confianza en que el actual Gobierno, como lo ha expresado, le pondrá fin. Pero pienso que la iniciativa que nos ocupa es contradictoria con tal propósito.
Por eso, me abstengo.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, cuando este proyecto pasó por la Cámara de Diputados, planteé numerosas dudas.
A la sazón, yo representaba nada menos que al distrito 29, constituido por, entre otras, las comunas de Puente Alto y La Pintana, donde existe quizá la mayor cantidad de delitos, pandillas, en fin. Sin embargo, no me gusta la estigmatización. Y esas comunas aparecen todos los días en los medios de comunicación a raíz de crímenes, asesinatos, microtráfico, etcétera, mas no por las cosas positivas que ocurren en ellas.
Señalaba con dolor ese hecho en la Cámara de Diputados. Y lo reitero esta tarde en el Senado.
Tuve muchas dudas en su momento. Quería votar en contra, por estimar que una forma dramática de perder la batalla por la seguridad ciudadana es esta. Le estamos diciendo a la gente: "Sí. Pongan más rejas. Cierren los pasajes. Hay que encerrarse. Los delincuentes tienen la calle, tienen los pasajes, tienen la vida de las personas. Ellos dominan. Ellos deciden quiénes pueden circular y quiénes no. Y la ciudadanía debe estar cada día más enclaustrada en sus casas".
Yo lo viví, y muy fuertemente. Representé a aquel distrito durante tres períodos. Entonces, puedo decir que la vida cotidiana en varios sectores de las mencionadas comunas es anormal. Una queda asombrada ante la imposibilidad de tener una existencia normal allí, por el miedo con que anda la gente; por cómo el microtráfico se ha apoderado de muchos pasajes; por la manera en que los microtraficantes dominan mediante el soplonaje, el matonaje.
Pienso, señor Presidente, que estamos ante una tarea de país que presenta tremendos desafíos.
Una de las promesas hechas durante la última campaña presidencial -abrigo bastante escepticismo al respecto- fue terminar con la inseguridad ciudadana, poner fin a la delincuencia.
¡Qué más quisiera yo que poder decir, después de cuatro años: "Logramos ganar esa batalla. Hoy día las calles están libres y los ciudadanos caminan por ellas. Hoy día oscurece y la gente no tiene que enclaustrarse en sus casas. Hoy día no cerramos las rejas. Hoy día no se necesitan tres llaves"!
Además, se trata de gente de escasos recursos que va poniendo una reja tras otra. ¡Es increíble!
Lo único que deseo, entonces, es que nos vaya bien como país, como Estado, pues aspiro a que los ciudadanos tengan una vida normal. Me gustaría verlos caminando sin peligro por las calles.
Pero también quiero llamar la atención en el sentido de que el propuesto no es quizás el mejor método. Y pienso que hay responsabilidad no solo del Estado en cuanto al diseño de una política, sino, asimismo, de los medios de comunicación, por los énfasis que colocan.
Chile tiene no sé si la virtud o el defecto de contar con noticiarios que duran una hora, de la cual al menos treinta minutos se hallan dedicados al crimen, al asalto, al robo, a la violencia. Y tras emitirse queda la impresión de que vivimos en otro país.
Las visitas extranjeras se van con la sensación de que tenemos altísimas tasas de violencia, de criminalidad. Pero la comparación con las del resto de la región deja en evidencia la distorsión existente, que es lamentable.
En todo caso, señor Presidente, yo desearía que aquello no ocurriera.
Ahora bien, voy a aprobar en general el proyecto, pero dejando en claro que lo hago únicamente porque considero que, mientras no ganemos la batalla contra la delincuencia, hoy día tenemos que aprobar algún tipo de instrumento. Y pienso que el propuesto vale la pena solo por la circunstancia de que el municipio no podrá restringir de manera arbitraria la libertad de circulación y estará habilitado para otorgar la autorización respectiva exclusivamente si toma todos los resguardos: audiencias con bomberos y Carabineros, aceptación por al menos 90 por ciento de los vecinos, en fin.
Solo bajo esa condición estoy dispuesta a aprobar la idea de legislar. Y espero que demos en serio una batalla que podríamos ganar, demostrando con ello que este no es el país que muestran distorsionadamente los medios de comunicación. Porque estoy convencida, por una parte, de que nuestras cosas positivas son muchas más que las que normalmente presentan aquellos, y por otra, de que en este orden de materias la participación ciudadana es fundamental.
Insisto: únicamente porque los municipios deberán actuar bajo las condiciones explicitadas me parece factible considerar la proposición que se nos plantea ahora.
Espero, por tanto, que el futuro sea mejor y que la sugerida no sea estimada necesariamente la mejor vía.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.

El señor ESCALONA.- Señor Presidente, voto a favor de la idea de legislar, esperando que, en su aplicación, la ley en proyecto se refiera estrictamente a su redacción, o sea, a la atribución de los municipios para "autorizar hasta por un plazo de dos años, renovable, el cierre o medidas de control de acceso de pasajes y vías locales sin salida".
Es decir, si la futura ley se estirara como chicle y se empezase a utilizar para cerrar calles en poblaciones, alterando de manera grave la libertad de circulación, ello sería altamente negativo y pernicioso.
Además, quiero reiterar que el único organismo que puede aplicar tales criterios es el municipio, ya que constituye el eslabón de la institucionalidad que debiese recoger de manera más directa y fiel las demandas más sentidas de los vecinos y, en particular, adoptar estas medidas de lucha contra la delincuencia.
No quisiera que se olvidase, en todo caso, que los municipios son, claro, una institucionalidad descentralizada y autónoma, pero, en definitiva, parte del Estado y del país. Digo esto último porque me parece un contrasentido hacer un alegato contra el Estado para luego terminar entregándole una mayor atribución a uno de sus organismos, descentralizado y autónomo -todo lo que se quiera-, pero parte de la institucionalidad. No me parecen muy congruentes algunos alegatos antiestatistas que, de repente, he escuchado en la Sala.
Reitero que mi preocupación apunta también en la dirección planteada por mi Honorable colega Letelier: que no se utilicen estos mecanismos con propósitos de coartar el ejercicio de la libertad de las personas. Pero insisto en que si la medida se aplicara verazmente y se fuese fiel con la redacción del proyecto, ese peligro debiera minimizarse, e incluso, anularse, ya que ella se refiere, como dije, al cierre de pasajes y vías locales sin salida que, debido a sus características, son efectivamente utilizados algunas veces, en el mundo popular y los barrios periféricos, por delincuentes, con el propósito de cometer delitos en contra de los ciudadanos, sobre todo en contra de los trabajadores que deben transitar a altas horas de la noche o en la madrugada.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, no creo que la delincuencia sea inventada por los medios de comunicación. Juzgo que es una realidad muy compleja, con muchas vertientes, con muchas aristas, pero insoslayable.
Y este ha sido un debate que se ha mantenido, durante mucho tiempo, entre los que estiman que la seguridad ciudadana es más bien una materia "térmica", artificial, fomentada, generada o agrandada por los medios de comunicación, y los que pensamos que, respecto de ciertos delitos, Chile exhibe un porcentaje más alto que el promedio, incluso, de los países latinoamericanos y los Estados más avanzados, particularmente en el caso de los robos violentos. Gracias a Dios, aquí no se llevan a cabo secuestros masivos, en términos de cantidad, pero no cabe duda de que ese tipo de robo representa una proporción muy importante. Registramos 35 por ciento de victimización, o sea, una de cada tres personas reconoce haber sido víctima de un delito.
También es cierto que ello no se va a acabar solo con medidas de control o de represión, ni de rehabilitación. La experiencia mundial demuestra que es preciso avanzar en tres frentes simultáneos: la prevención, el control y la rehabilitación y reinserción social. Por lo tanto, el que considere que lo hará con uno solo de ellos se va a equivocar. Si se descuida la prevención, probablemente mucha gente entrará, por distintas causas, al ámbito del delito. Si se descuida la rehabilitación, no será posible reinsertar socialmente a personas con las cuales ello se podría haber logrado.
El Senador que habla comparte el proyecto en análisis. Me parece que es una realidad el que el texto va a proteger a mucha gente que ve, con angustia y desesperación, que la asaltan y roban en sus barrios y que quiere tomar una medida como la de cerrar una calle sin salida, con un alto porcentaje de acuerdo de los vecinos y a través de un procedimiento -podrá perfeccionarse- en el que participen la municipalidad, bomberos, Carabineros, etcétera.
Y respecto a lo dispuesto por la Ley Fundamental, señor Presidente, he estado viendo las normas respectivas y la verdad es que no encuentro la inconstitucionalidad que menciona mi Honorable colega Letelier. No obstante, me parece que el asunto debiera ser bien profundizado en el segundo informe.
Es verdad que el artículo 19, número 7°, letra a), de la Carta asegura el derecho de toda persona "de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley". La libertad de movimiento es muy importante, básica, en un país. Y luego se regula el dominio, al expresarse que "Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social.". Entonces, por un lado se encuentra el derecho a desplazarse, y por el otro, el de propiedad, la cual puede ser pública y cumple una función social.
Estimo que se resuelve en forma favorable lo relativo a una limitación de la naturaleza de la que nos ocupa -con la salvedad de que el punto debiera ser estudiado más a fondo-, porque en el número 26° del mismo artículo se contempla "La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia".
A mi juicio, señor Presidente, aquí no se está afectando en su esencia el derecho de trasladarse de un lugar a otro. A nadie se le está impidiendo hacerlo. Solo se están estableciendo limitaciones para que una persona lo ejerza.
Por lo tanto, opino que esta es una norma constitucional. Pienso que el proyecto limita bien el ejercicio del derecho y que es un paso que les dará más tranquilidad particularmente a las familias humildes y de clase media que sufren en carne propia robos y asaltos permanentes, que no creo que vayan a adoptar estas medidas sino cuando en realidad se trate de situaciones excepcionales. A nadie le gusta vivir encerrado.
Por esa razón, apoyo el proyecto y felicito a sus autores.
Gracias.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LETELIER.- No he fundamentado mi pronunciamiento, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- De acuerdo con lo registrado, Su Señoría sí lo hizo. El señor Vicepresidente abrió la votación antes de que usted interviniera.

El señor LETELIER.- Deseo plantear una cuestión reglamentaria.

El señor PIZARRO (Presidente).- Puede hacerlo.

El señor LETELIER.- Precisamente cuando estaba exponiendo una opinión general, la Mesa solicitó que se abriera la votación. Por tanto, pido que no se trate de asimilar un discurso que usted interrumpió a la fundamentación de mi voto.
Deseo hacer esto último, entonces, con su venia, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- En ese momento no me encontraba presidiendo, señor Senador.

El señor LETELIER.- Conforme. Pero al señor Secretario le consta lo que he consignado.

El señor PIZARRO (Presidente).- La información que me entrega el Honorable señor Gómez es que usted empezó su intervención después de que abrió la votación.

El señor LETELIER.- Se me dio la palabra antes.

El señor PIZARRO (Presidente).- No se suscitará ningún problema, Su Señoría. Si usted quiere hablar de nuevo y fundamentar otra vez su voto, haremos una excepción por esta vez.

El señor LETELIER.- Muchas gracias, señor Presidente. Intervendré en el ejercicio de mi derecho reglamentario.
Aquí no se halla en discusión lo que pase en los bienes comunes, como en un momento lo expresó el Senador señor Longueira, quien se refirió a poner rejas en torno a una comunidad. Eso, por cierto, es absolutamente constitucional, legal.
Tampoco existe una controversia acerca del fin que se persigue. Podremos sostener ese debate en su mérito. No estoy aludiendo a si la cuestión de la delincuencia se subsana, se combate o "se echa debajo de la alfombra" con las rejas que se ponen en las calles. No voy a entrar en esa polémica. No es el punto que deseo plantear.
Lo que quiero destacar ahora es que, tal como cuando se quiso restringir la libertad de movimiento a la Isla de Pascua, por un fin loable, se requirió una reforma constitucional, los municipios, si bien tienen el derecho de administrar un bien nacional de uso público, no lo tienen para ejercer una acción arbitraria ni ilegal en orden a restringir el movimiento de los chilenos sobre dicho bien.
Entiendo el espíritu. Puedo agregarme a este. Pero no puedo sumarme, en conciencia, a algo que estimo inconstitucional. Y quiero plantear ese punto. No deseo ser un obstáculo para el proyecto.
Hoy, la única autoridad con la facultad de cambiar el destino de un bien nacional de uso público es el Ministerio de Bienes Nacionales, mediante un decreto que se firma en conjunto con Vivienda y Urbanismo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la normativa que regula las atribuciones de dicha Secretaría de Estado.
No tengo ningún problema en que tal potestad sea entregada al municipio o en que se efectúe una reforma constitucional, si fuere del caso. Pero no es posible argumentar como lo ha hecho el Senador señor Espina -creo que bienintencionadamente- y hacer referencia al concepto de propiedad contenido en la Carta, que es el de la privada, en circunstancias de que un bien nacional de uso público corresponde a un tipo de propiedad difusa, ya que no dice relación a la personalidad jurídica del Fisco, sino a todos los chilenos, como la del agua, la del borde costero, la de las plazas, en fin. Se puede regular hasta cierto punto.
Y entiendo que existe una discusión acerca del grado de constitucionalidad, por ejemplo, del cierre de plazas.
Lo único que deseo consignar, señor Presidente, es que estamos legislando cuando una resolución de la Corte Suprema estableció la ilegalidad e inconstitucionalidad de los cierres y determinó que los municipios carecen de atribución para ello. Y la facultad en estudio obedece a que no basta con que estos puedan administrar un bien nacional de uso público. Es preciso ir más allá. Por ello, me preocupa la forma como legislamos.
Con relación a determinados casos, quizás, soy partidario del fin que se persigue.
Abrigo serias dudas acerca de la constitucionalidad del instrumento propuesto, por lo cual me abstendré de votar, en la confianza de que en el segundo informe se buscará un mecanismo que sí se conforme a la Ley Fundamental.
He dicho.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (30 votos a favor y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido, y se fija el viernes 4 de junio, a las 12, como plazo para formular indicaciones.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Matthei y Rincón y los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Se abstuvieron los señores Letelier y Ruiz-Esquide.

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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa un proyecto de acuerdo, presentado por los Honorables señor Lagos, señora Rincón y señores Bianchi, Espina, Frei, Girardi, Longueira, Pérez Varela, Quintana, Sabag, Tuma y Walker (don Ignacio), mediante el cual se solicita al Ejecutivo que evalúe la posibilidad de entregar un subsidio para el pago de las matrículas correspondientes al año 2011, tanto de estudiantes secundarios como universitarios, y la condonación de 5 por ciento de lo que adeudan al Fondo Solidario de Crédito Universitario los profesionales que se indica.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, en ese texto, junto con destacarse y reconocerse la colaboración de los estudiantes, tanto universitarios como de Educación Media, que han participado en la reconstrucción y las labores de emergencia, se pide un gesto del Estado, consistente en el otorgamiento de un subsidio para el pago de las matrículas del año 2011 y en la condonación de 5 por ciento de la deuda que mantengan con el Fondo Solidario de Crédito Universitario los profesionales que se señalan. En el caso de los estudiantes que no necesiten el beneficio, se les permite renunciar a este en favor del Fondo para la Reconstrucción.
El proyecto de acuerdo plantea una medida que requiere, por supuesto, una iniciativa del Ejecutivo. Me parece que, así como otros actores sociales buscan un reconocimiento a través de la Ley de Donaciones -con la posibilidad, incluso, de una erección de monumentos en su nombre-, en este caso se trata de una forma meridianamente justa, diría, de agradecer a los estudiantes anónimos que han estado trabajando en "Un techo para Chile", en la CONFECH o en los centros de alumnos universitarios, y de disponer una medida de carácter pecuniario, si se quiere,...

El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, sé que usted se halla entusiasmado...

El señor LAGOS.- ¡Feliz!

El señor PIZARRO (Presidente).- ... y muy convencido con su planteamiento, pero me pidió la palabra con referencia a la información que entregó la Mesa.

El señor LAGOS.- ¡Al tiro!

El señor PIZARRO (Presidente).- Si va a formular alguna petición sobre el tratamiento procesal de la materia, no es necesaria toda esa argumentación.

El señor LAGOS.- ¡No me induzca a ser tan económico, señor Presidente!

El señor PIZARRO (Presidente).- Sé que desea ver si conmueve el corazón pétreo de algunos señores Senadores que se pronunciarían en forma negativa.
El señor LAGOS.- ¡Exactamente! El objetivo de mi locuacidad es ablandar a la audiencia para que permita una excepción y que el proyecto de acuerdo no pase a Comisión, a fin de que la Sala pueda votarlo mañana.

El señor PIZARRO (Presidente).- Si no hay objeciones, se procederá en esa forma.

El señor LARRAÍN.- Pido la palabra.

El señor PIZARRO (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, accedo a lo que se solicita, pero entiendo que se formuló una petición similar con relación al proyecto de acuerdo para adherir a la conmemoración del Bicentenario de la República de Argentina y no se obtuvo unanimidad para evitar su paso por la Comisión de Relaciones Exteriores.
Se debe mantener un solo criterio: o las iniciativas de este tipo se envían al órgano técnico respectivo o se eximen de tal trámite, pero no puede ser que en una misma sesión sustentemos criterios distintos.

El señor PIZARRO (Presidente).- Entiendo que Su Señoría pide que la Sala reconsidere esa decisión.
El Honorable señor Letelier fue quien se opuso. Si retira su objeción, los dos proyectos de acuerdo podrían quedar perfectamente para mañana. Se lo consulto. No se trata de provocar un debate. Es solo por si acaso se conmocionó con la intervención del Honorable señor Lagos y cambió de opinión con la del Senador señor Larraín...

El señor LETELIER.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, me conmovió la intervención del Senador señor Lagos, sin duda.
Mi única inquietud radica en que el propio Honorable señor Larraín citó a una sesión especial de la Comisión de Relaciones Exteriores para mañana y, por lo mismo, no creo prudente aprobar el proyecto de acuerdo que ha mencionado. Explico por qué, entonces, creo que son situaciones distintas.
Tal vez después de esa sesión podremos avanzar en el asunto, pero la cuestión tiene que ver con un tema que es objeto de la citación.
Espero que Su Señoría entienda que media una razón de consistencia con la invitación que formuló.

El señor LARRAÍN.- No me encontraba al tanto de esas consideraciones.

El señor PIZARRO (Presidente).- El Senador señor Letelier mantiene su posición.
Se acogerá, entonces, la petición del Honorable señor Lagos, mas no la del Senador señor Larraín. Pero mañana se puede disponer del informe y el asunto ser conocido igual en la sesión de la tarde. No hay problema.
--Así se acuerda.


CONVENCIÓN SOBRE MUNICIONES EN RACIMO


El señor PIZARRO (Presidente).- De conformidad con lo resuelto por los Comités, corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba la "Convención sobre Municiones en Racimo", adoptada en la Conferencia Diplomática de Dublín el 30 de mayo de 2008, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6708-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 72ª, en 25 de noviembre de 2009.
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 20ª, en 18 de mayo de 2010.
Hacienda, sesión 20ª, en 18 de mayo de 2010.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es prohibir el empleo, producción, transferencia y almacenamiento de municiones en racimo que causen daños inaceptables a civiles y establecer un marco de cooperación y asistencia que garantice la adecuada prestación de atención y rehabilitación a las víctimas, la limpieza de áreas contaminadas, la educación sobre reducción de riesgos y la destrucción de los inventarios de esta munición.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el proyecto de acuerdo tanto en general cuanto en particular por la unanimidad de sus integrantes -Senadores señores Larraín, Kuschel, Letelier, Tuma e Ignacio Walker-, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
La Comisión de Hacienda, por su parte, adoptó idéntica resolución por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Matthei y señores Escalona, Frei, García y Lagos.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general y particular la iniciativa.

Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, para la Comisión de Relaciones Exteriores este es un tema de mucha importancia y, al respecto, parece conveniente formular algunos conceptos.
Este convenio internacional se inscribe dentro de un proceso -llamado "Proceso de Oslo"- que busca acelerar el desarme, especialmente en lo que se refiere al uso de armas no convencionales, el cual no ha tenido mucho éxito en todas sus fases.
Sin embargo, tratándose de un tipo de armamento que durante los conflictos bélicos, y también después de ellos, produce efectos muy dañinos y extendidos en la población civil, resulta fundamental respaldar el presente proyecto.
El instrumento en debate no solamente prohíbe el empleo, producción, transferencia y almacenamiento de municiones en racimo que causen daños inaceptables a civiles, sino que también busca establecer un marco de cooperación y asistencia que garantice prestaciones de atención y rehabilitación a las víctimas, así como la destrucción de los inventarios de ese tipo de armamento.
Por lo tanto, nos parece que el presente instrumento sigue la política exterior que Chile ha aplicado sobre la materia desde la aprobación de la Convención contra las Minas Antipersonal, mediante la cual el país dio pasos significativos. Quizás por razones de carácter económico el proceso de destrucción de minas no ha avanzado más rápido, pero este se encuentra en marcha desde hace varios años.
El instrumento, además, es coherente con el apoyo que recientemente nuestro país dio a la cumbre convocada por el Presidente Obama, en Estados Unidos, para propiciar el desarme nuclear, donde también tuvimos una participación relevante, incluso entregando ciertos elementos de uranio radiactivo, todo lo cual va configurando la voluntad y vocación de nuestro país en esta materia.
Y asimismo la Convención reviste importancia fundamental porque Chile fue productor de bombas de racimo durante algún tiempo y, probablemente, en más de algún lugar dicha imagen sigue asociada con nosotros.
Por ello, nos parece especialmente relevante ratificarla, dándole nuestra aprobación al respectivo proyecto de acuerdo.
Por razones que todos conocemos, siempre hay algunos que buscan enlodar la imagen de nuestro país a propósito de conflictos de otra naturaleza, acusándonos de estar empeñados en una carrera armamentista o en otro tipo de proyección.
La verdad es que Chile es una nación con vocación pacífica. Su adquisición de equipamiento bélico siempre ha sido para efectos disuasivos, jamás para objetivos expansivos o de otra naturaleza y, por ese mismo motivo, es importante fortalecer nuestra imagen con la rapidez que se nos pide para aprobar este proyecto, ojalá con la misma unanimidad exhibida en ambas Comisiones.
Debo agregar, igualmente, que durante el próximo mes de junio se celebrará en nuestro territorio la reunión preparatoria de una convención internacional, evento que nos insta a solicitar la mayor fuerza posible en la aprobación de este instrumento, pues ello, aparte convertirnos en uno de los primeros países en condiciones de ratificarla cuando entre en plena vigencia, nos dará autoridad moral para convocar a dicha cita.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para poner en votación el proyecto y conceder la palabra a los señores Senadores que se hallan inscritos para fundamentar su voto.

El señor BIANCHI.- El proyecto viene con aprobación unánime.

El señor CANTERO.- De acuerdo, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se procederá en los términos indicados.
Acordado.
--(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende, para fundamentar su voto.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, antes que todo, considero sumamente importante que la iniciativa haya sido aprobada por unanimidad en las Comisiones, tal como ocurrió en la Cámara de Diputados.
A mi juicio, es una señal. Y considero fundamental que nuestro país tenga una política de Estado clara en este sentido. Nosotros siempre debemos suscribir tratados internacionales que garanticen y velen por la paz mundial, por el no uso de este tipo de armas, tremendamente destructivas, pues la Humanidad muchas veces ha tenido que lamentar el horror causado por ellas en la población civil durante conflictos bélicos entre naciones o en conflictos intrasociedad.
Resulta importante, entonces, que nosotros hoy día demos la señal que implica aprobar, ojalá por unanimidad, el proyecto de acuerdo que, en definitiva, significa prohibir el empleo, producción, traslado y almacenamiento de municiones de racimo, que generalmente afecta en mayor medida a la población civil.
Y me parece relevante que ello se dé dentro de un marco jurídico vinculante y de cooperación internacional. En diversas oportunidades nos ha tocado abogar por este tema, en el cual hemos encontrado la incomprensión de quienes ven en estos instrumentos una cesión de soberanía, sin reparar en que el Derecho Internacional e incluso los derechos humanos apuntan en esa línea. Constituye una cooperación para lograr que efectivamente se respeten los derechos y las libertades de las personas. En este caso, nuestro objetivo es evitar, a toda costa, la proliferación de este tipo de armas, establecer su total prohibición y llegar a la destrucción de sus inventarios.
Cabe recordar que nosotros suscribimos en su momento el tratado relativo a la eliminación de minas antipersonales. Sé que nuestro país comenzó ese proceso. Lamentablemente, ha ido lento. Yo siento que, a pesar del esfuerzo...

El señor LARRAÍN.- ¡Cuesta, señora Senadora!

La señora ALLENDE.- Sí, pero creo que los países deben poner los recursos donde ellos valen la pena.
Nosotros conocemos casos bastante dramáticos de civiles que sufrieron gravísimos accidentes por causa de una mala señalización o por la incapacidad que aún mostramos para terminar con el stock de minas antipersonales. Esos individuos, a diferencia de lo que ocurriría ahora con la cooperación que plantea la Convención en análisis, no ha recibido la rehabilitación, el apoyo, la ayuda, la compensación que merecen como ciudadanos. Incluso en la Región que represento, específicamente en Caldera, hay chilenos que se han visto afectados por minas antipersonales y que hasta el día de hoy no han recibido ayuda alguna.
Debo decir que sí la han prestado las Fuerzas Armadas con respecto a personal que, en el proceso de desminado, ha sufrido accidentes, lo cual me parece muy bien. Sin embargo, también hay que preocuparse del mundo civil, que no tiene ninguna responsabilidad en este asunto y que más bien es una víctima.
Ojalá que este instrumento, jurídico vinculante y de cooperación internacional -como ya señalé-, nos permita dar un paso que nos ayude a dejar atrás, de una vez por todas, una verdadera pesadilla, como las ocurridas dolorosamente en otros países o como la acontecida, también con bastante dolor, en un proceso de producción en nuestro país, que le significó la muerte a muchísimas personas.
Llegó la hora de que la Convención sea aprobada por una amplia mayoría. Ojalá que los países que hasta hoy no lo han hecho la suscriban cuando vean la respuesta de la comunidad internacional, de manera de poder ir avanzando y ganar una batalla más.
Únicamente me resta manifestar mi satisfacción por la aprobación de este convenio. Y me alegro de que la decisión de Chile sea, no solo suscribirlo y de que ello constituya una política de Estado, sino también jugar un rol activo en la Convención misma, lo cual me parece sumamente positivo.
Por las razones expuestas, señor Presidente, concurro esta tarde con mi voto positivo a la aprobación de tan importante instrumento.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, tanto el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, Senador Larraín, como la Honorable señora Allende se han referido al contenido del proyecto de acuerdo, que yo celebro.
Chile ha demostrado su vocación de servicio hacia la defensa de los derechos humanos. Lo está haciendo hoy en Haití. Esta mañana las Comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores renovaron su autorización para que el contingente de las Fuerzas Armadas permanezca en dicho país, básicamente por razones humanitarias.
De igual modo, quiero señalar que Chile ha estado llevando adelante acciones tendientes a alcanzar una imagen cada vez mejor en el concierto internacional, no solo en cuanto a la participación en tratados de libre comercio, sino también en otros relacionados con la defensa de los derechos humanos. Y en ese marco se establece esta Convención, en la que a nuestro país no le resulta indiferente participar. En efecto, posee una significación especial, pues Chile ha sido productor de bombas de racimo.
En la Comisión de Relaciones Exteriores intervino don Elir Rojas, representante de la organización no gubernamental Centro Zona Minada, que forma parte de la Cluster Munition Coalition, que agrupa a alrededor de 150 ONG que apoyan las iniciativas orientadas a terminar con los efectos indiscriminados que producen las municiones de racimo.
Dicho personero nos entregó cifras sobre el particular. Cuando se lanzan estas bombas, 30 por ciento de ellas no explota en el mismo momento y quedan esparcidas en el territorio. Diariamente, seis personas mueren o quedan mutiladas por el estallido de aparatos que van quedando esparcidos en diversas partes de los sectores bombardeados.
El Líbano fue víctima de un ataque en 2006 y todavía hay zonas bastantes afectadas con la presencia de tales artefactos, que no discriminan respecto de niños, adultos mayores, mujeres, población civil.
Todo esto se relaciona también con la forma en que Chile se ha insertado en el concierto de las Naciones Unidas como una nación muy activa. Como decía la Senadora Allende, nuestro país debe cumplir un rol muy dinámico. Y yo desearía que este no se limitara a la participación en congresos y convenciones, sino que se extendiera, en especial, a la limpieza de territorios donde todavía existen restos de bombas de racimo, aun cuando fuera a través de una colaboración simbólica, porque en la imagen alguna responsabilidad tenemos como país por haber sido en algún momento productores de tales armamentos.
Por lo expuesto, señor Presidente, con entusiasmo voto a favor del proyecto de acuerdo, haciendo votos para que cada vez seamos más activos en la limpieza de los territorios afectados.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, solo deseo complementar lo que ya se ha dicho.
El proyecto en votación forma parte de lo que hoy se llama "Derecho Internacional Humanitario". En realidad, se trata del tercer capítulo que se escribe sobre la materia. El primero tuvo lugar en Ottawa, Canadá, con la Convención contra las Minas Antipersonal, que marcó un nuevo rumbo en el Derecho Internacional Humanitario. Lo siguió el Protocolo sobre Restos Explosivos de Guerra, que fue el segundo capítulo de este nuevo libro que estamos escribiendo en el Derecho Internacional, y continuó en la conferencia diplomática que se celebró en Dublín, Irlanda, el 3 de diciembre de 2008, con la Convención sobre Municiones en Racimo.
Dicho armamento resulta particularmente grave y atentatorio contra el Derecho Internacional Humanitario, pues provoca un efecto indiscriminado, en la medida en que no distingue entre población civil y militar.
La presente Convención innova de manera muy interesante al disponer que se ha de prestar asistencia a las víctimas de dicho tipo de municiones, y establece, dado lo repulsivo de estas, una prohibición completa y absoluta, sin excepciones, respecto de ellas, las cuales son condenadas justamente por constituir, como menciona el propio Tratado, un "daño inaceptable a la población civil".
El instrumento entrará en vigor el 1º de agosto del año en curso, por lo que considero muy oportuno que nuestro país se sume a esta tendencia del Derecho Internacional Humanitario, aprobándolo.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.

El señor ESCALONA.- Señor Presidente, en la Comisión de Hacienda nos sumamos por unanimidad al criterio de la de Relaciones Exteriores en orden a aprobar que nuestro país forme parte del tratado en análisis, lo que naturalmente significa una obligación importante en cuanto a evitar cualquier tipo de producción o circulación de bombas de racimo.
A la vez, quisiera consignar que desde el punto de vista financiero habría solo un gasto marginal, consistente en un aporte voluntario con cargo al presupuesto de la Secretaría y Administración General y Servicio Exterior de la Cancillería.
Ahora bien, mirando con más detalle el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, me gustaría hacer presente que existe una pequeña debilidad en este tipo de instrumentos de cooperación internacional: la verificación del cumplimiento de la Convención queda entregada exclusivamente a medidas de transparencia e información de los propios Estados. Ojalá que el avance del Derecho Internacional Humanitario permita que en el futuro se establezcan medidas de verificación que conduzcan efectivamente a la completa eliminación de este tipo de municiones y que, al mismo tiempo, den plena garantía del cumplimiento de los instrumentos que la comunidad internacional suscribe.
He dicho.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo (26 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Matthei y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Sabag, Tuma y Walker (don Ignacio).

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La señora ALLENDE.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

La señora ALLENDE.- Solicito, si es posible, agregar mi voto favorable en el proyecto que suspende temporalmente la aplicación de las normas que regulan la comunicación de anotaciones comerciales respecto de las personas domiciliadas en las Regiones declaradas Zonas de Catástrofe. La razón para no haber votado en el momento oportuno es que no me encontraba en la Sala.
El señor PIZARRO (Presidente).- Ello no es factible, señora Senadora, pero se dejará constancia de su petición en la Versión Oficial.


FACILIDADES PARA PAGO DE DEUDAS PREVISIONALES EN REGIONES AFECTADAS POR TERREMOTO


El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que facilita el pago de las deudas previsionales, con segundo informe de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6922-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 14ª, en 4 de mayo de 2010.
Informes de Comisión:
Trabajo y Previsión Social, sesión 18ª, en 12 de mayo de 2010.
Hacienda y Trabajo y Previsión Social, unidas (segundo), sesión 20ª, en 18 de mayo de 2010.
Discusión:
Sesión 18ª, en 12 de mayo de 2010 (se aprueba en general).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Cabe señalar que la iniciativa fue aprobada en general en sesión del día 12 de mayo, y que las Comisiones dejan testimonio, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 5°, 6°, 7° y 8° no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones -esto es, conservan el texto despachado en general-, por lo que deben darse por aprobados, a menos que algún señor Senador, con la unanimidad de la Sala, solicite la discusión y votación de alguno de ellos.
--Se aprueban reglamentariamente.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Las Comisiones unidas efectuaron diversas modificaciones al proyecto aprobado en general, todas las cuales fueron acordadas unánimemente. Por tanto, conforme al Reglamento, deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión o que haya alguna indicación renovada.
Es del caso señalar que el Ejecutivo hizo llegar a la Mesa una indicación referida a la letra f) del artículo 3°, que es la consecuencia de lo resuelto en las Comisiones respecto de una propuesta de la Honorable señora Rincón. Para tratarla se requiere la unanimidad de los señores Senadores.

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Habría acuerdo para discutir la mencionada indicación?

La señora MATTHEI.- Sí, señor Presidente.

La señora ALLENDE.- Sí.
--Así se acuerda.

El señor PIZARRO (Presidente).- Pido la anuencia de Sus Señorías para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Previsión Social, señor Augusto Iglesias Palau.
--Se accede.

La señora RINCÓN.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor PIZARRO (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra la señora Senadora.

La señora RINCÓN.- Sin perjuicio de la discusión, solicito abrir la votación.

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Hay algún inconveniente para ello?
Acordado.
En votación las enmiendas aprobadas por unanimidad en las Comisiones unidas.

--(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma para fundamentar su voto.

El señor TUMA.- Señor Presidente, estimados colegas, este es un proyecto que durante mucho tiempo algunos parlamentarios habíamos venido planteando en distintas instancias. Está destinado a atender la imposibilidad en que se vieron muchos empleadores, en un momento determinado, para dar cumplimiento a sus obligaciones previsionales.
Actualmente la única forma de pagar la deuda es al contado; no existe otra posibilidad.
Al respecto, cabe señalar que el BancoEstado otorgó un crédito para que se hicieran ciertos pagos para una situación de crisis, a través de la Tesorería.
Sin embargo, a mi juicio, la presente iniciativa resulta incompleta, por cuanto atiende únicamente las situaciones previsionales de quienes han sido afectados por el terremoto.

El señor ESPINA.- No es así.

El señor TUMA.- Se me dice que ello no es así. Estoy leyendo la norma correspondiente. Yo no participé en el debate de las Comisiones. Por lo tanto, si no es así, me alegro de que se hayan considerado casos distintos.
No obstante, la segunda parte de la letra b) del artículo 3° dice relación solo a las Regiones dañadas por el terremoto. Señala: "Los empleadores cuyo domicilio pertenezca a las Regiones del Libertador General Bernardo O'Higgins, del Maule y del Biobío, que hayan sufrido las consecuencias del sismo...", etcétera.

La señora MATTHEI.- ¡No, no!

El señor PROKURICA.- Eso se cambió.

El señor TUMA.- Si ese es el tenor de la disposición, señor Presidente, no estoy disponible para aprobarla, a menos que se me aclare que se encuentran comprendidos no solo aquellos empleadores víctimas del terremoto, sino también los ubicados en cualquier parte del territorio nacional, sin importar si son de las Regiones afectadas. Porque puede haber problemas en Santiago o en la Novena Región. Por ejemplo, en Angol muchísimos empleadores se han visto impedidos de cumplir con tal obligación. Y, sin embargo, no serán beneficiados con este proyecto de ley.
En virtud de lo anterior, votaré en contra, salvo que se concluya que dicho beneficio se hace extensivo también a todos los afectados por el terremoto en la Novena Región.
Y solicitaría que, en algún momento, el Ejecutivo considerara la posibilidad de que el Congreso apruebe una iniciativa legal tendiente a dar alguna facilidad a muchísimos empleadores con deuda previsional. Según entiendo -no tengo las cifras a mano-, son cientos de miles de millones de pesos los que no se han cotizado a los trabajadores en sus cuentas individuales.
Sin embargo, alguien podría decir que, si se otorgan facilidades a los empresarios o empleadores para pagar sus deudas, se sentará un mal precedente. Pero ocurre que no nos estamos haciendo cargo de la situación de quién enterará una deuda no pagada por aquellos y que se manifiesta en un vacío en las cuentas individuales de los trabajadores. Por eso, muchos de estos no pueden acceder a pensiones ni tampoco a beneficios de salud.
En consecuencia, creo que lo que estamos haciendo en la práctica es entrabar más la posibilidad de que los trabajadores recuperen sus platas en las correspondientes cuentas individuales, en lugar de dar una lección a quienes han incumplido.
Por eso, me parece indispensable igualmente poner en la mesa otros mecanismos y brindar facilidades que permitan que miles de personas puedan recuperar en sus cuentas individuales los montos adeudados.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, en verdad, la unanimidad de los miembros de la Comisión de Trabajo solicitó que la iniciativa legal en estudio se extendiera a todas las Regiones. Y así ha ocurrido. Si el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra lee el texto comparado, podrá observar que se suprimió la frase "cuyo domicilio pertenezca a las Regiones del Libertador General Bernardo O´Higgins, del Maule y del Biobío", haciéndose extensiva la norma a todo el país.
Ahora bien, ¿qué sucede?
Conforme a ello, será posible pagar las deudas que datan desde el 2009 en adelante. ¿Por qué a partir de tal año? Porque en ese momento nuestro país -en realidad todo el mundo- sufrió una crisis financiera brutal, que significó un shock para numerosas empresas, sobre todo para las pequeñas, las cuales muchas veces no pudieron acudir al mercado crediticio. Y precisamente, porque venía desde el 2009, señalamos que la situación de crisis financiera había afectado a todo el país y no solo a las zonas terremoteadas.
También dijimos que las zonas damnificadas habían tenido un doble perjuicio: el de la crisis financiera del año pasado y ahora el del movimiento telúrico.
Por lo tanto, surge aquella diferencia.
De ese modo, se otorgan más facilidades a los empleadores de las zonas que sufrieron el sismo y el tsunami que a los del resto del país. Por ejemplo, a estos últimos se les conceden 18 cuotas para pagar; en cambio, a los de las zonas sacudidas por el terremoto, 24. Además, pueden postergar el pago de la primera cuota.
En fin, señor Presidente, este proyecto viene bien. Y, por su intermedio, deseo señalar al Senador señor Tuma que puede estar muy tranquilo, porque lo que él manifestó fue también la preocupación de todos los Senadores que participaron en la Comisión de Hacienda.
En su oportunidad expresamos a la señora Ministra del Trabajo que existen muchas deudas previsionales que datan desde antes del 2009. Las autoridades están conscientes de ello. Lo que sí pidieron es que dicho asunto debía ser revisado con mayor cuidado, porque, a modo de ejemplo, si se abre el pago de cotizaciones de hace cinco o diez años, alguna persona que ahora ya se encuentra inválida perfectamente podría inventar un contrato con alguien, hacer las cotizaciones de esos diez años y obtener una pensión para siempre.
En consecuencia, surge un problema de fraude.
Aquel y muchos otros aspectos deben ser objeto de análisis. Pero eso no significa que aquello vaya a dejar de realizarse. El punto es que es necesario hacerlo con demasiado cuidado.
Por eso, señor Presidente, el proyecto viene en la forma planteada. Creo que todos estuvimos de acuerdo con él y, también, con la indicación de la Senadora señora Rincón en el sentido de reducir la exigencia a tres meses. Es decir, al empleador que celebre un contrato y deje de pagar durante ese lapso, sencillamente se le hará exigible de inmediato toda la deuda. El proyecto original daba cuatro meses. Ahora ello se hace un poco más estricto.
Considero que la iniciativa en análisis está muy bien. Tenemos superclaro que falta una norma más amplia, que aborde las deudas desde los inicios del sistema. Probablemente, algunas de ellas, a estas alturas, son incobrables. Porque, desgraciadamente, muchas empresas ya no existen. Sin embargo, se debe tratar de recuperar todo lo posible, porque al final, estamos conscientes de que esos dineros forman parte de la remuneración del trabajador; de que debieron haberse pagado cuando correspondía y de que, además, influyen en forma muy importante en la pensión a la que pueda optar la persona cuando jubile.
Así es que...

El señor TUMA.- ¿Me da una interrupción, Su Señoría?

La señora MATTHEI.- Con la venia de la Mesa.

El señor PIZARRO (Presidente).- No se puede, porque estamos en votación.

La señora MATTHEI.- Lo siento mucho, Honorable colega. Se la hubiera concedido encantada.
Voto que sí.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, el articulado del proyecto en debate fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de las Comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social. Y nuestra recomendación a la Sala es hacer lo mismo.
La intervención de la Senadora señora Matthei me ahorra cualquier comentario. Ella ha explicado que todos los integrantes de las Comisiones unidas pidieron al Ejecutivo el envío de indicaciones para que esta normativa no solo beneficiara a las zonas afectadas por el terremoto, sino que permitiera reprogramar deudas previsionales en todo el país.
La única diferencia es que los empleadores de las Regiones que no sufrieron daño por el sismo tendrán 18 meses para pagar el convenio de reprogramación de deudas, y 24 los de las que fueron declaradas zonas en estado de catástrofe.
Señor Presidente, solicito que recabe el acuerdo de la Sala para cambiar el nombre de la iniciativa, porque el actual induce a error. En mi opinión, debiera caratularse como "proyecto de ley que facilita el pago de las deudas previsionales", eliminando la frase: "en las Regiones que indica, afectadas por el terremoto". Porque, como cambió completamente con las modificaciones y se extendió a todo el país, parece razonable dejar el título en la forma indicada.
Voto que sí, y anuncio mi pronunciamiento favorable a la indicación del Ejecutivo, que recoge una inquietud de la Senadora señora Rincón.

El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, aprobaremos la solicitud del Honorable señor García de reducir el título hasta las palabras "deudas previsionales".
Es de toda lógica.
--Así se acuerda.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas:
Reconozco que, en principio, me molestan mucho estas iniciativas. Porque, en el fondo, estamos blanqueando el robo de las remuneraciones de los trabajadores, el incumplimiento de contrato por parte de algunos empleadores versus otros que han cumplido la ley, que son los más, no los menos.
La mayoría de los empresarios del país paga las imposiciones; no se han atrasado ni por la crisis económica ni por el terremoto.
Lo planteo porque se crea la idea de que, por regla general, gran parte de ellos no pagan las deudas previsionales. Es más: nosotros hemos establecido que en el caso de los alcaldes es abandono de deberes no pagar las imposiciones. Esto se considera una apropiación indebida, un hurto de parte del sueldo del trabajador.
Según entiendo, el proyecto en análisis no incluye a los municipios. Por eso, me gustaría que, por intermedio de la Mesa, aclararan el punto la Ministra del Trabajo o el Subsecretario de Previsión Social. Porque, a mi juicio, en esta normativa no hay un blanqueo para aquellos. Sin embargo, tengo la impresión de que eso no está claro en el texto; no se precisa.
Resulta absurdo que el Estado, que entrega la plata a la municipalidad, no pague, a menos que el Gobierno Central no le envíe los recursos, lo cual sería objeto de otra discusión.
Por otra parte, la razón por la que algunos nos sentimos inclinados a votar a favor de esta iniciativa es que ella constituye la única posibilidad de que cierta cantidad de trabajadores consigan que se les consignen los dineros de las imposiciones que el empleador, en forma indebida, no pagó.
Desde otro ángulo, debo manifestar que me gusta escuchar a la Honorable señora Matthei, porque todo el tiempo pone énfasis en aquellos pillos y frescos que intentan buscar resquicios para sustraer del Estado el dinero proveniente de los impuestos que pagan todos los chilenos.
Tiendo a sentir que el punto de vista desde el que ella contribuye es bueno. Considero que la señora Senadora realiza un aporte permanente en el Senado de la República.
Sin embargo, permítanme hacer presente otra perspectiva: de repente, blanqueamos a empresarios que, escudándose en la crisis -tal vez tuvieron grandes utilidades y retiraron cantidades cuantiosas de sus cuentas (aquí no se califica ese punto)-, pudieron haberse quedado con parte de la remuneración de los trabajadores. Porque las imposiciones no constituyen un aporte patronal; se trata de plata que algunos empleadores no pagaron...

La señora MATTHEI.- Las han declarado.
Si quisieran robar...

El señor LETELIER.- Si fuera por usar el mecanismo de declaración y no pago, alguno de nosotros podría declarar que le va a pagar el sueldo a alguien o los impuestos al Estado, y hacerlo en 10 años más.

La señora MATTHEI.- ¡No puede, porque lo persiguen!

El señor LETELIER.- Es cuestión de asumir un compromiso.
El gran problema es que el acreedor, el trabajador -que no está en situación de igualdad- queda a merced de que el empleador quiera pagar o que las AFP efectúen la demanda, lo cual no todas las veces sucede.

La señora MATTHEI.- ¡Siempre demandan!

El señor LETELIER.- A algunos les gustaría que fuera así -a mí también- y que tuvieran éxito.
Señor Presidente, voy a votar a favor en ese entendido, sin perjuicio de mi reserva en cuanto a por qué tenemos que llegar a esta situación. Considero que no se debería permitir que se siga declarando sin pagar. Es ahí donde se encuentra la raíz del problema, lo que no debería aceptarse.
Por otro lado, me gustaría que me clarificaran si en la iniciativa se hallan incluidos como empleadores los municipios o las corporaciones municipales.
De ser así, me parecería una situación grave, ya que las municipalidades no han sufrido crisis. El Estado aporta los fondos para pagar a los profesores y a los funcionarios municipales. El incumplimiento de esa obligación constituye abandono de deberes. Por tanto, puede generar una tremenda ambigüedad el que relativicemos un punto tan básico como ese en la Administración Pública.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.

El señor ESCALONA.- Señor Presidente, valoro el proyecto de ley.
Pensaba dar mayor tranquilidad al Senador señor Tuma con mi argumento -lamentablemente, no está en la Sala-, ya que en el artículo 1º se excluyó expresamente la mención a las Regiones del Libertador Bernardo O'higgins, del Maule y del Biobío, con el propósito de que la norma se hiciera extensiva a todas las zonas del país.
Desde ese punto de vista, tiene toda la razón la propuesta del Senador García -ya aprobada- en cuanto a modificar el título del proyecto.
Se mantienen excepciones específicas para las Regiones más afectadas por el terremoto, que son consustanciales a la situación producida desde el 27 de febrero. Por ejemplo, los convenios para los empleadores del resto del país serán hasta por 18 meses; en cambio, para las Regiones mencionadas serán de 24 meses. Por unanimidad, en las Comisiones unidas estuvimos de acuerdo en que así fuese.
Lo mismo sucede con el momento en que se entiende que un empleador está al día en sus cotizaciones. Para las demás Regiones será a partir del mes de junio y para las afectadas por el terremoto desde el instante en que se suscribe el convenio.
Es decir, en la iniciativa se mantuvo la lógica de comprender que en las Regiones más dañadas hay una situación especialmente difícil; pero se modificó su naturaleza, a fin de extender la posibilidad de que los convenios alcancen al resto del territorio nacional.
Según esa perspectiva, creo que las preocupaciones del Honorable señor Tuma quedan perfectamente resueltas.
A mi entender, el proyecto en debate beneficia especialmente a los trabajadores, ya que apunta a ese sector. Independiente de que la cotización previsional es parte de su remuneración, la situación de hecho es que un número muy significativo de ellos tiene sus cotizaciones impagas.
En consecuencia, generar un mecanismo que permita resolver esa deuda es algo positivo. Desde ese punto de vista, valoramos el proyecto.
Por eso lo hemos respaldado en ambas Comisiones con los alcances ya señalados.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, también quiero sumarme esta tarde a la iniciativa en votación.
Admito, sí, que me provoca sentimientos contradictorios. Hay que confesarlo y decirlo con toda transparencia.
Uno desearía que todos los empleadores les cancelaran a sus trabajadores las cotizaciones previsionales. No hacerlo constituye una verdadera estafa y algo doloroso, porque perjudica a estos -como señaló la Senadora señora Matthei- en su futura pensión o jubilación. Por lo demás, se trata de su propio dinero.
Entonces, francamente, resulta incomprensible el no pago.
Sin embargo, creo que hemos ido avanzando poco a poco.
No puedo dejar de recordar en esta Sala, por ejemplo, la Ley Bustos, que dispone que no procede efectuar despidos cuando se adeudan cotizaciones previsionales. En mi opinión, ese fue un tremendo paso.
Así, se fue poniendo énfasis en la necesidad de crear conciencia en todos los empleadores, sin excepción, acerca de la importancia de no estafar a los trabajadores con su propio dinero y de cumplir con lo que señala la ley sobre cotizaciones previsionales.
Es cierto que esto tuvo su origen en la crisis. Pero ahora creo que estamos introduciendo una flexibilización tendiente a lograr, mediante los convenios que se suscribirán en esta materia -como ya se ha señalado en la Sala-, un mayor plazo a fin de facilitarles el pago de lo adeudado a los empleadores de las zonas afectadas por el terremoto, pero también a los de todo el país.
Sin embargo, cabe consultar -ojalá la señora Ministra me pudiera contestar- de qué empleadores se trata. Aquí no se distingue entre grandes y medianos. ¿Estamos hablando de mipymes, de pymes, de medianas, de grandes empresas? Si los metemos en el mismo saco, uno se pregunta ¿cuántos de estos empleadores -existe un catastro al efecto- obtuvieron ganancias? Y si me demuestran que algunos las percibieron, la interrogante obvia es: ¿Por qué darles facilidades para que paguen en circunstancias de que es una estafa lo que ellos han cometido?
Si bien votaré a favor las modificaciones del proyecto, porque deseo ayudar, aunque sea con un granito de arena, a que los trabajadores recuperen sus cotizaciones impagas, la verdad es que tengo muchas dudas sobre la materia.
Me gustaría que la señora Ministra del Trabajo me respondiera, con información actual, cuál es la estadística que maneja su Cartera respecto del universo donde se concentra la mayor cantidad de cotizaciones impagas. ¿En qué tipo de empresas se da tal situación: en las micro, en las pequeñas, en las medianas o en las grandes?
Al no especificarse el punto, uno se queda con la duda. Ante ello, razonablemente cabe preguntarse: "¿Por qué estamos blanqueando a empresarios que en realidad pudieron haber pagado y no lo hicieron, y que incluso obtuvieron ganancias?".
Coincidiría en mayor grado con la iniciativa si hubiera sido más específica en establecer que se beneficiará solo a los empleadores que, producto de la crisis y -con mayor razón- de las condiciones derivadas del terremoto, no percibieron utilidades y se encuentran en una situación difícil, razón por la cual es indispensable generarles convenios de pago, a fin de que los trabajadores recuperen sus cotizaciones.
Por desgracia, el proyecto no especifica, no aclara tal circunstancia. Y uno, obviamente, se queda con la duda.
Señor Presidente, yo voy votar a favor de las enmiendas confiando en que ellas permitirán finalmente que los trabajadores recobren las cotizaciones adeudadas a causa de la crisis vivida. Pero lamento muchísimo que se haya presentado un texto que generaliza, que no distingue, que no transparenta la información y no adopta los debidos recaudos sobre la materia.
Me gustaría, por su intermedio, señor Presidente, pedirle a la Ministra que nos explicitara lo que he consultado -ojalá nos contestara-, para que en el futuro, cuando se presenten iniciativas de esta naturaleza, se favorezca solo a las empresas que, producto de la crisis, no han obtenido ganancias y no están en condiciones de pagar.
No puede ser que se ponga en el mismo saco a todo tipo de empleadores, sin distinción. Porque de esta manera lo que estamos haciendo es fomentar la cultura del no pago; fomentar que un empresario estafe a sus trabajadores y salga indemne. Además, como ya han pasado tantos años, muchas de esas empresas desaparecieron. Ya no existen. Y la obligación prescribe.
En fin, hay una cantidad de situaciones que me parecen enteramente injustas.
Ya es hora de que vayamos siendo mucho más rigurosos a la hora de impedir, por todos los medios a nuestro alcance desde el punto de vista legislativo-jurídico, que se sigan dando las situaciones descritas.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto, para fundamentar el voto.

El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, quiero valorar en esta oportunidad que se haya tomado en cuenta la sugerencia que formuló la Comisión de Trabajo en orden a extender a todo el país la facilidad para el pago de las deudas previsionales, con las diferencias ya señaladas.
Creo que la crisis financiera ha afectado a todo el país, fundamentalmente a las mipymes; vale decir, desde las medianas hasta las microempresas. Eso fue lo que nos expresó la representante de la Superintendencia de Pensiones. Y también dijo que existía una gran cantidad de empresas que habían declarado las cotizaciones previsionales pero no las cancelaron. Ello constituye la deuda y la razón de ser de este proyecto.
Me parece que meter en esta iniciativa consideraciones que están en otros cuerpos legales no es lo más adecuado. Y lo hago presente de la siguiente forma.
Hace un tiempo -yo diría un par de años- aprobamos una modificación al procedimiento de cobro de las cotizaciones previsionales, que faculta no solamente a las AFP para cobrar la deuda e iniciar los juicios pertinentes, sino también a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales. Ahora, si esto no está operando, habrá que ver por qué no se aplican las enmiendas a dichos procedimientos, que van en ayuda precisamente de quienes sufren tal apropiación indebida al no ver enteradas las cotizaciones que se les descuentan en sus sueldos mes a mes.
Por otra parte, entiendo que el proyecto favorece no solo a los entes privados, como son las empresas, las microempresas, las corporaciones -por ejemplo, las corporaciones municipales de salud y de educación-, sino también a los propios municipios. El artículo 2º dice: "Los empleadores citados en el artículo anterior", refiriéndose a todos los empleadores del país, sin distinguir entre públicos o privados.
Pero son muy especiales las características de las municipalidades. Si bien son entidades públicas, no cabe asimilarlas al concepto `público' que se aplica cuando hablamos de la Administración del Estado.
En todo caso, no deseo seguir argumentando, porque ya todo se ha dicho.
La iniciativa permitirá que por lo menos a los trabajadores que no se les han enterado sus cotizaciones previsionales se les pague lo adeudado gracias a los convenios que propone el proyecto. Así podrán tener perspectivas de futuro más optimistas que las que ofrece la realidad actual, en la cual las cotizaciones se declaran y no se cancelan oportunamente.
Voto que sí.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueban las enmiendas acordadas por unanimidad en la Comisión (25 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Matthei y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag y Walker (don Ignacio).
Se abstuvo el señor Tuma.


El señor HOFFMANN (Secretario General).- De acuerdo a lo resuelto anteriormente por la Sala, corresponde ocuparse en la indicación que envió el Ejecutivo, para reemplazar, en la letra f) del inciso primero del artículo 3°, la palabra "cuatro" por "tres".
Si Sus Señorías observan el texto final que aparece en el boletín comparado, verán que dicho literal empieza con la siguiente frase: "El no pago oportuno por el empleador de cuatro cuotas del convenio o de cualquiera de los cotizaciones devengadas", etcétera. De aprobarse la indicación, esa parte dirá: "El no pago oportuno por el empleador de tres cuotas del convenio o de cualquiera de los cotizaciones devengadas".

El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión la indicación.

El señor LETELIER.- ¿En algún momento va a contestar la Ministra?

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Perdón?

El señor LETELIER.- Yo le había hecho una consulta. Pero no pudo responderla porque estábamos en votación.

El señor PIZARRO (Presidente).- El punto lo aclaró la Senadora señora Matthei en su intervención, donde hizo expresa mención a la indicación que propone cambiar la palabra "cuatro" por "tres".
¿La señora Ministra quiere hacer uso de la palabra o Su Señoría desea formularle una consulta?

El señor LETELIER.- Pido la palabra.

El señor PIZARRO (Presidente).- La tiene, señor Senador.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, yo hice una pregunta al Ejecutivo sobre otro asunto.
Más allá del juicio que tenga en cuanto a que el proyecto está desequilibrado, pues solo los trabajadores se encuentran en una situación precaria, no entiendo si la intención del Gobierno es otorgar el mismo beneficio también a los municipios y a todo el sector público.
Me gustaría que la Ministra aclarara el punto.
Por eso no me pronuncié en la votación anterior.
El propio Parlamento estableció que el no pago de cotizaciones por parte de los municipios se considera causal de notable abandono de deberes.

La señora MATTHEI.- Así es.

El señor LETELIER.- Porque las municipalidades reciben platas públicas. Y no pueden alegar que la crisis o el terremoto les impidieron contar con los fondos para enterar las imposiciones.

La señora MATTHEI.- Tiene razón.

El señor LETELIER.- Entonces, deberíamos precisar ese asunto.
Pienso que el espíritu de la iniciativa era establecer el beneficio para el sector privado, que es el afectado por la crisis, y no para el sector público.
Reitero mi consulta.
Yo no voté las enmiendas unánimes de la Comisión porque estaba esperando la respuesta de la Ministra para entender cuál es el espíritu del proyecto.
Si no se aclarara eso, podríamos estar blanqueando a alcaldes -me da igual su color político- que han efectuado malversación de fondos. Y no soy partidario de ello.
Los impuestos están ahí. El Estado los traspasa a los municipios, y estos no tienen por qué dejar de pagarles a sus trabajadores escudándose en una crisis, porque no han tenido problemas de flujo.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la señora Ministra.

La señora MERINO (Ministra del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, el proyecto que nos ocupa permite celebrar convenios con el empleador, sin especificar de cuál se trata. Por tanto, podría ser una municipalidad.
En todo caso, hago presente que la iniciativa no condona ninguna deuda. De hecho, los trabajadores que reciban los pagos se verán -entre comillas- beneficiados, porque percibirán el reajuste normal más 50 por ciento de recargo.
Creemos que el proyecto es bueno para ellos, pues permitirá garantizar que los pagos se efectúen.
Podemos presionar de otra manera para que los municipios cumplan su obligación y enteren las cotizaciones. Acá eso no se regula.
En segundo lugar, lo relativo a la declaración y no pago de imposiciones presenta un aspecto muy positivo para nosotros: protege al trabajador por cuanto constituye un reconocimiento de deuda. Así podemos asegurar que esta se pague posteriormente. Si no se declarara, no sabríamos quién es el deudor y cuál el tamaño de la obligación. De hecho, hemos tratado de propiciar que tal declaración sea automática. Porque -repito- es la única manera de garantizar el cumplimiento si no se cancela la deuda en su momento.
Por eso, siempre hemos planteado proyectos en orden a premiar la declaración de las cotizaciones previsionales.

El señor PIZARRO (Presidente).- Gracias, señora Ministra.
Recuerdo a Sus Señorías que debemos votar la indicación. Así que les ruego no retirarse de la Sala.
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, no tengo el ánimo de retrasar el despacho del proyecto. Pero no me quedó claro si el Ejecutivo quiere propiciar que el sector público reciba el mismo trato que el privado.
Me parecería insólito -discúlpenme que lo diga- que el Congreso Nacional no pagara las imposiciones a sus trabajadores. Y lo mismo, respecto de un municipio.
No entiendo la razón de darles esa facilidad.
Deseo saber si ello está en el espíritu del Gobierno, de forma tal de conocer el sentido de lo que se propone.
Comprendo que se otorgue el beneficio al sector privado afectado por la crisis o el terremoto y que se amplíe a todo el país. Pero ¿por qué favorecer a las entidades públicas?
Aunque mi inquietud moleste a un Senador que tanto reclamaba en otra ocasión, cuando las municipalidades les robaban la plata a los profesores, quiero ser consistente en este punto y no avalar un blanqueo.
Entonces, pido que se acepte la presentación de una indicación, mediante la cual se establezca que esta facilidad se conceda solo para las empresas privadas y no para los municipios ni los órganos públicos, que no tienen razón alguna para no declarar ni pagar las cotizaciones.

La señora MATTHEI.- Me parece razonable lo planteado por Su Señoría.

El señor PIZARRO (Presidente).- Señora Ministra, ¿desea hacer algún comentario ante la consulta del Honorable señor Letelier?

La señora MERINO (Ministra del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, con este proyecto buscamos que se paguen las cotizaciones previsionales y, para ello, no hicimos ningún distingo respecto de quién es el empleador.
Obviamente, nuestro objetivo son las empresas del mundo privado.
Esperamos que en las instituciones del Estado y en las municipalidades se enteren las imposiciones. Y habrá que encontrar la manera de que tal obligación se cumpla a tiempo.
El propósito de nuestra iniciativa son las empresas privadas. Pero creemos que no es necesario restringir el asunto. Por tanto, preferimos que ella se apruebe tal como está.

El señor PIZARRO (Presidente).- Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, pienso que todas las cosas poseen una parte positiva dependiendo de la óptica con que se miren.
Aquí un señor Senador ha planteado su descontento con el proyecto, porque incluye a las municipalidades.
Yo -como él mismo dijo- he iniciado procesos en los tribunales para perseguir a los alcaldes que no han pagado las imposiciones de sus trabajadores.
Cabe recordar que en la Administración Pública se han cometido muchos abusos los últimos 20 años. Desde ya, el 80 por ciento de los trabajadores del Estado se encuentra a contrata. Eso, señor Presidente, se ha tolerado durante mucho tiempo. Y espero que en algún minuto se termine.
Paso a referirme al punto específico que se ha planteado respecto de los municipios.
En mi opinión, si el problema se mira desde una sola óptica, la que señala que se beneficiará a los alcaldes que en forma irresponsable no pagan las cotizaciones de sus empleados, el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra claro que tiene razón.
Pero yo quiero analizar la situación desde la otra perspectiva. Porque la iniciativa permite que los empleadores que, por alguna razón, no han enterado las imposiciones de sus trabajadores puedan suscribir convenios para pagar lo adeudado. En la práctica, si no lo han cancelado hasta ahora, es porque no han podido hacerlo.
A mi juicio, un alcalde que no entera las imposiciones que ha descontado a sus empleados tiene responsabilidad desde el punto de vista de su cargo. El proyecto no exceptúa su responsabilidad política; por ende, se le puede acusar por notable abandono de deberes.
Por lo tanto, el texto propuesto produce un beneficio, porque genera la oportunidad para que los empleadores que no han podido pagar se pongan al día y, con eso, favorezcan a sus trabajadores.
El asunto tiene dos perspectivas.
Lógicamente, si lo consideráramos desde el punto de vista del empleador que no cancela las imposiciones, yo no aceptaría jamás esa situación.
En buena hora el proyecto se hizo extensivo a todo el país, porque el problema no solo se presenta en las zonas afectadas por el terremoto.
Esta constituye una oportunidad para que a los trabajadores se les enteren sus imposiciones.

El señor PIZARRO (Presidente).- Estimados colegas, les recuerdo que estamos votando una indicación que es muy específica, pues lo único que hace es reemplazar, en la letra f) del inciso primero del artículo 3º, la palabra "cuatro" por "tres".
No está en discusión el resto del proyecto que ya se encuentra aprobado.
Entonces, sugiero que votemos la indicación en su mérito.

El señor NOVOA.- "En votación", señor Presidente

El señor CHAHUÁN.- Votemos.

El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la indicación del Ejecutivo.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba la indicación (17 votos a favor), y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron las señoras Allende y Matthei y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, García, Lagos, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide y Tuma.


El señor PIZARRO (Presidente).- Terminado el Orden del Día.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES



DESTINACIÓN DE PARTE DE CUENTA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL A RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.
PROYECTO DE ACUERDO

El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Bianchi, señora Pérez (doña Lily), y señores Cantero, Chahuán, Frei (don Eduardo), Lagos y Ruiz-Esquide.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1236-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 10ª, en 20 de abril de 2010.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- El propósito de la iniciativa es solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que incorpore, en el proyecto de ley que crea el Fondo Nacional de la Reconstrucción, las enmiendas necesarias para posibilitar la destinación de una parte de la cuenta de capitalización individual a la reconstrucción de viviendas.

El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.

El señor CHAHUÁN.- "Si le parece", señor Presidente.

La señora ALLENDE.- ¡No!

El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se rechaza el proyecto de acuerdo (7 votos contra 5). Votaron por la negativa las señoras Allende y Matthei y los señores Escalona, Letelier, Muñoz Aburto, Quintana y Tuma.
Votaron por la afirmativa los señores Cantero, Chahuán, Horvath, Pizarro y Ruiz-Esquide.


INCORPORACIÓN DE MEDIDAS DE INCENTIVO A AHORRO DE ENERGÍA EN ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2020. PROYECTO DE ACUERDO

El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Navarro, Lagos y Muñoz Aburto.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1244-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 16ª, en 11 de mayo de 2010.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es solicitar al señor Ministro de Energía que se incorpore en la Estrategia de Eficiencia Energética 2020 la experiencia internacional de utilización de medidas de incentivo al ahorro de energía.

El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se rechaza el proyecto de acuerdo por falta de quórum (10 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Matthei y Rincón, y los señores Chahuán, Escalona, Letelier, Muñoz Aburto, Pizarro, Quintana y Tuma.


AMPLIACIÓN DE GIRO DE EMPRESA NACIONAL DE PETRÓLEO. PROYECTO DE ACUERDO

El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Muñoz Aburto, señora Allende y señores Escalona y Navarro.
.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1245-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 16ª, en 11 de mayo de 2010.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- El proyecto tiene por finalidad solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que se estudie ampliar el giro de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) transformándola en Empresa Nacional de Energía.

El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se rechaza el proyecto de acuerdo por falta de quórum (7 votos a favor, 3 en contra y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende y Rincón y los señores Escalona, Letelier, Muñoz Aburto, Quintana y Tuma.
Votaron por la negativa los señores Cantero, Prokurica y Ruiz-Esquide.
Se abstuvo el señor Pizarro.

PETICIÓN DE OFICIO

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Ha llegado a la Mesa una petición de oficio.

El señor PIZARRO (Presidente).- Se le dará curso en la forma reglamentaria.
)------------(
--El oficio cuyo envío se anuncia es el siguiente:
Del señor HORVATH:
A la señora Ministra del Medio Ambiente, al señor Director de la CONAMA de Aysén y a la Comisión Regional del Medio Ambiente de Aysén, solicitándoles DACIÓN DE PREDIOS FORESTALES EN COMPENSACIÓN POR CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS EN REGIÓN DE AYSÉN.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:1.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción