REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 338ª, ORDINARIA
Sesión 22ª, en martes 18 de agosto de 1998
Ordinaria
(De 16:28 a 22:22)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE,
Y MARIO RÍOS, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR
____________________
A n e x o s
ACTA APROBADA:
Sesión 3ª, en 9 de junio de 1998¿¿¿¿...¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
DOCUMENTOS:

1.- Moción del señor Gazmuri, con la que inicia un proyecto de ley que modifica la letra f) del artículo 420 del Código del Trabajo (2221-13)........................................................................................¿

2.- Solicitud de rehabilitación de ciudadanía de don Octavio Tenorio Varas Ortiz (s 351-04)¿¿¿¿¿¿¿............................¿¿¿¿.

3.- Solicitud de rehabilitación de ciudadanía de don Óscar Eugenio Leal Ibañez (s 352-04)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.

4.- Solicitud de rehabilitación de ciudadanía de doña Ana Luisa Sarmiento Zurita (s 354-04)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Cordero Rusque, Fernando
--Chadwick Piñera, Andrés
--Díez Urzúa, Sergio
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pinochet Ugarte, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:28, en presencia de 46 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 3ª, ordinaria, en 9 de junio del año en curso, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 4ª, extraordinaria, en 10 de junio del presente año, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
(Véase en los Anexos el acta aprobada).
IV. CUENTA

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor HOFFMANN (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Cuatro de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira la urgencia y la hace presente nuevamente, con el carácter de "Suma", respecto del proyecto de ley que modifica la legislación de mercado de valores; fondos de inversión; administración de fondos mutuos; fondos de pensiones; compañías de seguros, y normas tributarias que indica. (Boletín Nº 2.005-05).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el segundo retira la urgencia y la hace presente nuevamente, con el carácter de "Simple", respecto del proyecto de ley que fortalece la Fiscalía Nacional Económica. (Boletín Nº 2.105-03).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el tercero hace presente la urgencia, con el carácter de "Suma", respecto de la observación formulada al proyecto que modifica los artículos 66 y 69 de la ley Nº 19.253, sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en cuanto a la constitución del dominio en Isla de Pascua para los miembros de la comunidad rapa nui. (Boletín Nº 1.686-06).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el último retira la urgencia del proyecto que establece el pago de un derecho por el uso de vías urbanas afectas a congestión vehicular. (Boletín Nº 433-15).
--Queda retirada la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que comunica su ausencia del territorio nacional los días 14 y 15 del presente con el objeto de asistir a la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, y la subrogación, con el cargo de Vicepresidente de la República, por el señor Ministro del Interior, don Raúl Troncoso Castillo.
--Se toma conocimiento.
Del señor Presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, con el que informa que ha remitido a la Excelentísima Corte Suprema un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Matthei y del Honorable señor Cordero, referido a los abogados, estudiantes y egresados que representen o hayan representado a inculpados o procesados en causas por infracción a la ley Nº 19.366.
De la señora Presidenta de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, con el que contesta un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Matthei y del Honorable señor Cordero, referente a los abogados, estudiantes y egresados que representen o hayan representado a inculpados o procesados en causas por infracción a la ley Nº 19.366.
Del señor Ministro del Interior, con el que responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Lagos, acerca de medidas para potenciar la Ley Arica.
De la señora Ministra de Justicia, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Bombal, relativo a remisión de prontuarios penales.
Tres del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, con relación a las propuestas públicas realizadas en la Undécima Región.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del ex Senador señor Díaz, sobre transporte de ácido sulfúrico.
Con el tercero responde un oficio enviado en nombre de la Honorable señora Matthei, referente a problemas causados por las lluvias en la ciudad de Illapel.
Del señor Ministro de Minería, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Núñez, respecto de accidente del trabajo que indica.
Tres del señor Ministro de Agricultura:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Moreno, referido a la construcción de la segunda etapa del embalse Convento Viejo.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, tocante a las medidas adoptadas para enfrentar la sequía.
Con el tercero responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, acerca de estudio de un proyecto de ley marco sobre erosión.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Moreno, respecto de la pavimentación de la avenida Diego Portales, en la comuna de Santa Cruz.
Del señor Ministro de Planificación y Cooperación, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Ruiz-Esquide, atinente a la inversión pública en las provincias de la Octava Región.
Del señor Contralor General de la República, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Bombal, relativo a los contratos suscritos entre la empresa KDM S.A. y las municipalidades que indica.
Del señor Intendente de la Primera Región, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, con relación a la contratación de extranjeros.
Del señor Director General de Obras Públicas, con el que remite un cuadro resumen de los oficios de respuesta del señor Ministro de Obras Públicas a Parlamentarios y autoridades en el período que indica.
Del señor Director Nacional de Obras Hidráulicas, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Núñez, relativo a trabajos de encauzamiento en el río Huasco.
Del señor Director de la Oficina Nacional de Emergencia, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, concerniente al Centro de Documentación y Banco de Datos sobre Sustancias Peligrosas.
Del señor Director de Vialidad de la Sexta Región, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Chadwick, tocante a los problemas causados por trabajos en el cruce La Invernada, en la comuna de San Francisco de Mostazal.
Del señor Rector de la Universidad de Antofagasta, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre de los Honorables señores Cantero y Horvath, con relación a la contaminación del río Loa.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Moción
Del Honorable señor Gazmuri, con la que inicia un proyecto de ley que modifica la letra f) del artículo 420 del Código del Trabajo. (Boletín Nº 2.221-13). (Véase en los Anexos, documento 1).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Permiso Constitucional
El Senador señor Páez solicita autorización para ausentarse del país por más de treinta días, a contar del 21 del mes en curso.
--Se accede.
Solicitudes
De los señores Octavio Tenorio Varas Ortiz y Oscar Eugenio Leal Ibáñez y de la señora Ana Luisa Sarmiento Zurita, con las que piden la rehabilitación de sus ciudadanías. (Boletines Nºs S 351-04, S 352-04 y S 354-04). (Véanse en los Anexos, documentos 2, 3 y 4).
--Pasan a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de Comités.

El señor LAGOS (Secretario).- Los Comités adoptaron los siguientes acuerdos:
1) Suspender la hora de Incidentes de la presente sesión y prorrogar el Orden del Día hasta las 20.
2) En relación al proyecto sobre nuevo Código de Procedimiento Penal, fijar plazo para presentar indicaciones hasta el viernes 2 de octubre, a las 12.

El señor LARRAÍN.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, dado que en las dos últimas semanas de septiembre habrá un período de receso, ¿sería posible extender el referido plazo hasta el lunes 5 de octubre, a las 12?
La Comisión no tiene problemas para funcionar el martes 6, tanto más cuanto que debemos tener organizados los primeros artículos, las primeras indicaciones.
He conversado con algunos señores Senadores que han manifestado su interés en disponer de ese fin de semana para trabajar con aquella finalidad.
Ello no alteraría de ningún modo el calendario de actividades de la Comisión.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Los Comités fijaron como plazo para presentar indicaciones el viernes 2 de octubre, a las 12. Pero si hay acuerdo en la Sala, no veo inconveniente para cambiar la fecha.

El señor DÍEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, se trata de un proyecto de Código muy lato. A los señores Senadores, sobre todo a los que no son miembros de la Comisión de Constitución, les costará imponerse de su contenido. Lo lógico sería, entonces, hacer una excepción y, por ejemplo, otorgar plazo hasta octubre para presentar indicaciones a la primera mitad de la iniciativa, y a la otra mitad, quizás hasta noviembre. De esa forma la Comisión podría abocarse al proyecto y los Senadores tendrían tiempo para estudiar otras materias insertas en él.
Me parece lógico el planteamiento, aunque el señor Presidente haga gestos de disconformidad. Pero se trata de un proyecto de Código, y no podemos despacharlo en un mes, ni en dos, ni en tres.
Perfectamente, entonces, podría dividirse el plazo para formular indicaciones, con el objeto de que, mientras la Comisión comienza a trabajar una materia, los Senadores podamos pedir asesoría -estoy seguro de que muchos deberemos hacerlo- a las universidades, a los jueces, a la Academia Judicial, para analizar las indicaciones y no vernos constreñidos en el tiempo.

El señor HAMILTON.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, si existe un acuerdo unánime de Comités, debe ser respetado.
Ahora, si se quisiera cambiar el plazo para presentar indicaciones en los términos expuestos por el Honorable señor Larraín, yo estaría de acuerdo. Sin embargo, dividir el proyecto en dos, como lo sugiere el Senador señor Díez, no me parece pertinente.
La iniciativa será tratada intensamente en la Comisión. Los Senadores que se interesen podrán manifestar sus inquietudes en cualquier momento, y también, hacer consultas a los miembros de aquélla.
No veo la finalidad de un sistema tan extraño como el de dividir el plazo para formular indicaciones.
Me opongo, señor Presidente.

El señor LARRAÍN.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La tiene, señor Senador.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, entiendo la inquietud del Honorable señor Díez, pero estimo que el procedimiento por él planteado no es necesario, por una razón muy simple.
El proyecto no ha sido visto en particular en su primer informe; por lo tanto, deberemos revisar todos sus artículos. De manera que, si se originan inquietudes después de presentadas las indicaciones, los señores Senadores podrán manifestarlas a través de los miembros de la Comisión, pues en ella no estaremos limitados para introducir nuevas modificaciones a un articulado que estaremos viendo por primera vez.
Vamos a revisar todo el Código de Procedimiento Penal, independientemente de que se presenten o no indicaciones a algunos artículos. Por ende, desde esa perspectiva, no es necesario el procedimiento sugerido por el Honorable señor Díez.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La Mesa sugiere respetar el acuerdo adoptado por los Comités, entendiendo que, de requerirse un plazo mayor durante la discusión, nadie impedirá que se prorrogue el determinado originalmente, sobre todo tratándose de un proyecto tan importante.
Tiene la palabra el Honorable señor Díez.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, en el entendido de lo que señaló el señor Presidente de la Comisión, no tengo inconveniente en que se fije el plazo que Su Señoría propuso.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Muy bien. Y si surge cualquier problema, volveremos a consultar a la Sala.

El señor PIZARRO.- No, señor Presidente. Pido que se respete íntegramente el acuerdo de Comités.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se está respetando íntegramente, Su Señoría.
El señor PIZARRO.- Porque, señor Presidente, con el criterio expuesto por el Senador señor Larraín y la interpretación recién oída, perfectamente podríamos terminar adoptando la posición del Honorable señor Díez y alargar por mucho tiempo la discusión del proyecto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Lo que ha propuesto la Presidencia es mantener la fecha fijada por los Comités. Y, estando presentes la señora Ministra y los señores Senadores miembros de la Comisión, si existieran indicaciones que pudieran perfeccionar el proyecto, habría que abrir un nuevo plazo para examinarlas. No podemos adoptar una actitud cerrada frente a la posibilidad de mejorar una iniciativa de esta trascendencia.
Por tanto, pido a la Sala ratificar el acuerdo de Comités.
--Se ratifica.
V. ORDEN DEL DIA



NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto, originado en mensaje, en segundo trámite constitucional e informado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que establece un nuevo Código de Procedimiento Penal.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 35ª, en 10 de marzo de 1998.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 17ª, en 4 de agosto de 1998.


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ofrezco la palabra a la señora Ministra de Justicia.

La señora ALVEAR (Ministra de Justicia).- Señor Presidente, quiero expresar la enorme satisfacción que significa para el Ejecutivo presentar ante el Honorable Senado el proyecto de nuevo Código de Procedimiento Penal, aprobado ya por unanimidad en la Cámara de Diputados y que constituye una de las piezas fundamentales del mecanismo que estamos elaborando para dotar a Chile en el siglo XXI de un nuevo sistema de justicia criminal.
Actual situación del enjuiciamiento penal
Desde hace muchísimos años, en los ambientes sociales, jurídicos y políticos nacionales se viene aludiendo al tema del enjuiciamiento penal, entre otros motivos, por su mayor o menor relación con el debate sobre la seguridad ciudadana.
Debemos, en primer término, traer a colación las frustradas palabras con que el Ejecutivo del siglo pasado propuso el proyecto del actual Código de Procedimiento Penal.
Quiero recordar que, tras proclamarse al juicio oral y público como el de mayores ventajas y atributos, se optó ya en ese siglo por otro completamente diferente, a pretexto de la perenne insuficiencia presupuestaria de nuestro país, de la escasez de población ilustrada y de lo extenso de nuestro territorio.
Si se lee el mensaje con que el Presidente Montt envió al Congreso Nacional el proyecto del Código de Procedimiento Penal que hoy nos rige, se puede apreciar la esperanza de ese Mandatario en el sentido de que al menor plazo factible se pudiese contar en Chile con el sistema oral y público que recién hoy estamos sometiendo a la consideración del Senado.
Más de cien años después de que el proyecto abandonara a su autor, sus deficiencias no sólo se mantienen, sino que, a despecho de aislados y menores intentos de reformas, se vieron incrementadas a través de un lamentable cambio ocurrido a fines de la década de los años 20. Para entonces, por razones de su deficiente desempeño, ciertos funcionarios denominados "promotores fiscales" y que debían asumir el papel de acusadores, representando a la sociedad en los juicios penales -lo que permitía entregar al juez, terminada la investigación, la tarea de decidir entre acusación y defensa-, fueron eliminados del ordenamiento nacional por el camino de declararse vacantes sus cargos.
Las tareas acusatorias, imprescindibles en un ordenamiento ritual penal, se entregaron, a partir de entonces, al propio juez que había conducido la investigación y estaba llamado a decidir la controversia. Se confió al juez del crimen el dictar la acusación que dejara constancia de los cargos que se desprendían de los antecedentes en contra del reo o procesado, "¿supliéndose, así, la intervención del Promotor Fiscal¿", según se lee en el cuerpo legal respectivo.
Imparcialidad del juzgador
El cambio de nuestro Código Procesal Penal que acabo de comentar, que confió a una misma persona funciones tan encontradas entre sí, como las de investigar, acusar y sentenciar, importó un enorme golpe al principal atributo de que está revestida la función jurisdiccional: la imparcialidad. Ésta corresponde a una actitud de neutralidad del órgano frente a las posturas necesariamente parciales de los contendientes, y no debe ser confundida con su independencia.
Vigentes en el país, como Derecho interno, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que exigen que los jueces sean independientes e imparciales, hoy se ha hecho patente la urgencia de adecuar nuestra normativa a tales requerimientos.
Pues bien -y llamo la atención de la Sala al respecto-, la principal carencia del sistema procesal penal chileno actual radica precisamente en este elemento: el juez en lo penal, encargado de las disímiles funciones antes referidas, no es ni puede ser imparcial.
Por supuesto, lo que acabo de expresar no implica en manera alguna (muy por el contrario) un juicio desdoroso contra los magistrados chilenos, ni supone afirmar que se inclinen indebida o reprochablemente a favor de los querellantes o de los querellados, por la víctima o por el victimario; se trata tan sólo del reconocimiento de una realidad.
Nuestro proceso penal vigente se caracteriza porque sus resoluciones, a diferencia de lo que acontece en el ámbito civil, son siempre de mérito. En ellas, el juez va retratando su sentir, sus sentimientos; y de allí que, si estima que los hechos no son constitutivos de delito, simplemente no ordena instruir sumario, o -lo que es lo mismo-, cada vez que sí ordena instruirlo, subyace en tal decisión un juicio implícito, en el sentido de que los hechos podrían ser delictuosos.
Cuando el juez decreta la detención de un sujeto, afirma que sospecha de su responsabilidad en los hechos; y si resuelve procesarlo, el sentido es que, por exigencia legal, debe presumir la misma responsabilidad.
Esta situación -única en el mundo occidental- de otorgar a una misma persona la múltiple responsabilidad de determinar si se investiga o no un hecho que podría ser delictuoso; de investigarlo, en caso afirmativo; de acusar, como resultado de la investigación, y luego, en un esfuerzo intelectual imposible, desdoblarse y sentenciar, lleva a un solo resultado: el compromiso personal y la plena identificación del juez, no con la postura de alguna de las partes, sino con su propio trabajo. Así se genera la falta de imparcialidad del sentenciador chileno de primera instancia.
La cuestión quedará superada definitivamente merced a la reforma constitucional, ya aprobada en el país, que confía de manera exclusiva la dirección de la investigación de los delitos al Ministerio Público, lo que importa desligar, para siempre, a los jueces de tales actividades, preservando su rol histórico de juzgamiento.
Fiel a su matriz medieval, el Código en vigor contempla un procedimiento secreto, en su etapa más importante; escrito, con su secuela de delegación de funciones en empleados inferiores, y de mediación, esto es, se administra la justicia sin que el justiciable conozca a su juzgador, características todas que, permitiendo la simultánea sustanciación de muchos procesos penales, contra lo que podría imaginarse, los torna lentísimos e ineficientes. Al efecto, son elocuentes las cifras estadísticas que enseñan que una mayoría enorme de procesos concluye sin resultado alguno, esto es, sin condenar ni absolver. Hay una cantidad importantísima de sobreseimientos temporales.
Contrapunto de la garantía y la eficacia
En un proceso penal no tardan en aparecer, en clara confrontación, el respeto a los derechos del sujeto imputado y la necesidad social de establecer los términos del atentado delictual y sancionarlo adecuadamente, dando a la víctima la protección necesaria.
Es, pues, tarea del legislador -en eso estamos actualmente- encontrar los balances necesarios que permitan que, como se ha dicho modernamente, el proceso penal se conduzca por una escrupulosa regla moral que reafirme el ideario procesal penal, conforme al cual el embate entre la pretensión punitiva, los derechos de la víctima y el derecho a la libertad y a la defensa se resuelva otorgando las debidas garantías al acusado y preservando la necesidad de la defensa social.
La cuestión tiene múltiples e importantes aplicaciones y consecuencias. Baste tan sólo reparar en el tema de las pruebas admisibles o inadmisibles; en el debate en torno al valor incriminador de los dichos del imputado; en el reconocimiento del derecho de éste a guardar silencio, entre otras materias.
Simplificando, puede afirmarse que la historia de la evolución del proceso penal, en el mundo, no es más que la crónica de la evolución de las relaciones entre el garantismo y la eficacia.
Así, un proyecto de Código Procesal Penal debe, primero, asegurar la imparcialidad del juzgador; segundo, buscar contacto directo entre el juzgador y el acusado; tercero, privilegiar la celeridad en el enjuiciamiento, sobre la base de que la lentitud es un enorme disvalor que se hace sentir especialmente sobre la víctima y sobre el imputado, y por último, apuntar a regular adecuadamente las relaciones entre el respeto a la dignidad del acusado y la necesaria eficiencia de la organización para la persecución penal.
Globalidad de la reforma
El proceso reformador procesal penal chileno no se agota en la proposición de un nuevo Código: es tal la magnitud del cambio que se requieren instituciones nuevas que lo hagan operante.
De allí que, junto al Código Procesal Penal en debate, se estudia actualmente la ley orgánica del Ministerio Público, que ha culminado su tramitación en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, donde se aprobó por unanimidad, y ha pasado ya a la Comisión de Hacienda.
Adicionalmente, se establecerá una Defensoría Pública, estructurada con la fortaleza suficiente para constituirse en un adecuado oponente al Ministerio Público referido. Se consultan, además, diversas modificaciones al sistema de organización judicial y una adecuación de la legislación, la cual, precisamente en estos mismos instantes, se debate en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.
Nuevo Código Procesal Penal
Importa señalar que el nuevo Código que tengo el honor de presentar esta tarde en el Senado es fruto de la colaboración y el esfuerzo oficial, representado por la participación, el aporte y el respaldo del Ministerio de Justicia, y también -me parece justo reconocerlo- del sector privado, responsable de un trabajo que hemos coordinado en conjunto con la Corporación de Promoción Universitaria y la Fundación Paz Ciudadana.
Ha contado, además -y quiero destacarlo-, con la intervención permanente, y por larguísimos meses, incluso antes de que llegara a la Cámara de Diputados, de especialistas académicos nacionales y extranjeros, y de jueces, tanto de los tribunales superiores -especialmente, señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones- como de los inferiores.
Aprobado en forma unánime por la Cámara de Diputados, tras un concienzudo estudio y análisis, el proyecto constituye, por todas estas características, un fenómeno científico-político inédito en nuestro país.
Pocas veces una iniciativa destinada a convertirse en ley, y que importa una transformación tan radical de lo existente, consigue aglutinar tras suyo a sectores tan diferentes de la vida nacional, en demostración cabal de que lo vigente ya es insoportable.
Habrá que comenzar destacando que el sistema que el proyecto ofrece se ajusta a las más exigentes tendencias legislativas y científicas contemporáneas. Ofrece, desde luego, como norte inspirador, los avances del Derecho Comparado moderno.
En su desarrollo, se ha dado acogida a un régimen acusatorio, bajo la vigencia de tres premisas básicas:
La primera, que no puede haber proceso si no hay acusación y si ésta es formulada por persona ajena al tribunal sentenciador.
La segunda, que no puede condenarse ni por hechos distintos de los acusados ni a persona distinta de la acusada.
La tercera, que no pueden atribuirse al juzgador poderes de dirección material del proceso que cuestionen su imparcialidad.
El proyecto ofrece un sistema procesal penal estructurado en tres etapas perfectamente diferenciadas:
a) La instrucción informal, a cargo del Ministerio Público;
b) La etapa intermedia, en la cual destaca la audiencia de preparación del juicio oral, y
c) El juicio oral mismo.
Sujetos del proceso
Para los efectos del Código, se considerarán intervinientes en el proceso los Fiscales del Ministerio Público, el imputado, la víctima, el querellante particular, el actor civil y el tercero civilmente demandado, desde el momento en que hubieren realizado cualquier actuación procesal o desde el momento en que la ley les permita ejercer facultades determinadas.
A su turno, el Título V del Libro I regula la situación de los sujetos procesales, calidad que otorga al tribunal, al Ministerio Público, a la Policía, a la defensa, al imputado, a la víctima y al querellante.
Agente de la instrucción
La separación de etapas a que he hecho referencia lleva aparejada una clara distinción de protagonistas, y entrega, en consecuencia, a sujetos diversos la conducción o dirección de los distintos estadios procesales.
De esa forma, se ataca de raíz la realidad procedimental actual, y se separan las funciones que se cumplen al interior del proceso para prevenir el prejuzgamiento y evitar que el acusado sea juzgado por un órgano falto de imparcialidad.
Nuestro Constituyente optó por confiar la instrucción al Ministerio Público, con el control -cabe destacarlo- de un Juez de Garantías, siguiendo el criterio adoptado hoy por el Código de Proceso Penal Modelo para Iberoamérica; por la Ordenanza Procesal Penal alemana; por el moderno Código Italiano, y por el Código Procesal Penal peruano, vigente desde el 2 de mayo de 1992, entre tantos otros cuerpos legales que hemos tenido a la vista.
Incorporar al ordenamiento a los Fiscales del Ministerio Público, que tendrán una especial versación para asumir las funciones de investigación y de acusación, aparece, desde luego, como un cambio altamente beneficioso para el sistema y, en particular, para los jueces, cuyas funciones se aliviarán considerablemente.
Así organizada la actividad, se genera un sistema de protección a los derechos de las personas considerablemente mejor que bajo un régimen de jueces instructores, desde que, en aquél, el imputado tendrá siempre la posibilidad de recurrir, de inmediato, al Juez de Garantías, a fin de obtener que se reparen las demasías en que el celo investigador haga incurrir, en alguna oportunidad, al Ministerio Público.
Por otra parte, de cara a la opinión pública resulta institucionalmente conveniente que no sean los jueces -el Poder Judicial- sino el Ministerio Público quien asuma los éxitos y los fracasos de la actividad investigadora de los delitos. Este enfoque permitirá, en su caso, hacer efectivas las responsabilidades del Fiscal General, sin perjuicio de las de diferente naturaleza que afecten a otros funcionarios, y no expone, como ocurre hoy en día, al Poder Judicial al descrédito por errores o falta de logros que, muchas veces, le son completamente ajenos.
Señor Presidente, sin entrar en detalles, quiero hacer mención a que en este Código Procesal Penal, que en su discusión particular tendremos ocasión de precisar, existe un conjunto de salidas alternativas, entre las cuales, es importante explicitar la existencia de una de ellas: los acuerdos reparatorios.
Acuerdos reparatorios
Para delitos culposos, sin resultados de muerte o lesiones, que afecten en forma permanente y grave a las personas, y para delitos que recaen sobre bienes disponibles, se contempla, en el Código Procesal que estamos sometiendo a vuestra consideración, la posibilidad de celebrar acuerdos indemnizatorios o reparatorios, que -libremente adoptados por los intervinientes, y que en opinión del juez tienen pleno conocimiento de sus derechos- extinguen la acción penal.
Se ciñe, así, el proyecto a las más modernas tendencias en políticas penales que apuntan, cada vez más, a reforzar el criterio de "ultima ratio" que se asigna al proceso y al Derecho Penal.
Garantías en la instrucción
Por otra parte, la instrucción o investigación está concebida para tener carácter estrictamente informal.
El proyecto fortalece el derecho a la defensa, restringiendo al mínimo indispensable el secreto de las actuaciones, permitiendo la intervención del abogado y realzando el principio de inocencia, por varias manifestaciones, entre las que cabe destacar la supresión del procesamiento, conflictivo estado procesal que, en general, la opinión pública asimila a condenado y que impone al sujeto privaciones; baja consideración social, etcétera.
Medidas cautelares
A las tradicionales medidas cautelares personales actuales -como el arraigo, la citación, la detención, la prisión, entre otras- se unen, provechosamente, otras nuevas, denotando la disposición a aumentarlas con ingenio e imaginación, como la prohibición de salir de la ciudad, la obligación a firmar, etcétera, lo que justifica que, sobre la base de una aplicación de la teoría general de la cautela, puedan éstas ampliarse por el juez, de cara a la eficacia, pero con observancia de las garantías del sujeto.
Corresponde destacar que, por mandato constitucional, tanto el régimen de otorgamiento de las medidas cautelares personales como la actividad investigativa estarán siempre bajo la directa tutela del Juez de Garantías.
Así, para que se puedan adoptar tales medidas cautelares, será menester que se haya procedido a lo que se denomina la "formalización de la instrucción", que no es más que la manifestación que el fiscal efectuará al imputado, en presencia del juez, del hecho de encontrarse actualmente en desarrollo una investigación en su contra, por uno o por más delitos determinados.
Juicio oral
El juicio penal, señor Presidente, que el proyecto determina como oral y público, necesariamente debe sustanciarse ante un tribunal que no haya tenido intervención alguna en las etapas previas. Ésta es una condición básica para el juzgamiento imparcial y el proyecto la satisface.
Debo hacer presente que no hay constitucionalista actual alguno en nuestro país que no haya sostenido -y así lo ha conocido la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, así como también la Cámara de Diputados-, que el actual Código Procesal Penal es abiertamente inconstitucional, por cuanto atenta contra una norma consagrada en la Constitución, cual es la del debido proceso, que asegura a los procesados por delitos que quien investigue sea una entidad completamente distinta de quien en definitiva falle.
a) El tribunal
Por eso, el proyecto contempla que los delitos de mayor gravedad sean juzgados oral y públicamente por un tribunal colegiado de única instancia, fórmula recogida en el moderno Derecho Comparado y sobre cuyas incuestionables ventajas, puestas de relieve por la doctrina, no parece ser ésta la oportunidad adecuada para debatirlas.
b) El procedimiento
Como lo anticipa la denominación -y es la tónica general-, el procedimiento es estrictamente oral y supone la permanente e ineludible presencia simultánea de todos los sujetos en la audiencia. Me refiero al tribunal (a los tres jueces), al imputado, al defensor y al acusador, constituyendo esta circunstancia -la presencia de todos ellos- un elemento esencial, una condición de validez para las actuaciones que allí se verifiquen.
Los delitos de menor entidad serán juzgados por un tribunal unipersonal, cuyas resoluciones serán apelables.
La prueba
Me parece importante, aunque sea en algunos segundos, referirme al tema de la prueba. El principio fundamental es que sólo la prueba producida en el juicio, con la presencia de los tres jueces del tribunal colegiado y de las partes sirve para fundamentar la sentencia.
Se establece así que la prueba producida en la instrucción no es idónea como respaldo del fallo, perdiendo esta etapa investigadora la importancia insuperable que, para la suerte del proceso, tiene en la actualidad.
El proyecto reconoce la idoneidad de toda clase de instrumentos y medios de reproducción, inclinándose por una amplia admisión de prueba, complementada por una fórmula de valoración asimilable a la sana crítica, régimen usual hoy en todos los sistemas contemporáneos.
Quiero destacar, entonces, que este Código Procesal Penal le da una mayor relevancia al trabajo que van a realizar los jueces, al entregar la valoración de la prueba a su sana crítica.
La sentencia
La sentencia sólo podrá ser pronunciada por los jueces que hayan asistido a la totalidad del juicio.
Concluido el debate, sin suspender la audiencia, ellos se retiran a deliberar privadamente y, luego, regresan a la sala de audiencias para comunicar la decisión de absolución o condena. Deberá, en ese momento el Presidente, fijar una fecha de audiencia en la cual se dará lectura al fallo, la cual no podrá exceder de un plazo de 30 días.
Los recursos
Ya se anticipó que el juicio contempla la eliminación de la apelación de las resoluciones dictadas por el Tribunal Colegiado y la posibilidad de recurrir de casación ante las Cortes de Apelaciones y ante la Corte Suprema a través de un ingenioso modo de selección de casos.
Además de los tradicionales recursos de reposición y de apelación en la hipótesis señalada, el Código establece -y fue un elemento que, debo reconocer, agregó la Cámara de Diputados- un "Recurso Extraordinario", por medio del cual se podrá impugnar la sentencia definitiva condenatoria del juicio oral, que se aparte, manifiesta y arbitrariamente, de la prueba rendida en el juicio.
De este recurso conocerá la Corte de Apelaciones respectiva, la que, en el evento de acogerlo, dispondrá el reenvío, para los efectos de que se sustancie un nuevo juicio ante el Tribunal Colegiado correspondiente.
La casación
La casación procederá siempre que el fallo hubiere infringido una disposición legal o constitucional. Del mismo conocerá la Corte Suprema, la que podrá, empero, disponer que el recurso sea fallado por la Corte de Apelaciones, si la sentencia hubiere sido absolutoria; o si ella condenare a penas no privativas de libertad o a penas privativas de escasa consideración.
La sentencia que diere lugar a una casación dispondrá, por regla general, también el reenvío y no podrá dictarse en perjuicio del recurrente, por encontrarse expresamente prohibida la "refomatio in peius".
En definitiva, la regla es que las resoluciones del tribunal colegiado no son impugnables por apelación sí lo son, en cambio, las del tribunal unipersonal.
Señor Presidente, Honorables señores Senadores, la propuesta del nuevo Código Procesal Penal, que hoy se presenta a consideración de esta Sala, satisface las exigencias técnicas que el estado actual de la ciencia procesal penal demanda; consagra efectivamente los derechos de las víctimas; mejora la administración de los recursos públicos, permitiendo aplicarlos a los temas que son realmente significativos para la seguridad ciudadana.
En la medida en que la investigación se confía a personas expertas distintas del juez, no sólo aumentará la eficacia de la actuación jurisdiccional cuyos desalentadores resultados actuales motivan la desconfianza de la opinión pública, sino que se dejará a los jueces en lo que propiamente les pertenece; me refiero al juicio jurisdiccional. Además, coloca a los tribunales a salvo de críticas por los resultados de investigaciones deficientes y que los jueces no controlan.
Finalmente, el sistema que se introduce se ajusta, con la publicidad que le caracteriza, por las garantías que contempla y la diferenciación de los roles que asigna, a los patrones de un Estado de Derecho republicano y democrático.
Por todo lo anterior, invito al Senado a aprobar la idea de legislar respecto del proyecto que establece un nuevo Código Procesal Penal, por cuanto ello significará dar un paso adelante en nuestro común deseo de contar con el moderno sistema de justicia criminal que Chile se merece.
Quiero terminar agradeciendo sinceramente el notable esfuerzo, inédito, desarrollado para elaborar este Código Procesal Penal.
Ya señalé con antelación que hemos contado con el valioso aporte de la comunidad jurídica, de instituciones privadas, como la Corporación de Promoción Universitaria y la Fundación Paz Ciudadana, que en forma generosa, en conjunto con muchos de nuestros magistrados, quienes de manera cada vez más masiva se fueron sumando a este proyecto, y en un esfuerzo sin precedentes de colaboración entre el sector público y el privado, trabajaron con nosotros durante más de un año, antes de presentar este nuevo Código al Congreso Nacional. En ese lapso se suscitaron los consensos necesarios, realizamos un diagnóstico común y hubo propuestas generalizadas que fuimos capaces de traducir en este Código Procesal Penal, tan acuciosamente estudiado por tantos expertos en nuestro país, en términos tales que es difícil poder decir hoy a quién pertenece.
Este nuevo Código Procesal Penal pertenece a la comunidad jurídica, a nuestros jueces y, desde luego -quiero destacarlo-, a los Parlamentarios, que han efectuado un sustantivo y generoso aporte que permitió aprobar la iniciativa por unanimidad en la Cámara de Diputados, y cuya idea de legislar también acogió unánimemente la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Como se podrá apreciar, ésta llevó a cabo un trabajo exhaustivo. En ella se escuchó a la comunidad jurídica, a nuestros jueces, y se recogió la opinión de expertos extranjeros, lo que requirió -lo reconozco públicamente- una cantidad enorme de horas de dedicación y trabajo para elaborar el informe acucioso que esta tarde se presenta a conocimiento de la Sala. Esta iniciativa corresponde, sin lugar a dudas, a la modificación más sustantiva, desde el punto de vista de la modernización del Estado, que se realiza en los últimos cien años y que podremos conocer.
Gracias, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín, Presidente de la Comisión de Constitución.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, por la unanimidad de sus miembros, recomienda al Senado la aprobación en general del proyecto de nuevo Código Procesal Penal.
Los antecedentes en que se basa esta aprobación unánime de la Comisión constan en el informe que ha sido entregado hace algunas semanas a los señores Senadores, el que, dada su naturaleza -en general, y no en particular-, ha sido largo y complejo. Sin embargo, hemos creído conveniente reflejar en él los distintos aspectos contenidos en la iniciativa y que se refieren, en lo fundamental, a las materias que deben ser resueltas en el articulado del Código.
En el informe recogimos el debate, rico y completo, que se produjo. Y lo hemos estructurado en términos de las inquietudes que principalmente anidan en esta materia, y, por cierto, en forma anexa se incorporaron todos los antecedentes que tuvimos en consideración o que se nos hicieron llegar en el curso de nuestro trabajo, para conocimiento pormenorizado de los señores Senadores.
Por eso, dejo constancia de nuestra gratitud por el esfuerzo hecho por la Secretaría de la Comisión, en particular en la persona de su Secretario, don José Luis Alliende, quien ha realizado una labor que debe ser reconocida en justicia.
Este trabajo ha sido posible gracias a la enorme colaboración de muchas personas. Desde luego, participaron en las sesiones de la Comisión numerosos señores Senadores. Y debemos dejar constancia de nuestro reconocimiento, por cierto, a la señora Ministra de Justicia, quien nos acompañó en forma permanente, y a sus principales representantes en la Comisión: el Jefe de la Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal Penal de dicho Ministerio, señor Rafael Blanco, y el asesor de esa Secretaría de Estado, el profesor don Raúl Tavolari.
Quiero destacar no sólo el informe de la Excelentísima Corte Suprema, sino que su presencia personal, encabezada por su Presidente don Roberto Dávila, quien junto al Ministro don Mario Garrido nos acompañaron permanentemente en los debates de nuestra Comisión, lo cual, desde luego, honra al Senado. Adicionalmente, también participaron otros Ministros del Alto Tribunal -como don Alberto Chaigneau- los que concurrieron para aportar antecedentes sobre la materia.
Gracias al respaldo del Presidente del Senado, en particular su comprensión económica, fue posible intercambiar ideas con tres destacados juristas extranjeros: el argentino Pedro Juan Bertolino, el brasileño Antonio Magalhâes y el fiscal italiano Giovanni Salvi, quienes, con sus aportes e información, nos dieron luz acerca de las experiencias y dificultades que existen no sólo en la concepción de este proceso, sino también en su implementación práctica.
De Chile participaron en la Comisión numerosas instituciones, las que enumeraré para dejar constancia de ellas en el acta de esta sesión: el Colegio de Abogados de Chile, las facultades de derecho de numerosas universidades, la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial, el Instituto Chileno de Derecho Procesal, el Instituto de Ciencias Penales, la Fundación Paz Ciudadana, la Corporación de Promoción Universitaria, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y representantes del Ministerio de Salud Pública, que, junto con los equivalentes del Ministerio de Justicia, se refirieron al tema de los enajenados mentales. Asimismo, muchos profesores, abogados y otros especialistas concurrieron a título individual, a los que agradecemos su participación y los antecedentes que nos entregaron, en virtud de los cuales pudimos desarrollar esta tarea, como se puede apreciar en los documentos que acompañan el informe.
Por otra parte, deseo referirme a las consideraciones que, a nuestro juicio, justifican esta propuesta.
La primera de ellas es de carácter histórico. Nuestros procedimientos penales, en teoría, deberían haber merecido siempre una preocupación especial del legislador, por los significativos bienes jurídicos que pone en juego y por la trascendencia que tienen para el desenvolvimiento de la sociedad. Pero lo cierto es que una somera revisión de la historia nos demuestra que en nuestro país no ha ocurrido así.
Las reglas procesales penales, mientras Chile perteneció a la Corona española, lograron superar la complejidad de la legislación indiana y aplicarse efectivamente gracias a las instrucciones que se dieron en forma oportuna para la substanciación de los procesos, a los jueces, en su gran mayoría legos. Pero, ocurrida la Independencia, siguieron aplicándose las mismas reglas por ochenta y nueve años más, hasta que entró en vigencia el actual Código de Procedimiento Penal, el 1 de marzo de 1907.
Sólo una mínima parte de la demora en reformar el proceso penal es atribuible a la tramitación legislativa, la cual -si bien el mensaje del Ejecutivo se presentó el 31 de diciembre de 1984- sólo comenzó en el hecho seis años después, debido a las urgencias y premuras en legislar sobre diversas materias que entonces preocupaban a los Parlamentarios, tal como sucede muchas veces en la actualidad.
Lo cierto es que no hubo la oportunidad o, quizás, derechamente, el consenso necesario, para legislar antes sobre esta materia. Y se hizo -según se lee en la historia de la ley- con la convicción, que partía del propio Ejecutivo, y luego fue seguida por los Parlamentarios, de que el sistema que proponía el Código de Procedimiento Penal no era el ideal, pero que resultaba preferible a la confusión existente y a la variedad de prácticas que aplicaban los distintos juzgados.
Este hecho consta, en especial, en el mensaje tocante al Código de Procedimiento Penal, donde se da cuenta de lo siguiente: tres sistemas diversos se presentaban, desde luego, para servir de base al nuevo procedimiento que se intentaba instaurar. El primero era el del juicio por jurados, establecido en todos los países de Europa, con excepción de Holanda, y que es considerado como el más perfecto de los que se conocen. El segundo, llamado juicio oral, fue aceptado por varios países como un medio de transición del antiguo sistema inquisitivo con jueces de derecho, al juzgamiento de jurados¿El tercer sistema, que es el de la prueba escrita, está en uso en aquellos países que por razón de sus costumbres, de la poca densidad de su población o de la escasez de sus recursos, no han podido adoptar ninguno de los primeros¿".
"Ni siquiera" -continúa el mensaje- "ha sido posible separar en este proyecto las funciones de juez instructor de las de juez sentenciador, reforma ya adoptada en el Código de Procedimientos Criminales de la República Argentina¿".
En buenas cuentas, quienes participaron en la redacción y aprobación del Código de Procedimiento Penal tenían muy claro que éste no expresaba los máximos ideales de los procedimientos criminales, ya que la situación social y económica del país -en su criterio- no lo permitía. Previeron que en el futuro -el que esperaban que llegara pronto- pudieran solucionarse estas carencias y fuera posible llevar a cabo una reforma que recogiera estos principios del procedimiento criminal. Al mismo tiempo, y para salvaguardar ciertos derechos y garantías de los inculpados y de las víctimas, que podían verse perjudicados por el sistema inquisitivo, se previeron ciertas normas de control, como la doble instancia, prácticamente imposible de efectuar en el juicio por jurados y en el procedimiento oral.
Hoy en día, en cambio, existe una decisión política, en el amplio sentido de la palabra, encabezada por el Gobierno, que ha sido respaldada por diversas instituciones que han sido gravitantes en este proyecto, en donde debo destacar la Fundación Paz Ciudadana y la Corporación de Promoción Universitaria, decisión que ha sido compartida en buena medida por todo el espectro político partidista, y en la cual están colaborando decididamente los especialistas, de reformar el sistema procesal penal.
Una clara evidencia de este concurso de voluntades es la rápida pero minuciosa tramitación que se dio a la reforma constitucional publicada el 16 de septiembre de 1997, la que está sirviendo de base para los cambios propios de la ley común, como el que nos ocupa, o de carácter orgánico constitucional, como son las modificaciones al Código Orgánico de Tribunales y la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que se estudiarán separadamente.
Si a ello se agrega que el Ministerio de Justicia ha impulsado diversas iniciativas tendientes a asegurar que no sólo se aprueben cuerpos legales razonables y coherentes, sino que se cuente con los recursos humanos y materiales indispensables para llevar a cabo en buena forma una modificación tan sustancial como ésta -con lo cual se hace cargo del principal obstáculo que han encontrado otros movimientos de reforma procesal penal en América Latina-, debemos congratularnos de que el escenario en que nos encontramos se presenta claramente auspicioso y, ciertamente, muy diferente del que existía a principios de siglo.
Una segunda causa que mueve a aprobar en general este proyecto de Código Procesal Penal, es la necesidad de insertar nuestro proceso penal en el mismo contexto en que se ubican la legislación comparada y los tratados internacionales. Cuando se observa que no sólo los países del derecho común anglosajón, sino que los europeos continentales, a cuya familia jurídica pertenecemos, y la mayoría de los países latinoamericanos, como Brasil, Venezuela, Argentina -en cuanto a su sistema federal-, Costa Rica, Bolivia, Perú, Colombia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panamá, ya se encuentran aplicando -o están en proceso de hacerlo- una reforma en una línea muy similar, surge válidamente la inquietud de determinar si, en efecto, el sistema de juicio oral no ofrecerá mayores ventajas que la instrucción secreta del sumario penal que nos rige actualmente. Si a ello se agrega que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 8º, contemplan diversas garantías procesales, que el Estado chileno está obligado a considerar en nuestro ordenamiento procesal penal por haber ratificado ambos instrumentos internacionales, resulta plenamente justificada la preocupación de que ellas no puedan consagrarse en su integridad, ni tampoco en forma apropiada, en el evento de que se mantuviera en aplicación el actual sistema procesal penal.
No se trata ciertamente de imitar o copiar modelos por el sólo hecho de hacerlo, sino porque, entre los profesionales del Derecho, en la propia judicatura, inicialmente renuente, y de modo más lacerante en el ciudadano común y corriente, se ha ido extendiendo la certeza de que la actual forma de administrar justicia en lo criminal -que va más allá de un cuerpo normativo, porque comprende las prácticas y una forma cultural de entender la justicia penal- es claramente insatisfactoria.
Y de ello aparece otra razón, que también justifica votar favorablemente este proyecto de Código Procesal Penal, cual es la falta de eficacia del proceso penal vigente. Hay muchos antecedentes recogidos en el informe y, entre ellos, recuerdo uno muy importante. Las cifras demuestran que si se considera un período prolongado, por ejemplo de nueve años, entre 1985 y 1993, los procesos que se iniciaron por delitos reconocidamente graves, como lo son los de robo, violación, drogas y homicidio, terminaron en sentencia condenatoria en porcentajes verdaderamente ínfimos: sólo 5 por ciento en los casos de robo; 10 por ciento tratándose de la violación; 13 por ciento en los que conciernen a drogas, y 40 por ciento en las causas de homicidio.
Es justa, entonces, la desconfianza de la población acerca de un sistema que, aun con prescindencia de todas las numerosas críticas que merece a los especialistas, resulta ser ineficaz para expresar el reproche social a quienes quebrantan normas básicas de convivencia, como son las de orden penal.
El proyecto de Código Procesal Penal pretende dar una respuesta, sustituyendo la reacción estatal única y lineal frente a cualquier otro hecho delictivo, que se traduce en la resolución judicial que ordena instruir sumario, por fórmulas alternativas de solución de los conflictos penales, que ofrecen a los directamente involucrados, cuales son la víctima o sus familiares, el hechor o imputado y el fiscal del Ministerio Público en el nuevo sistema, la posibilidad de buscar, para el caso concreto, una solución que satisfaga los distintos y legítimos intereses en juego.
En esa medida, tiende a que la persecución penal consiga resultados, desde el momento en que no la deja entregada sustancialmente a lo que haga el Estado, a través de los tribunales y de los organismos policiales, en procura de una verdad que satisfaga en abstracto la demanda social de reparación del daño infligido, sino que permite participar en la búsqueda de la solución a los que son partes inmediatas en el conflicto, a fin de llegar a un mecanismo que consideren que repara el perjuicio específico que se provocó con el delito.
La participación del ciudadano común y corriente se manifiesta también en un aspecto que constituye un nuevo motivo que ha tenido en vista nuestra Comisión para aprobar esta iniciativa: la transparencia en el juzgamiento de los delitos.
Parece que no caben muchas dudas de que un aspecto que incide en la percepción desfavorable de la ciudadanía acerca de los procesos penales, es el secreto del sumario, que a veces se extiende por un lapso considerable, de forma que en dicha etapa incluso la víctima y el inculpado desconocen lo que ocurre en la causa.
El juicio oral y público, en ese sentido, cumple una innegable función, por así decirlo, didáctica, cual es la de hacer saber a la sociedad en su conjunto que se está juzgando el hecho delictivo, y permitirle que aprecie directamente la acusación que se hace, las pruebas que se rinden, la defensa que haga el imputado, el papel que cumple el fiscal, el Ministerio Público, y la decisión que adopten los tres jueces que integrarán el tribunal colegiado llamado a fallar la causa.
En lo referente al proyecto de Código, es conveniente tener presentes sus características fundamentales, las que en cierto sentido fueron reseñadas por la señora Ministra de Justicia en el día de hoy y se expusieron largamente en la Comisión, en cuanto a que este nuevo código está sujeto a determinados principios generales que explican el contexto de las normas. A ellos habrá que atenerse al momento de revisar el articulado mismo del proyecto. Muy brevemente deseo reseñarlos para facilitar la comprensión de esta iniciativa legal.
El primero se refiere a los principios jurídicos penales comprendidos en esta proposición, y se relacionan con el resguardo de los derechos del inculpado, entre los cuales se incluyen la defensa, el principio de inocencia, los jueces de control de instrucción destinados a proteger los derechos y garantías del inculpado y de terceros.
En seguida, está el resguardo de los derechos de la víctima, en el que se impone al Ministerio Público velar por su protección; se amplía el concepto de víctima; se obliga a la Policía y organismos afines a darle un trato de víctima, y se le permite actuar en el proceso, incluso presentando querella particular.
Un tercer principio jurídico penal es la eficaz utilización de los recursos públicos en la administración procesal penal. El fiscal queda autorizado para el archivo provisional en caso necesario, cuando de los antecedentes no se pueda llegar a un resultado.
El último es el principio de la oportunidad, ya que el principio de la oficialidad que nos ha guiado ha resultado ineficiente. Por ello habrá una discriminación positiva que permitirá no iniciar la acción penal, por la insignificancia del delito.
En segundo término, están los principios del Estado de Derecho, consistentes en la separación entre la investigación y el juzgamiento, lo que se considera esencial para el juzgamiento imparcial. Por ello se estima que el actual procedimiento penal, de acuerdo con la opinión de numerosos constitucionalistas, es inconstitucional. En seguida, no se entrega el monopolio de la acción penal al fiscal, y se crea un tribunal colegiado de única instancia, con lo cual se buscan sentencias rápidas y justas. La instancia única es consecuencia de la oralidad y los costos. Se elimina la apelación, subsistiendo la casación y un recurso extraordinario, incorporado por la Cámara de Diputados.
En tercer lugar, se incluyen los principios de política criminal.
Ellos buscan resguardar la libertad, pero, también, la seguridad; una justicia consensuada con la posibilidad de establecer preacuerdos en bienes jurídicos disponibles que sean aprobados siempre por el juez; procesos abreviados, sin llegar al juicio oral en ciertos casos que sean también aprobados por el juez; penas alternativas, para excluir la privación de libertad y ahorrar recursos públicos.
Esto trae consigo la suspensión a prueba del proceso (institución tomada del Derecho anglosajón). Este perdón de la pena podrá ser definitivo, si no delinque en cierto tiempo y en el caso de que incumpla, se llegará a continuar el proceso.
Finalmente, se hallan los principios de procedimiento o reglas técnicas, que incluyen la publicidad, para evitar los excesos del organismo estatal; la oralidad, que es un medio para lograr la inmediación entre el juez y los acusados; no podrán leerse documentos o registros, y testigos y peritos deberán ser interrogados, y habrá que hacer un registro de carácter general, y no completo como ocurre hoy en día.
Luego, se establece la presencia ininterrumpida durante el juicio oral de todos los jueces acusadores, defensores y acusados. Se incluyen medios de prueba en forma amplia, aunque la sentencia sólo se basará en aquellas pruebas que se hayan rendido en el juicio oral, basándose en el principio de la sana crítica, y no en la prueba legal tasada.
Estos son los principios fundamentales que el proyecto contiene, de acuerdo al planteamiento hecho en la Comisión por el Ejecutivo, a través de la señora Ministra de Justicia.
Ahora bien, el hecho de que la iniciativa haya sido aprobada en la Comisión no significa que ésta suscribe la totalidad de las nuevas instituciones que se propone crear en el nuevo Código de Procedimiento Penal.
Ya mencioné que tuvimos el agrado de contar no sólo con la amplia colaboración de la señora Ministra de Justicia y sus asesores, sino, también, de la Corte Suprema y de numerosas y destacadas instituciones y especialistas, tanto nacionales como extranjeros, cuyas opiniones pormenorizadas se hallan ya recogidas por la Comisión.
De los informes recibidos y de las inquietudes recogidas, manifestadas en la Comisión, se suscitó un interesante debate sobre los aspectos centrales de la iniciativa. En el informe optamos por resumir esta discusión respecto de lo que aparece como los más importantes e innovadores cambios estructurales propuestos, partiendo de la base de que hay coincidencia en la sustitución del sistema procesal penal inquisitivo que nos rige por un sistema penal acusatorio, como ya anticipa la reforma constitucional de 1997.
A modo de ilustrar a Sus Señorías, quiero referirme a las principales inquietudes que deben analizarse, tanto para el debate cuanto para la presentación de iniciativas que se efectuará con posterioridad.
En rasgos muy generales, cabe señalar que el Ministerio Público, como órgano de persecución penal estatal, cumplirá la función de investigación que hoy tiene el juez del crimen en la etapa de sumario. La Comisión se detuvo especialmente en las facultades que se confieren a este órgano para resolver no investigar, si estima que los antecedentes no dan cuenta de un hecho constitutivo de delito, o que se archiven provisionalmente los antecedentes cuando, aun existiendo delito, no hay posibilidad real de investigar el hecho, a lo cual podrá oponerse la víctima.
En la etapa de investigación tendrán activa participación el fiscal del Ministerio Público, la policía y el juez de control de la instrucción, encargado de resolver los conflictos que puedan producirse entre la actividad de investigación del fiscal y los derechos e intereses del imputado y la víctima. Las relaciones que se producirán entre el Ministerio Público y el juez de control de la instrucción y entre el Ministerio Público y la policía fueron objeto de un pormenorizado análisis por la Comisión, ya que apuntan a un elemento medular de la reforma. En efecto, los tribunales y la policía, que hasta el momento tienen una relación directa, estarán obligados a plantear la nueva vinculación a través del Ministerio Público, al que constitucionalmente le corresponde en lo sucesivo, aprobada esta iniciativa, dirigir en forma exclusiva la investigación e impartir órdenes directas a la policía.
Concluida la etapa de investigación podrá aplicarse alguna de las salidas alternativas o formularse la respectiva acusación. Las denominadas salidas alternativas, junto con el procedimiento abreviado, son herramientas indispensables para evitar la acumulación excesiva de causas, que superaría las posibilidades de respuesta de los órganos integrantes del sistema.
La Comisión evaluó con cuidado dichas salidas alternativas, puesto que son aspectos medulares para el éxito del nuevo proceso que se instaura a través de este Código, y que fundamentalmente son la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios.
La suspensión condicional del procedimiento se explica como la anticipación del tipo de solución que la sentencia probablemente otorgará al caso cuando resulte aplicable alguna de las medidas alternativas a las penas privativas de libertad hoy vigentes. De esta forma se evitará el proceso y se fijarán las condiciones que debe cumplir el imputado por un determinado tiempo. Si las incumple, se revocará la medida; y si vuelve a delinquir en ese lapso, se le juzgará por ambos delitos.
Los acuerdos reparatorios, por su parte, son una forma de extinción de la acción penal que reconoce el interés de la víctima de aquellos delitos que afectan bienes jurídicos disponibles, de carácter patrimonial, en términos de permitir que suscriba un acuerdo económico con el imputado, bajo la supervisión del Ministerio Público y la aprobación del juez de control de la instrucción.
El procedimiento abreviado, a su turno, considera la posibilidad de que el imputado renuncie a su derecho al juicio oral, manifestando su acuerdo con los hechos contenidos en la acusación y los antecedentes de la instrucción que la fundan. Por la trascendencia de la renuncia al juicio oral, no se contempla su aplicación en aquellos casos en que se arriesguen penas privativas de larga duración o la de muerte. La Comisión discutió latamente la necesidad de exigir que el imputado reconozca los hechos contenidos en la acusación y los antecedentes de la instrucción realizada por el Ministerio Público, sobre todo a la luz de la experiencia brasileña en esta materia.
En caso de que el fiscal formule acusación, tendrá lugar una audiencia de preparación del juicio oral ante el mismo juez de control de la instrucción.
El juicio oral se celebra ante un tribunal colegiado compuesto por tres miembros, frente al cual deberá formularse la acusación, plantearse la defensa y producirse las pruebas, en una o varias audiencias, que deberán desarrollarse en forma continuada y con la presencia permanente del fiscal y del imputado y su defensor. Este requisito, que configura una causal de nulidad, dio lugar también a un intercambio de opiniones sobre la regulación que el proyecto hace de la nulidad y de los efectos que ella acarrea.
El régimen de recursos también fue objeto de variadas observaciones en la Comisión, que deberán evaluarse cuidadosamente durante la discusión particular, pues registra considerables novedades: se suprime la regulación del recurso de amparo (idea que el Ejecutivo ha anunciado que se desistirá, optando por mantener la normativa vigente como solución transitoria); la apelación se restringe a la impugnación de resoluciones de tribunales unipersonales; se crea un recurso extraordinario para el caso de que el fallo se aparte manifiesta y arbitrariamente de la prueba rendida; y se reformula íntegramente el recurso de casación, eliminando la distinción entre causales de casación de forma y de fondo, y otorgando competencia para conocer de él, bajo ciertas circunstancias, a la Corte Suprema y a las Cortes de Apelaciones.
En el mismo sentido, han surgido inquietudes relacionadas con ciertos principios vinculados no con el procedimiento propiamente tal, sino con una administración procesal penal eficaz, que requieren de un mayor análisis y detenimiento.
En efecto, el principio de la oportunidad, que permite al fiscal bajo ciertas condiciones no iniciar la acción penal -como antes señalamos-, no responde necesariamente a exigencias procedimentales, sino a exigencias económicas del sistema y, por lo tanto, no necesariamente vinculadas con los principios que la reforma pretende introducir.
Por otra parte, a este respecto deben tenerse en cuenta las siguientes cuestiones.
Si se considera que existen delitos insignificantes, tal vez, lo que corresponda es despenalizarlos, es decir, tomar una decisión de política criminal que nos lleve a redefinir las situaciones que la sociedad no está dispuesta a aceptar y que deben incluirse en el Derecho Penal. No parece conveniente entregar esta solución a autoridades administrativo-judiciales; más bien, pareciera ser un rol del legislador.
En seguida, el principio de la oportunidad puede abrir en el sistema un margen de discrecionalidad en el Ministerio Público que lo convierta en un verdadero legislador nuevamente, al determinar qué delitos se persiguen y cuáles no, aunque esta medida se puede revisar.
Desde esta perspectiva, creemos que, definido el marco del Derecho Penal, debe primar la oficialidad por sobre la oportunidad. Cosa distinta es que en algunos casos pueda no llegarse a un resultado, por falta de antecedentes o pruebas, pero el aparato público debe actuar siempre respecto de los delitos que se considera lesionan la convivencia social.
Por otro lado, parece necesario tener presentes las prevenciones que hizo la Excelentísima Corte Suprema en su oficio de 8 de junio de 1998, respecto del articulado mismo del proyecto, que presentaría algunas incoherencias y falta de sistematización que, a su juicio, podría producir graves problemas de interpretación y aplicación.
Al respecto, el Alto Tribunal señaló en el mencionado oficio tres temas centrales: primero, conciliar el texto del proyecto con la Constitución, especialmente con sus nuevos artículos 80 A a 80 I, donde se consigna la creación de un organismo nuevo: el Ministerio Público.
En seguida, revisar y hacer los cambios pertinentes de diversas palabras utilizadas en él, "¿cuyo alcance y significación jurídica aparece como ambiguo o equívoco. Entre otros, se pueden citar los de "instrucción", "procedimiento", "actividad procesal", "notificaciones", "juicios"¿", como consigna textualmente en dicho oficio).
En tercer lugar, señala la necesidad de sistematizar los institutos creados y reglados en la iniciativa, dándoles la ubicación adecuada, de manera que se facilite la interpretación de su articulado como su aplicación en la praxis judicial.
Con referencia a tales inconvenientes, la Suprema Corte señala lo siguiente: "¿El reiterado trasplante de disposiciones de otros Códigos, sean nacionales o no, que se ha hecho en el Proyecto, sin una adecuación del tenor de los mismos y de su ubicación en el contexto de las restantes disposiciones, hace en algunas ocasiones poco comprensible su normativa, lo que dificultará su aplicación.
"Esta Corte estima que es urgente, sin alterar el sistema y espíritu del Proyecto, readecuar formalmente su articulado, precisando y uniformando el sentido y uso de los términos que emplea y, muy especialmente, separado en títulos distintos la investigación del proceso penal, como los principios que inspiran a uno y a otro¿".
En otro aspecto, es necesario tener en consideración las necesidades económicas de la puesta en marcha de un nuevo sistema procesal penal. Al respecto, cabe recordar que, en general, el Gobierno ha explicitado que el nuevo sistema requerirá de mayores recursos de los que hasta la fecha se han entregado a la justicia criminal. Si bien se han dado algunas cifras, ellas todavía están en una fase demasiado preliminar. Sobre el particular, el Ejecutivo ha indicado la existencia de estudios de diseño organizacional, económicos, de soporte administrativo, modelos de gestión, definición de perfiles de cargos requeridos, estudios de rentabilidad económica y social y de simulación, consistentes en análisis prospectivos acerca de la proyección de los resultados. Creemos que tales estudios deberán tenerse presente y a la vista para conocimiento de la Corporación, ya que, si bien sólo indican una proyección aproximada de costos, permitirán conocer la magnitud final de los recursos necesarios.
Cabe recordar que este tema es central, puesto que si no existen los fondos suficientes para infraestructura, personal y capacitación, entre otros, la reforma propuesta no podrá llevarse a cabo, produciéndose una gran frustración y un perjuicio inmenso a la confianza en el sistema judicial.
Acerca del punto, cobra sentido lo expresado por el Jefe de la Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal Penal, abogado señor Rafael Blanco, que consta en nuestro informe, al expresar durante la discusión lo siguiente: "Algunas experiencias negativas que se han producido en la aplicación del sistema, especialmente en las reformas que se han llevado a cabo en América Latina, se deben, no a problemas en la legislación, sino a la falta de estudios acerca de su impacto económico y estructural, de capacitación laboral, gradualidad en su aplicación, etc., que han redundado sobre la eficacia de su implementación.".
Otro tema que merecerá nuestra atención es la capacidad de respuesta que el nuevo procedimiento tendrá frente al problema de la seguridad ciudadana y a la efectividad del sistema.
Vinculado con los comentarios anteriores, es decir, con el articulado mismo del proyecto y las necesidades económicas de la puesta en marcha del sistema, se encuentran los problemas de la seguridad ciudadana y la efectividad de la acción de la justicia a que hizo referencia la señora Ministra del ramo. Ambos no son temas menores, puesto que muchas de las normas que contiene la iniciativa apuntan a dos direcciones: garantizar los derechos del inculpado, disminuyendo los apremios anteriores a la sentencia, y garantizar una eficacia en la administración de justicia, medida desde la perspectiva de cuántas acciones penales se inician y cuántas llegan a sentencia.
Al respecto, cabe recordar lo consignado por la Corte Suprema en el referido oficio: "¿Respecto de la libertad provisional la legislación no ha mantenido una posición definida y relativamente permanente, sino una sujeta a frecuentes cambios, lo que es inconveniente e inadecuado para la seguridad jurídica. Esta Corte estima fundamental que en el nuevo procedimiento se estudie y considere en profundidad esa normativa y, sobre todo, las consecuencias que traerá en la sociedad¿".
Por lo tanto, en materia de seguridad ciudadana, sería conveniente contar con estudios realizados en países que han adoptado recientemente este sistema, que permitan comparar el antes y el después, de modo de encontrar aquellas instituciones que han fallado en el nuevo procedimiento para garantizar una adecuada seguridad ciudadana, sin alterar, por cierto, los derechos fundamentales de los inculpados.
En el mismo sentido, aparece como apremiante que los actores públicos puedan transmitir a la ciudadanía que el nuevo procedimiento penal es un instrumento mejor y más eficiente en la administración de justicia, pero no necesariamente la solución absoluta para la efectividad del sistema judicial, puesto que, de lo contrario, se generarán expectativas irreales que pueden conducir nuevamente a una frustración.
También, en este caso, parece necesario contar con estudios realizados en países que hayan adoptado el sistema recientemente, donde se compare la cantidad de delitos denunciados con las condenas, de modo de evaluar con la mayor objetividad posible la eficiencia del mismo. Desde luego, tenemos entendido que en Uruguay existiría uno que podría arrojar datos importantes sobre la materia.
En resumen, el proyecto obedece, en sus líneas generales, a los principios fundamentales del procedimiento criminal generalmente aceptado en Chile y en el mundo en la actualidad. Su necesidad nos parece vital para producir el urgente cambio que requiere el procedimiento penal en el país.
Por ello, estimamos que se debe aprobar en general la iniciativa. Es cierto, sin embargo, que su concreción en el articulado, tal como se ha dicho, ha despertado algunos reparos respecto de ciertas materias que no dicen relación a principios procesales, sino más bien a asuntos de política criminal relativas al trato de los delincuentes y definición de los delitos. Estas cuestiones, así como ciertas incoherencias y falta de sistematización anotadas por la Excelentísima Corte Suprema, harán necesaria una revisión exhaustiva del articulado del proyecto de nuevo Código de Procedimiento Penal. Si bien concordamos en general con sus términos, los integrantes de la Comisión, que presido, estamos muy conscientes de que durante la discusión particular deberán revisarse detenidamente algunas instituciones. Y, ciertamente, durante el debate estamos llanos a absolver las consultas que se formulen, considerando, además, que contamos con una ventaja especial: que uno de sus miembros, el Senador señor Viera-Gallo, cuando era Diputado, participó activamente en la discusión de la iniciativa y, por lo tanto, podrá contribuir a esclarecer las inquietudes que puedan tener los señores Senadores acerca del alcance de muchas de sus disposiciones.
Confiamos en que las indicaciones que se presentarán a su debido tiempo, así como las sugerencias que nos han hecho y continuarán efectuando los diversos organismos y especialistas que nos están brindando su colaboración, nos permitirán en el segundo informe proponer aquellas modificaciones tendientes a perfeccionar el proyecto, en el marco del compromiso que adoptamos, de establecer un nuevo sistema de justicia criminal en Chile.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, hace casi una década que nuestro país recuperó la normalidad institucional y volvió a la democracia. Pero ésta no es sólo un procedimiento para tomar las decisiones del poder, sino que -y quizás mucho antes- importa un conjunto de limitaciones al ejercicio del mismo, cualquiera que sea la fuente de la cual provenga.
Cómo utilizar el poder estatal para dar respuesta a la legítima demanda por seguridad de la población, salvaguardando al mismo tiempo a las personas de los actos abusivos del Estado y de los ineludibles errores que él está expuesto a cometer en el ejercicio de su rol judicial, es un desafío que las sociedades enfrentan en la construcción de una democracia real, ubicada más allá del mero procedimiento electoral.
El proyecto de reforma a la justicia del crimen en nuestro país, entonces, discurre acerca de cómo perfeccionar el régimen democrático allí donde él se hace más real para la gente: a través del modo en que el Estado juzga a las personas y decide sobre su castigo o exculpación.
Aunque el problema es complejo, el mundo civilizado ha alcanzado ciertos acuerdos básicos que ya nadie parece discutir. Así, constituye un axioma que la justicia criminal no puede aplicar sanciones penales sin juicio previo. Sin embargo, lo que hoy parece también innegable es que no cualquier procedimiento puede erigirse en un genuino juicio. Es necesario que el Estado, cuando vaya a juzgar a una persona, legitime previamente su decisión a través de un juicio genuino; uno resuelto por un tercero -un juez- realmente imparcial y desvinculado de toda tesis acusatoria o exculpatoria, sea porque no ha intervenido en ninguna actividad previa a la persecución en contra del imputado, como porque no siente mayor afinidad ni con la persecución ni con la defensa, entendiendo que cumple su deber tanto cuando condena a un culpable como cuando absuelve a la persona a la cual no se le ha podido probar suficientemente los cargos formulados en su contra.
El proyecto que hoy se presenta a la Sala tiene la virtud, precisamente, de separar las funciones de investigar y acusar -que entrega al Ministerio Público- de la de juzgar -que radica en los jueces del juicio oral-, según lo dispone la reforma constitucional que creó el Ministerio Público, de reciente promulgación.
Paralelamente, se crean los jueces de garantía, para velar por que el poder del Estado, a través de los fiscales, no sea ejercido abusiva o arbitrariamente. Esto último es probablemente el más indiscutible de los roles que una democracia confiere a los magistrados: erigirse como la carta de garantía que tienen los ciudadanos para protegerse de los actos eventualmente abusivos del Estado.
Pero este tipo de jueces no es suficiente. Requerimos todavía que las resoluciones sean tomadas mediante un procedimiento que garantice la calidad de la información que les sirve de base. Por de pronto, la razón por la que nos proveemos de magistrados es para que ellos sean quienes aprecien y valoren la evidencia que se les presenta y los argumentos a través de los cuales se intenta persuadirlos.
Hoy día, nadie duda de que un juicio no es tal si los jueces no tienen un contacto directo con la prueba y con el debate de las partes, en el que deben formarse una convicción que no tenga mediaciones. El proyecto de Código recoge este conocido principio de la inmediación y erige a los jueces en actores insustituibles de las actuaciones judiciales, para que vean y escuchen aquello en virtud de lo cual van a ejercer el poder del Estado, de manera que tanto el juicio oral como las demás audiencias requieran la presencia y dirección del o de los jueces, sin lo cual esas actuaciones carecen de todo valor. De acuerdo con la iniciativa, los magistrados no cuentan con otra forma de imponerse de los hechos del proceso más que por su percepción directa de la evidencia y el debate. Ni la relación de un funcionario ni la escrituración de un expediente tienen cabida en el proceso penal que se propone.
Por otro lado, este proceso debe realizarse con plena publicidad, para que la sociedad pueda saber de qué modo se administra el poder que se le ha conferido al Estado, cómo se persigue a los sospechosos, cómo se reconoce a los inocentes y cuáles son los procesos de razonamiento que permiten a los jueces tomar sus decisiones. También en esto el proyecto se pone al día, estableciendo la publicidad como regla general de la persecución penal.
Pero eso no es todo: la tradición jurídica occidental a estas alturas ha convergido también en que los Estados no pueden eludir cometer errores en la persecución penal, quedando siempre expuestos a condenar erróneamente a un inocente. Ésa es la razón por la que se ha rodeado al proceso penal de todo un conjunto de garantías, exigiendo del Estado un alto grado de certeza en la información con la que se espera condenar a un ciudadano. En eso consiste precisamente el proceso penal: en un procedimiento de recaudación de información que garantice la seriedad de aquella con la que se condene a alguien, cuyo resultado sólo venimos a conocer cuando el proceso termina con una sentencia judicial.
Mientras dicha sentencia no sea dictada, ignoramos si el Estado ha producido información fidedigna acerca de la persona contra la que él se ha dirigido. Por eso, consideramos a ella inocente para todos los efectos, haciéndonos eco de la vieja sentencia talmúdica de que "es mejor liberar a cien culpables que condenar a un inocente". Ésta es la razón que hay detrás de la presunción de inocencia y de todo el sistema de garantías inherentes a la democracia. También esta característica ha sido asumida por el proyecto estableciendo un catálogo de garantías del debido proceso, algunas de las cuales están hoy ausentes en nuestras prácticas, aunque sean reconocidas en la legislación que nos rige, mientras otras simplemente no han formado parte hasta ahora de nuestra cultura jurídica.
Cuando el nuevo Código de Procedimiento Penal nos provee, entonces, de un juez imparcial que no está comprometido con la investigación; cuando exige que el magistrado aprecie la prueba directa e inmediata y la valore a partir de esa apreciación; cuando requiere que se haga justicia de manera pública y a los ojos de toda la sociedad, siguiendo la sentencia kantiana de que sólo son legítimas las decisiones cuyos fundamentos se pueden decir en alta voz, y cuando pone de parte del Estado la carga de probar el delito que se imputa a una persona a la que se considera inocente hasta que ello no ocurra, nuestro país no hace más que sumarse a los amplios consensos que hoy día se dan en la justicia del crimen en las democracias occidentales.
Sobre esta puesta al día, sin embargo, debemos seguir sumando esfuerzos para resolver, como sociedad, los desafíos -los viejos y los nuevos- que nos impone la complejidad de la justicia penal. En un mundo en que la demanda ciudadana por seguridad pública se hace crecientemente más intensa, debemos encontrar el modo de que el Estado cumpla su rol de dar una respuesta adecuada frente a la delincuencia.
Para ello, empero, no disponemos de recursos ilimitados. Al contrario, más bien carecemos de los recursos necesarios para reducir irrestrictamente toda la delincuencia. Si uno ve la experiencia comparada, constata que no hay país en el mundo que pueda financiar una represión total al delito. Tenemos recursos humanos y materiales limitados para responder al problema de la violencia social, así como también los tenemos limitados para hacer frente a otros problemas sociales, como la salud, la educación o la pobreza.
Si tomamos con seriedad este escenario, la reflexión legislativa inteligente debe ocuparse especialmente de cómo nuestra justicia administra los recursos disponibles para enfrentar la delincuencia; decidir si queremos mantener simbólicamente la ilusión de que perseguimos todos los delitos (cuando sabemos que los casos a los que el sistema finalmente da respuesta en la forma de una sentencia definitiva no pasan de 10 por ciento), o si, en cambio, focalizamos los recursos que tenemos en la delincuencia que más afecta nuestra sensación de seguridad ciudadana.
El proyecto que hoy nos ocupa se hace cargo de este tema estableciendo la posibilidad -tímida todavía- de que el Ministerio Público ejerza una cierta discrecionalidad -mediante el archivo provisional-, rechazando o postergando la inversión de recursos fiscales en aquellos casos en que, a primera vista, no hay delito o está extinguida la responsabilidad del autor, o bien cuando, habiendo responsabilidad, se trata de situaciones con pocas posibilidades de éxito en la investigación; o bien, existiendo esas posibilidades, se trata de casos cuya reducida entidad no aconsejan distraer recursos destinados a la persecución de los delitos más graves.
Pero esta respuesta -y ella es motivo de una de las discusiones que tenemos por delante- no siempre debe consistir en la represión indiscriminada a través del encarcelamiento. Lo cierto es que el fenómeno del crimen es complejo y diverso, por cuanto, si bien algunas de sus hipótesis -la de los delitos más graves- requiere que quien lo cometió sea sancionado con penas de cárcel, es cierto, asimismo, que muchas otras exigen respuestas más modernas, dinámicas y variadas, y convocan intereses más poderosos que la mera potestad punitiva del Estado.
Debemos acercar la justicia a la gente, impartiéndola de manera que sea útil y que en ella se encuentren genuinas respuestas para los conflictos sociales. El nuevo Código propuesto se hace cargo de la materia, y sus reglas reconocen que, como tras la delincuencia se esconden los más diversos y disímiles fenómenos sociales, el sistema debe ofrecer un abanico de soluciones también diversas y disímiles. Así, en determinadas hipótesis, el fiscal del Ministerio Público puede solicitar al juez de garantías, con acuerdo del imputado, la suspensión del procedimiento, a condición de que éste haga o deje de hacer ciertas cosas. Estas condiciones se estiman más ventajosas y útiles que, simplemente, mantener al imputado privado de libertad.
Lo mismo ocurre con los acuerdos reparatorios, en que el proyecto acepta el criterio -bastante intuitivo, por lo demás- de que si una persona produce un perjuicio patrimonial a otra, debe reparar el daño causado y que, en la medida en que lo haga, no hay razón para que el Estado siga interviniendo.
Considera, asimismo, un procedimiento abreviado, en el que, reconociendo el imputado los hechos, éste se encuentra dispuesto a renunciar al juicio oral y enfrentar un procedimiento concentrado que le dé la posibilidad de conocer rápidamente el resultado, lo cual es aplicable a delitos cuya pena no exceda de cinco años. Esta institución permite una economía de tiempo y recursos, en beneficio del sistema global.
Con todo, por una parte, la diversificación de la respuesta del Estado, y, por otra, la focalización de la inversión de los recursos disponibles para perseguir los delitos, no deben ser entendidas en absoluto como una oportunidad de impunidad para la delincuencia. Cabe consignar que el ejercicio de las atribuciones de que se trata se halla fuertemente controlado por quien resulta ser la principal interesada en la persecución penal: la víctima, a la que el proyecto concede facultades -es la primera vez- para intervenir efectivamente en esa etapa. Entre éstas incluso se comprende la de forzar la propia mano estatal cuando el ministerio público haya decidido no seguir adelante con la acción penal en que la víctima sí mantenga el interés.
Pero, además, una sociedad empeñada en la sanción de su criminalidad más severa es una sociedad fuertemente empeñada en el tipo de mecanismos que nos ocupa. En efecto, todos los estudios muestran que no importa cuál sea la entidad de la pena que se asigne a un delito: lo que realmente impacta en la decisión de delinquir es la percepción de las personas acerca de la probabilidad de que el sistema finalmente se dirija contra ellas. En otras palabras, aumentar el "costo" de la delincuencia -según el lenguaje que el análisis económico del Derecho ha venido imponiendo en el último tiempo- tiene que ver más con el incremento de la efectividad y eficiencia que con las sanciones que se impongan en definitiva. Proporcionar mecanismos como los que establece el proyecto, para dar solución rápida a asuntos que no requieren mayor atención del sistema, y focalizar los recursos, en cambio, para acrecentar la efectividad de este último parece ser la decisión más consistente con la expectativa de disminuir al máximo posible los índices de criminalidad y violencia en nuestra sociedad.
Resulta indiscutible, sin embargo, que el desafío más grande de la iniciativa en análisis es el que señalé al comienzo de la intervención: asumir que la discusión del modo en que se ejerce la justicia penal se relaciona, más que con una cuestión meramente jurídica, con el modelo de sociedad que se quiere.
Provisto el marco normativo que la reforma penal conferirá, queda pendiente todavía llevar más adelante la reforma cultural en virtud de la cual nuestra comunidad resuelva los temas de la justicia penal, como si cada uno de nosotros pudiera verse afectado el día de mañana por la actividad punitiva del Estado, sea por azar o mala fortuna, con acierto o por error, sea en nuestras propias personas o en la de quienes estimamos. Sólo así podremos entender de qué manera no resulta incompatible el sentirse comprometido, a la vez, con el control de la delincuencia y con el respeto por los derechos individuales. Si bien esto último puede impedir al Estado condenar a un individuo de cuya culpabilidad se sospecha intensamente, redunda en un beneficio enorme y general en el sistema considerado en su conjunto, pues impone alcanzar rigurosos índices de convicción para perseguir o sancionar, lo que evita, en lo posible, que en muchos otros casos se afecte a personas inocentes. Lo anterior es lo que subyace, realmente, en el diseño de una justicia criminal y es el debate cultural que el nuevo Código, con sus evidentes ventajas, no viene necesariamente a resolver, sino recién a inaugurar.
El proyecto, señor Presidente, se inserta en el proceso de modernización del Estado y cumple con el requerimiento de una sociedad democrática en orden a contar con una justicia accesible, imparcial e igualitaria para todos los habitantes del país.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Díez, por quince minutos.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, frente al nuevo Código de Procedimiento Penal es bueno plantearse con sentido práctico un aspecto que tanto puede influir en el cumplimiento de una de las funciones principales del Estado contemporáneo, esto es, la de administrar justicia debidamente.
Al respecto, hay dos circunstancias importantes de considerar. La primera de ellas radica en que el más fundamental de los derechos humanos es no ser víctima de un delito. Y es aquel que la población siente en este momento como el más atacado. De manera que ante un nuevo procedimiento penal es preciso preguntarse si lo que hacemos contribuye a defender o no ese derecho humano esencial.
En seguida, se debe cumplir con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, que a indicación del Senador que habla incluyó entre los derechos de las personas la obligación del legislador de "establecer siempre las garantías de un racional y justo procedimiento", a lo que otra indicación también personal, cuando fue creado el ministerio público, agregó las palabras "y una investigación". De modo que el Código en estudio debe tener siempre presentes "las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos", conforme al texto definitivo.
Todos pensamos que se necesita sustituir el Código actual. No sólo los académicos, sino también, básicamente, los abogados con experiencia profesional vemos que un mismo juez instructor y sentenciador en realidad no llena nuestras aspiraciones intelectuales, como tampoco nuestros anhelos prácticos de un sistema que opere. En efecto, el trabajo de quien desempeña tal cometido se recarga demasiado -y, así, se desvía su atención a los casos más fáciles, por la multiplicidad de funciones y de asuntos que se le encargan-; la participación de las víctimas es en verdad insuficiente e insatisfactoria para la sociedad, y la transparencia del proceso deja mucho que desear. Todo ello ha llevado a considerar, unánimemente, que ese procedimiento no responde ni al deseo de la sociedad de proteger a las víctimas ni a la lógica aplicación de la moderna idea de los derechos humanos a través de las garantías del debido proceso.
Para exponer las cosas con franqueza, la presencia en el juicio penal de los llamados "actuarios" se ve como demasiado predominante por los abogados. Y esos funcionarios judiciales son los que, a veces, de una manera u otra, influyen en la sentencia más allá de lo razonable, por sobre el criterio, conocimiento y experiencia adquiridos, en razón de su oficio y preparación, por el mismo magistrado.
La búsqueda de un procedimiento penal debe tener por objetivo, como lo hemos señalado, disminuir la criminalidad, desalentar la delincuencia y producir en el proceso alegaciones y pruebas más objetivas y transparentes. Se suscita la cuestión, entonces, de si ello se puede solucionar por la vía de crear dos jueces: uno instructor y uno sentenciador, o de si es necesario establecer un cambio en todas las modalidades del procedimiento. En este último caso, lo lógico es que el costo social diga relación a la búsqueda del cambio que sea ideal para satisfacer todas nuestras aspiraciones. Y ése es el propósito de la reforma del actual Código de Procedimiento Penal.
Pero el punto no es simple. El que en la Comisión hayamos aprobado por unanimidad el proyecto de la Cámara de Diputados no significa conformidad con todas sus disposiciones. Para nosotros, todavía necesitan mucho mayor precisión las que llamaría "áreas crepusculares" del nuevo sistema.
La primera de ellas es, sin duda alguna, la forma como se implementará este último. No sólo se trata de la cantidad de juzgados con que se debe contar, o de cuánto personal los sirva, o del número de jueces que integren el tribunal oral, sino también de la preparación de ellos.
No podemos olvidar que estamos modificando un sistema que, más allá de lo escrito en el Código de Procedimiento Penal, constituye lo vivido por jueces, funcionarios, abogados.
Por lo tanto, el cambio de los hábitos es una tarea que la ley debe imponerse como prioritaria. Y no se trata sólo de que la Academia Judicial prepare a los jueces o fomente las destrezas que el ejercicio de la judicatura va a exigir en el nuevo sistema. También es necesario que universidades y colegios profesionales formen a nuestros colegas abogados para que adapten sus hábitos a este proceso.
Los distinguidos juristas extranjeros que nos visitaron dijeron con mucha franqueza que el principal obstáculo que casi había hecho colapsar el mecanismo en algunos países que lo instauraron fue la acumulación de causas en el sistema oral público.
Por ello, es menester incentivar todos los resortes requeridos para que una serie de causas, ya sean de bagatela, de menor cuantía criminal, o aquellas que, por su naturaleza, no necesitan en esencia tener la acción ejemplarizadora y transparente de un juicio penal público, se lleven en los procedimientos abreviados que debe establecer el Código.
Y aquí tenemos otra vez una tarea que, a mi juicio, no está bien cumplida en el proyecto. Porque el aliciente de los abogados, por razones pragmáticas, será ir al proceso oral. Éste permite un lucimiento personal; acreditar el trabajo ante el cliente; seguramente, honorarios más cuantiosos que el procedimiento escrito ante un juez.
En consecuencia, deberemos tratar obligatoriamente algunas materias que habrán de solucionarse por los medios abreviados, sin llegar al juicio público, pues de lo contrario se producirá el colapso del mismo.
Por eso, la Comisión -como figura en el informe que los señores Senadores tienen a su disposición- insistió en la creación de procedimientos alternativos para cierto tipo de delitos y circunstancias, a fin de que pueda funcionar el proceso penal público.
Además, nos llamó la atención -y yo no quedé satisfecho- cómo viene el proceso con respecto a los derechos de las víctimas.
Se habla de que en otro proyecto habrá un defensor público que defenderá a los acusados. Pero en verdad, aunque para las víctimas es mejor que el procedimiento escrito, no estoy satisfecho en cuanto a la posibilidad de ellas para ejercer sus derechos.
En mi concepto, la Constitución Política nos da el gran seguro. Porque si el fiscal no decide entablar la acción pública que le señala la Carta, ésta -también a indicación de esta Sala- conserva el derecho de los interesados a ejercerla.
Por último, la Corte Suprema, en el breve informe que envió, hace presente de modo general una serie de aprensiones lógicas y justas que deberemos tratar de analizar en forma muy cuidadosa en el segundo informe, con la presencia, felizmente, de Ministros del Máximo Tribunal.
Y aquí viene uno de los requisitos fundamentales: el de que los jueces, sea cual fuere su nivel, entiendan el espíritu del nuevo Código de Procedimiento Penal, su filosofía completa y global, a fin de que no caigamos en malas prácticas que pueden desvirtuar todo el sistema que deseamos construir.
La publicidad; la participación de los jueces en la discusión y la de los abogados en los seminarios, y -como muy bien dijo la señora Ministra de Justicia- el hecho de que la comunidad jurídica entera esté trabajando en el sistema, me hacen abrigar esperanzas en su adecuado funcionamiento.
El nuevo mecanismo debe lograr la aceleración de los procesos penales. Para reprimir la delincuencia, el delincuente tiene que darse cuenta -y por eso me gustan los procesos públicos- de que será sometido con la mayor rapidez posible a un proceso público, el que concluirá en una sentencia adecuada y justa que le haga sentir toda la dureza de la pena. Porque, aunque las palabras parezcan demasiado fuertes, la justicia criminal es equivalente a la dureza de la sanción establecida por nuestro Código Penal.
Es de esperar, señor Presidente, que seamos capaces de cumplir las labores pendientes -no son pequeñas- y que el Ejecutivo comprenda que aquí hay dineros que gastar, edificios que construir, personal que contratar, jueces que nombrar, sistemas educacionales que mejorar, desde los más altos magistrados hasta los más pequeños involucrados en la administración de justicia, para que esta magna tarea tenga éxito. De otra manera quedaremos peor que antes, pues aprobaremos un sistema que puede fracasar si no adoptamos todas las medidas necesarias.
Es del caso considerar, asimismo, el problema de la demora en los juicios y el de las libertades provisionales: cómo se decretarán y de qué manera se cumplirán en este juicio; la forma como ejercerá su cargo el fiscal: no sólo su respeto a la ley, sino también la acuciosidad con que actuará (no olvidemos que en este procedimiento la investigación será dirigida por el fiscal, no por el juez).
Por consiguiente, aquí estamos tratando una parte de la cuestión. Pero otra muy importante radica en el funcionamiento, organización y calidad de nuestro sistema de fiscales públicos. Y espero que seamos capaces de responder a este salto adelante en la tradición jurídica.
Se ha dicho -y lo creo- que este país tiene vocación de Derecho y que, instintivamente, los chilenos tendemos a cumplir la ley. Bueno: aquí hay un reto. Estamos ante una iniciativa que sustituye hábitos posibles en otro tiempo pero que hoy no son adecuados por un sistema ojalá más rápido, con mayor publicidad y, a través de ambos elementos, realmente ejemplarizador.
Resta una gran tarea. Y ruego a mis Honorables colegas que son abogados y tienen conocimiento de la materia que no consideren este proyecto como uno más que debe estudiar la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sino como una iniciativa en que todos debemos aportar nuestra experiencia. Porque, aun cuando existe acuerdo en las ideas básicas, hay muchos vacíos -los hemos señalado y son muy bien resumidos en el informe sometido a consideración de la Sala- que el Senado debe ser capaz de llenar para que el proyecto cumpla su finalidad.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cordero.

El señor CORDERO.- Señor Presidente, como es de público conocimiento, nuestro actual sistema procesal penal adolece de múltiples imperfecciones que es preciso superar.
No es mi intención en esta oportunidad analizar el contenido total de la reforma propuesta, sino referirme puntualmente al rol asignado a las instituciones policiales dentro del nuevo esquema.
Al respecto, deseo recordar previamente que, en la discusión de la reforma constitucional que creó el Ministerio Público, se precisó que a este organismo autónomo le corresponderá dirigir la investigación criminal y que será la policía la que practicará dicha investigación.
Considero relevante esa precisión conceptual, pues ella debe orientar el marco legislativo necesario para permitir a los organismos policiales una actuación de oficio en la investigación de delitos de importancia y de común ocurrencia, tal cual lo reconoce la legislación vigente.
Es indudable que el proyecto de nuevo Código Procesal Penal tiene entre sus fines y fundamentos más destacados el velar por un procedimiento policial-judicial donde prime el más absoluto e irrestricto respeto por los derechos de las personas, y muy especialmente de los imputados, contemplándose en el Libro Primero un Párrafo 4º que trata orgánicamente ese tema en los artículos 107 a 109.
En este aspecto, comparto la posición de quienes sostienen que no se advierte en la iniciativa un adecuado equilibrio entre lo que debe ser el respeto de los derechos fundamentales del imputado, por una parte, y, por la otra, los derechos de las víctimas en particular y de la sociedad en general en orden a procurarse sistemas de prevención y represión del delito por parte de las instituciones policiales encargadas de ambos roles y que sean realmente idóneos.
En efecto, la sola lectura de los artículos 99 a 106 del proyecto y de otras disposiciones dispersas atingentes a la materia permite concluir que el nuevo Código de Procedimiento Penal conlleva una inexplicable disminución de las facultades operativas de la policía, reflejando un criterio restrictivo y limitante que es diametralmente opuesto al imperante en la actual legislación procesal penal.
Debo señalar que el nuevo Código no recoge en forma alguna las iniciativas gestadas a través de las recientes leyes Nºs. 19.077, de 28 de agosto de 1991, y 19.393, de 22 de junio de 1995, textos que, fundamentalmente, modificaron el artículo 83 del Código Procesal Penal vigente y facultaron a la policía para practicar de oficio, sin previa orden judicial, en los delitos contra las personas, aborto, robo, hurto y los contemplados en la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, las diligencias que se establecen en el actual artículo 120 bis del mismo cuerpo legal.
El análisis de las discusiones parlamentarias de las leyes Nºs. 19.077 y 19.393, anteriormente citadas, refleja que, en un pasado reciente, el sentir del legislador fue el de dar a las instituciones policiales, llamadas por mandato constitucional a dar eficacia al Derecho, los instrumentos jurídicos adecuados para combatir la delincuencia, con los resguardos necesarios para que su actuar, junto con ser eficiente, fuese estrictamente apegado al debido respeto de los derechos fundamentales de libertad personal y seguridad individual.
En ambas oportunidades, la mayoría parlamentaria, junto con dar una muestra de confianza al actuar de los organismos policiales, supo conciliar la realidad nacional y la práctica judicial con el irrestricto respeto de las garantías individuales en juego.
En esa forma, si la aplicación práctica de tales normativas no ha arrojado resultados negativos, el futuro proceso penal, lejos de limitar el accionar policial, debiera fortalecerlo o, a lo menos, seguir en esa misma senda y dirección.
No deja de extrañar que el proyecto en estudio, por una parte, no acoge el artículo 83 del Código de Procedimiento Penal vigente, en la forma que se ha señalado, pero, por otra, mantiene en el artículo 277 el actual artículo 156, que faculta a la policía para allanar de oficio en caso de delito flagrante, aun sin orden judicial previa, cuando existieren fundadas sospechas de que el responsable del delito se encuentra en determinado edificio o lugar cerrado.
Efectuando un análisis a la participación que el proyecto asigna a la policía en el nuevo proceso penal, podemos precisar que, si bien es cierto que el artículo 99 establece como regla general que Investigaciones y Carabineros, en su caso, deberán, por iniciativa propia o por orden de los fiscales del Ministerio Público, investigar los hechos punibles de acción pública y aquellos que dependan de instancia privada cuando corresponda, no es menos cierto que en diversas disposiciones dispersas, particularmente en los artículos 102 y 257, se consagran importantes limitaciones que revierten ese principio general y entraban en forma considerable el actuar de los organismos policiales. De este modo, la iniciativa impide a esas instituciones realizar una investigación eficiente, oportuna y eficaz.
Especial preocupación me merece lo propuesto en el artículo 102, que en el inciso tercero prescribe que, en los casos de delito flagrante, la policía no podrá interrogar autónomamente al imputado y sólo podrá dirigirle preguntas sobre su identidad. Es decir, no podrá interrogar al detenido acerca de la forma como sucedieron los hechos; sobre los elementos empleados en la comisión del delito y los efectos del mismo, ni tampoco respecto de la eventual participación de otros responsables y su individualización. Fácil resulta imaginar los serios inconvenientes que se presentarán para que la policía pueda intervenir con la celeridad y efectividad que las víctimas de los delitos exigirán, y de manera muy especial en los hechos punibles que se cometan en lugares alejados de grandes centros urbanos y donde es presumible que no tendrán su sede los representantes del Ministerio Público. En estos casos, a la policía no le será factible tomar iniciativa alguna, en espera de la correspondiente orden del fiscal competente para iniciar la investigación conforme a las instrucciones que éste le imparta, la que podrá demorar varias horas, e incluso, algunos días.
Por ello, considero indispensable revertir esa tendencia y, por lo tanto, enmendar la posición adoptada en el proyecto, ya que, de prosperar la iniciativa, es dable imaginar la natural limitación operativa que experimentará el quehacer de la policía en el inicio y prosecución de la investigación policial en los delitos que actualmente se señalan en el artículo 83 del Código de Procedimiento Penal, los que, por naturaleza, exigen la mayor inmediatez posible en su actuar.
Estas mayores atribuciones que se piden para la policía no significan en forma alguna la pretensión de provocar con ellas la confesión del imputado, ya que, como se sabe, este medio probatorio sólo tiene valor si aquélla es prestada en forma libre y voluntaria ante el juez de la causa. Lo que se persigue es que la policía pueda tener el mayor cúmulo de información para el pleno éxito de su labor investigadora. Son conceptos diametralmente opuestos la información que puede proporcionar el imputado a la policía al momento de su detención y la confesión que realice el responsable de un ilícito penal.
La solicitud de restitución de estas facultades a la policía -que el proyecto deroga de hecho- se hace en la seguridad de que tanto Carabineros de Chile como la Policía de Investigaciones ajustarán a Derecho su actuar y de que, en el evento de que así no lo hicieren, se verán afectados por la normativa legal vigente, que consagra -entre otras figuras delictivas- los delitos de violencia innecesaria, apremios ilegítimos, detenciones arbitrarias y torturas.
Otro aspecto de extraordinario interés por considerar en relación al proyecto es el relativo al problema de los costos que demandará implementar en el ámbito policial el nuevo esquema procesal penal.
Resumiendo mi experiencia como General Director de Carabineros de Chile, estimo altamente conveniente oír a la institución a fin de que nos proporcione una evaluación del monto probable de los fondos que requerirá para disponer de los medios y de la infraestructura necesaria e idónea que le permita cumplir adecuadamente con todas las obligaciones que le impondrá el futuro proceso criminal. Por ejemplo, entre otras, para preparar debidamente a su personal; para entregar las informaciones al Ministerio Público que se imponen a la policía en diversas disposiciones, como los artículos 102 y 277; para disponer en toda unidad de dependencias donde el detenido o preso pueda conferenciar con su defensor; para informar, a la familia del detenido, a su defensor o a la persona a quien él indique, el hecho de su aprehensión o prisión; para proporcionar alimentación al detenido mientras permanece privado de libertad en una unidad policial; para trasladar en determinadas situaciones al detenido desde el cuartel a la localidad donde tenga su sede el fiscal del Ministerio Público; para levantar los registros que le impone el artículo 106 del proyecto, etcétera.
Señor Presidente, pese a las consideraciones apuntadas, que haré valer en su oportunidad por la vía de las indicaciones, estimo meritorio el esfuerzo desplegado por el Ejecutivo y el Legislativo con respecto al tema, por lo que anuncio mi voto favorable al proyecto en general.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- De acuerdo con la facultad otorgada a la Mesa, procederé a suspender este debate para continuarlo en la sesión especial de mañana, a las 10:30. Los restantes señores Senadores inscritos podrán intervenir en ese momento.
--Queda pendiente la discusión general del proyecto.


DEROGACIÓN DE 11 DE SEPTIEMBRE COMO FERIADO LEGAL


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados, que elimina el 11 de septiembre como feriado legal, con informe negativo de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 13ª, en 14 de julio de 1998.
Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 17ª, en 4 de agosto de 1998.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Conforme a consultas hechas a diversos Comités, se acordó un procedimiento especial para despachar esta iniciativa. La idea es darle un trámite equivalente al de fácil despacho.
Para tal efecto, tres Senadores sustentarán la derogación y otros tres la impugnarán. Cada uno de ellos dispondrá de cinco minutos, a los cuales podrán sumarse los correspondientes a la fundamentación de voto. Así, el debate duraría, en total, una hora.
El siguiente es el orden de los señores Senadores inscritos: Carlos Ominami, Sergio Fernández, Juan Hamilton, Mario Ríos, Roberto Muñoz Barra y Julio Canessa.
Terminadas las intervenciones se procederá a la votación, durante la cual cada Senador tendrá derecho a fundamentar su pronunciamiento, como dispone el Reglamento.
En discusión.

Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.

El señor OMINAMI.- Señor Presidente, debo confesar que me embarga un sentimiento muy especial. Era bien difícil pensar que yo, joven estudiante de 23 años al momento del 11 de septiembre de 1973, pudiera hoy, como Senador de la República, estar debatiendo sobre la mantención de esa fecha como feriado nacional, y esto, con la presencia en este Hemiciclo del ejecutor principal del golpe de Estado: don Augusto Pinochet Ugarte.
El país conoce perfectamente bien nuestras opiniones y sentimientos respecto de su participación en este Senado. Este acto, a nuestro juicio, de extrema violencia institucional, que ha buscado consagrar la violencia de las armas, ha dañado nuestra dignidad, ha reavivado en el corazón de muchos la amargura e, incluso, el odio.
Con su obstinación, usted, General Pinochet, no le ha hecho ningún servicio a Chile. Pero éste no es el tema...

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, no puede dirigirse directamente a otro Senador.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Le pido a Su Señoría que no se dirija a ningún Senador en especial, sino a la Mesa.

El señor OMINAMI.- Pero éste, señor Presidente, no es el tema planteado en el Orden del Día.
Estamos frente a una moción propuesta por el Diputado Enrique Krauss y otros Diputados, que fue aprobada por una amplia mayoría en la Cámara Baja y cuyo objeto único es terminar con el 11 de septiembre como feriado.
Ésta es la tercera vez que el Senado está llamado a pronunciarse sobre la materia. Muchos dirán que hay mucho, en este nuevo intento, de majadero o de simplemente bizantino.
Personalmente, yo mismo tuve inicialmente dudas al respecto. ¿Para qué insistir en una moción cuyo rechazo muchos dan por descontado? Pero he llegado a la conclusión de que no; de que vale la pena insistir, de que tiene sentido perseverar y abrir paso a una deliberación colectiva, en la cual se impongan la inteligencia y la humanidad que siempre requieren las soluciones a los problemas complejos y, sobre todo, a los problemas que más nos duelen.
A estas cualidades quisiera apelar hoy día.
Se cumplen, el próximo mes, 25 años del golpe del 11 de septiembre y de la muerte del Presidente Allende.
Tengo en mis manos el Informe Técnico Nº 6, suscrito por el general Montero Marx, Ministro del Interior Subrogante de la época, que sirvió de respaldo al proyecto de ley que estableció el 11 de septiembre como feriado nacional. No es difícil de leer. Consta solamente de cuatro frases. El argumento es simple. Dice textualmente respecto de la fecha en cuestión: "se ha ido plasmando a todo nivel un deseo de celebrar cada aniversario con realce y connotación que hacen indispensable que ella se convierta en un feriado de carácter permanente", y agrega que el proyecto de ley en comento "no hace sino ratificar mediante un procedimiento legislativo lo que el mismo día en que se produjo se convirtió en una fiesta nacional".
Señor Presidente, así se argumentó en 1981 al declarar feriado nacional el 11 de septiembre.
En este momento, respetuosamente solicito que cumplamos con nuestra obligación de deliberar acerca de la validez, hoy día, de esos argumentos.
Muchas cosas han sucedido en el país durante los 17 años siguientes.
¿Puede alguien sostener todavía que ese sentimiento de celebración al que se refiere dicho Informe Técnico existe en la actualidad a todo nivel? ¿Puede acaso sostenerse que existe mayoría para continuar festejando? Díganme, por favor, ¿en qué nivel están los familiares de los detenidos desaparecidos y de las víctimas de tantos atropellos a los derechos humanos? ¿Qué representamos quienes ganamos el 5 de octubre y hemos sido mayoría absoluta en todas las elecciones posteriores? Es evidente que ninguno de los nuestros está por mantener el 11 como feriado, pero sí hay gente que estuvo con el régimen militar que siente, sin embargo, que llegó la hora de dar vuelta la página. Es claramente una minoría la que continúa empecinada en mantener abiertas las heridas.
Por otra parte, ¿puede razonablemente sostenerse que es indispensable que el 11 sea feriado? ¿Qué ocurriría si no lo fuera? No lo sabemos con exactitud. Pero es evidente que sería una jornada más tranquila que las vividas hasta ahora. En todo caso, es seguro que el 11 de septiembre es una fecha que divide profundamente el alma nacional.
Los chilenos debemos asumir, al igual como lo han hecho muchos otros, que en nuestra vida colectiva conviven y convivirán múltiples y diversas experiencias; que hay aquí varias historias, muchas de ellas contradictorias e incluso enfrentadas. Más allá de la voluntad de los actores involucrados, estas historias constituyen una realidad cotidiana que supera las versiones formales y estereotipadas. Esas historias significan identidades, tradiciones, sueños, anhelos, proyectos e ideales. Significan, también, dolores y dignidad.
Los que formamos parte de la Izquierda chilena constituimos una de las historias de Chile, fundamental sin dudas, en el desarrollo social y político del país y en la presencia e influencia de vastos grupos sociales y culturales que han marcado la política, la economía, la literatura, el arte y, sobre todo, la organización de los sectores más desposeídos. Esta historia forma parte de nuestra identidad básica. Con orgullo la hemos asumido, con sus aportes, a la construcción del país, pero también hemos sido fuertemente autocríticos de los graves errores en que incurrimos en su desenvolvimiento. ¡Una de las lecciones que aprendimos es que la historia de Chile no es igual a nuestra historia!
Lo que subyace en este debate, señor Presidente, no es una cuestión formal o adjetiva. Se trata, ni más ni menos, de la forma cómo unos y otros entendemos la construcción de la Nación. Ésa es la discusión.
La Nación no es un término genérico. Ella debe ser entendida como el fundamento natural de la organización del poder político en un Estado. Sus atributos, de una fuerza emotiva incontrovertible, sobrepasan los sentimientos religiosos, ideológicos o territoriales. La Nación implica la existencia de un vínculo cohesivo, que funda una pertenencia y construye una voluntad positiva que empuja a la sociedad. La memoria es su soporte. Las festividades son, con sus momentos de homenaje y alegría, los actos en los cuales el rito ciudadano del festejo reafirma la cohesión de la Nación.
El 11 de septiembre no cumple con esas condiciones. Por el contrario, el 11 divide, fracciona, mutila. Cierto, es parte de la memoria; pero, para muchos, no es un momento de regocijo.
Señor Presidente, no puede sostenerse el discurso de la Nación, hiriendo a la mayoría o, ni siquiera, a parte importante de los seres que la componen.
Debemos construir Chile sobre la base de valores compartidos, que nos permitan reconocer de manera complementaria nuestra historia sin borrar la existencia del otro, pero demandando, e incluso, exigiendo el reconocimiento de la historia propia. Debemos aceptar que frente a los hechos de la historia hay más de una versión, y que todas compiten en validez. Serán otros los que, en definitiva, juzgarán.
Frente al 11 de septiembre, no queremos ser contrabandistas de la memoria ni pedirle a nadie que lo sea. Asumimos con resignación el regocijo privado que esos hechos puedan motivar en algunos. Pero sí pedimos el silencio público para que ellos no aumenten más nuestro dolor, porque el Estado no puede ser simplemente la encarnación de los sentimientos de los vencedores de una jornada. Así, señor Presidente, no se hace Patria.
Lo que venimos a solicitar hoy día es un gesto que tiene que ver con el sentido más profundo de la Nación. Es una decisión moralmente constitutiva de la reconciliación nacional, la que, a nuestro juicio, le corresponde a este Senado. Apelamos a la inteligencia, a la humanidad y también a la prudencia para que este Senado adopte el camino más adecuado para que el país alcance los fines que se ha trazado.
Chile tiene en su horizonte el cambio de milenio y su segundo centenario como nación soberana e independiente. Aspiramos llegar a ese momento como un país desarrollado y reconciliado. Seamos, para ello, consecuentes: honremos la memoria como a cada cual mejor le parezca, pero no mantengamos la Patria dividida.
Por dignidad este Senado no puede celebrar una fecha que recuerda su clausura por la fuerza. Nadie nos obliga a hacer de nuestra tragedia una humillación obligatoria para gran parte de la ciudadanía.
Persistir en la celebración de esa fecha es insistir en el rito del odio que la gran mayoría del país quiere dejar en el pasado.
Solemnemente, señor Presidente -y con esto termino-, me dirijo a mis colegas de la Derecha, a los ex Ministros de la Corte Suprema, a los Senadores que representan a las Fuerzas Armadas y de Orden, que con sinceridad aspiran a un futuro de unidad, y les pido: dejen atrás los años de plomo, liberen a Chile del peso de nuestros errores y terribles desencuentros. Libérense de lealtades mal entendidas. Dejen que la gente juzgue. No nos impongan una celebración que nos hiere.
Propongo, en consecuencia, señor Presidente, que aprobemos la moción en debate que suprime el 11 de septiembre como día festivo y que, en señal de reencuentro de los chilenos, este Senado instituya, en una fecha a convenir, el Día de la Reconciliación Nacional.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, una vez más se plantea al Senado la derogación de la calidad de feriado del día 11 de septiembre.
Como cuestión previa quiero dejar constancia de que lamento que, por tercera vez, el tiempo de trabajo del Congreso deba destinarse a polémicas como ésta, en circunstancias de que el país reclama urgente atención legislativa para solucionar muchos problemas graves y apremiantes. Este debate nos priva de seguir tratando grandes temas nacionales, como la salud, la delincuencia, la pobreza, que son las preocupaciones reales de millones de compatriotas.
Pero se halla en tabla la derogación del feriado del 11 de septiembre. Esta fecha conmemora el día en que las Fuerzas Armadas y de Orden adoptaron una decisión trascendental que ahorró a Chile los horrores de un enfrentamiento civil, como los ocurridos en otros países en circunstancias parecidas.
Si aún hoy, un cuarto de siglo más tarde, las polémicas todavía agitan en la forma en que lo hacen, es de imaginar cómo estaría todavía dividido nuestro país si ese enfrentamiento hubiera estallado, cualquiera que hubiere sido su desenlace. Las instituciones uniformadas restablecieron el orden público y la seguridad nacional, tras la violencia generalizada y el caos completo en que hundió al país la Unidad Popular, lo cual, incluso, llegó a poner en riesgo la soberanía. Las Fuerzas Armadas y Carabineros evitaron en Chile una guerra civil, y eso, por sí solo, merece el más amplio reconocimiento.
Esa fecha recuerda, además, que en ese día se inició un Gobierno que supo enfrentar con éxito dos gravísimas crisis económicas mundiales, y, no obstante, entregó a su sucesor un país próspero, con instituciones políticas y económicas que han hecho posible su constante crecimiento en los años posteriores. Lo anterior, pese a todos los intentos por desmantelar las bases institucionales de ese crecimiento. La modernización económica y social de Chile entre 1973 y 1990 fue una transformación que dejó al país a las puertas del desarrollo.
El 11 de septiembre recuerda, igualmente, a un Gobierno que supo defender el territorio patrio con firmeza y eficacia. En 1978, fue capaz de preservar la soberanía chilena, evitándose la guerra con Argentina y, en 1985, se llegó a un tratado de paz y amistad.
Hay un amargo contraste entre eso y lo que tan desgraciadamente ocurrió después con Laguna del Desierto.
El 11 de septiembre fue, también, el inicio de un proceso que llevó a la elaboración y puesta en vigencia de la Constitución de 1980, así como de su normativa complementaria, esto es, de un marco institucional moderno, que está permitiendo a Chile avanzar y acercarse de verdad -no en simples palabras- al desarrollo. Ese proceso condujo a la restauración de la plena democracia, luego de una transición pacífica, inobjetable en su sujeción al orden constitucional y, además, ampliamente exitosa en lo socioeconómico.
En esa fecha terminó todo un ciclo institucional cuyas posibilidades estaban agotadas. Y en esa misma fecha se inicia otra época distinta: de restauración del Estado de Derecho; de modernización general del país; de nuevas y mayores libertades; de cambio del sistema económico y social, que después ha triunfado en todo el mundo; de desarrollo económico, como Chile nunca habría conocido con las fórmulas anteriores en vigor.
Gracias a la decisión adoptada por las Fuerzas Armadas y Carabineros ese día, Chile pudo recuperar el lugar de avanzada en el continente que había perdido. Nada de eso habría sido posible sin aquel 11 de septiembre.
De allí la magnitud de ese hecho histórico, la grandeza del hito que señala nuestra evolución como país. De allí que se justifique que en cada aniversario de ese hito los chilenos hagamos una pausa, no sólo para el recuerdo, sino para la reflexión, que nos permita no repetir errores.
Por cierto, comprendo que para todos no signifique lo mismo. Pero no por eso debemos continuar querellándonos. Hoy tenemos otras realidades, otros problemas. Consagrémonos a ellos.
Lo he planteado antes y creo necesario repetirlo ahora: ¿en qué país queremos vivir? ¿En un país de reconciliación? ¿O en un país de enfrentamiento? Ése es el dilema.
La historia consignará el verdadero significado del 11 de septiembre. Estamos seguros de que ella irá confirmando su relieve y su gran trascendencia histórica.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, nuevamente el Congreso debe pronunciarse acerca de la supresión de la ley que establece feriado legal el día 11 de septiembre.
La iniciativa que nos ocupa ha sido aprobada por la Cámara de Diputados y ahora es conocida por el Senado.
En general, se puede decir que en Chile -aparte los domingos- hay tres tipos de feriados legales. Primero, los que conmemoran alguna festividad religiosa: Semana Santa, Corpus Christi, San Pedro y San Pablo, la Asunción, el Día de Todos los Santos, la Inmaculada Concepción y la Navidad; segundo, las efemérides patrias: 18 y 19 de septiembre, día de la Independencia y día de las glorias del Ejército, y el 21 de mayo, Combate Naval de Iquique; y, por último, las celebraciones internacionales generalmente aceptadas: 1 de mayo, Día del Trabajo; 12 de octubre, Día de la Raza, y el primer día de cada año.
Ninguno de esos feriados reviste una connotación negativa o controvertida en la comunidad nacional, lo que no ocurre con relación al 11 de septiembre ni a ninguna otra fecha referida a algún enfrentamiento entre chilenos, tales como, por ejemplo, las batallas de Lircay o las de Concón y Placilla.
Tal como sostiene la moción parlamentaria en la que se originó este proyecto, suprimir el feriado del 11 de septiembre no puede ser estimado por las Fuerzas Armadas como una ofensa, toda vez que el país entero celebra el 19 del mismo mes, es decir, ocho días después, las Glorias del Ejército con la tradicional Parada Militar.
Más aún, para un sector importante de chilenos ese día terminó un Gobierno que considera nefasto, y para otro sector del país -haya o no haya estado de acuerdo con ese Gobierno- importa la interrupción de nuestra trayectoria democrática y la muerte de un Presidente de la República en el ejercicio de su cargo. Para unos y otros renueva y representa un momento de odiosidad y enfrentamiento armado, con chilenos muertos en ambos bandos.
Por lo mismo, no es la historia la que ha recogido esa fecha para realzar su significado, sino las propias autoridades surgidas del golpe de Estado, las que instituyeron el feriado que todo aconseja suprimir.
Es un hecho que año tras año se reviven en la misma fecha reacciones de violencia a consecuencias del recuerdo de lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973 y en los años subsiguientes. Ello preocupa a la población y exige un esfuerzo especial de las fuerzas policiales para mantener el orden público. Nada de eso ocurriría si la misma fecha no fuera un feriado, sino un día laboral. Esto ayudaría, además, a facilitar la reconciliación que -estoy cierto- todos, sin excepción, anhelamos.
¿No podría alegarse que el 5 de octubre -día en que se inicia la recuperación de la democracia y se sella la suerte del Régimen autoritario- debiera ser feriado nacional? ¿Cómo reaccionarían quienes aún hoy son partidarios de aquel Gobierno? Así como unos deben respetar los sentimientos de los otros, éstos debieran también respetar los sentimientos de aquéllos.
El propio General Pinochet, antes de acceder al Senado, sostuvo que, en aras de la reconciliación, se debía OLVIDAR. Era básica, explicó, la necesidad de ol-vi-dar, separando y subrayando cada sílaba. ¿Y cómo puede olvidarse si se trata de un feriado legal?
Cualquiera que sea la posición que se tenga en la materia, nadie -que yo sepa- celebra que se hayan dado en el país las condiciones que culminaron con los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 1973.
No es ésta la oportunidad de analizar las responsabilidades de todos en la gestación de las condiciones que condujeron a esa situación, pero estoy seguro de que todos estaremos de acuerdo en que hubiéramos deseado que ellas nunca se hubieran producido, jamás.
Por eso, en los fundamentos del proyecto se califica como "apresurada" la apreciación histórica que significa consagrar esa fecha como un feriado nacional.
A mi juicio -más allá de la posición que se haya tenido frente al Gobierno derrocado o al Gobierno originado en el derrocamiento-, no se puede conmemorar la enorme cantidad de errores, equivocaciones, rupturas, desgracias irreparables e, incluso, muertes que ese año y en los siguientes se produjeron.
Con razón la moción sostiene: "El 11 de septiembre tiene una connotación para todos los chilenos que no la da el hecho que sea feriado. Todos saben lo que fue el 11 de septiembre de 1973; todos tienen su opinión. El carácter de feriado de ese día no transforma esa realidad.".
Aparecería como una contradicción histórica que el Senado de la República, que, al decir del historiador Valencia Avaria, no dejó de funcionar un solo año calendario durante nuestra trayectoria republicana, y que fuera clausurado en septiembre de 1973 "hasta nueva orden", la que se mantuvo por 17 años, estuviera dispuesto a "celebrarlo".
La materia no debe ser mirada desde la perspectiva de Gobierno u Oposición, sino desde la óptica de quienes somos partidarios de que el Parlamento siempre debe funcionar, independientemente del Ejecutivo o de quienes aceptan que se puede gobernar sin Parlamento.
Por otra parte -y no deja de ser importante-, al país entero, y al margen de opiniones y posiciones divergentes, no le es indiferente la existencia de un feriado más, toda vez que son grandes cantidades de dinero que Chile pierde con cada festivo.
Recuerdo que durante el Gobierno del Presidente Frei Montalva se formó una Comisión -llamada de Racionalización- que introdujo, entre otras iniciativas, la jornada única, y propuso y logró la supresión de varios feriados, algunos de los cuales inexplicablemente fueron repuestos por el Gobierno militar. Curiosamente, sus miembros hoy están presentes en la vida pública, al igual que entonces. Presidió dicha Comisión el ex Contralor General de la República, don Enrique Silva Cimma; y la integraron el Subsecretario de Hacienda, don Andrés Zaldívar; el Subsecretario General de Gobierno, don Raúl Troncoso, y el Subsecretario del Interior, el Senador que habla. La razón de la supresión de feriados -todos los cuales tenían alguna justificación y muchos una larga tradición- fue precisamente el principio de economía indicado.
Finalmente, quiero señalar que todas las leyes que establecen días feriados o que los suprimen, inclusive las dictadas durante los 17 años del Gobierno militar, expresan en cada caso las razones en que se funda dicha determinación. Se podrá estar de acuerdo o no con el establecimiento o derogación de un feriado, pero siempre se encontrará una explicación en cuanto a por qué se toma esa medida.
Sólo hay una excepción a la regla indicada, y se puede comprobar en los instrumentos que se hallan a disposición de los señores Senadores: la ley Nº 18.026, promulgada el 2 de septiembre de 1981, que estableció el 11 de septiembre como feriado legal, pero que no contiene ninguna explicación que justifique esa medida.
¡Con cuánta razón los Senadores de la Democracia Cristiana hemos votado ayer y volveremos a votar hoy para suprimir un feriado que no recuerda ninguna efeméride, sino la constitución de un fracaso y la división entre los chilenos, y que, además, significa una sangría de ingresos a nuestra economía!
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.

El señor RÍOS.- Señor Presidente, una de las características más importantes del debate que nos ocupa es que se lleva a cabo en un alto nivel -corresponde así al Senado-, con intervenciones que tienen por objeto demostrar ciertas posiciones sobre este tema y situar algunos aspectos propios del recuerdo de la acción pública y política que Chile ha mantenido en los últimos años, fundamentalmente en 1973, y en los días, semanas o años previos a esa fecha.
Sin embargo, existe un elemento que une al mundo en su generalidad. Chile no es ajeno a él, ni tampoco a lo ocurrido durante todo el siglo XX que, gracias a Dios, ya termina. Sin duda, este siglo no ha sido feliz para la humanidad. Durante él, el comunismo nace desde las tierras moscovitas, se extiende a través de todos los territorios y comienza a crear una alternativa social que finalmente el mundo rechaza.
Esa circunstancia -quién sabe si es uno de los hechos más importantes y fundamentales de nuestra historia reciente- provoca también situaciones de conmemoración y de trascendencia política en los países que vivieron la experiencia comunista, y ubica no sólo el recuerdo de acontecimientos pasados difíciles, sino que entrega el día en que el comunismo desaparece de sus tierras como un hecho fundamental.
Es admirable observar cómo el 4 de octubre muchos señores Senadores, que seguramente votarán a favor del proyecto, participan en la Embajada de Alemania conmemorando el día en que cayó el muro de Berlín.

El señor NÚÑEZ.- Celebramos la reunificación de Alemania, no la división, señor Senador.

El señor RÍOS.- Ése es el día alemán porque, recordando y teniendo absolutamente claro lo que significó el comunismo en su propia tierra y terminando con dicha expresión política, los alemanes conmemoran esa fecha como el día de su propia patria y constituye, quizás, uno de los sucesos históricos más importante de la historia europea.
De esta Sala, dos Senadores estuvimos presentes el 4 de octubre de 1990 en Alemania, cuando se produjo la unidad de ese pueblo, y vimos cómo tal fecha se transformaba en su día patrio.
Lo mismo ocurre con Rusia, cuando terminó la presencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y cayó el comunismo: esa fecha se celebra como el día patrio de Rusia, e igual acontece con Hungría y, en definitiva, con todos los países que comenzaron a vivir en plenitud la libertad.
El 11 de septiembre de 1973 había cuatro Diputados que hoy son Senadores y se encuentran presentes en la Sala. Dos de ellos firmaron el proyecto de acuerdo que, en mi opinión, dio inicio a todo un proceso que transformaría a Chile, para concluir con el surgimiento de una nueva nación, proyectada hacia el futuro e intentando encontrar su pleno desarrollo a través de la participación de toda la sociedad, en la libertad que requieren los pueblos.
Al recordar los días en que era Diputado, y teniendo presentes los aspectos que dieron trascendencia a todo el proceso que vivió Chile, no puedo dejar de rememorar algunas expresiones que dieron origen a una acción histórica bastante más trascendente de lo que podamos imaginar. Tengo en mis manos el discurso admirable que el entonces Senador señor Patricio Aylwin pronunció en el Senado de la República, cuando, producto de la asunción del mando por el abanderado de la Unidad Popular, establecía las garantías constitucionales que debían respetarse para que Chile pudiera seguir desarrollándose plenamente y en libertad.
En esa oportunidad, sesión de fecha 22 de octubre de 1970, dejó establecido que una de las razones fundamentales (las va enumerando) por las cuales ha de tenerse presente la reforma constitucional, es la de establecer en las Fuerzas Armadas y en Carabineros la responsabilidad de ser garantes de nuestra convivencia democrática.
Es importante observar también cómo, en la misma norma mencionada por el Senador señor Aylwin, se van señalando los aspectos fundamentales de tal reforma: precaverse, en la convivencia democrática, de situaciones que normalmente son flagrantes violaciones, en las que incurren aquellos regímenes políticos dominados por ciertos sectores totalitarios de inspiración marxista. Recuerda que en materia educacional el programa de la Unidad Popular plantea, por una parte, la Escuela Única, declarando que el Estado tomará bajo su responsabilidad los establecimientos educacionales privados, lo que significa la eliminación de la educación particular; y por otra, la efectiva estatización de las universidades. Todo es un proceso que no corresponde a una imaginación creadora de Chile.
Y en eso yo entiendo a los señores Senadores que forman parte del Partido Socialista, y que recuerdan en alguna forma las actuaciones propias de su Gobierno. Porque hubo una acción internacional, en un proceso claro y definido, que tenía como objeto final y fundamental establecer la "dictadura del proletariado", como se señalaba en el Partido Comunista, en todas las naciones del mundo.
Por eso hoy Alemania celebra el 4 de octubre como su día patrio, porque es la fecha en que termina el comunismo en esa nación. Lo mismo ocurre -reitero- en Rusia, en Hungría, en Checoslovaquia. Es así en la totalidad de los países. A lo mejor, en el caso de Chile, la diferencia radica en que de pronto surgió la presencia física de fuerzas armadas que responden a una acción moscovita (en el caso de los países que he nombrado); pero también tal expresión se ha manifestado en otros Estados, y se manifestó en el chileno.
Yo pensaba que el 11 de septiembre iba a ser la única fecha que conmemoraríamos durante el siglo XX. Sin embargo, posteriormente y a partir del 4 de octubre de 1989, se desencadena toda una expresión de libertad en la totalidad de los países del orbe, la que va determinando los días que cada uno de ellos conmemora como fechas fundamentales. Ello, porque concuerdan en apreciar que lo más grave ocurrido en el siglo que termina lo constituyó la presencia y participación del comunismo, que fue destruyendo y debilitando en forma increíble todas las sociedades, sus principios, sus valores.
El día 22 de agosto de 1973 el Congreso Nacional, a través de la Cámara de Diputados, llamaba la atención y establecía en su proyecto de acuerdo que se había usurpado al Congreso su principal función, la de legislar; que se habían burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras; que, por último, y lo que tiene la más extraordinaria gravedad, se había hecho tabla rasa de las altas funciones que el Parlamento tiene como Poder Constituyente. Agrega el documento que se atentó gravemente contra la libertad de expresión; se violó el principio de autonomía universitaria; se atentó contra la libertad de enseñanza; se atropellaron sistemáticamente las garantías del derecho de propiedad; se incurrió en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos; se desconocieron los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales; se rompieron los compromisos contraídos. Prosigue señalando que contribuye poderosamente a la quiebra del Estado de Derecho la formación y mantenimiento, bajo el estímulo y la protección del Gobierno, de una serie de organismos que son sediciosos; que en la quiebra del Estado de Derecho tiene especial gravedad la formación y desarrollo, bajo el amparo del Gobierno, de grupos armados que, además de atentar contra la seguridad de las personas y sus derechos y contra la paz interna de la nación, están destinados a enfrentarse con las Fuerzas Armadas; que éstas y Carabineros son y deben ser, por su propia naturaleza, garantía para todos los chilenos, y deben encaminarse a restablecer las condiciones de pleno imperio de la Constitución y las leyes.
Es decir, todo lo que estaba sucediendo en aquel instante respondía a lo que ocurría también en el resto del mundo.
¿Y podríamos pensar, entonces, que Alemania comete el error más grave de su vida al festejar su día patrio en la fecha en que cae el muro de Berlín, o que es absurdo que Rusia siga estableciendo como su día patrio aquel en que termina con el comunismo?
El paso más importante que Chile dio fue precisamente cuando se erigió en nación señera, por sobre otras de América y del mundo, al establecer sus propios caminos en pos de un proceso de libertad y desarrollo pleno, para todas sus generaciones existentes y las que venían.
Sin duda, hay procesos difíciles, y estoy de acuerdo con el Senador señor Ominami cuando dice que hay momentos que quiebran incluso su propio espíritu. Ésas son situaciones de las que absolutamente nadie es partícipe. Pero en todo el proceso que el país está viviendo, los pasos trascendentes son aquellos que tienen futuro, que van configurando una nación y estableciendo los caminos necesarios para lograr el desarrollo que corresponde a lo más elemental de los seres humanos, que es la libertad.
El 11 de septiembre debe necesariamente encuadrarse en lo que fue, para el resto de las naciones que lograron separarse del comunismo internacional, el elemento más importante de este siglo, a fin de entender que los caminos que ellos han escogido son los que responden al principio de su propia naturaleza como pueblo. Eso es lo que representa para Chile el 11 de septiembre. Esta fecha debe conmemorarse, debe tenerse presente, debe ser materia de reflexión. Pero, también, es una luz que Chile pudo prender para el resto de América y del mundo, y debe mantenerse encendida a fin de que nunca más caigamos en una nación dividida, quebrada, llena de problemas, inquietudes y frustraciones que provocaron un enorme quiebre en nuestro espíritu y nuestra nacionalidad.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, después de escuchar a distinguidos colegas, no voy a disponer de tiempo para dar a conocer mucho de lo que tengo preparado en forma escrita.
Siguiendo la idea del señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, en cuanto a que el 4 de octubre se convirtió en fiesta nacional por el hecho de que entonces se produjo la caída del muro de Berlín, voy a invitar a mi Honorable colega a redactar un proyecto de acuerdo para que declaremos como día nacional el 5 de octubre de 1989, porque ese día se recuperó la democracia en Chile.
Abrigo la esperanza de que el resultado será positivo en esta oportunidad, porque un señor Senador de la misma bancada que representa Su Señoría, en la sesión Nº 19, de martes 29 de junio de 1997, dijo: En mi opinión, "derogar hoy la festividad del 11 de Septiembre no contribuye al entendimiento ni a la paz nacional. Y, hablando con franqueza, no considero propicio que se plantee ahora, pues el Presidente de la República de entonces, hoy Comandante en Jefe del Ejército, concluye este año su gestión como tal. Por lo tanto, la idea podría discutirse con más tranquilidad en el futuro.".
El futuro ha llegado, señores Senadores. Por 69 votos a favor, 38 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó la moción que busca eliminar el feriado del 11 de septiembre. Hoy nos corresponde decidir si el Senado va a entregar su apoyo al proyecto, que tiene el respaldo del Poder Ejecutivo. Aquí vamos a determinar si estamos o no estamos de acuerdo con eliminar la ley que fundamenta el referido feriado. No estamos hablando de las obras que hicieron o no hicieron los Gobiernos, sino de un proyecto que determina la abolición de una fecha que, creemos, no une a los chilenos. Porque fue una norma dictada en un régimen que ejerció al mismo tiempo la función legislativa y la ejecutiva, creemos que hoy tenemos el derecho de debatir esta materia con amplitud.
Cuando se fundamentó esta ley, se legisló sin que existiera una manifestación de voluntad democráticamente expresada a través de Poderes del Estado autónomos y sin un Parlamento representativo de las distintas corrientes de pensamiento que deben coexistir en la nación. En otras palabras, señores Senadores, se trata de una norma que, siendo válida, fue impuesta en un período de la historia de nuestro país donde no existió democracia.
En Chile, con la participación de todos, hemos avanzado por la senda de la democracia. Pero -¡qué duda cabe!- tenemos una democracia aún imperfecta. Chile es un país que necesita reconciliarse, y eso lo escucha uno en todos los sectores ciudadanos. Quiere reconciliarse después de las heridas que dejaron el 11 de septiembre y sus prolongadas consecuencias. Ésa es, sin duda, la fecha emblemática del regocijo de quienes se sienten vencedores, y no puede haber pasos seguros en favor de la reconciliación cuando a quienes sufrieron gravemente las consecuencias de ese día o a quienes discreparon con lo acaecido durante él -que sumados son muchos más de los que se regocijan- se les impone una celebración del origen de sus dolores o de discrepancias que, por lo profundas en el sentido de los valores que afectan, también se traducen en dolor del alma. Los sufrimientos y el malestar de muchos no pueden ser objeto de celebración y regocijo. Por ello, la eliminación del 11 de septiembre como día festivo sería un paso en favor de la reconciliación y de una mayor solidez en favor de la senda democrática por la que, de común acuerdo, todos avanzamos.
Algunos sectores han justificado el feriado del 11 de septiembre afirmando que debe ser un día de reflexión respecto de las causas que crearon la división entre los chilenos, para que tal división nunca más vuelva a ocurrir. Loable es el propósito. Sin embargo, considero que no tiene sentido destinar un solo día al año, y menos uno festivo, para reflexionar sobre una materia que, particularmente los que hemos abrazado por vocación la función política, tenemos la obligación de tener presente a diario.
Por otra parte, los vencedores de guerras civiles ocurridas lamentablemente en nuestra Patria nunca tuvieron la arrogancia de decretar feriado el día en que obtuvieron la victoria. Esto no ha sido parte de nuestra cultura nacional. El Presidente Joaquín Prieto y su Ministro Diego Portales no decretaron feriado por el triunfo obtenido en la batalla de Lircay, en abril de 1830. Tampoco Jorge Montt por los triunfos en las batallas de Con-Cón y Placilla, en agosto de 1891. ¡Hagamos la diferencia: en Chile no hubo guerra civil el 11 de septiembre de 1973!
Se ha dicho y se ha escrito, con aspiración a cierto refinamiento intelectual, que se justifica el feriado del 11 de septiembre porque celebra el día en que se inició una intervención militar que tuvo como finalidad recuperar el consenso social que se fue perdiendo gradualmente. Es efectivo que se fue perdiendo el consenso social, y lo sabemos algunos de los que estamos en esta Sala. Pero lo tendencioso de la afirmación es que se omite decir que el 11 de septiembre significó el inicio de una experiencia política que profundizó aun más la pérdida de ese consenso.
Considero, estimados colegas, que es el momento de iniciar el camino seguro hacia una democracia moderna, fundamentada en un amplio consenso social. Defender como feriado el 11 de septiembre significa ayudar a mantener latente la división entre los chilenos y mantener en suspenso la sustentación de un necesario consenso nacional, básico requisito que un país necesita para desarrollarse y perfeccionarse en todo sentido.
El señor Senador vitalicio ha dicho que la iniciativa tendiente a eliminar el feriado del 11 de septiembre es una venganza. Yo pienso, señor Senador, que si en la historia de la humanidad los actos de venganza hubiesen tenido las características de la propuesta que hoy analizamos, la humanidad hubiera sido mucho más feliz que desde el ángulo que Su Señoría lo observa.
Se ha afirmado que se justifica el feriado del 11 de septiembre, porque es necesario que el país no olvide su trágica historia para que ésta no vuelva a repetirse. Pero este argumento es un pretexto. Todos aquellos que fueron víctimas del 11 de septiembre nunca lo olvidarán. Los familiares y los amigos de los uniformados que cayeron; los familiares y los amigos de los detenidos desaparecidos, que tienen derecho a estar presentes esta tarde en el Senado; los parientes de los condenados a muerte; los que sufrieron prolongadas detenciones; los torturados; los exiliados; los que perdieron sus empleos y los relegados, nunca olvidarán el 11 de septiembre, sea o no sea feriado. Como he señalado, agudiza el dolor de quienes padecieron los efectos del régimen militar el hecho de que tal fecha sea de celebración, de regocijo. Y este dolor terminará cuando existan gestos de grandeza y de comprensión por parte de quienes fueron triunfadores en ese día.
Señor Presidente, considero que el feriado del 11 de septiembre debe ser suprimido, porque es una fecha perturbadora, que representa un pasado de divisiones, traumas y heridas. El debate de este momento aborda un problema real del Chile de hoy; no es un tema menudo. Sabemos que la reconciliación requiere de mayores iniciativas que la eliminación de un feriado. Pero es claro que para alcanzar la unidad de los chilenos se requiere transitar por un camino de integración, abandonando el espíritu de trincheras que prevaleció en una guerra que no fue tal y que dejó, no obstante, muchas y profundas heridas. Mantener el 11 de septiembre como día feriado significa seguir en una trinchera que ya la historia ha superado; significa, finalmente, no pensar en el futuro que debemos labrar para las nuevas generaciones, a las que no debemos dejar como herencia nuestros conflictos y odiosidades.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Canessa.

El señor CANESSA.- Señor Presidente, confieso mi incomodidad. El debate de esta tarde, en cierto modo, es surrealista. Bien cobijados en esta Sala, que expresa materialmente una faceta de la democracia surgida el 11 de septiembre de 1973, ocuparemos nuestro tiempo en discutir el realce que conviene dar a esa fecha fundacional del orden político vigente.
Mientras tanto, afuera, la gente, el país real enfrenta como puede los problemas de su vida diaria: delincuencia, educación, salud y fuentes de trabajo en peligro, porque en los últimos años hemos perdido parte del vigor que nos había puesto, una vez más, a la cabeza de Latinoamérica.
¿No debiéramos ocupar nuestro tiempo en diseñar los soportes legislativos que requiere la solución de esos problemas?
Sin embargo, hemos de satisfacer la Suma Urgencia con que Su Excelencia el Presidente de la República ha calificado este asunto.
Señores Senadores, para nuestra nación, el 11 de septiembre de 1973 es uno de los días más importantes de su trayectoria histórica.
Intencionadamente digo "es" uno de los días más importantes de su trayectoria. No digo "fue" un día muy importante. Nadie podría negar el carácter decisivo que tiene en la historia chilena de la segunda mitad del siglo XX. Pero lo que yo resalto es su vigencia y su proyección al futuro. Estamos ante un hecho trascendente, un hecho cuyas consecuencias van mucho más allá de la generación que protagonizó ese 11 de septiembre.
Las naciones dignas de tal nombre distan mucho de ser amnésicas. Por el contrario, acostumbran jalonar su trayectoria vital recordando de manera especial los hechos decisivos en la construcción de su destino. Muchas veces, los hitos que sirven de puntos de referencia a la memoria colectiva son dolorosos. No debiera extrañarnos: todo lo que realmente vale se compra a un gran precio. Al precio de las ilusiones perdidas; al precio de la sangre y de la muerte; al precio del más duro y sostenido esfuerzo para restaurar lo que se ha roto.
En este caso -lo afirmo desde ahora-, un sacrificio infinitamente menor y mejor que soportar una guerra civil y, según su desenlace, algunas décadas de dictadura soviética.
Ahora bien, respecto a la función que para alimentar el presente cumple la memoria histórica, me parece que, al menos en Occidente, el paradigma de lo que intento señalar quizás esté representado por el 14 de julio. En ese día, la revolución dividió a los franceses entre sí y los enfrentó con un grado de ferocidad hasta entonces desconocido.
Simultáneamente, la revolución coaligó a los tronos europeos en su contra. Hoy, y desde hace ya bastante tiempo, los franceses reconocen esa fecha como un símbolo nacional, una efemérides que los une y reconcilia con su pasado común. Y en todo el orbe, el 14 de julio equivale a decir "libertad".
Para nosotros -salvadas las obvias diferencias de tiempo, espacio y circunstancias- el significado del 11 de septiembre es similar.
En efecto, ese día las Fuerzas Armadas y de Orden, cumpliendo su obligación esencial de preservar la integridad de la comunidad nacional, pusieron término a un Gobierno cuyo norte era la destrucción de la democracia chilena y la sustitución de la tradicional fisonomía histórica de la Patria de manera inaceptable, sumiéndola en un molde ideológico: el marxismo-leninismo, en su versión castrista.
El ex Presidente don Eduardo Frei Montalva, en su conocida carta a Mariano Rumor, sintetizó esta realidad en los siguientes términos: el Gobierno de la Unidad Popular "estaba absolutamente decidido a instaurar en el país una dictadura totalitaria". Y, en la misma época, don Patricio Aylwin Azócar declaraba que "la acción de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros no vino a ser sino una medida preventiva que se anticipó a un autogolpe de Estado que, con la ayuda de las milicias armadas con enorme poder militar de que disponía el Gobierno y con la colaboración de no menos de 10 mil extranjeros que había en este país, pretendían o habrían consumado una dictadura comunista".
Así las coas, el 11 de septiembre de 1973 marca la divisoria entre la democracia y el totalitarismo.
Ante esa disyuntiva fundamental, pues todo lo demás es accesorio, los aquí presentes -¡todos!-, más allá de cualquier duda o reserva mental, estamos en el mismo lado.
Aquel 11 de septiembre venció la causa de Chile, y a su servicio están hoy muchos de los que ayer militaron en la Unidad Popular. ¿No constituye acaso esta actitud renovada la mejor muestra de la importancia histórica que tiene tal fecha?
Llamo ahora la atención de los señores Senadores sobre un dato interesante: el 11 de septiembre fue establecido como feriado legal en 1981. A esas alturas, las tensiones políticas, que habían dividido a nuestra sociedad hasta el punto de arrastrarla al borde mismo de la guerra civil, ya eran parte de un pasado superado. La ciudadanía, un año atrás, había ratificado soberanamente la Constitución que nos rige y el contenido y los plazos de la transición hacia una nueva democracia. Dando cumplimiento a ese mandato, el Gobierno, presidido por el General Pinochet, afianzó en ese período las condiciones que hicieron posible la impecable ejecución del itinerario institucional.
No es posible desconocer ahora que cuando se estableció el 11 de septiembre como feriado legal, la unidad de los chilenos, su reconciliación, sólo era turbada por bandas terroristas que obedecían a las potencias extranjeras que las adiestraban y financiaban en el marco de la Guerra Fría. Para la inmensa mayoría de la población, ese día representaba la fecha en que la comunidad nacional había vuelto a ser dueña de su propio destino, y percibía que, apoyada en ese hito incontrastable, se encaminaba confiadamente al futuro. Los ciudadanos no fueron defraudados: ni un minuto antes ni uno más tarde de lo que ellos mismos habían resuelto, todas las instituciones democráticas estaban funcionando.
De otra parte, ya en la esfera legislativa, la documentación que informa la historia fidedigna de la ley Nº 18.026 -que por cuarta vez se intenta derogar- señala expresamente que ésa es la fecha "en que las Fuerzas Armadas y de Orden restauraron lo más valioso de nuestro patrimonio nacional, cual es la libertad". ¿No les parece, señores Senadores, que la restauración de la libertad que estuvimos a punto de perder justifica la exaltación de esa fecha? ¿Y qué ha cambiado? ¿Acaso ya no consideramos que la libertad es el bien que preside la convivencia cívica de la nación chilena? Entonces, ¿por qué se ha de eliminar este feriado de nuestro calendario?
Como es lógico, el peso de la prueba recae sobre los que desean modificar la situación imperante. Son ellos los que tienen que convencernos de que el 11 de septiembre es un día ordinario, que carece de relevancia propia, que da igual vivir en libertad o en tiranía, que el destino de la nación cubana y de la chilena ha sido el mismo. Son ellos los que tienen que convencernos de nuestra indiferencia, de nuestro olvido y de la derrota de los ideales de independencia, paz y progresivo bienestar que han animado a la Patria en los últimos 25 años.
No nos engañemos: quitar el carácter de feriado al 11 de septiembre es retroceder. Por ese camino, querámoslo o no, el horizonte se podría volver a ensombrecer con disputas que parecían definitivamente resueltas y quizás otras generaciones tendrán que batirse para recuperar la libertad de Chile.
Se me podrá objetar que exagero. Que nadie intente borrar el mérito de lo realizado por el Gobierno militar, pues resulta inútil pretender tapar el sol con la mano. Se me dirá que la moción en estudio sólo tiene por finalidad aglutinar las fuerzas de una coalición de problemática continuidad, aunque el asunto sólo interesa a los círculos afectados. Que estamos ante una fecha que divide, cuando en realidad a partir de ella se fue dando el proceso de convergencia que superó las diferencias que antaño nos separaban de manera absoluta. Que hay demasiados feriados y que conviene reducirlos para aumentar la productividad; pero cualquiera sabe que los positivos índices actuales tienen por causa el sistema político, económico y social creado, justamente, a partir de un 11 de septiembre. Que Lircay, Con-Con y Placilla no son batallas que celebremos de un modo especial; con olvido de que ellas decidieron una lucha por la preeminencia entre minorías dirigentes, que no comprometieron la unidad del pueblo y en las que sólo se batieron fracciones de las Fuerzas Armadas entre sí, mientras que el 11 de septiembre de 1973, por algo será, actuaron monolíticamente en nombre y representación de toda la Nación, de su pasado común y del futuro que los chilenos deseamos compartir.
Éste es el punto: en la decisión del 11 de septiembre estaba comprometida la suerte de todos los chilenos.
Para restar importancia a esa fecha, se han esgrimido argumentos que, como se acaba de ver, no son tales. No resisten mayor análisis, se disuelven al ser contrastados con la realidad de las cosas y -también hay que decirlo- huelen sospechosamente a disculpas, a mala conciencia, a resentimiento.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Solicito a Su Señoría redondear su intervención, para que no se reclame del tiempo.

El señor CANESSA.- Me queda una página.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Muy bien.

El señor CANESSA.- Siguiendo por ese camino podríamos derogar los delitos que importan violencia, y así evitar a los revoltosos la posibilidad de pasar un mal rato. ¿Quiénes son -pregunto- los que alteran la tranquilidad pública en esa fecha? ¿Dónde están los que la instigan? Y lo que es más grave, ¿por qué habría de someterse a sus designios la voluntad de prácticamente toda la población?
¿Hay o no hay una relación entre ellos y los que importaron la violencia al país en la década del 60 y oficialmente declararon que la violencia era un camino válido para alcanzar el poder?
También circula la opinión de que para la reconciliación se estima positivo suprimir ese feriado. Seamos serios: salvo aquellos que niegan el carácter decisivo de lo resuelto aquel 11 de septiembre -esto es, como ya lo he dicho, la disyuntiva entre libertad y totalitarismo-, la nación chilena se reconcilió hace ya mucho tiempo, incluso antes de que ese día fuera declarado feriado.
Quienes dan la espalda a la realidad, todavía permanecen unidos en espíritu a lo que fue la Unidad Popular. No tienen derecho a imponer a los demás su idea de lo que debe ser reconciliación. Ellos, menos que nadie, porque han sido los principales responsables de la violencia y del odio que queremos desterrar, y cuando tuvieron poder condujeron al país a una catástrofe.
Honorable Senado, la nación chilena, ya en su larga trayectoria sobre este rincón del planeta, ha sufrido embestidas de la naturaleza, ha resistido la acción extranjera y también, a veces, tuvo que dominar el descontrol surgido en su propio seno. Cada generación de chilenos ha enfrentado con vigor los desafíos de su propio tiempo. A mi generación le correspondió luchar por su libertad, desbarantando una siniestra empresa totalitaria. A continuación, emprendió con esperanza, técnica y patriotismo la reconstrucción moral, material e institucional del país. Gracias al sacrificio de esos días -lo que vale la pena se compra al precio de un gran dolor-, las generaciones más jóvenes han desenvuelto sus vidas en un ambiente diferente al que yo conocí; de mayor concordia, de mayor bienestar y de mayores posibilidades para cada persona y para cada familia.
Esos resultados, de los que estamos orgullosos, tienen su piedra sillar en un hecho trascendente, cuya validez y potencialidad permanece intacta. Se trata de un día que los chilenos hemos destacado otorgándole legalmente el carácter de feriado, y lo conservará, al menos mientras estemos dispuestos a sostener con energía que la libertad es la mayor virtud de nuestra estirpe.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminado el debate.
Corresponde, de acuerdo con lo resuelto, proceder a la votación nominal. Pueden fundamentar su voto los señores Senadores que no hayan intervenido en la discusión.

El señor BOMBAL.- ¿Me permite una cuestión previa, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, en aras de la convivencia que debe existir entre todos nosotros y que aquí se ha manifestado al tratar un tema como éste, con la altura que se ha realizado y el respeto que todas las posiciones han manifestado, considerando que los discursos nos interpretan a unos y a otros en lo que nos compromete en este debate, sugiero -reitero- en aras de la convivencia del Senado, que nos aboquemos a votar sin fundamentar el voto. De esa forma despachamos el proyecto y evitamos que palabras saquen palabras y que ello genere, tal vez, una situación difícil, dada la altura con que se ha planteado el debate, quedando acreditado que frente a una materia tan delicada como ésta, la discusión se ha realizado con el debido respeto y consideración, lo que contribuye a que mantengamos la armonía en el Senado.
Propongo, entonces, que procedamos a la votación, pero sin fundamentar el voto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Agradezco la proposición de Su Señoría. Pero a ningún señor Senador puedo impedirle que haga uso de un derecho que le confiere el Reglamento, salvo que hubiera acuerdo unánime de la Sala para proceder así.
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, siguiendo la idea del Senador señor Bombal, que me parece bastante atendible, solicito que aceptemos su proposición y que, además, la votación sea secreta.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Para que la votación sea secreta, debemos primero pronunciarnos respecto del procedimiento correspondiente y reunir el quórum especial requerido para ello.
¿Habría acuerdo unánime para aceptar la proposición del Honorable señor Bombal?
No hay acuerdo, porque, para rechazar lo sugerido, basta que un señor Senador se oponga.
Espero que los señores Senadores fundamenten el voto en forma mesurada, manteniendo el nivel del debate habido. Y para evitar confusiones, aclaro que votar negativamente significa rechazar el proyecto que viene de la Cámara de Diputados, y afirmativamente, aprobarlo.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor ABURTO.- Señor Presidente, lo referente a la supresión de feriados es una cuestión global. Todos sabemos que en muchas oportunidades se ha discutido sobre el exceso de feriados que hay en Chile, lo cual produce un problema de carácter económico-social. Se ha planteado la posible supresión de determinados feriados y, además, la solución respecto de los que caen en la mitad de la semana, en el sentido de correrlos hacia el lunes, para evitar que se interrumpa la jornada semanal de trabajo.
En el caso que nos ocupa, estamos en presencia de un proyecto que apunta a la derogación de un sólo feriado. Me parece que el problema es más general. Además, cuando tuve el honor de asumir como Senador, me hice el propósito de no participar en las discusiones de orden político confrontacional como la de este momento.
Basado en estas razones, estoy de acuerdo en que cualquier proyecto de supresión de feriados debe presentarse en forma global, a fin de solucionar el problema más general, que es el exceso de feriados en Chile.
Para responder, en cierto modo, a la invitación que el Senador señor Ominami nos hizo a los ex integrantes de la Corte Suprema de Justicia, le señalo que, en este caso particular, me pronunciaré en contra, exclusivamente porque se trata de la supresión de un feriado. Pero estaría dispuesto, en el futuro, si esta materia se aborda en términos generales, a revisar mi opinión y ver la posibilidad de que el feriado que hoy discutimos se incorpore en una iniciativa que modifique el sistema de feriados de nuestro país.
Por lo tanto, voto en contra de la supresión del feriado.

El señor BITAR.- Señor Presidente, en septiembre de 1995, durante un acto solemne en que el Presidente del Brasil, Fernando Henrique Cardoso, firmó el proyecto de reparación para los familiares de los desaparecidos políticos durante el régimen militar, el Jefe de la Casa Militar del Palacio de Gobierno, General de Ejército Alberto Cardoso, en un gesto espontáneo, abrazó públicamente a la viuda del Diputado Rubens Paiva, desaparecido en 1971.
El gesto del General se transformó en un poderoso símbolo de reconciliación y de ejemplo en cuanto a cómo las Fuerzas Armadas del Brasil han enfrentado el controvertido tema de los derechos humanos y la búsqueda de la verdad.
En un gesto generoso de reconciliación y buen criterio, las Fuerzas Armadas del Brasil eliminaron de su calendario oficial la conmemoración del 31 de marzo, fecha en que, en 1964, depusieron al Presidente Joâo Goulart, que encabezaba el gobierno civil. Al justificar la supresión de la conmemoración de esa importante fecha para las Fuerzas Armadas, el Almirante Mauro César Pereira, Ministro de Marina, declaró: "Vivimos en un régimen democrático y sólo tiene sentido conmemorar las fechas realmente nacionales¿Debemos acabar con las confrontaciones".
De hecho, hasta el año pasado, la celebración de dicha fecha originaba incidentes callejeros; pero no fue así el año siguiente -1996-, luego de la decisión de las Fuerzas Armadas.
Es interesante la experiencia de Brasil. ¿Podemos imaginar en nuestra tierra a un general abrazando en gesto de reconciliación a la esposa de un dirigente desaparecido? ¿O a nuestras Fuerzas Armadas eliminando la conmemoración del 11 de septiembre para ayudar a cerrar las heridas, aún abiertas, guiadas por un sentido de generosa unidad nacional?
Aquí tenemos la experiencia de un país latinoamericano.
Al votar, señor Presidente, quiero señalar que lo hago pensando en el Chile del siglo XXI, y eso requiere de nosotros grandeza para enfrentar el futuro y afianzar la reconciliación y la unidad nacional.
El 21 de mayo nos une. El 18 de septiembre nos une. El 25 de diciembre nos une. El 11 de septiembre nos divide. Esta fecha debe constituir un día de reflexión, de meditación sobre la historia, para que comprometamos nuestros espíritus y nuestra acción política a la proyección de un Chile unido. El recuerdo de la división, de la violencia, de los derechos humanos conculcados, debe servirnos para conservar vivo en nuestra alma el amor por la justicia, la libertad, la paz y la unidad.
Pienso que mantener este feriado es un gesto de agresión, es mirar al pasado, es pretender mantener el temor, es alentar sentimientos negativos, es ser leales con una dictadura o con un dictador y no con Chile y su futuro. Votar por la continuación de este feriado es votar contra la reconciliación y la unidad nacional. Voto hoy por un gesto que abra una etapa nueva y cierre un ciclo divisorio de la historia, que ayude a construir un Chile para todos.
Voto por eliminar el feriado del 11 de septiembre, como un gesto por el entendimiento nacional.

El señor BOENINGER.- Señor Presidente, quiero fundamentar mi voto intentando un análisis, ojalá desapasionado, como el punto de vista de un observador.
En Irlanda del Norte, en conmemoración de una victoria obtenida hace varios siglos, la Orden protestante de Orange organiza anualmente tradicionales desfiles de celebración. El más emblemático de ellos insiste en atravesar la calle principal de un barrio católico. Es decir, los vencedores de aquella gesta lejana celebran refregando la derrota a los vencidos, con la consiguientes tensiones, reacciones y rencores y, en definitiva, retroceso en los esfuerzos de paz y reconciliación en que se había empeñado la inmensa mayoría de los actores de ese conflicto secular.
La conmemoración de la Orden de Orange es perfectamente legítima, pero no lo es que lo hagan ofendiendo a la minoría católica derrotada, con la cual conviven cotidianamente. No cabe duda de que en Chile el 11 de septiembre provoca encontradas reacciones y vuelve anualmente a encender las pasiones en torno de este hecho desde cuya ocurrencia han transcurrido ya 25 años. Por eso, no es un tema baladí, y es responsabilidad del Parlamento discutirlo las veces que sea necesario.
Para unos -me remito a lo que acaba de manifestar el Honorable señor Canessa-, se trata del día más importante del siglo, referente a una gesta histórica sólo comparable a la de nuestra independencia. El señor Senador, y quienes piensan como él, tienen pleno derecho a sentirlo así, y expresarlo. Para otros, fue el fin amargo, violento, presidido por muerte y destrucción, del sueño de construcción de una sociedad mejor, tal como ellos la concebían. Tienen también pleno derecho a pensarlo así y a expresarlo. Poco importa, como en el caso interior, que tengan o no tengan razón.
Para otros, se trata de un día triste, en el que se derrumbó la democracia de la que Chile se sentía tan orgulloso, sentimiento independiente de las causas que produjeron la ruptura. Para otros, en fin, el 11 de septiembre fue consecuencia inevitable de una polarización ideológica y política extremas, de la pérdida de legitimidad de todas las instituciones democráticas. Del Ejecutivo, para la Oposición; del Parlamento, de la Corte Suprema y de la Contraloría, para el Gobierno y sus partidarios. Se trata, para éstos, de la crónica de una ruptura anunciada.
En lo personal , me cuento entre estos últimos. Francamente, no soy de los que lloraron el 11 de septiembre. Y, ciertamente, me defino -y todos lo saben- como radicalmente anticomunista. Pero estas cosas no son para nada pertinentes a esta decisión.
Creo indudable que la intervención militar de ese día contó con el apoyo activo o pasivo de una mayoría de la población agotada de tanto conflicto. Pero también es un hecho que pocos meses antes del 11 de septiembre, en marzo de ese año, el Gobierno del Presidente Allende había obtenido el respaldo de 43 por ciento de los ciudadanos en las elecciones parlamentarias. Sin duda, un apoyo sólido y significativo.
El 11 de septiembre el país entero no se pronunció, pues, ni con mucho, de manera unánime y consensual. Hubo vencedores y vencidos, como en Irlanda. El que los vencedores hayan tenido el apoyo de una mayoría resulta irrelevante ante este hecho fundamental, máxime que ese momento inicial fue seguido de tragedia y muerte.
Se dice, con razón, que los días feriados consagran festividades religiosas, efemérides patrias y días constituidos internacionalmente que interpretan o cuentan con el beneplácito de todos los ciudadanos. Es cierto que las festividades religiosas en Chile son católicas, pero no conmemoran ninguna derrota de los que no lo son, sino que responden a una tradición de siempre, que interpreta a una amplia mayoría de la población, pero que no están dirigidas contra nadie, ni celebran ninguna derrota ni hechos confrontacionales.
Es obvio que el 11 de septiembre no reúne tales condiciones: conmemora un hecho que dividió profundamente a la sociedad chilena, y que la sigue dividiendo y en la que, como dijimos, hubo vencedores y vencidos. No es un día de reconocimiento a la gestión del Gobierno militar. Se refiere a un momento determinado: a la ruptura de la democracia el 11 de septiembre.
Por eso, creo que su eliminación, contrariamente a algunas opiniones que he escuchado, es una contribución al largo y difícil proceso de reconciliación que el mes de septiembre se encarga anualmente de recordarnos que está aún lejos de completarse. Derogar el feriado no impide, a quienes lo consideran una gran efeméride patria, celebrarlo entre los que comparten esa visión, así como no impide, a los que tengan respecto de esa fecha una actitud de rechazo, expresar sus propios sentimientos en este sentido. Ambos sectores pueden hacerlo de manera no oficial ni confrontacional.
Tales actos, realizados en un día normal de trabajo, pierden dramaticidad y conflictividad, y con el tiempo pueden convertirse en un ejercicio de tolerancia y respeto a la diversidad de Chile y a sus diferentes memorias históricas.
Voto que sí.

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, no estoy dispuesto a que se borre de la memoria de nuestra nación un día que marcó irremisiblemente el término de un proceso político y social que, de haber prosperado en sus propósitos, habría conducido a Chile a un régimen comunista similar al existente hoy en Cuba.
El 11 de septiembre, como muy bien lo dijo el Senador Mario Ríos, marcó el destino de América y también adelantó el fin de una era trágica que vivió la humanidad en este siglo y que culminó con la caída del muro de Berlín. Tan poderosa razón debe bastarnos para reconocer, ahora y siempre, aquella fecha como un día digno de ser guardado en la memoria histórica de Chile.
Voto que no.

El señor CANTERO.- Señor Presidente, es evidente que el tema es controvertido y genera reacciones distintas, según la posición que se haya tenido en el año 1973. En esa época me correspondió jugar un rol muy distinto: el de joven estudiante que cursaba el tercer año de enseñanza media y que se preparaba para el futuro.
Sobre el tema en debate, tengo un ángulo diferente que quiero plantear y que, a mi juicio, interpreta el pensamiento de algunos sectores de nuestro país.
Después de egresar de la universidad, me incorporé con entusiasmo al Gobierno militar, y colaboré como alcalde, no una sino tres veces. Celebré, y más aún, organicé y he seguido organizando celebraciones respecto del 11 de septiembre y del carácter fundacional que, para mí, representa ese evento en la historia de nuestro país. Tengo perfecta conciencia de la crisis que vivía Chile; de la honda división que existía en nuestra sociedad; del enfrentamiento de ésta y sus instituciones: un efecto y deterioro prolongados, profundos, en la convivencia nacional.
Por eso, cuando veo las actitudes actuales -cuando hablo de actuales me refiero a los últimos diez años; y nada me hace pensar que será distinto-, no logro entender las articulaciones de las ideas planteadas.
Creo que las Fuerzas Armadas continuarán celebrando este evento con la misma energía y fuerza. Y pienso que el Partido Socialista, el Partido Comunista y la gente de Izquierda seguirán celebrándolo, también por mucho tiempo, con la misma energía, con el mismo énfasis, con la misma fuerza.

El señor NÚÑEZ.- Celebrando, no. ¡Recordando!

El señor CANTERO.- El ala Izquierda, precisamente, me corrige y dice "recordando": recordando o conmemorando.
Obviamente, señor Presidente, están en juego los conceptos de democracia, de libertad. Y esto provoca alegrías a algunos, y a otros, dolores, sufrimiento y recogimiento.
Lo concreto es que hubo un quiebre institucional, una situación verdaderamente caótica. Lo concreto es que el Presidente Salvador Allende, quien a mi juicio era un hombre bien inspirado, fracasó en su intento de llevar al país hacia el ideal que buscaba. Lo concreto es que el poder social de nuestra nación fracasó en su intento de crear convivencia. Lo concreto es que los políticos de esa época fracasaron en su intento de generar convivencia nacional pacífica, buen entendimiento. Lo concreto es que el poder espiritual -cualquiera que sea la posición religiosa que se tenga- fracasó en su intento de evitar el quiebre, el enfrentamiento, el derramamiento de sangre. Y el poder espiritual venía fracasando. Incluso más: venía polarizándose, asumiendo posturas a veces protagónicas en un sentido u otro.
No se logró ese poder mediador. Y actuó otro poder: el poder militar. Y actuó como lo hace siempre, como es dable esperar: usando la fuerza. Porque ésa es su naturaleza.
Quienes debían cumplir otro rol fracasaron.
En consecuencia, a mi parecer, esta situación se mantendrá.
Pero, señor Presidente, se trata de mirar hacia el futuro, de buscar gestos de fraternidad y entendimiento.
Por eso, manifiesto que, entendiendo esta situación, estoy dispuesto, en su momento, en el ambiente adecuado y producidos los gestos solicitados en la Sala (gestos de grandeza de todos los sectores, buscando un ambiente de entendimiento), a meditar y valorar las peticiones hechas. Sin embargo, hacen falta gestos de todos los sectores.
Yo no estuve en esa contienda; no estuve envenenado con esas odiosidades. Tampoco heredé odiosidades de esa época. Al contrario, como miles -quizás millones- de jóvenes, quiero un ambiente de entendimiento, de fraternidad, de respeto, de tolerancia, de afecto, de cariño, de habilitación para construir todos juntos, con grandeza, el Chile que anhelamos.
Reclamo ese escenario, reclamo esa actitud, reclamo esos gestos. Mientras no estén presentes esos gestos, entiendo esto como una petición parcial.
Por eso, rechazo el proyecto.

El señor CORDERO.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, el 11 de septiembre de 1973 es un hito importantísimo en la historia de nuestro país, y los diversos sectores involucrados dan cuenta de su significado calificándolo según las posiciones que sustentan.
El Senador que habla no calificará en esta ocasión las causas que llevaron al acaecimiento de los hechos ni tampoco los efectos que ellos provocaron. Hoy la discusión se centra en la conveniencia de suprimir el 11 de septiembre como feriado nacional. Y aducen los autores de la moción que esa fecha no condice con las otras categorías de feriado existentes en nuestro país y que aún es motivo de división nacional.
Sin embargo, aunque el 11 de septiembre de 1973 no logra producir una opinión unívoca en todos los sectores, todos concuerdan, sin distinción de banderas políticas, en que hubo víctimas que lamentar. El solo hecho de rendir homenaje en memoria de los caídos, a mi juicio, amerita mantener ese día como feriado.
Puntualmente, en Carabineros de Chile, el día 11 de septiembre de 1973 perdieron la vida los señores Mayor Osvaldo Muñoz Carrasco; Capitán José Dávila Rodríguez; Teniente Ramón Jiménez Cadieux; Suboficial José Wetling; Vicesargento Primero Anselmo Aguayo Bustos; Cabo Primero Orlando Espinoza Faúndez, y Carabineros Juan Herrera Urrutia, José Maldonado Inostroza, José Apablaza Brevis, Mario Barriga Arriagada, Martín Vega Antíquera y Raúl Lucero Ayala.
La Institución, como reconocimiento a los funcionarios que ofrendaron su vida en bien de la patria, rindió un homenaje al Carabinero Fabriziano González Urzúa -y en su persona a todos los demás- dando su nombre a la Escuela de Suboficiales.
Como chileno, primero, y como Senador de la República, después, me preocupa sobremanera que nuestro país encuentre los cauces adecuados para lograr una definitiva reconciliación nacional. Y así lo he expresado públicamente.
En ese contexto, si lo que intenta la moción es terminar con las odiosidades y antagonismos dentro de nuestra sociedad, no me parece que el medio correcto para ello sea el desconocimiento absoluto de los valores, principios y tradiciones que los Institutos Armados cultivan en reconocimiento de hechos y actuaciones de sus integrantes en determinados momentos de nuestra historia.
En mérito de lo anterior, voto que no.

El señor CHADWICK.- Señor Presidente, el 10 de septiembre de 1973, una mayoría muy significativa del país, que representaba a un amplio espectro político, veía con angustia que Chile estaba sumido en una honda crisis social (como decían los actores de la época, se hallaba virtualmente al borde de una guerra civil). Asimismo, esa mayoría veía a la nación sumida en una profunda crisis económica (no ha existido otra igual en nuestra patria, y espero que jamás la haya). Y, también, dicha mayoría era testigo de una honda crisis política, en términos tales que nuestras principales instituciones (Cámara de Diputados, Corte Suprema) señalaban que el Gobierno había quebrantado la Constitución y que el Estado de Derecho se encontraba prácticamente destruido.
Esa misma mayoría, al día siguiente, el 11 de septiembre de 1973, sintió -y confió en ello- que la intervención de las Fuerzas Armadas era el único camino posible en ese momento para superar la crisis social e impedir una guerra civil; para revertir el caos económico y evitar que el país entrara en un camino de destrucción, y para impedir esa crisis política, que podía transformar el débil régimen democrático que se vivía en aquella época en un régimen totalitario cuya principal característica era el hecho de ser irreversible.
Han pasado ya 25 años, señor Presidente, y estoy profundamente convencido de que el Chile que nos toca vivir hoy es muy superior al del 10 de septiembre de 1973.
Actualmente, después de 25 años, nuestro país goza de una paz social que habría sido imposible pensar el 10 de septiembre de 1973. Desde hace muchos años, Chile está en un proceso de desarrollo económico que ni siquiera era factible soñar en los inicios de la década de los 70. Asimismo, goza de una democracia sólida y estable, que no tiene amenaza alguna de ser debilitada ni destruida: ¡Cómo lo habríamos añorado el 10 de septiembre de 1973!
¡Éste es un país sustancialmente mejor que el de comienzos de los años 70!
Muy bien decía el Senador señor Ominami que, obviamente, existen diferentes visiones con respecto al pasado. Y observo que los sectores que tienen una visión distinta de la nuestra han construido y valorado su historia, sus símbolos, sus testimonios. Y yo los respeto.
Quienes pensamos que el Chile de hoy es muy superior al de los inicios de los años 70 -naturalmente, eso se debe al esfuerzo de muchos- sabemos que ello habría sido imposible sin el 11 de septiembre de 1973 y vemos en esta fecha un elemento sustancial del principal de nuestros símbolos y un eje fundamental en la construcción de nuestra historia.
A mi juicio, el sentido más profundo de la reconciliación no pasa por olvidar la historia ni por imponer los criterios de unos por sobre los de otros, sino por respetarnos en nuestros símbolos, en nuestras visiones y en nuestros testimonios.
Eso es lo que, en mi concepto, debe orientar y fundar nuestra decisión sobre el proyecto que se nos presenta: respetarnos en nuestra historia.
Señor Presidente, dado que el 11 de septiembre de 1973 es un símbolo fundamental en nuestra visión de este país y considerando objetivamente la trascendencia histórica de esa fecha, voto en contra del proyecto.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, voté que no, pero deseo rectificar mi voto, pues estoy pareado con el Honorable señor Lavandero.

El señor FOXLEY.- Señor Presidente, si en esta tribuna hubiera un conjunto de gente joven, quizás tendría que hacernos un reproche bastante serio. Probablemente, éste comenzaría diciendo que esa gente no desea vivir en un país tan predecible en el lenguaje de los discursos y de los debates de quienes forman parte de su clase dirigente.
La discusión que hemos desarrollado en la última hora pareciera congelar los tiempos. Da la sensación de una rutina cansada; de símbolos gastados, que se repiten una y otra vez; de relatos que no se encuentran, en que cada cual muestra, legítimamente, la forma subjetiva como se vivió un pedazo de la historia.
Seguramente, a esos jóvenes no les gustaría escuchar los mismos discursos gastados, desde los mismos puntos de vista de siempre, para repetir los argumentos aducidos durante tantos años.
¡Quién sabe si en esta predictibilidad de lo que hacemos en política se encuentre, en cierta medida, la apatía de la generación joven por esa actividad!
Considero que, por la gente joven que viene, deberíamos hacer el esfuerzo de alinearnos en función del futuro y no de los gastados conflictos del pasado.
Además, quiero expresar -en forma personal y muy verdadera- que, en un país, los dolores colectivos no se olvidan ni se celebran, y que, en la sociedad civilizada que se quiere construir y perfeccionar, los gestos, el respeto recíproco, la confianza que se crea paso a paso, la amistad cívica, son intangibles fundamentales que, al final, hacen la diferencia entre una comunidad humana y una sociedad que no es más que un pacto frío de conflictos latentes, permanentes, que en cualquier momento vuelven a estallar.
En lo personal, estoy dispuesto a hacer, con toda la generosidad necesaria, los gestos que se piden. Y por eso mismo, por respeto a los derrotados; por respeto a quienes sufrieron inconmensurablemente durante muchos años; por respeto a aquellos que creyeron que aun el 10 de septiembre de 1973 la democracia podía ofrecer un camino mejor que el escogido en cuanto forma superior de convivencia y de resolución de las disputas, me atrevo a sostener en el Senado que tenemos la oportunidad de escoger, pero no el camino predecible.
Termino, señor Presidente, expresando mi opinión en el sentido de que la retórica de la intransigencia nunca ha construido un país ni un futuro. Y, al final, la pregunta es muy simple (sin embargo, parece tan difícil responderla): quién da un paso creíble, que cueste -no cuesta tanto-, generoso; quién hace un gesto simbólico; quién brinda la oportunidad de resituarse frente al país y el futuro.
¿Quién hace ese gesto? ¿A quién le corresponde hacerlo hoy día?
Voto por la supresión del feriado del 11 de septiembre.

La señora FREI (doña Carmen).- Señor Presidente, en primer término, señalo mi pesar por el hecho de que hasta hoy no hayamos logrado el consenso indispensable para terminar con el 11 de septiembre como día feriado, ya que todos sabemos que divide a los chilenos.
Todos estamos conscientes de que las grandes efemérides nacionales -el 21 de mayo, el 18 y 19 de septiembre- expresan una memoria y una historia compartidas. Asimismo, asumimos que los hechos que se conmemoran en esas fiestas unen a la patria y que el pueblo celebra y manifiesta unido su pertenencia a esta comunidad y a su pasado, que nos enorgullece a todos por igual.
La identidad y la unidad de la nación se construyen y recrean sobre sentidos y símbolos que nos unen y representan. En esta creación y desarrollo de la identidad y unidad de la nación, las Fuerzas Armadas han sido símbolo de ellas. Nación, patria, pueblo se expresan en esos días en unidad y alegría. Los militares, más que nadie, desde mi punto de vista, tienen que buscar profundizar la unidad e identidad nacionales. Las Fuerzas Armadas deben ser signos de unidad; no pueden ser signos de división.
Ningún conflicto, división o guerra civil entre chilenos tiene un día de conmemoración como feriado oficial. ¿Por qué lo va a tener una fecha en que todos sentimos que el gran perdedor fue el país, la nación, el pueblo chileno y nuestra imagen ante el mundo?
¿Por qué todos los años tenemos que mostrar ante la prensa y las cámaras de televisión, tanto nacionales como internacionales, un país en conflicto y división, de victoria para algunos y de derrota y muerte para otros, cuando hoy realmente nos encaminamos por las vías de la reconciliación y el entendimiento? ¿Qué sentido tiene seguir reviviendo un símbolo de división y muerte? Nadie va a lograr que la historia recoja el 11 de septiembre como un día de celebración y de unidad.
Por eso, hoy invito a los señores Senadores a dar un ejemplo ante el país; a demostrar que nuestra mirada está puesta más en un horizonte de futuro compartido y no en un pasado de división.
Invito a los Honorables colegas a ponernos de acuerdo en un día que sea símbolo para todos los sectores sociales, políticos y religiosos, de un verdadero reencuentro nacional.
Podríamos, por ejemplo, nominar el 4 septiembre, día símbolo de la democracia, en el que los chilenos elegimos en los últimos decenios a los Presidente de la República y en el que el mundo entero reconocía nuestras tradiciones cívicas. Busquemos, con imaginación y generosidad, un día en el que todos digamos, de una vez por todas, que amamos al mismo país y que queremos vivir juntos, en paz, en libertad, sin violencia y sin confrontaciones fratricidas.
Voto que sí.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, la verdad es que he seguido el debate con mucha atención, y no puedo ocultar una sensación -y deseo compartirla con el Senado- de pesadumbre, de pesantez.
Y no he podido evitar el recuerdo -que también quiero compartir- de una conversación -debe haber sido a fines de la década de los 70- con un muy amigo mío de muchos años (ruso hoy y soviético en esa época, un hombre de izquierda, profundamente antiestalinista), quien me dijo en Moscú que quizás la herencia más pesada de Stalin no iban a ser los crímenes ni las muertes ni el sufrimiento del pueblo ruso, sino la perversión de las palabras. Y tengo la sensación de que en este debate se produce algún fenómeno de perversión de las palabras, porque estamos discutiendo un feriado. Si nos atenemos al sentido original y obvio de nuestra lengua, comprobaremos que dicho término alude a fiesta. Cualquiera que haya seguido esta discusión, creo que no podría considerar el 11 de septiembre como una fiesta nacional. Lo es para algunos -y tienen derecho a celebrarla-, pero es un motivo de profundo dolor para otros -que somos muchos-, abre heridas muy profundas y, también, hace reflexionar sobre un período particularmente complejo de nuestra historia. Entiendo que a ese respecto tengamos visiones sesgadas -he escuchado algunas acá- y maniqueas acerca de un período complejo. Aquí el primer magnicidio y la violencia va desde Portales hasta el asesinato del general Schneider, antes de que el Presidente Allende asumiera la Presidencia de la República. En esa época el Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos decretó que había que ahogar al Régimen chileno. Eran los tiempos de la guerra fría; era otro el contexto histórico. Había una crisis nacional. Y que el golpe de Estado fuera la única solución no estaba escrito en la historia, ni tampoco los contemporáneos pensaron eso. De hecho, el golpe de las Fuerzas Armadas tuvo que partir descabezando a dos de los mandos naturales y legítimos: el almirante Montero, en la Armada, y el General Director de Carabineros, don José María Sepúlveda. Ellos eran los mandos constitucionales de esas instituciones.
Por lo tanto, estos fenómenos son controvertibles; el país no los olvidará. Y tendremos que elaborar visiones distintas, que permitan converger en algún punto, así como hoy día podemos encontrarnos con Carrera y O¿Higgins después de un siglo y medio.
Sin embargo, considero que no contribuye a la creación de un país tolerante y de una nación unida el hecho de que se pretenda imponer una fiesta a la actual mayoría del país, la cual, además, está representada en este proyecto. Porque nadie puede desconocer que en la Cámara de Diputados se expresa hoy día en plenitud la voluntad mayoritaria del pueblo de Chile. Y, por tanto, me parece que le hace bien al país no imponernos fiestas -no sé el resultado de la votación-, pues eso es lo único que no se puede imponer. La alegría no se puede dictar por decreto ni por ley. Y es violencia pretender imponer a la mayoría de los chilenos una fiesta nacional en un día en que guardamos luto por seres y hombres muy queridos, empezando por el ex Presidente Allende.
Voto a favor.

El señor HORVAHT.- Señor Presidente, estimo que el 11 de septiembre es, sin lugar a dudas, un hito histórico en Chile.
El pronunciamiento de las Fuerzas Armadas y de Orden obedece a un momento político, avalado por declaraciones y resoluciones del Congreso de la época y de la Contraloría General de la República, en el sentido de que el Gobierno violaba clara y sistemáticamente el orden jurídico del país.
Sin el 11 de septiembre, Chile habría sido conducido a una polarización sangrienta que hoy, bajo una mirada cada vez más histórica y a la luz que muestran las experiencias marxistas de otros países, resulta claramente indeseable.
Como joven de esa época, entiendo que muchos sueños, ideales de personas -principalmente de jóvenes-, fueron infiltrados, al igual que en otros países, por principios totalitarios. Esto se aprecia con perspectiva histórica. Y creo que, justamente, una investigación de esta naturaleza y del rol que jugaron todas las personas e instituciones en ese momento, previo al 11 de septiembre, dará una mayor luz y objetividad, que es lo que se requiere en el país para que esa importante fecha sea, no sólo conmemorada, sino, además, materia de prevención, sin miedos hacia el futuro.
Por estas razones, voto que no.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, una vez más, sectores de la Concertación insisten en torcerle la mano a la historia.
El 11 de Septiembre es una fecha que, independientemente de la forma como se aprecie, constituye una realidad histórica que no se puede eliminar ni por decreto ni por ley. Dicha fecha está positiva o negativamente incorporada a la manera de ser nacional, del mismo modo en que celebramos el 18 de Septiembre y el 21 de Mayo, día este último en que recordamos el heroísmo de Prat, dejando un invaluable legado a los chilenos.
Creo que el rol que cumplieron las Fuerzas Armadas y Carabineros, como recurso moral de la Patria, revivió la enseñanza que nos legó el Capitán Prat.
La unidad, la pretendida reconciliación entre adversarios de antaño, no se logra borrando una fecha ni olvidando los hechos vividos. Es preciso revisar profunda, valiente y objetivamente nuestro comportamiento, que a la postre constituye el material insustituible con que habremos de reconstruir una real reconciliación nacional.
Soy uno de los hombres que en esa época eran dirigentes de un gremio, siendo muy combatido aquel que representé: el de los dueños de camiones, integrado por miles y miles de pequeños empresarios y comerciantes. Y luchamos y conocimos la violencia, la ruina de nuestro patrimonio, que habíamos construido con nuestras manos, como los campesinos. Fuimos atacados con armas. Y se registraron muertos entre nosotros, al igual que propiedad asolada por los "idealistas", mayoritariamente asesorados por terroristas importados.
Esas mismas alamedas de que hablaba Allende las veíamos ocupadas por jóvenes con cascos, linchacos, cadenas y elementos de esa índole, y no precisamente para buscar en ese momento la paz ni la reconciliación entre los chilenos. Se preparaban para una gran guerra, para la destrucción total del país y la instauración de un Gobierno marxista que terminara en una dictadura del proletariado.
Y fueron los gremios y la voz de la inmensa mayoría de la población, los jóvenes de la época, los que un día de agosto, a la entrada de la Universidad Católica de Santiago, pidieron la intervención de las Fuerzas Armadas y de Orden, porque Chile ya había llegado a niveles de desastre que impedían seguir gobernando.
Al final, resultó que las instituciones castrenses tomaron la decisión más difícil y que creo que correspondía en ese minuto. Pero ese mismo hecho permitió reconstruir una gran nación, hasta entonces devastada, con 2 mil 200 por ciento de inflación. Y, por ello, sería muy importante que la juventud actual -porque el sector político a que pertenezco no habla muchas veces de ese pasado, sino que otros disponen de las posibilidades de acceso a los medios de comunicación para hacerlo- viera el estado de nación destruida que presentaba Chile. Hoy, gracias al Gobierno que después asumió, los últimos dos Presidentes han recorrido el territorio y han contado con un país que ofrecer para la inversión -y paso a paso se han ido resolviendo, precisamente, los grandes problemas sociales-, que camina, que progresa y al que todos tenemos que cuidar, porque lo queremos antes de cualquier otra consideración.
Y creo que en especial nosotros, los políticos, en vez de gastar este tiempo aquí, de una vez por todas deberíamos estar preocupados de los problemas de la salud, la educación, la falta de trabajo; de la crisis que afecta en estos momentos a Chile. Porque eso es lo que quiere la gente. A ella no le interesa el otro tipo de asuntos. Las grandes necesidades requieren una mayor participación y decisión nuestra. Pero la presente discusión la sostenemos todos los años y así seguirá ocurriendo, porque algunos todavía quieren seguir usándola. Y, a medida que se acercan las elecciones presidenciales, será más activa.
Voto que no.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, la verdad es que el tema que nos congrega, si bien en muchos sentidos resulta reiterado, me provoca una enorme sensación de inquietud. Porque, junto con comprender los planteamientos de quienes quieren terminar con el feriado del 11 de septiembre y respetando las legítimas inquietudes que hay detrás, todos ellos exhiben ciertos elementos comunes y son susceptibles de algunas constataciones que me parece que se deben hacer resaltar antes de emitir un parecer.
He seguido con mucho cuidado tales intervenciones y, cuando reflexiono sobre su contenido, advierto, en primer lugar, que ninguno de los impugnadores del feriado ha hecho referencia a los antecedentes del 11 de septiembre de 1973. Es como si ese día se iniciara la historia del país: no hay causas, ni siquiera una prehistoria.
En seguida, ninguno de los impugnadores del feriado ha aludido a los juicios que muchos de los presentes formulaban en las inmediaciones de aquella fecha, cuando se opinaba distinto de ahora. Y la prudencia siempre ha enseñado que no se puede juzgar el pasado con los criterios de la actualidad. Es preciso recordar lo que entonces se hizo y se dijo. Y quienes hoy han intervenido olvidan, en buena medida, esas expresiones.
Y, por último, ninguno de los que impugnan el feriado ha dicho una sola cosa positiva de lo que ocurrió luego del 11 de septiembre de 1973. Vale decir, sólo existe una visión negativa del proceso que en esa época vivió el país y que redundó en numerosas consecuencias que el mundo reconoce, lo que no sucede en este debate.
Entonces, señor Presidente, uno escucha con respeto los planteamientos y quiere comprenderlos y compartirlos, pero no aprecia en ellos un juicio sereno, objetivo, responsable. Más bien se observa que en la insistencia en el tema, en la perspectiva en que eso se da, tiene lugar una suerte de búsqueda de enfrentamiento.
Me pregunto cómo se puede pedir un gesto de reconciliación cuando, simultáneamente, quienes lo hacen dan a conocer argumentaciones que en realidad resultan provocadoras y generan respuestas equivalentes. No pareciera ser que de verdad se busque la reconciliación.
No resultaría prudente, por lo tanto, en ese ambiente, en ese espíritu, revisar los hechos. Los que actúan hoy dan la impresión de ser actores del ayer, precisamente, y de que no lo han olvidado. Y, en consecuencia, se hallan involucrados en esa realidad.
No estimo adecuado, entonces, cambiar lo actual. Más bien conviene dejar que la historia juzgue a la historia, que el tiempo permita en verdad reflexionar con más serenidad, con más objetividad, con más imparcialidad.
Respeto mucho a quienes se encuentran en una posición distinta y cada día que pasa aprendo a apreciarlos, mientras se alejan los acontecimientos de que se trata, pero, por los planteamientos que se consignan, por la manera como se exponen, no puedo compartir las solicitaciones formuladas.
Por estas consideraciones, señor Presidente, voto que no.

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, señores Senadores, la presente votación nunca debió haberse producido. Y ello, porque una lealtad mínima con la verdad y la historia lleva a concluir que el 11 de septiembre de 1973 fue provocado y fue el resultado de un continuo y permanente conflicto provocado por una ideología que postuló que el acceso al poder político pasaba por la vía revolucionaria y la violencia física, verbal y psicológica como métodos válidos de acción política, y que la democracia chilena tenía que ser obligada a implantar el modelo de sociedad marxista-leninista postulado por diferentes partidos políticos.
Hay, entonces, en este acto -a mi juicio-, un olvido básico y fundamental que atraviesa una parte de este Senado.
Olvido de la participación y compromisos adquiridos entre 1970 y 1973, el que desconoce incluso los principios y valores que definían -y aún definen- a uno de los partidos que en esa época eran de Oposición y hoy día de Gobierno. Recuerdo que algunos de los señores Senadores de dicho Partido, presentes hoy, participaban en diferentes actos en los cuales sostenían que la única salida era recurrir a las Fuerzas Armadas y de Orden para que restablecieran el Estado de Derecho en nuestra patria.
Olvido de los miles de compatriotas que sufrieron vejaciones, perdieron sus patrimonios -algunos incluso su vida-, por su oposición al intento de convertir a Chile en un Estado marxista. Compatriotas que, a pesar de su dolor, no dudaron en concurrir con sus anillos, joyas, alhajas y otros objetos de valor para reunir los fondos que permitieron poner de nuevo en marcha a Chile paralizado.
Olvido de los compatriotas muertos, de cualquier bando -repito: olvido de los compatriotas muertos, de cualquier bando- y posición política, al no asumir que fue la prédica sistemática de la violencia la que impulsó a unos a tratar de imponer sus ideas por medio de las armas, y a otros a defenderse del actuar de los movimientos guerrilleros y subversivos mediante actos en los que muchas veces cayeron ciudadanos inocentes. Respeto el sentimiento de todos sus familiares, sin distinción de tienda política y de posición.
Olvido, por último, de la obra del Gobierno militar, que permitió reconstruir Chile, dar seguridad y estabilidad a nuestros compatriotas, y crear un cuerpo constitucional y un conjunto de leyes y reglamentos que no sólo han permitido el desarrollo que hoy día evidenciamos, sino que -entre otras muchas posibilidades que abrió- todos los presentes estemos en el Congreso y tengamos, por obra de la Constitución de 1980, un lugar en el Senado.
Por ser leal a esto y a los años de esfuerzo de todos los chilenos, sin importar su compromiso político o condición social, y sobre todo para que meditemos y evitemos con nuestra conducta cívica y compromiso de acción que el país llegue a una situación parecida en el futuro -siendo éste el significado máximo de la palabra "reconciliación"-, votaré en contra de la iniciativa propuesta, e insisto en que debemos meditar en las causas y proyectarnos hacia el futuro a fin de no repetir la situación anterior.
Señor Presidente, nunca he usado las palabras "victoria" o "derrota" para referirme a algún chileno en estas situaciones. Ello indica el verdadero sentimiento de unidad que me embarga.
Voto que no.

El señor MATTA.- Señor Presidente, nuevamente se discute en la Sala la derogación del 11 de septiembre como feriado nacional. Esta iniciativa se ha reiterado en el tiempo en muchas oportunidades, y si eventualmente hoy no se alcanzaran los votos necesarios para lograrlo, se insistirá de nuevo. ¿Por qué? Porque el día en referencia es motivo de profunda división entre los chilenos, de ruptura nacional y de signos muy contradictorios.
Las fechas de celebración en nuestro país son, por el contrario, expresión de la unidad como nación, reflejo de nuestra historia compartida y expresión de las entidades religiosas o culturales mayoritarias.
Lo anterior no ocurre con el 11 de septiembre. Esa fecha, por el contrario, significa el aplastamiento de una institucionalidad democrática ininterrumpida en nuestro país por largos años, la persecución implacable de las ideas no oficiales, el inicio de un camino de dolor y exilio para muchos y la persistente senda del desencuentro nacional.
Me convence su supresión al escuchar en este debate todos aquellos planteamientos que no nos unen como nación, y que sirven de fundamento principalísimo a quienes desean mantener ese feriado.
Si queremos sumar efectivamente a los chilenos en la reconciliación nacional y en la paz interna, suprimamos esta fecha como día festivo en el calendario.
Voto que sí, plenamente convencido.

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, seré muy breve.
Escuché con mucha atención la exposición del Senador señor Gazmuri y deseo aclarar que nadie está imponiendo una fiesta nacional -ni alegría- el 11 de septiembre. El Viernes Santo, por ejemplo, no es un día de fiesta para los cristianos, aunque es feriado. Por lo tanto, feriado no es lo mismo que fiesta.
También puse mucha atención a las intervenciones -quisiera destacarlas- de los Senadores señores Foxley y Ominami.
De todos los discursos escuchados hoy, éstos los que más han tenido alguna apertura para tratar de conversar realmente este tema con algún sentimiento de futuro.
En cuanto a lo señalado por el Honorable señor Foxley respecto de quién da el primer paso, siempre he pensado que debe hacerlo quien tiene el poder. Así lo consideré durante el Gobierno militar y así lo pienso ahora.
Y debo decir, con mucha pena, que durante nueve años he asistido al Congreso Pleno que se realiza el 21 de mayo, y que durante todo ese tiempo no he oído de parte del Presidente de la República más que odiosidad y crítica implacable hacia el Gobierno militar. Nunca, jamás, se ha reconocido ni uno solo de los aspectos positivos de éste, y sí los hubo, muchísimos.
Por lo tanto, voto que no.

El señor MORENO.- Señor Presidente, 25 años se encuentran definidos en todos los libros como la marca del paso de varias generaciones, no sólo de una.
Hoy estamos discutiendo nuevamente un hecho que ocurrió hace 25 años. Es cierto que marcó la vida de nuestro país en forma dramática y que nos llevó a tomar posiciones a todos.
En la Sala estamos presentes diez Parlamentarios elegidos por votación popular que cumplíamos igual función el 11 de septiembre de 1973 -nuevamente nos eligieron- y que fuimos opositores al Gobierno de don Salvador Allende. De los diez, ocho estamos a favor de la derogación de este feriado. ¿Por qué? Porque hemos hecho un esfuerzo, conjunto con otros, de reconciliación y reencuentro, no escondiendo nuestras historias, no tratando de disfrazar lo que pensábamos y lo que pensamos, sino mirando hacia el futuro de este país, y no lo que ocurrió hace tanto tiempo.
Por eso, cualquiera que sea el resultado de esta votación, perseveraremos. No abandonamos la idea de que otros nos acompañen en el reencuentro y en la reconciliación.
Con relación al 11 de septiembre, excúsenme que haga una reflexión personal. Soy hijo de militar. Mi padre murió siendo militar y orgulloso de lo que era. Fui educado en esa admiración y aprendí una fecha: el 9 y 10 de julio, que no es feriado nacional pese a que constituye la fiesta más importante para los militares chilenos. Es la fecha de la gesta de un grupo de gente joven que dio la vida por su patria en condiciones minoritarias y adversas. Los militares jamás han requerido de una festividad nacional para hacer el juramento a la bandera, el hecho más solemne, que comporta la lealtad de un ser patriota con la nación a la cual pertenece.
La Armada recuerda una gesta que sí es fiesta nacional. Tampoco la requiere, pero el tributo del pueblo se la ha dado. La Fuerza Aérea, por su parte, conmemora el histórico vuelo de Dagoberto Godoy. Y muchos recordamos que fue el General Carlos Ibáñez quien fundó el Cuerpo de Carabineros.
Nosotros no tenemos conflicto con las Fuerzas Armadas como institución -quiero dejar esto oficialmente sentado esta tarde en el Senado-; admiramos y respetamos las fechas que conmemoran los hechos trascendentes de su historia y lo que ellos significan en nuestro país. Pero creemos que ha llegado el momento de la reflexión y de la reconciliación entre todos los chilenos. En aras de ello, pedimos no dividir más al país con opiniones que tienden a vislumbrar las divisiones que puedan haber existido legítimamente entre nosotros. No en vano el 80 por ciento de los Senadores que en su momento fuimos opositores del Presidente Allende, hoy estamos pidiendo la derogación de la festividad del 11 de septiembre.
Por las razones expuestas y motivado en esos valores, voto por la derogación de esa fecha como feriado legal.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, soy partidario de mantener el 11 de septiembre como feriado porque estimo que ésa es la manera de conmemorar un día de profunda connotación histórica para el país. Lo digo sin apasionamiento, respetando a quienes piensan distinto y teniendo plena conciencia de que los acontecimientos de esa época significaron para muchas personas, de todas las tendencias, horas de dolor.
Y digo que es una fecha histórica porque en ella se produjo una profunda inflexión en nuestro devenir como nación. Chile en aquel tiempo vivía una grave crisis institucional. El país estaba dividido en lo político y en lo social, y era incapaz de asegurar a los chilenos el mínimo de bienestar y posibilidades de desarrollo a que aspira todo pueblo.
La patria se encontraba inmersa en un clima de profunda beligerancia, estimulada desde el exterior, pero también internamente, por quienes legitimaban la violencia como un medio para alcanzar el poder político. En fin, nuestro país no estaba ajeno al cuadro mundial, en el que existía una potencia totalitaria que ambicionaba la hegemonía, llevando a las naciones donde lograba imponer sus ideas a un sistema que negaba la esencia misma de la democracia.
Frente a ese estado de cosas, e incluso ante situaciones menos graves, diversos países sucumbieron o debieron sufrir enormes penurias. En Chile se logró evitar una verdadera guerra civil; se impidió que la violencia guerrillera o terrorista causara los males que todavía aquejan a varios países de América Latina; se evitó la consolidación de la corriente totalitaria que, años después y tras mucho daño, sucumbiera en el mundo entero con la caída del muro de Berlín.
Chile, con dolor, con esfuerzo, con trabajo, fue reconstruido. Eso es lo que se recuerda el 11 de septiembre y considero que es digno de conmemoración. Respeto a quienes piensan distinto. Además, después de oír las intervenciones de mis colegas Senadores -las que aprecio por la altura de miras con que fueron formuladas-, es evidente que para algunos esta fecha divide. Comprendo sus sentimientos, pero no comparto el juicio.
Pienso que el pueblo chileno no está dividido. Y no creo que el mantener el 11 de septiembre como feriado provoque una división o atente contra la reconciliación, ya que la verdadera reconciliación está en los espíritus. Tampoco creo que esta fecha sea la celebración de los vencedores, en desmedro de los vencidos. No es ése mi ánimo y sé que no es, asimismo, el de los señores Senadores que comparten mi posición.
Como dije al principio, en esta fecha se conmemora un hecho histórico y eliminarla como feriado sería una pésima señal. Se ubicaría en la línea de negar las causas que provocaron los hechos del 11 de septiembre. Tal resolución se inscribiría en una tendencia que pretende atribuir a la intervención militar un carácter caprichoso. También significaría desconocer los errores cometidos. Y los países no deben olvidar sus errores.
Voto que no.

El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, escuchando el debate tengo la impresión de que pasará mucho tiempo antes de que realmente podamos hacer una lectura común de lo que efectivamente fue la historia del país. No es la primera vez que esto ocurre en la historia de Chile. Para comprender los antecedentes que estuvieron detrás de la guerra civil de 1891 pasaron muchos años, y todavía no nos ponemos de acuerdo exactamente en los elementos que estuvieron presentes para que se desatara una de las confrontaciones más crueles que hayan afectado al pueblo chileno y la historia nacional.
Por eso, no me extraña que sigamos teniendo estas lecturas distintas. No debemos recriminarnos, y mucho menos llamarnos la atención, por ese motivo. Vamos a continuar con visiones diferentes de ese Chile. El punto, sin embargo, no es que queramos que la Oposición y los señores Senadores que han votado en contra del proyecto cambien su opinión o los puntos de vista que han sustentado respecto de los antecedentes que estuvieron detrás del golpe de Estado, o de los factores que en definitiva pudieron haberlo desatado, ni que hagan una valoración negativa de los hechos que posteriormente se desencadenaron o acontecieron en el país. Estamos solicitando una cuestión muy concreta: que el feriado legal en esa fecha, que objetivamente divide a los chilenos, como lo han reconocido algunos señores Senadores, se termine.
Reitero que no pretendemos que varíen de opinión, ni que modifiquen sus puntos de vista con relación a los antecedentes históricos que estuvieron detrás del 11 de septiembre. Pero es claro que se está desviando una vez más el debate. Estamos perdiendo la oportunidad histórica de reconciliar un poco más a este pueblo, a los chilenos. Y la estamos perdiendo, fundamentalmente, porque entre nosotros hay lenguajes, opiniones, estructuras mentales e ideologías tan distintos que nos hacen tener lecturas muy diferentes unas de otras.
Por ejemplo, me llama enormemente la atención que se compare el 11 de septiembre de Chile con el 4 de octubre de Alemania, fecha en que se conmemora la caída del comunismo en Europa Oriental y, particularmente, en aquel país. Después de esa fecha, en Alemania se restituyó plenamente el Congreso, lo que unió al conjunto de los alemanes. Sin embargo, en Chile, luego del 11 de septiembre, se cerró el Congreso Nacional.
Después del 4 de octubre, en Alemania los partidos políticos pudieron funcionar libremente, sin que nadie -absolutamente nadie- lo impidiera. En Chile, se terminó con la vida de los partidos políticos.
El 4 de octubre, en Alemania se restituyó el derecho a la libertad de expresión. Los alemanes pudieron leer lo que se les vino en gana: revistas, diarios y libros. En Chile, se terminó con la libertad de expresión. Se cerraron diarios, y no se pudo leer lo que era contrario al régimen militar.
En Alemania, luego del 4 de octubre, se restituyó el derecho a reunión. Los alemanes, particularmente los de Alemania Oriental, pudieron reunirse sin que el poder del comunismo cayera sobre ellos. En Chile, se prohibió el derecho a reunión. Quienes pretendíamos reunirnos fuimos apaleados los más y presos, los muchos.
En Alemania, después del 4 de octubre -caída del comunismo-, se restauró el Estado de Derecho. Así ocurrió en Hungría, Polonia, Bulgaria. En Chile -digámoslo francamente-, no había Estado de Derecho. No podemos negarnos a esa realidad. No funcionaba el hábeas corpus por distintas razones. Fue una cuestión tan elemental y fundamental para la historia de la humanidad.
En Alemania, luego del 4 de octubre, se restituyó el derecho a fundar periódicos. Todos los alemanes de Europa Oriental tuvieron acceso a esa franquicia. En Chile, no podían funcionar los periódicos o crearse los que fueran contrarios al régimen militar.
Entonces, no comparemos esas dos fechas. Porque eso es torcer de manera demasiado evidente la realidad de la historia. En Chile, luego del 11 de septiembre, no hubo un Estado de Derecho, pero sí en Alemania después del 4 de octubre.
Por lo tanto, existe una lectura absolutamente distinta de lo que efectivamente ocurrió en Chile y en Europa. De manera que no hagamos un parangón con hechos que no son comparables.
Por esa razón, lamento una vez más que no tengamos puntos de vista similares para entender lo sucedido efectivamente en nuestro país y, también, que no hayamos dado ese paso tan importante que habría sido una gran señal para todo el pueblo chileno.
Voto a favor.

El señor PARRA.- Señor Presidente, no puedo ocultar que yo sí lloré el 11 de septiembre. Mi llanto no fue el de un simpatizante de la Unidad Popular: fue el de un joven chileno que en aquel entonces cursaba estudios de posgrado en Bélgica.
Ese llanto fue compartido en el mundo occidental. Porque era el trasunto de lo que significaba para un país -hasta ese momento admirado por sus tradiciones jurídicas, por su vocación democrática, por la calidad de su vida política- perder abruptamente las características que lo distinguían y lo hacían admirable y respetable.
Ese llanto fue también el de generaciones que vieron frustrada una esperanza más de construir un mundo más fraterno, más solidario y más justo.
Ese llanto se incrementó en los días siguientes al 11 de septiembre, cuando se conoció la magnitud de la represión que se estaba ejerciendo en Chile, y la forma en que la violencia aplastaba toda manifestación de pensamiento y de vida libre entre nosotros.
Por eso me ha resultado siempre imposible entender qué se celebra el 11 de septiembre.
Por otro lado, señor Presidente, deseo llamar la atención sobre el hecho de que aquí estamos discutiendo la derogación de una ley dictada en 1981. El 11 de septiembre, como feriado, le fue impuesto al país por las autoridades entonces existentes.
En democracia, una y otra vez, desoyendo la voluntad mayoritaria expresada claramente en las urnas, ha sido rechazada la eliminación de este feriado.
Yo no quiero que el llanto de ayer se transforme hoy en un grito de rebeldía en las nuevas generaciones. No quiero que estas fechas que dividen tan profundamente el alma nacional sigan sirviendo de instrumento para contraponer nuestras ambiciones de país en las calles, en lugar de hacer converger las voluntades, en el proceso de construcción de un futuro mejor, al interior de instituciones como el Senado.
Dejo constancia, finalmente, que participo del criterio del Honorable señor Aburto. Creo que es necesario revisar el catálogo de feriados legales existentes. Que ningún feriado exista sin que tenga una justificación explícita, clara, y sin que refleje realmente la voluntad del pueblo chileno, expresada en el Congreso Nacional.
Sin embargo, a diferencia del señor Senador, considero que, siendo éste, por su propio origen y naturaleza, uno de los feriados llamados a desaparecer, es hora de empezar esa revisión.
Voto a favor.

El señor PÉREZ.- Señor Presidente, comprendo que mantener el 11 de septiembre como día feriado puede constituir, como lo ha señalado el Senador señor Bitar, una agresión -ésa es la palabra que él usó- para muchos de los que militan en sus filas o participan de sus ideas. Pero eliminar dicho feriado, con los acentos, omisiones y sesgo histórico de algunos discursos emitidos en la Sala y de artículos vertidos en al prensa, también es un acto de agresión para quienes participaron de esa fecha histórica reconstruyendo la institucionalidad perdida.
La derogación, para muchos, significa una derrota al Gobierno militar, a las Fuerzas Armadas y a quienes participaron de aquél. Y, con ello, se pretende escribir una historia distinta a como ocurrió.
Para mí, al votar que no a la iniciativa, señor Presidente, quiero señalar que el 11 de septiembre es un día de conmemoración; no de fiesta. Es un día de reflexión; no de olvido. Es un día en que se recuerda, de igual forma y con el mismo respeto, a quienes participaron en el pronunciamiento militar y a quienes, desde una posición política contraria, dieron sus vidas en la legítima defensa de sus ideales.

El señor PINOCHET.- Señor Presidente, me dirijo a los señores Senadores en torno del proyecto de derogación del feriado del 11 de septiembre que, en esta ocasión, se ha propuesto a la consideración de la Sala. La oportunidad me hace fundamentar mi voto, exponiendo las siguientes consideraciones:
El feriado del 11 de septiembre conmemora un hecho de capital importancia para la historia del país.
Su significación trasciende a los Comandantes en Jefe de las instituciones armadas de la época y aún trasciende a las propias Fuerzas Armadas y Carabineros. También va más allá de los partidos políticos que apoyaron el pronunciamiento militar.
Debe tenerse claro, además, que es independiente del juicio que se tenga sobre los hechos y el Gobierno que siguió a esa fecha.
¿Qué es lo que se conmemora, entonces, ese día?
Para responder debemos considerar que todo el siglo XX que está terminando ha estado marcado por la irrupción en la historia de la humanidad de la revolución comunista.
Esa revolución se propuso la transformación por la fuerza de la sociedad y de todo hombre -en forma total y absoluta- bajo los dogmas de lo inevitable y de lo irreversible.
El proyecto comunista se materializó políticamente en la Unión Soviética a comienzos de siglo, se extendió por los cinco continentes y mantuvo en jaque al mundo entero, valiéndose de la amenaza de un conflicto atómico para impedir que cualquiera nación que cayera en el comunismo pudiese liberarse de él.
Este proceso mundial tuvo su réplica en Chile y su punto culminante fue la llegada al poder de una fuerza política que pretendió hacer aquí la transformación global y definitiva en una sociedad comunista.
El cumplimiento de tal propósito significaba la destrucción de nuestra identidad histórico-cultural y la pérdida de la soberanía nacional.
Esa enorme amenaza no puede reducirse, por lo tanto, a un mal Gobierno y a la destrucción del orden institucional, jurídico, económico y social que ocasionó tal intento.
Chile se liberó de esta amenaza mediante una reacción nacional, apoyada por más de los dos tercios de la ciudadanía, que tuvo su desenlace el 11 de septiembre de 1973.
En esa fecha las Fuerzas Armadas actuaron en cumplimiento de sus deberes más esenciales respecto de la existencia y sobrevivencia de la Patria y como un instrumento de la voluntad absolutamente mayoritaria de la ciudadanía.
Afortunadamente, el mismo proceso de rechazo al comunismo y de liberación de la dictadura del proletariado se ha producido en muchas naciones, y está simbolizado en la caída del muro de Berlín, acaecida en 1989.
Chile se adelantó en 16 años a tan importante reacción mundial.
El 11 de septiembre celebra, entonces, la liberación de Chile en un sentido y con una profundidad definitiva, de igual o mayor envergadura que aquella liberación de nuestra situación colonial.
Lejos de ayudar a una auténtica reconciliación entre los chilenos, el desconocer la celebración de tan determinante efeméride nacional, contribuirá a agudizar una brecha por el oscurecimiento de la verdad histórica que con esta iniciativa se intenta.
Por estas principales razones, voto por el rechazo del proyecto.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, después del debate que hemos escuchado está más que claro que, así como hay feriados positivos, el 11 de septiembre es, sin duda, negativo, porque divide, enfrenta, violenta, polariza, separa, aleja a los chilenos. Se dice que es un hecho histórico. Sí, por cierto. ¿Qué ocurrió en esa fecha? Un golpe militar, el inicio de una dictadura, de un Gobierno que duró 17 años.
Hay chilenos que celebran. Quienes lo hacen señalan que fue un Gobierno democrático, una etapa fundacional de nuestro país, que sirvió a los propósitos unitarios; que fue positiva desde el punto de vista económico y que, como todas las Administraciones, tuvo virtudes y defectos. Sin embargo, la gran mayoría de los chilenos no celebra. Porque, en verdad, creemos que nada hay que festejar. La falta de libertad no se celebra; la falta de pluralismo, no se celebra; el irrespeto a los derechos de las personas no se celebra; la persecución de las ideas no se celebra; las violaciones a los derechos humanos, que significaron tortura, muerte, exilio, presión, censura, no se celebra; el poder absoluto radicado en una persona no se celebra.
Y esto que digo es la verdad todavía en el Chile de hoy -lo hemos escuchado en el Senado- y, lamentablemente, va a seguir por un tiempo más. ¿Por qué va continuar esta división? Porque claramente existen diferentes visiones de lo que es una democracia. Hay conceptos distintos en cuanto a qué entendemos por un sistema democrático, cómo es la convivencia democrática, cómo se respetan los derechos de las personas, cómo se expresa el pluralismo.
Se han hecho acá muchas comparaciones con el 11 de septiembre. La que más me ha llamado la atención es la que asemeja esta fecha con el 14 de julio. ¡Por Dios! Ese día se produjo la Revolución Francesa en contra de la monarquía, de la opresión, del oscurantismo. El 14 de julio se podría comparar con el 5 de octubre de 1989, porque en esta última fecha, claramente, terminó un proceso autoritario, de dictadura, y dio paso a la libertad, a la democracia, a la igualdad.
Algunos han señalado que debe esperarse, buscar otro momento, que no es la ocasión. Entonces, uno se pregunta ¿hasta cuándo debemos aguardar para superar nuestras divisiones? ¿Cuándo será el momento? Más bien, me preguntaría ¿quién o quiénes son los que atrasan este momento, que en alguna oportunidad va a llegar? Porque quienes plantean que todavía no lo es formaron parte del Gobierno militar.
Aquí se piden gestos. Yo pido el de ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Eso prestigia a la política. Es decir, actuar de manera democrática, votar conforme a lo que decimos. Si queremos reconciliación, ayudemos a terminar con las divisiones. Aquí no ha habido capacidad de hacer gestos. Quien formó parte principal del Gobierno militar, esta noche no ha esbozado un gesto en tal sentido; por el contrario, al votar que no, se ha aferrado desesperadamente al pasado.
Quiero mirar al futuro. Soy optimista por naturaleza, y creo en un futuro de paz y de entendimiento. Tengo fe y esperanza en que, más temprano que tarde, el Senado eliminará este feriado. Lo digo sin odio ni rencor de ninguna especie. Yo, al igual que muchos otros Honorables colegas, era bastante joven en esa época, y me tocó vivir y sufrir lo mismo que todos los chilenos.
Sin embargo, aquí habrá que insistir las veces que sean necesarias hasta que el Senado realmente pueda interpretar la voluntad mayoritaria del país, a la cual le gustaría que esta Corporación sea capaz de terminar con este feriado, que, como dije, divide, separa, confronta, polariza y no aporta nada a la futura convivencia de los chilenos y a la reconciliación nacional.
Voto en favor del proyecto.

El señor PRAT.- Señor Presidente, el proyecto que nos ocupa, que se vota por cuarta vez, despierta la aprensión de que no sea otra iniciativa tendiente a reescribir la historia. Es una práctica muy usada, que hemos visto repetidamente, y que pudiera enfrentarnos a un nuevo ejemplo de ella. Sin embargo, no me haré cargo de esa tesis. Me juego más bien por el argumento de la reconciliación que se ha esgrimido para impulsar el proyecto en esta Sala.
Yo aprecio el ánimo de reconciliación. Estimo que es un estado espiritual deseable. Pero lo entiendo no como una reconciliación ante la humanidad, sino ante el país que conformamos, ante nuestra bandera, ante nuestro pasado y nuestro futuro. Ése es el sentido de la reconciliación que valoro.
En tal virtud, no podemos desconocer los elementos esenciales de nuestra historia, que definen nuestro presente y que marcan nuestro futuro.
Creo que falta tiempo para valorar lo que es el 11 de septiembre. Tengo confianza en que algún día lo lograremos. Hoy día escucho expresiones en términos de triunfadores y derrotados. No conozco a ningún derrotado el 11 de septiembre de 1973, porque el Chile que se ha construido es para todos sin exclusión. Lo único derrotado en esa fecha fue una ideología que hoy nadie sostiene ni defiende. Es cierto que en el día 11 de septiembre de 1973 se inició en nuestro país la primera derrota de esa ideología.
Sin embargo, ahí radica la gran diferencia con el 4 de octubre de Alemania, porque cuando cayó el muro de Berlín el comunismo ya estaba muerto, víctima de su propio cáncer. Pero Chile, el 11 de septiembre de 1973, fue pionero en derrotar una batalla contra esa ideología, que se mantuvo viva, latente y combatiente frente al proceso que se vivía en el país. Por eso, resulta entendible que lo ocurrido el 5 de octubre en Alemania sea tan distinto a lo que debió suceder el 12 de septiembre de 1973 en Chile.
Señor Presidente, tengo confianza en que algún día lograremos reconcilarnos en nuestra historia, no contra ella ni eludiéndola.
Por ello, en un ánimo de reconciliación y con plena fe en el futuro, que nace de todo el proceso iniciado el 11 de septiembre de 1973, voto en contra del proyecto.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, luego de 25 años, cada quien en esta Sala sitúa en su perspectiva los hechos de la historia. Es inevitable que así suceda.
Entendemos y respetamos a quienes tienen visiones diferentes, pero no es posible presenciar impasible la alteración reiterada de los hechos históricos. Y resulta muy difícil aceptar que se sustraiga la verdad de lo que fue la realidad que a cada quien le correspondió vivir.
Algunos luchamos desde los gremios o medios de comunicación y tuvimos que aceptar arbitrariedades, clausuras injustas e ilegítimas que, a veces, se convertían en situaciones de pesadilla.
Entre 1970 y 1973, dirigí Radio Agricultura, y quienes hoy representan la circunscripción de Los Angeles recordarán los ocho meses en que la ciudadanía de aquella ilustre ciudad no contó con un medio de comunicación, porque simplemente el Gobierno de la época tomó la decisión unilateral de clausurarla. Fueron ocho meses.
Esa realidad fue dolorosa. Y hoy muchos de los que están aquí presentes y que tal vez contribuyeron a tomar esa decisión de clausura, aduciendo defectos técnicos de transmisión, se rasgan vestiduras para reclamar acerca de la libertad perdida. Ellos fueron los mismos que, a través de acciones terroristas o decisiones arbitrarias e ilegítimas, encendieron la mecha de un ideologismo que terminó con la convivencia social en que el país había vivido por tanto tiempo.
Es inevitable, entonces, que en esta Sala, y luego de 25 años, cada cual sitúe en su perspectiva histórica los hechos ocurridos. Pero no cabe la menor duda de que no es posible sustraernos de la verdad y la realidad.
Muchos Honorables colegas han señalado con acierto que lo derrotado fue simplemente un ideologismo y que aquellos que lo sustentaban tratan desesperadamente de dar una interpretación diferente a sus errores.
Entiendo que es difícil y explicable que así suceda. Sin embargo, tengo confianza y soy optimista, en el sentido de que el país ha conquistado definitivamente un derrotero, pues no cabe duda de que el Chile en donde vivimos hoy es muy diferente al de aquellas clausuras, al de aquellos despojos, al de aquellas expropiaciones, al de las angustias de las mujeres que recorrían las calles pidiendo alimentos. No es el mismo Chile y, por eso, señor Presidente, soy optimista al pensar que vamos a coincidir en la verdadera historia para proyectar nuestra nación al lugar que le corresponde.
Voto en contra.

El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, estimados colegas, hoy día en el Senado los Parlamentarios de la Concertación -y esperamos que algunos más que nos puedan acompañar- hemos estado solicitando la derogación del feriado del 11 de septiembre.
Nuestras razones, con distintos matices, plantean la misma tesis: se trata de una fecha que divide.
Por otra parte, hemos escuchado a quienes defienden mantenerlo. Los argumentos han sido increíbles, desde sostener que en esa fecha el país se había liberado, hasta comparar lo sucedido con momentos históricos de otras naciones que, evidentemente, nada tienen que ver.
Pareciera que buscamos argumentos para justificar algo en lo que no se cree. Ignorar que esa fecha divide al país es no reconocer la realidad. ¿Cómo vamos a omitirla si han pasado 25 años y todavía discutimos el tema? Si ella no nos dividiera, no sería tema de debate. Y seguramente la polémica continuará hasta que la democracia se establezca en plenitud en el país y la voluntad soberana del pueblo sea realmente respetada.
También se ha dicho que hay que hacer gestos. ¿Quiénes deben hacerlos? Se recordaban, hace un momento, las irregularidades y los atropellos ocurridos durante el Gobierno de la Unidad Popular. Yo fui opositor a dicho Gobierno, luché en su contra, pero no me alegré el 11 de septiembre cuando se produjo el golpe de Estado. Y luché con la misma fuerza en contra del Régimen militar. Y no se trataba, como señaló un señor Senador en la Sala, de miembros de bandas que recorrían las calles asolando al país, financiados con aportes del exterior. Yo no recibí dinero del extranjero. Luchábamos porque creíamos en la libertad; luchábamos porque creíamos en la democracia, y luchábamos porque creíamos posible que en Chile todos pudiéramos vivir en plenitud nuestras vidas dentro de la patria.
El 11 de septiembre de 1973 no se liberó al país; se cambió un régimen que estaba agotado. Y digo "régimen"; no "gobierno". El 11 de septiembre de 1973 señala el fracaso de la política chilena; el 11 de septiembre de 1973 indica la incapacidad de los dirigentes políticos, entre los que me incluyo, pues en ese tiempo no era tan joven como algunos colegas presentes en la Sala que son absolutamente inocentes. Yo era político, y somos responsables de lo que pasó el 11 de septiembre de 1973. No vamos a eludir nuestra responsabilidad, porque sería una falta de hombría escudarnos diciendo que eran otros los que hacían las cosas. Pero con la misma fuerza les digo que quienes asumieron el poder el 11 de septiembre de 1973 quizás lo hayan hecho con muy buena intención, pero las brutalidades y abusos cometidos durante el período del Gobierno militar no pueden conmemorarse como un triunfo de Chile, sino que debieran estar insertos entre las páginas más negras de nuestra historia.
Por lo tanto, cuando hablamos de reconciliación, por favor, asumamos la realidad. Hubo flagrantes atropellos a los derechos de las personas; se coartaron las libertades; se expulsó a chilenos del país; el Presidente del Senado fue impedido de regresar a su patria, y no era un terrorista. Entonces¿ ¡cómo decir que esto representa la refundación de la patria!
Otro señor Senador afirmaba que estamos aquí a causa de la Constitución Política de 1980. Claro, él sí está aquí por esa Constitución; otros estamos aquí porque el pueblo nos eligió, y nos habría elegido bajo cualquier institucionalidad democrática. La realidad es que queremos cerrar los ojos a la verdad.
Si hoy quisiera someterse a la consideración del Parlamento, con la Cámara de Diputados y el Senado vigentes, un proyecto de ley de amnistía como se hizo en 1978, o uno de declaración del 11 de septiembre como feriado, ciertamente ninguna de esas iniciativas lograría aprobación. Por lo tanto, no estemos dando la contra a la realidad del país, tergiversando la historia. Hay personas que tenemos ideas y pensamientos distintos acerca de lo que ocurrió. Yo era uno de los que creían que había que combatir el Gobierno de la Unidad Popular, pero que debía actuarse democráticamente, por las vías legales y no por la fuerza de las armas.
Por lo tanto, pienso que el feriado del 11 de septiembre debe ser derogado, porque es una mancha para este país.
Voto que sí.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, ésta es la cuarta vez que el Senado se aboca a resolver la misma iniciativa. Y en cada oportunidad se han escuchado los mismos argumentos. Creo que el error consiste en que el proyecto se analiza en virtud de lo que significó en su tiempo, el 11 de septiembre, o lo que significó en la época en que se dictó la ley, en lugar de hacerlo mirando al valor o vigencia que debería tener en el mundo de hoy y en el plan de cierto acuerdo nacional en que nos encontramos.
Se han expuesto interpretaciones distintas de lo que aconteció en aquella fecha, así como de las circunstancias en que se desenvolvían el Gobierno de la Unidad Popular y la Oposición, de la que formé parte. Se ha hecho mención de ciertos acuerdos adoptados por la Cámara de Diputados, los que luego han sido tergiversados. Jamás esa Cámara aprobó un acuerdo que significara pedir la intervención de las Fuerzas Armadas. Se pueden revisar las actas de esa Rama, especialmente de la sesión secreta que celebró en ese entonces, y la intervención del entonces Diputado señor Monares acerca de la declaración sobre este punto.
Los hechos nos muestran la existencia de un enfrentamiento respecto del cual no hubo manera de lograr acuerdo. Me cuento entre los que realizamos un esfuerzo supremo para lograr consenso entre la Unidad Popular y la Oposición. Fui llamado de manera muy soez por los medios de la Derecha de entonces, a raíz de esta conducta. Con la misma fuerza con que me opuse al Gobierno de la Unidad Popular (y fui claro al decir "no" frente a muchas de sus medidas), 48 horas después del golpe militar expresé mi profundo rechazo a dicha acción, y manifesté, junto con otros camaradas, mi preocupación por lo que sobrevendría en Chile.
No era problema de entender o no lo que pasaba. Existía un contexto que aquí se quiere enfocar exclusivamente respecto de lo que se decía que ocurría. ¿Por qué no mencionar en ese cuadro igualmente lo que había sucedido antes de que asumiera el Gobierno? ¿Acaso no tuvieron que transcurrir 135 ó 140 años para que se produjera un asesinato político como el de Schneider? ¿No hubo también por parte de la Oposición y ciertos sectores de ultraderecha un criterio proclive a impedir ciertos acuerdos? Porque, de repente, sucedía que lo que acordábamos en el día se anulaba en la noche por las acciones ultra de uno y otro sector.
En el ánimo de hacer un recuento de lo que fue el tiempo pasado, ¿por qué no recordamos entonces lo que aquí se ha dicho hasta la saciedad, en el sentido de lo que fue la dictadura? Nadie, ni siquiera los más partidarios de que se produjera un golpe militar, como lo demostraron a través de los años, pensó lo que iba a suceder. Muchos creían que se produciría un golpe militar, y que seis u ocho meses después se entregaría el poder. Otros tantos pensaban que ésta iba a ser una forma distinta de traer la libertad. Pero la libertad no se trae con 2 mil muertos, o con exiliados, como sucedió durante ese tiempo innecesariamente. Innecesariamente -repito-, porque ése es el punto clave de la discusión histórica.
Entonces, la dificultad se produce porque no estamos de acuerdo en la interpretación, y no tiene sentido que nos pongamos a discutir. Lo que importa es saber si hoy, ocho años después del retorno a la democracia, se puede alcanzar un acuerdo para cuyo logro deberán hacerse muchas cosas.
La convivencia entre quienes en algún instante discutimos muy acerbamente; el trato entre nosotros; el trato de los Senadores que fueron agraviados por otros Senadores aquí presentes, son actos de reconciliación. Yo justifico que la dictadura hubiera dictado una ley determinada para fijar como feriado el 11 de septiembre. Entiendo que eso se haya hecho en aquel entonces. Pero, señores Senadores, ¿a qué mantenerlo ahora?
España tuvo su 18 de julio. ¿Qué se hizo cuando la democracia llegó a ese país? Se terminó con el 18 de julio, porque no se justificaba. Y sucede que podemos justificar muchas de las cosas anteriores, incluso los abusos en un momento determinado, pensando que había un estado de guerra, apreciación que nosotros no compartimos. Pero sostener que hoy es útil un 11 de septiembre, no tiene ningún sentido, porque desgraciadamente apunta a este tipo de discusiones, que se podrían obviar si tuviéramos la facultad, la posibilidad, la disposición para transformar esa fecha en un día de acción de gracias, de amistad, de solidaridad en Chile, reemplazando así su actual significación, que representa el triunfo de un grupo de chilenos sobre otros chilenos que sostienen distintas versiones respecto de un acontecimiento. Por lo tanto, no hay justificación para que alguno de ellos, el que venció, sea el que tenga la razón.
No es la fuerza de la razón lo que significa el 11 de septiembre: significa fundamentalmente la razón de la fuerza.
Voto que sí.

El señor SABAG.- Señor Presidente, intervendré muy brevemente, porque creo un deber manifestar nuestra opinión sobre el asunto que se está votando.
Desde luego, me parece que la fecha en cuestión divide al pueblo de Chile. Esto, porque tenemos visiones distintas acerca de lo que pasó en esa oportunidad. Tenemos el deber de ser objetivos.
El 11 de septiembre de 1973 yo era Diputado y, en consecuencia, me tocó participar en el acuerdo del 22 de agosto en el que se señalaban los atropellos y los excesos que el Gobierno estaba cometiendo. No me cabe duda de que se incurrió en gravísimos errores, y por eso llegó el 11 de septiembre.
A lo mejor, como se ha señalado aquí, una inmensa mayoría estuvo de acuerdo. Pero, ¿qué ha pasado con posterioridad? ¿Acaso no se cometieron también errores y excesos después del 11 de septiembre, lo que ha provocado dolor a miles y miles de familias chilenas? Por eso la gente no quiere recordar esa fecha, por lo menos con un feriado. Nadie está pidiendo que la olvidemos. No debe olvidarse nunca, porque estemos donde estemos, siempre debemos actuar con corrección, con respeto a las personas, de acuerdo con las normativas de la ley. Y jamás abusar, porque el tiempo pasa y la justicia tarda, pero siempre llega.
Por eso creo que el 11 de septiembre llegó porque hubo excesos, y hoy día la gente no quiere un feriado, porque también se produjeron graves excesos después del 11 de septiembre.
Cada 11 de septiembre, ¿qué hay en el país? Desórdenes, violencia. No es precisamente un día de reencuentro, de reconciliación entre los chilenos.
Por eso, creo que debemos eliminar ese día feriado. Y ya encontraremos otra fecha que nos una a todos.

El señor SILVA.- Señor Presidente, podría limitarme a votar y callar. Sin embargo, no deseo hacerlo, pues -lo confieso- he escuchado con gran interés el debate de esta tarde y me ha producido hondo dolor. Me ha producido hondo dolor, señores Senadores, porque he luchado mucho -soy un hombre bastante más viejo que la mayoría de ustedes- para obtener la recuperación de la democracia en nuestra patria por la vía pacífica. Y la lucha por la recuperación democrática la llevamos a cabo numerosas personas. Recuerdo, simplemente, que el 18 de noviembre de 1993, en el primer gran mitin realizado en el parque O¿Higgins, nos cupo el honor de expresar el pensamiento del pueblo de Chile a la sazón.
Empero, nada de eso ha sido reconocido en el debate de hoy. Al contrario, quienes luchamos por la recuperación democrática pacífica en nuestra patria -sólo la logramos después del plebiscito de 1989- descubrimos ahora que la democracia comienza en nuestro país el 11 de septiembre de 1973. Y eso, naturalmente, no puede dejar de ser sino una gran sorpresa, que implica el desconocimiento de la realidad que vivimos en Chile.
Pero nuestro dolor no proviene de aquello, sino de la comprobación tremendamente dramática que nos entrega el debate de esta tarde: sigue existiendo una profunda discrepancia entre los chilenos.
Lo único bueno es que esta discusión -tal vez por el cenáculo donde ha tenido lugar- se ha realizado con respeto recíproco, por lo menos en lo formal, lo que de alguna manera nos entrega un hálito de esperanza y optimismo en lo futuro.
Evidentemente, la discrepancia observada en la opinión de la mayor parte de los señores Senadores que han intervenido aquí nos permite seguir pensando, con dolor y desconcierto, que el Chile de hoy no se ha unido. No es cierto que exista reconciliación entre los chilenos. No hemos sido capaces de lograr hasta ahora la reconciliación que nuestro pueblo anhela fervorosamente y nos reclama con vehemencia.
Yo digo, señor Presidente, que este debate nos demuestra que no hay reconciliación. Y, en torno de una fecha, hemos descubierto que la reconciliación es sencillamente un mito y que la realidad en el fondo del pensamiento de todos nosotros es profundamente diferente.
¿Cómo estar optimistas, entonces, frente a la comprobación de esa realidad?
Creo que el optimismo se halla todavía muy lejos de poder plasmarnos alguna realidad con eficacia para el futuro próximo.
Empero, frente a eso, hay una realidad indiscutible. ¿Qué sigue separándonos, entre otras cosas? Precisamente la existencia de la fecha en cuestión. Porque hay algo que sí es cierto: resulta difícil concebir que los actos que producen tan grande discrepancia entre los chilenos puedan ser objeto de celebraciones. Y porque no concibo en mi mente de hombre de bien que la discrepancia pueda ser objeto de celebración, voto que sí.

El señor STANGE.- Señor Presidente, participé como funcionario de rango superior de Carabineros aquí, en Valparaíso, en los hechos previos al 11 de septiembre de 1973 y en los de ese día. Experimenté directamente, como representante del orden público, lo que significó enfrentarse a conciudadanos enceguecidos por el odio derivado de doctrinas ajenas a nuestro país. Supe lo que significó que uno de mis subalternos, quien estaba a mi lado inmediato ese 11 de septiembre, fuera asesinado por balas de connacionales.
Empero, no puedo guardar sentimientos de rencor o de revancha por ello. Al contrario, estimo que el 11 de septiembre es día de recogimiento solemne; de tranquilidad espiritual para recordar a los caídos; de respeto a sus familiares, y de rechazo a las doctrinas foráneas que trataron de dividir el país.
El 11 de septiembre recordará el quiebre jurídico y constitucional de nuestro Estado de Derecho. Significará siempre la fecha en que las Fuerzas Armadas y Carabineros -es decir, las fuerzas del Estado para preservar la institucionalidad- cumplieron con su obligación constitucional y, acogiendo la petición de la entonces mayoría de los chilenos, decidieron reemplazar un Gobierno que era incapaz de manejar el país.
El 11 de septiembre fue la culminación del período previo que condujo a que hermanos dejaran de ser hermanos; a que organismos totalitarios comerciaran con el hambre de sus connacionales; a agresiones violentas, como la reflejada por aquella foto que dio la vuelta al mundo mostrando a un joven -quizás universitario, de unos veintitrés años, embozado- que golpeaba con un garrote a un carabinero, a un representante del Gobierno de Chile.
El 11 de septiembre de 1973 es una fecha cuya repetición nadie desea. Por eso, constituye una señal de advertencia para no volver a hundir al país en el caos, la corrupción política y el inminente desastre económico.
El 11 de septiembre debe seguir siendo día feriado, no como factor de desunión, sino, al contrario -y hago una invitación a todos-, para que sirva de nexo entre hermanos de una misma raza, de profunda reflexión, para aprender a respetarnos en nuestra historia.
Rechazo el proyecto.

El señor URENDA.- Señor Presidente, al revés de lo que se ha dicho, hoy no estamos hablando simplemente de la supresión de feriados por conveniencias de orden económico: estamos, concreta y precisamente, refiriéndonos al 11 de septiembre.
Al respecto, quiero reiterar lo que aquí se ha expresado en cuanto a que el 11 de septiembre de 1973 constituye un hito histórico de nuestro país.
Aun más, creo que la circunstancia de que se vayan a cumplir 25 años desde ese día nos da una perspectiva para apreciar la trascendencia que tal fecha tuvo para nuestra patria, pues ello nos permite comparar lo que era Chile antes del 11 de septiembre de 1973 y lo que es hoy.
Viví aquel Chile en forma distinta de la que señalaba un colega Senador: como un padre de familia angustiado, con ocho hijos, que veía que su patria derivaba directamente a la órbita soviética, lo cual no se disimulaba. Era un Chile donde había miles y miles de extranjeros; un Chile en que había escasez, colas, angustia, lucha.
Y quiero comparar ese Chile con el que tenemos hoy, gracias a ese 11 de septiembre y a que, como consecuencia de él, se dictó una Constitución -aprobada por el pueblo también un 11 de septiembre- que estableció una continuidad, un sistema, un itinerario que permitió conducir al país a la plena democracia.
Yo comparo ese Chile, que cada vez perdía más categoría en América y en el resto del mundo, con el que hoy, orgullosamente, pretende liderar América Latina y es respetado. Yo comparo -y en esto existe algo que esta tarde se ha puesto de manifiesto- ese Chile, donde las hordas cercaban a los Ministros de la Corte Suprema -varios de ellos me lo contaron en aquel entonces- y pedían sus cabezas, con el Chile en que hoy, ordenada y democráticamente, hemos aprobado el nombramiento de un nuevo integrante del Máximo Tribunal.
No cabe duda de que es un hecho de características de las más importantes del siglo; porque tampoco cabe duda de que el Chile anterior al 11 de septiembre era profundamente distinto y muchísimo más deficiente que el que hoy ostentamos.
Aun más: yo quisiera que los Honorables colegas de enfrente expresaran si sus pensamientos de aquel entonces en el sentido de que la vía electoral de nada servía, de que se debía llegar al poder por la fuerza, de que no había que respetar los procedimientos democráticos, no han influido en que hoy tengan una apreciación -confío en que es así- absolutamente distinta en cuanto a cómo debe gobernarse un país y de qué manera han de gestarse sus autoridades.
Por eso, se trata de una fecha de extraordinaria trascendencia. Por lo mismo, el 11 de septiembre debe ser un día de conmemoración, que nos invite a todos a meditar. Porque todos los chilenos fuimos cambiados a raíz de lo que sucedió antes del 11 de septiembre de 1973 y después de ese día. Y Chile, indudablemente, hoy es mejor de lo que era en esa época.
En consecuencia, considero que debemos mantener el 11 de septiembre como un día de meditación, de conmemoración, que cada vez se va a acrecentar más como el día en que cambió la historia de nuestra patria.
Por ello, rechazo al proyecto.

El señor VEGA.- Señor Presidente, sin duda este debate es de gran sensibilidad política y social, por cuanto toca la neurona misma de nuestra historia: estamos discutiendo un aspecto que va más allá del 11 de septiembre en sí.
Nunca pensé que esta fecha fuera motivo de celebración ni de fiesta. En mi concepto, debe ser motivo de honda reflexión, de profundo recuerdo, porque las diferencias que todos han remarcado hoy nacen con la historia. No es problema de nuestra historia reciente, sino de la que comienza con nuestra República.
No me parece, entonces, que la reconciliación deba pasar por la eliminación del feriado en cuestión, porque la fecha que lo origina tiene un significado muy profundo, expresa algo que va mucho más allá que ese día. Y debemos ser consecuentes con esta raíz, pues así se originan estos monolitos de la historia. Inevitablemente, tienen sus razones y sus sinrazones, que debemos aceptar.
Por desgracia, no podemos borrar el pasado. Así construyó la vida Dios y la entregó al ser humano. Por lo tanto, el ayer lo generamos con nuestras responsabilidades. Lo importante, entonces, es el hoy, pues sólo a partir de él, y mirando el mañana, podremos corregir todos los errores que construyeron, tal vez, estos monolitos.
Nuestra independencia como colonia fue consecuencia de la discusión entre los imperios de aquel entonces: Inglaterra y España, con sus intereses y conflictos.
Las profundas divergencias entre O¿Higgins y los hermanos Carrera son producto de esas diferencias, con dramáticas consecuencias para todos ellos, como bien sabemos.
La muerte del Ministro Portales, en 1837; la muerte del Presidente Balmaceda, en 1891, y la revolución; las inestabilidades sociales de la década de los años 20 y 30, con don Arturo Alessandri, y el final del Presidente Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, nos deben llamar necesariamente a reflexionar sobre las diferencias extremas, que han sido una constante en nuestra historia.
Esa constante ha provocado periódicamente consecuencias que el pueblo de Chile ha debido lamentar por muchos años.
Nuestras Fuerzas Armadas, como instituciones permanentes del Estado, siempre han estado en los momentos de mayor conflicto. Para eso existen.
La fuerza nace con el ser humano. Es parte de su instinto de supervivencia. Y siempre ha estado presente, formal e informalmente, en todos los pueblos del mundo. La estructura política de una nación, cuando existe, es la que genera y emplea la fuerza.
Por lo tanto, su existencia y la razón de su origen "política y fuerza" interactiva actúan en directa relación la una con la otra. Si esta relación se rompe por circunstancias inmanejables, inflexibles, o por falta del diálogo razonable entre hermanos, entonces se impondrá la razón de cada cual. Porque todos tenemos la razón. Y cuando todos tienen la razón, las consecuencias serán inevitablemente lo que la historia nos enseña y señala.
Las Instituciones de la Defensa y de Orden pertenecen a Chile. Han servido profesionalmente cuando se las ha necesitado. Sus integrantes de hoy y de ayer son chilenos altamente vocacionales, preparados para entregar la vida en defensa de la gran familia chilena. Por lo tanto, merecen nuestro respeto y admiración.
La historia, desde sus inicios, es testigo de esta patriótica y permanente entrega.
El 11 de septiembre de 1973 es una fecha que señala monolíticamente la conclusión y origen de etapas distintas en nuestros esfuerzos por perfeccionar la nación chilena.
Lamento las pérdidas de ambos lados. Y también creo que aquí no hay triunfadores ni derrotados.
Las razones anteriores -me parece, señor Presidente- han sido limitantes para alcanzar una sólida democracia y una reconciliación que respalden y protejan los intereses y derechos de todos por igual.
Habrá que reflexionar con mayor profundidad y tiempo sobre nuestras diferencias, que, afortunadamente -pienso-, ya no son las mismas de ayer.
Como fin último, debemos buscar y lograr el respeto mutuo y la confianza en que sólo de nosotros depende el mañana; en que cada uno es exclusivo y valioso y tiene derecho al progreso que se merece, y en que la paz es el fundamento único de la reconciliación que buscamos. Y es la gran herencia que nosotros debemos entregar a las nuevas generaciones.
Estas razones son fundamentos muy generales, que me permiten opinar que esta fecha debe mantenerse como tal para no alterar la visión que las nuevas generaciones tengan, desde el futuro, de este difícil y complejo pasado.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, el curso que ha tomado el debate podría sumir a uno en un profundo pesimismo, porque pareciera que aquí hay dos posiciones que se mantienen exactamente igual desde hace 25 años. Y como algunos son jóvenes, permanecerán exactamente igual -supongo-por otros 25 años. Ello, entonces, me llevaría a un profundo pesimismo.
Pero deseo ser bien sincero. No todos los discursos que he escuchado de las bancadas de enfrente reflejan lo que verdaderamente se piensa. O sea, no creo que antes de dormir se piense, con serenidad y tranquilidad, las cosas que aquí se han dicho. No creo que se sea tan insensible ante el dolor y la muerte. Y no creo que se adhiera al principio de que el fin justifica los medios. No lo creo. Entonces, ¿por qué se hace este tipo de discursos? Tal vez, porque en parte lo creen y en otra, lo deben. ¿A quién? No lo sé.
En todo caso, señor Presidente, en lo personal, quiero repetir lo que han destacado algunos Senadores de nuestra bancada: reconozco los errores que cometí, no los de la Unidad Popular, sino yo, esta persona. Por lo tanto, me siento responsable de esas muertes, de esos dolores y de esos sufrimientos. Y públicamente, cuando se celebró un aniversario del Congreso Nacional, pedí disculpas por los dolores que pude haber contribuido a infligir al país. Pero eso no basta; no me deja tranquilo una confesión de ese tipo.
No pretendo reescribir la historia, pero, por lo menos, podrían rectificarse posiciones, buscarse puntos de encuentro, expresarse, al menos, el lamento sincero de las muertes infligidas, de los dolores sufridos.
Me consuela también, señor Presidente, que este debate no lo va a zanjar la votación cuyo resultado sabremos en un rato más. Porque si, como espero, en democracia estos discursos los conoce el país, el tema no se resolverá ahora, sino en la elección presidencial, pues los que aquí han defendido el golpe militar son los que adhieren a las candidaturas de los señores Lavín y Piñera. Y curiosamente, en el plebiscito el señor Piñera votó en contra de que el general Pinochet fuera candidato presidencial. Y el señor Lavín dice que ya no hay más pinochetismo, que se acabó, que ya no hay pasado, que somos todos uno y que él gobernaría hasta con Ricardo Lagos. Pero estimo muy importante que la opinión pública sepa que quienes apoyan al señor Lavín justifican el golpe militar, no se arrepienten de nada y públicamente hacen fe en la dictadura del general Pinochet. Y eso lo decidirá la ciudadanía dentro de no mucho tiempo más. Y, en ese sentido, me quedo tranquilo.
Voto que sí.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973 fue consecuencia de un profundo desencuentro nacional. El cauce institucional fue desbordado por el proceso político.
El poder que se impone y supera la crisis se fundó en la fuerza. En esa lógica, unos resultaron vencedores y otros, vencidos.
Esa nueva visión del poder, esa nueva lógica, impulsaba a quienes lo ejercieron a establecer el 11 de septiembre como un nuevo símbolo, consagrándolo como festividad nacional. Se olvidan, quienes así piensan y actuaron, que las diferencias fueron entre chilenos, y al hacerlo, por cierto se equivocan, porque los desencuentros entre hermanos no se superan y menos se olvidan si se recuerdan o se conmemoran oficialmente.
Así lo entendieron nuestros antepasados tanto en Lircay como en Loncomilla o en Concón y Placilla. Los vencedores de las tres guerras civiles que sufre nuestro país durante el siglo XIX actuaron con magnanimidad con los derrotados. Proverbial fue la actitud del general Manuel Bulnes con los vencidos de Lircay y con el propio general Manuel de la Cruz. Portales fue aun más lejos: por expresa orden suya se hizo silencio sobre la batalla de Lircay. El almirante Montt también es ejemplo de generosidad y grandeza.
A 25 años del 11 de septiembre de 1973, plazo más que suficiente para serenar los espíritus, tenemos la oportunidad entre nosotros de reencontrarnos con nuestra historia y nuestras tradiciones, y dar entre todos otro paso para lograr la reconciliación nacional y caminar seguros hacia el futuro, dejando en el pasado nuestras diferencias y no seguir viviendo el resto de nuestras vidas encadenados a ellas, y, lo que es peor, traspasándolas a nuestros hijos.
Lo anterior, no significa que cada uno renuncie a lo que legítimamente piense sobre lo ocurrido en nuestra patria. Simplemente, nada más y nada menos, se trata de dejar atrás, de una vez y para siempre, lo que nos dividió hace 25 años.
La pregunta que hoy debemos hacernos, al pronunciarnos sobre este proyecto de ley, es una sola. ¿Qué ayuda más a la reconciliación entre nosotros: la mantención del 11 de septiembre o su derogación como feriado nacional? Sinceramente, señor Presidente, y con toda lealtad, creo que su derogación es lo más conveniente y procedente. Con la derogación del 11 de septiembre no habrá entre nosotros derrotados o vencedores, sino solamente chilenos.
Por eso, voto por la derogación del 11 de septiembre como feriado nacional.

El señor ZURITA.- Señor Presidente, intervendré en forma brevísima, pues comprendo el cansancio de los señores Senadores.
Antes de expresar mi voto, deseo formular algunas reflexiones acerca de nuestra convivencia y la tolerancia mutua.
Es evidente que hay quienes profesan la creencia, inspirada en las palabras de Jean Paul Sartre: "El infierno son los otros". Pero ésta no es la mejor manera de lograr la paz interna. No podemos continuar con descalificaciones mutuas y ver recíprocamente el infierno en los otros, porque no piensan como nosotros.
Creo, sinceramente, que mantener como feriado el día que el proyecto de ley propone suprimir acarrea reacciones antagónicas entre quienes lo recuerdan con alegría y aquellos que lo evocan con tristeza.
Eliminemos este feriado que viene produciendo divisiones, sin que ello signifique la victoria de unos o la derrota de otros, sino el triunfo de la reconciliación y la paz interior.
Por eso, voto por aprobar el proyecto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Permítame la Sala expresar desde la testera unas breves reflexiones, por lo avanzado de la hora.
Después de escuchar este debate, me felicito por la forma en que el Senado ha sido capaz de actuar respecto de una materia bastante delicada, donde los términos vertidos podrían haber herido profundamente los sentimientos de unos y otros.
En democracia y en un Parlamento como el nuestro, se tiene derecho a expresar opiniones con el debido respeto de las posiciones de los otros. Y de este debate se desprende -y no sólo eso, sino que se confirma- que mantenemos visiones e interpretaciones distintas de nuestra historia. Han pasado 25 años; seguramente, las tensiones actuales son diferentes de las de esa época.
Yo tengo esperanza y fe en que podemos todavía seguir avanzando en la construcción de la unidad en la diversidad. La unidad se alcanza precisamente cuando se respeta lo que piensa el otro, sin que ello signifique renunciar a lo que piensa cada cual. Creo que podemos hacerlo. La mayoría de los Senadores que estamos en la Sala participamos en los acontecimientos. Fuimos testigos y actores de los hechos que condujeron a la pérdida de la democracia en Chile; unos tienen una responsabilidad, y otros, otra. Pero a todos nos corresponde parte de responsabilidad.
El 11 de septiembre es una fecha. A mi juicio, no se trata de discutir hoy día aquí, en este Senado -a pesar de que es perfectamente legítimo hacerlo-, quién lo hizo bien o quién lo hizo mal, quién tuvo la razón o quién no la tuvo, sino que el motivo del debate es saber si es conveniente mantener como feriado el 11 de septiembre. La discusión y el resultado de la votación -22 votos a favor y 22 en contra, según mis cálculos- demuestran que esta fecha nos mantiene divididos exactamente en dos mitades.
He escuchado algunas intervenciones que me permiten suponer que, pasado el fragor que provoca esta fecha, tal resultado dará origen a la formación de una Comisión Mixta, donde nuevamente se revivirán estos estados de ánimo en uno y en otro sentido. Al respecto, abrigo la esperanza de que en esa Comisión, integrada por Diputados y Senadores, podamos llegar a una solución. He pensado sugerir una fórmula de encuentro, en la que todos demos un paso adelante. Y con esto doy respuesta a lo que nos pedía el Honorable señor Foxley. Éste no es el paso de uno para, en seguida, esperar el del otro, sino que el paso de todos los que somos responsables de la conducción del país. Podríamos ponernos de acuerdo en un día que reemplazara el 11, en bien de todos y cada uno en el país. ¿Por qué no podría ser, por ejemplo, el primer lunes de septiembre de cada año el Día de la Reflexión Nacional, una especie de Día de Acción de Gracias de los chilenos? ¿Por qué no podemos hacer ese esfuerzo? Creo sinceramente que es posible hacerlo, y lo que he escuchado hoy día confirman mi fe y esperanza en que lo lograremos.
Voto a favor del proyecto.

El señor LAGOS (Secretario).- Resultado de la votación: 22 votos por la afirmativa, 22 por la negativa, y un pareo.
Votaron por la afirmativa los señores Bitar, Boeninger, Foxley, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Matta, Moreno, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pizarro, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo), Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Aburto, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Cordero, Chadwick, Fernández, Horvath, Lagos, Larraín, Martínez, Matthei, Novoa, Pérez, Pinochet, Prat, Ríos, Romero, Stange, Urenda y Vega.
No votó, por estar pareado, el señor Díez.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Confío en que podamos encontrar una solución, pero no creo que sea posible modificar la situación actual en las próximas horas.
De acuerdo con el Reglamento, la votación debe repetirse y, una vez repetida, si se mantiene el empate, me vería obligado a someter el proyecto nuevamente a votación el día de mañana, al término del Orden del Día, en el Tiempo de Votaciones.
Propongo a la Sala dar por repetida la votación y, como por unanimidad los Comités pueden obviar la disposición reglamentaria, rechazar el proyecto y de inmediato constituir la Comisión Mixta, con el objeto de buscar una solución al problema. Si no hay acuerdo, tendríamos que proceder en la forma como lo establece el artículo 182 del Reglamento, disposición a la cual me someto.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, creo que repetir la votación es lograr el mismo resultado. No creo que, dadas las argumentaciones expuestas, podamos pensar en una modificación del resultado. Considero que Su Señoría ha planteado las cosas correctamente y, si es necesario buscar algún acuerdo, algún entendimiento, será la Comisión Mixta la encargada de hacerlo. De modo que avalamos y acogemos esa proposición.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Habría acuerdo en tal sentido?
No hay acuerdo.

El señor PÉREZ.- ¿Quiénes se oponen, señor Presidente? Por qué no se identifican?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El Comité Socialista no ha dado el acuerdo, señor Senador.

El señor PÉREZ.- Solicitamos que se vote de nuevo ahora.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se suspende la sesión por cinco minutos.
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--Se suspendió a las 22:6.
--Se reanudó a las 22:13.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Continúa la sesión.
Como no existe unanimidad para lo propuesto, corresponde repetir la votación. Si nuevamente se produce empate (podríamos darlo por repetido, sin tener que efectuar una nueva votación nominal), sencillamente, se definirá este asunto en el Tiempo de Votaciones de primera hora de la sesión de mañana, después del Orden del Día, tal como lo dispone el Reglamento.
Por lo tanto, existen dos posibilidades, o se vota¿

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, si no hay unanimidad, debe votarse.
Estamos dispuestos a acoger su planteamiento. Pero -repito- eso requiere la unanimidad de la Sala. Si un señor Senador, por razones que desconozco, se opone, entonces, tengo derecho a pedir que se vote.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No hay unanimidad, señor Senador.
Por lo tanto, se procederá a tomar la votación.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, ¿por qué no da a conocer cuáles son los pareos?

El señor BITAR.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor BITAR.- Señor Presidente, sugiero -y consulto sobre esto a la Mesa- dar por repetida la votación, con el mismo resultado, y que en la sesión de mañana, que está citada para las 10:30, llamemos a una reunión de Comités y resolvamos cómo procederemos respecto de esta materia.
Ésa es mi propuesta.

El señor PÉREZ.- No, señor Presidente. Se vota ahora.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si no existe unanimidad, no puedo actuar sobre la base de propuestas.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, consulte a la Sala respecto de la sugerencia del Senador señor Bitar.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Lo hice, y no hay unanimidad para acoger lo propuesto, señor Senador.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, antes de votar, ¿puede dar a conocer los pareos existentes?

El señor PÉREZ.- El único es el del Senador señor Díez con el Honorable señor Lavandero.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, obviamente -como planteé en la votación anterior-, estoy en contra del proyecto. Pero debo hacer presente que mantengo un pareo permanente con el Senador señor Ruiz, que votó a favor.

El señor RUIZ (don José).- Estoy pareado con el Senador señor Fernández.

El señor LAGOS (Secretario).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la votación.

El señor LAGOS (Secretario).- Resultado de la votación: 21 votos por la afirmativa, 21 por la negativa y 2 pareos.
Votaron por la afirmativa los señores Bitar, Boeninger, Foxley, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Matta, Moreno, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pizarro, Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo), Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Aburto, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Cordero, Chadwick, Horvath, Lagos, Larraín, Martínez, Matthei, Novoa, Pérez, Pinochet, Prat, Ríos, Romero, Stange, Urenda y Vega.
No votaron, por estar pareados, los señores Díez y Fernández.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En vista de que se ha producido nuevamente un empate, y conforme a lo dispuesto por el artículo 182 del Reglamento, debe definirse en el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria. De persistir aquél, se dará por rechazado el proyecto.

El señor MORENO.- ¿Será en la mañana o en la tarde?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En la sesión ordinaria citada para las 16, después del Orden del Día y antes de Incidentes. La de la mañana es especial.

El señor PIZARRO.- Salvo que los Comités adopten un acuerdo al respecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Efectivamente.
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 22:22.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción