REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 358ª
Sesión 5ª, en miércoles 24 de marzo de 2010
Ordinaria
(De 16:27 a 19:13)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE,
Y JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedán, Eugenio
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, el Ministro de Justicia, señor Felipe Bulnes Serrano.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:27, en presencia de 25 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor PIZARRO (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 1ª y 2ª, ordinaria, en 16 y 17 de marzo del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficio
De la señora Subsecretaria de Energía, por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo al potencial energético de la Región de Aysén y a la posibilidad de concretar la Tercera Etapa de Electrificación Rural en la comuna de Maullín.
--Queda a disposición de los señores Senadores.
Declaración de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señores Escalona, Letelier y Muñoz Aburto, mediante la cual dan inicio a un proyecto de ley que establece el derecho a indemnización por años de servicio ante despido por fuerza mayor o caso fortuito.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, de conformidad con lo establecido en el número 4º del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Los Comités, en sesión de hoy, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1) Abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones respecto de los proyectos que se indican a continuación:
-El que crea el Tribunal Ambiental (boletín Nº 6.747-12), hasta las 12 del lunes 3 de mayo del año en curso.
-El que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de áreas de manejo y registro pesquero artesanal (boletín Nº 3.691-21), hasta las 12 del lunes 5 de abril del presente año.
2) Autorizar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para discutir, tanto en general cuanto en particular, el proyecto, en primer trámite, sobre modificación de plazos en materia de actuaciones judiciales y declaración de muerte presunta en las zonas afectadas por el terremoto (boletín Nº 6.856-07), facultándola para sesionar paralelamente con la Sala y, si lograra despacharlo hoy, incluirlo en la tabla de la presente sesión con informe verbal o mediante certificado, sin perjuicio de emitir con posterioridad el informe correspondiente.
3) Que la votación relativa a la composición de las Comisiones permanentes del Senado se efectúe el martes 6 de abril.
4) Disponer que vuelva a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para un nuevo primer informe, el proyecto, en primer trámite, que fortalece la educación pública (boletín Nº 6.815-04).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, dado que todavía no están constituidas las Comisiones, solicito autorización para que la Comisión de Hacienda sesione el martes 6 de abril, a las 11, al objeto de escuchar el Informe de Política Monetaria por parte del Banco Central.
El señor PIZARRO (Presidente).-
La Mesa entiende que es posible autorizar a la Comisión para que sesione con sus actuales integrantes de manera transitoria o excepcional.
El señor TUMA.-
Pido la palabra.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, ¿se trata de la misma Comisión que analizó el denominado "bono marzo"?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Exactamente.
El señor TUMA.-
Entonces, no tengo inconveniente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Si no hubiere objeción, se accedería a lo solicitado.
Acordado.
REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE TERRITORIOS ESPECIALES DE ISLA DE PASCUA Y ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite, que modifica el artículo 126 bis de la Carta Fundamental, sobre territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández, con nuevo primer informe de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, unidas.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6756-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional:
En primer trámite, sesión 63ª, en 10 de noviembre de 2009.
Informes de Comisión:
Gobierno, sesión 77ª, en 21 de diciembre de 2009.
Gobierno y Constitución, unidas, sesión 4ª, en 23 de marzo de 2010.
Discusión:
Sesión 78ª, en 22 de diciembre de 2009 (pasa a Comisiones de Gobierno y Constitución, unidas).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El principal propósito de la iniciativa es incorporar a la Carta Fundamental una norma que entrega a la ley orgánica constitucional respectiva el establecimiento de restricciones al ejercicio de los derechos de permanencia, residencia o circulación en los territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández, con la finalidad de proteger su medioambiente y de propender a su desarrollo sustentable.
Cabe recordar que el proyecto, en diciembre del año recién pasado, contó con un primer informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. En esa oportunidad, la Sala acordó que fuera analizado, en un nuevo primer informe, por las Comisiones de Gobierno y de Constitución, unidas. Estas concordaron proponer a la Sala la aprobación del proyecto de reforma constitucional, tanto en general cuanto en particular, con el texto que se consigna en la tercera columna del boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus pupitres.
Dicho acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Senadores señora Alvear y señores Chadwick, Gómez, Núñez, Orpis, Muñoz Aburto y Sabag.
Finalmente, corresponde tener presente que esta reforma constitucional requiere los votos conformes de 25 señores Senadores para su aprobación.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Puede hacer uso de ella el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, la reforma constitucional que nos ocupa y que se refiere a los territorios especiales correspondientes a la Isla de Pascua y el Archipiélago de Juan Fernández, que pertenecen a la sexta circunscripción que represento en el Senado, es de suma relevancia.
En efecto, el 30 de julio de 2007 entró en vigencia la ley N° 20.193, que reformó nuestra Carta Fundamental agregando a sus disposiciones el artículo 126 bis, que define a esas posesiones insulares como territorios especiales. Estableció asimismo que el gobierno y la administración de aquellos se regirán por las leyes orgánicas constitucionales respectivas. Como estas aún no se promulgan, continúan rigiendo las normativas de gobierno y administración actuales, según lo ordena la disposición vigésima segunda transitoria, que también fue incorporada a la Carta Fundamental en virtud de la citada reforma.
El proyecto en análisis tiene por objeto restringir el ejercicio de los derechos de permanencia o residencia en los referidos territorios especiales, como también el de libre circulación hacia ellos, con el fin de proteger el medio ambiente y propender a su desarrollo sustentable.
En las Comisiones que trataron la iniciativa hubo un interesante debate respecto de la legalidad de restringir esas garantías constitucionales, y de si bastaba para ello una reforma a la Carta Fundamental o si solo procedía una ley orgánica constitucional, o simplemente una normativa de carácter ordinario.
Por otra parte, se hizo necesario conciliar la coexistencia de dos garantías que nuestra Constitución consagra como tales, y resguarda plenamente su ejercicio, como lo son la libertad de desplazamiento y el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación.
Al respecto, quiero hacer algunas consideraciones previas.
El Archipiélago de Juan Fernández ha sido declarado Reserva Mundial de la Biósfera, y en él coexisten una flora y fauna de inmensa riqueza, que lo diferencian del resto del territorio continental de nuestro país.
Por su parte, Isla de Pascua, cuyas especiales características son de sobra conocidas por todos los chilenos, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad, dada la riqueza arqueológica existente en ella.
Asimismo, ambos territorios exhiben un potencial turístico de un valor inmenso, que los hace ser objeto de visitas por parte de numerosos extranjeros que acuden de modo permanente a admirar sus bellezas.
En lo que al Archipiélago de Juan Fernández respecta, este fue afectado por el tsunami ocurrido inmediatamente después del terremoto del 27 de febrero de este año, con graves daños a bienes públicos y privados, debiéndose lamentar también la desaparición de siete personas. Actualmente, y gracias al empuje de sus habitantes, que son conducidos de manera muy eficiente por su alcalde, se ha dado inicio a faenas de reconstrucción mediante la ayuda que les está proporcionando el Supremo Gobierno a través de la intendencia regional y la gobernación provincial. Y, además, recibirán cooperación de países amigos y de organismos internacionales.
Pero tal reconstrucción, que ha de mantener las características propias del archipiélago, debe tener también como objetivo primordial la protección del medioambiente y propender a su desarrollo sustentable, en los términos en que lo define expresamente la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
Por esa razón, en relación con dicho territorio, se justifica en forma plena, en nuestro concepto, la limitación a los derechos fundamentales de permanencia y residencia, como el de libre circulación, que se consagra en esta reforma cuya aprobación se nos demanda, ya que ello constituye una sana medida de resguardo al entorno ambiental que debe necesariamente preservarse en aquella hermosa posesión insular.
Y en lo referente a Isla de Pascua, aun cuando no fue afectada por el fenómeno telúrico que causó graves daños y estragos en gran parte del territorio continental, debe igualmente preservarse su especial hábitat, que también es rico en especies botánicas muy particulares, como en fauna marina y terrestre, a lo que debe agregarse su característica de un verdadero museo abierto conformado por maravillosas piezas arqueológicas que se encuentran emplazadas en diversos sectores de su superficie y que son motivo de veneración ancestral por sus habitantes.
Entonces, de igual modo, se hace necesario, para proteger el entorno medioambiental de este Patrimonio de la Humanidad, restringir los derechos antes mencionados. Y ello de manera alguna puede considerarse una vulneración de las libertades constitucionales, por cuanto -como expresé- existe también como garantía fundamental en nuestra Constitución Política el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, constituyendo un deber del Estado tutelar la preservación de la naturaleza.
Es de tanta importancia este derecho fundamental que la propia Constitución Política, en su artículo 19, número 8°, dispone que "La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente.".
Y con esta reforma constitucional no hacemos sino ratificar lo que ya estableció con anterioridad el constituyente, al permitir que la ley -obviamente, ha de ser de rango orgánico constitucional- estatuya tales restricciones, que tienen precisamente el carácter de específicas y que, por ende, cumplen con el objetivo de proteger el medioambiente.
Tengo el inmenso privilegio de conocer vastamente los mencionados territorios insulares, por lo que puedo dar fe de su belleza geográfica, su rica flora y fauna y sus tesoros arqueológicos y entorno ambiental, que por lo mismo es menester preservar. Por ello, pido a todos los miembros de esta Honorable Sala que concurramos con nuestro voto afirmativo a la aprobación de la presente reforma constitucional, que es realmente necesaria para los nobles objetivos que pretende alcanzar.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, Honorable Senado, deseo dar a conocer el debate de fondo que surgió en las Comisiones unidas de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El proyecto en estudio viene a complementar el artículo 126 bis de la Carta Fundamental, que fue acogido por el Parlamento el año 2005 y que contempla la posibilidad de que en Chile se establezcan territorios especiales; en este caso, en Isla de Pascua y el Archipiélago de Juan Fernández.
Posteriormente, el Ejecutivo presentó la reforma constitucional que es objeto de discusión en este minuto, que dispone que en dichos territorios especiales, con el fin de proteger el medioambiente y propender a un desarrollo sustentable, se podrá restringir el ejercicio de los derechos de permanencia y residencia, como asimismo el de libre circulación.
Ese es el punto central del debate.
En el seno de las Comisiones unidas existieron tres posturas.
Una de ellas señalaba que no era necesario consagrar aquella protección, porque el resguardo del medioambiente en ambos territorios se podía lograr a través del fortalecimiento de infraestructura, de obras de desarrollo. Y, por lo tanto, en general, algunos de sus miembros no eran partidarios de introducir una modificación o restricción de tipo legal.
Una segunda postura, que fue generalizada, consistía en que, dada la fragilidad del medioambiente en los dos territorios, era conveniente fijar tales restricciones. Pero la diferencia fundamental radicó en si bastaba que ellas fuesen establecidas por ley o, además, se requería una reforma constitucional.
La mayoría de los integrantes optamos -y aquí voy a entregar los fundamentos- por una reforma a la Carta.
Quienes sostuvieron que no era necesario esta última se ampararon en el artículo 19, número 8º, del Texto Fundamental, que contempla el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación. Y en su inciso segundo señala que "La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente.".
Sin embargo, los que sostuvimos lo contrario señalamos que, si bien el artículo 19, número 8°, consagra la posibilidad de establecer aquello por ley, paralelamente había que considerar el artículo 19, número 7°, de la Constitución, que contempla de manera expresa el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Y en su letra a) señala que "Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros.".
Lo anterior se halla complementado por el artículo 19, número 26°, que dispone que jamás se puede afectar los derechos en su esencia.
Aquí estamos, señor Presidente -y por eso considero primordial la reforma constitucional-, frente a la restricción de derechos muy fundamentales. El poder restringir absolutamente la posibilidad de entrar o salir de un territorio, de permanecer o no en él, de residir o no en él, son restricciones muy significativas. Por ende, deben quedar consignadas de manera expresa en la Constitución. Porque, si las dejamos simplemente en la ley, por esta misma vía el día de mañana será posible establecer territorios especiales en otras zonas del país, sean o no insulares, afectando libertades esenciales.
Este tratamiento debería ser del todo excepcional, señor Presidente. Y por eso las Comisiones unidas, unánimemente, se inclinaron a favor de una tercera tesis: limitar las mencionadas libertades en función del medioambiente, pero solo a través de una reforma a la Carta.
En consecuencia, aprobaremos el proyecto, considerando que las Comisiones unidas de Gobierno y de Constitución tuvieron muy buen criterio: restringir las referidas libertades en función del medioambiente, pero por razones muy excepcionales, las cuales deben incorporarse al Texto Fundamental y no meramente a la ley.
Tal fue, por lo demás, la opinión mayoritaria de los constitucionalistas -todos de prestigio- que asistieron a las Comisiones unidas, a quienes se hace referencia en el informe.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, en primer término, quiero solicitar que se abra la votación, pues, como los Comités autorizaron a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para que funcione paralelamente con la Sala, aquella es la única forma de que sus miembros podamos cumplir el cometido que se nos entregó.
Con relación a las materias que aborda el proyecto que ocupa en este momento a la Sala, debo recordar que, como integrante de la Comisión de Constitución, figuro entre quienes plantearon dudas en cuanto a si para concretarlas se requería una reforma constitucional o bastaba aplicar la norma contenida en el artículo 19, N° 8, de la Carta (es decir, dejarlas sometidas a la ley).
Las Comisiones unidas escucharon a constitucionalistas invitados por ella.
Destaco al profesor Humberto Nogueira, quien, con gran claridad, expuso argumentos muy contundentes -se transcriben en el informe- para hacer presente la pertinencia de incorporar en la Carta un nuevo bien jurídico protegido, cual es el desarrollo sustentable, para lo cual, por cierto, se requiere una reforma constitucional que habilite las restricciones que hoy no pueden llevarse a cabo.
El profesor de Derecho Constitucional señor Arturo Fermandois planteó que tales materias deben derivar de una decisión del constituyente, quien ha de encargarse de las enmiendas que franqueen la limitación de derechos fundamentales.
Sobre el particular, en las Comisiones unidas se hizo ver con nitidez la importancia de la consagración constitucional, por una razón de carácter práctico, ya que pueden suscitarse en el Congreso Nacional diversas solicitudes en la misma línea que sigue la iniciativa que ahora nos ocupa.
Se estimó que los territorios en cuestión son especialmente excepcionales -no es el caso de otros lugares-, por lo que se justifica una reforma constitucional, la que de algún modo es un obstáculo para que otras zonas, simplemente a través de una ley, sean objeto de una consideración como la que se plantea.
Por consiguiente, se determinó que la reforma constitucional es una buena solución en el caso de los territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández.
Debo puntualizar que a las últimas sesiones de las Comisiones unidas asistieron el Alcalde y los Concejales de Juan Fernández, después del terremoto y del tsunami. Nos plantearon grandes expectativas en torno a la aprobación de esta reforma constitucional, por la situación vivida en el Archipiélago, y a la respuesta y a la señal que necesitan recibir del Senado.
Tras mis dudas sobre la materia, señor Presidente, luego de escuchar a los constitucionalistas y analizar los informes escritos y verbales que recibimos, llegué al convencimiento y a la conclusión de que es necesaria una reforma constitucional, en los términos en que se consigna en el texto que las Comisiones unidas le sugieren a la Sala. Porque -debo decirlo- la propuesta original del Ejecutivo adolecía de algunas imperfecciones, las que se corrigieron en dicho órgano técnico mediante una redacción, concordada con los constitucionalistas, donde se absuelven diversas dudas, como queda de manifiesto en el informe.
Por ello, votaré favorablemente, e invito a la Sala a proceder de igual forma.
Reitero mi solicitud de abrir la votación, por el motivo que explicité.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Para fundar su voto, tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, estamos en presencia de un proyecto de ley de mucha relevancia.
Tras escuchar a quienes me antecedieron en el uso de la palabra y leer el mensaje del Ejecutivo, habiendo estado en Rapa Nui y conocido de cerca la realidad del Archipiélago Juan Fernández, debo decir que cae de madura -si se me permite una expresión coloquial- la necesidad de abordar esta materia.
Sin embargo, esta cuestión presenta, incluso para quienes no la han seguido de cerca, un conflicto de derechos que chocan: uno -lo hemos conocido desde siempre-, el derecho a residir y permanecer en el territorio y a circular libremente por él que les asiste a todos los chilenos, y también a los extranjeros; y otro, el derecho a vivir en un medioambiente sustentable y que permita el desarrollo de nuestras comunidades.
Siendo obvio aquello, señor Presidente, la respuesta no fue fácil.
A algunos de quienes nos estamos iniciando en el trabajo y en la responsabilidad legislativa nos tocó durante la campaña electoral ir a Isla de Pascua, donde esta era una materia muy debatida por los propios afectados. Mayoritariamente, querían una legislación especial que les reconociera sus características y, junto con ello, los dotara de herramientas que les posibilitara tener un medioambiente sustentable donde desarrollar su turismo, su pesca, y mantener sus tradiciones.
Pero al mismo tiempo, para la vasta cantidad de chilenos que también se sienten parte del Archipiélago Juan Fernández y de Isla de Pascua, las restricciones suenan en el continente como algo complejo, difícil de entender y digerir, pues, en último término, podrían buscarse otras fórmulas, como una adecuada legislación medioambiental, según explicó muy bien el Senador Orpis.
En mi concepto, aquí nos cabe hacernos cargo de la situación especial de que se trata. En parte, porque no somos los primeros que, como nación, debemos enfrentar un problema de tal índole. Otros países ya lo han hecho con antelación y de manera relativamente satisfactoria. El caso archirrepetido es el de Islas Galápagos, en Ecuador. Legislaciones como la francesa establecen criterios distintos para sus territorios de ultramar, por diversas consideraciones.
Pero aquí estamos hablando de derechos bien claros: a circulación, a residencia y permanencia.
Creo que el rango constitucional, complementando el artículo 126 bis de la Carta, no viene sino a hacer justicia y a dar poder real a lo ya establecido previamente mediante la modificación de 2004 ó 2005.
Ahora, pienso que esto habla bien -es lo que más llama la atención; y quiero que conste en la Versión Oficial- de una sociedad chilena que madura.
Hace 20 ó 30 años esta discusión habría sido imposible, porque entonces quizá no teníamos capacidad -como sociedad, como país- para entender que ciertos derechos inalienables y muy relevantes para nosotros, como el de circulación por el territorio nacional y el de residir y permanecer en cualquier parte de él, podían ser limitados. Y están siendo restringidos por una cuestión que hace 20 ó 30 años en Chile no era fundamental y no tenía la consideración debida, por diversas razones: la medioambiental.
En consecuencia, junto con dar mi voto afirmativo a esta modificación constitucional, quiero señalar que lo que debe motivarnos como reflexión es nuestra capacidad para ver que este país no es el mismo de hace 50 años y que podemos establecer limitaciones significativas a los derechos de circulación y de permanencia y residencia, en aras de proteger otro derecho relevante, que tal vez hace algún tiempo no era tan fundamental para nosotros: el de vivir en un medio ambiente sano.
Voto que sí.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, en el texto que proponen las Comisiones unidas se agregó al artículo único el concepto "sólo".
Pues bien, quiero hacerles una consulta a los señores Senadores constitucionalistas -al colega Chadwick, entre otros-, porque pueden ayudarme en una materia en la que me siento parcialmente inhabilitado para votar.
Quiero leer dicho precepto y pedir una explicación sobre sus consecuencias.
Dice que en los territorios pertinentes -Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández- "sólo podrá restringirse", en función del medioambiente y del desarrollo sustentable, "el ejercicio de los derechos de permanencia o residencia, como asimismo el de libre circulación hacia ellos, en los casos y en la forma que establezca la ley orgánica constitucional respectiva.".
Mi hermano vive en Isla de Pascua desde hace más de diez años; tiene dos hijas pascuenses.
¿Qué pasa si la población pascuense aumenta? ¿Qué sucede con los isleños que viven en el continente y desean volver a Rapa Nui?
Porque ocurre que el concepto de "derecho de permanencia" no está calificado. Y creo que este es uno de los vacíos de la propuesta que se nos hace.
Comparto el principio. En el debate general planteé que este mismo tipo de normas existen en otros lugares -Islas Galápagos, Machu Picchu- para fines turísticos. Soy partidario de ese concepto, pero siempre que no se afecte a la población indígena de los territorios correspondientes. Y el problema principal no es el Archipiélago Juan Fernández -por el momento-, sino Isla de Pascua.
Señor Presidente, temo que al interpretarse literalmente la norma, por la manera como está redactada -no me refiero a su espíritu-, mañana se le pueda decir a un pascuense que vino a estudiar a Valparaíso (amigo del Senador que habla, quien ha hecho una gran defensa de estos temas y al que seguramente se le representará el problema que se provoque) que no puede volver a la Isla.
Hay que clarificar ese punto, señor Presidente. Es lo único que quiero señalar.
Tengo la impresión de que, al tenor literal del artículo, tal vez deberíamos pedir segunda discusión o solicitar que el proyecto vuelva a las Comisiones unidas, para consignar la excepción -la idea de que la Cámara de Diputados arregle los problemas nunca me ha gustado; opino que nosotros debemos hacer nuestra pega- y evitar que la disposición afecte a los isleños oriundos de Pascua.
Dejo planteado el punto, señor Presidente, para tratar de no incurrir en un tremendo problema.
El señor PIZARRO (Presidente).-
El Honorable señor Orpis le solicita una interrupción, señor Senador.
El señor LETELIER.- De acuerdo, con la venia de la Mesa.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, solo deseo aclarar cuál fue el debate habido al interior de las Comisiones unidas.
Si el Senador Letelier lee el artículo que señaló, verá que la frase final dice: "en la forma que establezca la ley orgánica constitucional respectiva.". O sea, ese cuerpo legal va a regular el punto.
¿Qué sentido tiene el término "sólo" (fue una de las rectificaciones solicitadas especialmente por los constitucionalistas)? Que, de no incluirse, las restricciones en comento podrían abrirse a todo tipo de derechos. Y, como se trata de derechos consagrados en el capítulo de las garantías constitucionales, es necesario acotar a cuáles afectan las limitaciones.
Por consiguiente, todo lo señalado por el Honorable señor Letelier es materia de la ley orgánica constitucional respectiva. Allí tendremos que consignar lo que él plantea.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Recupera la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, me sentiría más cómodo si existiera unanimidad para dejar constancia en la historia de la ley de que en ningún caso se va a establecer restricción alguna en cuanto a la residencia o permanencia de un pascuense en la Isla. Porque esa es una cuestión más delicada.
Entendiendo que aquel es el espíritu -me gustaría escuchar a otros Senadores-, votaré a favor de esta reforma constitucional.
He sido partidario de consagrar la facultad de que se trata, señor Presidente, pero sobre la base de que no se afecte a los residentes pascuenses ni a los isleños que han debido emigrar temporalmente por razones de estudio, por ejemplo.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, tengo la convicción de que esta norma es imprescindible y fundamental, precisamente para proteger a los pueblos originarios de Isla de Pascua.
Allí, la capacidad de carga del ecosistema se encuentra sobrepasada. Y, finalmente, todo lo que se está diciendo en esta Sala discurre en torno a la idea de proteger el medioambiente y los recursos esenciales para la vida de la propia comunidad.
Rapa Nui tiene problemas de desabastecimiento y contaminación de agua. Ha sufrido un proceso acumulativo de diferentes sustancias químicas tóxicas que han provocado dificultades complejas que están dañando la vida de las personas. Hay en la Isla un proceso de erosión (quienes la conocen pueden corroborarlo) muy relevante. A raíz de la actividad humana, y particularmente del turismo, se ha perdido una significativa cantidad de biodiversidad propia de Pascua.
Desde el punto de vista geológico, Rapa Nui es nueva. Como en todos los procesos geológicos de las islas, se generaron allí, evolutivamente, especies propias de ese territorio insular y que están en vías de extinción.
Por lo tanto, si queremos proteger el patrimonio de Rapa Nui como un baluarte que es parte de la imagen de Chile y, asimismo, salvaguardar la vida y la salud de la población, particularmente en el caso de los pueblos originarios, no queda más que reglar.
Ahora, aquí no estamos regulando a quienes conforman los pueblos originarios, sino a aquellos que llegan desde el continente (por ejemplo, a los turistas).
En todo caso, debo connotar que hoy es muy buen negocio para los jubilados de algunos países desarrollados comprar territorio o arrendar viviendas en lugares como Isla de Pascua para ir a vivir allí.
De ese tipo de situaciones, que ocasionan problemas como los explicitados, tenemos que hacernos cargo.
En muchos lugares con ecosistemas frágiles, como el de Isla de Pascua, se han establecido regulaciones extraordinariamente rigurosas, vinculadas con la capacidad de carga de ellos, para determinar su sustentabilidad y permitir la continuidad del desarrollo.
Lamentablemente, la historia de Chile en Rapa Nui es bastante dramática. Se trata de una Isla atormentada, que ha sufrido parte de nuestra indiferencia.
En el pasado habitaban en ella cientos de personas que fueron llevadas como esclavas -por ejemplo, por barcos peruanos- para extraer guano.
Por otro lado, se llevaron a todos los sacerdotes e intelectuales y, por ejemplo, no se pudo descifrar el código escrito.
Es una Isla que ha vivido una especie de tormento, señor Presidente.
Pienso que nosotros hemos tenido una muy mala práctica. Hemos hecho una mala aventura respecto a la valoración, al desarrollo y a la integración de las comunidades locales.
En consecuencia, creo que ha llegado el momento de empezar a pensar en el desarrollo y las potencialidades de Isla de Pascua.
Si no tomamos medidas como las que se están planteando, condenaremos al ecosistema de Rapa Nui a una gran degradación, que terminará dañando la salud y la vida de sus habitantes, a quienes se les hará el peor favor del mundo.
Por eso, para proteger justamente a los pueblos originarios y a sus comunidades, es fundamental contar con una normativa como la que se plantea.
Ahora, esta iniciativa en sí no resuelve todo el problema, que es bastante más profundo. Es parte de la solución, un instrumento. Se requiere una política sustantiva: de apoyo, de recursos, de capacitación; de estímulo a la cultura, a la identidad, etcétera. Pero todavía estamos muy lejos de lo que se necesita para resguardar como queremos un patrimonio cultural, social e histórico que es esencial para Chile.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, intervengo fundamentalmente para apoyar lo señalado por el Senador señor Letelier.
Creo que existe acuerdo unánime en que debemos propender a proteger el medioambiente y lo que reclaman los pascuenses respecto de su isla.
Creo que debe hacerse lo que planteó el Senador señor Letelier, pues, si se dispone la limitación de estos derechos, ello podría afectar a un pascuense con residencia en ese territorio. A este le podrían expresar arbitrariamente, en un momento dado: "Señor, los pascuenses que presenten tal tipo de condiciones no podrán permanecer o residir en la isla más de dos años.".
Entonces, creo que es preciso hacer la diferenciación y expresar que se podrá restringir el ejercicio de los derechos de permanencia o residencia de las personas que no sean originarias...
El señor LETELIER.-
Que no sean rapanuis.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Así es.
No me convence la tesis relativa a la ley orgánica constitucional, porque si la norma de la Carta se halla redactada de la manera que conocemos, la primera podría decir precisamente este tipo de cosas. Y nosotros debemos preocuparnos de que en ella se legisle en la línea que creemos que corresponde.
Por eso, soy partidario de aclarar el punto en el precepto de la Constitución. Es preferible demorarse un poco más, pero que la disposición se dicte en forma clara y precisa a fin de evitar dificultades en el próximo tiempo.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, estimados colegas, pienso que este es un asunto bastante más abierto y serio que la sola situación de la Isla de Pascua y del Archipiélago Juan Fernández.
Entiendo que se han tomado todas las medidas posibles, como se señaló aquí, para hacer constitucional cualquier restricción, sobre la base de que se necesita proteger a ambos territorios especiales. Pero, con franqueza, debo anunciar que me voy a abstener de votar el proyecto, porque me preocupa mucho que, por razones muy loables, se termine limitando, aun con todas las consideraciones que se contemplan, el acceso, el movimiento, el viaje a esos lugares. Ya han surgido distintos aspectos que al parecer ameritan, a juicio de algunos señores Senadores, un nuevo análisis.
En la duda, prefiero no pronunciarme, porque me violentaría mucho cualquier restricción al libre tránsito en nuestro país que derivara de la eventualidad de que la ley orgánica constitucional respectiva no fuese suficientemente clara y tajante. Porque el que nos ocupa es el marco constitucional, pero debe dictarse una normativa legal posterior.
Estimo que cometemos un error al no estudiar bien la cuestión en debate. Prima en mi visión de lo que tenemos que discutir el que se pueda restringir una libertad en estas condiciones, aunque sea por motivos tan loables como el cuidado del medioambiente.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, me ha tocado participar en el análisis de la iniciativa en la Comisión de Gobierno.
Las garantías constitucionales les aseguran a todos la posibilidad de desplazarse libremente e instalarse en cualquier lugar del territorio nacional. Eso es parte consustancial de ser chileno y vivir en el país. Pero es evidente que en los territorios especiales de Isla de Pascua y del Archipiélago Juan Fernández la superficie es limitada. Diría que carecen de la capacidad medioambiental y sanitaria para soportar una cantidad de habitantes que exceda ampliamente su población actual.
Si a la Isla de Pascua llegaran 10 mil personas más, por ejemplo, me pregunto cómo se solucionaría lo relativo al proceso de la basura, a la parte sanitaria. Si allá ni siquiera existe tratamiento de las aguas servidas. Tendría lugar un colapso. Por esas razones se plantea una restricción. Porque se perjudicaría el medioambiente y se causaría un problema sanitario, en la medida en que no es posible la instalación de un exceso de habitantes adicionales.
No se limitan las visitas, que podrán durar una semana o quince días.
Y no se trata solo de nacionales, sino también de extranjeros a los que les gusta la Isla de Pascua y desean vivir en ella, como lo han hecho muchos.
Entonces, la finalidad de la modificación de que se trata es -repito- una restricción, como lo señala el texto:
"En los referidos territorios especiales, con el fin de proteger el medioambiente y propender a su desarrollo sustentable, sólo podrá restringirse el ejercicio de los derechos de permanencia o residencia, como asimismo el de libre circulación hacia ellos, en los casos y en la forma que establezca la ley orgánica constitucional respectiva.".
Naturalmente, la que estamos discutiendo es la reforma de la Carta, luego de lo cual una ley orgánica constitucional va a normar el acceso a cada uno de estos territorios y la permanencia en ellos.
Para todas las familias de Isla de Pascua o del Archipiélago Juan Fernández que aumenten sus integrantes no habrá limitación alguna, desde luego. La medida en debate dice relación al resto de los chilenos y a los extranjeros que quieran avecindarse en esos territorios.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, en 2009, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena elaboró un informe que expresó, respecto de Isla de Pascua, que "la capacidad de carga máxima de turistas es rebasada en más de un 500 por ciento, pues de 10.000 turistas anuales que ella puede soportar, llegan 50.000 o más.".
Incluso, el Servicio Nacional de Turismo de la Quinta Región retiró el apoyo a la fiesta masiva en Rapa Nui para el eclipse de julio próximo, por la misma razón.
Es decir, estamos frente a un hecho claramente reconocido por la comunidad científica internacional y las autoridades de Gobierno: Isla de Pascua se encuentra sobrepasada.
Los chilenos hemos tratado muy mal a sus habitantes, como si hubieran sido esclavos. En la década de los sesenta se amarraba con alambre de púa, en la plaza pública, a quienes pugnaban por tener derecho a voz. Y eran confinados, al igual que un rebaño, sin poder siquiera recorrer su isla, destruyéndose, en definitiva, todo vestigio de su cultura. La Armada realizó una investigación y se tomaron decisiones, pero la verdad es que los hemos tratado pésimo.
Y eso se siente en cada una de las medidas que se adoptan. Incluso, recientemente, con la designación del Gobernador.
El artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, señor Presidente, ratificado por el Congreso, dispone la realización de una consulta a los pueblos originarios respecto de toda tramitación de un proyecto de ley y, por cierto, de una reforma constitucional que les conciernan.
Es más -podemos debatir el punto-, creo que es deber del Congreso Nacional cumplir esa gestión, y no solo del Estado.
Quisiera saber si en la Comisión se consideró lo señalado por dicho instrumento internacional. Se presentarán apelaciones si ello no se hizo.
Como se lo dijimos a la señora Ministra, en su oportunidad, durante la discusión, la consulta a los pueblos originarios en cada materia que los involucre debe ser un método que el Estado aplique permanentemente en la tramitación de las leyes. Así lo establece de modo claro la disposición citada.
Si vamos a legislar para ellos, se les debe consultar de una manera metodológicamente orientada, con tiempo y sobre la base de formas de consenso.
En mi opinión, en el caso en estudio no basta el tipo de consulta que se ha hecho. Y si se hubiera realizado la que corresponde, el consenso habría sido claro: los habitantes de Rapa Nui quieren regular, limitar, el acceso de turistas.
Por eso, señor Presidente, el concepto de fondo es el de "capacidad de carga turística", muy utilizado en el campo de la ecología. Muchos autores lo definen como "el número máximo de visitantes que puede usar un espacio sin una alteración inaceptable del medio físico y sin una disminución en la calidad de la experiencia conseguida por los visitantes.".
La Organización Mundial de Turismo ha señalado que "El concepto de capacidad de carga trata de establecer en términos mensurables el número de visitantes y el grado de desarrollo que es susceptible de alcanzarse sin que se produzcan situaciones perjudiciales para los recursos".
"Es la capacidad que se puede alcanzar sin daño físico para el medio natural y para el medio artificial.".
Es más, los especialistas no hablan solo de una capacidad de carga, sino de varias: ecológica-medioambiental, física, socioperceptual, económica y psicológica.
En definitiva, existe información científica que avala firmemente el que debe incorporarse en el campo del desarrollo turístico el concepto de "capacidad de carga", para el cuidado de nuestros recursos naturales y culturales.
El año pasado, señor Presidente, presenté una moción tendiente a modificar la ley Nº 18.362, que crea el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, para contemplar, en forma clara, el mencionado concepto como parte de las tareas de la Corporación Nacional Forestal. El proyecto fue declarado inadmisible.
Enviaré ese texto a los señores Senadores, porque finalmente se dictaría una reforma constitucional que tendría como base la aceptación de tal idea. Si expresamos que solo se puede restringir la residencia o permanencia en estos territorios insulares en los casos "que establezca la ley orgánica constitucional" y con el fin de preservar el medio ambiente, estamos introduciendo dicha noción sin haberla definido. Esto último debe hacerse, por lo tanto, en el cuerpo legal a que he hecho referencia, para prevenir la comisión de abusos o una extensión inapropiada de los alcances de la disposición.
Voy a pedir al Gobierno que patrocine la iniciativa a fin de que, juntamente con la reforma de la Carta, sea posible contar con una ley -en este caso, la que crea el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas- que determine exactamente qué es "capacidad de carga" y cuál es la entidad encargada de fiscalizar el cumplimiento del precepto constitucional. Si en la Ley Fundamental establecemos limitaciones solo para estos efectos, alguna institución del Estado tendrá que asumirlas. Y, en mi opinión, tendría que ser la CONAF, o bien, el organismo que se determinara, ya que todos hemos reconocido que la Corporación se halla sobrepasada en su capacidad. Ella carece de la que resulta necesaria para fiscalizar.
Cuando discutimos el proyecto, señor Presidente, hicimos un énfasis: claramente, hemos legislado de manera especial para los territorios insulares. Lo anterior se advierte en el artículo 126 bis de la Carta Fundamental. Pero ellos no son solo Isla de Pascua y el Archipiélago Juan Fernández, pues también deben considerarse las islas Santa María y Mocha, frente a las costas de Coronel y de Arauco, respectivamente. Y así como en el caso de Isla de Pascua y del Archipiélago Juan Fernández se determinó en definitiva una dependencia central, quiero reclamar, tal como lo hice durante la discusión de la iniciativa, que otros territorios insulares sufren el mismo grado de aislamiento y falta de atención. Porque finalmente eso es en lo que reparan Juan Fernández e Isla de Pascua. Y es la situación, por cierto, de la isla Santa María.
Los municipios pobres no tienen cómo atender el territorio continental, menos aún el insular. Por tanto, un país que exhibe, como sostuvo un Diputado de Aysén, 23 mil kilómetros de costas en la Undécima Región; que cuenta con archipiélagos inmensos e islas repartidas por toda la superficie geográfico-marítima, claramente requiere una revisión.
Y lo he escuchado decir a los señores Senadores de la Quinta Región respecto del Archipiélago Juan Fernández y de la Isla de Pascua, pero resulta evidente que la dependencia política ya no radica en la Gobernación -salvo que me corrijan los miembros de la Comisión de Gobierno-, sino en el nivel central. Esa fue una modificación importante que obedeció a la búsqueda de una mayor relación política y social. Pienso que lo que aprobamos no se está cumpliendo. Así lo han reflejado los hechos que hemos conocido respecto de la designación de nuevas autoridades.
Y, más allá de la coyuntura política, la iniciativa en análisis, señor Presidente, viene a reafirmar una demanda permanente de los isleños, de sus organizaciones, de sus consejos de Ancianos y de la totalidad de los consejeros indígenas de la CONADI -particularmente, de Rafael Tuki- en el sentido de que efectivamente les otorguemos la posibilidad de establecer límites a la capacidad de carga turística de la Isla de Pascua antes de que sea demasiado tarde.
Por cierto, se podría decir que no gusta la redacción, que establece que "solo podrá restringirse el ejercicio de los derechos de permanencia o residencia, como asimismo el de libre circulación hacia ellos, en los casos y en la forma que establezca la ley orgánica constitucional respectiva.". Estamos votando una reforma de la Carta sin tener la ley orgánica constitucional a la cual se hace referencia. Muchas veces ha sucedido lo contrario: existe una ley orgánica constitucional y se dicta una reforma de la Carta.
Espero que la misma voluntad positiva para poder votar la modificación en estudio la expresemos al pronunciarnos sobre el proyecto de ley orgánica constitucional que establezca las condiciones y la forma de la restricción, de tal manera que la enmienda no quede en letra muerta. Desde luego, la idea es que, con fiscalización, con participación ciudadana, con debate en las instancias pertinentes, se haga efectiva la posibilidad de limitar la capacidad de carga y que el texto no sea "solo para la galería", como algunos señores parlamentarios lo han expuesto en este mismo Hemiciclo, en el sentido de dictarse una reforma constitucional sabiendo que no se va a cumplir.
Entiendo que votamos la iniciativa conscientes de que las autoridades de Isla de Pascua van a tener la posibilidad de plantear a las autoridades centrales la restricción del número de turistas con el objeto de preservar el medio ambiente, la cultura y la identidad de ese territorio del cual tanto nos hemos despreocupado como país.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
He dicho.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (28 votos a favor, uno en contra y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Matthei y Pérez (doña Lily), y los señores Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín, Longueira, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Ruiz-Esquide.
Se abstuvieron la señora Rincón y el señor Letelier.
El señor NAVARRO.-
No alcancé a votar, señor Presidente.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Quedará testimonio de la intención de Su Señoría en la Versión Oficial.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se fijará el 5 de abril próximo como plazo para presentar indicaciones.
La señora MATTHEI.-
¡Pero cómo se van a formular, señor Presidente...!
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Ya existen dos, señora Senadora.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Si no median objeciones, se acogerá la proposición de la Mesa.
--Así se acuerda.
REFORMAS EN LIQUIDEZ, INNOVACIÓN FINANCIERA E INTEGRACIÓN DE MERCADO DE CAPITALES
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto de ley, de la Honorable Cámara de Diputados, que introduce una serie de reformas en materia de liquidez, innovación financiera e integración del mercado de capitales, con informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6692-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 61ª, en 3 de noviembre de 2009.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 84ª, en 20 de enero de 2010.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para autorizar el ingreso del señor Rodrigo Álvarez, Subsecretario de Hacienda.
--Se accede.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo principal de la iniciativa es desarrollar el sistema financiero nacional, con el propósito de estimular la competencia entre los distintos actores y ampliar el universo de instrumentos financieros disponibles, así como también posicionar a Chile como una plaza financiera a nivel regional, de forma tal de sacar provecho de las ventajas comparativas que el país posee en materia de estabilidad social, política y económica; experiencia en administración de activos financieros; infraestructura y telecomunicaciones, entre otras.
La Comisión discutió el proyecto tanto en general cuanto en particular en el primer informe, en virtud de la autorización otorgada por la Sala en sesión de 19 de enero próximo pasado, y sus miembros presentes, Honorables señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag, aprobaron por unanimidad la idea de legislar.
En cuanto a la discusión en particular, la Comisión efectuó una serie de enmiendas al texto despachado por la Cámara de Diputados, las cuales fueron acordadas en forma unánime.
Cabe consignar que el número 2) del artículo 2º; el número 1) del artículo 3º, y el inciso cuarto que agrega el número 2) del artículo 9º tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 21 señores Senadores.
Por otro lado, tienen el carácter de normas de quórum calificado los números 11) y 13) del artículo 1º y, en consecuencia, requieren para su aprobación el voto favorable de 19 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, yo rogaría que se empezaran a tocar los timbres para ver si vamos a tener quórum. De otra manera, tendríamos que pedir segunda discusión o aplazamiento de la votación. Existe absoluto consenso en torno a este proyecto dentro de los miembros de la Comisión de Hacienda y también entre el anterior titular de la Cartera y las actuales autoridades, por lo que sería una pena que se perdiera por falta de quórum.
Creo que lo primero, señor Presidente, es ver si vamos a tener los votos necesarios o no.
El señor WALKER (don Ignacio).-
¡Que se abra la votación!
La señora MATTHEI.-
Es que si se abre la votación y después no se alcanza el quórum...
El señor PIZARRO (Presidente).-
Señora Senadora, vamos a hacer lo siguiente.
Se ha abierto la discusión. Veamos cuántos interesados se inscriben y, al término del debate, antes de procederse a la votación, tocamos los timbres y se suspende el tratamiento de la iniciativa hasta que lleguen colegas en número suficiente.
La señora MATTHEI.-
Lo que pasa, señor Presidente, es que mientras más nos demoremos en tocar los timbres, menor será la probabilidad de que haya la cantidad requerida en la Sala.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Pero primero veamos cuántos se inscriben para hacer uso de la palabra.
La señora MATTHEI.-
No creo que haya demasiados voluntarios. Nunca los hay en temas de Hacienda. Así que por eso le pediría...
El señor PIZARRO (Presidente).-
En este momento hay dos Senadores inscritos. Esperemos que hagan uso de la palabra, y en cinco o diez minutos más empezamos a tocar los timbres.
¿Le parece?
La señora MATTHEI.-
¡Usted es quien preside...!
El señor PIZARRO (Presidente).-
Muy bien.
Primero le voy a conceder la palabra el señor Subsecretario de Hacienda.
El señor ÁLVAREZ (Subsecretario de Hacienda).-
Ante todo, señor Presidente, quiero agradecer una vez más a la Sala la oportunidad de ingresar y participar en la discusión, y, al mismo tiempo, de entregar antecedentes respecto de un proyecto tan importante como este, conocido como "Mercado de Capitales III".
Sobre el particular, solo quiero decir dos cosas.
En primer lugar, me permito recordar, porque me parece de total justicia, que el proyecto fue presentado en su momento por la Presidenta Michelle Bachelet y, en particular, por su Ministro Andrés Velasco; que fue ampliamente discutido y respecto del cual, como decía la Senadora señora Matthei, existe total acuerdo.
En seguida, debo señalar que a nosotros, como Ejecutivo entrante, nos parece absolutamente necesario aprobar estas disposiciones, que son importantes para el mercado. Estamos disponibles para presentar a la brevedad el conjunto de indicaciones acordadas en la Comisión de Hacienda en su momento, en la discusión a la que aludía la Senadora señora Matthei. Se trata de normas que buscan complementar los elementos centrales del proyecto, como agregar competencia al mercado del crédito; dar mayor liquidez y profundidad a nuestros mercados de valores; impulsar la internacionalización de nuestra moneda y nuestros mercados, y, finalmente, ampliar algunos aspectos del mercado financiero.
En suma, señor Presidente, quiero destacar que este proyecto fue presentado anteriormente por la Administración de la Presidenta Bachelet y que nosotros respaldamos como nuevo Ejecutivo; que están listas las indicaciones, y que, por supuesto, en su momento también presentaremos nuevas iniciativas, en el marco de nuestro programa de gobierno. Pero, como digo, nos parece indispensable que el Congreso despache ahora esta normativa.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, estamos ante una materia sumamente técnica. El Gobierno de la Presidenta Bachelet y, en especial, el Ministro Andrés Velasco le colocaron mucho empeño para despacharla durante su mandato, pero un impasse producido en esta Sala, justamente entre el titular de Hacienda y un colega Senador, impidió que ello se lograra antes del cambio de mando.
El señor LONGUEIRA.-
¿Cuál impasse?
El señor LARRAÍN.-
¿Quién es el colega?
La señora MATTHEI.-
No está en este momento.
El señor SABAG.-
Así es.
¡Fue un pequeño altercado, un pequeño impasse...!
Como sea, el proyecto es, sin duda alguna, de gran relevancia para el desarrollo y crecimiento del país. En su estudio participaron organismos técnicos, asesores de los señores parlamentarios de la Alianza, a través de sus institutos, y, por supuesto, el equipo de Hacienda, con todos sus especialistas. Nosotros lo aprobamos por unanimidad en la Comisión, y espero que aquí se proceda en la misma forma.
Evidentemente, aún no tenemos el quórum necesario para ello -necesitamos 21 votos positivos-, pero ojalá que lo alcancemos a reunir, porque se trata de un cuerpo legal de alto interés para el desarrollo y crecimiento de Chile. Incluso, algunas de las medidas que contiene permiten que los bancos extranjeros, sin instalarse en el país y contando con una sola oficina, coloquen recursos a empresas importantes, con un montón de otras facilidades para las diversas actividades productivas y económicas.
Todas las disposiciones son muy relevantes. El Ministro Andrés Velasco defendió ardorosamente este proyecto, el cual, a mi juicio, resulta altamente conveniente para el desarrollo e interés del país.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, Honorables colegas, efectivamente, este es un proyecto que se trabajó y se debatió en forma amplia en la Cámara Baja. Incluso, el actual Subsecretario de Hacienda participó como Diputado en la discusión registrada en la Comisión técnica de la otra rama del Parlamento.
Básicamente, quiero expresar mi satisfacción porque la Cámara lo haya aprobado y, al mismo tiempo, mi deseo de que el Senado proceda en idéntico sentido.
Cabe recordar que las Comisiones de Hacienda de ambas Corporaciones invitaron a la Asociación de Bancos para que de alguna manera explicara por qué razón sus entidades afiliadas no estaban en línea con la decisión del Instituto Emisor -a cuyo Presidente también invitamos- para bajar la tasa de interés a 0,5 por ciento anual en un momento de crisis económica. Porque esa respuesta no se observaba en las colocaciones de bancos comerciales y financieras. Y, producto de la acción de ambas Comisiones, se propició una reacción más positiva de parte de ellos.
No obstante, estructuralmente, creemos que los bancos en Chile han estado gozando durante muchísimos años -en rigor, desde siempre- de un privilegio.
Cuando comenzó la globalización, a quienes eran fabricantes de calzado les pedimos competir con el extranjero. Muchos no pudieron hacerlo y debieron cerrar sus establecimientos. Hubo despido de trabajadores. Lo mismo ocurrió con la industria metalmecánica. Solo algunos sobrevivieron: los más eficientes y competitivos. Y lo mismo ocurrió en el mercado de las telas. En general, a todo el mundo en Chile se le dijo: "¡Compita!".
Sin embargo, en el mercado financiero nos encontramos con que estaban vedadas -todavía lo están- tasas de interés que se ofrecen en otras latitudes, con un costo del dinero bastante más bajo que el que nosotros somos capaces de obtener en los bancos nacionales. ¿Por qué? Porque estos se hallan cerrados y desean competir solamente entre ellos. Al mercado nacional no entran los costos internacionales del dinero.
Por eso, este proyecto constituye un gran avance, porque permite que los offshore o capitales extranjeros vengan a competir, a costos internacionales, por ejemplo, en la colocación de una tarjeta de crédito. Pensemos que en Chile, a pesar de que el Banco Central tiene una referencia del costo del dinero de 0,5 por ciento anual, las tarjetas de crédito cobran intereses del orden del 55 al 65 por ciento al año. ¡De esos montos estamos hablando!
Entonces, con las modificaciones propuestas se busca que capitales extranjeros vengan a competir con los nacionales, para que las empresas de menor tamaño también puedan ser sujetos de crédito. En definitiva, creo que este proyecto se traduce en darle mayor competencia al mercado, en ofrecerles mejores oportunidades a las personas en general, en la medida en que se crea una figura definida como "crédito hipotecario universal". Se trata de un instrumento que podrá ser comparado con las tasas del mercado internacional y que obligará a los bancos y demás emisores de crédito a entregar tablas para cotejar el costo de un préstamo determinado entre dos o más entidades financieras. Porque si hoy hay algo difícil para los usuarios es poder comparar el costo de los créditos, porque estos, a través de comisiones u otros cobros, al final terminan aplicando una tasa de interés diferente de la publicitada.
Señor Presidente, celebro que el Senado despache este proyecto de ley, el cual permitirá que la economía nacional sea más competitiva, en especial en su sector financiero y bancario, lo que irá en beneficio principalmente de los que emprenden.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Le propongo a la Sala abrir la votación. Hay dos Senadores más inscritos. Creo que de esa forma será más fácil reunir el quórum.
Además, después tenemos que ver el proyecto que en este momento se halla analizando la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sobre modificación de plazos en materia de actuaciones judiciales y declaración de muerte presunta en las zonas afectadas por el terremoto, que también requiere quórum especial.
El señor LONGUEIRA.-
Una consulta, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Quiero saber qué ocurre si, abierta la votación, no se alcanza el quórum para aprobar la iniciativa. ¿Existe alguna salida para que ella no se pierda? El señor Secretario está moviendo la cabeza indicando que no la hay.
En ese caso, preferiría que quedara para Fácil Despacho en la próxima sesión ordinaria.
El señor PIZARRO (Presidente).-
No hay salida, pero tenemos los Senadores necesarios para reunir el número requerido.
El señor LONGUEIRA.-
¿Cuántos votos se requieren, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Veintiuno.
Entonces, propongo abrir la votación, porque los señores Senadores están entrando y saliendo de la Sala. Y en este momento hay justo esa cantidad.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, tal como decía la Senadora señora Matthei, en este ámbito siempre hay pocas intervenciones.
Sin embargo, a propósito de una reforma al mercado de capitales en medio de una crisis, en medio de los anuncios de reformas tributarias efectuados por el Ministro Felipe Larraín, la duda que me cabe -como esta iniciativa fue enviada a fines del año pasado por el Gobierno de la Presidenta Bachelet- es si la actual condición y las medidas anunciadas por el titular de Hacienda van en el mismo sentido de lo que estamos votando.
Esto, particularmente porque este proyecto, llamado "MK3", tiene por finalidad profundizar las medidas establecidas en las anteriores leyes de mercado de capitales. Y, dentro de las modificaciones propuestas, se halla una mayor flexibilización tributaria, es decir, exención de impuesto a las ganancias de capital. Justamente en mi intervención de ayer le dije al Ministro de Hacienda que si había un tributo que aumentar ese era el de las ganancias de capital.
Por eso, quiero preguntar al señor Subsecretario si no estamos introduciendo un elemento en el consenso logrado ayer en torno a las cinco medidas que nos propuso el Ministro Felipe Larraín para abordar la reconstrucción.
Este es un tema complejo.
El año 2000 se dictó la Ley de Opas; el 2001, la ley N° 19.768, sobre reforma al mercado de capitales; el 2007, la ley N° 20.190, la segunda reforma, denominada "Ley de Mercado de Capitales II", la cual, entre otras cosas, promovió la disponibilidad de financiamiento para las pymes, con la creación de nuevas empresas por parte de personas que tuvieran capacidades de emprendimiento, y otorgó un beneficio tributario que se aplica a los fondos tanto públicos como privados que inviertan en empresas más pequeñas.
Todas estas medidas aparecen como necesarias.
Sin embargo, señor Presidente, me asalta la duda -pues no está dentro de las áreas en que me ha tocado participar en el Senado- de si este conjunto de leyes de mercado de capitales ha tenido algún efecto positivo. Porque cuando el actual Gobierno era Oposición hacía una crítica constante respecto al dinamismo de la economía y una acusación permanente sobre el crecimiento. Se decía: "Hay responsabilidad del Gobierno de la Presidenta Bachelet por el estancamiento del crecimiento. Hemos perdido oportunidades para crecer, para ser más competitivos". Pero resulta que desde el año 2000 hemos venido aprobando un conjunto de leyes reformadoras del mercado de capitales, y la pregunta que surge es si ellas han logrado el éxito esperado.
Entonces, como no participé en la Comisión y hoy se debate en la Sala el tema, a uno le asiste el legítimo derecho a consultar si ha habido una evaluación de las normativas anteriores sobre la materia, para saber si fueron bien diseñadas, si resultaron exitosas, antes de que nos pidan aprobar esta Ley de Mercado de Capitales III, que además trae mayor flexibilización, es decir, exención de impuestos de ganancias de capital.
Siento que estamos obligados a efectuar una mayor reflexión. Porque, en definitiva, lo que yo quiero es que haya más impuestos a las empresas más grandes para financiar la reconstrucción. Y por eso le he dicho al Ministro Larraín: "Si quiere contar con nuestro apoyo, apliquemos mayores tributos a las grandes empresas, particularmente a las ganancias de capital, para poder costear y financiar la reconstrucción".
El informe del Banco Mundial del año 2009 mostraba un escenario nada alentador. Se indicaba que la producción mundial podía reducirse hasta un 2,9 por ciento, y el comercio mundial, casi un 10 por ciento, por el temor existente en los mercados internacionales, en tanto que los flujos de capital privado podían caer de 707 mil millones de dólares, en 2008, a 363 mil millones en lo que restaba de ese año.
Ese escenario de incertidumbre para la inmensa mayoría de la población mundial se mantiene.
Todos sabemos que, a pesar del desastre propiciado por la crisis bancaria en los Estados Unidos, al final el que paga es Moya. Quienes han pagado los costos de la recesión mundial no han sido las personas de más altos ingresos, no han sido los causantes. Y es el debate con que se ha encontrado Obama cuando ha solicitado inyectar recursos estatales al sistema capitalista para salvar a la General Motors, para salvar a los bancos privados; el mismo debate que tuvimos frente a lo que en un momento fue la crisis de los mercados de capitales, en particular del sistema financiero denominado "capitalista". Y algunos, desde las bancadas de enfrente, nos decían que era un "veranito de San Juan".
Yo, señor Presidente, quisiera preguntarle a la Senadora señora Matthei, que en estas materias tiene mucha experiencia y capacidad, si efectivamente esta legislación de mercado de capitales ha tenido como único norte aumentar la especulación financiera y permitir que los dueños del capital puedan invertir y reinvertir cuantas veces quieran con dinero que, sin duda, no les pertenece.
Porque estamos hablando, por cierto, de la llegada de capitales extranjeros bajo condiciones que hacen favorable su arribo, pero también de normas que permiten que el dinero acumulado por las administradoras de fondos de pensiones -que a estas alturas deben de alcanzar los 137 mil millones de dólares- pueda ser invertido. El punto es: quién los invierte y, particularmente, en qué son invertidos.
Lo mismo planteamos ayer a propósito del debate sobre la reconstrucción del país tras el terremoto.
Por supuesto, hay que debatir. Lo dice Ffrench-Davis. Hay que discutir acerca de cómo invertir los fondos de las AFP en el país con motivo de la reconstrucción. No se trata de lo que mucha gente ha planteado, dentro de su desesperación, como retirar de su cuenta de capitalización individual plata para reparar su casa, sino de tomar decisiones sobre el uso de esos fondos, dentro del proceso de reconstrucción, en negocios rentables que hagan crecer las cuentas de los cotizantes. Porque, si hay un buen negocio de concesiones y me dicen que se hará con inversión de la gente, yo estoy dispuesto a debatirlo.
Si la iniciativa se orienta en ese sentido, tendré disponibilidad para aprobarla. Pero lo desconozco, señor Presidente.
Este proyecto, denominado "MK3", aumenta la liquidez del mercado financiero echando mano a mayores ahorros de los asalariados (previsionales, hipotecarios) y facilita la concentración de capitales introduciendo en el negocio financiero a empresas de menor tamaño, más proclives a quebrar.
Mis dudas son las siguientes.
¿Habrá protección para las empresas más pequeñas con esta nueva regulación? ¿Estarán más protegidas? ¿Habrá un proceso de fortalecimiento para las pymes? ¿Se protegerá al consumidor de estos procesos, que aumentan el dinamismo de capital, pero que al final, cuando se producen las quiebras, siempre las paga Moya? Un ex Ministro del Gobierno anterior señaló en ICARE 2009 que sí, que se iba a proteger más a los consumidores.
Por otra parte, esta es una iniciativa que también provoca diferencias en gran parte del empresariado chileno, porque, por ejemplo, amplía las facultades para que cajas de compensación, aseguradoras y, principalmente, bancos extranjeros -como decía el Senador señor Tuma- puedan vender directamente créditos a las personas y a las pequeñas y medianas empresas. Obviamente, un sector importante de la banca quiere mantener el monopolio actual, las regalías de mercado. Pero la verdad es que, si estos nuevos inversionistas van a operar con fondos pertenecientes a todos los chilenos, me gustaría saber si efectivamente, ante un escenario de mayor dinamismo y flexibilidad, contaremos con protección adecuada para los pequeños empresarios y los pequeños ahorristas.
Esas son mis dudas, señor Presidente.
Este proyecto fue presentado por la Presidenta Bachelet el año pasado y nosotros lo consideramos en buena forma. Sin embargo, hoy enfrentamos un nuevo escenario económico en Chile producto de la reconstrucción, que obliga, no a flexibilizar tributos, sino a aumentarlos.
Por lo tanto, si la iniciativa va a fortalecer una mayor flexibilidad, yo no estoy disponible para apoyarla, al menos en ese aspecto. Por cierto, los Senadores que trabajaron esta materia en particular con especialidad y en detalle podrían aclarar estas dudas.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, el proyecto que nos ocupa, conocido como "Mercado de Capitales III" o "Reforma al Mercado de Capitales III", contiene disposiciones que modifican diversos cuerpos legales.
Entre ellos, originalmente, el que establece los fondos de inversión; la Administración de Fondos Mutuos; las sociedades securitizadoras; las Administradoras Generales de Fondos, las Administradoras de Fondos de Pensiones, los Fondos de Inversión de Capital Extranjero; la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del decreto ley N° 824; la Ley de Mercado de Valores; el Código Tributario; la Ley General de Bancos.
Curiosamente, no hubo acuerdo respecto del tratamiento que deben tener los fondos de inversión, en lo fundamental, en materia tributaria.
Y esto es lamentable, porque dentro de lo que consideramos fondos de inversión deben estar los llamados "capital semilla", que tienen un primer nivel de riesgo para los emprendedores que quieren colocar nuevos productos y que en la conquista o búsqueda de nuevos mercados pueden fracasar, no obstante haber hecho los esfuerzos en forma honesta.
Los países más desarrollados del mundo tienen una cultura distinta a la nuestra y no hacen leña del árbol caído. En ellos, cuando una persona que emprende cae, el propio Estado la ayuda a levantarse, para que vuelva a emprender.
Nosotros, con la Ley de Quiebras que nos rige, no modernizada, en realidad hacemos precisamente lo contrario: cuando alguien emprende y le va mal, lo condenamos de por vida y le endilgamos el título de "fracasado", cuando probablemente, si esa persona aprendiera de sus errores y volviese a emprender, de seguro le haría un gran favor a Chile al generar nuevos empleos y mayor riqueza.
Por eso lamento tanto que no hayamos tenido acuerdo en el tratamiento que deberíamos dar a los fondos de inversión. Tanto es así, que para traer esta iniciativa a la Sala simplemente se eliminó el capítulo correspondiente.
Recuerdo el empeño hecho por la Senadora señora Matthei en la Comisión de Hacienda para que, dentro de los fondos de inversión, consideráramos también los llamados "capitales ángeles".
Tampoco hubo acuerdo en ello.
Por tal razón, si bien es cierto que dicha Comisión recomienda aprobar la idea de legislar -incluyendo las indicaciones discutidas, pero no presentadas reglamentariamente y convenidas con el equipo asesor del entonces Ministro señor Velasco-, el proyecto sigue siendo incompleto.
En consecuencia, me alegro del anuncio hecho ayer por el Ministro de Hacienda y el Subsecretario, aquí presentes, en el sentido de que habrá un "Mercado de Capitales IV", porque numerosas cuestiones se quedaron fuera del texto que ahora nos ocupa. Son muchas las materias que la industria solicita para fomentar el mercado de capitales y contar con mayores recursos de inversión, a fin de que ellos signifiquen más progreso y prosperidad y mejores fuentes de empleo.
Por último, con respecto a las inquietudes que legítimamente planteó el Honorable señor Navarro, quiero decir que, en general, el proyecto restringe la aplicación del impuesto a las ganancias de capital en comparación con las actuales normas. Por lo tanto, es más limitativo; pero, desde el punto de vista tributario, incentiva, aunque en menor medida, la creación de sistemas de financiamiento de inversión.
No sé si lo anterior deja conforme al Senador mencionado. Pero quiero ser súper franco: si no hay sistemas tributarios que incentiven el ahorro y la inversión y no elevamos la tasa de inversión, no vamos a alcanzar los niveles de desarrollo que el país y los jóvenes necesitan y esperan.
Con todo, anuncio que los Senadores de Renovación Nacional votaremos favorablemente la idea de legislar.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, con relación a la pregunta sobre si las anteriores reformas al mercado de capitales han rendido fruto o no, la respuesta es mixta.
En algunos casos han tenido grandes resultados. Por ejemplo, la reforma a los fondos de inversión, que son fundamentales en la cadena de financiamiento de pequeñas y nuevas empresas, ha sido superexitosa.
Una industria que se puede considerar prácticamente inexistente mueve hoy mucho dinero. Es la forma que tienen para financiarse pequeñas empresas innovadoras, que están apostando a crecer.
Como dije, ha sido en verdad exitosa. Pero en otros casos -como la bolsa offshore-, en realidad, no se han dado los frutos que se esperaban.
Por lo tanto, la respuesta en general es mezclada.
Algunas reformas han permitido un mercado de capitales más ágil y competitivo. Pero, creo que lo más importante es que dan una oportunidad a empresas nuevas, sin historia, que muchas veces no tienen llegada a los bancos tradicionales para obtener financiamiento, sobre todo, con una tasa de interés que no es fija. Porque hay que recordar que las empresas pequeñas, fundamentalmente las nuevas, generalmente no quiebran porque sus ideas o el negocio sean malos, sino por falta de liquidez.
Entonces, cuando uno posee algún tipo de crédito que debe pagar mediante una cuota mensual y en determinado mes no tiene liquidez, empiezan a producirse problemas y, finalmente, sobreviene la quiebra.
Hay que tener presente que el 80 ó 90 por ciento de las empresas nuevas quiebran dentro de los primeros dos años.
Ha habido ciertos avances notables en nuestro mercado financiero.
El proyecto que nos ocupa es importante, pero no implica un cambio notable. Sin embargo, contiene algunas materias realmente relevantes, que por lo menos yo respaldo mucho.
Por ejemplo, se crea el "Crédito Universal".¿Qué significa esto? Es bastante parecido a lo que sucede en las isapres cuando alguien quiere saber, por ejemplo, cuál es el mejor producto y el más barato.
Resulta muy difícil comparar lo que ofrecen los bancos. Porque algunos ofrecen planes a 24 meses, y otros a 36; algunas instituciones dan dos meses de no pago, y otros seis, o permiten la posibilidad de cuotas anuales.
Entonces, ¿cómo comparar productos distintos si la persona no es experta en finanzas?
Acá se crea un producto único, que tendrán que ofrecer todos los bancos, las cajas de compensación y los que prestan dinero al público, de tal manera que uno pueda ver cuál es el menos oneroso. Representa una ayuda para el no especializado en materia financiera, por cuanto podrá saber cuál institución ofrece las mejores condiciones de crédito.
Se consigna también lo relativo a la mayor competencia, que considero algo súper bueno. El que distintas entidades puedan prestar directamente al público me parece que genera competencia en un ámbito donde -recordemos- ella estuvo cerrada durante muchos años.
Luego de la crisis de la banca en Chile entre 1982 y 1983, transcurrieron muchísimos años sin que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras diera nuevas licencias bancarias. ¡No lo hizo! Más aún, muchos de los bancos existentes se fusionaron, quedando muy pocos en el mercado.
Sin embargo, al final hubo que abordar esa falta de competencia. Y eso empieza a ocurrir ahora, pues se ha abierto la posibilidad de entregar licencias a nuevas instituciones bancarias -¡por fin!-; pero también se permite a muchas otras entidades prestar dinero en forma directa.
También se crean algunos mecanismos como la securitización de bonos, que va a permitir a empresas pequeñas la emisión de tales instrumentos. En realidad, hoy día las grandes empresas son las únicas que pueden hacerlo a tasas razonables, con compradores seguros.
Al confeccionar un paquete con bonos emitidos por distintas entidades, se diversifica el riesgo del adquirente, porque están securitizados dichos instrumentos financieros. Entonces, ya no se toma solo el riesgo de una pequeña empresa, sino de un promedio de varias de ellas, por la securitización de los bonos. Ello permite una nueva forma de financiamiento realmente súper importante para instituciones de menor tamaño.
En general, con los bonos se obtienen mejores tasas que a través de créditos solicitados a un banco. Y además -lo más importante-, es que se otorga seguridad en un determinado horizonte de tiempo respecto a la tasa. Porque el problema de las pequeñas y medianas empresas es que generalmente obtienen créditos a corto plazo, quedando afectas a los cambios experimentados por el mercado.
Al respecto, debemos recordar lo ocurrido en 1997 y 1998 cuando se dispararon las tasas de interés. Como ellas siempre se determinan a corto plazo, tal aumento terminó llevando a la quiebra a muchos empresarios.
Por lo tanto, lo propuesto ahora permite un panorama de mayor tranquilidad para las pequeñas y medianas empresas.
Como dije, la iniciativa contiene diversas medidas razonables, que van por el buen camino. Pero no se trata de la última reforma al mercado de capitales que vamos a tener. Porque, como en Chile y en todos los países esos mercados son extraordinariamente ágiles, deben crearse continuamente nuevos productos, que tienen que reglamentarse y ver si dan o no seguridad.
Nuestro país, en general, ha tenido una muy buena regulación bancaria después de 1982. Eso ha permitido, por ejemplo, que el sector financiero saliera prácticamente incólume después de la debacle del año pasado.
Por lo tanto, el proyecto va en el buen sentido. No diré que representa un paso gigantesco, pero sí uno importante, sobre todo para pequeñas empresas, consumidores e inversionistas de menor tamaño.
Desde ya dejo invitado al Senador señor Navarro a la discusión en particular de la normativa, que realizaremos en la Comisión el primer martes de abril, después de la semana regional.
Pero insisto: se trata de una iniciativa que va por buen camino.
En cuanto a otras cuestiones posibles de incorporar, consideramos que, infortunadamente, todavía no estaban bien maduras. Por ejemplo, una de ellas -como señaló el Honorable señor García- me preocupaba mucho: la llamada "inversión ángel" -inteligentemente pensada-; porque una persona no solo coloca dinero -que generalmente pertenece a ella y no a una institución financiera-, sino que además pone sus conocimientos y sus contactos en el manejo del negocio, lo que, en el fondo, ayuda a un nuevo empresario a llevar sus ideas adelante.
Eso no se incluyó. Le faltaba madurez. Pero espero que se haga en el próximo proyecto.
Sin embargo, creo que con la iniciativa en debate estamos dando pasos relativamente modestos, pero que, al final, revisten igual importancia para dar un mejor funcionamiento del mercado de capitales.
Voto que sí.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (27 votos afirmativos).
Votaron las señoras Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín, Longueira, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Corresponde fijar plazo para presentar indicaciones.
Se sugiere el día lunes 5 de abril, a las 12.
--Así se acuerda.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Señores Senadores, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento ya despachó la iniciativa que modifica plazos en materia de actuaciones judiciales y declaración de muerte presunta en las zonas afectadas por el terremoto, aprobándola tanto en general cuanto en particular.
En este momento, se están sacando copias del informe en la parte pertinente, de suerte que mientras llegan los documentos haré la relación de la normativa.
MODIFICACIÓN DE PLAZOS EN MATERIA DE ACTUACIONES JUDICIALES Y DECLARACIÓN DE MUERTE PRESUNTA EN ZONAS AFECTADAS POR TERREMOTO
El señor PIZARRO (Presidente).-
En virtud del acuerdo de Comités, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica plazos en materia de actuaciones judiciales y declaración de muerte presunta en las zonas afectadas por el terremoto, con certificado de aprobación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6856-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 2ª, en 17 de marzo de 2010.
Informe de Comisión:
Certificado de Constitución, sesión 5ª, en 24 de marzo de 2010.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Los objetivos principales de la iniciativa son adoptar medidas que faciliten la prosecución de los procedimientos judiciales y agilizar la declaración de muerte presunta en las zonas afectadas por el terremoto y maremoto acaecidos -desgraciadamente- el día 27 de febrero recién pasado.
La Comisión discutió el proyecto tanto en general cuanto en particular y dio su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Honorables señora Alvear y señores Chadwick, Espina, Gómez y Muñoz Aburto.
En cuanto a la discusión particular, efectuó modificaciones a la normativa presentada por el Ejecutivo, proponiendo el texto consignado en el certificado que Sus Señorías tienen ya sobre sus escritorios.
Dichas enmiendas fueron acordadas de manera unánime.
Cabe tener presente que los incisos tercero y cuarto del artículo 1° y el inciso segundo del artículo 2° tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 21 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para proceder de la misma manera que con el proyecto anterior; es decir, abriendo la votación de inmediato, independientemente del derecho que asiste a Sus Señorías para fundar el voto.
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO (Presidente).-
¿El señor Ministro ha pedido la palabra?
El señor BULNES (Ministro de Justicia).-
Sí, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Entonces, abriré la votación una vez que concluya su intervención.
Tiene la palabra, señor Ministro.
El señor BULNES (Ministro de Justicia).-
Señor Presidente, quiero ratificar, como explicó el señor Secretario, que este proyecto, que urge y remedia circunstancias extraordinarias provocadas por el terremoto y los maremotos, consta de dos ejes centrales que es imprescindible abordar cuanto antes.
El primer eje consiste en prorrogar los plazos de los procedimientos judiciales en trámite o que deban tramitarse ante los tribunales que resultaron dañados por la catástrofe. La Corporación Administrativa del Poder Judicial elaboró una nómina donde se les identifica: todos los de las Regiones del Maule y del Biobío, y otros de zonas afectadas. Estos últimos fueron elegidos según un criterio exclusivamente técnico: presentar una situación de completa anormalidad en su funcionamiento.
Sin perjuicio de ello y ante la eventualidad de que la condición precaria de ciertos juzgados en operación justifique considerarlos en la norma de prórroga de plazos, el proyecto contempla una facultad discrecional: cualquier persona que estime que sus derechos no pudieron ser ejercidos de modo oportuno podrá invocar expresamente ante dichos tribunales la causal de entorpecimiento, los que resolverán en forma prudencial si esta es procedente o no.
El segundo eje de la iniciativa se refiere a la declaración de muerte presunta.
Tratándose de personas desaparecidas producto del terremoto y de los maremotos, se acorta el plazo establecido para este efecto en nuestra legislación. Así, los parientes de las víctimas no tendrán que esperar el año que prevé el Código Civil para solicitar la declaración de muerte presunta, pues podrán requerirla noventa días después del 27 de febrero pasado.
Tal disposición reviste una importancia radical, porque permitirá a los familiares que han sufrido estas pérdidas y que ignoran el paradero de sus seres queridos realizar los trámites jurídicos pertinentes y aprovechar las consecuencias económicas asociadas (disponer del patrimonio de los desaparecidos, cobrar pensiones y seguros) después de noventa días y no de un año, que nos parece excesivo.
En ese punto, destaco que la reducción del plazo a noventa días no impone a los parientes la obligación de solicitar la declaración de muerte presunta. Simplemente, les da la posibilidad de hacerlo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
De conformidad con lo acordado, procederé a abrir la votación.
En votación general.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, tal como lo planteamos públicamente, consideramos de absoluta necesidad proceder a la prórroga de los plazos judiciales.
En algunas Regiones los propios tribunales han invocado la causal de entorpecimiento, a fin de permitir prorrogar de hecho tales plazos.
La situación de catástrofe que ha vivido nuestro país ha generado un dramático efecto en los edificios que albergan a los tribunales de justicia en las zonas más afectadas. Así sucedió con todos los juzgados de las Regiones Séptima y Octava, y con algunos de las Regiones Sexta, Metropolitana y Quinta.
En esta última los juzgados han funcionado por turnos, lo que ha imposibilitado el cumplimiento de todos los trámites judiciales y de los plazos respectivos.
En la comuna de San Antonio, por ejemplo, el inmueble donde operaban los juzgados en lo penal fue declarado prácticamente inhabitable.
Por eso, los primeros días después de la catástrofe del 27 de febrero planteamos la necesidad ineludible de estudiar alguna disposición con el objeto de suspender los plazos judiciales.
Por otra parte, propusimos -esto fue recogido por el Supremo Gobierno- una norma como la contemplada para un caso similar en la Ley Janequeo. Esta fue dictada en la década de los sesenta a raíz del hundimiento de la escampavía "Janequeo", catástrofe en la que desaparecieron varios tripulantes. Entonces se estableció la posibilidad de declarar la muerte presunta a través de un decreto.
La petición concreta fue limitar o acortar los plazos a partir de los cuales los familiares de personas hoy desaparecidas -han debido lamentar esas pérdidas y sobrellevar el sufrimiento que involucran- podrían solicitar la declaración de muerte presunta.
El proyecto, iniciado en mensaje, fija un plazo razonable de noventa días. En ese período se agotan todas las instancias para los efectos de encontrar con vida a los desaparecidos, o bien, sus cuerpos. Y a partir de ese momento se alivian las consecuencias civiles de ese hecho, las que dicen relación con el cobro de pensiones, con hacer uso de los bienes muebles e inmuebles de que eran dueñas las víctimas.
La iniciativa apunta en la dirección correcta.
Por eso, voto a favor de ella y pido a los señores Senadores que la aprobemos de forma unánime.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, me corresponde informar acerca del contenido, sentido y alcance del proyecto.
En primer lugar, quiero dejar constancia en la Versión Oficial del reconocimiento de los integrantes de dicho órgano técnico al abogado y profesor don Raúl Tavolari por su activa colaboración en el análisis de la iniciativa. Le avisamos recién ayer que necesitábamos su participación, y él viajó de inmediato a Valparaíso.
Aprovecho de precisar que los asesores de la Comisión de Constitución nos entregan su contribución ad honórem.
Valoramos el acuerdo de los Comités que permitió tratar hoy el proyecto, y también, el aporte y la disposición del señor Ministro de Justicia para perfeccionar el texto, consensuarlo y dejarlo en condiciones de ser despachado.
Como se ha señalado, la normativa tiene dos objetivos centrales.
El primero consiste en resolver la situación de las personas desaparecidas a consecuencia de la catástrofe del 27 de febrero pasado.
El plazo para la declaración de muerte presunta en nuestro país es de un año. En virtud del artículo 2° de la iniciativa, se reduce a tres meses en las Regiones de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O¿Higgins, del Maule y del Biobío.
¿Para qué se acorta dicho término? Para que los parientes de las víctimas puedan ejercer los derechos que les asisten y no los vean prorrogados por más de un año.
Por cierto, la declaración de muerte presunta que los familiares de los desaparecidos hagan libre y voluntariamente no significa que, por algún instante, se vayan a detener los esfuerzos desplegados para ubicarlos. Así lo han señalado el Presidente de la República y las distintas autoridades.
El artículo 3° establece algo muy importante sobre la misma materia. Se castigará con una pena bastante alta -presidio menor en su grado medio a máximo; o sea, de 541 días a 5 años- a quienes hagan mal uso de este derecho, ya sea porque conocen el paradero de la víctima de quien solicitan la declaración de muerte presunta o, en la otra hipótesis, porque saben que la persona sobrevivió. Ello constituye un resguardo contra el abuso de dicha facultad.
El segundo objetivo central, señor Presidente, está contenido en el artículo 1°, que es bastante complejo y debió ser examinado muy a fondo por la Comisión.
Esa norma prorroga por treinta días, desde el 27 de febrero pasado, los plazos de todos los procedimientos judiciales en trámite o que deban tramitarse ante los tribunales ordinarios, especiales y arbitrales de las Regiones del Maule y del Biobío, y ante los juzgados que se señalan de Santiago y de Rancagua, entre otros.
Asimismo, los plazos que se hayan iniciado o se iniciaren entre el 28 de febrero y los diez días posteriores a la fecha de publicación de la ley, también se prorrogarán hasta treinta días después de dicha publicación.
Esto es muy relevante, señor Presidente, porque hay muchos casos en tal situación.
Quiero poner un ejemplo.
¿Qué ocurre si una persona que mantenía una demanda por pensión de alimentos, o estaba ejerciendo una medida cautelar, o se hallaba apelando de una resolución de tuición no pudo cumplir en tribunales por encontrarse en las zonas afectadas? Se le prorroga el plazo para que no pierda su derecho.
Lo mismo sucede en materia penal para determinados casos. En lo relativo a los recursos de nulidad, ello podría derivar en que alguien, producto del terremoto, quedara sin su derecho a defenderse, o bien, imposibilitado de actuar ante el tribunal para pedir nada menos que la nulidad del juicio. Y algo similar pasa con otros recursos, como los vinculados a las actividades del fiscal y los que se refieren al antiguo proceso penal en la parte del plenario.
Además, la iniciativa contiene normas que regulan la situación de los tribunales de familia en las Regiones del Maule y del Biobío, como los señores Senadores podrán observar en el inciso tercero del artículo 1º.
Luego se plantea una disposición general muy importante: en todos los tribunales del país, exceptuados los indicados en el primer inciso del artículo 1º, podrá invocarse el llamado "impedimento". Tal figura ya existe en nuestra legislación. Significa que si una de las partes no puede ejercer un derecho en un juicio debido a un obstáculo de fuerza mayor, puede recurrir posteriormente al tribunal y expresar: "Un impedimento no me permitió ejercer mi derecho". Pero el plazo vigente es muy corto. Por ello, el proyecto propone aumentarlo a diez días desde el momento en que se publique la ley.
Estoy pensando, por ejemplo, en alguien que vive en el norte y debía realizar una actuación judicial pero no pudo cumplir por encontrarse de vacaciones en una de las zonas afectadas. Probablemente esa persona no alcanzó a llegar en los cinco días posteriores a la expiración del impedimento que se señalan en la ley vigente.
Por lo tanto, nos parece que la norma que extiende dicho plazo a diez días ayuda a que las personas no pierdan su legítimo derecho a ejercer acciones judiciales cuando ha ocurrido una catástrofe de la naturaleza de la que hemos conocido.
La Comisión aprobó en forma unánime el proyecto. Se trata de una muy buena iniciativa legal. Creemos que enfrenta problemas de fondo relacionados con el terremoto en dos áreas sensibles: los desaparecidos y los derechos que las personas ejercen ante los tribunales.
Reiteramos nuestros agradecimientos al profesor Raúl Tavolari; a los Comités, por la disposición que mostraron para posibilitar que la Comisión de Constitución cumpliera su cometido en forma expedita -el proyecto ingresó ayer a ella y, con varias correcciones, la Sala lo está votando hoy-, y al Ministerio de Justicia, en la persona de su titular, quien demostró diligencia y preocupación para que la iniciativa fuera perfeccionada.
Por esas razones, en nombre del referido órgano técnico, solicito a la Sala la aprobación del proyecto de ley.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, después de una catástrofe tan grande como la que vivimos, sin duda resulta imprescindible dictar una legislación que se adecue a las nuevas circunstancias.
Todos sabemos que en muchas demandas -especialmente por conflictos de alimentos y familiares- se fijan audiencias para seis a ocho meses más. Y es complejo que, llegado el momento, las personas no puedan asistir y queden impedidas de ejercer sus derechos por culpa de un terremoto. A veces, por inconvenientes en los procedimientos, numerosas causas son dejadas de lado y se pierden después de años de lucha.
En atención a esa circunstancia, presenté un proyecto de ley sobre la materia, el cual naturalmente fue declarado inadmisible por la Mesa.
Sin embargo, me alegro de que el Ejecutivo esté consciente de esta necesidad, por cuanto muchos juzgados del país quedaron destruidos, y otros, imposibilitados de funcionar. La Corte de Apelaciones de Concepción, por ejemplo, está sesionando en un local prestado por el Servicio Electoral, porque el establecimiento propio no se encuentra en condiciones para operar. Ello provocó, por supuesto, la postergación de audiencias, de comparendos y de una serie de trámites judiciales por varios días.
¿Cómo quedábamos ante esa realidad?
Con la ley en proyecto se solucionan -yo diría- satisfactoriamente todos los requerimientos en el ámbito judicial.
Cabe señalar que, para terminar la incertidumbre respecto de las numerosas personas que en mi zona fueron llevadas por el mar -está claro que no van a volver y que si después de varios meses el mar las regresa, por supuesto, estarán muertas-, el proyecto entrega una salida razonable.
Por último, para que muchas personas vivas no se aprovechen de las circunstancias derivadas del maremoto y del terremoto y pretendan solicitar la declaración de muerte presunta de forma irregular, se plantea el artículo 3º, que sanciona severamente a quien haga mal uso del artículo 2º.
Las disposiciones de la iniciativa se proponen, sana y limpiamente, en beneficio del país, con el objeto de solucionar un problema de muchas familias chilenas.
Voto favorablemente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, por cierto, votaremos a favor del proyecto.
La situación es concreta y real. Existe en la Región del Biobío.
Claramente, ahí los tribunales dejaron de funcionar. El edificio que los cobijaba se encuentra gravemente afectado. De hecho, todavía no se reanudan las actividades normales en su interior. La Corte de Apelaciones de Concepción ha debido ser trasladada a otra parte, al igual que muchos locales y dependencias de diversos juzgados.
Por lo tanto, me parece que la prórroga es procedente, toda vez que se requiere aminorar los costos y el castigo que han sufrido la Región y también las personas.
Muchos de los plazos judiciales se modificarán con la presente normativa.
Hago presente que del espíritu del proyecto se desprende que los plazos administrativos del Estado, en algún momento y con un mecanismo conocido, también deberán ser revisados. Me refiero a las postulaciones a los subsidios habitacionales y a las apelaciones ante diversos organismos reguladores y fiscalizadores estatales.
Si durante quince o más días los órganos públicos han permanecido anulados en la Región del Biobío -ignoro la situación de la del Maule-, claramente habrá plazos vencidos y personas que se verán afectadas en sus diversos trámites frente al Estado.
Así lo entendieron las entidades bancarias privadas, razón por la cual han ofrecido prórrogas en variadas materias.
En consecuencia, el examen de dicha situación al interior del aparato estatal, en sus diversas fases administrativas, deberá ser parte de un proyecto de ley misceláneo que contenga resguardos. Porque se trata de garantizar derechos de apelación, derechos de presentación en organismos del Estado, especialmente en dos Regiones: la del Maule y la del Biobío.
Tales derechos no han podido ser ejercidos en mi Región. Los servicios públicos se han visto impedidos para atender gente. La Intendencia fue prácticamente destruida; de hecho, no se halla en funcionamiento. Se han debido utilizar los locales del Ejército. La Gobernación y muchos edificios públicos han sufrido diversos daños. Las dependencias de la Seremía de Salud serán demolidas.
En definitiva, se ha alterado la actividad administrativa normal que permitía la relación entre los ciudadanos y el Estado.
El sector privado ha recogido esta inquietud de manera pronta, aunque no sé si tan justa. Los bancos, las financieras establecieron prórrogas de plazos que tienden a beneficiar a las personas. A mí me hubiese gustado mayor flexibilidad, más solidaridad.
Sin embargo, en el caso del Estado se abre el debate.
He planteado al Gobierno la necesidad de revisar esta situación. El mismo espíritu, las mismas razones, las mismas causales por las cuales se flexibiliza el plazo en tribunales deben operar respecto de los órganos administrativos del Estado. Y eso es materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
El Senador Sabag presentó un proyecto de ley relativo a plazos judiciales, el cual fue declarado inadmisible debido a las escasas facultades que tiene el Senado en un régimen de monarquía presidencial. Claramente, quien manda es el Primer Mandatario. Y va a seguir haciéndolo. Las funciones de esta Corporación se encuentran gravemente sesgadas, disminuidas.
El señor PROKURICA.-
¡Tuvieron veinte años para arreglar ese problema y no lo hicieron!
El señor NAVARRO.-
Ahora, con la llegada del nuevo Gobierno se abre un promisorio porvenir para la cesión de poder. Porque hemos compartido con muchos Senadores hoy día de Gobierno y ayer de Oposición la necesidad de restarle atribuciones al Ejecutivo.
Por ejemplo, se precisa facultar a los intendentes para que los nuevos plazos puedan ser fijados en las Regiones. No tienen para qué preocuparse de ello el Ministerio del Interior ni el de Justicia. Basta que en cada Región -los intendentes conocen muy bien la realidad de su zona- se aumenten los plazos respectivos, sin esperar una orden proveniente de 600 kilómetros al norte de la capital del Biobío.
Las normas destinadas a declarar la muerte presunta también constituyen una medida atingente y necesaria. Por doloroso que sea, es una realidad que las familias han debido enfrentar.
Este procedimiento facilita las cosas. No obstante, quiero referirme, sin el menor intento de agravar el daño, el dolor, el sufrimiento de las familias, a algo que planteé durante el debate presupuestario del Ministerio de Salud: el Servicio Médico Legal debe contar con los recursos necesarios para atender los fines de semana, pues así podrá efectuar las autopsias pertinentes y devolver de manera pronta los cuerpos de los fallecidos a sus familiares. Aquello no fue posible. Se trata de un tema pendiente. Se dijo que se otorgaría esa facilidad, pero en muchas Regiones no hay turnos. En el caso de Arauco, por ejemplo, y de otras provincias, deben viajar a Concepción. Y con las actuales dificultades de conexión, eso resulta muy complejo.
Estamos simplificando los trámites a las familias para que se decrete la muerte presunta. Pero en el caso de los fallecidos, sean producto del terremoto o no, siguen las limitantes en el Servicio Médico Legal, y en particular la inexistencia o la falta de profesionales los fines de semana para desempeñar un cometido que alivie el dolor de las familias.
Espero que con el nuevo Gobierno podamos abordar el problema. Así como estamos facilitando el reconocimiento de la muerte presunta, ojalá también hagamos posible, en el caso del Servicio Médico Legal, la entrega pronta, oportuna a los deudos de los cuerpos de los fallecidos, sean producto del terremoto o de cualquier otra circunstancia.
Voto a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se constituyó por acuerdo de la Sala especialmente para revisar y conocer el proyecto en análisis. A nuestro juicio, su despacho es urgente y necesario para quienes han sido víctimas en Chile de esta tremenda desgracia y catástrofe que fueron el terremoto y el maremoto.
Sin duda se trata de una iniciativa que permitirá resolver aspectos legales, considerando lo que significa la pérdida de familiares que aún no aparecen. Esto puede ayudar mucho a cerrar por lo menos una parte importante de esta tragedia.
Se hizo un esfuerzo. Se trabajó con el profesor Tavolari. Discutimos acerca de esta materia, teníamos algunas dudas, y al final fueron totalmente resueltas.
Quiero plantear dos cosas que me parecen importantes.
En primer lugar, como ya vivimos una situación especial con la Corte Suprema y el informe que no se emitió en su momento respecto del bono, en este caso se encuentra pendiente el informe del Máximo Tribunal. Pero entiendo que el Presidente del Senado conversó con el titular de la Corte Suprema y dicho documento se recibirá antes de que la iniciativa se despache al Ejecutivo. Por lo tanto, pensamos que la oportunidad y la celeridad con que está procediendo la Cámara Alta se hallan estrechamente ligadas a las urgencias que el país requiere. A veces nos contraponemos a lo mejor con los plazos, que debemos por supuesto respetar. Sin embargo, las urgencias han sido importantes, y así hemos actuado en dos proyectos de ley.
Relacionado con lo anterior se encuentra el segundo punto. Esta es la Oposición que anunciamos. La Oposición al Gobierno de Piñera es esta: responsable. Nos parecía importante votar el bono en su momento en forma expedita y a tiempo, y lo hicimos. Hoy, aprobar de modo rápido y oportuno este proyecto también lo consideramos relevante, y lo vamos a hacer.
Como expresé en esa ocasión, en aquellas materias en que no estemos de acuerdo, lo diremos con claridad; y en las que apoyemos y creamos necesarias, también actuaremos con prontitud y transparencia. Y en este caso, sin duda, estamos aprobando una iniciativa que será muy importante para la población.
El Honorable señor Navarro me pidió una interrupción. Se la concedo, con la venia de la Mesa, si es posible.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Estamos en votación, Su Señoría. No puedo otorgar interrupciones.
Senador Navarro, ¿quería agregar algo más?
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, hice una pregunta al Ministro Felipe Bulnes. ¿Es posible que la responda?
El señor PIZARRO (Presidente).-
No corresponde que el Ministro haga uso de la palabra en este momento, ya intervino al principio justamente para evitar problemas reglamentarios.
El señor CHADWICK.- ¡Le faltó decir: "Patagonia sin represas"...!
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, el proyecto en análisis -nos acompaña además el Ministro de Justicia, señor Felipe Bulnes- fue una de las iniciativas anunciadas por el Ministro del Interior en la sesión especial de ayer, dentro del contexto del plan de reconstrucción del país.
Y quiero hacer ese punto, pues me parece muy significativa la prontitud con la cual el Gobierno ha tramitado e intentado despejar todos los proyectos anunciados en los últimos días.
Además, considero muy relevante subrayar la unanimidad que concita esta iniciativa. Porque el terremoto que afectó a nuestro país el 27 de febrero recién pasado no solo implica un alto costo económico, físico y territorial para Chile, sino también un costo emocional infinitamente imposible de calcular, y menos económicamente, con respecto a los deudos, a las familias de las víctimas involucradas. Y creo que ello es un punto muy loable de destacar: el Gobierno no solo pone énfasis en una reconstrucción desde el punto de vista físico y económico, sino que también intenta reparar heridas que no tienen costo económico ni físico: las heridas del corazón.
Entonces, resulta importante el proyecto en análisis, que resuelve lo relativo a la declaración de muerte presunta. Se trata de una búsqueda muy penosa, muy larga y muy agónica para quienes han perdido un ser amado, una persona querida en una catástrofe de esta magnitud.
Por lo señalado, señor Presidente, felicito al Ministro de Justicia, don Felipe Bulnes. Y también hago un reconocimiento de nuevo al Gobierno, por haber puesto en marcha rápidamente una de las acciones anunciadas ayer por el Ministro del Interior, don Rodrigo Hinzpeter, en el contexto de plan de reconstrucción nacional.
Voto a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar. Perdón, estaba inscrito antes el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, con su venia, cedo mi turno al Honorable señor Andrés Zaldívar.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, agradezco al Senador señor Letelier. Mi intervención será muy breve.
En primer término, por supuesto apoyo el proyecto. Creo que cuando hay circunstancias excepcionales debe haber normas de excepción. Y pienso que es lo que se hace con la presente iniciativa.
Quiero aprovechar la presencia del Ministro de Justicia para transmitirle una solicitud que se me hizo llegar desde la zona que represento. Tiene que ver con la situación producida en Constitución con motivo de la búsqueda de las personas desaparecidas. Ello ha ocurrido en otras partes, pero en dicha ciudad es donde existe el mayor número de desaparecidos. Me están pidiendo -lo transmito al Ministro de Justicia- que se prolongue la búsqueda de personas por lo menos por quince días. La gente todavía tiene esperanza de que se puedan encontrar familiares. Pienso que son pocos los recursos que deben destinarse a este objeto, dentro de la magnitud de los fondos que han de invertirse con motivo del terremoto. Se trata de situaciones bastante dramáticas, de gente que quiere en lo posible resultados en esta búsqueda.
Por lo anterior, aprovecho de solicitar al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, que dé instrucciones para que los equipos de búsqueda mantengan su actividad durante los próximos quince días.
Voto que sí.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, nos encontramos ante un proyecto necesario después de una calamidad como la que ha vivido el país.
Por desgracia -no deseo en esta afirmación indicar ninguna responsabilidad; quiero que se despeje eso-, nos encontramos tres semanas atrasados. Porque lo que ha ocurrido durante este tiempo en algunos tribunales podría perjudicar a muchas personas. Ello dependerá más bien del buen criterio de los jueces en diferentes instancias.
Entendemos que lo más significativo del proyecto es el tema de los plazos, que son modificados, toman un rumbo distinto. Creo que eso es fundamental. Me tocó conocer la situación de muchas personas que tenían citaciones a los tribunales la semana del terremoto, pero que no pudieron llegar y se generaron hechos muy lamentables para ellas, en causas civiles y, particularmente, laborales.
Por ende, es muy importante que este proyecto sea despachado con la mayor celeridad posible.
En tal sentido, me sumo al reconocimiento por el esfuerzo del Ministerio de Justicia en orden a sacar adelante cuanto antes la iniciativa. Entiendo que habría sido oportuno que la Corte Suprema hubiese promovido desde la primera fecha un auto acordado para facilitar las cosas en esta materia; que existiera una fórmula de parte de ella que nos ayudara particularmente a despachar este proyecto, y también que su Presidente pudiese entender que cuando uno legisla en momentos difíciles como los que vivimos es importante tener ciertos criterios y actitudes.
Digo lo anterior por la situación lamentable relacionada con el fallo del Tribunal Constitucional. Lamentable, por cuanto aquel organismo se fijó en un aspecto de forma. Lamentable, porque los únicos perjudicados por esa interpretación, por esa acción, son aquellas mujeres que tienen a sus hijos como carga y que no podrán cobrar el bono de 40 mil pesos a su favor, porque parte del proyecto de ley que otorga ese beneficio ha quedado fuera de la normativa.
Y ese no era el espíritu ni del Congreso ni del Gobierno.
Señalo estas cosas no para cuestionar lo que se está haciendo; por el contrario, lo valoro. Porque, según entiendo, aquí lo que se desea es reconocer el derecho de las personas a ejercer las acciones que correspondan y, a la vez, poder defenderse en los tribunales.
Hago votos por que esta iniciativa sea despachada cuanto antes.
Espero que mañana no ocurra que una interpretación acotada del Tribunal Constitucional entre a cuestionar en qué momento podemos despachar esta iniciativa. Porque entiendo que en tiempos de catástrofe la Corte Suprema puede emitir con mayor celeridad o no los correspondientes informes. No está establecido cómo debe hacerlo.
Eso lo planteo no como un cuestionamiento a este proyecto, sino por el episodio que tuvimos el día de hoy.
Por otro lado, con respecto a la muerte presunta, yo me sumo a la iniciativa en debate. Pero la pregunta es cómo evitar -y no estoy cuestionando su texto- los posibles errores que se puedan producir.
Comprendo las bondades que implica el acelerar el trámite, como también las inquietudes en cuanto a los errores involuntarios en que se puede incurrir. Ese es un riesgo que estamos asumiendo colectivamente. Espero que no los haya. Y si se presentan, que se entienda que este acortamiento de plazos tiene que ver con el interés de beneficiar a los familiares de las víctimas, para que puedan ejercer derechos patrimoniales cuanto antes.
Por último, como en este momento se halla en la Sala el señor Ministro de Justicia, aprovecho de desearle mucho éxito en la función que le corresponderá desarrollar durante estos años a la cabeza de esa Cartera.
Voto a favor, señor Presidente
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente, lo que ha planteado el Senador señor Letelier es importante en términos de la información que podamos entregar a quienes nos consulten sobre el proyecto.
En el inciso cuarto del artículo 1° se abre la posibilidad para que la persona, dentro del plazo de diez días siguientes a la publicación de esta ley, si no ha podido concurrir a una diligencia anterior en razón de una situación de fuerza mayor provocada por el terremoto, solicite al tribunal que ese trámite se decrete de nuevo.
Por lo tanto, existe dicho mecanismo a efectos de poder reclamar acerca de la situación planteada por Su Señoría. Y es bueno que así lo entendamos todos, a fin de que podamos entregar la información pertinente en nuestra Región.
En cuanto a la muerte presunta, siempre se pueden producir determinadas situaciones. Pero el proyecto asegura que todo el procedimiento de declaración de aquella sigue exactamente igual, de acuerdo con las reglas existentes en el Código Civil. Lo único que se hace es adelantar el ejercicio de un derecho en materia de plazo. Sin embargo, los procedimientos para decretarla continúan siendo los mismos, a fin de evitar que precisamente se pueda incurrir en algún tipo de riesgo o cometer equivocaciones.
Voto a favor.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (29 votos afirmativos) y, por no haberse formulado indicaciones, se aprueba también en particular, dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor PIZARRO (Presidente).- Concederé la palabra por un minuto al Senador señor Navarro para que le formule una consulta al señor Ministro de Justicia, por cuanto no era posible que lo hiciera durante la votación.
El señor NAVARRO.-
Gracias, señor Presidente, por su disposición.
Ya conversé con el titular de la Cartera y le pregunté si efectivamente el Gobierno estaba evaluando la posibilidad de elaborar una iniciativa legal miscelánea que extendiera los plazos administrativos a los organismos del Estado de las Regiones afectadas, por cuanto muchos de ellos -como señalé en mi intervención- no han podido atender al público. Y cuando se vaya a regularizar alguna situación, los plazos estarán vencidos o se habrán visto afectados.
Eso debe hacerse con los mayores resguardos posibles. Pero es algo necesario. Si lo hicimos con los tribunales de justicia, la verdad es que resulta pertinente revisar la Administración del Estado.
Señor Ministro, se lo planteo para que le transmita la inquietud formal al Gobierno.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor BULNES (Ministro de Justicia).-
Señor Presidente, deseo agradecerles a los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por la celeridad que le dieron a la tramitación de este proyecto y por haber colaborado en su perfeccionamiento. Asimismo, agradezco a todos los Honorables Senadores por la prontitud con que han despachado esta iniciativa, que viene a aliviar necesidades sensibles y urgentes de la población.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Muy bien.
Terminado el Orden del Día.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
Al señor Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, para que informe sobre FACTIBILIDAD DE EXENCIÓN DE PAGO DE CONTRIBUCIONES A INMUEBLE DE CRUZ ROJA (Duodécima Región).
Del señor ESPINA:
Al señor Ministro de Obras Públicas, demandándole URGENTE REPARACIÓN DE PUENTE RENAICO Y SOLUCIÓN DE EMERGENCIA PARA TRÁNSITO DE VEHÍCULOS DE CARGA (Novena Región).
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro del Interior, solicitándole disponer medidas para FACILITACIÓN DE TRASLADO DE VIVIENDAS PREFABRICADAS DESDE COYHAIQUE A CUREPTO; al señor Ministro de Relaciones Exteriores, a fin de que se disponga APOYO DE CHILE A PROTECCIÓN DE ESPECIES MARINAS EN CONVENCIÓN INTERNACIONAL; a los señores Ministros de Educación y Director Nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, pidiéndoles que informen sobre BECAS Y CONTINUIDAD DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS POR TERREMOTO; a los señores Intendentes, Director de la Oficina Nacional de Emergencia y Directores de las Oficinas Regionales de la ONEMI, solicitándoles que dispongan las medidas necesarias para REACTIVACIÓN DE RADIOS HF EN MINISTERIOS DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SALUD Y EN CONAF, Y COORDINACIÓN CON ONEMI, y a la señora Intendenta de Aysén y señores Director General de Aguas y Director de Obras Hidráulicas de Aysén, requiriéndoles INVESTIGACIÓN DE DAÑOS EN RÍOS POR EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS, y REGULACIÓN DE ACTIVIDADES EN SUS AGUAS Y BORDES.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Partido Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
ENAJENACIÓN DE YACIMIENTO INCA DE ORO. OFICIOS
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, Honorable Senado, en el año 2005 CODELCO anunció el cierre de las operaciones de la División Salvador. A partir de ese anuncio se inició la búsqueda de nuevos yacimientos que permitieran mitigar los efectos que se iban a producir, por ejemplo, en más de 3 mil 700 puestos de trabajo -la mayor fuente generadora de mano de obra de la Región de Atacama-, con el objeto de continuar con una División que tanto le ha dado al país.
La División Salvador es una de las más pequeñas de CODELCO-Chile. Sin embargo, por la rigurosidad, por las bajas leyes y por las condiciones laborales, ha sido el crisol de los trabajadores de la Corporación Nacional del Cobre, de los ingenieros y de los técnicos, que han ido a aportar a otros lugares, a distintas divisiones, llevando la enseñanza del rigorismo de esa División.
De esta manera, se buscó alternativas para que CODELCO-Salvador pudiese seguir funcionando. Y el proyecto Inca de Oro se esbozaba como la principal esperanza para el futuro económico de la provincia de Chañaral.
En julio de 2008, la Corporación del Cobre aprobó iniciar la búsqueda de un socio para desarrollar Inca de Oro, del que licitaría el 66 por ciento, siendo la postura mínima 150 millones de dólares. Dicha licitación fue declarada desierta a principios del 2009, a la espera de que se recuperaran los mercados internacionales.
En ese entonces, Luis Farías, Vicepresidente Corporativo de Control de Gestión y Excelencia Operacional, decía a los medios de comunicación -comillas-: "Para Codelco, el mejor negocio hoy es esperar una mejor situación de mercado que permita obtener un mejor precio".
Según los estudios de prefactibilidad, se estima que el mineral posee reservas que llegan a las 350 millones de toneladas, calculándose una producción anual aproximadamente de 50 mil toneladas de cobre fino y 40 mil onzas de oro en concentrados.
En febrero del presente año, la empresa australiana PanAust Limited presentó a CODELCO una oferta vinculante de 46 millones de dólares, con el objeto de adquirir el 66 por ciento de la participación accionaria de la sociedad Inca de Oro S.A., la cual fue aprobada por el directorio de CODELCO el 25 de febrero pasado.
El precio se pagará de la siguiente forma: 15 millones de dólares al contado y el resto en estudios.
¡Curiosa forma de hacer negocio con el patrimonio del Estado!
Esa situación, señor Presidente, es preocupante, ya que proyectos mineros similares en estado de estudio y reservas han sido vendidos en diez veces el valor de la enajenación de Inca de Oro. Y lo peor de todo es que dicha operación se hace a ocho días del término de un Gobierno.
Considero que el mínimo respeto que puede tener una Administración que está terminando su mandato es esperar que la que viene tome decisiones de ese nivel.
¡Hacer un negocio por 15 millones de dólares al contado respecto de un yacimiento que cuenta con reservas que llegan a las 350 millones de toneladas, en lo que hasta ahora ha sido la prospección de Inca de Oro, me parece francamente inaceptable!
La concreción de esa operación queda sujeta a la aprobación del Presidente de la República mediante la dictación de un decreto supremo que le permite a CODELCO asociarse con terceros, de acuerdo a la normativa vigente, aprobada por este Parlamento. Hasta la fecha, según los registros del Diario Oficial, el decreto pertinente no se ha publicado.
Por ello, solicito que se oficie a los señores Ministros de Minería y de Hacienda para que revisen la situación descrita, el referido negocio, y le recomienden al Primer Mandatario no aprobar el acuerdo del directorio de CODELCO, pues claramente, a mi juicio, es perjudicial no solo para la empresa sino para todo el país.
Durante largo tiempo hemos escuchado a dirigentes de la Concertación decir que esa Corporación no se privatiza, que debe seguir en manos del Estado. Sin embargo, como en el salame, se han ido cortando y cortando tajadas y tajadas, metiendo a ciertos personajes que están en los dos lados del mostrador: son contratistas y, a la vez, trabajan en CODELCO; se van, pero dejan a los familiares.
¡Ya está bueno, señor Presidente!
Por eso, pido oficiar a los señores Ministros de Minería y de Hacienda para solicitarles que revisen la transacción en comento.
Yo soy partidario de que la mina en cuestión sea trabajada por CODELCO; de que esta Corporación no se deshaga de ella, mucho menos todavía cuando estamos en presencia de un yacimiento de gran importancia, de la mayor fuente generadora de mano de obra para la Región de Atacama y de una fuente de ingresos muy significativos para el país.
Termino con una acotación, señor Presidente.
La anterior administración de CODELCO -no la actual- hizo barbaridades como las siguientes.
Iba a cerrar en 2008 la División Salvador, porque era un mal negocio. Junto con algunos dirigentes sindicales -no con otros que ahora aparecen diciendo que ellos también participaron- nos opusimos y logramos que esa División no se cerrara, que no se eliminaran los puestos de trabajo allí existentes.
Como si ello fuera poco, esa misma administración fijó el precio del 95 por ciento de la producción de Salvador en 1 dólar 25 centavos, con lo que perdió o dejó de ganar más de mil millones de dólares en todo el período en que la cotización internacional del cobre bordeó los 4 dólares la libra.
¿Es esa una buena administración, señor Presidente? ¿Así se cuidan los recursos del Estado? ¿Así se lleva a cabo una administración para resguardar el patrimonio de todos los chilenos?
Creo que no. Y me parece que la referida venta va en la línea de lo que algunos personajes que pululan alrededor de CODELCO han hecho durante mucho tiempo: quedarse con el patrimonio de esta empresa.
Espero, señor Presidente, que detrás del dealer australiano que compró el 66 por ciento del yacimiento no aparezcan los mismos apellidos y los mismos caballeros que se encuentran alrededor de la División Salvador y de otros negocios de CODELCO y que se han ido quedando con el patrimonio de todos los chilenos.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor PIZARRO (Presidente).-
El Comité Independientes no hará uso de su tiempo.
En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Senador señor Sabag.
MAYOR AYUDA PARA COMUNAS DEL BIOBÍO AFECTADAS POR TERREMOTO Y MAREMOTO
El señor SABAG.-
Señor Presidente, me quiero referir de manera breve, no obstante que ya tuve la oportunidad de hacerlo durante las recientes sesiones especiales celebradas por el Senado, a los daños que el terremoto y el maremoto del 27 de febrero último provocaron en la Región del Biobío. Y ello, porque el reducido tiempo que se nos otorgó para intervenir -5 minutos por orador- no nos permitió exponer claramente nuestros puntos de vista.
Quiero complementar lo ya señalado indicando que una de las Regiones más afectadas por la catástrofe fue precisamente la Octava. Dentro de esta, cabe destacar el gran daño que sufrió la comuna de Talcahuano, donde hubo gravísimos destrozos en toda la infraestructura. ASMAR, agente importante para la reparación y construcción de barcos en nuestro país, registró serios daños. Y lo propio ocurrió en la Base Naval.
En el caso específico de Talcahuano, tenemos la gran oportunidad de buscar una legislación especial que tienda a modernizar la ciudad en forma definitiva. Allí ha habido enormes progresos. Sin embargo, gran parte de las viviendas del casco antiguo quedaron destruidas.
Este es, entonces, el momento de impulsar allí una gran acción de desarrollo urbanístico.
Hace pocos días cuatro parlamentarios (el Senador Navarro, los Diputados Campos y Ulloa y quien habla) nos reunimos con el Alcalde y Concejales de Talcahuano para analizar el problema de la comuna, a la que, en mi concepto, debe brindársele una atención muy especial.
Otras comunas quedaron también seriamente perjudicadas.
Penco sufrió fuertes efectos.
En Tomé, Dichato fue prácticamente arrasado, al igual que Coliumo y Cocholgüe, donde hubo gravísimos daños.
Hemos visto que las autoridades de Gobierno han llegado a la zona. En Dichato se hallan instalados 260 militares -casi un cuartel completo-, quienes le han prestado gran respaldo y auxilio a toda la población.
No me cabe duda de que las primeras ayudas en alimentos, en carpas, en medicamentos han sido adecuadas. Pero también tengo la certeza de que la solución pasa por un respaldo mucho mayor todavía a cada una de las comunidades damnificadas.
En Coelemu, el sector Vegas de Itata, por estar a orillas del mar, fue arrasado. Ha recibido atención de emergencia.
Lo propio sucede en Cobquecura, Trehuaco, Mela, zonas costeras que han recibido el auxilio adecuado a las circunstancias.
Las comunas interiores -Ninhue, Quirihue, Portezuelo, Ranquil, Yumbel, Cabrero, San Carlos, Ñiquén- también sufrieron serios daños, sobre todo porque sus construcciones eran muy antiguas. Numerosas casas de adobe cayeron por completo; otras están siendo demolidas.
Se espera, entonces, un apoyo significativo.
Ahora bien, muchas viviendas pertenecen a gente de clase media que no le pedía ninguna ayuda al Estado. Pero ahora las familias damnificadas quedaron de brazos cruzados. Esperamos que el Gobierno les dé un subsidio, ojalá para autoconstrucción, pues ellas tienen capacidad para levantar solas sus viviendas. Necesitan, sí, apoyo para comprar materiales y pagarles a los maestros.
Por cierto, tiene que haber el debido control, porque muchas veces se da un subsidio directo y lo primero que hace la gente es comprar un "plasma", un auto, una moto, en fin.
La gente hoy día está en otra: busca un techo bajo el cual guarecerse.
Entonces, nos preocuparemos de que se entregue un subsidio adecuado para dar una solución a pueblos antiguos cuyas familias nunca le han pedido nada al Estado y que hoy necesitan su apoyo.
Han llegado mediaguas, señor Presidente.
Yo rebato aquí a algunas autoridades o jefes de servicios que dicen: "Estamos fabricando 20 mil casas".
¡Por favor! ¡Son mediaguas sin forro interior, sin cielo raso! ¡Están construidas con madera en bruto de media pulgada! ¡Lo único que tienen son palitos de una y media o de dos por dos! ¡Sencillamente, no soportan un viento fuerte!
Creo que debemos mejorar eso, para entregar, pese a ser de emergencia, una solución digna.
¡Que no parezca que estamos en un país con extrema pobreza!
Chile no es Haití. Estamos en situación, aunque sea en la emergencia, de brindarles a los pobladores afectados mejores condiciones de vida en estos difíciles momentos.
Señor Presidente, le cederé los minutos que me quedan al Senador Navarro, quien va a formular, durante su exposición, una serie de peticiones de oficios para que sean remitidos en nombre de ambos.
Ojalá la ayuda del Gobierno siga llegando ampliamente, en justicia, a todos los sectores que representamos.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Le resta 1 minuto y 50 segundos al Comité Demócrata Cristiano.
En el tiempo del Comité Partido Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
INQUIETUD POR RELACIONES LABORALES EN REGIÓN DE LOS LAGOS. OFICIO
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, por su intermedio, solicito que se oficie a la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social para manifestarle mi preocupación por el estado de las relaciones laborales en Los Lagos, y en particular, por la situación que afecta a los trabajadores de la salmonicultura y al presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Salmón, señor Javier Ugarte, quien en reiteradas ocasiones ha sido víctima de duras réplicas y de contrapuntos por parte de diversos representantes del sector empresarial de la Décima Región debido a la tenaz defensa que hace de los derechos de sus asociados.
En especial, tras el terremoto ocurrido en la madrugada del 27 de febrero último, se ha registrado la inaceptable utilización del artículo 159, número 6, del Código Laboral, que posibilita despidos por caso fortuito o fuerza mayor, argumentándose catástrofe en una Región donde no la hubo, para llevar adelante inexcusables decisiones de exoneración de trabajadoras y trabajadores vinculados a la industria del salmón y a otros sectores laborales.
Por lo tanto, urge la designación de las autoridades del sector -Seremi y Director del Trabajo de la Décima Región-, para atender la situación de inestabilidad e incertidumbre que afecta a un número significativo de trabajadores ya golpeados por la crisis que sufrió la industria salmonera con anterioridad y que ahora, lamentablemente, son víctimas de la acción inescrupulosa de determinados sectores empresariales que desean, en una zona donde no hubo catástrofe, aprovecharse de la alarma que generó el sismo para llevar adelante acciones enteramente ilegales y prácticas desleales y antisindicales.
Eso hace necesaria, entonces, la pronta y rápida acción de la institucionalidad laboral con que cuenta el país. Y es responsabilidad del Ejecutivo y de la máxima autoridad política del sector, la señora Ministra del Trabajo, que los personeros descritos se encuentren desempeñando sus funciones con la mayor brevedad.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor PIZARRO (Presidente).-
En el turno del Comité Partido por la Democracia, tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
SITUACIÓN DE VIVIENDAS EN ANGOL TRAS TERREMOTO DE 27 DE FEBRERO. OFICIO Y COMUNICACIONES
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, durante la sesión especial celebrada ayer, en la que participaron seis Ministros y analizamos en detalle el conjunto de instrumentos y programas con que se va a hacer frente a la emergencia derivada del terremoto de la madrugada del 27 de febrero último, uno de los planteamientos que intentamos desarrollar en pocos minutos fue el relativo al problema de la vivienda.
Particularmente, en esta oportunidad quiero referirme a la comuna de Angol -capital de la provincia de Malleco-, la más afectada de la Región de La Araucanía -es la única que ha sufrido daños de consideración-, cuya situación a veces se ha invisibilizado. Porque en muchas ocasiones se habla solo de los daños registrados hasta la Región del Biobío, que por cierto son inconmensurables.
En tal sentido, deseo precisar el planteamiento que ayer le formulé en esta Sala a la Ministra de Vivienda justamente sobre lo que ocurre en la mencionada comuna.
En Angol hay más de 700 viviendas con algún tipo de daño. En cantidad muy importante -la gran mayoría-, son irrecuperables. Un porcentaje de ellas requieren reparaciones en el más corto plazo. Y en estos días ya se han dictado cerca de 400 decretos de demolición.
Quiero llamar la atención sobre el particular, porque, de acuerdo a los planteamientos que me han hecho tanto el alcalde y concejales y concejalas como dirigentes vecinales, existe un grado de incertidumbre muy alto en cuanto a la forma como se va a enfrentar la política pública pertinente.
Se han demolido viviendas. Pero ¿cómo van a operar los subsidios?
Pienso que al respecto se requiere mucha mayor precisión, pues el nivel de incertidumbre existente es tremendamente preocupante para los damnificados. Porque la prensa informa que en algunos días más llegarán carpas. Pero tal vez para las mismas familias beneficiarias habrá mediaguas dentro de pocas semanas, y en algunos meses, probablemente, viviendas definitivas.
Ahora, como en el sector ya existe una dimensión sobre el número de viviendas afectadas -240 mil, tanto de adobe como sociales y de autoconstrucción, en todo el país-, es muy importante señalar con gran precisión a qué van a acceder los beneficiarios de los programas pertinentes.
Y quiero respaldar ese planteamiento con conversaciones que he sostenido con representantes de la Cámara Chilena de la Construcción, del capítulo de La Araucanía, en Temuco, quienes me manifestaron que existe capacidad no solo nacional sino también regional para llevar adelante las obras del caso.
Luego del terremoto de Tocopilla probablemente se cometieron muchos errores. Pero también hay allí un conjunto de viviendas de buena calidad, algunas de las cuales fueron construidas por empresas de otras Regiones, particularmente de La Araucanía.
Entonces, considerando los difíciles momentos que viven vecinos de Angol en sectores como Villa Alegre, Huequén, Cañón, Coñoñuco, Guacolda -algunos de ellos ocupaban viviendas de adobe con más de cien años de construcción-, es del caso plantear cómo van a operar los beneficios.
¿Se va a considerar o no -espero que no- la Ficha de Protección Social para ir en ayuda de las familias damnificadas?
¿Qué pasa con los programas tradicionales de la política exitosa desarrollada por el Gobierno de la Presidenta Bachelet en materia de viviendas, con los comités constituidos previamente, para ampliaciones y mejoramientos?
¿Cómo se va a enfrentar la situación de la Municipalidad de Angol -común en las Regiones del Biobío, del Maule y del Libertador Bernardo O¿Higgins- en lo relacionado con los gastos en que ya ha incurrido?
Las municipalidades, señor Presidente, han debido cubrir todo tipo de gastos.
En todo caso, espero que la solución no consista en un anticipo del Fondo Común Municipal, pues ello implica reasignar y darse vuelta en las mismas platas, lo que redunda en que a mediados de año los municipios no tengan con qué enfrentar los problemas más acuciantes.
En definitiva, quiero que se oficie a la señora Ministra de Vivienda sobre cuanto he expuesto, poniendo énfasis en la comuna de Angol, donde, aparte la enorme cantidad de casas destrozadas y la gente que está a la intemperie, temerosa de las condiciones en que deberá enfrentar el duro invierno que se avecina, quedó destruido por completo el hospital.
¿Cómo se van a enfrentar los programas habitacionales? ¿De qué manera se reembolsarán los gastos en que ha incurrido el municipio? ¿Hay algún ítem -me lo planteaba el alcalde ayer- para materiales de construcción? Porque esta es otra situación que hoy preocupa a familias cuyas viviendas sufrieron daños parciales.
Por último, pido que, además del oficio a la señora Ministra de Vivienda, los planteamientos que he hecho en esta Sala sean transcritos al Alcalde de Angol, don Enrique Neira, y a los Concejales y Concejalas.
--Se anuncia el envío del oficio y las comunicaciones pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor PIZARRO (Presidente).-
En el tiempo del Comité Partido Radical Social Demócrata e Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
DISTINCIÓN A HERNÁN RIVERA LETELIER CON PREMIO ALFAGUARA DE NOVELA 2010. OFICIO
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, nuestro país tiene historia mundial de grandes escritores.
Por supuesto, uno siempre recordará a Pablo Neruda, a Gabriela Mistral y a muchos más.
Pero hay otros que hoy generan con su obra literaria un reconocimiento no solo nacional sino también internacional.
Quiero, pues, ocupar algunos minutos para, en la Sala del Senado, hablar de Hernán Rivera Letelier.
Hace poco, el lunes 22 de marzo, ese escritor nortino, de la pampa, obtuvo el XIII Premio Alfaguara de Novela con su libro El arte de la resurrección.
Ese es uno de los premios más prestigiosos del habla hispana. Rivera Letelier lo ganó de entre 539 manuscritos provenientes de España, de Latinoamérica y de otras latitudes. Y es el segundo chileno que lo obtiene a lo largo de su historia, desde su creación, en 1965.
Creo que se trata de un logro tremendo, señor Presidente.
Quiero decir -para quienes me escuchan y para lo que me interesa finalmente: el envío de un oficio al Ministro de Educación- que Hernán Rivera Letelier nació en Talca en 1950 y desde muy temprana edad vivió en la pampa.
Su vida transcurrió en el norte, de una oficina salitrera a otra.
Cursó sus estudios básicos primero en María Elena y luego en Pedro de Valdivia.
Trabajó muchos años de obrero, de empleado, y, cuando finalizaba la enseñanza media, fue testigo del cierre de gran parte de las oficinas salitreras y del deterioro de la industria calichera, de donde ha extraído gran parte de sus obras.
Comenzó su carrera literaria como escritor de poesía, género que le otorgó varias distinciones en festivales y concursos.
Es autor de novelas tan importantes y reconocidas como "La reina Isabel cantaba rancheras", "Himno del ángel parado en una pata" y otras que todos conocemos y hemos leído.
La obra de Hernán Rivera Letelier es un relato fiel y poético de la memoria pampina y una exposición del norte y de la Región de Antofagasta capaz de reconstruir las adscripciones y repasar amenamente la historia minera y sus pormenores. En efecto, realiza un análisis, un recuento y una historia poética de esa zona, de la pampa, de la dificultad de vivir en esos lugares y de cómo transcurre la existencia de sus habitantes. Por eso, señor Presidente, considero tan relevante hacer este reconocimiento en la Sala.
Sobre esa base, pido que se envíe un oficio al señor Ministro de Educación -si es posible, en nombre del Senado- para que se considere el fomento de la lectura de la obra de Hernán Rivera Letelier fundamentalmente entre los estudiantes de enseñanza media y para que sea incorporada en los currículos educacionales de la asignatura de Lenguaje y Comunicación, así como también para que se distribuyan ejemplares de sus libros en las bibliotecas de establecimientos escolares y en las dependientes de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM).
A mi juicio, es importante dar a conocer el trabajo literario de este escritor. Creo que en el resto de Chile se desconoce mucho lo que es el norte y que la historia, contada de la manera en que lo hace Hernán Rivera, resulta muy interesante.
Ojalá que el Ministerio de Educación asuma la difusión de la obra, tan significativa, de un nortino, de un trabajador, que ha sido y seguirá siendo exitoso en lo que hace.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Honorable señor Gómez, conforme al Reglamento.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro, por un minuto del Comité Radical Socialdemócrata e Independiente, uno del Comité Demócrata Cristiano y cuatro del Comité Independientes.
TÉRMINO DE PEAJE DE CHAIMÁVIDA. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, solicito oficiar al Ministerio de Obras Públicas a fin de que se pueda terminar de una vez con el peaje de Chaimávida, dado que la presión existente por construir nuevas viviendas, ante las miles que resultaron destruidas en Concepción, Talcahuano y la Intercomuna, determina la necesidad de más espacio.
Esa instalación ha significado un freno, una muralla, una detención de la expansión urbana de Concepción. Se requiere su levantamiento a la brevedad.
Si en algo puede contribuir dicha Secretaría de Estado al sector habitacional es con la eliminación del peaje, para que comiencen las inversiones privadas y públicas que se orienten hacia el área del camino desde Bulnes a Florida, única zona de expansión segura de la ciudad.
Se han formulado promesas, compromisos, y espero que el señor Ministro entrante pueda responder.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Senador señor Navarro, conforme al Reglamento.
SUSPENSIÓN DE PEAJE Y ADQUISICIÓN POR ESTADO DE RUTA DE LA MADERA. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, pido que se remita un oficio al señor Ministro de Obras Públicas con respecto a la Ruta de la Madera, que es la más peligrosa y cara de Chile. Hoy presenta 62 puntos de corte, como ha señalado el alcalde de Santa Juana, Ángel Castro.
Es una vía que se encuentra inhabilitada y en la cual se formula una advertencia: "Bajo su responsabilidad transite por esta ruta". ¡Qué bonito! ¡Allá se cobra el peaje más caro del país y se traspasa la responsabilidad de viajar por ella a los usuarios, con 62 puntos de corte y recién habilitada para camiones de más de 15 toneladas!
El Ministro señor Sergio Bitar prometió que se compraría la concesión.
Solicito al Ministerio de Obras Públicas, primero, que se evalúe la suspensión del pago de peaje, ya que el camino, repito, se halla inhabilitado, resulta inseguro y presenta múltiples cortes -es decir, no reúne el estándar requerido para el cobro-, y, segundo, la realización de un estudio de continuidad para la adquisición de esa vía por el Estado, en las comunas de Santa Juana y Nacimiento, Octava Región.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Senador señor Navarro, conforme al Reglamento.
AGILIZACIÓN DE RECEPCIÓN MUNICIPAL Y REGULARIZACIÓN DE DOMINIO. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, pido que se oficie a la Asociación Chilena de Municipalidades y a los municipios de la Región del Biobío, así como también al Ministerio de Bienes Nacionales, a fin de que se apresure el visto bueno para que comiencen a construir quienes querían hacerlo antes del terremoto y se pueda acelerar la tramitación de la regularización de los títulos de dominio de terrenos de familias, respectivamente.
Asimismo, pido el envío de un oficio a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, a fin de que se pueda financiar personal adicional en las municipalidades para la evaluación de las casas por entregar que resistieron el terremoto y que la gente quiere ocupar. Se requiere apresurar la recepción de obras, para que se pueda partir con las nuevas que demandará la reconstrucción.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Navarro, conforme al Reglamento.
ADQUISICIÓN POR ESTADO DE VIVIENDAS DISPONIBLES EN REGIÓN DEL BIOBÍO. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, pido que se oficie a la señora Ministra de Vivienda para destacarle la necesidad de que se compren todas las viviendas disponibles en la Región del Biobío. Son mil 507 a mil 700 -están listas-, y el valor promedio asciende a mil 300 unidades de fomento.
Considerando las 82 mil viviendas destruidas, resulta claro que el Estado debe efectuar la adquisición de manera inmediata e ir en auxilio de la clase media.
Cabe recordar a la gente que perdió sus departamentos en el Edificio Castellón, levantado por la Constructora Echeverría Izquierdo, del actual Intendente de Santiago. Sus 200 departamentos resultaron destruidos y se encuentran totalmente inhabilitados. Muchas de esas personas, jubiladas, no tienen dónde vivir.
Es preciso hacer un esfuerzo y comprar las casas a que he hecho referencia, y luego ver si se asignan de manera permanente o transitoria. Pido a la señora Ministra de Vivienda evaluar la idea.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre del Senador señor Navarro, conforme al Reglamento.
BÚSQUEDA DE CUERPOS EN VEHÍCULOS SUMERGIDOS. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, solicito oficiar al señor Ministro de Defensa Nacional en relación con el hecho de que algunos vehículos se encontrarían sumergidos producto del tsunami, en particular en Dichato, con el fin de que buzos de la Armada puedan investigar y, eventualmente, encontrar dentro de ellos a personas desaparecidas.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Senador señor Navarro, conforme al Reglamento.
HABILITACIÓN DE COMISARÍA EN SAN PEDRO DE LA PAZ. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Asimismo, señor Presidente, pido que se oficie al señor Ministro de Defensa Nacional para solicitar la habilitación de la Comisaría de Carabineros en la comuna de San Pedro de la Paz, Región del Biobío, que se encuentra lista para ser entregada.
Se requiere mayor seguridad, en efecto, con motivo de toda la situación que se registra. Hemos pedido la realización de diversas reuniones sobre el particular, y esperamos una respuesta afirmativa.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Senador señor Navarro, conforme al Reglamento.
SITUACIÓN DE TRANSPORTE EN OCTAVA REGIÓN. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, en la Región del Biobío se encuentran parados 19 mil camiones, entre corta, mediana y larga distancia. Nos hemos reunido con el Presidente de la Federación de Dueños de Camiones de la Octava Región, señor Germán Fáundez. Existe extrema preocupación en el sector, porque los conductores están cesantes. No es posible el transporte, porque en el puente Llacolén media una restricción y la Ruta de la Madera, como lo mencioné anteriormente, es sumamente insegura.
Ellos han planteado la necesidad de que se mantenga la tasa diferenciada del impuesto específico a los combustibles, con la recuperación de 80 por ciento para los pequeños transportistas y de 38 por ciento para los grandes. Se trata de un debate político.
Quisiera solicitar al señor Ministro de Hacienda que informase cómo se va a evaluar la modificación en esa materia. Si se está pensando en cambiar la tasa diferenciada para los pequeños transportistas, estamos en graves problemas. Ojalá no sea así.
Del mismo modo, pido que el Servicio de Impuestos Internos proporcione el dato del consumo de petróleo por parte de los transportistas de la Octava Región. Ello se encuentra en el formulario 1866.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Navarro, conforme al Reglamento.
DIFICULTADES DE DEUDORES DUEÑOS DE VIVIENDAS DESTRUIDAS. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, pido oficiar a la señora Ministra de Vivienda con respecto a los departamentos del condominio Los Pioneros, en la comuna de San Pedro de la Paz, declarados inhabitables por el municipio.
La inmobiliaria Los Pioneros desapareció y la empresa constructora JCE no se hace responsable. El Scotiabank permite no pagar el leasing durante tres meses, pero después cobrará igual las 4 cuotas.
La situación de los deudores bancarios y habitacionales de la Región del Biobío es extraordinariamente preocupante.
Solicito que a la brevedad se tomen medidas en cuanto a cómo procederán el SERVIU y el BancoEstado -también pido oficiar a esta última institución- respecto de los deudores habitacionales que han visto destruidas sus viviendas y que las estaban pagando con dividendos que hoy no pueden cubrir. Esas personas han perdido tanto su vivienda como su empleo.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Navarro, conforme al Reglamento.
El señor NAVARRO.-
Ojalá que todos los oficios que he solicitado, señor Presidente, y que el Senado envíe en mi nombre puedan ser respondidos a la brevedad.
He recibido de algunos Ministerios la respuesta de que existe información reservada y que la petición debe ser formulada por la mayoría de los Senadores, habiéndose negado la entrega de antecedentes respecto de estas materias. Espero que ello no ocurra nuevamente.
Los oficios deben ser enviados también en nombre del Honorable señor Sabag, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Así se hará, Su Señoría.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:13.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción