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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 338ª, ORDINARIA
Sesión 6ª, en martes 16 de junio de 1998
Ordinaria
(De 16:17 a 19:1)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR,
Y CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Cordero Rusque, Fernando
--Díez Urzúa, Sergio
--Errázuriz Talavera, Francisco Javier
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pinochet Ugarte, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia y de Justicia, y el señor Asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 25 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 6ª, ordinaria, en 8 de abril del año en curso, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 7ª, ordinaria, en 14 de abril del presente año, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor HOFFMANN (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero hace presente la urgencia, en el carácter de "Simple", al proyecto de ley que establece un incentivo para el desarrollo económico de las Regiones de Aisén y de Magallanes y de la provincia de Palena. (Boletín Nº 1888-03).
Con el segundo retira la urgencia y la hace presente de nuevo, en el carácter de "Suma", respecto al proyecto de ley que suspende la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicio de Transportes de Pasajeros. (Boletín Nº 2074-15).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que somete a consideración del Senado, solicitando su acuerdo, la proposición de designar al señor Domingo Yurac Soto como Ministro de la Excelentísima Corte Suprema. (Boletín Nº S 344-05). (Véase en los Anexos, documento 1).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que suspende la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicio de Transportes de Pasajeros. (Boletín Nº 2074-15). (Véase en los Anexos, documento 2).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional, con el que solicita antecedentes respecto del proyecto de ley que introduce modificaciones al Código de Minería en relación con la superposición de pertenencias mineras. (Boletín Nº 814-08).
--Se toma conocimiento y se manda contestar.
Dos del señor Ministro del Interior:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Hamilton, referido a la solicitud de envío a tramitación legislativa de un proyecto de ley.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, sobre déficit económico en materia educacional en la comuna de Río Ibáñez.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores subrogante, con el que responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Cordero, referente a la solicitud de extradición de don Patricio Ortiz Montenegro.
Del señor Ministro de Defensa Nacional, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, relativo a caminos de penetración en la Undécima Región
Tres del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Chadwick, acerca de la construcción de un nuevo puente sobre el estero La Quesería, en la Sexta Región.
Con los dos restantes contesta sendos oficios enviados en nombre del Honorable señor Horvath, tocantes a material de investigación del señor Augusto Grosse y a construcciones públicas en el territorio antártico chileno, respectivamente.
Del señor Director General de Obras Públicas, con el remite un cuadro resumen de los oficios de respuesta del señor Ministro de Obras Públicas a Parlamentarios y autoridades, en el período que indica.
Del señor Director de Vialidad, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Stange, relacionado con la pasarela El Oeste, de Villa Vanguardia, en la Décima Región.
Del señor Gerente General del Banco del Estado de Chile, con el que responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, relativo a los pobladores rurales deudores de bancos y financieras.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece la obligación de informar sobre las alternativas farmacéuticas de productos monodrogas. (Boletín Nº 1653-11) (Véase en los Anexos, documento 3).
Uno de la Comisión de Defensa Nacional y otro de la de Hacienda, recaídos en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.291, que Reestructura y Fija la Planta y Grados del Personal de Carabineros de Chile. (Boletín Nº 2126-02) (Véanse en los Anexos, documentos 4 y 5).
--Quedan para tabla.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor LAGOS (Secretario).- En reunión de hoy, los Comités resolvieron lo siguiente:
1) Tratar en la sesión de hoy como de "Fácil Despacho", en el orden que se indica, el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva; el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que autoriza erigir un monumento, en la ciudad de Limache, en memoria de doña Palmira Romano Piraino; el proyecto de la Cámara de Diputados que reduce el monto de consignación de la multa para apelar en causas de juzgados de policía local, con informe de la Comisión de Constitución; el proyecto que modifica la ley Nº 19.325, sobre violencia intrafamiliar, para establecer que el recurso de apelación se conceda en ambos efectos, con informe de la Comisión de Constitución; el proyecto que modifica el Código del Trabajo en cuanto al plazo dentro del cual las Cortes de Apelaciones deben devolver los expedientes al tribunal de origen para el cumplimiento de las sentencias, con informe de la Comisión de Constitución; y el proyecto de la Cámara de Diputados que modifica el Código de Procedimiento Civil en el sentido de fijar cuantías en unidades tributarias mensuales, con informe de la Comisión de Constitución.
2) Volver a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Relaciones Exteriores, para nuevo informe, el proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados que aprueba el Convenio Nº 151 sobre "La protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública", adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo.
3) Rendir en la sesión ordinaria de mañana, después de la Cuenta, el homenaje en memoria del Cardenal Agostino Casaroli, recientemente fallecido, que estaba anunciado para hoy.
4) Citar a sesión especial para mañana, miércoles 17, de 16 a 16:30, a fin de tratar la proposición del Presidente de la República de designar al señor Domingo Yurac Soto como Ministro de la Corte Suprema.
5) Iniciar la sesión ordinaria de mañana a las 16:30.

El señor BOMBAL.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, aunque respeto el acuerdo de los Comités, no me parece la mejor práctica que, si se nos remiten las tablas con la debida anticipación, como lo hace -y muy bien- la Secretaría del Senado, y uno ordena su trabajo conforme a una relación determinada, según lo expuesto en ellas, se les introduzcan alteraciones posteriores.
Y ésta no es la primera vez que ocurre. Se reitera el procedimiento de cambiar el orden de los proyectos, lo que, sin duda, no hace expedito ni fácil el trabajo legislativo.
Por otro lado, deseo consultar a la Mesa, también, por qué no habrá sesión el próximo jueves, según se dice -todavía no se informa de ello oficialmente-, en circunstancias de que se encuentra fijada una para ese día de cada semana.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Los Comités estimaron que el jueves, sobre la base de los asuntos que se pueden despachar con el ordenamiento de que se ha dado cuenta, no habrá necesidad de una sesión. Y el acuerdo lo tomaron por unanimidad.

El señor BOMBAL.- ¿Eso significa, señor Presidente, que el tratamiento del proyecto sobre probidad administrativa, situado en el primer lugar de la tabla, quedará terminado hoy?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La idea es que finalice entre hoy y mañana, porque se dio a conocer que registra bastante consenso, si bien, indiscutiblemente, originará la intervención de todos los señores Senadores. Además, se trata de una iniciativa con segundo informe.
Ahora, en cuanto al otro punto que usted plantea, Su Señoría, efectivamente se ha variado la tabla, con el objeto de ordenar un poco las cuestiones de fácil despacho. Existe un sinnúmero de iniciativas de esa índole, de acuerdo con los antecedentes proporcionados por el señor Presidente de la Comisión de Constitución.
Y por la unanimidad de los Comités, también, se resolvió mandar otra vez a Comisiones el proyecto de acuerdo signado con el Nº 2, que aprueba el Convenio Nº 151 adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo -ya se debatió sobre el tema la semana pasada-, por haberse suscitado una discusión sobre sus posibles alcances y haberse creído más conveniente que lo informaran de nuevo, ya que lo habían hecho en forma previa a la nueva integración del Senado.

El señor BOMBAL.- Sugiero que en la tabla de sesiones futuras, señor Presidente, se precise claramente la parte de fácil despacho, para poder saber exactamente a qué atenerse.
Muchas gracias.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- De acuerdo, señor Senador.
V. ORDEN DEL DÍA



CONSTRUCCIÓN DE BIENES RAÍCES URBANOS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Conforme a lo determinado por los Comités, corresponde ocuparse en el informe de Comisión Mixta, ya acogido por la Cámara de Diputados, recaído en el proyecto que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva.
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 30ª, en 5 de marzo de 1997.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 35ª, en 10 de marzo de 1998.
Informes de Comisión:
Vivienda, sesión 35ª, en 1º de abril de 1997.
Vivienda (segundo), sesión 1ª, en 30 de septiembre de 1997.
Hacienda (segundo), sesión 1ª, en 30 de septiembre de 1997.
Mixta, sesión 6ª, en 16 de junio de 1998.
Discusión:
Sesiones 10ª, en 1º de julio de 1997 (se aprueba en general); 29ª, en 20 de enero de 1998 (se despacha en particular).

El señor LAGOS (Secretario).- La aprobación de lo propuesto por la Comisión Mixta, que fue unánime, requiere quórum de ley orgánica constitucional.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión el informe. Tiene la palabra el Senador señor Martínez.


El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, antes de dar mi acuerdo, quiero dejar constancia de dos aspectos que juzgo importantes.
El primero de ellos es que, leyendo el texto y considerando el espíritu, da la impresión de que, en general, leyes en proyecto como la que nos ocupa involucran una injusticia, pues se pone en igual pie, en definitiva, al que cumplió las normas legales y al que no las cumplió.
Se trata de construcciones que, por distintos motivos, no han sido recibidas por las Direcciones de Obras Municipales. Ello puede derivar de situaciones muy diferentes, tales como no haber pedido permiso municipal, no haber pagado los derechos municipales, no haber construido lo que se señaló al solicitar el permiso. Y, de hecho, en algunas ciudades se presentan muchos de esos problemas: se aprueban planos que contemplan un edificio de diez pisos, por ejemplo, y se construyen once pisos.
El segundo aspecto es que el texto de la Comisión Mixta contiene, evidentemente, algo que no resulta claro. En efecto, al ser definidas las construcciones que se pueden acoger al beneficio, el número 1 del artículo 2º hace referencia a "viviendas cuya superficie total edificada no sea superior a setenta metros cuadrados", y el Nº 2, a "viviendas cuya superficie total edificada sea mayor a setenta metros cuadrados". Por consiguiente, quedan comprendidas todas las viviendas, cualquiera que sea su superficie edificada y siempre que se cumplan los demás requisitos consignados, perdiéndose la idea importante de que el beneficio incluyera a propiedades de menos de setenta metros cuadrados y sólo excepcionalmente a construcciones de mayor metraje.
Pareciera, a mi juicio, que lo anterior se hubiese originado en la técnica legislativa, probablemente defectuosa.
Con todo, por el estado de tramitación en que se encuentra el proyecto, la única alternativa es acoger o rechazar.
Por esa razón, quiero fundamentar mi voto en el sentido de que apruebo el informe, pero dejo constancia de esas observaciones.
Muchas gracias.

El señor SABAG.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor SABAG.- Señor Presidente, el proyecto en análisis, de iniciativa parlamentaria y que contó con el decidido respaldo del Ejecutivo, reviste gran trascendencia y utilidad para 30 por ciento de las viviendas del país y 600 mil pequeños comerciantes o microempresarios, así como para una gran cantidad de organizaciones comunitarias sin fines de lucro, iglesias, templos, etcétera, que construyeron sin ceñirse a las normas legales correspondientes.
Y fue aprobado por unanimidad, no tan sólo en la Comisión Mixta, sino también en la Cámara de Diputados, por los mismos motivos que señalo: su gran impacto social y el beneficio que representa para toda la comunidad.
Ahora bien, las divergencias se relacionaron con los artículos 2º, 5º y 7º, y el transitorio, nuevo, propuesto por el Senado, las que fueron allanadas absolutamente en la Comisión Mixta.
El artículo 2º se refiere, fundamentalmente, a los requisitos para acogerse a la ley en proyecto. Y la diferencia entre su número 1, tocante a viviendas de hasta setenta metros cuadrados, y su número 2, relativo a aquellas sobre setenta metros cuadrados, radica en las condiciones establecidas en el artículo 3º. Éstas son mínimas en el primer caso, por ejemplo, y se debe pagar 25 por ciento de los derechos municipales, en tanto que en el segundo se debe cumplir con la presentación de planos de arquitectura y con todas las especificaciones que se señalan.
Además, el alcalde, previo acuerdo del concejo y de informe de la Dirección de Obras Municipales, establecerá qué áreas y actividades se permiten en determinados sectores de la comuna. Por lo tanto, todos esos aspectos se hallan debidamente resguardados.
En el artículo 5º se dispone, básicamente, una exención de responsabilidad, en cuanto a la normativa restrictiva y la penalidad que afectan a los funcionarios que actúan en el ámbito pertinente. Ello, con el ánimo de que el texto sea operativo, porque, sobre la base de otra disposición similar, los directores de Obras Municipales o el personal sencillamente se negaban, por temor a ser sancionados en virtud de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, a acoger a las personas a los beneficios correspondientes.
El artículo 7º determina que "Las municipalidades podrán desarrollar programas de regularización conforme a esta ley y en ellos podrá contemplarse la prestación de servicios de asistencia técnica a quienes lo requieran.".
Señor Presidente, esta iniciativa ha sido aprobada por unanimidad en todas las instancias, previa aclaración de las diferencias de criterios entre la Cámara de Diputados y el Senado. Por lo tanto, la vamos a aprobar con mucho agrado.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Como estamos tratando esta materia como si fuera de fácil despacho, se controlará el tiempo tanto de quienes la sostengan como de los que la impugnen:
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, de la explicación del Senador señor Sabag se desprende con claridad el espíritu de esta normativa y se ve que no hay contradicción.
Sin embargo, a lo menos tengo una observación.
Me parece que no deberían tratarse en un mismo articulado las irregularidades de edificación de viviendas modestas -según el número 1 del artículo 2º- o de microempresas, con las relativas a edificios de gran envergadura, sean comerciales, de oficinas o de casas de lujo; es decir, de aquéllos no necesariamente destinados a funciones eminentemente sociales. Entonces, no tengo muy claro por qué se incorporan en una misma legislación, cuando -según entiendo- el Senado había puesto un tope de superficie edificada correspondiente a ciento cuarenta cuadrados; o sea, por qué ahora se quiere dar la posibilidad de "blanqueo" respecto de construcciones irregulares de viviendas de lujo o de tipo comercial
Ésa es mi duda, señor Presidente.

El señor SABAG.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, votaremos favorablemente porque, en lo fundamental, estas normas tienden a regularizar una situación existente que en la gran mayoría de los casos afecta a personas modestas que han estado ampliando sus viviendas y obtendrán la regularización previo pago de un cierto porcentaje de sus derechos, cuando se trate de viviendas de menos de setenta metros cuadrados, y de uno más alto, en el caso de construcciones de mayor superficie.
Además, la posibilidad de regularizar los derechos de construcción es muy importante frente a una situación que se está presentando debido a la expansión la infraestructura del país: cuando se llevan a cabo expropiaciones para construir calles o caminos, las personas sin derechos de construcción regularizados se ven imposibilitadas de obtener una indemnización adecuada.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Quisiera aclarar que la regularización en unos casos se hace en base a un pequeño croquis de ubicación -lo que se llama "el mono"-, mientras que en otros se exigen planos de arquitectura y especificaciones; o sea, se pide lo mismo de hoy. Lo que se da es un plazo. Y en todo caso, tendrán que pagarse los derechos municipales.
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, sólo deseo aclarar la duda del Senador señor Viera-Gallo. En toda la historia de esta iniciativa se habla de "viviendas", en ningún caso de edificios de departamentos, ya que a éstos les corresponde un trato muy distinto.
Por último quisiera hacer presente que hay un error en el artículo 3º que no fue tratado en la Comisión Mixta, pero que ya en la Cámara de Diputados se acordó corregirlo por Secretaría. Se señala: "Tratándose de las viviendas a que se refiere el número 1 del artículo 2º," -o sea, las no superiores a setenta metros cuadrados- "no se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior" -debería decir: "en el inciso primero"- "y bastará con acompañar los siguientes documentos:", y se mencionan los tres documentos que deben adjuntarse.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se dejará esa constancia, señor Senador, para que la Cámara de Diputados haga la corrección por Secretaría, si procede.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, por 36 votos se aprobaría el informe de la Comisión Mixta, ¿

El señor VIERA-GALLO.- Me abstengo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿con la abstención de Su Señoría.
Acordado.




ERECCIÓN DE MONUMENTO EN MEMORIA DE DOÑA PALMIRA ROMANO PIRAÍNO


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto, en tercer trámite constitucional, que autoriza erigir un monumento en la ciudad de Limache en memoria de doña Palmira Romano Piraíno.
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Romero).
En primer trámite, sesión 21ª, en 1º de agosto de 1995.
En tercer trámite, sesión 4ª, en 10 de junio de 1998.
Informe de Comisión:
Educación, sesión 32, en 6 de septiembre de 1995.
Discusión:
Sesión 33ª, en 7 de septiembre de 1995 (se aprueba en general y particular).

El señor LAGOS (Secretario).- La Honorable Cámara de Diputados, por oficio Nº 1987, de 4 de junio del presente mes, comunica que ha dado su aprobación al proyecto del Senado, con las modificaciones que se consignan.
En cuanto a la primera enmienda, la Cámara Baja sugiere sustituir la palabra "cinco" por "seis" en el encabezamiento del artículo 4º aprobado por el Senado, que dice: "Créase una comisión especial, integrada por cinco miembros ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por:".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión.

Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, este proyecto es antiguo, proviene del período legislativo anterior, y tiene por objeto destacar los merecimientos de una mujer excepcional, como fue Palmira Romano Piraíno, Alcaldesa de Limache, quien durante toda su vida volcó su vocación de servicio público a la ciudad y comunidad de Limache, a las que, a su muerte, legó prácticamente todos sus bienes.
Las observaciones que formula la Cámara de Diputados son atendibles desde el punto de vista de que debe participar un representante del Consejo de Monumentos Nacionales en la comisión especial. De modo que, como autor de esta iniciativa, no tendría inconveniente alguno en aceptar las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados con relación a esta materia.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece al Senado, se aprobarán las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados.

El señor ERRÁZURIZ.- Estamos todos de acuerdo.
--Se aprueban, y queda despachado el proyecto en este trámite.




REDUCCIÓN DE MONTOS DE CONSIGNACIÓN EN CAUSAS DE JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que reduce el monto de consignación de la multa para apelar en causas de juzgados de policía local, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 26ª, en 26 de agosto de 1997.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 34ª, en 10 de septiembre de 1997.
Discusión:
Sesión 3ª, en 9 de junio de 1998 (se posterga su discusión).

El señor LAGOS (Secretario).- La Comisión de Constitución deja constancia en su informe de que, después de examinar el proyecto de la Honorable Cámara de Diputados, resolvió proponer por unanimidad su aprobación, con la modificación de sustituir el artículo único por el que se indica.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general y particular.

Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, este proyecto, como se ha explicado, tiene como propósito reducir el monto de consignación de la multa para apelar en causas de juzgados de policía local. La iniciativa original pretendía sustituir el artículo 33 de la ley sobre procedimiento en los juzgados de policía local, el que establecía para la parte que deseara apelar la obligación de depositar previamente el valor de la multa en la Tesorería Municipal respectiva, lo cual hacía muy difícil recurrir a dicho procedimiento. Por ese motivo, los autores de esta moción plantearon la idea de sustituir el depósito del total de la multa por el veinte por ciento de su valor, con un máximo de cien UTM.
Cuando la Comisión de Constitución analizó este punto, estimó razonable el criterio de fondo, pero fue partidaria de eliminar derechamente la consignación. Por eso, ella propone sustituir el artículo 33 en esa parte, manteniendo solamente lo establecido en el texto vigente en cuanto a que son inapelables solamente las sentencias por infracciones a la Ley de Tránsito, pero, en lo demás, son apelables sin efectuar consignación alguna. No hay por qué preceptuar que deberá consignarse el 20 por ciento del valor de la multa. En general, el criterio que establecen las normas en materias procesales es el de no entorpecer la interposición de los recursos por la vía de las consignaciones.
Por esos motivos, nos parece razonable aprobar la iniciativa.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

--Se aprueba en general el proyecto y, por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular.




MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 3º DE LEY Nº 19.325, SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto de ley, en primer tramite constitucional, que modifica la letra k) del artículo 3º de la ley Nº 19.325, sobre violencia intrafamiliar, a fin de establecer que el recurso de apelación se conceda en ambos efectos, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Mc-Intyre)
En primer trámite, sesión 11ª, en 2 de julio de 1997.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 34ª, en 10 de septiembre de 1997.
Discusión:
Sesión 3ª, en 9 de junio de 1998 (se posterga su discusión).

El señor LAGOS (Secretario).- En su informe la Comisión expresa, en síntesis, que el principal objetivo del proyecto es que, en los casos sobre actos de violencia intrafamiliar, el recurso de apelación se otorgue en ambos efectos cuando se trate de sentencia definitiva, y en el solo efecto devolutivo cuando se trate de otras resoluciones.
Asimismo, da cuenta de que el texto fue acogido por unanimidad tanto en general como en particular, y propone su aprobación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.


El señor LARRAÍN.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, esta iniciativa fue presentada por el ex Senador señor Mc-Intyre y tiene por objeto evitar la inoperancia de las medidas precautorias que el juez decrete en los juicios sobre violencia intrafamiliar para garantizar la seguridad física y psíquica del afectado. Como se trata de una resolución judicial y, por lo tanto, susceptible de ser apelada, si el recurso de apelación se concede en ambos efectos éste podría ser la vía por la cual el agresor evite las medidas precautorias de seguridad determinadas por el magistrado para proteger a la víctima. Por eso, se plantea que el recurso de apelación se otorgue sólo en el efecto devolutivo, sin perjuicio de que la sentencia definitiva sí pueda ser apelada en ambos efectos.
La Comisión recomienda a la Sala darle su aprobación.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

--Se aprueba en general el proyecto y, por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular.




MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 473 DE CÓDIGO DEL TRABAJO

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el inciso tercero del artículo 473 del Código del Trabajo, relativo al plazo dentro del cual las Cortes de Apelaciones deben devolver los expedientes al tribunal de origen para el cumplimiento de las sentencias, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Mc-Intyre)
En primer trámite, sesión 11ª, en 2 de julio de 1997.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 34ª, en 10 de septiembre de 1997.

El señor LAGOS (Secretario).- En el informe de la Comisión se deja constancia de que el propósito del proyecto es establecer que el actual plazo de dos días que existe para que la Corte de Apelaciones devuelva al tribunal de primera instancia el expediente laboral que conoció por vía de apelación, no se aplicará si procede interponer casación en contra de la sentencia respectiva.
Se agrega que, por las razones que indica, la Comisión procedió a aprobarlo por unanimidad.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general y particular la iniciativa.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
--Se aprueba en general el proyecto y, por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular.


FIJACIÓN EN UTM DE DETERMINADAS CUANTÍAS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que modifica el Código de Procedimiento Civil para fijar cuantías que indica en unidades tributarias mensuales, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 9ª, en 19 de junio de 1997.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 17ª, en 25 de noviembre de 1997.

El señor LAGOS (Secretario).- En el informe de la Comisión se expresa que el proyecto tiene los siguientes objetivos:

1.- Concordar el Código de Procedimiento Civil con el Código Orgánico de Tribunales, en el sentido de establecer que las causas que de acuerdo a este último deben ser conocidas en única instancia serán juicios de mínima cuantía, en los cuales no procederá el recurso de apelación;

2.- Aumentar el monto de determinados bienes que son inembargables y expresarlo en unidades tributarias mensuales, y

3.- Aumentar los valores que se consideran para determinar el procedimiento a que se someterán los litigios civiles, y expresarlos también en unidades tributarias reajustables.
Se agrega que la Comisión aprobó en general el proyecto por unanimidad, y en la parte resolutiva se propone aprobar el texto despachado por la Cámara de Diputados con las modificaciones que se señalan.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general y particular.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
--Se aprueba en general el proyecto y, por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular.


PROBIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto de ley de la Cámara de Diputados sobre probidad administrativa de los órganos de la Administración del Estado, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 29ª, en 4 de marzo 1997.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 2ª, en 1 de octubre de 1997.
Constitución (segundo), sesión 3ª, en 9 de junio de 1998.
Discusión:
Sesión 5ª, en 14 de octubre de 1997 (se aprueba en general).

El señor LAGOS (Secretario).- En el informe de la Comisión se consigna, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento, que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los números 12, 13 y 14 del artículo 1º, y el artículo 57 de la ley Nº 18.575, contemplado en el artículo 2º.
Reglamentariamente corresponde darlos por aprobados. Sin embargo, por tratarse de normas de carácter orgánico constitucional, su aprobación requiere al menos 27 votos favorables.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala,...

El señor BOMBAL.- ¿Me permite, Señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, por intermedio de la Mesa quisiera solicitar al Senado que, dada la complejidad del proyecto, acordáramos seguir el mismo criterio con que se han analizado otras iniciativas tan complejas como ésta en el último tiempo. Vale decir, abrir la posibilidad de que para tratar algunos aspectos que indudablemente surgirán durante el debate el texto vuelva a Comisión, o se decida darles una suerte de trámite de excepción, porque pueden plantearse situaciones diferentes de las propuestas en el informe.
Como gran parte del articulado se encuentra aprobada, tal vez se requiera renovar algunas indicaciones. En lo personal, así lo haré en determinados números. Y respecto de ciertas indicaciones a lo mejor se necesita unanimidad. En otras materias quizá se precise de segunda discusión. En fin, señor Presidente, sería conveniente dejar más abierta la puerta ante las eventualidades que puedan presentarse en el curso del debate.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Primero que todo, debemos esperar que el señor Secretario termine de hacer la relación del informe y luego ver qué se puede hacer reglamentariamente. Como el proyecto se halla en segundo informe y, por consiguiente, vencido el plazo para formular indicaciones, sólo cabría renovar algunas de las rechazadas por la Comisión.
Debo señalar que hubo acuerdo de los Comités para comenzar a tratar ahora la iniciativa. Sugiero que el señor Presidente de la Comisión haga una reseña general del texto y después resolvemos si el camino a seguir sería volver el proyecto a Comisión y fijar un nuevo plazo para presentar indicaciones. Es la única manera de proceder a su reestudio.

El señor BOMBAL.- Eso parece adecuado.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Reitero que antes debemos permitir al señor Secretario que concluya la relación, y luego escuchar un informe del señor Presidente de la Comisión y la intervención de algunos señores Senadores.

El señor BOMBAL.- Muchas gracias.

El señor SILVA.- ¿Me permite, Señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SILVA.- Señor Presidente, estamos frente a un proyecto de singular relevancia, por su trascendencia y el interés que ha despertado -con fundamento- no sólo en Chile sino también en el exterior.
Me gustaría que, antes de entrar al debate específico de artículo por artículo y a fin de formarnos una concepción más definida sobre el articulado, el titular de la Comisión hiciera una breve reseña sobre algunas materias que me provocan cierta inquietud. Porque en este momento se encuentran pendientes de la consideración del Congreso ocho proyectos que, de alguna manera, se vinculan directa o indirectamente con el tema de la probidad.
En primer lugar está el proyecto, en segundo trámite constitucional, cuya discusión comenzaremos ahora.
En segundo término, el de reforma constitucional relativo a la probidad de funcionarios, que -según tengo entendido- se encuentra retenido o para primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados desde 1995, también relacionado con la misma materia.
En seguida, la iniciativa sobre acceso a la información administrativa, en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, que se encuentra para informe de la Comisión de Constitución desde 1995.
En cuarto término, la que modifica disposiciones del Código Penal en materia de sanciones en casos de corrupción y creación de nuevas figuras delictivas. Obviamente, el tema de fondo de esta normativa es también la probidad, con la diferencia de que aquí se trata de cuestiones penales, cuya relevancia -para efectos de la normativa que entraremos a analizar- es la incorporación de dos figuras delictivas hasta el momento inexistentes en la legislación chilena: el tráfico de influencias y el uso de información privilegiada.
Por otra parte, tenemos la iniciativa que enmienda la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en materia de gestión municipal, aprobada en particular por el Senado, también vinculada con el tema.
En sexto término, el proyecto de ley sobre libertad de opinión, que ya despachamos y que se halla en tercer trámite en la Cámara de Diputados para informe de la Comisión de Constitución respectiva desde el 6 de mayo de 1998.
En séptimo lugar, el relativo a bases de procedimientos administrativos, en primer trámite constitucional en el Senado, que según mi información se encuentra en la Comisión de Constitución desde el 17 de noviembre de 1993.
Y, finalmente, hay un proyecto de acuerdo que aprueba la Convención Interamericana contra la corrupción, que también se encuentra en trámite constitucional en la Cámara de Diputados desde el 4 de noviembre de 1997.
Como se trata de materias relacionadas, con el objeto de formarnos juicio antes del debate artículo por artículo que realizaremos -para mí sería fundamental-, solicito que el señor Presidente de la Comisión nos entregue información previa de carácter global acerca de la iniciativa en estudio.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Antes de dar la palabra al señor Presidente de la Comisión de Constitución, el señor Secretario terminará la relación del proyecto.

El señor LAGOS (Secretario).- Como se dijo, la Comisión deja constancia de lo siguiente: no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los números 12, 13 y 14 del artículo 1º, y el artículo 57 de la ley Nº 18.575 contemplado en el artículo 2º.".
Reglamentariamente, correspondería aprobar estas normas, dejando constancia del quórum, por tener rango de ley orgánica constitucional.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se darán por aprobados dichos artículos, sin perjuicio de que después veamos las materias planteadas.
--Se aprueban, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que 33 señores Senadores emitieron pronunciamiento favorable.

El señor LAGOS (Secretario).- Sólo fueron objeto de indicaciones rechazadas los números 2, 4, 6, 7 y 11 del artículo 1º; los artículos 54, 55 y 62 de la ley Nº 18.575, contenidos en el artículo 2º, y la disposición segunda transitoria.
Indicaciones aprobadas: Nºs 3, 20, 26, 47, 48, 49, 56, 60, 66, 71, 72, 100, 105, 112, 117 y 118.
Indicaciones aprobadas con modificaciones: Nºs 5, 13, 14, 22, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 51, 52, 57, 58, 61, 64, 68, 73, 74, 75, 78, 84, 85, 89, 95, 96, 99, 107, 109, 114 y 115.
Las indicaciones rechazadas figuran en la primera página del segundo informe, y pueden ser renovadas por los señores Senadores con las firmas reglamentarias, o por el Presidente de la República.
Después se deja constancia de que fueron declaradas inadmisibles las indicaciones Nºs 17 y 81, y retiradas las Nºs 2, 8, 15, 50, 59, 108 y 113.
El informe hace presente, además, que para la aprobación de los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º y 9º del proyecto se requiere el quórum de las cuatro séptimas partes de los señores Senadores en ejercicio, puesto que inciden en materias propias de ley orgánica constitucional.
El artículo 10, por su parte, debe ser aprobado como ley de quórum calificado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19, Nº 21, inciso segundo, de la Carta Fundamental.
Por otro lado, en el informe consta que se solicitó la opinión de la Excelentísima Corte Suprema sobre los artículos 2º -en lo que respecta a los nuevos artículos 11 bis y 70 de la ley Nº 18.575-, 8º y 9º, porque contemplan modificaciones relacionadas con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.
Luego, se hace una relación de todas las indicaciones formuladas en la discusión general, con la discusión correspondiente, y los acuerdos adoptados al respecto.
El boletín comparado que los señores Senadores tienen a su disposición se divide en cuatro columnas: la primera contiene la legislación vigente; la segunda, el texto aprobado en general; la tercera, las modificaciones propuestas en el segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y la última, el texto final.


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Antes de iniciar el debate en particular, daré la palabra al Honorable señor Ríos, quien hará una proposición. Luego, intervendrá el Senador señor Larraín para entregar un informe sobre el proyecto. A pesar de que reglamentariamente no procede, lo haremos para conocer la información global, sobre todo considerando la reciente incorporación al Senado de los nuevos señores Senadores.
Tiene la palabra el Senador señor Ríos.

El señor RÍOS.- Señor Presidente, estimo prudente escuchar esa información, porque el proyecto forma parte de un conjunto de iniciativas analizadas en legislaturas anteriores, normativa que ahora debe debatir un grupo importante de señores Senadores recién integrados a la Corporación.
El Honorable señor Silva ha proporcionado un completo estudio sobre los diversos proyectos -gran parte de los cuales están en diversas Comisiones del Senado- vinculados con asuntos propios de la Administración del Estado. Esto obliga, sin duda, a que exista una referencia a todos ellos, ya que, como dije, tienen como punto central los distintos aspectos de la Administración del Estado, como ser la agilidad y la probidad de sus funcionarios, materia que estamos viendo ahora.
El proyecto que nos ocupa -y soy culpable, porque en su momento lo pude haber dicho- debió ser visto por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, pues plantea algunas modificaciones a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, preceptiva que dicha Comisión permanentemente consulta.
Mi proposición, señor Presidente, es la siguiente: el proyecto en examen, siendo muy importante y trascendente, debería ser objeto de un análisis junto a los otros siete que tienen relación con él -y que se encuentran en distintos trámites legislativos-, por parte de los Comités, a fin de reunirlos en una misma Comisión para elaborar un estudio más completo y amplio. Si fuera necesario, señor Presidente, podría, incluso, pensarse en la alternativa de una comisión especial dedicada a evacuar un informe referido al tema de la Administración del Estado chileno. Eso es lo que propongo concretamente.
Considero indispensable resolver la situación de esa manera, pues legislaremos con mayor conocimiento y plenitud, considerando todos los análisis y antecedentes que aporten ocho proyectos con características comunes.
Nada más, señor Presidente.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Antes de proseguir, solicito, a petición del señor Ministro Secretario General de la Presidencia, el asentimiento del Senado para autorizar el ingreso a la Sala del Asesor, don Rolando Pantoja.
--Se autoriza.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Podríamos escuchar al Honorable señor Larraín y ver si coincide o no con lo señalado por el Senador señor Ríos, a fin de analizar la forma en que se despachará el proyecto. Porque, reglamentariamente, no estamos en condiciones de recopilar las materias de que tratan los textos a que se hizo referencia y rehacer todo en una sola iniciativa.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, en verdad, no puedo más que informar lo acordado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por cuanto las inquietudes aquí planteadas por los Senadores señor Silva y Ríos desbordan el ámbito de acción de aquélla y se refieren a materias respecto de las cuales nuestro organismo técnico no se ha pronunciado.
Con todo, deseo señalar que ésta -a mi entender- sería la primera iniciativa sobre temas de corrupción y probidad administrativa que aprobaría el Senado, la cual surgió como resultado del trabajo efectuado por el propio Ejecutivo -luego de la creación de la Comisión sobre Ética Pública, que dio origen a distintos proyectos, entre ellos el que hoy nos ocupa-, y es la que se halla más avanzada en su tramitación legislativa.
El hecho de que haya otras iniciativas semejantes o vinculadas a la misma materia no debería constituir obstáculo para que continuáramos en el análisis del proyecto en debate.
Nuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se encuentra estudiando un proyecto que dice relación, en el ámbito penal, a los delitos que pueden establecerse en la esfera de las actuaciones de los funcionarios públicos. Sin embargo, dicha materia, vinculada con la iniciativa en examen, no debería ser fusionada con esta última, por cuanto se refieren a ámbitos distintos.
Por lo tanto, me parece que deberíamos trabajar separadamente cada proyecto, y en este caso particular estudiar el que se ha sometido a nuestra consideración. Porque podría darse el caso de que, por tratar de abocarnos al análisis de muchas iniciativas, en definitiva no despachemos ninguna.
A mi juicio, el tema es demasiado complicado y complejo.
El texto en análisis merece nuestra aprobación en general -no me refiero a la idea de legislar, sino a las disposiciones contenidas en él-, sin perjuicio de las inquietudes que tengamos sobre varias de sus normas las que deseamos revisar. Pero ése es, precisamente, el objetivo de esta sesión.
La iniciativa que nos ocupa -como se señaló- se halla en segundo trámite constitucional, fue originada en mensaje del Presidente de la República y su tramitación en el Senado se inició el 4 de marzo de 1997, es decir, hace poco más de un año. Se refiere principalmente a modificaciones que se quieren introducir a ciertos artículos de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en la cual se incorpora un título particularmente sobre probidad administrativa. Además, contiene enmiendas a otras leyes orgánicas constitucionales, tratando de extender el principio de probidad a otros sectores del ámbito público. Porque, si bien se halla referida en lo fundamental a la Administración del Estado, también se introducen enmiendas que afectan a los Parlamentarios -por lo tanto, se modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional-; a los jueces -por ende, cambia la respectiva norma del Código Orgánico de Tribunales; asimismo, contempla otras vinculadas, por ejemplo, con los alcaldes y concejales, y, en consecuencia, se modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, entre otros cuerpos legales.
El objetivo propuesto -como expresé- es desarrollar el principio de probidad administrativa, en forma sistemática y coherente, en diversos textos legales.
Adicionalmente, se regula también el principio de transparencia en las actuaciones públicas, que aprobamos en el proyecto sobre libertad de expresión, información y ejercicio del periodismo. Asimismo, se agrega el régimen de incompatibilidades por conflicto de intereses entre la función pública y la actividad privada.
Cabe señalar que el trabajo desarrollado en la Comisión fue muy extendido durante 1997 y el año en curso. Participaron diversos señores Senadores, tanto del anterior como del actual período legislativo, aparte de los miembros de la Comisión, y se contó con la colaboración permanente de los Asesores del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, los profesores Rolando Pantoja y Rodrigo Medina, y el Director del Programa Legislativo del Instituto de Libertad y Desarrollo, don Pablo Kangiser, todos los cuales asistieron invariablemente a las sesiones de nuestra Comisión.
El proyecto, luego de ser aprobado en general, recibió numerosas indicaciones, que fueron resueltas en la forma en que se señala en el segundo informe.
En lo fundamental, deseo referirme a ciertos aspectos contenidos en la iniciativa, muy en particular a la probidad administrativa, principio que, de acuerdo con la reglamentación establecida en el texto que nos ocupa, consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo.
A partir de ese principio, que se incorpora dentro de nuestra legislación, se proponen tres aspectos fundamentales, a través de los cuales se pretende regular la probidad administrativa. En primer lugar, se generan una serie de inhabilidades e incompatibilidades; en segundo término, se incorpora la declaración de intereses como una obligación para ciertos funcionarios, los cuales luego mencionaré; y, por último, se establece una serie de conductas prohibidas para los funcionarios en el ejercicio de sus cargos.
En el capítulo tocante a las inhabilidades e incompatibilidades, entre otras cosas, se prohíbe el ingreso a la Administración del Estado a personas que tengan contratos relevantes con el respectivo organismo de la administración pública, o a los cónyuges, hijos y parientes cercanos respecto de la autoridad y directivos del organismo al que postulan.
El ejercicio profesional de los servidores públicos es permitido en la medida en que no perturbe el cumplimiento de sus deberes funcionarios, pero se prohíben aquellos que tengan coincidencia horaria o cuando se refieran a materias específicas que deban ser autorizadas por el organismo o servicio público al que pertenecen. También se prohíbe que ex funcionarios trabajen en empresas privadas del sector que les ha correspondido regular o fiscalizar desde su función pública.
Quizás, la innovación más significativa del proyecto se halla contenida en la declaración de intereses.
En la actualidad, sólo en algunos servicios de la Administración Pública se exige que los funcionarios, al ingresar a ellos, hagan declaración de sus intereses económicos o patrimoniales, según el caso. Pero ello ocurre excepcionalmente.
La iniciativa en análisis, con las modificaciones introducidas en nuestra Comisión, obliga a efectuar periódicamente una declaración pública de los intereses profesionales y económicos que tengan los funcionarios públicos de alta jerarquía. Entre quienes están obligados podemos mencionar al Presidente de la República, Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes y Gobernadores, SEREMIS, Embajadores, Jefes de Servicio, Contralor, Consejeros del Banco Central, Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, Alcaldes, Concejales y Consejeros Regionales, así como toda autoridad, directivo, profesional y técnico hasta el nivel de jefe de departamento.
El proyecto incluye modificaciones -como señalé- a las respectivas leyes del Congreso Nacional y del Código Orgánico de Tribunales, para exigir que los Parlamentarios y los jueces del primer escalafón judicial también efectúen su declaración de intereses.
Con esta norma, a nuestro juicio, se avanzará en obtener una claridad real y efectiva en torno a las posibilidades de enriquecimiento indebido de los principales responsables de los Poderes Públicos del país. Las posibilidades de corrupción en estos niveles se podrán controlar, investigar y, por lo mismo, disminuir en grado sustancial, si las hubiere en forma significativa en la actualidad.
Aparte de lo anterior, el proyecto establece diversas conductas prohibidas, y se estimó conveniente incluirlas para resguardar mejor la probidad en el ámbito de la Administración Pública.
En tal virtud, propone sancionar las siguientes conductas: el uso en beneficio propio o de terceros de la información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón del cargo que se desempeña; utilizar tiempo, recursos o personal del organismo en beneficio propio; solicitar o aceptar donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza, en especial se prohíben los regalos, sin distinción ni tope económico -como se señaló en algún momento en el debate-, salvo cuando se trate de donativos protocolares o que sean propios de la cortesía y buena educación; el uso particular del millaje u otro beneficio similar que otorguen las líneas aéreas por viajes de autoridades o funcionarios financiados con recursos públicos. Asimismo, en el caso de los Parlamentarios, se reitera la prohibición de votar o promover cualquier asunto que interese directa o personalmente a ellos, a sus cónyuges o parientes cercanos.
Al respecto, no obstante que el proyecto está dirigido principalmente a los funcionarios de la Administración del Estado, estimamos importante el ir incluyendo algunas cuestiones, por lo menos, en cuanto a los Parlamentarios. Cabe señalar que varias de las indicaciones aprobadas e incorporadas en el texto que nos ocupa tuvieron por objeto comprender también a los parlamentarios. Vale decir, que esta norma no solamente estableciese prohibiciones respecto de los funcionarios públicos. Sin embargo, como la naturaleza de su actuación es distinta a la de otros servidores -por ejemplo, de los integrantes del Congreso Nacional, de los funcionarios judiciales, jueces o magistrados-, en la Comisión se acordó que debiéramos propiciar una modificación, sea en el Reglamento del Senado o en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para incorporar a los parlamentarios en las normas relativas a conductas que establecen prohibiciones a los empleados públicos.
Pensamos que resulta de mínima justicia establecer en ese sentido la igualdad ante la ley y no aparecer nosotros dictando prohibiciones de conductas que también deben formar parte de nuestras propias previsiones.
Por otro lado, al igual que en el proyecto de libertad de expresión, información y ejercicio del periodismo, hemos sugerido la incorporación de un precepto que procura la total transparencia de los actos de las autoridades. Así, se establece que son públicos todos los actos y documentos de la autoridad, permitiendo su acceso a cuantos lo soliciten, salvo que ello entorpezca el funcionamiento del servicio, sean secretos o reservados de acuerdo a la ley, o afecte a la seguridad nacional, al interés público o a los derechos de las personas. Como se mencionó, se establece al respecto un recurso en caso de que la autoridad deniegue esa información en forma discrecional, discriminatoria o equivocada a juicio de la persona que la solicita, como una manera de evitar el incumplimiento de ese deber y se reserve cuando las excepciones objetivamente así lo justifiquen.
El acceso a las actuaciones de la autoridad -como lo señalamos en su oportunidad- favorecerá el control social de éstas y evitará ciertamente actuaciones reñidas con el debido cumplimiento de las funciones públicas.
Finalmente, deseo manifestar que si bien la aprobación de estas normas y en general de las leyes por sí sola no garantiza el logro de los objetivos planteados -en este caso, asegurar la probidad y evitar conductas corruptas-, la iniciativa, con todas sus limitaciones, y que seguramente muy luego los señores Senadores harán presentes, constituye una señal muy poderosa de la voluntad política del país, tanto del Gobierno como del Parlamento, con respecto a la corrupción, a la voluntad de erradicarla, de ponerle término, de evitarla en todo lo posible y, por lo mismo, de prevenir los daños que pueda ocasionar a Chile.
Por lo tanto, si hay voluntad política para aplicar normas de esta naturaleza, podremos también asegurar la eficacia en el objetivo que estamos buscando.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Parra.

El señor PARRA.- Señor Presidente, disintiendo de la proposición del Senador señor Ríos, deseo manifestar también la conveniencia de despachar ahora el proyecto que acaba de ser informado por el señor Presidente de la Comisión de Constitución.
Me parece conveniente destacar que, a partir del trabajo realizado por la Comisión Nacional de Ética Pública, el Gobierno presentó tres proyectos de ley a la consideración del Congreso Nacional. Uno, que reformaba la Constitución Política para introducir los principios de probidad y transparencia con rango constitucional; otro, que regulaba el tema de probidad administrativa, y un tercero, que tenía por objeto legislar sobre todo lo relativo a la transparencia en la gestión de los Poderes del Estado y de los órganos públicos. De estos, el primero que llega a la consideración del Senado es justamente el que nos ocupa. El de reforma constitucional y el de transparencia -como aquí se ha referido- se encuentran en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.
Me parece importante resaltar el hecho de que existe una gran diferencia entre esos proyectos y éste que ahora conoce el Senado. En efecto, la presente iniciativa contiene un conjunto de modificaciones dirigidas a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; a la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades; al Estatuto Administrativo y a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Cabe destacar que se siguió una vía distinta, pues, en lugar de formular una ley estatuto sobre probidad administrativa, se optó por modificar la legislación vigente; y, sinceramente, creo que de esa forma se procedió con ventajas respecto al camino inicial. Eso ha determinado, entre otras cosas, que la normativa que ahora conocemos presente una cobertura muchísimo más amplia que la de aquellos proyectos iniciales de 1994. Por ejemplo, las normas modificatorias del Código Orgánico de Tribunales o de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional no estaban consideradas en esas primeras iniciativas.
Lo anterior, me lleva a pensar que seguramente el Gobierno desistirá de los proyectos de reforma constitucional y de transparencia, particularmente porque ese último ha quedado cubierto con la norma ya aprobada, o sea, el artículo 8º del proyecto de ley sobre libertad de información y ejercicio del periodismo, que viene reiterado en el artículo 11 bis, propuesto ahora en el texto del informe. De tal modo que si ahora conocemos y resolvemos respecto de esta materia, se despejará el camino y se simplificará la vía para tener una legislación adecuada.
Sin lugar a dudas, el proyecto de reforma al Código Penal, que introduce algunas figuras delictivas nuevas para combatir la corrupción y que pronto deberá ser informado en la Sala por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, resulta ser complementario de ese texto. Empero, la existencia de esa iniciativa no justifica el retardo en el pronunciamiento sobre la materia que ahora conocemos.
Este proyecto ha recibido en general una aprobación unánime en la Cámara de Diputados, tanto en su primer informe cuanto en el trabajo de la Comisión, lo que naturalmente viene a simplificar mucho el trámite de su despacho por parte del Senado.
Sólo tres de las materias sobre las cuales debe pronunciarse la Sala fueron objeto de votación dividida y pueden verse en el texto comparado. Ello, sin perjuicio de la renovación de indicaciones, que, en particular, tienden a hacer obligatoria la declaración de patrimonio junto con la de intereses que sí se halla contemplada en el texto.
En síntesis, ratificando el camino seguido por la Cámara de Diputados y por la Comisión, estamos en condiciones de despachar ahora el proyecto que felizmente ha contado con un alto grado de consenso y que, sin duda, representa un paso decisivo en la afirmación de la probidad administrativa y en la lucha contra la corrupción iniciada por el Presidente de la República al constituir la Comisión Nacional de Ética Pública en 1994.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, en mi opinión, el proyecto que se somete a la consideración de la Sala reviste una importancia extraordinaria desde el punto de vista de la modernización del Estado de Chile; pero, al mismo tiempo, implica un efecto que, a mi juicio, muchas veces pasa inadvertido.
Hace unos días se ha dado a conocer el lugar que ocupa nuestro país en una escala de competitividad mundial, en un total de 46 naciones. En la elaboración de dicho índice intervienen ocho grandes factores. Uno de ellos es gobierno y el otro administración.
Sin lugar a dudas, desde la perspectiva de conocimiento de las empresas que actúan en un mundo globalizado y de libre mercado, una norma como ésta otorga transparencia y seguridad que incluso podrían llegar a modificar el índice que se establece año tras año en los rubros referidos a gobierno y administración.
Por lo tanto, concuerdo con las opiniones manifestadas en la Sala, especialmente con aquéllas del Honorable señor Larraín.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chadwick, luego de lo cual someteremos el proyecto a la discusión particular.

El señor CHADWICK.- Señor Presidente, haré algunos alcances sobre el texto en debate, los que sin duda podrían reflejarse más tarde en la discusión particular del mismo. Afectan a distintas normas, y por eso los planteo en términos generales.
El Honorable señor Parra decía muy bien que en la Cámara de Diputados se ha escogido una técnica legislativa apropiada. Ella consiste en modificar distintos textos legales con el objeto de ir recogiendo por esa vía todas las materias que dicen relación a la probidad.
En esa perspectiva, hay un punto que echo de menos. Estamos dictando diversas normas sobre probidad para todas las autoridades del país, excepto para Diputados y Senadores. En esta iniciativa se contemplan situaciones consideradas importantes y que, a mi juicio, les son perfectamente aplicables; aun más, deben ser aplicadas a los parlamentarios.
Cito por vía de ejemplo todo lo que dice relación al artículo 64, en donde se establecen conductas específicas reñidas con la probidad pública. Deploro que, al abordar un asunto tan importante como éste, se excluya a Diputados y Senadores de disposiciones especialmente relevantes y que abarcan conductas a las cuales nosotros nos vemos expuestos de igual manera que un Ministro de Estado, un jefe de servicio o un funcionario cualquiera.
Escuché las palabras del señor Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, quien señaló que esta idea estuvo presente en la discusión llevada a efecto en ella, y donde, por razones de tiempo, no se abordó la tarea de adecuar el articulado para hacerlo aplicable a los miembros del Parlamento. Se optó entonces por dejar el asunto para incluirlo en otros proyectos de ley, o en el reglamento.
Opino que los integrantes del Senado no podemos aprobar normas sobre probidad pública si ellas no son aplicables a los parlamentarios, quienes están sujetos a los mismos deberes y obligaciones que cualquier autoridad pública del país.
Ésa es la razón de formular esta observación en general, ya que me gustaría que, de ser posible, el proyecto vuelva a Comisión para que allí, tomando el tiempo que sea necesario, se adecue el articulado en lo que corresponda (me parece que eso abarca todos los artículos) para hacerlo aplicable al Parlamento. No debiéramos sentirnos habilitados para dictar normas de conducta sobre probidad dirigidas al resto de las autoridades, excluyendo la acción de los integrantes del Congreso.
Reitero que, en mi opinión, sería conveniente darse un tiempo en un proyecto de tanta importancia como es éste, para que la Comisión de Constitución introduzca las adecuaciones que corresponda; y se modifique la Ley Orgánica del Congreso Nacional, para que la normativa sobre probidad sea aplicable a todas las autoridades, partiendo por nosotros mismos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor VILLARZÚ (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, quiero reiterar mis planteamientos expuestos con ocasión de discutirse en general esta iniciativa, en el sentido de destacar la prioridad que a ella le asigna el Gobierno.
En efecto, el Ejecutivo, como consecuencia del trabajo de la comisión creada al efecto, planteó tres cuerpos legales que hoy se encuentran en discusión en el Congreso. En ellos, mediante un trabajo conjunto de la Comisión especializada, la Secretaría General de la Presidencia y los otros órganos del Estado comprometidos en este asunto, se ha avanzado y, diría, mejorado notablemente el texto inicial. En esa perspectiva, dada la importancia y prioridad de la materia, me parece que debiéramos hacer todos los esfuerzos del caso para despacharlo rápidamente.
Debo recordar que el proyecto inició su trámite en la Cámara de Diputados en 1995, lo que significa que ha permanecido en estudio en el Congreso por más de tres años. Se trata de un asunto que preocupa a la opinión pública y que suscita permanentes debates. Muchos ciudadanos han manifestado su preocupación por la falta de una legislación adecuada en este campo. Pienso que, independientemente del hecho de que la norma en cuestión pueda ser perfeccionada, se ha logrado un grado de consenso lo suficientemente amplio como para proceder de inmediato a su despacho. Esto, sin perjuicio, repito, de que más adelante ella pueda ser perfeccionada, incluyendo, entre otros, los aspectos planteados por el Senador señor Chadwick.
Me parece que el país no entendería que, después de tan largo trámite y de un trabajo tan serio y profesional efectuado en el Congreso Nacional, no avanzáramos al menos en aprobar el presente texto, el que, repito, cuenta con el respaldo claro del Gobierno y de todos quienes han trabajado en su redacción.
Por lo expresado, sugiero a la Sala hacer el esfuerzo necesario para despacharlo a la brevedad, quizá hoy día mismo. Por esa vía estaríamos dando un paso significativo en materia de valorar la responsabilidad y de crear las condiciones que permitan dignificar la función pública.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bombal.

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, en la misma dirección de lo señalado por el Senador señor Chadwick, reitero sus apreciaciones y hago notar que, en mi opinión, no tiene presentación alguna el sancionar por ejemplo las siguientes conductas:

"1.- Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña;

"2.- Hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero;

"3.- Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros;

"4.- Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales;

"5.- Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o función, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza;

"6.- Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.".
Cuando se miran las conductas que describe el proyecto, las que según se señala de modo expreso contravienen "especialmente el principio de la probidad", lo que uno no entiende es que vayamos a despachar un cuerpo legal -y eso sí, señor Ministro, no lo va a entender la opinión pública- en que se sancionan esas conductas en los funcionarios, y no en Senadores y Diputados.
Por tales razones, es del caso que el proyecto vuelva a la Comisión para que ella analice la situación. Porque, según entiendo, la opinión pública está esperando con justificado interés, desde hace mucho, una señal en tal dirección. Por eso, no entenderá que actuemos respecto de otros y no de nosotros. Ello en circunstancias de que perfectamente, en un análisis que hiciera con la mayor rigurosidad y rapidez la Comisión, muy bien podría disponerse la aplicación de las correspondientes sanciones cuando se trate de los parlamentarios.
Quedaríamos muy agradecidos, señor Presidente, que Su Señoría recabara el asentimiento de la Sala para proceder en la forma propuesta.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, la inquietud que han manifestado los Senadores señores Chadwick y Bombal también fue motivo de discusión al interior de la Comisión.
Varias de las indicaciones que dieron origen al texto que hoy está conociendo la Sala fueron concebidas en forma general. Por ejemplo, yo presenté una para que todos los beneficios concedidos por las líneas aéreas, como el que se obtiene por millaje acumulado y otros, no fueran utilizados a título personal cuando los pasajes han sido financiados con fondos públicos. Y esta indicación no se circunscribía a los funcionarios de la Administración Pública, sino que englobaba al sector público en general. Sin embargo, en la Comisión se limitó sólo a los primeros, por considerarse que, en lo fundamental, esta normativa estaba referida únicamente a ellos.
Sin perjuicio de lo anterior, se acogió lo planteado por los señores Senadores mencionados en cuanto a la inconveniencia de aparecer nosotros propiciando normas sobre probidad administrativa que, en muchos casos, también deberían aplicarse a los Parlamentarios. Luego de discutir acerca de si éstos debían ser incluidos en esta iniciativa o en otra instancia, se adoptó el acuerdo -tal vez no es el más satisfactorio- de incorporar en este proyecto lo que nos pareció medular respecto de ellos, esto es, lo relativo a la declaración de intereses, y, por otra parte, propiciar, o una modificación al Reglamento del Senado para contemplar allí las demás conductas en lo que fuere procedente, o bien una reforma a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional con la misma finalidad.
En todo caso, aparte las conductas, también habría que dilucidar el tema de las sanciones, muchas de las cuales -inhabilidades, multas- podrían no ser aplicables del mismo modo a los Parlamentarios. De manera, pues, que debería precisarse cuáles regirían para ellos en caso de infracción. La destitución, por ejemplo, es distinta para los Senadores y Diputados, por el origen de sus cargos.
Todo lo anterior conducía a una reglamentación bastante compleja, por lo que se prefirió incluir en esta iniciativa sólo algunas normas respecto de los Parlamentarios. Una de ellas se refiere a la declaración de intereses, y otra, que ya contiene el Reglamento del Senado, se agrega ahora a la Ley Orgánica del Congreso como una manera de fortalecer el tema de la incompatibilidad de intereses cuando un Senador o Diputado vota en materias en las que tiene alguna vinculación, ya sea por sí, por su cónyuge o por sus familiares.
Ahora, si la voluntad de la Sala es devolver el proyecto a la Comisión de Constitución para que ésta incorpore en él, respecto de los legisladores -y yo agregaría también a los miembros del Poder Judicial-, las demás conductas que hoy se establecen para los funcionarios públicos, no habría inconveniente de mi parte ni del resto de los integrantes de la referida Comisión, por cuanto allí se había optado en principio por una reglamentación más acabada, pero se estimó -a lo mejor equivocadamente (eso debe juzgarlo la Sala)- que ésta no era la instancia más adecuada para ello.
Sin embargo, si ésa es la voluntad de la Sala -repito-, yo sería el más interesado, porque comparto la inquietud en cuanto a que no debemos aparecer en una posición discriminatoria, que, ciertamente, no corresponde al espíritu del Ejecutivo ni al del Parlamento. De modo que si hubiese la menor duda de que el proyecto pudiera ser interpretado en forma equivocada, estaría dispuesto a allanarme a lo planteado por los Honorables señores Chadwick y Bombal.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Silva.

El señor SILVA.- Señor Presidente, comprendo y justifico la posición que ha expresado el señor Ministro en orden a que este proyecto de ley, cuyo estudio lleva ya tres años en el Congreso, debiera ser despachado a la mayor brevedad.
Sin embargo, comparto totalmente la objeción, que es bastante fuerte, planteada por los Senadores señores Bombal y Chadwick. Y la comparto porque no vamos a tener ninguna posibilidad razonable de expresión y justificación ante la opinión pública si el Congreso, por acto propio, queda al margen de una ley que ha aprobado para los demás sectores institucionales del país.
Quiero recordar que este mismo problema se suscitó en el seno de la Honorable Cámara de Diputados, la cual lo solucionó a través de una vía -a mi juicio, parcial- que también mencionó aquí el Honorable señor Larraín. En efecto, la otra rama del Parlamento resolvió incorporar entre las normas que rigen su funcionamiento disposiciones concernientes a la probidad.
Esta iniciativa, al agregar, por medio de su artículo 7°, algunas normas a la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, lo único que hace es dar una solución tan de parche -perdóneseme la expresión-, que lejos de resolver en plenitud el problema, va a dar una sensación que no corresponde a lo que, en el fondo, cada uno de nosotros desea.
Como acaba de reconocerlo el señor Presidente de la Comisión, la verdad es que no vamos a quedar satisfechos con nuestras conciencias como Parlamentarios si dejamos pendiente un asunto de tanta relevancia que nos atañe a nosotros mismos. Por lo tanto, compartiendo la posición de Sus Señorías, quiero sugerir que el proyecto vuelva a la Comisión.
Además, hay otro punto que implica una omisión. En esta iniciativa, tal como lo han reconocido los señores Senadores que han hecho uso de la palabra, se está tratando el problema de la probidad pública, como si la corrupción existiese sólo en el sector público y nada más. Yo me pregunto, señor Presidente, si la ética no es un concepto general que abarca tanto al sector público como al sector privado.
Podría contraargumentarse -pienso que por ahí va la onda de la explicación que se puede dar- que en cuanto atañe a los privados, éstos podrían quedar comprendidos en el proyecto que modifica las normas del Código Penal, posiblemente en lo referente al tráfico de influencias y otros delitos de esa índole que se incorporan. Empero, cuando se está haciendo un esfuerzo tan grande en un proyecto de esta naturaleza, considero, con todo respeto, que el tema debería ser objeto de un análisis y una conclusión en plenitud.
Si la iniciativa vuelve a la Comisión, ello sería por muy pocos días más, para que se estudie la incorporación de las normas concernientes a los Parlamentarios, y también para que se vea la posibilidad de examinar, con prontitud, aquellas cosas que están faltando y que atañen a la ausencia de ética en el campo privado.
El proyecto, por razones obvias, nada dice sobre eso. Pero sé que se halla en el ámbito y en la conciencia de los señores Senadores que han intervenido el que ésa es una materia que debería ser tratada a la par con ésta.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, siento discrepar de los criterios que aquí se han expresado.
En primer lugar, como lo ha dicho el señor Presidente de la Comisión, los Parlamentarios fueron incorporados en las reformas que introduce el proyecto en discusión, específicamente en su artículo 7°.
Ahí las innovaciones más importantes son tres: se establece que los Senadores y Diputados deben regirse por el principio de probidad; se dispone que ellos no deben votar cuando tienen intereses incompatibles, y, por último, se consagra la declaración jurada de intereses. No se fue más allá, por una razón muy simple: la función de un Parlamentario no es la de un funcionario público; no hay una carrera. De tal manera que si la falta de probidad de un legislador es una falta regular o leve, no tiene sanción, porque no puede ser amonestado, no puede ser calificado mal, no se le puede pedir la renuncia. Es decir, su función es de una naturaleza distinta a la de un funcionario público e, incluso, a la de un juez.
Si la falta es muy grave, entrarían a aplicarse las normas de otro proyecto, que recoge la preocupación de los Senadores señores Chadwick y Bombal y que sanciona o sancionaba (el texto que salió de la Cámara al menos lo hacía) el tráfico de influencias y el uso indebido de información, como delitos. Temo que tales figuras hayan sido eliminadas por la Comisión del Senado del período legislativo anterior, de modo que no me atrevo a aseverar que hoy sean conductas delictivas, tal como fueron aprobadas unánimemente por la Cámara de Diputados.
Entonces, quiero llamar la atención hacia que, salvo que el Senado esté dispuesto a establecer una Comisión de Ética -para eso está el proyecto del Honorable señor Valdés y para eso se podrían consignar en el Reglamento de la Corporación todas las medidas que se estimen convenientes-, cualquiera declaración que se formule en esta iniciativa de ley es sólo lírica, porque no tiene sanción, no es efectiva, es sólo para la opinión pública, no es práctica. Y yo creo que la normativa en estudio debe tener eficacia.
Ahora, ¿cómo se puede sancionar al Parlamentario que no efectuó su declaración jurada? ¿Cuál es la sanción que recibe de acuerdo con este artículo? De conformidad con ese precepto, la opinión pública sabe que tal legislador no hizo su declaración jurada.
¿Qué pasa si el Parlamentario infringe el artículo 5º del proyecto, que es prácticamente igual al artículo 8º del Reglamento? No pasa nada. Varias veces se ha dicho que en esta Sala algún Parlamentario votó en materias que lo benefician. ¿Y qué sanción recibe? Ninguna. La opinión pública sólo toma conocimiento.
Señor Presidente, sobre estas materias, que fueron muy discutidas en la Comisión, actuamos con mucha responsabilidad. Para tal efecto, consignamos en la ley en estudio aquello que se puede establecer en ella. Y se puede dejar entregado al Reglamento del Senado -si existe voluntad para ello- el establecimiento de todas aquellas cosas que se deseen consignar, siempre que se cree el Comité de Ética que contempla el proyecto del Senador señor Valdés. Porque, de lo contrario -repito-, aquí no hay algún jefe que pueda calificar, despedir o someter a sumario, salvo el pueblo en la elección. Pero una cosa distinta son los delitos.
Ahora, yo llamaría a los Honorables señores Chadwick y Bombal para que en su momento den la lucha para que el proyecto de ley que establece los delitos contra la probidad -entre ellos, el tráfico de influencias y el uso indebido de información- sea más drástico que el que salió de la Comisión del Senado. Porque eso sí que es coherente con lo que ellos están planteando. Pero no devolver la iniciativa a la Comisión.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Valdés.

El señor VALDÉS.- Señor Presidente, me alegro mucho de que se realice este debate, porque finalmente ha llegado a la Sala un texto -interesante y evidentemente positivo- que recoge la mayor parte de las sugerencias que hace varios años se propusieron en la Comisión de Ética, que tuve el honor de presidir y de la cual formaron parte el Presidente de la Corte Suprema, el Presidente de la Cámara de Diputados, el Contralor General de la República y otras autoridades.
Pero, evidentemente, tampoco estoy satisfecho por la forma en que se ha tratado el problema de los Parlamentarios. Coincido con el Honorable señor Viera-Gallo, en cuanto a que no es fácil. Pero cuando estudiamos esta materia durante tres meses en la Comisión y revisamos la legislación internacional que está a la mano, nos dimos cuenta de que no hay Congreso de país desarrollado importante que no posea, no sólo las sanciones que corresponden a los funcionarios públicos, sino que, además, penas específicas muy severas. Porque hay muchas situaciones que no sólo se refieren a problemas patrimoniales o en las que al votar en una Comisión o en la Sala un Parlamentario puede tener un interés privado, comprometiendo con ello su voto en algo que lo beneficia pecuniariamente. Se trata de la función pública que el Parlamentario ejerce, que debe estar rodeada de tal calidad, honestidad y condiciones éticas que permita que el país vea que, respecto del legislador, existe una norma rígida, y que si la transgrede, recibe una sanción. Y no sólo la parte pecuniaria es importante, también lo es el detalle de los haberes consignados en la notaría, así como el resultado obtenido una vez finalizado el período.
Pero me preocupa que no tengamos nada en Chile respecto de actos que, no siendo necesariamente delitos -todos nos encontramos sujetos al Código Penal-, son atentatorios contra la dignidad de la persona.
Felizmente, no se ha producido una situación grave. Pero quiero recordar ahora que cuando estuve en los Estados Unidos, en las Naciones Unidas, me tocó conocer tres casos de Senadores que debieron dejar sus cargos debido a sanciones aplicadas por sus pares por actos que, si bien no eran delictuales, comprometían la ética con que un Senador debe ejercer su cargo para merecer la consideración de sus electores o de la opinión pública. No quiero dar a conocer razones. Pero se trató de actos de naturaleza privada y no necesariamente de carácter financiero. De manera que ése es un tema delicado.

El señor MORENO.- ¿De homosexuales?

El señor VALDÉS.- Sí. ¡Y no necesariamente de los que podrían preocupar a la opinión pública de ese país, en cuanto a su Jefe de Estado, sino de algunas desviaciones un poco más complicadas! Dos de ellos.

El señor LARRAÍN.- ¡Menos interesante!

El señor VALDÉS.- ¡Al contrario, van a publicar un libro con esto!
--(Risas).
Pero lo que quiero decir, señor Presidente, es que el problema está en que el Parlamento es un Poder del Estado, y se trata de buscar una fórmula de sanción. Porque lo demás constituye algo que debe quedar entregado, o al Tribunal Constitucional -órgano demasiado importante e imponente, porque es una especie de Olimpo al cual se llega en casos muy graves- o a un organismo como éste, que refleje la capacidad de tener un sistema de sanciones conforme al consenso que hay entre nosotros, en el sentido de que el Senado debe tener en todo momento un prestigio inmaculado, lo cual es responsabilidad de todos.
Por consiguiente, concuerdo en que este punto merecería ser objeto de un análisis más detallado en lo que se refiere al Parlamento, aun cuando el señor Ministro considere que esto está atrasado. Por ello, creo que es mejor enviar el proyecto a Comisión, para analizar derechamente esta exigencia de la función de los Parlamentarios en todos sus aspectos -público y privado-, sin que caigamos en una suerte de Inquisición ni en normas excesivas, pero que se traduzcan en una conducta ética, que se define en el proyecto, pero no se sanciona ni regula.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Adolfo Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, sin lugar a dudas, la iniciativa en debate es extremadamente delicada, importante y, de alguna forma, trascendental para el futuro del país. Lo demuestra el nombre mismo de la ley modificada por ella: Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. De esa forma, me hace mucha fuerza el hecho de que en la normativa en debate no se haya considerado en forma específica alguna suerte de armonía con lo que es esta situación, trasladándola al Parlamento, tanto a los Diputados como a los Senadores. Creo que la ley misma nos deja en una situación de ser expuestos a la crítica pública.
También me hace fuerza lo planteado por los Honorables señores Bombal y Chadwick, sobre todo cuando el primero sostuvo que en el artículo 64 del proyecto se describen conductas. Puede ser que tengan razón quienes sostienen que la materia en debate es más propia de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional o, específicamente, del Reglamento del Senado. Ello es posible.
Pero, en todo caso, debería existir cierta correspondencia. Y si dos Senadores plantean -con razón, a mi juicio- una duda ante ella, prefiero ser extremadamente cuidadoso. Porque se debe cuidar la imagen de los Parlamentarios. En ese sentido, no veo cuál es la razón para no volver la iniciativa a la Comisión de Constitución, con el objeto de buscar la debida correspondencia entre el Reglamento, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso y la ley en estudio en particular. Y que quede constancia de que así se ha hecho. Y si es necesario agregar un capítulo o un artículo para precisar y dejar en claro la especificidad en lo que a nosotros nos concierne como Parlamentarios, me parece conveniente hacerlo.
Por eso, señor Presidente, no me cabe la menor duda -por cierto que es así- de que nadie en el Congreso, y especialmente en el Senado, busca una situación excepcional. Y, en esta materia, una pequeña duda puede ser de verdad dañina para el prestigio de esta Corporación y la honra de cada uno de nosotros.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor VILLARZÚ (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, a no dudarlo, este debate es extraordinariamente importante. Comparto muchas de las aprensiones planteadas aquí por los señores Senadores, pero me parece que no corresponden a la materia en discusión.
Quiero recordar que el objeto de la ley en proyecto tiene que ver con la probidad administrativa de los órganos de la Administración del Estado. Tanto es así que, cuando se inició su debate en la Cámara de Diputados, se acordó incorporar un nuevo título a la Ley de Bases. Y de ese modo está pensada y estructurada la iniciativa, que se refiere -reitero- a la probidad administrativa de los órganos de la Administración del Estado.
En tal sentido, uno incluso podría plantear que proposiciones como las aquí formuladas -repito que las comparto, pues me parecen de gran relevancia- están fuera de la idea matriz del proyecto.
Considero que, aprovechando el esfuerzo hecho en esta materia (contamos con una propuesta muy mejorada), lo más razonable y atingente es que avancemos en la iniciativa, la despachemos y, simultáneamente, el Senado -doy excusas por hacer una sugerencia- se comprometa a realizar los estudios del caso y presentar las indicaciones que correspondan para abordar los temas sugeridos por los distintos señores Senadores. Y, en esa perspectiva, desde ya comprometo todo el respaldo necesario por parte del Gobierno.
Empero, estimo que se trata de dos materias distintas. Y, en mi concepto, debemos respetar el sentido de la propuesta, que apunta fundamentalmente -repito- a resolver el problema de la probidad administrativa de los órganos de la Administración del Estado.
Gracias, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chadwick.

El señor CHADWICK.- Señor Presidente, deseo hacer algunas consideraciones en relación a opiniones vertidas aquí, todas las cuales me parecen muy razonables.
Respecto de lo que acaba de señalar el Ministro señor Villarzú, es cierto que la idea matriz del proyecto, originalmente, era la regulación de la probidad administrativa de los órganos de la Administración del Estado. Pero, durante la tramitación, aquélla se amplió. Y se amplió de tal forma que hay disposiciones precisas (lo acaba de explicar el Senador señor Viera-Gallo) relacionadas con los Parlamentarios.
En consecuencia, si en un texto sobre probidad se ha incorporado a los Parlamentarios, estimo indispensable hacer un esfuerzo mayor para que esta última materia, que siempre va quedando pendiente, se agote y se sepa en definitiva qué disposiciones de aquella índole se aplican a Senadores y Diputados y cuáles no.
Tales normas se incluyeron. Por ende, la idea matriz del proyecto ya fue ampliada. Y, siendo así, esforcémonos y hagamos bien las cosas.
Por otro lado, el Honorable señor Viera-Gallo planteó algo que, obviamente, todos compartimos: el cargo de Parlamentario implica el ejercicio de una función distinta de la de un funcionario público adscrito a la Administración del Estado propiamente tal. Pero el ejercicio de la función de Senador o Diputado requiere también determinar qué normas sobre probidad pública le son propias y cuáles no. Porque el hecho de desempeñar el cargo de Parlamentario (creo que el Senador señor Viera-Gallo también lo entiende así) no nos exime de los preceptos atinentes a la probidad. El punto que debe analizarse es cuáles se nos aplican y cuáles no.
En mi opinión, constituye una tarea pendiente, en relación a la iniciativa en debate, la realización de un estudio más profundo a ese respecto.
Porque, de la lectura de la iniciativa, nadie puede sostener que a la función parlamentaria no le es aplicable, por ejemplo, lo establecido en el Nº 4 del artículo 64 propuesto para la ley Nº 18.575, que dice: "Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales".
¿Alguien podría afirmar que esa disposición, tan importante en materia de probidad pública, no se aplica a la función parlamentaria? ¿O acaso nosotros podríamos, al aprobar el proyecto, dar a la opinión ciudadana una señal en el sentido de que nos es factible disponer de nuestra jornada de trabajo sin ninguna restricción u obtener sin problema alguno beneficios personales con dineros propios de la institución?
Entonces, la idea matriz del proyecto fue ampliada. Se incorporó a los Parlamentarios. Pero, a mi juicio, se les incorporó en forma limitada.
Por eso, me parece indispensable, especialmente por las señales públicas que estamos enviando, que la Comisión haga un esfuerzo mayor para determinar cuáles disposiciones sobre probidad afectan a Senadores y Diputados y cuáles no.
Ahora, el problema más difícil lo planteó el Honorable señor Valdés -en algún momento debemos abordarlo-: qué autoridad, interna o externa, de carácter jurisdiccional existe para aplicarnos las normas pertinentes, con facultades para sancionar.
Finalmente -antes de conceder una interrupción al Honorable señor Bombal-, quiero poner de relieve un punto.
Siempre existen buenas razones para postergar materias como ésta en relación a los Parlamentarios. Y debió habernos dado vergüenza cuando, en una sesión de la semana pasada, al examinar un proyecto de acuerdo que presentó el Senador señor Ruiz De Giorgio, se recordó que una moción presentada por el Honorable señor Valdés en materia de ética está en la Comisión de Constitución desde hace más de cuatro años.
Señor Presidente, no quiero dejar pasar esta oportunidad. Porque, de lo contrario, pienso -y creo que con razón- que, si dejamos este aspecto a proyectos de ley paralelos o a mociones que se presentarán para aplicar las normas pertinentes a la función parlamentaria, nuevamente esperaremos cuatro o cinco años.
Por consiguiente, como estamos hoy ante una iniciativa legal que es urgente, que se halla muy bien planteada, que es necesaria para la probidad del Estado, por lo menos quiero tener mi conciencia tranquila y señalar que vale la pena que la Comisión de Constitución realice un esfuerzo adicional, de poco tiempo (un par de semanas), para estudiar qué normas de este proyecto sobre probidad pública se aplican a la función parlamentaria. A mi juicio, no habría razón alguna para eximirnos.
Por mucho que cueste, por difícil que sea encontrar una solución para las sanciones, vale la pena esforzarnos. Si no, temo que pasarán cuatro, cinco o seis años más y el tema de la probidad pública de los Parlamentarios seguirá esperando.
Con la venia de la Mesa, doy una interrupción al Senador señor Bombal.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, la suma del proyecto está mal planteada, porque habla de ley "sobre probidad administrativa de los órganos de la Administración del Estado". Sin embargo, la iniciativa se refiere a modificación de cuerpos legales relativos a órganos que no forman parte de la Administración del Estado. De manera que estamos habilitados perfectamente, por las razones que dio el Senador señor Chadwick, para abocarnos a la materia objeto de este análisis.
Efectivamente, aquí se están reformando disposiciones de órganos que no pertenecen a la Administración de Estado. Son los casos de la Ley Orgánica del Congreso Nacional; del Código Orgánico de Tribunales; de la Ley de Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local; incluso, de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
En consecuencia, el Senado está perfectamente habilitado, por el mecanismo de volver el proyecto a la Comisión, para recoger las inquietudes aquí planteadas y perfeccionar el texto, que ya tiene en su estructura las condiciones necesarias para analizar en profundidad las materias que nos preocupan.
Gracias, señor Senador.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, considero indispensable seguir el trámite de la ley en proyecto y no dilatarlo, precisamente por todos los argumentos dados en esta Sala respecto de la importancia que reviste.
En particular, me interesa mucho un asunto, que fue obviado por la mayoría de la Comisión: la obligatoriedad de la declaración del patrimonio y no sólo de los intereses. Me parece un punto central.
El informe de dicho órgano técnico da muy sofisticados argumentos para excluir la declaración del patrimonio. En verdad, lo considero rarísimo (por usar un adjetivo suave), porque esto de los intereses es de una vaguedad total. Desde el punto de vista de los intereses, es distinto tener tres acciones de una compañía que ser dueño de ella, por ejemplo.
En el centro del debate que debemos realizar en el Senado hay temas sustantivos y que son de mucha importancia para la opinión pública. Temo, entonces, que con esta dilación podamos estar postergando discusiones medulares que debemos efectuar hoy y no mañana.
En lo relativo a los Parlamentarios, concuerdo con lo señalado por el Senador señor Viera-Gallo. Esta materia se discutió en la Comisión. El artículo 5º es claro en establecer las normas de probidad para la función parlamentaria. Y es evidente que este proyecto no agota todo el tema. Por tanto, existen otras iniciativas indispensables de tomar. Pero eso no debería ser causa para no despachar la que nos ocupa hoy.
Por consiguiente, no estoy de acuerdo en que, con el argumento de que hay cuestiones pendientes en relación a las conductas parlamentarias, se difiera el despacho de la ley en proyecto, que se encuentra en avanzado estado de discusión y que incluye de manera explícita aquel punto en su artículo 5º.
No tengo ninguna duda de que la Comisión realizó una discusión de fondo sobre la materia y no quiso eludir lo atinente a los Parlamentarios.
Y las otras cuestiones -lo que planteó aquí el Senador señor Viera-Gallo- son claras. Tenemos el acuerdo de la Sala para poner en debate la moción del Honorable señor Valdés que crea una Comisión de Ética Pública. Esa idea ha sido muy discutida y contestada en el propio Senado, que -reitero- acordó que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se abocara al estudio de esa moción. Entonces, demos curso a la discusión pertinente.
Recojo también la observación del Honorable señor Viera-Gallo en el sentido de tipificar delitos específicos para la función Parlamentaria, porque es la única manera de hacer las cosas en serio y no para la prensa, en lo que me temo se está incurriendo acá.

El señor CHADWICK.- ¡Eso es injusto, señor Senador!

El señor GAZMURI.- Veámoslo al final, cuando adoptemos los acuerdos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ruego a Sus Señorías evitar los diálogos.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, existe una clara diferencia entre la función parlamentaria y la de la administración y la de la judicatura, en el sentido de que en aquélla no hay carrera, de que la capacidad de autosanción es muy escasa, etcétera. De modo que, si no se establecen en la ley delitos específicos para la función parlamentaria, no puede hacerse efectiva la responsabilidad consiguiente.
En consecuencia, propongo que sigamos el debate de esta iniciativa, que considero buena y que no excluye para nada a los Parlamentarios de las exigencias de la probidad.
No puede decirse que hubo una improvisación de la Comisión respecto de esta materia. Pienso que seríamos injustos con ella si señaláramos que se quiso eludir el tema.

El señor BOMBAL.- Fue una omisión, señor Senador.

El señor GAZMURI.- No fue una omisión, señor Senador.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Por favor, eviten los diálogos, señores Senadores.

El señor GAZMURI.- En la Comisión hubo un debate muy a fondo sobre ese asunto, Honorable señor Bombal.
Entonces -repito-, propongo que sigamos con el análisis de esta iniciativa, donde existen temas muy de fondo que no han sido dilucidados y en que, a mi juicio, algunas cuestiones vienen mal resueltas por la mayoría de la Comisión, como la relativa a la declaración de patrimonio, que me parece central en cualquier ley sobre probidad pública y probidad parlamentaria.
Démonos nosotros mismos urgencia para el acuerdo, adoptado en sesiones anteriores, de encargar a la Comisión de Constitución el estudio -podemos ponerle plazo- de la moción del Senador señor Valdés sobre comité de ética, eventuales sanciones, etcétera.

El señor LARRAÍN.- ¿Me concede una interrupción, señor Senador?

El señor GAZMURI.- Con la venia de la Mesa, con mucho gusto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor presidente, ese proyecto se halla con alguna demora en la Comisión, porque su autor ha querido modificarlo e introducirle una indicación sustitutiva. De manera que lo atinente al plazo no es imputable a ésta.
Habría que ver si el Senador señor Valdés pudiera sugerir¿

El señor GAZMURI.- ¡Entonces, sugirámosle un plazo al Senador señor Valdés!

El señor LARRAÍN.- Quiero aclarar esto, porque no ha habido negligencia de la Comisión, sino que hemos dado el plazo que el Senador señor Valdés ha querido.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Recupera la palabra el Senador señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Finalmente, me parece muy razonable la sugerencia de que en el respectivo proyecto estudiemos la tipificación de delitos específicos en los cuales puedan incurrir los Parlamentarios en el desempeño de sus funciones.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, lo manifestado ya por los Senadores señores Larraín y Chadwick me ahorra mucho de lo que tenía dispuesto señalar hoy.
No cabe duda de que las conductas parlamentarias debieran estar incluidas en una iniciativa de esta naturaleza. Creo que resulta absolutamente insuficiente el tratamiento que se le da a esta materia en este proyecto, obligando a los Parlamentarios a una simple declaración de intereses, o de patrimonios (como quiera señalarse). A mi juicio, la discriminación que nosotros mismos estaríamos imponiéndonos, resulta inexplicable para la opinión pública. Me parece que ésta tiene todo el derecho a exigir que los Parlamentarios estén sometidos al mismo tratamiento que nosotros mismos queremos para los funcionarios de la Administración. Explicación podrá haber, pero creo que es absolutamente insuficiente e impresentable ante la opinión pública que, en este caso, con toda razón podría objetar seriamente la conducta de los Parlamentarios que así están actuando.
En otro orden de materias, me parece conveniente la exigencia que se hace a los Parlamentarios de una declaración de intereses respecto de sus actividades profesionales o económicas. Pero, a mi juicio, ello corresponde a un concepto que se ha quedado un poco atrás, y el avance de los tiempos nos ha llevado a que puedan existir otro tipo de intereses distintos de los económicos o de los profesionales. De tal manera que debiéramos entender que el concepto de intereses es mucho más amplio y que comprende, por ejemplo, vinculaciones que puedan tenerse con determinado tipo de organizaciones, sean nacionales o extranjeras, que persigan o no fines de lucro. Porque las vinculaciones y los intereses que pueden darse con relación a ese tipo de organizaciones pueden ser tan fuertes que priven de imparcialidad a las personas para tomar adecuadamente una resolución. Porque no nos olvidemos que lo que les pedimos a los funcionarios públicos es participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad.
Creo que ése es el concepto que debería aplicarse también a los Parlamentarios: cualquier circunstancia en que se les reste imparcialidad.

El señor GAZMURI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor FERNÁNDEZ.- Con la venia de la Mesa, por supuesto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, cuando hice referencia al tema patrimonial y de los intereses, no fue para contraponerlos, sino, justamente, para yuxtaponerlos. Creo que debe haber una declaración de intereses. Estoy de acuerdo con que esos intereses pueden no ser puramente económicos. Yo señalo, además de eso, la declaración de patrimonio.

El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, el Senador señor Viera-Gallo me solicitó una interrupción, a la que accedo con gusto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, lo que señala el Senador señor Fernández se encuentra en la página 130 del informe: "Artículo 5º B.- Los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes", etcétera.
Entonces, el trabajo que se hizo en la Comisión fue establecer el principio general de que los Parlamentarios se rigen por el principio de probidad y deben observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función.
Ahora, corresponderá a cada una de las Cámaras ver cómo establecen una distancia interna que sancione las ofensas a estos principios. Pero eso no tiene para qué hacerse en esta iniciativa. Se puede promover -como señaló el Senador señor Gazmuri- en el proyecto del Senador señor Valdés.
Pero no veo que haya voluntad en el Senado para eso. Son palabras que después no se llevan a cabo. Porque si hubiera voluntad, ¿por qué no se ha hecho? Entonces, se va a entorpecer esta iniciativa con un asunto que es sólo declarativo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Recupera la palabra el Senador señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, yo decía que el principio que aplicamos a los funcionarios públicos debiera aplicarse también a los Parlamentarios: no podrán participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia -repito: cualquier circunstancia- que le reste imparcialidad. Creo que es incluso mucho más amplio que las normas que aquí hemos señalado.
Pero no sólo no aplicamos esto a los Parlamentarios, sino que tampoco estamos aplicándoles, por ejemplo, lo relativo a usar en beneficio propio o de terceros información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública. No estamos haciéndoles aplicables el ejecutar actividades, ocupar tiempo -como dijo el Senador señor Larraín-, utilizar personal y recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a las instituciones; ni estamos haciéndoles aplicables solicitar o hacerse prometer o aceptar, en razón de su cargo, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza. Vale decir, se considera un conjunto de normas mínimas para el ejercicio de la Administración Pública que no se extienden a los Parlamentarios. No veo que pueda existir alguna dificultad para que, a través de una modificación de la Comisión, ellos queden incluidos. No se trata sólo de un problema de reglamentación o de un código de ética, sino de que para ellos rijan las mismas normas que para los funcionarios públicos.
Lo relativo a los tribunales o a comisiones de ética es una materia enteramente diferente. Estas disposiciones revisten carácter jurídico, son obligatorias y sus sanciones son distintas. En cambio, es discutible que las sanciones derivadas de normas éticas se apliquen o no a los congresales; pero ellos no pueden sustraerse de las sanciones penales, porque no están desafectados del cumplimiento de la ley, pues pueden cometer delitos. En este caso, estaríamos aprobando reglas de conducta que van mucho más allá de las normas éticas; y les estaríamos dando carácter penal, caso en el cual sí se puede sancionar a un Parlamentario con medidas de esa naturaleza. Las normas éticas consignadas en reglamentos o códigos pueden ser de otra índole, distintas de las penales, que deben disponerse por en una ley, ser aplicadas por un tribunal competente creado con anterioridad a la infracción y a las cuales deben someterse en general todos los chilenos.
De tal manera que no veo razón alguna para no incorporar a los Parlamentarios en las numerosas disposiciones del proyecto, lo cual resultaría extraordinariamente simple. Creo que sería inaceptable para la ciudadanía que los propios congresistas no hayan querido incluirse dentro de las conductas que se exigen a los demás funcionarios públicos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.

El señor BOENINGER.- Señor Presidente, las opiniones expresadas tienen grandes elementos de razón. Ahora bien, se trata de un buen proyecto de ley, que ha merecido una larga discusión y que está en condiciones de ser aprobado. Ése es un hecho. También lo es que hay materias relacionadas con las conductas de los Parlamentarios que están incluidas en la iniciativa, razón por la cual no creo que haya dudas en cuanto a que podrían aplicárseles disposiciones adicionales, sin salirse de sus ideas matrices.
La reflexión que deseo hacer es que, desgraciadamente, los acontecimientos tienen determinada dinámica. Entonces, el solo hecho de que se esté realizando este debate significa que, de no hacer algo, mañana aparecerá en los medios de comunicación una información en el sentido de que el Senado no quiso aplicar a sus integrantes el mismo tipo de sanciones o exigencias que el Parlamento está aprobando para los funcionarios públicos.
A mi parecer, lo importante es conciliar de alguna manera dos cosas: una, no retrasar indefinidamente el despacho de una ley; otra, tomar en cuenta que ya se generó una dinámica respecto del problema. Creo que no es bueno el precedente que se ha estado sentando en las últimas semanas en el sentido de que cualquier proyecto de cierta importancia que llega a la Sala con segundo informe, a poco andar es devuelto a Comisión con determinado plazo. Creo que como práctica no es adecuada, pues estamos tratando de agilizar el proceso legislativo, y hay en tabla una moción en tal sentido. No me parece conveniente que estemos habitualmente retrasando los proyectos para incorporar cosas nuevas, sobre todo que, en el caso de que se trata, estamos ante el hecho de que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento ha visto la iniciativa dos veces y no se le ocurrieron más ideas que las consignadas en el respectivo informe, u omitió otras, por razones que estimó en su momento.
Existe, sin embargo, el hecho concreto de que luego del debate producido esta tarde, si no hacemos algo más que seguir simplemente con la tramitación del proyecto, apareceremos ante la opinión pública como renuentes, lo que tiene bastante relación con el problema del prestigio de la política y del Parlamento.
En síntesis, propongo lo siguiente: seguir adelante con el estudio de la iniciativa, y aprobar un proyecto de acuerdo en el sentido de comprometer la constitución inmediata de una Comisión, con los Senadores que tengan interés en hacerlo, para proceder a complementar sus disposiciones. Y una vez elaborada la moción, pedir el auspicio al Ejecutivo en lo que fuere necesario.
Asimismo, estimo que la Comisión de Ética es una condición necesaria pero no suficiente, porque la autorregulación tiene algunos límites. Ella puede funcionar de vez en cuando, pero hay la tendencia a que, en definitiva, los miembros de determinado cuerpo formen un club. Y son muy pocos los casos en que una persona sea excluida de él por sus pares y sancionada con algún grado de severidad.
En consecuencia, primero debemos seguir adelante con la tramitación de la ley en proyecto; luego, tomar un acuerdo en orden a que determinado grupo de Parlamentarios que se ofrezca para hacerlo elabore una nueva moción para complementar lo que se estime insuficiente en materia de sanciones -esto debe ser bastante fácil, pues se ha dado una serie de casos que parecen ser obvios-, y por último, apurar la discusión del proyecto sobre creación de la Comisión de Ética, a partir de la moción del Honorable señor Valdés.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Restan dos minutos para el término del Orden del Día.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, tengo una moción que hacer.

El señor HAMILTON.- Yo también pedí la palabra, señor Presidente.

El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, deseo hacer una proposición.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Están inscritos con antelación los Honorables señores Díez, Bitar, Hamilton, Larraín, en su segundo discurso, y Valdés.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, tengo una propuesta que tal vez puede dar solución a este debate.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Habría acuerdo para escuchar al Senador señor Larraín la proposición que desea formular, sin perjuicio de continuar el debate el día de mañana?

El señor PIZARRO.- ¿Por qué no prorroga el Orden del Día por media hora, señor Presidente?

El señor HAMILTON.- Todos tenemos una propuesta que hacer, señor Presidente. Sería conveniente ordenar la lista de inscritos. Cada vez que nos salimos del Reglamento se nos produce un problema, como sucedió en esta sesión.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Consulto a la Sala si hay acuerdo para ceder el uso de la palabra el Senador señor Larraín. De no haberlo, no puedo otorgárselo. Debemos mantener el orden.

El señor GAZMURI.- De acuerdo.

El señor PIZARRO.- Prorrogue el Orden del Día por media hora, señor Presidente, para que puedan intervenir los demás.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, la Comisión de¿

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, ha habido bastante consenso respecto del fondo de lo planteado por parte de los Honorables señores Chadwick y Bombal, que no creo que haya sido hecho "para la prensa", como se ha señalado,¿

El señor GAZMURI.- Fue genérica mi observación, Honorable colega; fue preventiva.

El señor LARRAÍN.- ¿sino que responde a un objetivo. Tan así es que fue compartida por todos.
Por otra parte, están también las dificultades que implica regular esta materia, como aquí se ha advertido.
Por eso, deseo sugerir -para ello se requeriría la unanimidad de la Sala- que incorporemos al actual ARTÍCULO 7º, que agrega nuevas disposiciones a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, un inciso final al artículo 5° A o un nuevo artículo 5º B -pasando a ser artículos 5° B y 5° C 5° los artículos 5° C y 5° D, respectivamente- del siguiente tenor: "Las normas y prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, Nº 18.575, referidas al principio de probidad y reguladas en el Título III de esa ley, se aplicarán también a los Parlamentarios en la forma que establezcan los Reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados".
Con esa disposición nos obligamos legalmente a incorporar estos aspectos, establecemos que no buscamos la discriminación ni un trato aparte y constituimos un imperativo moral en orden a que el propio Senado y la Cámara de Diputados -suponemos que lo aceptará- se obligarán a incluir todo lo pertinente en la forma en que se puedan aplicar estas normas a los Parlamentarios. Con ello se zanjaría la inquietud planteada por los Honorables colegas.

El señor VALDÉS.- Me parece bien la proposición.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acogerla?
El señor HAMILTON.- No, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Hay oposición
Ha terminado el Orden del Día. El estudio de la iniciativa continuará en la sesión ordinaria de mañana.
--Queda pendiente la discusión particular del proyecto.

_____________

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En la sesión de mañana podríamos tratar en la tabla de Fácil Despacho el informe de la Comisión de Derechos Humanos Nacionalidad y Ciudadanía recaído en una solicitud de ciudadanía y el proyecto signado con el número 20 de la tabla, que introduce modificaciones al Reglamento del Senado.
¿Habría acuerdo para ello?
Acordado.
Hago presente que el Senador señor Hamilton me ha hecho presente que ha retirado su oposición al tratamiento de la indicación complementaria al proyecto sobre probidad administrativa, que figura en el primer lugar del Orden del Día de la sesión de mañana.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor LAGOS (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
De los señores CHADWICK, ERRÁZURIZ, HORVATH y MORENO:
Al señor Director General de Aguas, sobre CONTROL DE USO DE AGUA POR PARTE DE ENDESA EN SEXTA REGIÓN.
De la señora FREI:
Al señor Ministro de Obras Públicas, sobre DECLARACIÓN DE AGOTAMIENTO DE RÍO LOA Y SUS AFLUENTES.
Del señor HAMILTON:
Al señor Ministro del Interior, respecto de BENEFICIOS PARA CUERPO DE VOLUNTARIOS DE BOTES SALVAVIDAS DE VALPARAÍSO.
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros del Interior, de Economía y de Salud, acerca de SITUACIÓN DEFICITARIA DE SECTOR SALUD DE UNDÉCIMA REGIÓN.
Del señor LARRAÍN:
Al señor Ministro de Hacienda, referente a REEMBOLSOS DE EMPRESAS SANITARIAS A GOBIERNOS REGIONALES; al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, relativo a SOLUCIÓN DE "LAGUNAS" DE AFILIADOS A ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL; al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, en cuanto a DIFICULTADES DE SEÑOR MARIO BUSTOS SORIANO PARA OPTAR A SUBSIDIO DE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA; a la señorita Intendente de la Región del Maule, relativo a MATERIALIZACIÓN DE PROYECTOS EN COMUNAS DE COLBÚN Y DE YERBAS BUENAS (SÉPTIMA REGIÓN); al señor Director del Instituto de Normalización Previsional, acerca de COBROS DE INP DE DEUDAS PREVISIONALES DENTRO DE PLAZOS DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN; y a la señora Delegada Provincial del SERVIU DE LINARES, atinente a UTILIZACIÓN DE TERRENOS E INMUEBLES DEL SERVIU EN PROVINCIA DE LINARES (SÉPTIMA REGIÓN).
_____________

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista. Como no intervendrá, ni tampoco lo harán los Comités Institucionales II y Mixto, turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.


DEMANDA DE TALCAHUANO. OFICIOS

El señor SABAG.- Señor Presidente, deseo referirme a los problemas que afectan a la Octava Región que represento en el Senado y que tienen que ver con la preocupación de varios sectores, comunas y comunidades en cuanto a la difícil situación económica y de trabajo por la que atraviesa. Si bien dicha Región efectúa un gran aporte al erario nacional, lamentablemente es la que exhibe los mayores índices negativos y la mayor cantidad de desempleo, indigencia y cesantía.
Las grandes obras públicas en algunas comunas, como la de Talcahuano, han despertado inquietud en la ciudadanía, lo cual ha inducido a que se organice la gente -yo diría- casi en forma espontánea. Así, las diversas organizaciones de la comunidad realizaron un paro de 15 minutos el día 5 de junio del presente año.
A raíz de todos estos hechos, y accediendo al clamor del Alcalde y del Consejo Municipal de Talcahuano, se invitó a una sesión de trabajo a todos los Parlamentarios que representamos esa comuna, donde elaboramos un programa para sacar adelante, entre todas las comunidades organizadas -desde luego, el municipio, los Parlamentarios, los concejales y las fuerzas vivas de la comuna- lo que se llamó "La Demanda de Talcahuano". Este protocolo de acuerdo, que fue suscrito el día 5 de junio del año en curso -por supuesto, por todos los Parlamentarios, el Alcalde y los concejales-, señala que, "reconociendo la postergación de proyectos de envergadura, vitales para el desarrollo de Talcahuano, materia que ha significado una gran y legítima inquietud en todos los habitantes de la ciudad, hemos decidido suscribir un Protocolo de Acuerdo con el objeto de formalizar la decisión de trabajo conjunto para la Recuperación de Talcahuano, bajo el Marco Orientador del Plan Estratégico, Plan de Desarrollo Comunal 1998-2001, Plan de Desarrollo Urbano, Plan Regulador y Plan de Recuperación Ambiental, instrumentos de planificación comunal elaborados con el consenso comunitario, asumiendo un frente común de acción en los niveles nacional, regional y comunal, orientado a activar voluntades y recursos, públicos y privados, para revertir la situación de deterioro social, económico y ambiental que enfrenta esta Ciudad-Puerto.
"1. Desarrollando una estrategia de gestión para acceso a recursos, iniciativas legislativas y propuestas al gobierno nacional y regional, orientada a mejorar las oportunidades de Talcahuano de acceder a inversiones públicas para el desarrollo de la comuna.
"2. Priorizando acciones en las siguientes áreas temáticas de mutuo interés:
"--Infraestructura para la gestión de Ciudad Puerto con énfasis en vialidad de carga, descontaminación de las bahías, ordenamiento del borde costero y modernización portuaria.
"--Infraestructura Educacional conforme a requerimientos de la Reforma Educativa, con prioridad en construcción de nuevos establecimientos para satisfacer demanda de extensión de jornada.
"--Calidad Ambiental y Urbana para Comunidad Residente, privilegiando proyectos de vialidad urbana, saneamiento, sistema de aguas lluvia, seguridad ciudadana, control y tratamiento de residuos residenciales e industriales, parques urbanos, infraestructura deportiva y ventana al mar.
"--Tratamiento Regularización de los Asentamientos Irregulares de la Comuna a través del Programa Chile Barrio y otros.
"--Apoyo decidido a mejorar las oportunidades de acceso al trabajo de la comunidad residente y revitalización de la pequeña empresa comunal.
"3. Cautelando y contribuyendo a que los proyectos, cuya nómina se incorpora como parte del presente documento, se concreten en los plazos definidos por la institucionalidad pública responsable.
"4. Estableciendo mecanismos de comunicación, información y coordinación, que faciliten la gestión de las acciones priorizadas.".
Los firmantes de este documento nos hemos fijado un plazo de tres meses, a contar de esta fecha, para efectuar una evaluación de la estrategia aplicada, en función de los resultados concretos obtenidos en beneficio de la comuna.
Cabe señalar que dicho documento lo firmaron los tres Senadores que representamos la zona, los Honorables señores José Antonio Viera-Gallo, Augusto Parra y quien les habla; los Diputados señores Víctor Jeame y Jorge Ulloa; el alcalde señor Leocán Fortus; los concejales señores Marcelo Rivera, Ramón Carrasco, Fernando Carrasco, Gastón Saavedra, Abel Contreras, Erick Villegas y Gudelia Segura.
Se adjunta la nómina de proyectos.
Pido que esta presentación sea enviada, en mi nombre, tanto al Presidente de la República como a los señores Ministros del Interior, de Obras Públicas, de la Vivienda y Urbanismo y Secretario General de Gobierno, con el objeto de que, dentro del plazo de tres meses, se pueda elaborar una propuesta concreta para superar el atraso y la postergación que está sufriendo la importante Comuna de Talcahuano.
Creemos que es de justicia atender esta "Demanda de Talcahuano". No deseamos que el día de mañana, por no prestarle la atención necesaria y brindarle la asignación de recursos correspondientes, tengamos problemas tan serios como los que están ocurriendo en la Primera Región y en la de Magallanes.
Señor Presidente, hago entrega a la Mesa de esta comunicación, para que sea enviada a las autoridades que he señalado.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad al Reglamento.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro, en el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.


PASO FRONTERIZO ALTERNATIVO. OFICIO

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, deseo referirme a un tema de bastante importancia en la Región que represento, vinculado con la aplicación de los convenios de integración física con Argentina a propósito del acuerdo del MERCOSUR.
Como es de conocimiento del Honorable Senado y de la opinión pública, cuando se aprobaron esos instrumentos se establecieron doce pasos fronterizos, en distintos sectores del país, los cuales posteriormente aumentaron a trece por voluntad tanto de Argentina como de Chile.
Dentro de aquellos priorizados en la Cuarta Región se encuentra el de Aguas Negras, en la provincia de Elqui, que importa el compromiso de los dos Gobiernos, de acuerdo con el protocolo firmado, en el sentido de desarrollar una serie de inversiones para habilitarlo el año 2000. En lo fundamental, ha sido concebido como una forma de integrar a ambos países, en especial a la Cuarta Región con la provincia de San Juan, pero, básicamente, con una orientación al turismo y al tránsito de vehículos pequeños livianos o de pasajeros.
Ese objetivo se ha estado cumpliendo parcialmente en el último tiempo. Incluso, ha implicado una inversión bastante importante del Gobierno, del orden de 12 millones de dólares, proyectados hasta el 2000, en pavimento y en la habilitación y mantención del paso en verano.
El año pasado, cuando se cerró el paso Los Libertadores a raíz de los temporales, lo que provocó un grave daño al comercio internacional, suspendiéndose el tránsito terrestre de vehículos livianos, pesados, de carga, de pasajeros, etcétera, y originándose perjuicios a la industria del turismo, a las comunicaciones, se estableció claramente, en la práctica, la conveniencia de buscar una alternativa para que las comunicaciones y el transporte de mercaderías y de pasajeros obtuvieran garantías de funcionamiento, y durante todo el año; para que ello no se encontrase supeditado a si la ruta se corta o no por la cantidad de nieve. Y lo anterior determinó que se empezara a explorar desde la posibilidad de construir túneles más largos hasta, lógicamente, la de contar con otros pasos.
Dentro de ese esquema, en que se planteó la necesidad -más bien, la exigencia, si se quiere estar a la altura del desarrollo del país- de una comunicación fluida, expedita y de carácter permanente, el Gobierno se abocó a considerar pasos distintos del de Los Libertadores en un radio no superior a 200 ó 250 kilómetros. Y, sobre esa base, en la Cuarta Región nació la idea de habilitar uno de ellos en la comuna de Monte Patria, en el sector de Tulahuén. Es conocido en la zona como La Paloma o La Chapetona.
Lo anterior, que ha provocado bastante entusiasmo en el ámbito local, presenta la ventaja de su utilización durante todo el año. Desde el punto de vista geográfico, se trata de un paso de muy baja altura. La infraestructura caminera en el lado chileno es muy fácil de implementar, pues aquella que permite la conexión se halla muy cerca de la frontera. Y, además, se desarrolló una serie de contactos con Argentina para los efectos de la viabilidad de la iniciativa y la buena aceptación en el otro lado.
Incluso, el Gobierno regional solicitó informe técnico a una consultora particular -específicamente, a Terranova-, y el año pasado el Ministerio de Obras Públicas pidió otro también a una de esas entidades, de carácter independiente, a fin de determinar cuál es la solución óptima en cuanto a un paso alternativo al de Los Libertadores. El problema radica en que aún no se conoce el resultado de ese estudio. Versiones preliminares indican que se tienen presentes posibilidades centradas en la Región Metropolitana: una de ellas, al interior de la comuna de Puente Alto, y otra, en la línea divisoria con la Sexta Región.
Por intermedio de usted, señor Presidente, solicito oficiar al Ministerio de Obras Públicas para conocer, en primer lugar, las conclusiones del informe encargado.
En segundo término, deseo saber en forma clara y precisa de qué manera la consultora estudió los antecedentes del paso La Paloma o La Chapetona; si consideró el informe elaborado por Terranova respecto de las bondades de esa vía y cuáles fueron las razones para descartarla, si ése es el caso, y optar por otras.
Y, además, pido una respuesta lo antes posible acerca de cuáles serán los plazos de que el Ministerio dispondrá, en definitiva, para determinar la mejor solución alternativa a Los Libertadores que garantice efectivamente una integración física, ya sea en la Cuarta Región, en la Quinta o en la Metropolitana. Porque, claramente, el comercio y el transporte internacionales necesitan la seguridad de poder desarrollarse y de no sufrir los daños enormes, desde el punto de vista económico, registrados el año pasado.
Me da la impresión, señor Presidente, de que no se ha actuado con la celeridad requerida ni con la eficiencia adecuada para tomar las decisiones que corresponden. Se han sembrado expectativas en Regiones como la Cuarta, la Sexta, la Séptima, que han señalado alternativas distintas, y no ha habido claridad respecto del asunto a que hago referencia. Por ello, cumplo con solicitar el oficio pertinente.
Además, quisiera puntualizar que lo expuesto forma parte de un acuerdo de orden regional, con el Gobierno de la Región y con otros Parlamentarios preocupados del tema, quienes también se interesan en conocer a la brevedad la información exacta sobre qué razones técnicas han mediado para no tomar en cuenta el paso La Paloma o La Chapetona, si ha sido desechado.
Y, por supuesto, se espera conocer el estudio técnico que el Ministerio de Obras Públicas pidió el año pasado a la consultora.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, conforme al Reglamento, en nombre del Honorable señor Pizarro, con la adhesión de los Senadores señora Matthei y señor Cordero.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El Comité Demócrata Cristiano dispone aún de 12 minutos.
No los usará.
En el turno del Comité Unión Demócrata Independiente e Independientes, tiene la palabra el Senador señor Stange.


SEGUIMIENTO DE ACUERDO SOBRE COMPRA DE TIERRAS EN DÉCIMA REGIÓN. OFICIO

El señor STANGE.- Señor Presidente, quisiera ocuparme en una situación de importancia en la Décima Región, respecto de la provincia de Palena.
Como es de público conocimiento, el 7 de julio de 1997 el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Juan Villarzú, en representación del Gobierno de Chile, firmó un acta de acuerdo con el señor Pedro Pablo Gutiérrez, actuando en representación de El Bosque Pumalín Foundation, y el señor Douglas R. Tompkins.
Ello se refiere a la compra de tierras por esa Fundación u otras en que interviene el señor Tompkins, en la comuna de Palena, Décima Región Sur.
Sin el ánimo de entrar al fondo o a la forma del instrumento mencionado, cuya fecha de término se cumple en un año -o sea, el 7 de julio próximo-, y como en su punto séptimo el señor Ministro Secretario General de la Presidencia se comprometió al seguimiento de los contenidos del acta, se solicita oficiarle para recabar la información necesaria respecto de los siguientes puntos:

1.- El Ministerio de Bienes Nacionales debía realizar acciones tendientes a regularizar los títulos de dominio en favor de colonos ya identificados por esta Secretaría de Estado y que habitan dentro del territorio del Parque, en el plazo de seis meses.

2.- Sería útil saber si El Bosque Pumalín Foundation u otras organizaciones han concretado alguna renuncia formal de derechos en favor de colonos, en los términos convenidos en el Nº 1 del acuerdo.
Al mismo tiempo, sería conveniente saber si existen oposiciones en trámite en los tribunales ordinarios de justicia, por desacuerdo entre colonos y El Bosque Pumalín Foundation u otras organizaciones.

3.- Interesa saber si se ha constituido efectivamente la nueva Fundación que tendría a cargo el Parque, de conformidad a lo establecido en el punto Nº 2, letra a), del acuerdo. Para el caso de que se hubiera constituido, sería necesario conocer si se le han aportado o no los terrenos que comprenderá el Parque, y la extensión de ellos. También resulta conveniente conocer en qué forma se han coordinado las autoridades regionales, provinciales y comunales para la realización de obras en el Parque.
En atención a los prescrito en la letra d) del Nº 2 del acuerdo, se hace indispensable saber si se han definido Zonas de Uso en el Parque.

4.- De acuerdo a lo consignado en la letra e) del Nº 2 del citado acuerdo, se requiere información acerca de si existen denuncias ante la autoridad administrativa de personas o empresas a las cuales se les haya denegado o perturbado el acceso para la realización de actividades mineras o acuícolas en los sectores costeros o del litoral, colindantes con los terrenos del Parque Pumalín.
Sería interesante saber si se han entregado al Estado, a sus organismos o a terceros, en dominio, servidumbre, arrendamiento, usufructo, o a otro título oneroso, los terrenos del Parque necesarios para la materialización de proyectos en que exista un interés público comprometido.

5.- Por último, se desea conocer si el Gobierno de Chile ha elaborado el proyecto de ley que regularía el estatuto jurídico de la adquisición de propiedades en las Regiones australes del país, situación contemplada en la letra j) del Nº 2 del acuerdo en mención.
Por todo lo anterior, solicito al señor Presidente que se sirva disponer la remisión de un oficio acerca de esta materia, en nombre del Senador señor Horvath y de quien habla, al señor Ministro Secretario General de la Presidencia.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de los Senadores señores Horvath y Stange, en conformidad al Reglamento.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Ríos.


CAPACIDAD DE ACCIÓN DE CONCEJOS COMUNALES

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Señor Presidente, deseo comentar brevemente una situación que me parece muy importante, y pedir el envío de algunos oficios al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo.
En cuanto a lo primero, hemos estado leyendo en la prensa, a través de muchas publicaciones, acerca de la constitución de un conjunto de comisiones o corporaciones en distintas comunas que enfrentan problemas diversos: económicos, sociales, laborales, y donde la población se encuentra asustada y con muchas dificultades para resolver su futuro.
Han surgido comisiones ya conocidas en Arica, la Cámara de Diputados acaba de aprobar la solicitud para formar una comisión especial en Lota y el Honorable señor Sabag acaba de pedir una para el caso de Talcahuano. Todas ellas están dedicadas básicamente a las materias en las cuales la Constitución asignó responsabilidad a los respectivos concejos comunales en cuanto a su solución y proyección, así como en la creación de metas y objetivos claros y definidos.
Es importante recordar que el artículo 107 de la Constitución -reformado en dos ocasiones: en 1991 y recientemente, en 1997- señala que "Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer la necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.". Es decir, se entrega a ellas, como primera responsabilidad, el establecimiento en su comuna de todas las acciones propias del desarrollo de la totalidad del país.
En 1997, en noviembre concretamente, se publicó la última reforma constitucional, que agregó un inciso nuevo al artículo 107 que dice: "Los servicios públicos deberán coordinarse con el municipio cuando desarrollen su labor en el territorio comunal respectivo, de conformidad con la ley.". Esta norma se consignó básicamente por una razón: la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades entrega a las corporaciones municipales la responsabilidad, privativamente, de elaborar los planes de desarrollo comunal.
Sin embargo, un buen número -o casi la totalidad- de los municipios del país, por distintos motivos, no han elaborado estos planes.
De pronto, uno puede pensar -es duro decirlo, pero debo hacerlo- que ha sido por incapacidad de las propias personas que tienen la responsabilidad de desarrollar en plenitud todo lo concerniente a las acciones propias del desarrollo en sus respectivas comunas.
Entonces, comienzan a surgir las corporaciones, los organismos paralelos. Porque aquellas personas que fueron elegidas por votación popular no han tenido la capacidad para enfrentar este tema, a pesar de que las normas legales y constitucionales les entregan todas esas responsabilidades.
Quiero advertir, señor Presidente, a la luz de los antecedentes que estoy entregando, que se abre una interrogante bastante clara y muy definida acerca de la capacidad que las municipalidades tengan en la actualidad para desarrollar y llevar adelante estas enormes responsabilidades constitucionales, las cuales constituyen, sin duda alguna, aspectos muy trascendentes e importantes para ir avanzando en el proceso de regionalización.
No podremos descentralizar el país si las autoridades locales no asumen con toda responsabilidad las funciones que les corresponden.
Hay quienes luchamos y peleamos mucho por todo el proceso de regionalización. Hemos dictado en Chile muchísimas leyes que van por ese camino y que constituyen herramientas muy importantes. Sin embargo, las autoridades comunales, lamentablemente, no las están poniendo en marcha. Por eso se recurre a las corporaciones paralelas que, efectivamente, terminan por resolver el problema que las corporaciones municipales no han solucionado.


ARRIENDO DE VIVIENDAS SERVIU. OFICIO

El señor RÍOS.- El segundo tema que quiero plantear es muy trascendente, porque se refiere a una situación social del país, y respecto de la cual, a mi juicio, el señor Ministro de Vivienda y Urbanismo está equivocado.
El señor Ministro ha señalado en la prensa que iniciará acciones drásticas contra todas aquellas personas que han obtenido subsidio habitacional y que finalmente han arrendado la casa que, a través de los mecanismos que se conocen, obra en su poder.
El señor Ministro dice que fueron dadas, que fueron entregadas. No ocurrió así. La operación fue muy clara y definida: hubo un ahorro previo, existió un subsidio otorgado por el Estado y en la actualidad la gran mayoría de estas personas tienen la responsabilidad de pagar mensualmente sus cuotas por el crédito otorgado por el SERVIU o por alguno de los organismos bancarios o financieros privados.
Es cierto que el objetivo de entregar una vivienda no es que ellos la arrienden. Pero también lo es que existen varios elementos muy importantes que se deben tener presentes. De lo contrario, puede destruirse todo el proceso de otorgamiento de viviendas que existe en el país.
En primer término, el Censo de 1992 señaló que, en cuanto a la emigración regional -de personas de una región a otra-, la más baja fue de 6 por ciento y la más alta, de 12 por ciento (tengo entendido que fue en la Duodécima Región). Eso indica que Chile es un país que, por efecto de su ordenamiento y también por su centralismo, está viviendo una permanente emigración regional.
Hoy tenemos ejemplos realmente impresionantes. Concurrir a Antofagasta es conocer, observar y hablar con decenas, cientos, miles de personas que han llegado a trabajar en la gran minería del cobre. Actualmente, en esa ciudad se afirma con orgullo que la cesantía no supera el 2 por ciento, que los sueldos y remuneraciones que se pagan ahí son los más altos del país. Y eso produce, sin duda alguna, una migración muy importante de trabajadores desde distintos lugares del país, hacia Antofagasta.
Estas personas obtuvieron su casa en el lugar donde habitaban (por ejemplo, Lota). Inevitablemente, como no han terminado de pagar su vivienda, deben arrendarla para poder mantenerla y, una vez cancelada, venderla y resolver su problema habitacional en otro lugar.
En esto, de partida, ya hay un ejemplo muy grande.
Se señala, por citar un caso, a mi Región -la Octava-, de la cual emigraron 120 mil personas entre 1982 y 1992. Eso significa, a lo menos, unas 25 mil o 30 mil familias que buscaron alternativas laborales en otros lugares. Y gran parte de ellas había accedido a la casa propia en donde habitaban.
En segundo lugar, está el tema de las comunas pequeñas. Durante los últimos 14 ó 15 años prácticamente no se construyeron viviendas en las comunas pequeñas. ¿Por qué motivo? Porque la totalidad de los programas consultaban alternativas de construcción de 50, 60 o más unidades, debido a que el margen de utilidad -por así decirlo- que a las empresas constructoras contratadas por el SERVIU les queda por cada una es tan pequeño que sólo les conviene construir en gran número. Por eso, en cientos de comunas donde únicamente se otorgaban 10, 12, 15 ó 30 subsidios, no existió posibilidad alguna de construir poblaciones, de manera que poco a poco las personas fueron traspasando sus subsidios a las comunas mayores, pese a no poder trasladarse allí con sus familias, por tener su fuente laboral en las comunas pequeñas. Entonces, al obtener el subsidio y consecuencialmente la casa, la daban en arriendo hasta terminar de cancelarla. Con el dinero de la venta construían su casa definitivamente en la comuna pequeña, lugar donde el sistema de subvención estatal no les permitió acceder a una vivienda.
Señor Presidente, este ejemplo hay que multiplicarlo por cientos y miles de personas que han resuelto su problema habitacional a través de las comunas más grandes.
En tercer término se encuentran los campesinos, mineros y pescadores. Los campesinos habitan en zonas rurales y trabajan en empresas agrícolas, en fundos, y no tienen alternativa de resolver ahí su problema de vivienda. Lamentablemente, las políticas en materia habitacional han estado dirigidas a dos áreas bien definidas: al área urbana, que es la más extensa y donde se construye prácticamente el 95 ó 96 por ciento de las viviendas, y al área rural. Esta última está constituida por los propietarios de terrenos pequeños que obtienen el subsidio rural y que anualmente nunca llegan a más de 8 mil o 9 mil en el país. En esta forma se soluciona el problema habitacional de los pequeños agricultores y sus familias, pero no el de los campesinos, de los trabajadores agrícolas, quienes deben postular a vivienda en las ciudades y, por lo tanto, dedicar todos sus esfuerzos de ahorro a ese objetivo, aunque están conscientes de que no pueden trasladar su trabajo.
Lo mismo ocurre con los mineros. En muchos lugares las empresas les entregan casa para vivir, pero ellos aspiran a tener vivienda propia y, naturalmente, una vez asignada proceden a arrendarla y cuando termina su contrato laboral se trasladan a vivir a ellas con sus familias. Algo similar acontece con los pescadores.
El señor Ministro de Vivienda mencionó el caso de personas que arriendan la vivienda básica que se les adjudicó. Sin embargo, puede suceder que un hombre y una mujer, asignatarios por separado de una casa, al quedar ambos viudos se junten y arrienden una más pequeña para vivir, procediendo a arrendar a su vez las propias y subsistir con esas rentas. Según el Secretario de la Cartera, tal hecho rompería el sentido de entrega de las viviendas.
El señor Ministro expresa que hay aproximadamente 20 mil casas en esas condiciones en todo el territorio. Si se considera que sólo el porcentaje que representa la emigración, el de los campesinos, que alcanza más o menos al 18 por ciento de la población del país, junto con los mineros y pescadores, que habitan en comunas pequeñas -donde, si bien están urbanamente consolidadas, no se construyen viviendas básicas-, y los problemas propios de entrega por parte del Ministerio, se concluye que la drástica medida anunciada por el señor Ministro y publicada en los diarios de hoy no contempla una realidad social de la comunidad. Por el contrario, su solo anuncio significa marginar a un conjunto de personas que están optando a una vivienda sin tener la posibilidad de irse a vivir a ellas de inmediato, porque su fuente de trabajo se encuentra lejos del lugar en que finalmente se construyen las casas.
Señor Presidente, solicito oficiar al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, dándole a conocer los aspectos que he señalado, a fin de que sus intervenciones públicas no produzcan el daño que puede causar una medida tan drástica como la anunciada.
Cabe destacar que en 1992, conocido ya el censo poblacional y de viviendas en el país, todos los esfuerzos tanto del Poder Ejecutivo de aquel entonces (con el Ministro señor Etchegaray al frente) como de las Comisiones de Vivienda del Senado y de la Cámara de Diputados, estuvieron dirigidos a que en Chile se construyeran por lo menos 120 mil casas anuales, para ser entregadas sin hacer excepciones, sin marginar a las personas que pese a no poder ocuparlas de inmediato con ellas sí resolvían su problema habitacional. En 1998 se proyecta construir alrededor de 150 mil viviendas. Si eso se concreta, finalizaremos el año 2002 con cuatro habitantes por casa, lo que significa dar por solucionado el problema extremadamente delicado que vivió Chile en esta área social durante mucho tiempo.
Señor Presidente, reitero mi petición de que se envíe oficio al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo con estas observaciones, a fin de que las considere y sus expresiones vayan encaminadas a reconocer los aspectos sociológicos, laborales y de administración centralizada existentes en el país. De lo contrario, las medidas mencionadas pueden ocasionar mucho daño y repercutirán en todos los programas de vivienda actualmente en marcha.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se enviará el oficio en que se consigne la intervención de Su Señoría, para que el señor Ministro tome nota de ella.
El turno siguiente corresponde al Comité Institucionales 1.
No lo ocupará.
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:1.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción