REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 29ª, en martes 11 de abril de 2000
Ordinaria
(De 16:21 a 20:5)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE,
Y MARIO RÍOS, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR,
Y CARLOS HOFFMANN CONTRERAS
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Cordero Rusque, Fernando
--Chadwick Piñera, Andrés
--Díez Urzúa, Sergio
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los señores Ministros de Justicia y del Trabajo y Previsión Social.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 23ª, ordinaria, en 14 de marzo del presente año, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 24ª, ordinaria, en 15 de marzo del año en curso, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor HOFFMANN (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Tres de Su Excelencia el Presidente de la República, con los que retira las urgencias que hizo presentes respecto de los siguientes asuntos:
1) Proyecto de reforma constitucional que consagra el derecho a la libre creación artística y elimina la censura cinematográfica, sustituyéndola por un sistema de calificación (Boletín Nº 2.016-07);
2) Proyecto de ley que regula el derecho de visita a los hijos sometidos a la tuición de uno de los padres (Boletín Nº 1.551-18), y
3) Proyecto de ley que modifica la Ley General de Cooperativas (Boletín Nº 855-03).
--Quedan retiradas las urgencias y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero, comunica que ha dado su aprobación al informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que autoriza la construcción de monumentos, en Santiago, Talca y Valparaíso, en memoria del Cardenal Arzobispo don Raúl Silva Henríquez. (Boletín Nº 2.322-04).
--Se toma conocimiento y se mandó comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República para los efectos a que se refiere el inciso primero del artículo 70 de la Carta Fundamental.
Con el segundo, informa que ha dado su aprobación al proyecto de ley sobre fomento de la música chilena. (Boletín Nº 2.287-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y a la de Hacienda, en su caso.
Con el tercero, comunica que ha dado su aprobación al proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre la República de Chile y la República de Costa Rica para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y su Protocolo, suscrito en San José, Costa Rica, el 11 de julio de 1996. (Boletín Nº 2.460-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
De la señora Ministra de Educación, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Chadwick, referido a ciertas irregularidades laborales denunciadas en el colegio particular subvencionado Arturo Prat, en la comuna de Machalí, Sexta Región.
Del señor Subsecretario de Telecomunicaciones subrogante, con el que contesta dos oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath, relativos al número de radioemisoras que transmiten desde las distintas Regiones.
Del señor Director Ejecutivo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, atinente a los locales destinados al pago de pensiones de jubilación.
Del señor Director Nacional de Obras Portuarias, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, acerca de los proyectos destinados a dotar de rampas, muelles o sistemas flotantes a las localidades de Puerto Gala, del Grupo Gala, Puerto Gaviota y Melimoyu.
Del señor Presidente del Banco Central de Chile, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, respecto del proyecto de ley que establece medidas de desarrollo para las provincias de Arica y Parinacota.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor LAGOS (Secretario).-
Los Comités adoptaron los siguientes acuerdos.
En relación con el asunto que figura en el número 1 del Orden del Día, se resolvió que sea discutido en general y votado en la sesión ordinaria del próximo miércoles 19, fijándose plazo para indicaciones hasta el martes 9 de mayo.
Y se determinó que sean tratados en la presente sesión como de fácil despacho los proyectos de acuerdo signados con los números 6, 7, 8, 9 y 10 del Orden del Día.
ACUERDOS SOBRE SUPRESIÓN O EXENCIÓN DE VISAS CON FRANCIA, TURQUÍA, REPÚBLICA HELÉNICA, REPÚBLICA DOMINICANA Y ESLOVAQUIA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Corresponde ocuparse, de conformidad con lo decidido por los Comités, en los proyectos de acuerdo de la Cámara de Diputados referentes a la aprobación de los acuerdos entre Chile y la República Francesa sobre Supresión de Visa Temporal Obligatoria para Titulares de Pasaportes Diplomático, Oficial, de Servicio o Especial; entre Chile y la República de Turquía respecto de Exención del Requisito de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales, de Servicio y Especiales; entre Chile y la República Helénica en cuanto a Exención del Requisito de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales, Especiales y de Servicio; entre Chile y la República Dominicana tocante a Supresión del Requisito de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y Especiales, y entre Chile y la República Eslovaca acerca de Exención del Requisito de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y Especiales de la República de Chile y para los Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales de la República Eslovaca. Todos los proyectos han sido informados por la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2432-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 25ª, en 21 de marzo de 2000.
Informe de Comisión:
Relaciones exteriores, sesión 28ª, en 5 de abril de 2000.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2433-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 25ª, en 21 de marzo de 2000.
Informe de Comisión:
Relaciones exteriores, sesión 28ª, en 5 de abril de 2000.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2434-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 25ª, en 21 de marzo de 2000.
Informe de Comisión:
Relaciones exteriores, sesión 28ª, en 5 de abril de 2000.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2435-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 25ª, en 21 de marzo de 2000.
Informe de Comisión:
Relaciones exteriores, sesión 28ª, en 5 de abril de 2000.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2437-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 25ª, en 21 de marzo de 2000.
Informe de Comisión:
Relaciones exteriores, sesión 28ª, en 5 de abril de 2000.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión, Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, como todos sabemos, los acuerdos en análisis constituyen una excepción a la legislación de extranjería vigente, contenida en el decreto ley Nº 1.094, de 1975, y en el decreto Nº 597, de 1984, del Ministerio del Interior, lo que se justifica por el interés en estrechar los lazos de amistad entre los Estados y facilitar la circulación de sus nacionales.
Los cinco instrumentos tienen por objeto que los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, especiales y de servicio válidos sean eximidos del requisito de visa para ingresar a los respectivos territorios. Son, en lo fundamental, muy similares, difiriendo sólo en cuestiones menores, tales como el plazo para que entren a regir y la denuncia.
No obstante, parece importante señalar, respecto de los acuerdos con Francia y Eslovaquia, que las Partes disponen de la facultad de suspender la aplicación del tratado correspondiente.
Por otro lado, a excepción del acuerdo con Francia, en todos los demás se permite a los Gobiernos impedir el ingreso de una persona determinada cuando lo consideren inconveniente.
Chile ha suscrito convenios de esta especie con varios países, entre ellos, Argentina, Bolivia, Corea, Costa Rica, Croacia, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Federación de Rusia, Filipinas, Guatemala, Hungría, Israel, México, Nicaragua, Panamá, Polonia, República Checa, República Popular China, Rumania y Venezuela.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó estos tratados por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Larraín, Martínez, Romero y Valdés.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobarán en general y en particular los proyectos de acuerdo.
--Se aprueban.
FACULTADES DE TRIBUNALES ORDINARIOS PARA INVESTIGACIONES EN RECINTOS MILITARES
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite, que fortalece las facultades jurisdiccionales de los tribunales ordinarios de justicia para investigar en recintos militares, con nuevo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2304-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 4ª, en 13 de octubre de 1999.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 21ª, en 25 de enero de 2000.
Constitución (nuevo), sesión 28ª, en 5 de abril de 2000.
Discusión:
Sesión 24ª, en 15 de marzo de 2000 (queda pendiente su discusión).
El señor LAGOS (Secretario).-
Este nuevo informe fue solicitado por acuerdo de la Sala, adoptado en sesión del 21 de marzo pasado.
La Comisión señala, en primer término, que la disposición del inciso tercero del nuevo artículo 158 del Código de Procedimiento Penal que se propone debe ser aprobada con quórum de ley orgánica constitucional, porque contempla una nueva atribución para la Corte Suprema.
Hace presente, además, que analizó los antecedentes relacionados con el proyecto, así como dos indicaciones formuladas en la Sala ¿una modifica el artículo 158 y la otra lo reemplaza- y las opiniones, tanto del Alto Tribunal, cuanto las emitidas por las instituciones de la Defensa Nacional.
El referido órgano técnico aprobó, por unanimidad, la indicación sustitutiva de la citada norma. En consecuencia, propone a la Sala acoger la modificación propuesta en su informe anterior.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Recuerdo a los señores Senadores que se había iniciado la discusión general proyecto y que la Sala pidió devolverlo a la Comisión de Constitución para un nuevo informe, sobre la base de indicaciones pendientes, el que ha sido evacuado por unanimidad. Corresponde, entonces, continuar con el debate en general.
A su vez, un Comité, de acuerdo con las normas que nos rigen, ha pedido a la Mesa que se fije plazo para formular indicaciones. Y en virtud del artículo 118 del Reglamento, ello basta para establecer un término con tal objeto, el que no puede ser inferior a un día. Pero sólo cabe proceder al respecto una vez que medie pronunciamiento en general sobre la iniciativa.
En discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
¿Habría acuerdo para aprobarla, con los votos en contra de los Senadores señores Martínez, Canessa, Vega, Cordero y Stange?
--Se aprueba en general el proyecto (28 votos contra 5), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional requerido.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Cabe señalar que los Comités analizaron la posibilidad de llegar a un acuerdo en el sentido de fijar una fecha para la presentación de indicaciones, el que, en definitiva no prosperó, estimándose que el asunto debería resolverlo la Sala.
Por lo que he escuchado a diferentes señores Senadores, al parecer, el espíritu es que el proyecto pueda ser votado el martes 2 o el miércoles 3 de mayo.
Ahora bien, como fecha razonable para la presentación de indicaciones podría fijarse el próximo lunes 17 de abril, en cuyo caso la Comisión debería reunirse el día 18 a fin de emitir el correspondiente informe. Pero sería imposible para la Sala pronunciarse sobre el proyecto durante esa semana, porque dicho documento debe ser conocido con veinticuatro horas de anticipación.
No obstante, en términos prácticos, es perfectamente factible que la iniciativa reciba indicaciones y que sea votada el miércoles 3 de mayo, porque el día lunes 1 es feriado y hay un fin de semana largo. Así, la Comisión emite su informe, la Mesa lo somete al conocimiento de la Sala el día 3 de mayo y finalmente se vota.
¿Habría acuerdo para fijar este último calendario?
El señor HAMILTON.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HAMILTON.-
Entiendo que la proposición es para aprobar la iniciativa en general ahora y discutirla en particular el 3 de mayo. ¿Es así?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Señor Senador, ya fue aprobada en general. Sólo estamos fijando fecha para la presentación de indicaciones.
El señor HAMILTON.-
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se procederá en lo términos propuestos por la Mesa.
Acordado.
MODIFICACIÓN DE LEYES Nºs 18.287, SOBRE PROCEDIMIENTO
EN JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL, Y Nº 18.290, LEY DE TRÁNSITO. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Corresponde pronunciarse sobre el informe de la Comisión Mixta formada en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política de la República, aprobado por la Honorable Cámara de Diputados y recaído en el proyecto que modifica la leyes Nºs 18.287, sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, y Nº 18.290, Ley de Tránsito.
--Los antecedentes sobre el proyecto (739-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 44ª, en 15 de marzo de 1995.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 34ª, en 12 de septiembre de 1995.
Constitución (nuevo), sesión 28ª, en 27 de agosto de 1997.
Mixta, sesión 29ª, en 11 de abril de 2000.
Discusión:
Sesión 19ª, en 16 de julio de 1996 (queda pendiente la discusión general); 34ª, en 10 de septiembre de 1997 (se aprueba en general y particular).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En discusión el informe.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, informaré brevemente respecto del documento emanado de la Comisión Mixta, que me correspondió presidir.
Luego de no breves discusiones y de un largo período de intercambio de opiniones, logramos resolver las discrepancias producidas, a cuyo respecto recibimos la colaboración no sólo del Ejecutivo, sino también de los jueces de policía local -representados por quienes correspondía- y de personeros del Ministerio de Transportes, todos los cuales debían intervenir sobre la materia y precisar sus puntos de vista.
Después de ese largo debate, me parece que el proyecto está en condiciones de ser aprobado, pues cumple con los propósitos fundamentales de la legislación, originada en una iniciativa del Ejecutivo y que, en lo sustancial, propone reemplazar la notificación personal o por cédula por una mediante carta certificada, en el caso de los infractores del tránsito o de normas sobre transporte que no hayan sido citados personalmente, sino a través de una nota puesta en su vehículo, o a quienes no haya sido posible dejarles esa citación en su vehículo por encontrarse éste en movimiento, cuando no hayan concurrido al tribunal.
Esta propuesta, de acuerdo con el Mensaje, obedece a la necesidad de evitar la distracción de personal de Carabineros en el cumplimiento de estas resoluciones judiciales, lo cual, ciertamente ¿como lo observamos también con motivo de otro proyecto de ley-, va en desmedro de las actuaciones propiamente policiales de esos funcionarios, pues les significa una recarga de actividades administrativas, sobre todo si se considera que la gran mayoría de las infracciones cursadas tanto por Carabineros como por inspectores municipales tienen su origen en la Ley de Tránsito.
Yo diría que éste es el cambio más medular introducido por la iniciativa, la que, por cierto, buscó también desarrollar otros aspectos complementarios en lo que dice relación al tema en comento.
El primero de ellos ¿y constituye el segundo propósito del proyecto- fue la creación de una nómina de deudores morosos en el pago de las multas por infracciones a las normas de tránsito o a las relativas al transporte terrestre, asociada al impedimento de realizar determinadas actuaciones mientras no cumplan con esa obligación.
Una de las dificultades mayores es lograr precisamente la verificación del pago y que éste se efectúe en forma expedita. De ahí que el Ejecutivo propuso la creación de un registro especial, lo que permitirá que se cumplan con mayor eficacia las finalidades perseguidas.
El otro objetivo grueso del proyecto en análisis es facultar a los funcionarios públicos encargados de denunciar las infracciones o contravenciones a las reglas del tránsito y transporte terrestre -esto es, a Carabineros e inspectores fiscales o municipales- para utilizar equipos de registro de infracciones. Éste ha sido uno de los temas que más controversia pública ha suscitado en el último tiempo, pues tales aparatos ¿algunos automáticos, móviles o fijos, según el caso- generan una aplicación discrecional diversa en cada comuna, acerca de la cual los conductores no siempre tienen la correspondiente información de manera anticipada, ni la seguridad de que las infracciones están siendo cursadas por personal debidamente autorizado.
A eso se agrega el incentivo económico que implica para los municipios el hecho de que los recursos provenientes de las infracciones a las normas de tránsito ingresen en arcas municipales. En consecuencia, dado que en ellas se encuentra involucrado el interés tanto de algunas empresas proveedoras de esa clase de equipos como del propio municipio, muchas veces queda poco claro si el objetivo de dichas multas es evitar las infracciones o buscar una forma de recaudar mayores ingresos para la respectiva municipalidad.
Lo anterior ha generado también otro tipo de debate, cual es que pese a que la Ley de Tránsito autoriza el cambio de los límites tope de velocidad de acuerdo con ciertos estudios por parte de los municipios o de la Dirección de Vialidad, la experiencia recogida indica que los estudios no se realizaron y que, por lo tanto, los cambios de las velocidades máximas se efectuaron sin ninguna justificación técnica.
Reitero: ese incentivo económico pareciera haber producido una tremenda distorsión en la aplicación de esta clase de normas.
En atención a lo anterior, luego de varias reuniones entre los Diputados y Senadores que integraron la Comisión, se optó por permitir el uso de determinados equipos de registro pero sólo cuando ellos sean operados directamente por los funcionarios competentes, esto es por carabineros e inspectores municipales o fiscales, sea que lo hagan en forma próxima o distante. Por ejemplo, se acepta la utilización de cámaras a control remoto que una de esas personas autorizadas pueda estar manejando desde una central. De manera que el uso de la tecnología aumentará las posibilidades de evitar accidentes.
También se consigna que las normas de tránsito cuyo cumplimiento se fiscalice mediante el sistema mencionado deberán estar señalizadas en conformidad al Manual de Señalización de Tránsito. Esto será particularmente exigible respecto del aumento o disminución de los límites legales de velocidad que dispongan las municipalidades o la Dirección de Vialidad, para evitar el factor sorpresa, ya que hoy en día pareciera buscarse más bien sorprender a los conductores que impedir los accidentes.
Asimismo, se establece que el empleo de equipos de registro de infracciones se regirá por un reglamento general que se expedirá por intermedio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, al cual deberán ajustarse las municipalidades cuando decidan utilizar ese sistema, previo el estudio técnico respectivo. De este modo se resguardará efectivamente la situación de los conductores.
En vista de la mala aplicación de los equipos automáticos, en la Comisión ¿por iniciativa personal- propuse conceder una amnistía a los conductores de vehículos motorizados que a la fecha hubiesen sido multados por infracciones detectadas por medio de dicho mecanismo.
La Comisión aprobó en forma unánime la concesión de la amnistía, la cual es extraordinariamente importante para reparar la injusticia que en muchos casos se cometió con gran número de personas, a quienes se multó a través de ese sistema (en lo sucesivo se seguirán pautas técnicas para aplicarlo) como consecuencia de los malos criterios con que se estaba utilizando a raíz de los otros objetivos que también se perseguían al cursar las infracciones.
Indudablemente, los efectos de la amnistía no alcanzarán a aquellas personas que ya enteraron las multas en las tesorerías municipales. A ellas no se les reembolsará lo pagado, pero sí podrán solicitar en el Registro Nacional de Conductores que se les borren las anotaciones por concepto de infracciones fundadas en el uso de equipos automáticos de registro.
Así, los conductores que han sufrido las consecuencias negativas de la aplicación, a mi juicio distorsionada o discriminatoria, de esa medida, tendrán la posibilidad de salvar la situación y mejorar sus antecedentes, especialmente en el caso de los choferes profesionales, a quienes tales anotaciones les traen consecuencias muy negativas para el ejercicio de su actividad.
Por todo lo expuesto, es conveniente que el Senado apruebe las enmiendas propuestas por la Comisión Mixta al proyecto que modifica la ley Nº 18.287, sobre procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, y la Nº 18.290, Ley de Tránsito.
El señor VIERA-GALLO.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, como ha señalado el titular de la Comisión Mixta, esta iniciativa, que moderniza distintos aspectos de la justicia de policía local, toca un tema de mucha actualidad en la opinión pública: el uso que los municipios están haciendo del llamado "autovelox" para cursar multas a las personas que infringen ciertas normas del tránsito al no respetar la señalización que los propios municipios instalan, muchas veces sin atenerse a criterios de racionalidad.
Cabe precisar que en las municipalidades existe una verdadera anarquía respecto de las disposiciones del tránsito, en especial en lo atinente a los límites de velocidad. Al automovilista se le sorprende con letreros que apenas le permiten enterarse de lo que dicen, o que son abiertamente irracionales.
En el caso de las carreteras, en el último tiempo el Ministerio de Obras Públicas, a través de un decreto publicado en el Diario Oficial, se ha empeñado en homologar varias normas, pero la verdad es que algunas de ellas tampoco son suficientemente racionales, dado el estado de las autopistas (cuando existen) y el tipo de vehículos que hoy circulan.
Al respecto, es importante hacer resaltar lo establecido por la Comisión Mixta en el artículo 2º transitorio, en el sentido de que los límites de velocidad ¿y, por consiguiente, el uso de aparatos automáticos de registro- "deberán justificarse, dentro de seis meses, por medio de un estudio elaborado de acuerdo a los criterios que contempla el Manual de Señalización de Tránsito en su Capítulo VIII, "Definición de Velocidades Máximas", que fue incorporado mediante decreto supremo Nº 186, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de 1999.
"Vencido dicho plazo, los respectivos aumentos o disminuciones en el límite de velocidad quedarán sin efecto por el solo ministerio de la ley, y deberán retirarse las correspondientes señales que se encuentren instaladas en la vía.".
Para el ciudadano corriente, lo anterior quiere decir que los municipios y el Ministerio de Transportes tienen que adecuar las señalizaciones del tránsito a ciertos criterios de racionalidad comunes para todo el país. Seguramente los señores Senadores han podido apreciar en sus circunscripciones la anarquía existente en ese aspecto y cómo esto se vierte en contra de los automovilistas, quienes deben pagar multas que ¿curiosamente- van en beneficio municipal. O sea, hay una especie de círculo vicioso: el municipio impone normas irracionales, los automovilistas las infringen (porque van más allá de toda lógica) y, entonces, a través de una máquina automática se les cursa una multa a favor de ese mismo municipio.
La justificación para proceder de esa manera es la seguridad en el tránsito. Pero ésta, para ser tal, debe fundamentarse en normas que se avengan con la realidad del transporte moderno y que, además, sean conocidas y lógicas para ser aceptadas por la ciudadanía.
Por eso, en el texto aprobado por la Comisión Mixta se propone una suerte de suspensión en el uso del llamado "autovelox" mientras las municipalidades y el Ministerio de Transportes hacen las adecuaciones al decreto supremo Nº 186, de 1999.
Por otra parte ¿como indicó el señor Presidente de la Comisión-, se establece una amplia amnistía para todos quienes hayan sido "víctimas" de alguna infracción cursada sobre la base del uso de equipos automáticos de registro. En mi opinión, esto también es para la ciudadanía de enorme trascendencia e importancia.
Ahora debiéramos ir a una reforma mucho mayor, dirigida a desvincular la multa por infracción a la Ley de Tránsito del ingreso de los fondos a las arcas municipales, porque esa ligazón es el círculo vicioso causante de todos los problemas que hoy enfrentamos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, estoy por completo de acuerdo con el informe de la Comisión Mixta.
Miles de automovilistas se han sentido conmocionados por el procedimiento que emplean muchos municipios, el que se ha utilizado como una manera de recaudar fondos, castigando así a los automovilistas en forma que estimo absolutamente injustificada y, diría, casi traicionera. He sabido de personas que acumularon 18 infracciones cursadas, curiosamente todas en la misma cuadra en donde se encontraban instalados los fotorradares. Los partes correspondientes se habían recibido después de siete meses de haberse cursado. Si el afectado hubiese recibido las notificaciones a los veinte días, habría sabido que estaba repitiendo determinada infracción. Pero hubieron de transcurrir siete meses antes de que recibiera, de una sola vez, los 18 partes que le imponían multas de 36 mil pesos cada una. Mediante ese procedimiento, muchos automovilistas cayeron en las verdaderas trampas colocadas en diversas calles de las ciudades, así como en las carreteras.
Por eso, con la normativa que se está estableciendo por la vía legal, estamos protegiendo los intereses de los ciudadanos. Ninguno de nosotros quiere que se abuse de la legislación, ni que se incurra en excesos de velocidad. Estamos por proteger la vida de las personas. Pero me pregunto: ¿es realmente ése el interés de los alcaldes y de los municipios? ¿Qué pasaría si las multas, en vez de constituir ingresos municipales, fueran destinadas a las arcas fiscales? ¿Existiría el mismo celo para emplear el sistema de fotorradares en los caminos y calles? Evidentemente, no. Aquí ha estado primando el interés económico de los municipios; no la protección de la vida de las personas.
Por tales razones opino que estamos haciendo justicia a la ciudadanía y propendiendo a entregar reglas del juego claras; a disponer de una señalización uniforme, no antojadiza y distinta según se trate de un municipio o de otro, sino regulada y vigente para todas las ciudades y carreteras.
Repito, estoy por completo de acuerdo con el informe de la Comisión Mixta. Lamento, sí, que el artículo 3º, que concede la amnistía (muy bienvenida, por supuesto) signifique, como siempre, que se castiga al cumplidor: quien pagó no tiene garantía alguna. Eso ha sucedido igualmente en tantas leyes sobre condonación de deudas, en las que siempre se protege y se ayuda al que no paga; en cambio, quien responde a sus obligaciones siempre resulta castigado y prácticamente sin ningún beneficio.
En otros países, cuando se dictan leyes de condonación, al que ha pagado se le da, por lo menos, una garantía, un bono que puede descontar de futuros impuestos. En este caso, sin embargo, nosotros estamos condonando solamente las multas no pagadas; y a quien sí las pagó únicamente le es posible la eliminación de anotaciones en su registro, ya que sólo se ha hecho constar la patente, y no el nombre de la persona que cometió la infracción. Se ha castigado al dueño del vehículo, y no al infractor.
Con mucho agrado votaré favorablemente el informe, porque creo que hace plena justicia a los habitantes del país.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, el año pasado, en hora de Incidentes, me referí efectivamente al problema que se estaba suscitando por el enorme abuso que cometían algunos municipios. En esa oportunidad pedí al entonces Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Marcelo Schilling, que se modificara la Ley de Municipalidades para que el dinero proveniente del pago de multas por infracciones a la Ley de Tránsito ingresara a fondos fiscales, y no a los presupuestos municipales. Señalé entonces que se estaba produciendo una especie de alianza entre la gente que fiscalizaba y las municipalidades. Éstas fijaban a los conductores límites de velocidad absolutamente irracionales, que no obedecían a estudio alguno. Luego mandaban a fiscalizar, y después se quedaban con el dinero producto de las multas. También hice notar que tal procedimiento causaba un tremendo desprestigio tanto a las municipalidades cuanto a las empresas que operaban los fotorradares y en ocasiones también a los carabineros. Es necesario observar que muchas veces uno tenía la sensación de que las municipalidades pedían a los carabineros que extendieran cierto número diario de partes, ofreciéndoles a cambio la construcción de un mejor cuartel, o proporcionarles radiopatrullas, o equipos de comunicaciones, o incluso bencina.
Manifesté por aquella época que todo eso se debía en gran parte al pésimo presupuesto con que cuenta Carabineros para el cumplimiento de sus funciones, el que muchas veces era necesario aumentar con dinero proveniente de las municipalidades, y es así como se producía esa relación, a mi juicio, indebida.
Recibí la respuesta del señor Schilling, que era un rotundo no. Sin embargo, estimo que éste es un asunto que tendremos que abordar en el futuro. Desgraciadamente, el Senado carece de facultades para llevar adelante iniciativas de ley al respecto. Por ello, nuevamente quiero pedir al Ejecutivo que estudie esta posibilidad.
Ahora estamos corrigiendo algunas de las causas que originaron esa clase de abusos y de desprestigio. Pero debo advertir que quedan todavía muchas otras pendientes que tendremos que ver más adelante.
En primer lugar, soy una convencida de que la fiscalización debe tener como único objeto evitar la inmensa cantidad de accidentes que en nuestro país producen una secuela enorme de muerte e invalidez. Chile registra una tasa de accidentes en verdad vergonzosa. Desgraciadamente, insisto, hasta ahora la fiscalización se realiza más con el ánimo de recaudar dinero para las municipalidades que de disminuir la tasa de accidentes. Por eso, la fiscalización debiera estar de alguna manera guiada por estudios que indiquen cuáles son los factores que inciden en la ocurrencia de accidentes; a qué hora, dónde se producen, en qué comunas, a qué tipo de gente afectan. Tenemos que ir incentivando el que la fiscalización tenga como fin concreto disminuir los accidentes y la inmensa proporción de muerte e invalidez que causan.
Eso no se está haciendo hoy, y no se va a hacer mientras el dinero de las multas siga captándose por las municipalidades.
En segundo lugar, si el dinero ingresara a fondos fiscales también tendríamos oportunidad de disponer de medios que posibiliten, por ejemplo, el mejoramiento de la señalización, la construcción de cruces peatonales adecuados y corregir todas aquellas condiciones que los estudios señalen como causa de accidentes. El dinero no puede destinarse a pagar la luz y el agua de las municipalidades; por el contrario, tiene que servir nuevamente para evitar pérdida de vidas y accidentes en general.
También es necesario decir que falta, obviamente, reordenar las penalidades. No puede ser que desplazarse a 55 kilómetros por hora en una vía que tiene señalado 50 como máximo constituya una falta gravísima. Es inadmisible que se considere dicha falta merecedora de la misma sanción que la de circular a 170 kilómetros por hora en una zona donde la velocidad máxima se ha fijado en 100. Hoy ambas conductas reciben la misma penalidad según la ley, lo cual es un contrasentido.
Tenemos que preocuparnos, por ejemplo, del tema de los camiones y los buses. Tales vehículos, señor Presidente, a pesar de constituir, según las estadísticas, sólo el 8 por ciento del parque automotor chileno, aparecen involucrados en el 46 por ciento de las muertes ocurridas en accidentes. Obviamente, ahí tenemos un problema, que tiene que ver con las escuelas de conductores, con el hecho de estar sometidos a límites de velocidad distintos y con muchos otros aspectos que deben ser abordados.
Me alegro de que esta iniciativa sea un primer paso; sin embargo, es un primer paso que únicamente ayudará a disminuir los abusos, pues no aborda el asunto principal, que es bajar la cantidad de muertes por accidentes del tránsito. En esto último queda mucho por hacer y parte de ello nos corresponde a nosotros en el Congreso. Desgraciadamente, en algunas materias necesitamos el concurso y la iniciativa del Ejecutivo.
Me alegra que se esté dando un primer paso, pero es sólo eso, un primer paso, y tenemos que dar muchos más.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
El señor MORENO.-
Señor Presidente, no puedo negar un cierto grado de ambivalencia al pronunciarme sobre este proyecto. Primero porque él, por una parte, busca regular el tráfico, sobre todo en carreteras y caminos urbanos y semiurbanos -dentro de las ciudades en forma más limitada- y por la otra, intenta legislar sobre una situación pasada.
Respecto a la situación pasada, el hecho objetivo es que quienes se benefician con esta iniciativa son personas que infringieron la ley al superar el límite de velocidad. Ése es un hecho irreversible. Por lo tanto, uno debe estar consciente de que, aun cuando no haya estado avalado por un mecanismo de vigilancia o de otorgamiento de la sanción in situ -por decirlo de alguna manera-, el hecho se mantiene como un incumplimiento de la ley o, por lo menos, de la normativa vigente.
Eso es parte de mi ambivalencia.
Lo segundo, señor Presidente, es que, en mi opinión, debe establecerse en esta materia un criterio homogéneo a lo largo del territorio nacional. El aumento poblacional y, sobre todo, la afluencia de grupos campesinos hacia localidades que antes eran carreteras ha convertido el punto en un tema nuevo y distinto. Gran parte de las municipalidades, en especial las de zonas rurales, han entrado a instalar aparatos del tipo mencionado precisamente para responder a un criterio que no se previó cuando fueron establecidos los poblados. Entre las comunas que represento, hay una que emplazó tres aparatos en una distancia menor de mil metros, en la que además hay un retén de Carabineros. Por lo tanto, es casi una especie de deporte eludir esos instrumentos dentro de un poblado rural, lo cual, obviamente, no produce ningún efecto real desde el punto de vista de controlar lo que ahí ocurre.
En consecuencia, lo deseable ¿y pido oficiar en este sentido- sería una normativa homogénea en toda la República, de acuerdo con el tipo de localidad de que se trate, en lo que se refiere a límites de velocidad.
El señor VIERA-GALLO.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor MORENO.-
Con todo agrado, con la venia de la Mesa.
El señor VIERA-GALLO.-
Gracias.
Se acaba de publicar un decreto¿
El señor MORENO.-
¡Y no se cumplió!
El señor VIERA-GALLO.-
Él establece una forma de llevar a cabo lo que el Honorable señor Moreno ahora solicita. En conformidad a dicho decreto, cada municipalidad deberá presentar un plan, el cual tendrá que ser aprobado por el Ministerio de Transportes.
Entonces, si el decreto se cumple ¿como esperamos que lo sea-, la uniformidad que plantea Su Señoría se dará en todo el país. De ahí que se haya establecido en este proyecto un plazo de vigencia posterior.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Puede continuar el Honorable señor Moreno.
El señor MORENO.-
Agradezco la aclaración al Senador señor Viera-Gallo.
El señor RÍOS.-
¿Me permite otra interrupción, señor Senador? Le ruego disculparme.
El señor MORENO.-
Si el señor Presidente lo permite, no tengo inconveniente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente, lo que acaba de indicar el Senador señor Viera-Gallo no corresponde a la realidad legislativa actual, porque el Ministerio interviene en las áreas comunales en acciones propias de transportes sólo cuando la ley lo permite, pero no cuando se trata de una norma fijada por la municipalidad correspondiente.
Ruego leer el artículo 3º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
El señor MORENO.-
Hay un segundo punto que deseo mencionar en el Senado y sobre el cual quiero pedir que se oficie, en mi nombre, al Ministerio de Obras Públicas. La señalética chilena ¿vale decir, las señales camineras- es, probablemente, uno de los elementos más precarios que tenemos si la comparamos con la de muchos países de América Latina, para no mencionar a los de otras regiones y a los europeos. En las zonas rurales uno tiene que ser un verdadero detective para descubrir dónde empieza y dónde termina un camino y, en consecuencia, decidir qué ruta tomar. No existe cultura señalética en el país. Quizás nuestros antecesores en el tiempo tenían mejor vista, porque los letreros están escritos con letras tan pequeñas que prácticamente resulta difícil leer lo que indican, incluso si la persona se desplaza conforme a los límites de velocidad permitidos.
Por eso, señor Presidente, pido oficiar al Gobierno para que, a través del Ministerio de Obras Públicas, se inicie un plan que modifique el sistema señalético chileno, comenzando por las zonas rurales, porque es ahí donde se halla el símbolo de progreso y desarrollo de una determinada localidad. Debe informarse oportunamente cómo llegar, cómo salir y cuáles son los límites de velocidad.
Finalmente, deseo agregar un comentario.
A pesar de haber escuchado a algunos Honorables colegas una opinión distinta, pienso que las eventuales multas deberían ir a las municipalidades. Yo represento a 33 de ellas, algunas muy pequeñas y pobres. Y creo que quitarles los ingresos provenientes de los partes cursados por infracciones a la Ley del Tránsito prácticamente significaría dejarlas nada más que para mirar el paso de los vehículos a través de ellas.
Por lo tanto, y más allá de las modificaciones que pudieran plantearse, considero conveniente determinar que lo percibido por estos conceptos irá en beneficio de la comuna y de la región donde se haya incurrido en la falta.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.
El señor VIERA-GALLO.-
Habría que enviarlo en nombre de los varios Senadores que también estamos de acuerdo.
El señor LAGOS.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Está inscrito a continuación el Honorable señor Parra.
El señor LAGOS.-
Sólo quiero dar una información en relación con lo que acaba de mencionar el Senador señor Moreno.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Puede usar de la palabra, Su Señoría.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, hace poco nos reunimos con el señor Ministro de Obras Públicas y de Transportes, a quien le transmitimos la preocupación expresada por el Honorable señor Moreno. Estamos trabajando junto con el Ministerio, precisamente para corregir todas las falencias de la señalización carretera y otras.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se enviarían los oficios solicitados por el Honorable señor Moreno, en nombre del Senado, conforme al planteamiento de varios señores Senadores.
Acordado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Parra.
El señor PARRA.-
Señor Presidente, el proyecto en debate nos plantea, sin lugar a dudas, una situación muy especial. Con esto no quiero levantar una objeción de procedimiento, sino sólo llamar la atención de la Sala, porque, seguramente, se trata de una situación que no se había producido antes.
Como consta en el propio informe, la Comisión Mixta reformuló íntegramente el texto original. Esta tarde debemos votar el proyecto en su conjunto, aprobándolo o rechazándolo, con lo que la discusión particular que en su minuto se dio en la Sala queda absolutamente sin efecto, y además nosotros perdemos toda posibilidad de tener ahora el debate más a fondo que una materia como ésta naturalmente merece.
Con todo, la iniciativa representa un claro avance respecto del estado actual de la legislación y, en mi opinión, debe ser votada favorablemente.
Quiero, sí, llamar la atención sobre un aspecto particular. El nuevo artículo 22 de la ley Nº 18.287 introduce un mecanismo de incentivo para el pago de las multas, con el propósito de que el conductor denunciado por una infracción a las normas del tránsito reconozca la infracción y proceda sin más al pago de la multa, la que queda reducida en 25 por ciento.
No hay un procedimiento claro para que esa norma opere. Y presumo que entre los distintos juzgados de policía local va a haber prácticas diferentes, lo que me parece inconveniente. Sería deseable que hubiera sobre el particular una norma reglamentaria y de carácter orientador.
Sin embargo, esa norma debiera producir un impacto muy fuerte en el buen funcionamiento de los juzgados de policía local. Conforme a las estadísticas del INE correspondientes al año 1997, el total nacional de asuntos ingresados a ellos ¿hoy día se encuentran colapsados- alcanzó a 2 millones 39 mil 621, de los cuales un millón 497 mil 955 corresponden a infracciones del tránsito. De manera que esta norma, si produce los efectos que se pretenden, va a descongestionar considerablemente el funcionamiento de los juzgados de policía local; y constituye una clara ventaja. Pero para ese efecto, es necesaria, sin duda, una norma orientadora que facilite la aplicación del precepto.
Además, quiero aprovechar la presencia en la Sala del señor Ministro de Justicia para referirme al tema aquí abordado prácticamente en todas las intervenciones: el destino de las multas por infracciones a la Ley del Tránsito.
Debe tenerse presente que hoy en día la justicia de policía local es de costo municipal. Eso determina que haya muchísimas municipalidades, sobre todo rurales, que no han podido crear tal tipo de tribunales, con desventaja en el funcionamiento del aparato jurisdiccional del país respecto a otras comunas más pobladas y más poderosas, que sí cuentan con tal herramienta.
En mi opinión, el tema del destino de las multas no puede separarse de la organización general de nuestro sistema judicial. Y en ese sentido lamento que en la ley adecuatoria fundamental para la implementación de la reforma procesal penal no haya normas que digan relación a la justicia de policía local, carencia que necesariamente deberá ser reparada cuando este proyecto se conozca en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Quiero pedir al señor Ministro de Justicia una especial consideración sobre este tema.
Evidentemente, en la medida en que el Estado garantice la existencia de una administración de justicia bien configurada en los diferentes niveles y en todo el país, el tema del destino de las multas podrá ser fácilmente superado. Pero no puede aislarse una cosa de la otra, así como tampoco separarse la justicia de policía local del sistema de justicia penal, sin faltar entre otras cosas a lo que la propia Constitución y el artículo 3º del Código Penal disponen. Hay ahí una omisión que debe empezar a salvarse.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, respecto del proyecto en debate ¿el cual contiene numerosas normas de procedimiento que dicen relación al tema de los juzgados de policía local- se ha argumentado sobre el destino de las multas por infracciones a la Ley del Tránsito. Creo que realmente nosotros debiéramos buscar ¿probablemente ya no se pueda hacer a través de esta iniciativa de ley, pero sí en lo futuro- un método para desvincular que sea a beneficio municipal, por cuanto ello, a nuestro juicio, trae consigo una distorsión de lo que es en definitiva un juzgado de policía local: un tribunal de justicia. Y no puede ser que él, de una u otra manera, esté sometido a un municipio y que éste pueda verse beneficiado con el resultado de dicha acción de justicia.
El financiamiento de los municipios ¿que es un tema importante- deberá buscarse por otra vía, a través del Fondo Común Municipal, sea mediante el Presupuesto Nacional o sea por otra vía. De manera que podría buscarse un sistema en que, a través del presupuesto municipal, se pudiera estar financiando todas las obras que hoy día se realizan a través de las multas. Pero no me parece que sea un criterio sano o conveniente el que la propia municipalidad se beneficie con lo que, a veces, resultan ser infracciones sugeridas o recomendadas por funcionarios municipales u otras personas con capacidad para imponerlas. Si actualmente ello constituye un medio de financiamiento, creo que estamos ante un mal camino.
En mi opinión, las municipalidades, por el contrario, al igual que otros órganos del país, debieran contribuir a difundir las normas del tránsito, a hacer que las personas las conozcan, las apliquen ¿labor de educación-, pero no a lucrar con las infracciones.
Sin dejar de reconocer los importantes recursos que van a las municipalidades, el mecanismo actual podría ser probablemente la base de una distribución de los recursos a través de otro sistema de ingresos municipales. Pero no me parece conveniente ni adecuado el que se beneficien las municipalidades con los ingresos por multas, especialmente cuando se da la posibilidad de que ellas estimulen a sus inspectores para imponer infracciones.
A mi juicio, la instrucción, la difusión y la mayor cultura que puedan lograr los conductores como consecuencia de programas de capacitación es la mejor manera de evitar los accidentes del tránsito y de lograr que, en definitiva, no se produzcan los efectos tan dramáticos que día tras día vemos en aquéllos.
Lo ideal en una comuna es que no haya infracciones y que las personas pudiesen respetar siempre las normas del tránsito. Por lo tanto, ese ideal, obviamente, va en contradicción con los intereses de las municipalidades, porque ellas no recibirían recursos. Y eso, a nuestro entender, está mal planteado. Por eso, en algún momento, vamos a tener que estudiar la posibilidad de eliminar el sistema que permite que los ingresos por multas de tránsito vayan a las municipalidades y se destinen a un fondo común o a incrementar los fondos generales de la Nación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
¿Habría acuerdo para aprobar el proyecto?
El señor CORDERO.-
Con mi abstención.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Con la abstención del Honorable señor Cordero, queda aprobado con 33 votos a favor y una abstención.
PROTECCIÓN DE DERECHO DE SINDICACIÓN Y CONDICIONES
DE EMPLEO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto signado con el número 4 de la tabla, relacionado con el proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados que aprueba el Convenio Nº 151 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre "La protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública", con informe de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Previsión Social, unidas.
--Los antecedentes sobre el proyecto (1958-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 28ª, en 22 de enero de 1997.
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 26ª, en 26 de agosto de 1997.
Trabajo, sesión 26ª, en 26 de agosto de 1997.
Relaciones Exteriores y Trabajo, unidas (nuevo), sesión 23ª, en 14 de marzo de 2000.
Discusión:
Sesiones 33ª., en 9 de septiembre de 1997 (queda para segunda discusión); 34ª., en 10 de septiembre de 1997 (se aplaza su discusión) ); 3ª., en 9 de junio de 1998 (se aplaza su discusión); 5ª., en 10 de junio de 1998 (queda pendiente su discusión).
El señor LAGOS (Secretario).-
Se trata de un nuevo informe de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Previsión Social, unidas, recaído en el proyecto de acuerdo a que ya se hizo referencia, el cual se encuentra en segundo trámite constitucional.
Según el informe, el principal objetivo de esta iniciativa es modernizar las relaciones laborales en la Administración Pública, fortaleciendo los mecanismos y prácticas orientadas a establecer formas apropiadas de participación de los trabajadores en los campos y materias que les afecten laboralmente.
De acuerdo con los antecedentes contenidos en el informe, puesto en votación el proyecto, fue aprobado por tres votos a favor, uno en contra y una abstención.
En su parte resolutiva, el informe propone aprobar la iniciativa en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente, deseo consultar a los miembros de las Comisiones unidas y, eventualmente, al señor Ministro -presente en la Sala- la razón por la cual este tema, propio de la actividad laboral del país y que representa, sin duda alguna, la acción de varios miles de trabajadores, como son los que laboran en la administración pública, es tratado a través de un convenio internacional y no de un proyecto de ley claro y definido, enviado por las autoridades nacionales para que se discuta en el Parlamento, teniendo presente nuestra propia realidad.
Señalo lo anterior, porque, efectivamente, desde hace muchos años los funcionarios públicos tienen una organización reconocida, pero con características muy especiales, distintas a los gremios y organismos sindicales del ámbito privado, y han desarrollado actividades con presencia pública importantes.
Tengo la sensación de que el Convenio ¿al examinarlo más en detalle- pretende autorizar dicha estructura al interior de la administración pública. Ello está bien. Sin embargo ¿insisto-, ¿por qué motivo se utiliza ese mecanismo internacional y no una norma legal creada por nosotros conforme a nuestra realidad laboral fiscal?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor SOLARI (Ministro del Trabajo y Previsión Social).-
Señor Presidente, la idea de aprobar el Convenio se halla ligada a la política del Gobierno de Chile en el sentido de hacerse parte de normas internacionales, en una serie de capítulos, con la adecuada adaptación a nuestra realidad.
Efectivamente ¿como señaló Su Señoría-, el Estado de Chile ha dictado sus propias normas al respecto. Existe una normativa muy importante, la ley Nº 19.296, que rige las formas de organización de los funcionarios de la administración pública, establece los términos en que procede la afiliación a asociaciones y consagra los derechos que a éstas les corresponde, los cuales pueden ser pedidos o reivindicados. Sin embargo, si bien hay toda una política que el Gobierno de Chile desea llevar adelante, en el sentido de modernizar las relaciones laborales en el sector público, no es menos cierto que en nuestro país existe una serie de prácticas que no se hallan formalizadas. Hay formas que podrían ser calificadas de "negociación" sin serlo, y es evidente que en el futuro se requiere que todas ellas sean establecidas institucionalmente mediante leyes. Esto se encuentra pendiente y está en la agenda del Gobierno y del Ministerio que presido.
En lo que respecta a la materia establecida en el Convenio, ella es compatible con la ley Nº 19.296 en sus aspectos específicos: promueve la organización de los funcionarios que trabajan para el Estado; plantea distintas opciones de negociación con relación a los distintos temas y demandas de que se trata, pero no impone obligaciones especiales para los Estados, sino sólo respecto de la forma como éstos deseen establecerlas.
Deseo señalar que en las Comisiones unidas, conforme a algunas observaciones específicas formuladas en ella, en primer lugar, se apreció que existe cierta jurisprudencia respecto de la normativa de la OIT que excluye expresamente, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas y de Orden, de la aplicación de las disposiciones del Convenio en análisis.
En segundo término, el referido instrumento internacional mantiene el carácter de personal, voluntario e indelegable al deseo de adherir a una asociación; promueve normas de libertad sindical, y también -algo que me parece muy importante- la independencia de estas organizaciones respecto de los Gobiernos de turno. En su conjunto, plantea una serie de aspectos que, a nuestro juicio, permiten la adaptación de Chile a él sin imponer obligaciones que modifiquen leyes vigentes ni generar dificultades adicionales. Nos estimula a modernizar nuestras relaciones con el sector público y, sobre todo ¿insisto-, a institucionalizar algunas de sus prácticas que hoy se llevan a cabo en forma ajena a toda norma legal.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz De Giorgio.
El señor RUIZ (don José).-
Señor Presidente, me parece conveniente también aclarar que la aprobación del Convenio obligará al Gobierno a acelerar sus contactos con el sector público para establecer por ley mecanismos que regulen lo que hasta este momento ha sido una forma de relación quizás un tanto especial para resolver sus demandas.
Deseo hacer notar que el mundo en que hoy vivimos es, quizás, el peor. Si bien hay normas que establecen exigencias, incluso a la propia autoridad, frente a acciones realizadas por los trabajadores del sector público, no es menos cierto que, en más de una oportunidad, hemos visto paralizaciones de actividades del sector público que están absolutamente al margen de la ley.
No existen mecanismos claros, establecidos en disposiciones legales, para que los trabajadores estatales puedan canalizar sus demandas y, por esa vía, encontrar una suerte de solución a sus problemas.
Se avanzó en esta materia al establecer la organización de los trabajadores del sector público en forma legal y permitirles, de esta manera, tener representación. Sin embargo, aún se halla pendiente el problema de la resolución de los conflictos al interior de la administración pública.
En mi opinión, si bien es cierto que el Convenio en análisis no obliga al Gobierno a establecer en forma perentoria un mecanismo legal, sí lo fuerza a determinar fórmulas, que pueden ser de hecho, donde los trabajadores del sector público tengan la oportunidad de representar sus demandas. Al mismo tiempo, se contemplen las maneras de resolverlas.
En cuanto a la huelga ¿tema que realmente puede preocupar, con justa razón, a la comunidad-, no existe Convenio alguno con la OIT que obligue a que los trabajadores del sector público tengan derecho a ella. Esta materia queda entregada absolutamente a las legislaciones nacionales. Por lo tanto, ningún Convenio con dicho organismo internacional ¿ni éste u otro alguno- obliga a establecer el derecho a huelga para el sector público.
Por lo tanto, considero conveniente aprobar el Convenio en comento y que éste, asimismo, nos fuerce, como Estado chileno, a buscar mecanismos de solución a conflictos -que surgen y no podemos ignorar- y a no permitir que éstos se salgan del marco legal y pongan en un momento dado en riesgo incluso la vida de las personas.
Al respecto, me pregunto, por ejemplo, ¿qué ocurre ¿ya ha sucedido- cuando ha habido paralización en los hospitales, donde a veces no quedan los suficientes funcionarios públicos para atender incluso los casos de emergencia?
En consecuencia, se requiere claramente una normativa que dé cauce a inquietudes, a aspiraciones, que son legítimas de los trabajadores, pero que en un momento determinado no pueden dejarse entregadas solamente a la voluntad de las partes. Me parece que debe existir una regulación, y, por eso, el proyecto de acuerdo en análisis debe forzar al Gobierno a acelerar las conversaciones con el sector público, a fin de que, ojalá, en un período próximo contemos con la legislación que reclamaba el Senador señor Ríos y que, a mi juicio, hace falta establecerla en el país en forma más categórica y más clara, lo cual sería un avance importante.
Me parece que la aprobación del Convenio, lejos de perjudicar, constituye ¿como señaló el señor Ministro- un incentivo para seguir avanzando en el camino que hemos iniciado hace un par de años.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, es obvio que el mayor grado de conflicto laboral en estos tiempos se da en la administración pública. Pero es un conflicto laboral, en realidad, muy raro, que no obedece prácticamente a norma alguna.
En general, los funcionarios públicos no tienen derecho a huelga, pero ésta se produce y además surte efectos, porque ellos logran lo que persiguen.
Se dice que los funcionarios públicos son inamovibles. Sin embargo, he sabido que a muchos se les hace la vida imposible hasta que finalmente renuncian. Y no existe indemnización para estos trabajadores cuando pierden sus empleos.
Recuerdo que hace poco tiempo discutimos en el Senado un proyecto que facultaba al Superintendente de Electricidad y Combustible para despedir arbitrariamente a 35 por ciento de los funcionarios de ese organismo, obviamente sin que recibieran indemnización alguna.
Las jubilaciones de los funcionarios públicos son un desastre y un caos. Son un desastre porque el monto de las pensiones es bajísimo. Ello se debe a que desde hace mucho tiempo una parte importante del sueldo no es imponible. Además, son un caos, y quiero señalar como ejemplo la situación ocurrida en INDAP.
Hasta hoy día INDAP mantiene en su planta dos cargos vacantes en el grado 6º. Entonces, todos los meses renuncian dos funcionarios, por ejemplo, de grado 11 ó 13; ese mismo día son contratados en los puestos vacantes, y jubilan a los 15 días con el grado 9º del escalafón. Al día siguiente renuncian otros dos funcionarios de grado 10 ó 12; son contratados en el grado 6º y luego jubilan. Así, cada mes se pensionan en forma absolutamente irregular cuatro funcionarios grado 6º, los que obviamente antes ejercían en los grados 10 a 13. Sin embargo, todo esto ha ocurrido con el consentimiento de la Contraloría General de la República, a mi juicio ¿reitero-, en forma absolutamente irregular e ilegal.
Pero esa realidad se vive, desgraciadamente, en gran parte de la Administración Pública.
Por otro lado, los aguinaldos del sector público no son imponibles; en cambio, en el privado naturalmente sí lo son. Frecuentemente aquí aprobamos bonos, bonificaciones, etcétera, para los funcionarios públicos, los cuales no son imponibles, ni tributables, algo que en el sector privado sería absolutamente inaceptable.
En verdad, considero casi un chiste que aprobemos un convenio internacional que no dispone nada, y que nunca hayamos debatido los temas de fondo.
Por lo tanto, anuncio que votaré en contra, porque basta ya de aprobar tratados sin sentido, que no regulan nada, y mientras tanto se mantienen conflictos absolutamente al margen de la ley. Prácticamente todo lo que sucede en la actualidad en el sector público, en lo que se refiere a administración de personal, está al margen de la ley. Y así es como opera el sistema. Pienso que el convenio no incentiva nada, sino que nuevamente es un saludo a la bandera, sin que se resuelva absolutamente ningún problema.
De la misma manera como, en su momento, defendí a los funcionarios de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, donde se pretendía despedir a 35 por ciento de ellos, así también, en los próximos días, defenderé a los empleados públicos de otros organismos estatales ante la justicia. Es hora ya de que nos dediquemos en serio a regular la administración de personal en el sector público. Y me parece que el convenio que nos ocupa no contribuye en absoluto a ese objetivo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Debo hacer una aclaración a Su Señoría, porque hay un cargo muy complejo respecto de que una persona pueda renunciar y ser contratada en otro grado en el mismo servicio. Si el funcionario pertenece al sistema previsional antiguo, como hoy no existe lo que se denominaba "perseguidora", al jubilar recibe como pensión el promedio de las últimas rentas recibidas durante un período de tiempo, que va de uno a tres años.
La señora MATTHEI.-
No, señor Presidente, porque se le suprime el cargo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En segundo término, si está en el nuevo sistema previsional, su pensión se calcula de acuerdo con los fondos ahorrados en su propia cuenta individual.
Lo señalado por la señora Senadora es muy grave; por lo tanto, si dispone de esos antecedentes, sería bueno remitirlos al Gobierno para aclarar la situación.
La señora MATTHEI.-
Traeré todos los datos, las copias de las resoluciones, y daré a conocer la figura que se usa cuando se suprime el cargo. De tal manera que¿
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Pero aun suprimiendo el cargo, no se incrementa la pensión de los jubilados.
La señora MATTHEI.-
¡Sí se le aumenta!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Habría que demostrarlo, porque la pensión se calcula según el promedio de las últimas rentas y no considerando el último sueldo que recibió el funcionario.
La señora MATTHEI.- No es así, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.
El señor PÉREZ.-
Señor Presidente, quiero formular al señor Ministro cuatro preguntas en relación con el convenio sometido a nuestra aprobación.
La primera trata de una materia citada un poco por el Senador señor Ruiz, y se refiere a qué sentido tiene la negociación colectiva en el sector público si no se permite la huelga. El artículo 19, número 16º, de la Constitución Política de la República prohíbe declararse en huelga a los funcionarios del Estado. De modo que si no hay una solución a alguna controversia generada entre el empleador y los trabajadores públicos, ¿qué sentido puede tener la negociación colectiva?
La segunda consulta es si se realizarán cambios a raíz de este convenio, el que constituye un tratado internacional en la legislación chilena.
Por otra parte -según las palabras del Senador señor Ruiz-, hay que avanzar respecto de esta materia. Entonces, cabe preguntar francamente al señor Ministro si con este convenio se pretende o está dentro de las políticas fiscales formular cambios a la legislación vigente sobre el trato laboral en el sector público.
Finalmente, ¿cómo un tratado que prima sobre las leyes podría ser invocado por las Fuerzas Armadas, que son parte del sector público, para exigir en el futuro una negociación colectiva?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor SOLARI (Ministro del Trabajo y Previsión Social).-
Señor Presidente, en relación con la última pregunta, debo manifestar que tanto la ley vigente en materia de asociaciones, como el propio convenio en consideración de la Sala, excluyen expresamente a las Fuerzas Armadas. Es decir, la Comisión de Normas de la OIT, así como la jurisprudencia del Comité de la Libertad Sindical siempre han estimado que la expresión "hasta qué punto" -que se refiere hasta qué punto lo decidan las autoridades internas- significa que se puede llegar al "punto cero".
En consecuencia, no existe ninguna obligación de las normativas nacionales en relación con las Fuerzas Armadas y Carabineros. La legislación interna descarta a estas instituciones, tanto de la asociación funcionaria como de toda otra expresión de negociación colectiva. Aquéllas están totalmente fuera del dominio del convenio, en forma clara y explícita, según las propias normas de la OIT, su jurisprudencia y las leyes internas vigentes en materias de asociación de funcionarios y de negociación colectiva.
Por lo tanto, no hay ninguna vinculación posible entre la aprobación de este convenio y alguna referencia que se haga respecto de modificar la situación actual de las Fuerzas Armadas y de Carabineros sobre este tipo de materias. Ello está claro.
En segundo lugar, respecto a un tema que mencioné y al cual también se refirió la Honorable señora Matthei ¿lamento que ahora no esté presente en la Sala-, debo indicar que en el Gobierno existe preocupación en cuanto a discutir a fondo las relaciones laborales en el sector público. Este debate se debe realizar no sólo respecto de la negociación colectiva, sino también tocante a muchos otros problemas que hoy se presentan en las relaciones laborales del sector estatal.
No deseo extenderme en este momento sobre la citada materia, sino sólo hablar de la negociación colectiva y del derecho a huelga.
Existen formas para llevar a cabo procesos de negociación colectiva que no implican necesariamente conceder derecho a huelga a la contraparte. De hecho, en algunas empresas públicas, como, por ejemplo, la Empresa de Correos de Chile, que es considerada estratégica, sus trabajadores realizan negociación colectiva, pero no gozan del derecho a huelga. Asimismo, en una serie de instituciones se efectúa la negociación de beneficios colectivos, la cual no está asociada al derecho a huelga.
Cabe destacar también que coincido con un aspecto de la intervención de la misma señora Senadora. En ese sentido, en Chile se han ido rutinizando prácticas anuales que incluyen las negociaciones ANEF-Gobierno para determinar beneficios que no están asociados al derecho a huelga, pero que en el futuro podrían institucionalizarse para hacerlos más transparentes, normados y, por lo tanto, productivos desde los puntos de vista tanto de la Administración Pública como de los funcionarios del sector. Ello está en nuestras reflexiones.
Ahora, obviamente, este convenio fue aprobado por la Comisión antes del inicio del Gobierno que represento. De modo que estamos defendiendo un principio general: estos convenios tienen que ver con normas positivas desde el punto de vista de que instan, como lo dijo el Honorable señor Ruiz, a modernizar legislaciones internas. Y, por lo menos a juicio del Ministro que habla, en el sector público no constituyen un ejemplo de modernidad las relaciones entre el Estado, que es el empleador, y sus empleados. Eso es evidente.
Por lo tanto, en tal sentido, no estoy en contradicción con las opiniones de la Honorable señora Matthei. Pienso que debemos encaminarnos hacia un proceso de ordenamiento y formalización de dichas relaciones. Y eso es lo que justifica nuestra adhesión a este Convenio.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.-
Señor Presidente, hasta hace muy poco tiempo, al igual que la generalidad de las naciones ¿al menos las más relevantes en el ámbito de la economía mundial-, Chile consideraba los convenios de la OIT como orientaciones, las que tomaban más fuerza en la medida en que los países miembros no las cumplieran o contaran con legislaciones contrapuestas a ellas. Nunca se ha planteado como requisito u obligación para los Estados partes el ratificar, como hoy día se nos lleva a hacerlo, esta clase de instrumentos.
Los países más significativos en la economía mundial siempre se han preocupado de cumplir las orientaciones que nacen de tales convenios, pero en general han tenido la prudencia de no suscribirlos. Hoy día a Chile, en forma casi compulsiva -en los dos últimos años, el mayor número de convenios que hemos firmado corresponde, probablemente, a los de la OIT-, se lo está llevando a firmarlos.
¿Qué significa esto? Que, en primer lugar, se está comprometiendo un aspecto de jurisdicción. No nos extrañe que de aquí a cierto tiempo veamos que muchos litigios que normalmente se dan siempre en una sociedad van a estar siendo llevados en la OIT, en Ginebra, y no en nuestros tribunales, porque estamos abriendo un camino y creando un sistema que en la práctica conducirán a ello. De esta manera estamos afectando nuestra soberanía. ¿A cambio de qué? De nada.
Alguien ha osado decir que nuestra inserción internacional en el mundo de los negocios, de la economía o de las exportaciones estaría comprometida o determinada por el hecho de firmar o no esta clase de convenios. A mi juicio, esa apreciación es claramente equivocada. Y nuestro desarrollo exportador de los últimos 30 años y el creciente número de países socios a través de las exportaciones, de las importaciones, de la inversión extranjera muestran que nunca se ha condicionado la firma de los proyectos respectivos a la plena participación de nuestra nación en el mundo de los negocios internacionales.
Además, Chile cuenta con un respaldo esencial: una legislación laboral pionera. Y siempre hemos ido a años luz de distancia por delante de este tipo de legislaciones que impulsa la OIT a través de convenios como éste, cuyo objetivo real es incorporar al mundo moderno de la legislación laboral a los países que no están en él, particularmente los del Tercer Mundo, los de África, aquellos donde hay prácticas contrarias a los derechos humanos.
Precisamente esta mañana, discutiendo otro proyecto, nos referíamos a los derechos humanos. Muchas materias que trata la Organización Internacional del Trabajo son más bien propias de derechos humanos que de legislación laboral.
Pues bien, hacia allá apuntan los convenios de la OIT: a incorporar al mundo que respeta los derechos humanos a muchos países que no lo hacen.
No es el caso de Chile, que, como decía, posee una legislación pionera, que va muchos kilómetros delante de lo que se propone en estos convenios.
Entonces, cabe preguntarse: ¿Es necesario para Chile firmar el Convenio que nos ocupa? Claramente, no. ¿Es conveniente? Tampoco, porque ¿repito- estamos comprometiendo la jurisdicción, entregando soberanía, comprándonos conflictos que, previsiblemente, se van a producir.
Si bien en general los convenios, según lo que vemos cuando nos corresponde resolver sobre ellos, nunca permitirían deducir que pudiéramos tener inconvenientes en su administración, la verdad es que, si leemos la jurisprudencia, comprobaremos que a través de ésta se van generando modificaciones al entendimiento de la letra de esos instrumentos, las que sí pueden llevarnos a conflictos.
No nos extrañe que lo que ahora estamos legislando acá, que las seguridades que nos ha dado el señor Ministro respecto de las Fuerzas Armadas, a través de la jurisprudencia pueda conducirnos a una posición distinta que ni él ni nadie desea hoy, por efecto de la movilidad que se genera en la interpretación de la norma en los litigios producidos en el seno de la OIT.
Por lo tanto, estamos adquiriendo en este momento un riesgo sin ningún beneficio.
En cuanto a las relaciones laborales en la Administración Pública, creo que nada de nuestra legislación es contrario al Convenio con la OIT. Pienso que nada de lo que éste contiene se encuentra al margen de nuestra normativa legal en materia de Administración Pública. En ésta existen las asociaciones de funcionarios, las que se comunican con la administración superior y llegan a acuerdos.
Estimo que lo único que no está regulado es la huelga. Sin embargo, tampoco el Convenio llama explícitamente a reglarla. Ahora, si de ello se tratara, sería positivo avanzar al respecto, pero ya al margen de la conveniencia de firmar el instrumento internacional que nos ocupa.
La huelga en nuestra Administración Pública es un hecho. En general, las huelgas son de ese sector. Por lo tanto, sería interesante avanzar en regular esta circunstancia real de una manera mejor que la actual, que es factual.
Insisto en que la suscripción del Convenio en análisis constituirá sólo fuente de conflictos, de riesgos, de imprecisión, y significará seguir avanzando en un terreno que implica ceder soberanía y comprometer jurisdicción a cambio de nada.
Señor Presidente, votaré en contra el proyecto de acuerdo, tal como lo hice en la Comisión, reiterando una norma general que he aplicado respecto de los convenios con la OIT, pues sólo envuelven orientaciones, que nosotros cumplimos. Nuestro país tiene una legislación más avanzada que la allí contenida. Chile no recibe beneficio alguno al firmar esos convenios; no tiene ninguna obligación de hacerlo; nadie lo apura en este sentido.
Por consiguiente, nosotros, que hemos de velar por el interés nacional, debiéramos preferir no suscribir estos convenios que avanzar en ellos.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, al ver en la tabla que correspondía tratar este proyecto de acuerdo, me surgió la duda de si era el mismo que discutimos y analizamos hace tres años en la Comisión de Trabajo. Y, lamentablemente, es así.
Llamo la atención al respecto, porque algunas de las observaciones hechas en la Sala ya las formulé en la Comisión de Trabajo hace casi tres años (en julio de 1997). Y, específicamente, planteé si antes de aprobar un convenio no sería más conveniente abocarse en el orden interno al estudio de una ley que permitiera encauzar los conflictos laborales del sector público.
Es decir, tratamos en aquella oportunidad la cuestión de fondo: la de que el grueso de los problemas laborales en Chile estaban en el sector público y la regulación a este respecto era insuficiente e inadecuada.
Se nos adujo lo mismo que se ha repetido acá: que la aprobación del proyecto o el estudio de la materia podría inducir a la adopción de las normas pertinentes. Pero hemos visto que han transcurrido tres años; que en el intermedio se ha aprobado una serie de otros convenios, con las ventajas e inconvenientes aquí analizados y con los riesgos mencionados por el señor Senador que me precedió, y que los dos problemas concretos que en aquella ocasión se pusieron de manifiesto siguen pendientes. Entonces, nos encontramos -como ya nos ha sucedido en muchos casos- ante una legislación que toca marginalmente una cuestión que puede provocar otras consecuencias con la apariencia de que se están solucionando las dificultades.
Como señaló la Senadora señora Matthei, en el sector público hay problemas que merecen preocupación. Porque, al caso que Su Señoría mencionó, yo agrego uno ¿me consta- sobre el personal a contrata en el Servicio Nacional de Aduanas, donde los contratos son por el plazo de un año, pero existe la facultad de ponerles término en cualquier momento. La situación que conocí afectó a un empleado que fue a trabajar el jueves y al día siguiente ya no tenía escritorio, porque había sido despedido, sin derecho a indemnización de ninguna especie.
En consecuencia, lo que me inquieta ¿y, al respecto, adhiero a los planteamientos del señor Ministro- es que, en definitiva, los aspectos esenciales no se consideran. En cuanto a la manera de encauzar los conflictos en el sector público ¿las mismas palabras que usé hace tres años-, nada ha sucedido. La materia se envió a la Comisión de Relaciones Exteriores, donde fue aprobada, pero sin que hubiera unanimidad; luego se remitió a otra Comisión, en fin. Y nos dan los mismos argumentos: "Gracias a esto vamos a encauzar los problemas"; "Gracias a esto no se van a seguir produciendo estas situaciones en el sector público", etcétera. Empero, siguen produciéndose.
Aun más, en aquella oportunidad también hicimos mención de la norma del Convenio (no sé si la traducción del texto original es engañosa) que dice relación a cómo aquél afecta a las Fuerzas Armadas: "La legislación nacional" ¿dispone- "deberá determinar asimismo hasta qué punto las garantías previstas en el presente Convenio son aplicables a las fuerzas armadas y a la policía.".
Se nos señala que esto ya se encuentra regulado en Chile. Sin embargo, nuestro país no puede tener regulado anticipadamente cómo va a influir determinado convenio internacional. Porque aquí se dice: "La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto"... Entonces, pareciera -y podría entenderse así- que conjuntamente con la aprobación del Convenio habría que dictar una norma específica que dispusiera que, en lo concerniente a dicho instrumento internacional, las garantías en él previstas no se aplicarán a las Fuerzas Armadas o se aplicarán en tal o cual forma.
Lo que quiero destacar en especial, señor Presidente, es que lo que planteamos en las Comisiones, las explicaciones que se nos dan y lo que discutimos en esta Sala pasan a ser un poco de música para salir del paso y aprobar un nuevo convenio. Pero no se sacan las consecuencias favorables que, lógicamente, podrían derivar de estos debates. Simplemente, lo analizado hace tres años vuelve a verse ahora y, en definitiva, se aprueba un convenio más con ventajas muy discutibles y con determinados riesgos, como el de una interpretación demasiado apegada a la letra en lo concerniente a la dictación de una ley específica que regule hasta qué punto son aplicables a cierto sector las garantías previstas en el Convenio. Obviamente, esa ley no podría haberse sancionado con anticipación, porque el Convenio no existía ni era aplicable en Chile.
Entonces, espero que los efectos sean relativamente anodinos, a pesar de que hay experiencias en cuanto a que las interpretaciones que dan a los convenios los comités de la OIT de alguna manera pueden ir alterando el sentido literal de sus normas. Pero, al margen de ello, reitero mi posición en el sentido de que parece necesario que el Gobierno y el señor Ministro tomen en cuenta estos planteamientos y nos presenten soluciones claras. Porque aquí se han dicho exactamente las mismas palabras que empleó el Ministro del Trabajo de la época. Entretanto, nada ha ocurrido: los problemas que tenía el sector público subsisten; los empleados a contrata, que suman miles y miles, pueden ser despedidos en cualquier momento, y, sin embargo, aprobamos el Convenio, damos vuelta la hoja y nos olvidamos de esto, probablemente hasta que venga un nuevo conflicto.
Por ello, en esta oportunidad procederé tal como hace tres años en la Comisión: me abstendré. ¿Por qué? Porque no puedo aparecer oponiéndome a un instrumento que se estima que favorecerá indirectamente a los trabajadores y, al mismo tiempo, aprobando un texto que tiene una lectura equívoca y los riesgos a que he hecho referencia.
Espero que este debate traiga como consecuencia una relación más exacta entre lo que se dice y lo que se hace; que no sigamos con proyectos que muchas veces aparentan solucionar problemas pero nada resuelven, y que, en esta materia, de una vez por todas no nos contentemos con seguir aprobando convenios como el que nos ocupa, el cual, pese a los 22 años transcurridos desde que se adoptó, no ha sido suscrito por ninguno de los países más poblados de la Tierra: Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, China, Japón, Francia, etcétera.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Hago presente que la discusión de este proyecto de acuerdo se inició en otra sesión. De modo que los señores Senadores que ya intervinieron y me han solicitado la palabra podrán hacer uso de ella en su segundo discurso.
Es el caso del Honorable señor Martínez, a quien corresponde intervenir a continuación.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MARTÍNEZ.-
Estoy consciente de las obligaciones que consagra el Reglamento con respecto al segundo discurso, señor Presidente. Por tanto, puede estar tranquilo en lo que a mí toca.
Pienso que el problema fundamental sigue siendo el número 3 del artículo 1 del Convenio, que plantea que la legislación nacional deberá determinar asimismo hasta qué punto las garantías previstas en el Convenio son aplicables a las Fuerzas Armadas y a la Policía.
Sobre el particular, quiero reiterar un argumento. Aparentemente, eso no sería factible en Chile. Pero hay personas que siempre están pensando en copiar modelos extranjeros. Uno de ellos puede ser el de Alemania. En las Fuerzas Armadas de ese país existen sindicatos. Y hay otras naciones que tienen modelos de este tipo.
El otro problema dice relación a la Policía. Si en algún momento dejara su dependencia de Defensa Nacional, perfectamente bien, dentro del ámbito del Ministerio del Interior, podría caer en este Convenio.
La verdad es que el instrumento internacional en análisis no es claro y está muy atrasado (es de 1978) con relación a las normas que rigen en Chile. Entonces, concuerdo plenamente con quienes preguntan a título de qué lo vamos a ratificar cuando nuestra legislación está mucho más avanzada que la de la OIT. Yo diría que esta Organización debiera ponerse al día con la legislación chilena y no al revés.
Por lo tanto, anuncio mi voto en contra de este proyecto de acuerdo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Esta discusión ya la tuvimos, señor Presidente, y se reitera de modo recurrente cada vez que de la OIT se trata, con distintos argumentos: a veces el argumento es particular respecto del convenio en estudio (en este caso se dice que el problema radica en el número 3 del artículo 1); en otras ocasiones la cuestión no estriba en el convenio, sino en el principio de firmar un documento internacional vinculante.
En definitiva, con algunos señores Senadores tenemos (yo, por lo menos) en estas materias una diferencia bastante de fondo, que es de naturaleza más bien conceptual. Porque, en primer lugar, lo que se propone de una manera u otra es el pleno aislamiento del país en el ámbito de las vinculaciones con el exterior y un desconocimiento completo de lo que significa el derecho público internacional, del valor que eso tiene como elemento de progreso de la sociedad contemporánea.
Se postula también a veces que la norma laboral en general no debería existir; que el mercado tendría que regular las relaciones laborales, que es una forma de pensamiento -alguien lo señaló en una discusión anterior- prefriedmaniana: la idea de que cualquier norma laboral de algún modo restringe el mercado y, finalmente -siempre se dice-, ello en todo momento va contra los trabajadores.
Es un argumento muy antiguo en occidente. Se dio, por ejemplo, cuando en el siglo pasado se legisló para limitar la jornada de trabajo en algunas sociedades industriales. La materia relativa a las ocho horas laborales tuvo una larga historia, al igual que la del trabajo infantil, respecto del cual acabamos de aprobar un proyecto de acuerdo en las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Trabajo, unidas.
Creo que detrás de la discusión particular de cada uno de estos convenios existe un tipo de concepción que no valora un elemento fundamental: la afirmación por la comunidad internacional de un mínimum de derechos esenciales en distintos aspectos de la vida social como parte del proceso de globalización y de progreso humano. Cuando se dice que en Chile muchos de ellos ya se cumplen, es una razón más para suscribir tales convenios y no un motivo para restarse de esa corriente universal.
En general, durante años ha habido mucha resistencia para aprobar este tipo de instrumentos. Y cada vez se ha demostrado en el debate -por ejemplo, cuando se trataron los convenios básicos de la OIT el año pasado- que, ciertamente, nuestra legislación no requiere ser modificada por la suscripción de tales convenios, como sí ocurriría en otras sociedades cuyas legislaciones laborales están más atrasadas.
Por lo tanto, a mi juicio, le hace bien al país, y representa una buena contribución al sistema internacional, suscribir estos instrumentos que establecen compromisos mínimos, y donde nuestra soberanía jurisdiccional queda suficientemente garantizada en aquellos aspectos donde no lo está, salvo que nuestra legislación no cubra esos mínimos; pero, en general, a mi entender, sí lo hace.
Tengo la impresión de que el Convenio en estudio consigna, con vinculaciones débiles, algunos derechos o procedimientos laborales que en nuestra sociedad todavía no se encuentran suficientemente establecidos. Pero todo el debate apunta a que debemos mejorar la legislación laboral chilena en cuanto a la relación entre los trabajadores del sector público y el Estado. Entre otras cosas, porque las prácticas aceptadas por todos ¿por la Administración, el Congreso, la sociedad y los trabajadores- van mucho más allá de lo señalado en la letra de la ley. Por ejemplo, se dice que en la Administración Pública no hay derecho a huelga, pero de una u otra manera se termina indemnizando los días de paro, en acuerdos que todo el país aplaude. Cuando la práctica social va adelante y no es recogida por la ley, es evidente que se debe revisar la normativa vigente, porque existen procesos de negociación y de huelga que no se encuentran sujetos a disposición alguna.
Además, es recurrente escuchar a todos los Gobiernos afirmar que no se permitirá la huelga, y al final todos terminan aceptándola. Todos empiezan sosteniendo que no negociarán, para luego sentarse ante una mesa de negociación, normalmente con Parlamentarios de todos los colores que se ofrecen de intermediarios.
En consecuencia, estamos en presencia de un Convenio que ayuda al proceso que el país debe vivir, cual es adecuar la normativa sobre los trabajadores del Estado y sus derechos a las prácticas sociales ampliamente aceptadas por la sociedad chilena.
Por tales razones, invito al Senado a votar favorablemente el proyecto de acuerdo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
La Honorable señora Frei desea formular una proposición.
La señora FREI (doña Carmen).-
Señor Presidente, sugiero dar inicio a la votación y que a los señores Senadores que faltan por intervenir se les otorguen cinco minutos para fundamentar su voto, ya que, como señaló la Mesa, a casi todos les corresponde su segundo discurso.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Para proceder de esa forma se requiere acuerdo de la Sala.
Me señalan que no lo hay.
A lo mejor, podríamos autorizar a depositar el voto en la Mesa, sin perjuicio de continuar el debate.
Tampoco existe acuerdo para ello.
Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger, en su segundo discurso, pues ya intervino en la sesión anterior cuando se trató esta materia.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente, respecto del proyecto de acuerdo que nos ocupa, debo señalar, en primer lugar, que el hecho de que Chile sea miembro de la OIT no lo obliga a ratificar todos los convenios que dicho organismo apruebe. Efectivamente, como nos consta, gran número de países no han ratificado muchos de ellos. Por ende, la ratificación de un convenio sigue siendo un acto voluntario y, por lo tanto, soberano.
Por otra parte, también es evidente que, si somos miembros de la OIT o de otros organismos internacionales, lo normal será aprobar tales convenios, a menos que se haya hecho reserva expresa al interior de esa Organización, al momento de discutirlos y antes de su aprobación por la misma. Sin embargo, como los acuerdos que adopta la OIT no son necesariamente la mejor respuesta a los problemas que en ella se abordan, me parece que sería útil hacer notar a dicha Organización -presidida, por lo demás, por un distinguido chileno- la conveniencia de revisar, actualizar y modernizar los instrumentos que aprobó en el pasado, para adecuarlos a los requerimientos de las relaciones laborales contemporáneas.
Con relación al Convenio que nos ocupa, mi opinión es favorable, principalmente en razón de lo estipulado en los artículos 7 y 8. El primero se refiere a las medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos. Y el segundo señala que la solución de los conflictos que se planteen se deberá alcanzar de manera apropiada a las condiciones nacionales, por medio de la negociación o mediante procedimientos tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje.
Francamente, pienso que estas normas representan un progreso en un campo en que la legislación laboral chilena dista mucho de ser adecuada y mucho menos de vanguardia. En lo personal, me parece que está haciendo crisis ¿es un tema mucho más de fondo- la relación estatutaria que siempre ha caracterizado la vinculación entre el Estado y sus funcionarios.
Por último, a mi entender, las dudas respecto de las Fuerzas Armadas han quedado perfectamente despejadas, porque el Convenio no les es aplicable. Se discute hasta qué punto sus disposiciones afectan a la legislación nacional; pero debe considerarse que el inciso segundo del artículo 1º de la ley Nº 19.296 excluye expresamente a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública de la categoría de funcionarios públicos. En consecuencia, no veo ningún riesgo en ese sentido.
Coincido en que el Convenio representa una vinculación débil, pero estimo que se trata de un avance e indica la dirección hacia la cual debieran avanzar las relaciones entre el Estado y los funcionarios públicos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díez, en su segundo discurso.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, debemos analizar con mucha acuciosidad este Convenio. Gran parte de las materias que trata las hemos cumplido y superado. Es cierto que necesitamos modernizar las relaciones, la conducción de ellas y la vinculación de la Administración Pública con los órganos del Estado; pero conforme a nuestra legislación y a las disposiciones constitucionales, el artículo 8, sobre solución de conflictos, raya en la inconstitucionalidad.
De acuerdo con lo dispuesto por el número 4º del artículo 62 de la Carta Fundamental, lo relacionado con las remuneraciones ¿ella utiliza incluso la expresión "beneficios"- es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República; ni siquiera del Congreso. De manera que convenir como Estado una norma de conducta para futuras disposiciones, que implique para el Presidente de la República determinar las condiciones de los trabajadores mediante negociación, procedimientos independientes e imparciales, tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje es absolutamente ajeno, no sólo a nuestras costumbres, sino también a nuestro sistema jurídico.
Por consiguiente, aunque se apruebe el tratado, seguirá rigiendo la Carta, en virtud de la supremacía constitucional.
Dejaremos al Estado de Chile, sí, en una posición dudosa, y también al Presidente de la República, porque éste dispone de la libertad para proponer las condiciones de los funcionarios públicos y asimismo para determinar aquellas que hoy se plantean. Nadie lo obliga a no poder contar con disposiciones de conciliación, de conversación, de trato con los sindicatos, con las personas, etcétera. Pero de ahí a que la legislación, por medio del convenio en estudio, contemple la conciliación o el arbitraje para el ejercicio de facultades propias del Primer Mandatario lleva a concluir que o la aplicación del instrumento, si es directa, o la norma de conducta a que obliga, si no lo es, importa una modificación de la Carta por medios distintos del demandado por una enmienda de esa índole. Y, evidentemente, ello se traduce, a mi juicio, en que el artículo 8 del convenio, por lo menos, se halla al margen de la Ley Fundamental, por lo que formulo reserva expresa de constitucionalidad.
Y me atrevo a pedir al señor Presidente, sobre la base de los artículos de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional que le permiten declarar la inconstitucionalidad de un proyecto en cualquier estado, que así lo haga respecto del que nos ocupa, si no ha sido aprobado por la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En cuanto a la facultad aludida, cabe consignar que la otra rama del Congreso ya se pronunció, de modo que no me hallo en condiciones de poder resolver.
Y, en todo caso, abrigo dudas...
El señor DÍEZ.-
Tiene razón, Su Señoría. Al mediar una decisión de la Cámara, no podemos cambiar su calificación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Así es.
El señor DÍEZ.- De todas maneras, mantengo la reserva de constitucionalidad.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se dejará constancia de ello.
Tiene la palabra el Senador señor Moreno, en su segundo discurso.
El señor MORENO.-
Señor Presidente, deseo manifestar mi posición favorable al proyecto. He seguido con bastante atención los distintos argumentos aquí expresados y creo que algunos de ellos se pueden despejar rápidamente.
El hecho de firmar un convenio internacional no significa cesión de soberanía de ninguna naturaleza. Lo anterior es algo aceptado en la comunidad mundial y nadie ha generado hoy el mecanismo para que instrumentos de la índole del que nos ocupa o de una diferente signifiquen que nuestra Constitución o nuestras leyes quedan supeditadas al arbitrio de otros. El acceder a un acuerdo conocido, cuyo texto se halla a la vista, establece una línea de indicación de lo que implica la forma de tratar las relaciones laborales dentro de la Administración Pública.
Me parece importante que quede por lo menos constancia en la Versión Oficial de que cuando un texto de esta clase fue redactado y aprobado en la OIT, en 1978, la situación de la Administración Pública en muchos países era absolutamente distinta de la actual. Se trataba, en numerosos casos, de grandes contingentes, de la vigencia absoluta de la norma de un mecanismo de contratación llamémoslo "estatal", y, por lo tanto, existían aprensiones, lo que explica que muchos de los estados más grandes, algunos de ellos mencionados aquí, precisamente no hayan dado su ratificación.
Los tiempos han cambiado. Hoy nos encontramos ante una economía abierta, mucho más liberalizada. La cantidad de funcionarios ha decrecido en todos los países y significativamente en Chile. Y, por lo tanto, ningún temor puede surgir de que nos hallemos ante un mecanismo capaz de entrabar el funcionamiento de la economía o del Estado. Muy por el contrario.
Quisiera hacer presente el punto en términos de una experiencia personal. Inicié mi carrera en la vida pública como funcionario y durante varios años trabajé bajo la dependencia de una autoridad. Y posteriormente me tocó dirigir una organización con un gran número de funcionarios, en donde una de las principales dificultades, desde el punto de vista laboral, radicaba en la manera de vincularse con asociaciones de ellos que presentaban características distintas, dinámicas diversas, y respecto de las cuales muchas veces no había forma de llegar a establecer la relación.
Después se ha visto cómo la Administración Pública ha intentado entrar en un proceso de modernización. Y no creo que nadie haya sostenido ¿a diferencia de lo que me pareció escuchar a un Honorable colega que me precedió en el uso de la palabra- que acceder al convenio en debate no significa a Chile ninguna ventaja desde el punto de vista de las exportaciones o los negocios. La cuestión no va por ahí. Nadie nos comprará más o menos por haber suscrito el acuerdo. Este último dice relación a cómo organizamos y ordenamos nuestras relaciones con un instrumento que requiere aceleradamente la modernización. En efecto, la Administración Pública chilena debe ser modernizada y los funcionarios deben contar con el derecho a organizarse -al igual que, aun cuando no todavía en una forma muy numerosa, los empleados en empresas privadas o en industrias-, a fin de poder negociar adecuadamente lo que representa el aporte de cada uno.
Por lo tanto, firmar el convenio no conlleva riesgo alguno. Y creo que el debate ha ilustrado sobre el particular a quienes piensan lo contrario. Lo que se ha escuchado al señor Ministro apunta, también, en la misma dirección. Estimo que ha sido bueno llevar a cabo el análisis a que nos hemos abocado. Porque el instrumento en discusión constituye una señal hacia la Administración Pública, hacia los funcionarios, y una aseveración de que no tememos a dialogar con gente organizada. Ése es el fondo del argumento en juego.
Considero que igualmente ha quedado muy despejado el hecho de que el asunto no involucra a las Fuerzas Armadas, que cuentan con un Estatuto propio. Y, por lo tanto, ni siquiera por la vía de la interpretación podría decir alguien que el día de mañana se formará un sindicato de policías del tránsito, en Carabineros, o uno en determinadas ramas de las Fuerzas Armadas, como paracaidistas u otras especialidades. Ello no ha sido previsto ni es posible.
Por lo tanto, señor Presidente, solicito que recapaciten los señores Senadores que han dado tales argumentos y que se sumen a la aprobación del convenio, que realmente hace bien al país.
Gracias.
La señora FREI (doña Carmen).-
Señor Presidente, reitero la petición de iniciar la votación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
No ha habido acuerdo para ello, Su Señoría.
La señora FREI (doña Carmen).-
Solicítelo de nuevo, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se votará.
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el Honorable señor Silva, en su segundo discurso.
El señor SILVA.-
En efecto, señor Presidente. Porque me permito recordar que, en verdad, casi todos los señores Senadores hicieron uso de la palabra en su primer discurso.
Realmente, el Convenio Nº 151 ya ha sido debatido in extenso en el seno de esta Corporación. En su oportunidad vino con un informe favorable de la Comisión de Trabajo y otro emitido por la de Relaciones Exteriores. En lugar de ser votado después de esa discusión tan larga, se pidió un informe de ambas Comisiones, unidas. Y por ello ha llegado a tratarse nuevamente ahora, con un pronunciamiento también favorable, pero esta vez de los dos órganos técnicos.
Lo sorprendente es que la dificultad se ha suscitado como consecuencia de una cuestión nueva, a la cual se refirió el Honorable señor Ríos, quien preguntó al señor Ministro por qué se está recurriendo a convenios para aprobar temas propios de la regulación laboral por la vía de la legislación. Y ello ha originado un debate absolutamente inédito, en un comienzo. Pero, si bien se pretendió que lo fuera, la verdad es que la mayor parte de los señores Senadores han repetido las argumentaciones concernientes al fondo del asunto, ya debatido en esta Corporación hace mucho tiempo.
En cambio, salvo el Honorable señor Díez, no ha habido quienes contesten de alguna manera la interrogante que obedece a la filosofía fundamental de la norma en Chile, planteada por el Senador señor Ríos. Porque, en el fondo, ¿de qué se trata ahora, señor Presidente? Nada más que de determinar cuál es el ámbito de acción normativa de un tratado y cuál corresponde a una ley. De alguna manera esa pregunta pretende sostener -al menos implícitamente-, o bien, se puede deducir de ella, que un convenio no puede caer en las materias propias de la ley. Esto significa un evidente error de conceptos, como también una contravención a la norma explícita del inciso segundo del artículo 5º de la Constitución Política de la República.
En el fondo, aquí no puede haber cuestión de soberanía, pues ella está expresamente salvaguardada en el sentido de que los tratados pueden ¿naturalmente cuando son ratificados por Chile y se encuentran vigentes- caer en el ámbito de la norma que regula la soberanía.
Por lo tanto, señor Presidente, me parece que hemos entrado en la discusión de un tema que realmente quedó agotado, pues el contenido de este Tratado se debatió in extenso en la sesión anterior, donde se llegó a la conclusión de que no había inconveniente alguno en apoyar y aprobar un instrumento internacional de esta índole. Por lo demás, si hubiésemos de entrar a discutirlo desde el punto de vista de la filosofía de los tratados, deberíamos meditar y reflexionar profundamente acerca de si es útil o no que nuestro país esté incorporado a la Organización Internacional del Trabajo, y en cuanto a si es pertinente o no que al formar parte de ella tenga el legítimo derecho de aprobar, mediante la acción del Jefe de Estado, un acuerdo de la OIT, naturalmente sometiéndolo a la ratificación por parte del Congreso.
Si se pretende debatir dicho aspecto, podemos caer en una materia en extremo peligrosa, pues implicaría abocarse al análisis de la competencia que le asiste al Gobierno de la República para aprobar tratados, sometiéndolos, obviamente, a nuestra competencia por la vía de la ratificación.
En virtud de lo anterior -y con esto termino, pues la Mesa me indicó que éste era mi segundo discurso, respecto de lo cual tiene razón por cuanto ya me pronuncié sobre el fondo del asunto-, ahora me he referido a una materia distinta, que tiene incidencia específica en el hecho de que la filosofía de nuestra normativa jurídica permite, desde el punto de vista constitucional, dar al Tratado la misma validez de la ley.
Por eso, el referido instrumento internacional tiene igual contenido y fuerza que la ley.
El señor DÍEZ.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor SILVA.-
Terminaré de inmediato mi intervención, Su Señoría. Pero si el señor Presidente lo autoriza, no tengo inconveniente en concedérsela.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Señor Senador, tendría que ser con cargo a los 22 segundos que le restan.
El señor DÍEZ.-
No deseo ocupar el tiempo del Honorable colega.
El señor SILVA.-
Muchas gracias, Su Señoría.
Por último deseo manifestar que, a mi modesto juicio, una y otra norma tienen el mismo valimiento jurídico, naturalmente -como lo dijo el Senador señor Díez- respetando las normas de la Carta Fundamental. Sin embargo, como muy bien lo sostuvo el señor Presidente, en este instante ello no es materia de nuestra competencia.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Corresponde usar de la palabra al Honorable señor Fernández; pero si el Senador señor Díez desea pedirle una interrupción, puede hacerlo.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, le concedo la interrupción.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ.-
Muchas gracias.
Señor Presidente, sólo deseo clarificar mis conceptos al respecto.
Primero, aquí no hay limitación de soberanía, porque la toma el Estado soberanamente. Segundo, considero que éste no puede aprobar un tratado que implique una reforma constitucional sin haber modificado antes la Constitución Política o, al menos, para comprometerse en una enmienda de ese tipo, tener la prudencia de aplicar el quórum pertinente.
Resulta absolutamente contrario a nuestra política de cumplir con los tratados internacionales el aprobarlos antes de modificar la Carta Fundamental. Lo lógico habría sido que el Gobierno -pues hace mucho tiempo que el proyecto está en tramitación- nos hubiese manifestado que, con respecto a las condiciones de los funcionarios públicos, el Presidente de la República podrá usar la mediación, la conciliación o el arbitraje, y, después de eso, firmar el Convenio.
No es posible que se obligue a modificar la Constitución por el solo expediente de un tratado internacional, porque eso afecta nuestra fe pública, aunque no tenga ningún efecto jurídico en el país.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, estamos discutiendo un tema muy importante, puesto que dice relación al trato que debe tener el Estado en las relaciones con sus funcionarios. Estimo que sobre ello debemos efectuar muchos perfeccionamientos y realizar diversos aportes para lograr una legislación que realmente pueda satisfacer los intereses de los trabajadores públicos, a la vez que resguardar los intereses y los derechos del Estado.
Lo anterior, naturalmente, no se relaciona con el Tratado en comento, por cuanto, a mi juicio, constituye un deber del Estado, independientemente de que exista un instrumento internacional, o de que éste sea o no ratificado. Ésa debe ser una obligación de la autoridad pública, como también un deber nuestro el estar permanentemente atentos para ver, conocer y revisar las relaciones entre los funcionarios públicos y el Estado.
Sin embargo, pienso que conviene hacer algunas reflexiones sobre la materia, especialmente para el evento de que el Tratado sea aprobado. En este sentido, es bueno tener presente -y deseo dejar constancia de esto para los efectos de la historia fidedigna de la ley- que el asunto en cuestión no puede traducirse necesariamente en el establecimiento de fórmulas de solución de conflictos que atenten contra la potestad pública. En mi opinión, éste es un tema extraordinariamente delicado. Creo que es posible regular un sistema de relaciones entre el Estado y sus funcionarios, siempre considerando que estamos frente a la autoridad, y no se puede pretender asimilarlo a la situación propia de la actividad privada, ni siquiera a la de las empresas del Estado, porque éstas tienen un patrimonio y una personalidad jurídica distintos de los de aquél.
Por lo tanto, en primer lugar, deseo llamar la atención en orden a que pretender aplicar a los funcionarios de la Administración Pública las normas que rigen las relaciones entre los privados puede significar un grave error y generar diversos trastornos. Soy partidario, obviamente, de modificar y mejorar las relaciones a través de la legislación que corresponda, como también las condiciones de trabajo, aspecto que debe ser regulado en la forma en que la autoridad lo hace. En efecto, la potestad pública consiste en que las regulaciones de los funcionarios estatales deben hacerse mediante ley, y no de otra manera, ni tampoco crear condiciones laborales distintas, por lo menos en la Administración Pública. Como dije antes, las empresas del Estado reciben un tratamiento diferente.
Ahora bien, conviene señalar que todo el sistema de negociación colectiva adolece también de una limitación, y debemos tener la suficiente claridad para establecer los resguardos del caso. A mi juicio, no es posible someter a un arbitraje, por ejemplo, las remuneraciones del sector público, por cuanto ello significaría atentar contra las facultades del Presidente de la República y modificar de una u otra forma el Presupuesto de la Nación, en un momento determinado. Porque si decidimos que un tercero resuelva las dificultades entre los funcionarios y el Estado, a lo mejor su decisión incidiría en la normativa presupuestaria.
No creo que ésa sea la intención de los señores Senadores al establecer normas que en su oportunidad puedan significar que se está privando al Presidente de la República de sus facultades, como también al Ministro de Hacienda, o afectándose el Presupuesto. Por otra parte, ello, en último término, obligaría al Congreso a aprobar lo que un árbitro resolvió si, por ejemplo, no existiera financiamiento adecuado para hacer cumplir la resolución.
A mi juicio, se trata de temas delicados, que conviene considerar cuando estas normas tengan una efectiva aplicación. Porque no es posible someter a las empresas públicas estratégicas a la misma situación del Estado, pues en aquéllas cabe el arbitraje, éste es obligatorio y responden con su patrimonio. Pero en este caso, ¿cuál es el patrimonio? El del Estado, el que está consagrado en el Presupuesto de la Nación.
En consecuencia, deseo llamar la atención sobre estas materias, que son extraordinariamente delicadas en lo que dice relación al proyecto, al cual no le veo inconveniente en los términos en que se encuentra planteado. Sin embargo, creo que debemos tener el debido cuidado y no sembrar ilusiones o esperanzas en cuanto a que podrían aplicarse íntegramente al sector público las normas relativas a arbitraje, a negociación colectiva o a huelga de la misma forma en que se hace con el sector privado, porque la situación es distinta. Aquí se trata de una negociación donde el empleador es el Estado, y tiene una potestad pública. Por lo tanto, él está comprometiendo el Presupuesto de la Nación; no el patrimonio de determinada empresa, sea pública o privada.
Es conveniente tener presentes estas observaciones para los efectos de una posterior y eventual aplicación de las leyes que deben dictarse para corregir la injusta situación en que se encuentran los empleados públicos, quienes precisamente por su calidad de tales, por la potestad del Estado, se hallan imposibilitados de negociar con la autoridad, aunque esto no significa que queden al margen de los procesos de modernización y de mejoramiento de sus condiciones de trabajo e incluso de sus remuneraciones.
Pienso que un Estado debe actuar como empleador a través de políticas, incluso de largo plazo. En el caso del sector público, la negociación debería ser un elemento que contribuyera a la fijación de una política de Estado. A la Administración le conviene ir fijando normas tendientes a mejorar las condiciones laborales y económicas de los servidores fiscales mediante políticas de Estado que, obviamente, resguarden los intereses y el Presupuesto de la Nación, además de los derechos de los funcionarios. Encauzar sus inquietudes por esa vía me parece el camino correcto, y no caer en el error de hacerles aplicables las formas de conciliación y de negociación que tiene el sector privado, las cuales derivan en el arbitraje o en una huelga indefinida, con reemplazos o sin ellos, y con modificaciones de la calidad jurídica de los trabajadores.
No olvidemos que los funcionarios públicos se rigen por normas legales contenidas en el Estatuto Administrativo y que no pueden ser enmendadas a voluntad de las partes, por muy importantes que sean los interlocutores en una negociación.
En consecuencia, existen limitaciones que es necesario tener presentes para no crear ilusiones en los servidores públicos de que lo establecido en el Tratado los dejará en condiciones similares a las de los trabajadores del sector privado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Ha llegado la hora de término del Orden del Día.
El debate proseguirá en la sesión ordinaria de mañana, para el cual queda inscrito solamente el Honorable señor Viera-Gallo.
--Queda pendiente la discusión general del proyecto de acuerdo.
El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
__________________
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor CARIOLA:
Al señor Ministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, relativos a REPOSICIÓN DE PUENTE "GUILLERMO FRANCKE" Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES "LOS ALGARROBOS", "OCHO DE SEPTIEMBRE" Y "PORTALES" EN OSORNO (DÉCIMA REGIÓN), y al señor Director Nacional de Aeropuertos, con relación a MEJORAMIENTO DE AERÓDROMO DE DICHA CIUDAD.
Del señor CHADWICK:
Al señor Contralor de la Sexta Región, acerca de AUDITORÍA POR EVENTUALES IRREGULARIDADES EN LICEO C-15, DE RENGO (SEXTA REGIÓN).
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, y a los señores Contralor General de la República, Vicepresidente Ejecutivo de CORFO y Presidente del Sistema Administrador de Empresas, referentes a PRIVATIZACIÓN DE TRANSMARCHILAY Y RESTABLECIMIENTO DE BARCAZAS PARA SERVICIO EN CAMINO AUSTRAL (UNDÉCIMA REGIÓN).
Del señor LARRAÍN:
Al señor Ministro de Agricultura, solicitando INTERVENCIÓN DE INDAP RESPECTO DE SOLUCIÓN A OBLIGACIONES FINANCIERAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE AJOS DE LINARES, y acerca de MEJORAMIENTO DE PRECIO DEL ARROZ Y DE SITUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE SEXTA REGIÓN.
Del señor MORENO:
Al señor Ministro del Interior, sobre APROBACIÓN DE PROYECTO "CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE TÉCNICAS DE PESCA PARA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNA DE PICHILEMU" y respecto de AGILIZACIÓN DE BECAS Y PENSIONES DE GRACIA A FAMILIARES DE PESCADORES ARTESANALES FALLECIDOS EN ACCIDENTES LABORALES EN PICHILEMU, y al señor Ministro de Economía, con referencia a FISCALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PESCADORES ARTESANALES, DURACIÓN DE AUTORIZACIONES DE PESCA Y ATENCIÓN DE DIRIGENTES SINDICALES POR PERSONEROS DEL SECTOR EN PICHILEMU (SEXTA REGIÓN).
Del señor RÍOS:
A la señora Ministra de Relaciones Exteriores, concerniente a COMUNICACIÓN DE CHILE A REINO UNIDO, DE OCTUBRE DE 1999, SOBRE RAZONES DE SALUD PARA LIBERACIÓN DE SENADOR SEÑOR PINOCHET.
Del señor URENDA:
A la señora Ministra de Relaciones Exteriores, respecto de PRESENTACIONES DE ESTADO DE CHILE A GOBIERNO DE GRAN BRETAÑA ATINENTES A DETENCIÓN DE SENADOR SEÑOR PINOCHET; al señor Ministro de Obras Públicas, relativo a POLÍTICAS DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA; al señor Ministro de Bienes Nacionales, concerniente a RECLAMACIONES DE ÚLTIMOS SEIS AÑOS EN PROCESOS DE REGULARIZACIÓN DE PEQUEÑA PROPIEDAD RAÍZ, y a la señora Directora del Trabajo, referente a ESTADÍSTICAS DE GESTIONES EXTRAJUDICIALES Y PROPORCIÓN DE CONFLICTOS SOLUCIONADOS.
__________________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Mixto, que no hará uso de él.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, ofrezco la palabra.
El señor MORENO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
SEGUNDA ETAPA DE EMBALSE CONVENTO VIEJO. OFICIOS
El señor MORENO.-
Señor Presidente, en sesión de 9 de junio de 1998 planteé en esta Sala la necesidad de avanzar en la construcción de una de las obras de riego de mayor relevancia para el país en los próximos años. Me refiero a la segunda etapa del embalse Convento Viejo.
Desde esa fecha el Senador que habla, junto con algunas autoridades del Gobierno anterior, hicimos grandes esfuerzos para conseguir que se avanzara en los estudios tendientes a determinar cifras específicas en cuanto a lo que significa la construcción de esa obra, a fin de presentarlas al Ejecutivo.
Según un proyecto elaborado en 1978, complementado con un estudio de costos en 1982 y actualizado en 1997, el posible costo de la segunda parte del embalse alcanzaba a 414 millones de dólares. Lógicamente, dicho costo estaba más allá de lo que se podía financiar y colocaba a esa obra en una de las prioridades más bajas dentro del mecanismo de asignación de recursos.
Por esa razón, con el concurso de un selecto grupo de ingenieros ¿probablemente los profesionales que más capacidad y experiencia tienen en materia de riego y de construcción y cálculo de trabajos de esta naturaleza-, se elaboró un estudio de actualización del proyecto mencionado. En él se concluye que la obra es perfectamente factible y que el costo de 414 millones de dólares puede rebajarse a 214 millones de dólares. Es decir, se estima un ahorro real de 200 millones de dólares.
¿Cómo se logra esa reducción? Se obtiene, en primer término, sobre la base de calcular la construcción con los nuevos métodos de ingeniería disponibles; y, en segundo lugar, dimensionando los alcances concretos de la obra, que son los que señalo a continuación.
El tranque de la segunda etapa ¿que sugiero denominar "Convento Nuevo"- tendría un volumen útil de 452 millones de metros cúbicos, inundando una superficie de 5 mil 164 hectáreas y con una altura máxima de la presa principal de 38 metros.
El volumen de relleno sería de un millón 800 mil metros cúbicos y permitiría regar 34 mil nuevas hectáreas netas y, adicionalmente, mejorar el de otras 41 mil hectáreas. O sea, se trata de una obra que beneficia a un total de 75 mil hectáreas en la Sexta Región.
Seguramente no escapará al Senado la implicancia que eso tiene para la economía del país, para su capacidad exportadora y para la generación de puestos de trabajo estables y permanentes. En pocas palabras, significa un espacio nuevo en la explotación de nuestras riquezas.
Los estudios preliminares que se han hecho indican que una vez concluida la obra daría trabajo permanente, con empleos de alta remuneración, a 5 mil nuevas personas, sin considerar en esta cifra a los trabajadores que durante tres años (período que demoraría la construcción de la segunda etapa del embalse) se ocuparían allí.
Quiero dejar establecido que, de acuerdo con las estimaciones efectuadas, la generación de cada empleo adicional permanente en ese embalse tendría un costo de 45 mil dólares. En cambio, el de creación de un puesto de trabajo estable en el sistema industrial chileno fluctúa entre 100 mil y 500 mil dólares, y en la gran minería ¿como hemos visto en la reciente inauguración de Minera Los Pelambres- alcanza a un millón de dólares.
Ésa es la relación de la que estamos hablando: en la agricultura, crear un puesto de trabajo permanente cuesta 45 mil dólares; en la minería, un millón de dólares.
Por lo tanto, desde todo punto de vista la realización de la obra es de alto beneficio para el país.
Deseo agregar otros argumentos.
En la zona se ha hablado mucho acerca de la posibilidad de construir un embalse alternativo llamado "Callihue", destinado a regar un número limitado de hectáreas en un sector de la provincia de Colchagua. Sin embargo, su construcción no es factible por una razón técnica muy evidente: la Dirección de Obras Hidráulicas actualmente no dispone de derechos de agua que le permitan construir ese embalse. Y, en la eventualidad de iniciar el análisis de un trabajo de esta naturaleza, habría que estar dispuestos a enfrentar juicios que, en conformidad a la jurisprudencia existente, durarían a lo menos diez años.
En consecuencia, desde el punto de vista práctico esa obra no es factible. Por el contrario, el embalse de Convento Nuevo, es decir la segunda etapa de Convento Viejo, hoy tiene derechos de agua que vienen garantizados, con lo cual se podría iniciar de inmediato la construcción.
¿Cuáles son las conclusiones que tal estudio entrega? Primero, no hay impedimentos de ingeniería para construir el embalse. Segundo, tiene la rentabilidad más alta: 20 por ciento de la tasa interna de retorno, lo que hace que el proyecto resulte uno de los más rentables de acuerdo a los criterios de inversión que se han generado. Tercero, coloca una cantidad cercana a las 75 mil hectáreas en el corazón de la zona central de Chile, que cuenta con articulación de carreteras, con ferrocarril, con la Carretera de la Fruta y con el puerto de San Antonio, lo que la deja en condiciones de multiplicar la capacidad exportable de nuestra agricultura.
¿Cuáles son, en consecuencia, las formas de enfrentar este proyecto? La primera es formalizar esta presentación del Ministerio de Obras Públicas, con el apoyo de la Intendencia Regional, que ha financiado en parte el estudio de actualización, ante las autoridades pertinentes. Y espero presentar en el día de mañana a Su Excelencia el Presidente de la República, don Ricardo Lagos, las conclusiones de este trabajo para solicitarle que se inicie la etapa de análisis de los estudios de ingeniería específicos, con el objeto de construir la obra.
En esta intervención (donde retomo lo que fue mi discurso de 1998), quiero dejar establecido que el proyecto debería constituirse en una de las primeras prioridades por ejecutarse en los próximos años, ya que él entrega a nuestro país una capacidad de multiplicación de su riqueza, así como de su potencial exportable y de la calidad de vida de la población.
Por lo tanto, señor Presidente, pido que se oficie en mi nombre a Su Excelencia el Presidente de la República, para que dé prioridad a este proyecto; al señor Ministro de Obras Públicas, con el objeto de que se aceleren los estudios finales de ingeniería, y que al mismo tiempo se felicite a la Intendencia y al Gobierno Regional de la Sexta Región por actuar con visión de Estado, haber finalizado este estudio y estar en condiciones de avanzar en lo que probablemente significaría una de las obras de mayor envergadura de nuestro país en el futuro.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Visión de Estado regional.
El señor MORENO.-
Así es, señor Presidente.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Valdés.
HOMENAJE EN MEMORIA DE SEÑORA ADRIANA MATTE ALESSANDRI DE PACHECO. COMUNICACIÓN
El señor VALDÉS.-
Señor Presidente, no es costumbre que en el Senado se rinda homenaje a una persona que no ha desempeñado funciones públicas. Pero considero de justicia que se haga, con la anuencia de mis Honorables colegas, a una mujer extraordinaria que fue sepultada ayer en Santiago. Me refiero a la señora Adriana Matte Alessandri de Pacheco.
Era una personalidad sobresaliente, admirable por su inteligencia, sus virtudes y su vida. Fue esposa de nuestro ex colega, Máximo Pacheco Gómez, a quien acompañó en notables momentos ¿a los cuales me voy a referir- de vida pública; e hija de otra personalidad muy notable en la historia chilena, a quien tuve el honor de conocer y con quien trabajé por muchos años, don Arturo Matte Larraín, Senador, candidato a la Presidencia de la República, creador de empresas, filántropo, filósofo; un hombre realmente de élite en cualquier parte del mundo, y aquí lo fue con gran modestia.
Adriana Matte era nieta de don Arturo Alessandri Palma, sobre quien es innecesario hacer recuerdos, porque fue una personalidad muy extraordinaria en la historia de Chile.
De ambos, ella heredó virtudes muy sobresalientes de inteligencia, de abnegación, de bondad, de brillo y de sentido público que se transmiten por generaciones en personalidades tan fuertes como estas dos, y por cierto de la madre, de quien heredó esta tradición. Adriana fue una esposa ejemplar, madre de ocho hijos, y abuela de más de veinte nietos.
Quiero referirme a una acción pública que le correspondió asumir cuando su marido (nuestro ex colega) fue nombrado Embajador en la Unión Soviética en 1964. A la sazón yo era Ministro de Relaciones Exteriores, y pude conocer de cerca el coraje que significó para él, pero particularmente para ella, con ocho niños pequeños, ir a Moscú, donde tuvieron que vivir en condiciones extremadamente precarias, casi insalubres, durante muchos meses, porque las relaciones diplomáticas con esa nación se habían suspendido desde el tiempo del Presidente don Gabriel González Videla, diecisiete años antes. Conocí esas penurias. Me correspondió dar órdenes de que se retirara la familia; pero ella no quiso, con su carácter indomable, dejar a su marido en esa difícil misión que ambos cumplieron en condiciones muy duras, aunque al final llenaron de éxito y de prestigio la misión que Chile les había encargado.
Ella fue una persona que merece respeto, porque puede ser considerada como una de esas mujeres que dan solidez a nuestra sociedad, ejemplo a sus amistades y, por cierto, a sus hijos y a su descendencia.
He querido pronunciar estas palabras un poco improvisadas para dejar testimonio de la pérdida de Adriana Matte Alessandri.
El señor MORENO.-
Señor Presidente, comparto plenamente lo dicho por el Honorable señor Valdés.
El señor LARRAÍN.-
Y cuenta con la adhesión del Comité Unión Demócrata Independiente, señor Presidente.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se transcribirán a don Máximo Pacheco, en estos momentos tan especiales de su vida, las palabras pronunciadas por el Honorable señor Valdés para honrar la memoria de su señora, en nombre del Senado.
Acordado.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.
CONGRESO INTERNACIONAL NEONAZI EN CHILE. OFICIO
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, se ha anunciado que en la segunda quincena del presente mes de abril se realizaría en Chile un congreso internacional neonazi.
El Honorable Senado acordó en su sesión de 6 de mayo de 1998 "rechazar la realización de dicho encuentro en nuestro país y oficiar al señor Ministro del Interior para que adopte las medidas legales tendientes a impedir su realización, por contravenir directamente las bases éticas del Estado de Derecho recogidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.".
Por su parte, el 13 de julio de 1999, la Cámara de Diputados acordó: "Reiterar el profundo rechazo de la Corporación a que se realice en Chile el Congreso Internacional Nacional Socialista en abril del 2000. Formular un llamado al Gobierno para que actúe con la mayor energía, ejerciendo las facultades y atribuciones que el ordenamiento jurídico le otorga, a objeto de que el "Congreso Internacional Nacional Socialista" no se realice y controle, rigurosamente, la actividad política en Chile de los extranjeros que pretenden participar en él.".
El señor Ministro del Interior de la época don Raúl Troncoso Castillo respondió que "adoptará, por especiales instrucciones de S.E. el Presidente de la República, todas las medidas legales tendientes a impedir la realización del referido congreso, como también la constitución como partido político del movimiento nazi.".
Lo propio ha hecho el Ministro don Claudio Huepe, por encargo del Presidente Lagos, el 21 de marzo del presente año, al reunirse Su Excelencia con el Presidente mundial de la principal entidad de beneficencia judía, señor Richard Heideman.
A ello debe agregarse una reciente declaración de la Cancillería chilena, bajo la firma de su titular, la Ministra señora Soledad Alvear.
No puede extrañar que las más altas autoridades parlamentarias y de Gobierno, así como las distintas instancias partidarias hayan insistido y sigan insistiendo en el más enérgico repudio a los movimientos neonazistas y sus manifestaciones.
En cierto modo, los democratacristianos chilenos somos descendientes de aquellas corrientes de ideologías y de acción que se encarnaron en Alemania en Konrad Adenauer, y en Italia en Alcide de Gasperi, perseguidos por el nazismo hasta el punto que el Papa Pío XII brindó asilo a este último en El Vaticano, como bibliotecario.
Además, debe tomarse en consideración que la inmensa mayoría de nuestros militantes son creyentes: católicos, evangélicos, judíos, confesiones religiosas que fueron ensangrentadas con miles y millones de mártires y víctimas inocentes, a las cuales nuestro partido no puede ni quiere olvidar, pues tal olvido entrañaría un atentado contra el patrimonio moral de la humanidad.
Estamos orgullosos de que la juventud democratacristiana, encabezada por el Diputado señor Patricio Walker, haya sido la primera en oponerse a la celebración en Chile de una internacional neonazi.
Ahora bien, se han levantado voces en defensa de la realización de ese congreso, fundamentadas en dos tipos de argumentaciones: que la proscripción de tal evento podría constituir un atentado a garantías fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a reunión, y que la postura actual del neonazismo criollo excluiría elementos esenciales del pensamiento de Hitler y de sus seguidores, centrándose sólo en la doctrina nacionalsocialista desarrollada entre 1933 y 1939, la cual excluiría la prédica del odio racial y religioso.
La primera objeción olvida que todos los derechos fundamentales se encuentran insertos en la construcción jurídica llamada "Estado de Derecho", la cual implica que el ejercicio de un derecho fundamental no puede ser utilizado para socavar o destruir el ejercicio de otros derechos humanos, en especial, el derecho a la vida y a la integridad física. Precisamente el nazismo fue maestro en utilizar las libertades democráticas para acabar con la democracia de la República de Weimar y en utilizar el ejercicio de las libertades de expresión y de reunión para terminar implantando un régimen del más horrendo totalitarismo.
No se piense que lo dicho es sólo una construcción teórica. Si se examina el artículo 20 de la Constitución chilena, se verá que el recurso de protección sólo ampara el "legítimo ejercicio" de los derechos allí enumerados, y es evidente que utilizar un derecho para fomentar el odio racial y la discriminación religiosa no puede ser entendido en ninguna nación civilizada como un "legítimo ejercicio" del mismo.
A la segunda objeción debe responderse que quien utiliza las camisas pardas y la cruz gamada, los uniformes y los saludos, las consignas y los gestos del nazismo histórico no puede pretender que todo ello es ajeno a los contenidos ideológicos esenciales que han caracterizado ese movimiento.
No se puede aceptar -en este ejercicio esquizofrénico- que cada vez que una sana y elemental reacción democrática objeta sus contenidos ideológicos los nuevos nazis chilenos postulen que ellos ya no sostienen lo que el nacionalsocialismo enseñó y practicó con diabólica consecuencia, a la vez que persisten en llamarse nacionalsocialistas y en presentarse como tales.
Por último, resulta intolerable que se abuse de nuestra apertura de mente, pretendiendo que sólo nos remontamos a una época, entre 1933 y 1939, como si en ese entonces no hubieran existido ni ideas ni crímenes atroces. No abordo lo que ya dijo el Episcopado chileno en orden a que la Encíclica de Pío XI "Con Ardiente Preocupación" se emitió contra Hitler en el Domingo de Ramos de 1937, precisamente para oponerse a las ideas y prácticas del nazismo de esos días.
Baste recordar que en agosto de 1933, en menos de tres semanas, noventa sacerdotes católicos fueron detenidos y nueve diarios católicos prohibidos.
A fines de ese mismo año, los nazis publicaron una ley sobre la eugenesia y abrieron el campo de concentración de Dachau, a donde enviaron, entre otros muchos líderes religiosos, al Padre José Kentenich, fundador del movimiento Schönstatt, al que pertenecen actualmente el Presidente y el Secretario de la Conferencia Episcopal Chilena.
Hitler asume como Canciller del Reich en agosto de 1934 e inicia una campaña antisemita contra todo el comercio judío.
¿No es en julio de ese mismo año cuando el Canciller austríaco Engelbert Dollfuss es asesinado por los nazis por encabezar un Gobierno que se opone a la anexión de Austria a Alemania y por reconocer en el catolicismo un elemento esencial de la civilización?
El 20 de agosto de 1935 los Obispos de Alemania denunciaron en Fulda una abierta persecución contra la Iglesia Católica y el intento de erigir en ese país una Iglesia Nacional, independiente de Roma. Manos chilenas hicieron publicar el texto traducido de aquella denuncia en la Revista Católica de Santiago en 1935 (Nº 2), desde donde la tomaron los falangistas para fustigar al nazismo, como lo hicieron, entre otros, Frei, Leighton y Tomic.
No puede entonces el neonazismo criollo reinventarse una virginidad ideológica basada en las doctrinas y acciones del nazismo histórico de 1933 a 1939, como si se quisiera que el pueblo chileno padeciera de amnesia y comulgare con ruedas de carreta.
Señor Presidente, en nombre del Comité de Senadores del Partido Demócrata Cristiano, pido que se oficie a Su Excelencia el Presidente de la República reiterándole el texto del acuerdo del Senado del 6 de mayo de 1998 y solicitándole que emplee todos los medios que le otorga el orden público constitucional con el fin de impedir la realización del Congreso Neonazi y la constitución como partido de los grupos nacionalsocialistas.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en conformidad al Reglamento, en nombre del Senador señor Hamilton, petición a la que adhieren los Honorables señores Bombal, Lagos y Urenda.
El señor BOMBAL.-
¿Me permite, señor Presidente? Si el Senador señor Hamilton no tiene inconvenientes, quiero intervenir con cargo al tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
El señor HAMILTON.-
No hay problema, señor Senador.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bombal.
RESOLUCIÓN DE CORTE SUPREMA ANTE ACUSACIONES CONTRA ALTA MAGISTRADA
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, al mediodía de hoy la Excelentísima Corte Suprema de Justicia adoptó una importante resolución: los 19 Ministros que integraron el Pleno acordaron, por unanimidad, abrir un expediente de remoción para una alta magistrada sobre la que pesan acusaciones muy serias y graves, que en los últimos días la prensa ha dado a conocer profusamente. La señora Ministra, además, ha sido suspendida por cuatro meses en el ejercicio de su cargo, sin perjuicio de que la Excelentísima Corte le ha permitido contestar, en el plazo de diez días, los cargos formulados.
Esta decisión de la Corte Suprema nos parece de la mayor trascendencia, pues da una señal muy clara al país de que no puede haber ni una sombra de duda respecto del comportamiento ministerial de los jueces, de las magistraturas del país, ni, mucho menos, existir la sospecha de que presuntos vínculos con el narcotráfico pudiesen estar contaminando nuestras esferas judiciales.
En días pasados, junto al Senador señor Chadwick, fui a visitar al señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema para manifestarle nuestra preocupación por la profusa información, que ya desbordaba diversos medios, relativa a hechos de la mayor gravedad que involucraban a un alto personero del Poder Judicial. El señor Presidente, don Hernán Álvarez, nos señaló que debíamos tener tranquilidad, porque la Excelentísima Corte se encontraba ponderando todos los acontecimientos y antecedentes acumulados sobre el caso, y que además estaba funcionando la Comisión de Ética, entidad que ha dado una clara señal al país. Nosotros nos felicitamos de la agilidad con que actuó ésta y, sobre todo, de la resolución unánime de nuestro máximo tribunal frente a hechos que son de la mayor gravedad.
Nos alegramos por la prontitud con que la Corte Suprema ha dado una señal al país y nos alegramos de ello, porque si hay algo que puede afectar a la sociedad es la corrupción de las instituciones y de quienes se desempeñan en ellas, máxime si se trata del Poder Judicial. Si es grave la corrupción en el Poder Ejecutivo, si es grave la corrupción en el Poder Legislativo, mucho más lo es para una sociedad y para una democracia el hecho de que esa corrupción alcance a funcionarios que se desempeñan en la magistratura o en la judicatura.
Por eso, frente al cúmulo de antecedentes que se han ido conociendo, el que hoy la Corte Suprema haya entregado esta señal al país es motivo de tranquilidad para la sociedad chilena, y creo que es bueno reconocerlo en el Senado. Tal vez no lo es todo, pero es una señal que indica que hay mucho por hacer todavía. Pero al menos ¿a diferencia de lo ocurrido hace dos años atrás, cuando tuvimos que llegar al expediente de la acusación constitucional frente a hechos muy similares- esta vez no se llegó a ello, probablemente porque existía más conciencia sobre el fenómeno de la corrupción, especialmente de la asociada al narcotráfico. También existía más conciencia en cuanto a que la Comisión de Ética de la Corte Suprema podría resolver una materia que hace dos años no era posible solucionar con la prontitud con que hoy se ha resuelto esta situación desde el interior mismo del Tribunal. Por eso, nos alegramos de esta importante señal ¿reitero- que se ha dado al país.
Felicitamos a la Excelentísima Corte Suprema por esta resolución y confiamos en que frente a hechos de esta naturaleza siga existiendo la misma fortaleza, temple y coraje por parte de un Poder del Estado para decirle a la sociedad chilena que la corrupción no va a llegar a nuestros tribunales y que sus jueces van a ser impecables en el cumplimiento de sus deberes.
Por desgracia, el poder corruptor del narcotráfico busca corromper las más altas instituciones del país. Por ello, el lugar en que se anida en especial la acción corruptora de las organizaciones criminales es precisamente donde están los más altos personeros del país, vale decir, en los tribunales de justicia.
En este caso, hemos visto ¿entre los antecedentes que se han esgrimido sobre la situación que afectó a un magistrado- cómo se encuentra en libertad un narcotraficante. Hace dos años, también ocurrió lo mismo: se concedió la libertad a importantes narcotraficantes en forma muy extraña. Incluso más: con ocasión de un proceso en Arica, que se recordó en ese momento, se engañó a nuestros tribunales.
Entonces, frente al drama del narcotráfico y su acción corruptora de la justicia, la resolución de la Excelentísima Corte Suprema viene a decirle claramente al país que nuestros tribunales seguirán luchando para que no exista corrupción.
Por último, señor Presidente, esto también viene a reivindicar a esa inmensa mayoría de funcionarios honorables que trabajan en el Poder Judicial. No porque algunos se corrompan o puedan estar asociados a hechos corruptos, se puede dejar caer sobre todos el manto de que la justicia está corrompida. No es así. Nuestro Poder Judicial no está corrompido. Y el fallo unánime ¿19 contra 0- que hoy se ha producido habla muy bien de aquello.
Por lo mismo, reitero ¿porque no es del caso enviar felicitaciones al Presidente de dicho organismo, sino que decirlo en esta tribuna- que nos alegramos de la determinación adoptada en el día de hoy por la Corte Suprema.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
En el turno del Comité UDI e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
FUNCIONAMIENTO DEL PARLAMENTO EN VALPARAÍSO
El señor URENDA.-
Señor Presidente, aunque obviamente lo que voy a exponer esta tarde no puede desligarse de la idea de algunos señores Senadores de solicitar al Ejecutivo el envío de un proyecto de ley para el retorno del Congreso a Santiago, el propósito de mis palabras es, fundamentalmente, procurar hacer un análisis objetivo de lo que ha sido el funcionamiento en Valparaíso del Poder Legislativo, tras cumplirse diez años desde que iniciara aquí sus labores en un solemne 11 de marzo de 1990.
Previamente, es bueno recordar cómo en los últimos decenios ha ido intensificándose la necesidad de limitar la excesiva centralización sufrida por el país. Por ello, han sido muchos los congresos y seminarios sobre regionalización en los que se han buscado fórmulas concretas para llevar parte del poder concentrado en Santiago hasta las regiones, a fin de permitir el crecimiento armónico del país.
En ese marco, tomó fuerza la idea de que había que afianzar nuestra calidad de país marítimo y que, mientras no se lograse colocar la Capital junto al mar, al menos se pudiera instalar un Poder del Estado junto al Océano Pacífico, como demostración de que asumíamos una vocación y un desafío impuesto por la naturaleza y dábamos señales concretas de ello.
Con ese espíritu, el periodista Roberto Retamal, desde Antofagasta, planteó directamente la idea de trasladar el Parlamento a Valparaíso, y el Consejo Económico y Social ¿institución especialmente representativa de los diversos sectores y regiones- acogió la idea en 1987. Esa mirada al país, más que a la ciudad de Valparaíso, hizo que el abogado porteño Eduardo Parra bombardeara con cartas en el mismo sentido a las autoridades centrales y que la Armada de Chile, tras efectuar los estudios de factibilidad de la idea con resultados positivos, respaldara el proyecto.
Este anhelo nacional ¿confirmado hasta hoy por diversas encuestas- es el que se recoge en la Ley Nº 18.678, al establecer que "El Congreso Nacional tendrá su sede y celebrará sus sesiones en la ciudad de Valparaíso".
El deseo de regionalizar, con el tiempo se había intensificado, pero la idea no era nueva. Valparaíso ya había sido sede del Congreso Constituyente que afinó la Constitución jurada en septiembre de 1828. Fue así como el Parlamento funcionó en este puerto, con todas sus atribuciones, hasta la caída del régimen pipiolo en abril de 1830, en calle Santiago Severín Nº 10, a la subida del cerro Santo Domingo y próximo a la iglesia La Matriz. Tal vez la idea fue prematura, porque hace casi dos siglos un sistema federal, pensado para limitar Santiago, podía poner en peligro la unidad incipiente del país, riesgo que, obviamente, hoy no existe.
Tras la dictación de la ley Nº 18.678, inmediatamente se adoptaron las medidas para hacer realidad su mandato y se creó al efecto una comisión especial, presidida por el ingeniero don Modesto Collado.
La rapidez para ubicar el terreno adecuado (tarea difícil en una ciudad con un plan muy pequeño); para llamar a concurso internacional de arquitectos; para elegir un ganador de entre 17 postulantes de alto nivel, y para iniciar y ejecutar la construcción, permitió que en su hermoso y amplísimo Salón de Honor se efectuara una ceremonia trascendente para nuestra vida republicana: la Transmisión del Mando de don Augusto Pinochet a don Patricio Aylwin. Y, no obstante muchas limitaciones iniciales, desde el primer momento pudieron desarrollar sus labores tanto el Senado como la Cámara de Diputados.
Justo es reconocer que la decidida acción de las Mesas de ambas Corporaciones -en especial, la preocupación del Presidente del Senado don Gabriel Valdés- permitió continuar los trabajos hasta la terminación del edificio de 60 mil metros cuadrados de superficie, hasta completar el proyecto inicial, con la sola excepción de los helipuertos. Quizás, no todos están de acuerdo sobre su belleza, pero sí cuenta con los espacios, dependencias, oficinas y equipamientos de la más alta tecnología, que permiten cumplir a cabalidad todas las funciones propias de un Parlamento, principalmente con la esencial, cual es la de legislar.
No hay en mis palabras exageración. El nuevo Parlamento ha proporcionado a los Parlamentarios y jefes de servicios oficinas individuales. Asimismo, cuenta con 525 estacionamientos techados; con amplios espacios en jardines; con áreas de expansión en la zona contigua; con una modernísima biblioteca dotada de la más alta tecnología; con redes informáticas de comunicaciones, de acceso instantáneo para los Parlamentarios, funcionarios e incluso el público, fortaleciendo la transparencia y conocimiento de nuestra labor. Estas son las circunstancias que han hecho posible muchos de los éxitos que hoy exhibimos en el ámbito legislativo.
Pero el proceso de adaptación, ampliación y mejoramiento de la obra no se detuvo en 10 años, y el edificio se perfeccionó en razón de su funciones. Largo e innecesario sería reseñar los avances -especialmente cuando muchos de los aquí presentes los han visto y vivido- que han permitido que este Parlamento haya llegado a ser uno de los más modernos y completos del mundo, siendo objeto de admiración, incluso, de parlamentarios norteamericanos que echan de menos en el Capitolio un Salón de Honor como el nuestro.
Así, objetivamente puede consignarse que la obra está completa y que sólo son detalles marginales los que faltan por resolver. Fuera de la no utilización de los helipuertos, subsanable por los amplios jardines, sólo se echa de menos en el Senado el no contar con un gimnasio, como el que posee la Cámara de Diputados. Pero lo que para mí es más sorprendente es la utilización del nuevo comedor del piso 15, que es la coronación del edificio e implica, como ya se demostró el 11 de marzo pasado, contar con la posibilidad de que el Parlamento chileno, un Poder del Estado, pueda también atender a visitantes ilustres en debida forma, sin perjuicio de hacer más eficaz nuestra permanencia, mientras trabajamos en lo que el Senador señor Jarpa denominó gráficamente como un "internado".
En realidad, haya sido o no justificado el gasto, no parece razonable no aprovechar la inversión en sus fines propios y que, por razones distintas de la utilidad, el espacio se asigne a otros fines.
Señor Presidente y estimados colegas, un examen desapasionado y objetivo demuestra que el funcionamiento del Parlamento en Valparaíso ha constituido un éxito sorprendente que, en contra de lo que se dice, superó en muchos aspectos a las expectativas y, desde luego, destruyó los malos augurios de quienes no creen que, fuera de Santiago, las cosas se pueden hacer bien.
Ante todo, contra las afirmaciones relativas a la dificultad de concurrir a un Parlamento situado fuera de la Capital ¿que obviamente afecta en mayor grado a quienes representan Regiones y viven en ellas-, la asistencia a sesiones plenarias y de Comisiones ha excedido con creces a la cifra histórica y, en muchos casos, la duplica.
Pero hay más. No sólo cuenta con la participación mayoritaria superior al 85 por ciento de los Parlamentarios, sino que ello ha permitido dictar un cúmulo de leyes cuya cantidad excede a la que despachaba el Congreso cuando funcionaba en Santiago, con mayor número de miembros. Y esto, con un agregado clarificador: hoy, aun los temas más complejos son discutidos y resueltos en el Parlamento y no son producto de delegaciones de facultades al Ejecutivo, como ocurría en el pasado con los innumerables DFL que regulan materias trascendentes. Luego, hemos legislado más y también mejor; e indiscutiblemente ¿como señaló un Diputado-, "el hecho de mantener separados físicamente el poder legislativo y administrativo de los centros de poder ha constituido un enorme beneficio tanto para la independencia del Poder Legislativo como para la autonomía y eficiencia del Poder Ejecutivo".
No está de más recordar que, en tan solo una década, hemos despachado la no despreciable suma de 954 proyectos de ley, que se desglosan en 673 leyes, 270 tratados internacionales y 11 reformas a la Carta Fundamental. Sólo durante el año recién pasado el Senado despachó 92 proyectos de ley, entre los cuales se cuentan 3 reformas constitucionales.
No obstante esa realidad, demostrable y efectiva, hay quienes han argüido que, al margen del eventual mayor sacrificio que implica a los Parlamentarios venir a esta ciudad, se producirían dificultades en la relación Ejecutivo-Legislativo y quizás pérdidas innecesarias de tiempo para Ministros y funcionarios.
No es ni ha sido así. Consultado el Ejecutivo en 1996, en uno de los múltiples intentos de traslado a la Capital, sobre si se habían producido dificultades entre los Poderes del Estado con motivo de la separación física, el entonces Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, don Jorge Rosenblut, concluyó que "el resultado práctico de ellos," ¿de los trámites y contactos- "Ejecutivo y Parlamento, es altamente positivo".
Además, respecto a la eventual grave y presunta pérdida de tiempo que ocasiona el viaje de Santiago a Valparaíso, es muy claro que desde el Presidente de la República hasta funcionarios de menor jerarquía cumplen hoy su función precisamente desplazándose de sus escritorios. En los hechos, cualquiera que venga por la ruta 68, en sólo uno o dos minutos después de llegar a la ciudad ingresa al Parlamento, lo que jamás sería posible realizar en Santiago. Tampoco es creíble o aceptable que un viaje entre ambas ciudades, que demora poco más de dos horas treinta minutos de ida y venida, constituya un tiempo perdido. Por el contrario, es tiempo ganado para estudiar documentos, revisar la prensa e informes, o, a través de un teléfono celular, comunicarse al instante con el país y el mundo, y ello, lejos de la contaminación y de las presiones.
A lo anterior habría que agregar que en el edificio ya es posible usar todas las ventajas de comunicación que posee el Parlamento y que, no obstante poder hacerlo, no se han utilizado, como la video conferencia para sesionar a distancia o conversar con Ministros de Estado o funcionarios desde alguna Comisión.
Sin embargo, hay otras cuestiones imprescindibles que tampoco pueden dejarse de comentar, para terminar con mitos y afirmaciones livianas. Se insiste en que el Parlamento se instaló acá con el exclusivo ¿o, por lo menos, principal- objeto de revitalizar la ciudad y que esto no se ha logrado.
Desde luego, ello no es exacto. Como ya señalé, la razón fue contribuir a la descentralización de Chile y aminorar el crecimiento desmesurado de Santiago, reafirmando nuestra calidad de país marítimo que, curiosamente, con una de las mayores costas del mundo, tiene una capital mediterránea. Pero la afirmación a que aludí denantes tampoco es veraz, porque no es efectivo que la permanencia del Parlamento en Valparaíso no haya tenido, no tenga o no tendrá en el futuro importancia para la ciudad, ni mucho menos que el entorno del actual Congreso sea absolutamente inadecuado e inferior al del antiguo edificio en la Capital.
Desde luego, es evidente que para ninguna ciudad, ni mucho menos para una con los índices de cesantía como la nuestra, resulta indiferente que trabajen o no en ellas las mil 150 personas que lo hacen en el Parlamento, sin contar al numeroso personal de servicios complementarios, a los periodistas y a los carabineros que integran la guardia. Esta cifra de trabajadores y personas ocupadas en torno a una actividad es superada en Valparaíso sólo por la Armada Nacional, lo que es bastante clarificador. Sin embargo, esto no es lo único. Por ejemplo, a todos quienes se desempeñan en torno a las universidades de la ciudad ¿proporcionalmente, ésta reúne el mayor número de ellas en el país-, les es muy importante disponer de una biblioteca de la importancia y modernidad de la del Congreso, que es, sin duda, la mejor del país y a ella se puede acceder directa e inmediatamente.
Ya hay varios organismos, dependientes o vinculados con las universidades locales, que trabajan cooperando al lado nuestro, con los Parlamentarios.
Deseo hacer aquí un alcance de amplio sentido humano, que muchas veces se olvida o tergiversa. El grueso de los funcionarios que colaboran con nosotros en el Senado, en la Cámara de Diputados y en la Biblioteca vive en el Gran Valparaíso, ya sea porque han sido siempre porteños o porque decidieron trasladarse. Si en 1996 aún había 53 que mantenían su domicilio en la Capital ¿a quienes les era preciso viajar para cumplir sus funciones-, eso se debe a que se ha mantenido la incertidumbre sobre la permanencia de su lugar de trabajo aquí y no se han dado las mínimas facilidades para que adquieran una casa o departamento.
Por ello, para la gran mayoría del personal constituiría un problema gravísimo tener que trabajar en Santiago en condiciones inadecuadas y, obviamente, en un ambiente muy inferior, si se diere el paso ¿que aparece absolutamente inadecuado, mirando el interés nacional- de volver atrás el reloj de la historia y regresar a nuestra inmensa y supercongestionada Capital.
Deseo agregar ¿porque es oportuno señalarlo-, cómo todo el personal, sin excepción, con su capacidad, lealtad y esfuerzo ha hecho posible el muy buen funcionamiento del Parlamento en nuestra ciudad, y vaya por ello, a todos los funcionarios, mi reconocimiento y gratitud.
Además, para la ciudad de Valparaíso, el Congreso Nacional de por sí constituye un polo del llamado "turismo cultural", que a lo largo del año recibe delegaciones de distintos colegios del país, sin contar a los innumerables turistas y a las numerosas personas que, por razones políticas, sindicales, gremiales, de actividad, interés, etcétera, concurren al Congreso desde las más diversas ciudades del territorio. Cabe agregar que, tanto el Salón de Honor, en el que se han efectuado muchos actos importantes de carácter nacional, como los espacios de ingreso, son sedes permanentes de exposiciones y actividades culturales, que constituyen aportes valiosos para la ciudad y, obviamente, han permitido aminorar en buen grado los efectos del injusto abandono en que el Gobierno Central ha tenido a Valparaíso.
Sin embargo, por mucho que se hayan mezquinado los recursos a Valparaíso, que sólo empezaron a llegar en los últimos años, pero con la consecuencia de que hasta ahora sus frutos casi no han podido verse, la ciudad, igual y objetivamente, sigue ofreciendo ventajas comparativas respecto de Santiago, como ocurre con el entorno del Congreso, inmensamente superior al del antiguo Parlamento en Santiago.
Aquí, los más de 20 mil metros de terreno dan a dos de las mejores avenidas de la ciudad, a una plaza ¿O¿Higgins- que se ha remozado y a una calle más ancha de lo normal, y existen proyectos concretos que no requieren muchos recursos para mejorar su cara frontal con una plaza ceremonial. A su vez, con más habilidad y buen gusto que con dinero, es posible resolver la situación de la feria de la avenida Argentina. Si a ello se agrega la presencia de una iglesia, que forma un solo todo con los terrenos del Parlamento y el Paseo Juana Ross, se completa un cuadro de una amplitud y potencial belleza claramente superior al existente en la Capital e imposible de lograr en ésta.
Desde otro punto de vista, por atraso o postergación en su iniciación y ejecución, no están aún terminadas obras de infraestructura de gran magnitud, que serán muy trascendentes para Valparaíso y que, al mismo tiempo, contribuirán a mejorar la ciudad y el entorno del Congreso. Al respecto, cabe citar la ruta 68, que, con muchos años de retraso, se está convirtiendo hoy en una autopista que será la mejor de Chile y unirá a Santiago y Valparaíso con un camino rápido, seguro y amplio; el acceso sur ¿unido (al parecer, en forma definitiva) al de Cabritería-, que no sólo facilitará un doble ingreso a la ciudad y a su puerto, sino que eliminará el paso de camiones por la avenida Argentina, que fácilmente puede convertirse en un muy hermoso lugar; el Troncal Sur, que debe combinar con la IV etapa de la avenida España, y la construcción del camino internacional que continúa la vía Las Palmas. Estas obras han de traducirse también no sólo en progreso para el Gran Valparaíso, sino también en más fáciles y expeditos accesos a la sede del Poder Legislativo.
No olvidemos que el Presidente de la República prometió solemnemente en nuestra ciudad que Valparaíso contaría, al final de su Gobierno, con un tren rápido que la uniría a Santiago y, por ende, a todo el país.
Éstas son obras en ejecución o ya aprobadas, salvo sorpresas del centralismo, como aquella de la que nos enteramos ayer, pues con estupor supimos que la oficina técnica para la IV etapa de la avenida España, que se suponía constituida en septiembre de 1999, todavía no lo ha sido, según denunció la persona a quien el Gobierno anterior indicó para hacerse cargo de la tarea: el ingeniero civil, de gran prestigio, don Dante Bacigalupo.
El beneficiar a Valparaíso no fue el motivo por el cual el Congreso funciona acá; pero igual e innegablemente lo ha ayudado. Si sólo se cumplieran los compromisos asumidos por el Gobierno anterior y ellos fuesen ratificados por el actual Presidente de la República, dentro de pocos años tendríamos una gigantesca transformación de la ciudad, con un privilegiado, descontaminado y hermoso entorno de nuestro edificio -que sería fácil de completar-, que realzarían su geografía única y sus características que la han hecho merecedora de ser considerada como Patrimonio de la Humanidad.
Todo ello, no sólo se desaprovecha al plantear el retorno a Santiago, sino que hay un inmenso costo involucrado en ese propósito, que el país ni hoy ni en muchos años estará en condiciones de asumir y que, a la luz del informe del entonces Ministro de Obras Públicas, don Ricardo Lagos, viene a constituir un despilfarro de muchísimos millones de dólares.
En lugar de ello, parece objetivamente más conveniente que de una vez se tome conciencia de que el verdadero objetivo del Parlamento en Valparaíso está en la importancia de constituir una medida adoptada, por un lado, como señal de alarma para un país extremadamente centralizado, cuya capital absorbe sobre 40 por ciento de la población y mucho más de 50 por ciento de la industria, de la banca y del comercio, lo que, de no alterarse por la vía de la descentralización del poder, comprometerá gravemente el porvenir de Chile; y por otro, como una manera de hacer frente en mejor forma a los desafíos del futuro.
Señor Presidente, Honorables colegas, en esta intervención, en la que he intentado, someramente y de manera objetiva y racional, revisar lo que ha sido el funcionamiento del Congreso fuera de Santiago durante ya 10 años y precisar detalles respecto del edificio y sus cualidades; de Valparaíso, sus problemas, soluciones y postergaciones, pero, sobre todo, del propósito que se persiguió, como país, cuando se dispuso el traslado, hay una invitación a reflexionar y, a la luz de los hechos, apreciar si con el Parlamento en esta ciudad hemos avanzado o retrocedido como nación, como Poder Legislativo y como representantes del pueblo y de su voluntad.
En nuestras decisiones, especialmente en las de estas características, estamos obligados a pensar más en el país y en su futuro que en nuestra comodidad o conveniencia. Y si esto lo hicimos cuando adoptamos voluntariamente la idea de dedicarnos al servicio público en todas nuestras actuaciones, sería increíble que no lo hiciéramos con respecto a un problema tan trascendente como éste. Chile entero tiene puestas sus esperanzas en que este signo evidente de nuestra decisión nacional de regionalizar, crecer armónicamente, ejercer nuestro carácter de país con vocación oceánica, esté señalándonos día a día el camino que debemos seguir para lograr esa nación mejor y más armónica que todos anhelamos.
Estoy seguro de que, por muchas que sean las molestias o los problemas que ello pudiera ocasionarnos, no claudicaremos, ni menos vamos a defraudar las esperanzas y expectativas de tantos.
Muchas gracias.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Honorable señor Urenda, comparto ciento por ciento lo que ha expresado. Su Señoría tiene aliados en esta materia.
En el tiempo que resta al Comité UDI e Independientes y en el del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
POLÍTICA DE CIELOS ABIERTOS ENTRE CHILE Y ARGENTINA. OFICIOS
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, en los momentos en que el Senado se apresta a debatir el Tratado Minero celebrado con Argentina, parece oportuno analizar el conjunto de las relaciones económicas con la vecina República, ya que, aparte el sector minero, existen otras actividades en que la complementación resultaría beneficiosa para ambas naciones.
Una de esas áreas es la del transporte aéreo, marítimo y terrestre, donde hay numerosas negociaciones pendientes, que no han tenido el mismo ritmo de avance que las del sector minero.
En esta oportunidad deseo referirme en especial al transporte aéreo, ya que las operaciones internacionales de las empresas aéreas comerciales nacionales forman parte de las exportaciones del país.
Los expertos señalan que Santiago ha llegado a constituirse en la capital de América del Sur con mejores conexiones internacionales, a pesar de su lejanía, debido a la voluntad de los sucesivos Gobiernos en cuanto a obtener mayores derechos de tráfico internacional para las compañías chilenas.
En el caso de LAN Chile, por ejemplo, la mayoría de los pasajeros que transporta en sus rutas internacionales provienen de otros países y solamente 33 por ciento de ellos son trasladados entre dos naciones extranjeras. Para el presente año, dicha compañía proyecta generar ingresos fuera del país del orden de los 840 millones de dólares, lo que le permite sostener una flota de 50 aviones y dar empleo a aproximadamente 10 mil personas.
Como en muchos aspectos, en lo relativo al transporte aéreo Chile y Argentina han venido experimentando crecientes grados de integración, de manera que, para llegar a un ambiente de cielos abiertos, sólo falta que se otorguen derechos de "quinta libertad" para los servicios de pasajeros, esto es, el derecho a tomar pasajeros en Argentina para transportarlos a un tercer país y viceversa, y, en el caso de la carga, llegar a la llamada "séptima libertad", es decir, la posibilidad de trasladar carga desde Argentina a un tercer país sin necesidad de originar o terminar el vuelo en Chile.
En esta materia, hace poco tiempo existió voluntad política de ambos países a los efectos de otorgarse recíprocamente dichos derechos o libertades para el transporte aéreo. Ello motivó que en junio de 1999 la autoridad chilena formulara una solicitud a la argentina para la apertura total del transporte aéreo, incluido el cabotaje. Dicha solicitud fue discutida en una reunión de consulta celebrada en Buenos Aires en octubre del mismo año, pero hasta ahora no se han producido avances significativos.
Me parece que el Ministerio de Relaciones Exteriores y, especialmente, el de Transportes y Telecomunicaciones, en esta área y en otras, no han tenido éxito; no veo que avancen.
Por ello, estimo indispensable oficiar a los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional y de Transportes y Telecomunicaciones, y a la Junta de Aeronáutica Civil, para que nos informen sobre el estado de esas negociaciones ¿están pendientes, y hasta ahora no tenemos ningún antecedente- y sus perspectivas en el corto y mediano plazos.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
DETENCIÓN DE CAMIONES CHILENOS EN ARGENTINA. OFICIOS
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, desde el 7 del mes en curso, en Jujuy, a pocos metros de la frontera con Argentina, se encuentran detenidos 12 camiones que transportan carga desde la Zona Franca de Iquique (ella llega en buques y es transferida desde dicha Zona a Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina).
Mediante una instrucción general de las autoridades de Argentina, se prohíbe el ingreso a ese país de ciertos artículos de puericultura y juguetes susceptibles de ser llevados a la boca por los niños: bandejas, platos, etcétera. El Gobierno de la vecina República decidió impedir el uso de sus carreteras para el transporte de dichas mercancías, aun cuando vayan en tránsito, en contenedores cerrados, a otras naciones.
Por mi experiencia de muchos años en el rubro, puedo sostener que se trata de una medida a la cual Argentina recurre permanentemente, con la que viola de manera sistemática los tratados sobre transporte internacional suscritos por Chile.
Ante tal situación, no hay una respuesta oficial. Nuestra Cancillería se ha mantenido absolutamente al margen, al igual que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Y esa actitud la observamos constantemente en las autoridades nacionales respecto de empresarios chilenos.
Pude apreciar una conducta similar en Perú con motivo de las negociaciones de la reglamentación del Tratado de 1929. Por ejemplo, durante una reunión con el Presidente Fujimori, ante determinados problemas fronterizos, no obstante lo propicio del momento, existía una especie de temor, de miedo a efectuar -yo lo hice- los planteamientos del caso.
Señor Presidente, me parece que, en definitiva, debe haber un cambio de actitud.
Los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Transportes y Telecomunicaciones están enterados del problema expuesto.
Primero, las cargas están sufriendo deterioro.
Segundo, se trata de un transporte de transferencia; es decir, los buques llegan al puerto de Iquique y transfieren las mercancías. Entonces, la cadena de transporte marítimo, aéreo e intermodal -como la denominamos- hoy está paralizada, con el consiguiente perjuicio para el transportista nacional, por los costos involucrados, y el incumplimiento de obligaciones ante los usuarios definitivos, todo lo cual conforma un cuadro realmente grave.
Por lo tanto, solicito oficiar al señor Ministro del Interior, a la señora Ministra de Relaciones Exteriores y al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, solicitándoles adoptar las medidas para llegar a una pronta solución con el Gobierno argentino.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Al parecer, el MERCOSUR no consideró ni los cielos ni las carreteras.
El señor LAGOS.- Creo que, en esta materia, lo que pretende Argentina es protegerse del mercado del MERCOSUR. Aquí hay muchos productos que se están exportando a Paraguay ¿la carga a que me referí se dirigía directamente a este país- y Brasil, pero se ha inventado una trampa para que no lleguen a esos mercados.
PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES EN PRIMERA REGIÓN. OFICIOS
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, a raíz de la problemática medioambiental de la ciudad de Iquique, he querido referirme en forma más extensa al tema. Y es que dicha ciudad hace años dejó de ser una zona exenta de dificultades en este ámbito. Muy por el contrario, está enfrentando una serie de inconvenientes que obligan a adoptar políticas inmediatas en tal sentido, ya que se atenta contra la calidad de vida de los habitantes de la Región. Además, la presencia de problemas ambientales emergentes que podrían provocar un hecho catastrófico, sin que necesariamente se produzcan hoy o se expresen en esa magnitud, no deja de inquietar a las autoridades del ramo.
En tal sentido, la dificultad más grave que vive Iquique se vincula con la existencia de microbasurales o vertederos ilegales en distintos puntos de la provincia. La situación más delicada se experimenta en Alto Hospicio. Allí, la existencia del vertedero municipal ha generado también la presencia de verdaderos bolsones de basura en otros sectores, convirtiéndolos en un problema alarmante. Actualmente, el vertedero municipal se encuentra en proceso de cierre y sellado, lo que tardará a lo menos sesenta días. El lugar para el nuevo recinto de acopio aún no es aprobado por el Servicio de Salud, por la tardanza del municipio local en la presentación del proyecto.
Lo más delicado en este tema radica justamente en las consecuencias que ha traído aparejada la presencia de tanta basura. Y es exactamente en Alto Hospicio donde los vecinos están sufriendo las más serias secuelas, pues una verdadera invasión de moscas, roedores, baratas y todo tipo de insectos se ha apoderado de las casas, transformándose estos vectores en un serio riesgo para la salud de los pobladores.
Iquique tampoco está tan lejos de esa realidad, especialmente el casco antiguo de la ciudad y las áreas de mayor densidad poblacional, donde el manejo de los desperdicios domiciliarios no es el más adecuado. El tema adquiere mayor relevancia si se considera que en América Latina existe un aumento significativo de las enfermedades transmitidas por esos vectores.
Todo indica que, además de regularizar los vertederos ilegales existentes, la superación del problema requiere la implementación de una metodología básica y apropiada de manejo de los residuos domiciliarios y, junto con ello, el ataque a los vectores que se han hecho presentes, con planes masivos de fumigación y desratización, iniciativas que el Servicio de Salud tiene preparadas, pero que no ha aplicado por falta de recursos.
Otro de los problemas se vincula directamente con la alteración de la calidad del aire por emisión a la atmósfera de partículas y gases contaminantes. La falta de regulación, especialmente de panaderías, amasanderías y otros establecimientos, que aparecen como las principales fuentes fijas contaminantes (calderas a leña e industriales), genera que tanto en la ciudad de Iquique como en Arica los mayores aportes a los niveles de material particulado y dióxido de azufre provengan exactamente de esos puntos. En Iquique es mayor el nivel de contaminación atmosférica, lo que está relacionado con el grado de desarrollo industrial de la zona.
Dentro de las fuentes móviles, los autos particulares, vehículos comerciales, taxis, buses, taxibuses y camiones, además de contaminación atmosférica, provocan congestión en las vías. Estos dos problemas obligan a desarrollar un sistema permanente de monitoreo de la calidad del aire en Arica e Iquique y a realizar campañas de instrucción dirigidas hacia la ciudadanía sobre los efectos que causa en la salud la emisión indiscriminada de contaminantes.
Un tercer aspecto tiene que ver con la contaminación acuática. La descarga de materia orgánica y química en el área costera de la ciudad, especialmente en el perímetro portuario, provocó la seria contaminación aérea (malos olores) y marítima que debieron soportar los vecinos del sector cuando en febrero pasado la Empresa de Servicios Sanitarios de Tarapacá (ESSAT), por una falla técnica, derramó cientos de litros de aguas servidas.
También está presente la contaminación acuática de carácter físico y químico proveniente de las descargas portuarias no controladas, fenómeno que se produce esencialmente en Iquique por el mal manejo de los residuos dentro de ese recinto, lo que, sumado a la baja conciencia, no sólo causa dificultades a la comunidad, sino que, adicionalmente, constituye un serio riesgo de toxicidad para los recursos hidrobiológicos.
La primera de esas situaciones (descarga de materias orgánicas) podría ser revertida con la instalación de emisarios y cambios en el tratamientos de los riles.
Otros problemas ambientales en la zona se vinculan con:
-Sobreexplotación de los recursos pelágicos por la pesca industrial, captura a nivel semiindustrial de los recursos que debieran ser utilizados por la pesca artesanal. Ello se produce debido a la existencia de embarcaciones caratuladas como artesanales, pero cuyo tonelaje y sistema de pesca se asemeja al industrial.
-Percepción de malos olores provenientes de la actividad de las industrias pesqueras y productoras de harina de pescado en Iquique y Arica, situación que está bajo un estricto control con las fiscalizaciones del Servicio de Salud. A pesar de ello, sólo durante enero y febrero se cursaron tres sumarios sanitarios por este concepto. Esto requiere adecuar la capacidad de procesamiento de las plantas productoras de harina de pescado, sellado de equipos que permitan la hermeticidad del proceso total de elaboración, disposición apropiada de desechos sólidos y tratamiento de los residuos líquidos industriales.
-Competencia por los recursos hídricos entre el consumo humano y regadío, situación que se ha producido especialmente en las comunas agrícolas al interior de la provincia de Iquique, como Pica y Matilla, donde deben subsistir dos actividades productivas, agricultura y minería, además de los habitantes de la zona, con escasez del recurso.
-Mortalidad de especies de fauna marina por el desarrollo de las actividades de las pesquerías industrial y artesanal.
-Inexistencia de alcantarillado, conducente a la contaminación del suelo y de las aguas por deposiciones y residuos domésticos, problema que se agrava aun más en las localidades rurales de la Región.
-Localización de construcciones (problema emergente) en zonas de riesgo de catástrofes naturales, situación que se repite en las ciudades de Arica e Iquique. Por ello, es apremiante establecer planes reguladores comunales e intercomunales, a fin de evitar instalaciones en zonas de riesgos.
Por todo lo expuesto, solicito oficiar en mi nombre a la Ministra de Salud, señora Michelle Bachelet, para que se provea de un programa de desratización y fumigación de emergencia en todas las zonas con alta densidad poblacional y en el casco antiguo de la ciudad de Iquique (perímetro céntrico); se instruya a las autoridades locales para que destinen los recursos necesarios para su realización, y se informe sobre los planes que tienen en la materia el Ministerio de Salud y la CONAMA.
Asimismo, pido oficiar a la Directora de CONAMA, señora Adriana Hoffmann, a fin de que se elabore un estudio para determinar con exactitud a qué grado de contaminación está expuesta la ciudadanía de Arica, Iquique y Parinacota, y se adopten medidas de protección y prevención para ella, con planes iguales a los llevados en la capital de la República.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
ENCARECIMIENTO ARTIFICIAL DE TARIFAS EN PUERTO DE ANTOFAGASTA. OFICIOS
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, deseo exponer sobre un tema que ha despertado la conciencia de la comunidad antofagastina, cuyas fuerzas vivas -las principales empresas de la ciudad, las juntas de vecinos y, en fin, diversas personas jurídicas y naturales- han protestado enérgicamente por lo que han calificado como "odiosa discriminación". Me refiero a las tarifas implementadas al puerto de Antofagasta.
La Empresa Portuaria de Antofagasta está enfrentando un cambio tarifario, lo que no tendría nada de raro, excepto que presenta dos características importantes de resaltar: primero, que el alza de tarifas lo convierte en el puerto más caro del norte del país, si no de todo Chile; y segundo, que esa política responde a una iniciativa del Gobierno anterior, que ha buscado encarecer sus servicios para apoyar una idea muy loable, que todos valoramos y aplaudimos: el Complejo Portuario de Mejillones. Pero nos parece incalificable que se esté excediendo todo rango prudente en la fijación de tarifas para el puerto de Antofagasta, favoreciendo, a propósito de esta situación, al de Mejillones, que todavía no se construye y respecto del cual no ha habido éxito, porque hasta ahora sólo está comprometida la División Chuquicamata de CODELCO, que es su principal impulsora y la que ha aportado los recursos.
Al respecto, cabe tener en consideración algunos elementos. Comparación de tarifas por uso de infraestructura portuaria. Uso de muelle a la nave: la tarifa actual es de 85 centavos de dólar por metro de eslora por hora. El 30 de septiembre de este año, subirá a un dólar con 44 centavos. Comparativamente, Iquique cobra 0,35 dólares; Coquimbo, 0,7 dólares, y Arica, 0,4 dólares.
¿Con qué criterio el Presidente de la República y el Ministro de Economía decidieron alzar las tarifas para Antofagasta? Me resulta inexplicable.
Analicemos otro ítem. Uso de muelle a la carga general: la tarifa actual es de 2 dólares con 19 centavos por tonelada. El 30 de septiembre de este año será de 3 dólares con 4 centavos. Comparemos: Iquique cobra un dólar con 35 centavos; Coquimbo, 77 centavos de dólar, y Arica, un dólar con 35 centavos. Es decir, el valor de los servicios del puerto de Antofagasta más que duplicará el de los terminales alternativos.
Uso de muelle a la carga a granel: la tarifa actual en Antofagasta es de un dólar con 24 centavos por tonelada. El 30 de septiembre de 2000 subirá a un dólar con 72 centavos. ¿Cuál es el marco referencial? Iquique, 92 centavos de dólar por tonelada; Coquimbo, 51 centavos de dólar, y Arica, 85 centavos de dólar.
No hay lógica en la situación que afecta a Antofagasta. Ello justifica que las fuerzas vivas más importantes de la ciudad estén alzando su voz y protestando por esta medida, la cual me parece francamente una discriminación odiosa.
Esto se debe a la dictación del decreto Nº 53, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de 1998, que el Directorio de la Empresa Portuaria Antofagasta no ha podido hacer otra cosa que aplicar.
El alza total será de 2,4 dólares por cada tonelada que pasa por dicho puerto. Con ello, y como se demuestra en los datos que ya entregué, el de Antofagasta será significativamente el más caro entre los puertos del norte de Chile, continuadores de EMPORCHI y sus competidores en los cobros por uso de infraestructura. Y a la fecha no hay indicios de alza en ellos.
La modernización del sistema portuario fue concebida para permitir la incorporación del sector privado en la operación de los puertos. Junto con ello, se anunció que tal modernización traería como beneficio menores costos para los usuarios. El de Iquique ya fue adjudicado a la Compañía Sudamericana de Vapores. En Arica, el proceso ya se inició y está en marcha. Sin embargo, Antofagasta ha quedado postergada para varios años más, impidiendo por esa vía que los usuarios tengan la posibilidad de acceder a menores costos por el uso de la infraestructura portuaria.
El Directorio de la Empresa Portuaria Antofagasta ha expresado que el alza está relacionada con al menos dos aspectos: uno, la revalorización de los terrenos, y otro, la exigencia de una rentabilidad a los activos de manera similar a lo que se hace en una empresa privada. Ello nos parece bien. Sin embargo, una aclaración posterior, en cuanto a que el alza no impacta en los usuarios, sostiene que el incremento en el precio de los productos será insignificante. Esa forma de justificación no es precisa y nos parece torpe.
En efecto, en base a un movimiento de 3 millones de toneladas por año, el alza provoca un aumento de 7 millones de dólares anuales. ¿Alguien podrá pretender que se trata de una cifra insignificante? Este monto equivale aproximadamente a mil empleos por año, a razón de 600 dólares mensuales por trabajador. Si las empresas afectadas compensan el alza ajustando su masa laboral, en definitiva, se produce una transferencia de recursos de los trabajadores a la Empresa Portuaria Antofagasta.
¿Es, entonces, insignificante ese impacto? ¿A quién beneficia?
Por otro lado, las empresas de la Región son las principales perjudicadas. Las cargas se están desviando hacia otros puertos. De hecho, la que va a Bolivia prácticamente en su totalidad está destinada al puerto de Arica. ¿Quién paga el sobreprecio? ¿Quiénes son los destinatarios finales que asumen estos costos? Los clientes de estas empresas, que terminarán pagándolos.
El Gobierno ha pedido a los empresarios hacer un esfuerzo para evitar tomar decisiones que aumenten el desempleo. ¿Está actuando en consecuencia con ese pedido la Empresa Portuaria Antofagasta? Me parece que no.
El diario "El Mercurio", de Antofagasta, ha publicado declaraciones de personeros en el sentido de que si bien las alzas pueden provocar una disminución de las cargas que se movilizan por el puerto, al trasladarse a Mejillones, ello será beneficioso, porque ayudará a "disminuir la contaminación". Pero, como ya lo señalé, hacia dicho terminal sólo están comprometidos los embarques correspondientes al cobre de CODELCO, División Chuquicamata.
¿Qué pasa con las cargas peligrosas? ¿Qué sucede con las contaminantes? En efecto, no hay ningún impacto en ese sentido.
Por otra parte, se menciona que se pretende impulsar un proyecto inmobiliario. ¿No será que, en realidad, ahí se halla la principal motivación, esto es, que se intenta efectivamente realizar un negocio inmobiliario? Éste tiene doble efecto, porque, por una parte, se liberan terrenos en Antofagasta, y por otra, se hace un inmenso negocio inmobiliario para implementar el puerto de Mejillones.
Esta situación me parece francamente preocupante. Hasta ahora, el desarrollo de dicho Complejo Portuario se ha visto como excluyente respecto de Antofagasta. Es un antagonismo que no tiene sentido. Para la Segunda Región, lo mejor es que progresen ambos, para lo cual se hace necesario mantener condiciones de competitividad y normas claras y ecuánimes; es decir, que se deje actuar al mercado en forma libre y no induciéndolo, como se pretende con la aplicación del decreto Nº 53, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Se debe combatir y terminar con el discurso que sostiene que la existencia del puerto constituye una molestia para la ciudad de Antofagasta. Qué concepto puede ilustrar una posición semejante, cuando se ha consolidado a nivel mundial la idea de las ciudades puertos como la esencia de un proceso integrador, que es lo que se pretende hacer en el norte del país y, fundamentalmente, reconocer y valorar el rol que corresponde a los puertos de Antofagasta, Mejillones, Iquique y Arica como entes integradores con los países vecinos, particularmente con los del centro oeste sudamericano.
Las instalaciones de Antofagasta y de Mejillones deben esforzarse por atraer más carga a la Segunda Región, actuando en forma complementaria, como equipo, afiatadamente, promoviendo su progreso y desarrollo.
Por las razones expuestas, solicito que se oficie al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, para que informe respecto de los criterios que orientaron la fijación de la nueva tarifa, cómo se definió el decreto Nº 53 y qué criterios ilustraron esa decisión. En el contexto recesivo que enfrentan la Región y el país, es prioritario revisar las dos alzas de tarifas aplicadas a la fecha y anular la anunciada para septiembre de este año.
Pido que también se envíe un oficio a Su Excelencia el Presidente de la República y al señor Ministro de Obras Públicas, instándolos a que, de una vez por todas, se impulse la concesión del puerto de Antofagasta con la mayor urgencia y brevedad, y no el 2004 o más adelante, como se tiene previsto, pues de esa manera se podrá fortalecer la competitividad que requiere el sector.
Además, solicito oficiar, en mi nombre, al señor Fiscal Nacional Económico, con el fin de que informe acerca de la respuesta que se entregará a las fuerzas vivas de la ciudad, que hicieron una presentación reclamando como injusta, arbitraria y discriminatoria la medida que encarece artificialmente las tarifas del puerto de Antofagasta.
Asimismo, pido que se oficie al señor Contralor General de la República, con el objeto de que remita copia de la respuesta que dará a la petición de las fuerzas vivas de la ciudad con relación a este mismo tema, caratulada como "Miguel Bascuñan y otros", y del pronunciamiento que emitirá sobre la legalidad del decreto señalado.
Me parece que la EMPORCHI también debiera aclarar esta situación y, en consecuencia, solicito dirigir un oficio al Presidente de su Directorio en ese sentido, para que dé cuenta de la calificación de poca viabilidad del puerto de Antofagasta, producto del terremoto; y de ser ése el argumento, que señale qué ocurrió y qué destino se dio a los 8 millones de dólares que pagó el seguro por los daños verificados en dicho terminal.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Señor Senador, ¿la Empresa Portuaria Antofagasta es de CORFO?
El señor CANTERO.-
Es una empresa subsidiaria de la EMPORCHI y su Directorio es nombrado por el Presidente de la República. De ahí surge mi mayor inquietud, porque ese Directorio sirve los intereses del Primer Mandatario y no ha cautelado adecuadamente los de la comunidad de la Segunda Región ni la competitividad del puerto de Antofagasta, razón por la cual solicité enviar un oficio al Fiscal Nacional Económico, para que se pronuncie sobre el tema.
Por su parte, el Directorio del Complejo Portuario de Mejillones también es nombrado por el Primer Mandatario y, en consecuencia, todo parece indicar que hay concomitancia en cuanto a encarecer los servicios del puerto de Antofagasta para favorecer la fracasada búsqueda de carga implementada en torno de dicho Complejo, que sólo puede comprometer a la única empresa que ha financiado esa iniciativa hasta ahora: CODELCO, División Chuquicamata. Ninguna otra de la Segunda Región se ha interesado en ella, porque no hay garantías y se encarece por otras circunstancias. De tal manera que estamos ante una situación al menos muy poco clara y transparente.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Sugiero a Su Señoría el envío de otro oficio al Presidente del Directorio de la EMPORCHI, pidiéndole informar acerca de la inversión de las utilidades de la empresa en Antofagasta en los dos últimos dos años.
El señor CANTERO.-
Me parece una buena sugerencia. Y pido que se oficie, también, al señor Presidente Ejecutivo de CODELCO, a fin de que indique la cuantía de los recursos traspasados al Complejo Portuario de Mejillones, cuánto se ha gastado y a qué se han destinado esos fondos, de modo tal de tener un cuadro muy claro sobre la materia.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Cantero, en conformidad al Reglamento.
PROTESTA POR DESPIDOS EN DIVISIÓN CHUQUICAMATA
DE CODELCO. OFICIO
El señor CANTERO.-
Un segundo tema se relaciona con una situación que no deja de llamarme la atención como representante de una zona minera de la Segunda Región.
Se ha producido un cambio en la administración de la División Chuquicamata de CODELCO. Y veinticuatro horas después de la llegada de su nuevo Gerente General, el señor Carlos Rubilar Otone, ha salido un número importante de ejecutivos de la misma.
Me referiré sólo a dos casos que considero emblemáticos y que defino como históricos: el de don Víctor Ramió, ingeniero civil metalúrgico, con 28 años de experiencia en la División Chuquicamata; y el de don Aliro Pincheira, ingeniero civil químico, con 35 años de exitoso ejercicio profesional en dicha División. Ambos fueron despedidos, de la noche a la mañana, con la llegada del nuevo Gerente.
Quiero llamar la atención sobre ese punto y me parece relevante hacer una breve reflexión.
La primera interrogante que surge es por qué no se ha dado a conocer la razón que justifica una iniciativa de tal naturaleza. Se trata de profesionales de la más alta competencia, respecto de los cuales el Estado chileno ha invertido grandes cantidades de recursos para darles una capacitación apropiada y un altísimo nivel profesional, y han servido con gran éxito al desarrollo del complejo minero de Chuquicamata.
Pregunto: ¿cuáles son las consideraciones que han ilustrado tal decisión? En lo que a mí respecta, valoro la experiencia de la gente formada en esa división.
Recuerdo la conversación sostenida hace algunos días con ejecutivos de la Corporación, entre los que se encontraba su Presidente Ejecutivo, don Juan Villarzú, quien me señaló que no habría persecución política en divisiones de CODELCO; que se respetaría la carrera profesional; que se daría estabilidad y seguridad a los trabajadores; que no se desperdiciaría la experiencia de nuestros profesionales. Sin embargo, tal como señalé, a pocas horas del cambio de administración se produjo el despido de varios profesionales, dentro de los cuales destaco los dos a que me referí.
Tal determinación generó un inmenso malestar en la División Chuquicamata. Se produjo un silencio, que no sé si es permisivo o de temor. Los ejecutivos de la empresa se mantienen callados; los dirigentes sindicales hablan en sordina; las autoridades políticas hacen mutis por el foro. Pero lo concreto es que en Chuquicamata se ha producido un evidente deterioro en su clima organizacional, hay un ambiente de desconfianza, incertidumbre, temor, y en algunos casos, de amedrentamiento.
No se dan razones ni explicaciones. En mala forma ¿al menos, en mi opinión- se despide a ejecutivos de altísimo nivel y de una inmensa trayectoria en esa división. En mala forma, porque se ha procedido de manera abrupta, sin aclaraciones, sin considerar el mérito, generando una serie de especulaciones y rumores que afectan el prestigio de esos profesionales.
Quiero dejar consignado expresamente que no he conversado con esas personas ni hablo a petición de ellas. Sólo opino en mi condición de Senador por una región minera, donde Chuquicamata representa una importante actividad económica.
Señalé que se había afectado efectivamente el clima organizacional de Chuquicamata. ¿En qué grado está funcionando la denominada Alianza Estratégica? ¿Cómo se entiende esa Alianza Estratégica entre la empresa y el trabajador si hoy día se actúa de esa manera con altos ejecutivos de gran prestigio? ¿Qué podría ocurrir con el resto de los trabajadores que actualmente viven una verdadera cacería de brujas en esa división? ¿En qué quedó el concepto de trabajo en equipo del cual se habló?
Reclamo una explicación, porque se me dijo que habría respeto a la trayectoria de los funcionarios. En mi opinión, se ha establecido un mal precedente. No se ha respetado la larga y exitosa carrera profesional de personas de alto nivel, de gran productividad, con un notable currículo, formadas en la División Chuquicamata de CODELCO. Se trata de profesionales que han manejado proyectos exitosos, como el de Tratamiento de Ripios en Chuquicamata, que es, efectivamente, de gran impacto, llevado adelante en esa División precisamente por una de ellas: el ingeniero civil Aliro Pincheira.
Se pone en tela de juicio a elementos intachables cuando no se dan explicaciones ni razones. Los trabajadores han actuado con responsabilidad, comprometidos con la Empresa, y, en consecuencia, merecen un trato distinto.
Pregunto: ¿existe una política transparente en la Administración? ¿Es conocida aquella que se lleva adelante? Y, si es transparente y conocida, ¿cuál es? Espero que lo anteriormente expuesto ¿me refiero a los despidos- no obedezca a una improvisación. Espero saber qué motivos orientan esas decisiones. Espero que éstas revistan un carácter racional, que no sean políticas ni mucho menos emocionales.
Quiero terminar señalando que valoré la alianza estratégica de las políticas participativas y consensuadas. Confío en que ahora no se trate de un proceso regresivo al centralismo entrabante. Y lo puntualizo porque me parece extraño que el Gerente General, a pocas horas de llegar, haya apelado a una especie de receta o minuta para proceder y hayan sido "cortadas" personas por consideraciones que, repito, hasta este instante se ignoran.
En atención al tiempo, que ya me ha alcanzado, exijo una explicación a dicho ejecutivo. Por ello, pido que se oficie al señor Carlos Rubilar Ottone para que, al imponerse de la transcripción de mi intervención, pueda proporcionarme las razones que me permitan orientar adecuadamente la comprensión de lo obrado.
Y me preocupa el asunto porque no es la primera vez que se plantea. En un momento dado, la experiencia descrita también la vivió gente como el señor Renzo Gasparini, un profesional de primer nivel en el país, a quien después se ha tenido que recurrir en reiteradas ocasiones para corregir situaciones profesionales.
Asimismo, recuerdo el nombre del señor Holger Banach, otro gran profesional que recibió el mismo tratamiento, que pareciera ser el pago de Chuquicamata.
Pido una explicación, por lo tanto, y solicito que se envíe un oficio sobre el particular al señor Carlos Rubilar.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Honorable señor Cantero, conforme al Reglamento.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
¿Cuánto tiempo estima que necesitará, Honorable señor Horvath?
El señor HORVATH.-
Muy poco, señor Presidente. Iré directamente al grano.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
PRIVATIZACIÓN DE SOCIEDAD DE TRANSPORTE MARÍTIMO CHILOÉ AISÉN LTDA. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, hace un tiempo pedí, vía Senado, los antecedentes del proceso de privatización de la Sociedad de Transporte Marítimo Chiloé Aisén Ltda., administrada por la Corporación de Fomento de la Producción y establecida en la zona austral para servir, en numerosos fiordos y canales, a un gran número de localidades aisladas, pese a que en 1976 se inició paralelamente la construcción del camino longitudinal austral. En este último se contemplan transbordos para salvar los lugares más accidentados, en la medida en que no se registre un tránsito que justifique la continuidad, ya debidamente estudiada.
Ahora bien, con el avance de esa obra hacia el sur de Aisén y, recientemente, entre Aisén y Magallanes con dos frentes de trabajo, se ha observado la necesidad de contar con un mayor número de transbordadores que complementen el sistema de transporte vial.
En ese sentido, se manifestó una oposición, en primer lugar, a la privatización de la empresa mencionada, por cuanto no se veía en forma clara una competencia y una concurrencia asegurada del sector privado en el sector, que de por sí requiere una acción de subsidio o una presencia del Estado todavía, por una cuestión histórica.
Y, junto con ello, también se pidió la prórroga del proceso -ya que constituía una decisión política tomada en la Administración anterior-, a fin de que pudieran participar más empresas y, sobre todo, mediase un claro compromiso regional.
Efectuadas la licitación y adjudicación, no deja de llamar la atención que se hayan incluido barcazas pertenecientes al proyecto del camino austral, como la "Mailén", la "Tehuelche" y la "Yelcho". Tratándose de algo que fue financiado con fondos nacionales de desarrollo regional y en algunos casos con recursos sectoriales ¿la barcaza "Pincoya" igualmente procede de medios locales-, resulta difícil entender, por cierto, que hoy en día, sin mayor participación de la Región, ello haya sufrido el proceso de privatización y no se encuentren garantizados los objetivos perseguidos originariamente.
Por tales razones, me permito solicitar que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, al señor Contralor General de la República y al señor Presidente del Servicio Administrador de Empresas, dependiente de CORFO, para que se remitan los antecedentes considerados, se verifique la claridad del proceso en cuanto a la mantención de la finalidad que deben cumplir las embarcaciones y, en caso de que lo anterior no suceda, se precise si se remediará la situación con la construcción de otras nuevas, que debería asumir el Estado.
Gracias.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Honorable señor Horvath, conforme al Reglamento.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Por no haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
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--Se levantó a las 20:5.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción