REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 338ª, ORDINARIA
Sesión 8ª, en miércoles 17 de junio de 1998
Ordinaria
(De 16:31 a 19:34)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE,
Y MARIO RÍOS, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cordero Rusque, Fernando
--Chadwick Piñera, Andrés
--Díez Urzúa, Sergio
--Errázuriz Talavera, Francisco Javier
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pinochet Ugarte, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, el señor Ministro Secretario General de la Presidencia y el señor Subsecretario del Interior.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:31, en presencia de 44 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 7ª, ordinaria, en 14 de abril del año en curso, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 8ª, ordinaria, en 15 de abril del presente año, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor HOFFMANN (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que ha dado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y otros cuerpos legales, en materias relativas al delito de violación, con excepción de las que indica, que han sido rechazadas. (Boletín Nº 1048-07). (Véase en los Anexos, documento 1).
En consecuencia, corresponde la formación de una Comisión Mixta, para lo cual ha designado a los señores Diputados que menciona, a fin de que la integren, en representación de dicha Corporación.
--Se toma conocimiento y se designa a los señores Senadores miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento como integrantes de la referida Comisión Mixta.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores, con el que responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, referido al Territorio Chileno Antártico.
Del señor Ministro de Educación, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, relativo a la Escuela Giuseppe Bartoluzzi, en la comuna de San Fernando.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en los proyectos de ley, en segundo trámite constitucional, que conceden, por especial gracia, la nacionalidad chilena a los sacerdotes Manuel Bahl Sack, Francisco Javier Braun Hecht y Armando Bridaroli Pulino, respectivamente. (Boletines Nºs 1995-17, 1855-17 y 1988-17). (Véase en los Anexos, documento 2).
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 31 de la Ley sobre Registro Civil, con la finalidad de permitir la inscripción de los recién nacidos en el domicilio de la madre. (Boletín Nº 585-07). (Véase en los Anexos, documento 3).
De la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en moción del Senador señor Horvath, que modifica el artículo 158 de la ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura, para excluir a las zonas marítimas del Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. (Boletín Nº 1625-03). (Véase en los Anexos, documento 4).
Uno de la Comisión de Defensa Nacional y otro de la de Hacienda, recaídos en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto supremo (S) Nº 220, de 1979, de la Subsecretaría de Marina, que fijó la Planta de Oficiales y Empleados Civiles de la Armada. (Boletín Nº 2155-02). (Véanse en los Anexos, documentos 5 y 6).
--Quedan para tabla.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta.
HOMENAJE EN MEMORIA DE CARDENAL AGOSTINO CASAROLI. COMUNICACIONES
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En conformidad a los acuerdos de Comités del día de ayer, corresponde realizar el homenaje en memoria del Cardenal Agostino Casaroli, recientemente fallecido.
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, en nombre de los Senadores que integramos el Comité Unión Demócrata Independiente e Independientes, rindo un respetuoso y admirativo homenaje a la memoria de un personaje de gran relevancia en nuestra historia reciente: el Cardenal Agostino Casaroli, fallecido hace poco, a una avanzada edad.
El Cardenal Casaroli fue ante todo un servidor de la Iglesia, de absoluta entrega a su misión pastoral, más allá de los muy altos cargos e investiduras que su sobresaliente talento hizo recaer en él. De allí que, con ocasión de su deceso, el Prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, Cardenal Salvestrini, recordara que "durante 50 años, desde que entró al sacerdocio, Casaroli se dedicó por entero a los pobres y a los desheredados, sobre todo en las cárceles de menores, donde se lo conocía simplemente como "el padre Agostino".
También el Cardenal Casaroli fue quien, en su calidad de Secretario de Estado del Vaticano entre 1979 y 1990, inspiró, encarnó y protagonizó la política vaticana durante los complejos años de la Guerra Fría. Con tacto, con firmeza, con sutil maestría, orientó y encabezó el diálogo y el acercamiento entre la Iglesia Católica y los Gobiernos de la Europa del Este, buscando incesantemente abrir espacios a las necesidades espirituales de esos pueblos que por tantas décadas carecían de libertad religiosa. Mucho de las esperanzas y de la realidad felizmente distinta con que esos pueblos concluyen este siglo se debe a su labor silenciosa y tenaz.
Todo eso podría parecernos muy loable pero distante si no fuera porque, para los chilenos, el Cardenal Casaroli fue el hombre a quien el Sumo Pontífice encargó conducir las negociaciones de la mediación papal entre Chile y Argentina, con motivo del diferendo del Canal Beagle y sus derivaciones. Él fue quien se comprometió, personal y profundamente, con todas las fuerzas de su intelecto y voluntad -pese a la enfermedad que ya había comenzado a aquejarlo-, a evitar la confrontación bélica entre ambos países.
Quienes participábamos en el Gobierno de aquella época teníamos muy claras las negativas consecuencias que para ambas naciones y para el continente sudamericano tendría el estallido del conflicto, cualquiera fuese su resultado, consecuencias que sin duda nos afectarían aún hoy.
La obra que entonces desarrolló Monseñor Casaroli con férreo rigor e imparcialidad significó un aporte invaluable para nuestra historia patria, para nuestra estabilidad institucional, para nuestra consolidación económica y, por sobre todo, para la paz de que hemos gozado en estas dos décadas.
Justo es poner de relieve hoy, y sabemos que lo destacará aun más la memoria histórica, que la labor del Cardenal Casaroli se tradujo entonces en la pacífica prosecución del desarrollo para Chile y Argentina, en buena vecindad y fraternidad. Igualmente es justo recordar que esa brillante gestión diplomática, en la que también sobresalió con relieve inolvidable el Cardenal Antonio Samoré, representa uno de los éxitos más relevantes e indiscutidos de la Secretaría de Estado del Vaticano en las últimas décadas, que ha añadido un sello más a su justa preeminencia mundial.
El Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina es uno de los grandes logros del pontificado de Su Santidad el Papa Juan Pablo II, junto a sus Cardenales Agostini y Samoré, por el que América, y en especial Chile y Argentina, le está en deuda de gratitud.
Señor Presidente, creo interpretar a todos los chilenos y argentinos que un día reclamamos la paz para nuestros países, al invocar para el Cardenal Agostino Casaroli, apóstol de esta paz, la bienaventuranza eterna que merece, y de la que sin duda ya goza.
Los Senadores del Comité UDI e Independientes solicitamos al señor Presidente del Senado que haga llegar a Su Eminencia el Nuncio Apostólico de Su Santidad nuestras condolencias por el fallecimiento del Cardenal Casaroli, con el testimonio de nuestro más profundo reconocimiento, y con el ruego de que, por su digno intermedio, las remita a la Secretaría de Estado del Vaticano.
He dicho.
--Se anuncia el envío de la comunicación solicitada, en nombre de la bancada Unión Demócrata Independiente e Independientes, en conformidad al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pinochet.
El señor PINOCHET.-
Señor Presidente, señores Senadores:
Es para quien habla muy significativo el rendir en el Senado de la República un homenaje a la memoria del Cardenal Agostino Casaroli, recientemente fallecido. Se trata de un hombre excepcional que encarnó con fidelidad la acreditada tradición diplomática de la Santa Sede.
En distintos sentidos y grados de participación, él recogió y simbolizó esa alta escuela diplomática dejada por Papas como Benedicto XV, Pío XII y Paulo VI, y que culmina con el actual Pontificado, durante el cual el Cardenal Casaroli alcanzó la mayor expresión de su carrera eclesiástica y diplomática, como Secretario de Estado. Su accionar ha quedado, pues, vinculado a la historia del siglo que termina, proyectándose su obra a la realidad del futuro.
El Cardenal Casaroli se caracterizó por un profesionalismo de excelencia, destacándose por su aguda inteligencia, claridad de pensamiento y fina sutileza. Innegable era su capacidad de vinculación con personas y naciones de las más alejadas creencias, aunque siempre demostrando la enorme consistencia de su firme carácter, morigerado por su paciencia y sentido de ecuanimidad. Estas cualidades le permitieron concebir y llevar adelante la acción de la Iglesia hacia áreas que parecían en su época infranqueables, por la dureza de un mundo profundamente dividido. Pensamos que la historia no podrá ignorar la medida en que su pensamiento y su acción contribuyeron a los espectaculares cambios de los escenarios políticos de estas últimas décadas.
Para comprender cabalmente a un diplomático de la Santa Sede, y muy en especial a alguien de la envergadura del Cardenal Casaroli, pienso que no basta aplicarle las categorías meramente profesionales del tan difícil arte diplomático. Hay una dimensión más profunda en sus motivaciones, que no puede ignorarse para explicar su desempeño. Ella es determinante de la sociedad religiosa de este insigne diplomático.
Cabe recordar, en primer término, que la Iglesia, al fundarse, recibió como principal cometido el de "ir a predicar a todas las naciones", deber que le imprimió su sentido distintivo de universalidad misionera; en seguida, también se le exigió ser servidora de la humanidad, siguiendo esa asombrosa demanda de su Fundador: "He venido a servir y no a ser servido.".
Por último, y siendo esto quizá lo más caracterizante, la Iglesia fue consagrada desde sus inicios a ser instrumento de la paz. El mundo cristiano recuerda cómo el nacimiento de Cristo se anunció con un llamado de paz en la tierra, y cómo su vida en ese mundo concluyó con la entrega que hizo de su propia paz.
Las consideraciones esbozadas nacen de una experiencia muy cercana y decisivamente relacionada con intereses superiores y permanentes de Chile.
Sabemos que hace veinte años nuestra patria estuvo al borde de un conflicto bélico con una nación hermana, originado en un contexto muy adverso y del todo ajeno al interés de nuestro país. Ello significaba la inminencia, no sólo de un desastre para la vida e integridad nacional, sino que predecibles efectos adicionales en desmedro del mismo Chile, y eventuales consecuencias para la estabilidad continental. Dada la estructura bipolar del mundo en la época, ello además podía acarrear secuelas de alcances extracontinentales.
El Cardenal Agostino Casaroli jugó un papel trascendental en el proceso que permitió, luego de difíciles y complejas actuaciones diplomáticas, superar la crisis y restablecer la normalidad de la convivencia fraternal con nuestros vecinos. Este eminente prelado fue un instrumento clave con que contó el Papa Juan Pablo II para poner en marcha su solicitud pastoral en procura de la paz entre Chile y Argentina.
No obstante los múltiples y graves asuntos que en esa época concitaban la preocupación del Cardenal Casaroli, siempre prestó una atención preferente al desarrollo de las negociaciones de paz señaladas, llevadas adelante en forma directa por la venerable figura del Cardenal Samoré, cuyo denodado esfuerzo por solucionar el conflicto contribuyó, a no dudarlo, a su prematuro deceso.
Esta labor de servicio en pro de la paz efectuada por la Santa Sede se complementó en Chile con el aporte inestimable del entonces Nuncio Apostólico, monseñor Angelo Sodano, quien tiene hoy a su cargo las altas responsabilidades del Secretariado de Estado de la Santa Sede.
Señor Presidente, Honorables Senadores, Chile tiene hoy una honda deuda de gratitud hacia el Cardenal Agostino Casaroli, a quien tuvimos el privilegio de tener en nuestra Patria acompañando a Su Santidad Juan Pablo II. Este sentimiento es compartido por todos los chilenos, porque la obra de bien de la que fue uno de sus más destacados artífices nos alcanza a todos, en nuestros más caros y vitales anhelos de paz.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Valdés.
El señor VALDÉS.-
Señor Presidente, en nombre de los Senadores de la Democracia Cristiana, adhiero al homenaje que el Senado rinde a la memoria del Cardenal Agostino Casaroli, un gran hombre de Iglesia al servicio de la diplomacia como instrumento de la paz.
Su labor más destacada fue el acercamiento con los regímenes de Europa oriental y su contribución a la comprensión con el mundo comunista de la época, abriendo el diálogo para la superación de la geografía política de la guerra fría en el continente.
Contribuyó a través de su acción al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y los Estados de Hungría, Checoslovaquia y Polonia y al fomento de la comprensión mutua en una época en la cual el diálogo era prácticamente inexistente.
Su esclarecida inteligencia, su bondad y su paciencia, como virtudes de extraordinaria calidad, lo llevaron a asumir un papel fundamental en el litigio que Argentina tenía con Chile respecto de lo que se denominó "La cuestión del Beagle".
Conviene recordar algunos antecedentes que demuestran la importancia y trascendencia de la intervención vaticana.
El Tratado de 1881 establecía la plena soberanía chilena sobre las islas del sur del canal Beagle, hasta el Cabo de Hornos, sobre las cuales siempre ejerció jurisdicción efectiva, jurisdicción permanentemente discutida por Argentina.
En múltiples ocasiones se buscó solucionar este problema, con serios roces, que llegaron hasta la ocupación por un tiempo del islote Snipe por el país vecino.
Tal vez convenga recordar que después de innumerables gestiones realizadas durante la década de los 60, la situación más grave ocurrió cuando el Canciller argentino de la época, señor Nicanor Costa Méndez, en reunión especial convenida en la Oficina del Secretario General de las Naciones Unidas, notificó al Canciller chileno que su país, Argentina, ocuparía por la fuerza las islas Lenox, Picton y Nueva, lo cual significaba un acto de guerra. La reunión se suspendió de inmediato. A su regreso a Santiago, el Canciller dio cuenta al Presidente de la República y al Senado, el cual, por unanimidad, manifestó que debía recurrirse de inmediato al Tratado de Arbitraje ante la Corona Británica, que estaba vigente y que facultaba a cualquiera de las partes para invocarlo, con obligación de la otra de someterse a esa jurisdicción.
La tensión fue extremada, pero finalmente se logró convenir el nombre de los jueces del Tribunal Internacional de La Haya que deberían informar a la Corona Británica para que fallara. Así, Chile no se apartó del cumplimiento del Tratado de Arbitraje vigente, como no lo ha hecho nunca respecto de tratado alguno. Los documentos de aceptación del arbitraje fueron entregados a la Foreign Office el último día del mandato del Presidente Frei Montalva.
El laudo fue dictado en 1977 y dio toda la razón a nuestro país, reconociendo los abogados argentinos ante el tribunal que había sido bien probado y que el fallo era inobjetable.
Sin embargo, poco tiempo después el Gobierno de facto de Argentina declaraba nulo el laudo, en un acto sin precedente ni justificación alguna.
La situación creada se ensombreció progresivamente, hasta llegar a ser crítica.
Los esfuerzos diplomáticos fueron múltiples, y debe recordarse que en ellos participó activamente la Iglesia Católica a través de sus obispos en ambos países, para que se buscara la paz y se evitara el conflicto inminente. Fue por esa razón que se solicitó, como -diría- en última instancia, la intervención del Santo Padre, quien envió al Cardenal Samoré a Montevideo. El 8 de enero de 1979 Chile y Argentina suscribieron documentos que solicitaban oficialmente la mediación pontificia, absteniéndose de recurrir a la fuerza en sus relaciones.
La mediación así lograda fue laboriosa y larga, y culminó en una transacción que se concretó en el Tratado de Paz y Amistad suscrito en 1984, que se constituyó en la piedra angular de las relaciones entre ambos países.
La participación de la Iglesia estuvo motivada por el pensamiento del Cardenal Casaroli, y también del Cardenal Samoré -con quien trabajó en conjunto-, pensamiento que se reflejó en los esfuerzos para lograr que los Ministros de Relaciones Exteriores de las dos naciones firmaran, en enero de 1984, una declaración de paz y amistad que anticipó los principios que inspirarían el futuro Tratado.
Ese Tratado, cuyo preámbulo expresa sin ambigüedades que constituye una transacción, se firmó en la convicción de que es deber ineludible de los Gobiernos de ambos países dar expresión a las aspiraciones de paz de sus pueblos. Esta expresión fue sostenida en todo momento por una activa participación de las Iglesias de Chile y Argentina, las cuales alentaron la búsqueda de una solución por la vía de la negociación.
En virtud del Tratado e inspirados en el mismo objetivo, ambos países reiteraron solemnemente su compromiso de preservar, reforzar y desarrollar sus vínculos de paz inalterable y amistad perpetua.
Los principales hitos se expresan en la proposición que la Santa Sede hizo sobre la línea de delimitación marítima, de acuerdo con un concepto eminentemente transaccional que, sin alterar los derechos e intereses esenciales de los países, crea un efecto especial para el mar de la zona austral; y en la consagración del Tratado de Paz y Amistad de 1984, bajo el amparo moral de la Santa Sede, concepto innovador e inspirador en el Derecho Internacional que salvaguarda la integridad y solemnidad de los propósitos y las materias contemplados en dicho documento.
La participación decisiva de la Santa Sede es un hecho internacional excepcional entre Estados. Fue extremadamente beneficiosa para ambos países y tuvo como uno de sus pilares al Cardenal Casaroli, quien con su experiencia y sabiduría transformó la tensión en un diálogo que se plasmó en un acuerdo inspirado en la milenaria sabiduría de la Iglesia.
La mediación papal, en un momento tan difícil de nuestra historia, comprometió nuestra gratitud y otorga un amparo moral que el Tratado de 1984 establece expresamente.
Por ello, señor Presidente, ésta es la ocasión para agradecer nuevamente el señalado servicio de Su Santidad el Papa Juan Pablo II y de la acción directa de los Cardenales Casaroli y Samoré.
En nombre de los Senadores que represento, adhiero a la petición formulada en orden a enviar no sólo nuestro sentimiento de pesar por la muerte del Cardenal Casaroli, sino también nuestro saludo y agradecimiento reiterado, a través del señor Nuncio don Piero Biggio, a Su Santidad el Papa y al Secretario de Estado Monseñor Angelo Sodano, quien visitará nuestro país dentro de pocos meses.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se enviará el oficio con el texto de su intervención, en los términos que Su Señoría lo ha solicitado.
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, la diplomacia vaticana ha perdido sin duda a uno de sus más preclaros dignatarios.
El Cardenal Agostino Casaroli ha sido el protagonista indiscutido de treinta años de la actividad diplomática de la Santa Sede, y por cierto ha sido el impulsor de una gran escuela, la de los Negociadores Eclesiásticos. Se decía de Monseñor Casaroli que, si bien la tenacidad oriental era infinita, la de él tenía características de eterna.
La apertura de la Santa Sede hacia el Este Europeo a través de la Ostpolitik, así como su gestión en la mediación papal entre Chile y Argentina son tal vez hitos decisivos en la fecunda y larga trayectoria al servicio de la Iglesia y del mundo de este importante colaborador de cuatro relevantes Pontífices de la Iglesia Católica.
Profesor de la Academia de Nobles Eclesiásticos, la verdadera Universidad de los Embajadores de la Santa Sede, tuvo en los Cardenales Angelo Sodano, actual Secretario de Estado, y en Monseñor Antonio Samoré a dos insignes y aventajados alumnos. Con razón Su Santidad Juan Pablo II señaló sus condiciones y destacó sus capacidades, indicando que era un apasionado por fortalecer las relaciones de amistad entre personas y naciones, y que al hacer gala de su calidad, dio pasos muy importantes para mejorar las relaciones de la Iglesia con los países de Europa del Este.
Gracias a su labor casi imperceptible y con su característica perseverancia consiguió restablecer las relaciones del Vaticano con la Unión Soviética, que estuvieron distantes más de 73 años.
Secretario de Estado del Vaticano por más de once años, entre 1979 y 1990, fue catalogado como un hombre providencial para aquellos momentos históricos del mundo en esos años.
Los acuerdos de Helsinki de 1975 tienen su impronta acerca de los derechos de las personas y de las libertades religiosas, siendo sus primeros grandes logros los acuerdos con Hungría y Checoslovaquia de 1964 y 1965, y obtiene en 1970 un resultado importante: el restablecimiento de relaciones entre el Vaticano y el Estado de Yugoslavia.
Pero en Chile no podíamos dejar de manifestar nuestra gratitud y reconocimiento sin poner de relieve, como lo han hecho en esta Sala personas que tuvieron una destacada participación, la extraordinaria misión de la Santa Sede al restablecer los términos de nuestros relaciones con Argentina.
Su rol y el del Cardenal Antonio Samoré serán recordados siempre con gratitud por ambas naciones, ya que, gracias a su eficaz y destacada actuación, permitieron la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1984, que ha sido en el presente siglo uno de los momentos más señeros de lo que deben ser las relaciones entre los pueblos.
En nombre de los Senadores de Renovación Nacional e Independientes y de la Unión de Centro Centro Progresista, rendimos homenaje a la memoria del Cardenal Agostino Casaroli, el Cardenal de la prudencia y de la paz.
Quisiera, señor Presidente, que también se agregaran a los oficios que se han solicitado las palabras que he pronunciado en nombre de quienes hoy día represento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se remitirá su intervención al señor Nuncio, en los términos que indicó.
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, Honorable Senado, rendimos hoy homenaje a una figura eminente de la Iglesia, el Cardenal Agostino Casaroli, que tuvo una influencia decisiva en los acontecimientos que han marcado el fin de este siglo.
Se ubica en la tradición de los grandes Secretarios de Estado, Cardenales Gasparri, Pacelli y Tardini, pero de todos ha sido tal vez el más importante.
Si algo caracterizó la obra del Cardenal Casaroli -como lo ha dicho Su Santidad Juan Pablo II-, es que fue "un apasionado constructor de vínculos de paz entre los individuos y las naciones". Y su acción también benefició en este campo a nuestro país en momentos muy difíciles.
Sin embargo, pasará a la historia por ser el operador de la Ostpolitik del Vaticano, implementada a partir de Juan XXIII, y que en su momento fuera tan criticada, especialmente por muchos de los que hoy rinden homenaje en su memoria.
Siguiendo el Concilio Vaticano II, en plena guerra fría, se impuso la línea del diálogo y se abandonó la de la condena y el anatema. Poco antes de morir Juan XXIII envía al Cardenal Casaroli a visitar las principales capitales del Este europeo, con excepción de Moscú, donde sólo llegará una vez iniciada la perestroika. Paulo VI continúa la misma línea de acción. Y años después el Cardenal Casaroli confesó a un diario argentino: "Nosotros sabíamos que iba a caer el comunismo. No sabíamos cuándo ni cómo se produciría la caída; el proceso podía llevar 10 años, 20 ó 30. Entonces tuvimos que seguir una estrategia de salvaguardia de la Iglesia", y a través suyo, de un espacio de libertad y de respeto a las personas. Política similar siguió la Iglesia en nuestro Continente, cuando aquí se instauraron dictaduras militares que violaron los derechos humanos. El desplome del comunismo, en el fondo, sorprendió al Cardenal, como a todos.
La culminación de su obra fue la elección del actual Papa, un Cardenal polaco, rompiendo una tradición de siglos en que un no italiano no llegaba a la Cátedra de Pedro. Juan Pablo II sólo fue posible por la línea seguida por sus predecesores, cuyo principal artífice fue el Cardenal Casaroli, línea de acción que muchas veces desconcertaba incluso al Cardenal Wojtyla, como él lo ha declarado en distintas ocasiones. Sin embargo, una vez Papa, lo nombró Secretario de Estado, cargo que desempeñó por más de una década.
Agostino Casaroli es un típico exponente de la Curia Romana a la que entró a los 26 años y donde permaneció toda su vida, con una mentalidad abierta a los desafíos del mundo moderno. Su muerte marca el fin de un ciclo histórico.
Quiero dar a conocer una reflexión final sobre este cambio simbolizado en la desaparición de la figura del Cardenal Casaroli. Recuerdo un discurso suyo en un importante aniversario de la muerte de San Benito, el fundador de la orden gracias a la cual la cultura clásica greco-romana se conservó pese a la invasión de los bárbaros.
Desde entones -según el Cardenal Casaroli- la misión de la Iglesia Romana ha sido doble: por una parte, religiosa y, a la vez, como agente civilizador. Esa Iglesia universal, cuyas raíces se hunden en la historia del Mediterráneo, en su versión occidental se concibe a sí misma como proyección de una civilización que desapareció.
Casaroli define así la acción de la Iglesia para recuperar la unidad de Europa, derribando muros, fundada en principios de respeto al ser humano, tal como quedó estampado en el Acta de Helsinki, sobre Cooperación y Seguridad en Europa.
Ahora, en un mundo globalizado, el tiempo adquiere otras tareas, otras urgencias y otras dimensiones. Ya no se trata de proyectar bajo nuevas formas una determinada manera de civilización, sino de echar las bases que permitan la convivencia de diversas culturas en un mundo que se ha vuelto uno solo. Y para ser verdaderamente universal esa misma Iglesia comienza a despojarse de sus específicas características occidentales que han marcado hasta ahora su historia.
Hoy homenajeamos a un hombre de este siglo, profundamente oportuno con los tiempos que le tocó vivir. Con su muerte, se cierra una etapa. Vendrán otros que serán capaces de enfrentar el nuevo siglo, los nuevos desafíos, los nuevos horizontes. Y del Cardenal Casaroli, además de sus virtudes morales, aprenderán sobre todo su enorme inteligencia y su confianza ilimitada en que más allá de los sistemas, de las ideologías y de las culturas, están las personas, que siempre pueden y deben entenderse.
En nombre de los Senadores de la bancada del Partido Socialista, rendimos este homenaje y adherimos a los oficios solicitados por el Honorable señor Valdés.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se dejará constancia de ello, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Silva.
El señor SILVA.-
Señor Presidente, en nombre del Comité Institucionales 2 del cual formo parte, así como del Partido Por la Democracia, a su solicitud, vengo en expresar un sentido homenaje al recientemente fallecido Cardenal Agostino Casaroli.
El mundo lamenta el sensible fallecimiento del Cardenal Casaroli, el denominado Cardenal de los diálogos difíciles.
Casaroli, que fue diplomático de cinco Papas al máximo nivel, desde Pío XII a Juan Pablo II, siendo Secretario de Estado del último durante doce años, murió recientemente a los 84 años de edad.
Esta eminencia de la política internacional de las últimas tres décadas, interrogado sobre sus vinculaciones con el Pontífice, señaló que "la relación del Papa con sus colaboradores no puede estar reducida sólo a "orden-obediencia", sino que a la obediencia final le precede un intercambio y, si es necesario, una discusión de ideas serias y, de parte de sus colaboradores, siempre respetuosa, pero abierta y leal". Hermosa enseñanza de cómo deben entenderse las relaciones al más alto nivel.
Nosotros, los chilenos, no podemos dejar de vincular, con un recuerdo de profundo respeto y gratitud, la personalidad de Monseñor Casaroli con un período hondamente preocupante, de horas de gran inquietud en el desarrollo internacional de nuestra patria.
Al hacerlo, por razones comprensibles, creo necesario destacar cómo, a través de su historia internacional, Chile ha construido su política exterior sobre la base del principio de respeto de los tratados. El valor de la famosa máxima "pacta sunt servanda" -los pactos o tratados deben ser cumplidos- ha sido para Chile un dogma de fe.
Casaroli empieza a exhibirse para los chilenos justamente en los años 1977 y siguientes, cuando el cono sur vivía una situación preocupante; cuando dos pueblos hermanos que afortunadamente han hecho de la paz una piedra sillar de sus relaciones internacionales, visualizaban su deterioro; cuando la amenaza de la guerra se extendía sobre Chile como un fantasma al parecer inevitable; cuando los esfuerzos de entendimiento se estrellaban con muros de incomprensión y el diálogo parecía agotarse en sensación de esterilidad.
En esa época, precisamente en 1979, surge la feliz iniciativa de Su Santidad Juan Pablo II, quien obtiene que Chile y Argentina suscriban, el 8 de enero de dicho año, los acuerdos de Montevideo, uno de los cuales establece el ofrecimiento hecho por la Santa Sede de mediar en el diferendo que hasta esa fecha no tenía solución. Y el otro, de trascendencia singular frente a la contingencia, aceptaba contraer el compromiso de que los dos Estados no recurrirían a la fuerza en sus relaciones mutuas y se abstendrían de adoptar medidas que pudiesen alterar la armonía entre ellos.
Es de destacar que estos acuerdos de Montevideo fueron suscritos por representantes de ambos países y por el recordado Cardenal Samoré como representante de la Santa Sede.
Los antecedentes íntimos de toda esta interesante gestión internacional, que significó para Chile el término de un período angustioso de su historia, marcan a la vez el nacimiento de una notable política de hermandad. Esto ha permitido que desde esa fecha ella se nutriera de la participación inteligente y abnegada del Cardenal Samoré, con la tutela, supervigilancia e intervención constante de quien a la sazón era el Secretario de la Santa Sede, Cardenal Agostino Casaroli, y fue el permanente nexo de la gestión de aquél con el Sumo Pontífice.
Tal acción inteligente y talentosa condujo hábilmente a aproximar de tal manera las posiciones discrepantes de las partes, que el 12 de diciembre de 1980 el Papa hizo entrega a los Ministros de Relaciones de Chile y de Argentina del importante documento denominado "Propuestas del mediador, Sugerencias y Consejos". Se trata de un instrumento notable que contenía las bases para la solución del diferendo.
Pero en torno a la personalidad del Cardenal Casaroli, que motiva básicamente nuestro homenaje de hoy, creo útil señalar tres aspectos fundamentales en esta negociación en que su mano fue determinante:
1. La defensa de la paz y el repudio a la guerra como alternativa de solución de conflictos;
2. Una consecuencia directa: para que la Santa Sede medie debe haber un compromiso formal sobre el no uso de la fuerza durante el desarrollo del proceso, y
3. Una muy importante: el amparo moral de la Iglesia al tratado y sus alcances. El artículo 16 del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina dice textualmente: "Acogiendo el generoso ofrecimiento del Santo Padre, las altas partes contratantes colocan el presente Tratado bajo el amparo moral de la Santa Sede".
Así quedó consagrado, sin duda, el poder moral y espiritual del Tratado, amparado con el compromiso fedatario del Pontificado y asignando al acuerdo internacional suscrito una fuerza jurídica y moral poco comunes en la tradición internacional.
Ésa es la trascendencia de tal acción y la mantención de una política, y en ella está impresa la iniciativa de Agostino Casaroli, el negociador de lo posible; el mismo que acercó a Occidente y al Este comunista; el mismo que sentó las bases de relación entre la Santa Sede y la ex Unión Soviética; el mismo que buscó los acercamientos con la China comunista; el mismo, en fin, al cual hemos hecho referencia para nuestro país.
Rendimos así homenaje a quien fue un notable ejemplo de la convicción y sabiduría de la paz, pilar de nuestro Estado y promotor de nuestras fraternas relaciones. Y pido que la expresión de nuestro pesar se haga llegar al señor Nuncio de Su Santidad, Monseñor Piero Biggio.
He dicho.
--Se anuncia el envío de la comunicación solicitada por el señor Senador, en nombre del Comité Institucionales 2 y del Partido Por la Democracia, en conformidad al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, en nombre del Comité Institucionales 1, solicito que, junto a las palabras de homenaje entregadas por el Senador señor Pinochet, se incluyan también nuestras condolencias al señor Nuncio Apostólico.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Así se hará, señor Senador.
Terminado el homenaje.
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El señor FERNÁNDEZ.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, solicito que se incluyan en la tabla de Fácil Despacho de esta sesión el proyecto que figura en el Nº 13 del Orden del Día, que reestructura y fija la planta y grados del personal de Carabineros de Chile, aprobado por unanimidad en las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda, y el que modifica el decreto supremo (S) Nº 220, de 1979, de la Subsecretaría de Marina, que fijó la Planta de Oficiales y Empleados Civiles de la Armada, del cual se dio cuenta en el día de hoy.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Se accede.
El señor PRAT.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PRAT.-
Señor Presidente, sugiero retirar de la tabla de Fácil Despacho el proyecto de acuerdo que modifica el Reglamento del Senado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Señor Senador, el proyecto fue incluido por acuerdo adoptado ayer por la Sala.
El señor PRAT.-
Se le han formulado indicaciones, lo que no hará fácil su despacho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Además de su inclusión en la tabla, se pidió segunda discusión, por lo que estamos con tres trámites. Habría que estudiar las indicaciones.
MODIFICACIÓN DE LEY Nº 19.253, RESPECTO A CONSTITUCIÓN
DE DOMINIO EN ISLA DE PASCUA PARA MIEMBROS DE
COMUNIDAD RAPA NUI. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Corresponde tratar, en primer lugar de la tabla de Fácil Despacho, el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica los artículos 66 y 69 de la ley Nº 19.253, sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, respecto de la constitución del dominio en Isla de Pascua para los miembros de la comunidad rapa nui.
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Hamilton y Andrés Zaldívar).
En primer trámite, sesión 31ª, en 5 de septiembre de 1995.
En tercer trámite, sesión 35ª, en 10 de marzo de 1998.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 35ª, en 10 de marzo de 1998.
Informes de Comisión:
Gobierno, sesión 3ª, en 4 de junio de 1996.
Gobierno y Medio Ambiente, unidas (segundo), sesión 27ª, en 21 de enero de 1997.
Mixta, sesión 16ª, en 19 de mayo de 1998.
Discusión:
Sesiones 11ª, en 2 de julio de 1996 (se aprueba en general); 29ª, en 4 de marzo de 1997 (queda pendiente la discusión particular); 31ª, en 11 de marzo de 1997 (se aprueba en particular, y queda pendiente reapertura del debate); 33ª, en 18 de marzo de 1998 (se rechaza reapertura del debate); 5ª, en 5 de abril de 1998 ( se rechazan enmiendas de la Cámara de Diputados, y se despacha); 2ª, en 3 de junio de 1998 (queda para segunda discusión).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Hago presente a la Sala que, en conformidad al Reglamento, los señores Senadores que apoyan el informe disponen de 10 minutos, en conjunto, y quienes lo impugnan, de igual tiempo.
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El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, pido a la Mesa que recabe el asentimiento de la Sala para que ingrese el señor Subsecretario del Interior, en su carácter de representante del señor Ministro para estos efectos.
--Se accede a lo solicitado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión el informe.
Tiene la palabra el Honorable señor Adolfo Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Señor Presidente, para pronunciarnos con pleno conocimiento respecto del nuevo inciso quinto del artículo 69 de la ley sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Pueblos Indígenas propuesto por la Comisión Mixta, que dice relación con la propiedad y el acceso a la tierra en Isla de Pascua, creo conveniente tener en consideración algunos antecedentes tanto de hecho como de derecho.
Cuando se trató esta materia en la sesión anterior, el Honorable señor Hamilton, autor de la moción junto con el Senador señor Andrés Zaldívar, planteó las cosas de manera extremadamente clara desde el punto de vista jurídico.
En esta oportunidad quiero precisar algunos hechos que me parecen fundamentales para mayor comprensión del problema.
Para los efectos de aprobar o rechazar lo propuesto, debemos entender que esto no abarca toda la tierra de Isla de Pascua, sino que sólo una porción muy pequeña de ella: mil quinientas y tantas hectáreas, de 16 mil hectáreas que la forman. El resto sigue de propiedad del Estado, ya sea en poder del Fisco o bien de la CORFO, y otra parte se encuentra en manos de los pascuenses o de sus actuales dueños (2 mil novecientas y tantas hectáreas).
¿Por qué digo esto? Porque al escuchar voces contrarias a esta norma de excepción, de protección, para la etnia pascuense, veo que se olvidan o desconocen situaciones que nos comprometen como Estado, como nación.
En efecto, cuando Chile ocupó Isla de Pascua, de acuerdo a los antecedentes de las propias sesiones de la Asamblea Nacional francesa y del propio ministro de la marina francesa, vivían en ella entre 200 y 350 personas. Por eso, este último sostenía que no valía la pena gastar un franco en la isla.
Los informes de chilenos, entre ellos el del propio Policarpo Toro -oficial a quien le correspondió llevar a cabo esa gran misión-, señalan que los habitantes de la isla habrían sido entre 300 y 400.
¿Y qué ocurrió? Que el Gobierno de Chile, partiendo por el propio oficial de marina Policarpo Toro, se comprometió con los naturales a respetar sus derechos y a protegerlos, porque ellos sólo cedieron la soberanía. La cesión de la soberanía tiene fecha 9 de septiembre de 1888. Hay una carta anterior, del 24 de enero de ese año, del capitán de corbeta don Policarpo Toro, donde informa al Ministro de Relaciones Exteriores de la época, don Agustín Edwards, acerca de todos los trámites hechos por él para comprar esa tierra para el Gobierno chileno, y da a conocer quiénes eran los propietarios.
El derecho de propiedad de los pascuenses se pierde en la historia del tiempo de la Polinesia.
Por eso, don Policarpo Toro hizo bien al señalar en esa carta al Gobierno chileno que aquí se había adquirido el compromiso de protección.
¿Y por qué lo hacía? Entre otras cosas, porque aventureros peruanos desembarcaron en Isla de Pascua en 1866 y tomaron como esclavos a casi toda la población, incluidos el rey y su hijo, para que trabajaran en las guaneras de la costa peruana. Y, entonces, de una población superior a mil habitantes, al final pudieron regresar sólo unos pocos, contados con los dedos de la mano; y los que volvieron llegaron enfermos.
Por eso, la presencia ahí de nuestra Marina, del Gobierno de Chile, fue tan importante. No se trató de un negocio, sino de una decisión de Estado, de soberanía. Pero también fue una decisión -por qué no decirlo- de solidaridad, de responsabilidad frente a una realidad trágica del pueblo pascuense.
Por tal razón, la preocupación de nuestra nación estuvo allí desde el comienzo, como lo señaló aquí el Senador señor Hamilton y como, también, lo ha afirmado el Presidente Frei. No es de ahora, sino de siempre.
Y por ello nuestro país inscribió esas tierras a nombre del Fisco, a fin de evitar situaciones abusivas contra los nativos de la isla, como algunos pretendían.
Además, la Armada de Chile -por cierto, por encargo de nuestro Gobierno, como corresponde a un Estado de Derecho- siguió haciendo soberanía en Isla de Pascua. Y en uno de esos viajes el capitán de fragata don José Toribio Merino, acompañado por el Obispo Edwards, entrega a los nativos 2 mil hectáreas. Dos mil hectáreas para 200 ó 300 personas en esa época.
En dos o tres oportunidades, por conflictos con la empresa explotadora que ahí se hallaba, el Gobierno de Chile nuevamente actúa con el fin de que esa propiedad de 2 mil hectáreas quede en manos de los nativos. Incluso, en 1935, Fernando Reyes, Auditor Naval, da constancia de que había dos mil hectáreas destinadas a los nativos. Hoy día hablamos de otras mil quinientas, cuando la población sobrepasa los dos mil o tres mil habitantes.
Pero no se trata de metros más o metros menos, de hectáreas más o hectáreas menos. Aquí está en juego algo mucho más importante. Y eso es lo que nos preocupa. Aquí existe una cultura que el Estado de Chile se comprometió a preservar protegiendo a sus habitantes. Las Naciones Unidas han declarado a Isla de Pascua patrimonio de la humanidad.
Fíjense bien, Sus Señorías, que en el acta de cesión de la soberanía los 14 jefes que la suscriben no sabían firmar. Hoy día, el gobernador de Isla de Pascua, don Jacobo Hey, es abogado (fue alumno del Senador señor Silva, estudió en la Universidad de Chile). ¡Cómo no tener confianza, entonces, en los pascuenses, y no darnos cuenta de la importancia de seguir promoviendo su desarrollo!
Algunos han señalado que el proyecto es inconstitucional. Ello no es efectivo, por cuanto está absolutamente de acuerdo con la Ley Indígena, Nº 19.253, y el Tribunal Constitucional dio su parecer en el sentido de que es constitucional, o sea, esto ya está resuelto.
Asimismo, se ha afirmado que la iniciativa atenta contra el acceso al derecho de dominio. Tampoco es cierto. De acuerdo a la Constitución Política, exigiéndolo el interés nacional y aprobado con quórum calificado, es perfectamente posible hacerlo. Y de eso se trata. Así se ha procedido en lo relativo a las zonas fronterizas, al control de armas, a la legislación sanitaria.
No nos confundamos, señores Senadores, aquí hay un problema de fondo. Nuestro país -como lo señaló Monseñor Errázuriz- sabe muy bien los bienes que tiene que exportar. Pero también él nos recuerda -y con razón- que volvamos la vista para mirar dónde están nuestros valores y nuestra identidad.
Si ayer José Manuel Balmaceda, Agustín Edwards, la Marina de Guerra, entregaron dignidad a los pascuenses -por cierto, con muchos problemas- y tuvieron la visión de hacerlo, creo que el Senado hoy día no puede volver atrás. Debemos seguir confiando en nosotros, en los pascuenses. Y así, cuando nuestra bandera navegue por el Pacífico, no vaya sólo para realizar negocios (lo que es bueno), sino que al hacerlo pueda ser mirada con respeto, porque es una bandera digna, de un país donde honramos y cumplimos la palabra.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente, quiero manifestar algunas ideas que a mi juicio resulta muy importante que el Senado tenga presentes para resolver sobre la materia.
Éste no es un problema que afecta sólo a un conjunto de hectáreas de Isla de Pascua. Él se enmarca dentro de lo que es la Ley Indígena, la cual establece, en su artículo 12, que son tierras indígenas, entre otras, "Aquellas que históricamente han ocupado y poseen las personas o comunidades mapuches, aimaras, rapa nui o pascuenses, atacameñas, quechuas", etcétera. Por tal motivo, lo manifestado por el Senador señor Adolfo Zaldívar no corresponde al sentido profundo de la ley.
El tema aquí radica en un solo aspecto: aceptar o no aceptar para Isla de Pascua y la comunidad rapa nui, básicamente, lo establecido en el artículo 2º, letra c), de la Ley Indígena, referido a quienes son indígenas o tienen tal calidad. La letra a) de dicho precepto señala que lo son los hijos de padre o madre indígena; la letra b), indica que lo son los descendientes de etnias indígenas que habitan territorio nacional, siempre que posean a lo menos un apellido indígena, y la letra c), establece que lo son los que mantengan rasgos culturales indígenas, entendiéndose por tales la práctica de formas de vida, costumbres o religión de esas etnias de modo habitual o cuyo cónyuge sea indígena.
En eso radica el problema que plantea la ley. Esto es lo profundo. No es solamente de carácter técnico sino también cultural la situación que afecta, positiva o negativamente, los aspectos propios de la nación chilena y, dentro de ella, los geopolíticos.
Chile tiene uno de los elementos geopolíticos más interesantes de la humanidad: desarrollar en plenitud el concepto de mar presencial, el que se extiende a 200 millas al poniente de Isla de Pascua. Tal territorio insular chileno representa, a su vez, el elemento básico en donde se contemplan con claridad geográfica los aspectos relevantes de tal principio geopolítico.
En virtud de lo anterior, el Senado debe pronunciarse fundamentalmente en lo que dice relación a ese punto, esto es, si corresponde que tengan tierras, conforme a lo que señala la ley, aquellas personas que no siendo indígenas, viven en un lugar determinado.
En el caso de las otras tierras, el problema no ha sido tan delicado, porque ellas se encuentran radicadas en la parte del territorio continental americano de Chile, y los indígenas se hallan muy bien establecidos en zonas bastante determinadas. Sin duda alguna, la presencia y expresión de la tierra indígena en dichas áreas es contemplada y apoyada por la ley. El Estado chileno debe recurrir a los fondos del Presupuesto de la Nación para adquirirlas paulatinamente o, cuando están en su poder, traspasarlas, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, a las distintas comunidades indígenas, incorporando a las personas que, sin tener esa calidad, han optado por el mismo sistema de vida.
Cuando esa situación se presenta en el territorio continental americano de Chile, sin duda alguna, no reviste trascendencia; pero la tiene si se establece una clara diferenciación respecto del tema rapa nui.
Señor Presidente, en verdad, en principio, no estoy en contra del proyecto, porque creo que nosotros, de partida, debemos dejar claramente contemplada la expresión del Estado chileno.
Además, estimo que no pueden romperse los conceptos básicos y fundamentales que protegen también a Isla de Pascua. Cuando las personas de origen rapa nui, que quieren su cultura y se encuentran radicadas en plenitud en dicha isla, observan que básicamente la propensión es a recibir en el lugar a personeros de distintos grupos étnicos del mundo y de diferentes nacionalidades -los cuales llegan al lugar, se casan o conviven con pascuenses, sean hombres o mujeres-, desde su punto de vista, se están destruyendo en su base fundamental los aspectos esenciales de la cultura propia. Por tal motivo, ellos estiman indispensable protegerlos.
Sin embargo, el Senador señor Adolfo Zaldívar ha señalado algo que, en mi opinión, es importante: de la totalidad del territorio de Isla de Pascua -alrededor de 16 mil hectáreas-, el Fisco chileno es propietario, más o menos, del 85 ó 90 por ciento de ellas, vale decir, de 14 mil hectáreas. Si el Estado administra con eficiencia, responsabilidad y una visión geopolítica clara, teniendo presente los aspectos propios de la acción que le asiste respecto de todo el océano denominado mar presencial en las áreas que he señalado, sin duda alguna la ley no debería producir problemas.
Sin embargo, conviene dejar en claro que, al aprobarse una normativa de este tipo, si el Fisco -no digo el Estado, porque éste es dueño de todo el territorio, independientemente de la propiedad que sea- pretende desprenderse de las 14 mil hectáreas o de alguna parte de ellas, nunca podrá hacerlo en beneficio de personas distintas a la etnia rapa nui. Ése es todo el tema. En el caso del continente americano, -vuelvo a insistir- para el Estado es posible hacerlo respecto de comunidades que, no siendo efectivamente indígenas, han acogido los aspectos propios de la cultura que en ese instante se desarrolla en determinado territorio.
A mi juicio, ésos son los conceptos fundamentales que se deben tener presente.
Ciertamente, desde mi punto de vista -y con esto termino-, la normativa puede adquirir una gran fortaleza. Y la votaré a favor -lo digo en presencia del señor Subsecretario del Interior- siempre que exista un compromiso por parte del Ejecutivo en orden a resguardar, con la mayor fuerza y prudencia, aquellos territorios que hoy día están siendo administrados por él, a fin de que los elementos propios de la nacionalidad chilena y del país no se debiliten en dicho territorio insular, de tanta importancia geopolítica para la nación.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor RÍOS.-
Con mucho gusto, señor Senador, con la venia de la Mesa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
De la interesante intervención del Honorable señor Ríos, quiero rescatar o precisar lo siguiente. El Estado, de acuerdo con el artículo 4º del proyecto, podrá disponer del resto de la tierra no única y exclusivamente para los chilenos originarios de la etnia pascuense. Dicha norma prescribe: "El Presidente de la República podrá reservar también terrenos en los sectores urbanos o rurales de la Isla para fines turísticos, áreas de esparcimiento y deportes u otros de interés de la comunidad, oyendo previamente a la Comisión de Desarrollo a que se refiere el artículo 67 de la ley Nº 19.253.".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Puede continuar el señor Senador. Sólo le queda un minuto.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Señor Presidente, el Fisco, efectivamente, puede hacerlo. Pero nunca podrá llegar a acuerdos ni ejercer acciones de expresión turística o de cualquier otro orden sobre el territorio de Isla de Pascua con personas que no sean rapa nui.
Ése es el sentido profundo, exacto y definitivo del proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se ha agotado el tiempo de Fácil Despacho.
Tiene la palabra el señor Subsecretario del Interior, quien la había solicitado con antelación.
El señor VELASCO (Subsecretario del Interior).-
Señor Presidente, señores Senadores, el Gobierno ha seguido muy de cerca la discusión de este proyecto, a cuyo respecto hemos escuchado intervenciones muy interesantes en el último año. Indudablemente, todas ellas tienen un criterio de Estado. Por eso, uno coincide con muchos planteamientos.
Cabe señalar que, a petición de algunos señores Senadores de Oposición, el Ejecutivo ha considerado la posibilidad -y se compromete en tal sentido- de enviar un veto aditivo, para que tanto el fundo "Vaitea" como el Parque Nacional no puedan ser enajenados sino por ley de la República, reservando la cantidad de 5 mil hectáreas a dicho parque y 3 mil 500 al fundo "Vaitea". El resto se entregaría, de acuerdo con el proyecto que se encuentra en conocimiento de Sus Señorías, a las muchas familias que están ocupando lugares, las cuales -como muy bien lo manifestaron los Senadores señores Adolfo Zaldívar y Ríos- han aumentado.
Durante los últimos treinta o cuarenta años se ha registrado un desarrollo importante en la isla. La acción de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de otros organismos estatales ha jugado en ello un papel principalísimo. Y creo que llegarán más personas y que el desarrollo será mayor, pero debe ir siendo evaluado en el tiempo.
Con el compromiso de enviar el veto aditivo en los términos que he expuesto, pienso, señor Presidente, que se podrían solucionar muchas de las dificultades planteadas aquí.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se ha agotado el tiempo.
El señor URENDA.-
Quisiera formular una observación, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Si doy una vez más la palabra, tendré que otorgarla a todos los que la pidan.
Como es necesario pronunciarse, se puede fundamentar el voto, para lo cual los señores Senadores cuentan con la mitad del tiempo, o sea, dos minutos y medio, por tratarse de la segunda discusión.
El señor URENDA.-
Pero deseo hacer presente una cuestión de orden.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En ese caso, está bien.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, Su Señoría anunció que iba a intervenir un Senador a favor del proyecto y otro en contra. Pero han usado de la palabra dos Honorables colegas que lo aprueban y ninguno que lo impugne.
No es mi ánimo, sin embargo, seguir adelante en el debate, sino efectuar una mención sobre las precisiones del Senador señor Adolfo Zaldívar en el sentido de que se encontraría en discusión la entrega o no de mil 500 hectáreas a los pascuenses. A ello, obviamente, nadie se opone. Juzgo que aquí todos estamos de acuerdo con la protección de esa cultura. Y, por esa razón y por los problemas explicados latamente -porque el proyecto no hace referencia ni a la cantidad citada ni a otra, sino que contiene una norma general, absoluta, que consideramos inadecuada para Chile-, se puntualizó, con la intervención del Honorable señor Hamilton, que a raíz de un planteamiento de varios señores Senadores al Presidente de la República derivaba un compromiso en orden a que por la vía del veto se determinaría la reserva de tierras que en el futuro podrán ser dispuestas sólo por ley, momento en que se verá cuál es la conveniencia nacional.
Si es así, no es mi ánimo entrar a debatir todas las razones por una parte u otra. Pienso que todos nos interesamos en proteger la etnia. Pero a nosotros también nos preocupa el desarrollo mismo de la isla. Y un veto como el señalado permitiría cumplir ampliamente con tales objetivos y no hacernos aparecer, a lo mejor, divididos acerca de algo en que no lo estamos.
Reitero que la diferencia no es tal en cuanto a la protección de la etnia. Lo que sí, a mi juicio, constituye una dificultad es la exclusión absoluta, permanente y definitiva de toda posesión para cualquiera que no pertenezca a aquélla; para cualquier otro chileno, aunque viva en ese territorio por mucho tiempo.
Estimo que el veto anunciado haría posible la solución adecuada si se considera una interpretación amplia, como la del Senador señor Adolfo Zaldívar, respecto del artículo 4º del proyecto.
Si tales puntos se precisan, se evita la discusión, se despacha el proyecto y se cumple con los objetivos que todos perseguimos y que en gran parte coinciden.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Puedo constituirme en testigo del compromiso formal del Gobierno por haberme manifestado el señor Ministro del Interior lo relativo al envío de un veto en que se limite la extensión por adjudicar y en que toda disposición posterior del resto del terreno de la isla sólo se pueda realizar por ley.
Tiene la palabra el Senador señor Martínez, luego de lo cual se procederá a la votación.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, mi intervención se origina en un concepto que acabo de escuchar, respecto de que no se habría impugnado la iniciativa en análisis. En ese caso, deseo encargarme de hacerlo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Cuando se inscribió el Honorable señor Ríos, fue, efectivamente, para formular observaciones sobre el informe, habiendo expresado algunas de carácter negativo en relación con el contenido.
En ese sentido entendí su participación. Porque debo hacer confianza en quienes desean hacer uso de la palabra.
Y planteó una posición negativa en el sentido de creer que el texto, tal como estaba, no aprobaba la extensión de terrenos.
El señor RÍOS.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Sí, señor Senador.
El señor RÍOS.-
Lo que hice, básicamente, fue explicar mejor la normativa, por conceptos que había expuesto el Senador señor Adolfo Zaldívar. Pero, desde mi punto de vista, todavía ningún Honorable colega ha hecho presente una impugnación absoluta y total.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Su Señoría realizó una impugnación relativa, entonces.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, me he abstenido de intervenir precisamente para dar oportunidad de que lo hagan otros señores Senadores. Pero el Honorable señor Martínez, al igual que quien habla, ha usado de la palabra en dos ocasiones anteriores. Si ello sucede nuevamente, pido que se me conceda el mismo tiempo.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, estimo que corresponde escuchar a alguien que impugne, porque ya se ha hablado a favor con largueza.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, falta la parte de la impugnación del proyecto como fue el acuerdo de los Comités.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Había entendido que el Honorable señor Martínez iba a efectuar su exposición al votar. Si le parece a la Sala, Su Señoría podría pronunciarse en primer lugar.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, en verdad, por no haber entendido exactamente la situación, no me inscribí para impugnar, ya que aparecía que se iba a registrar una intervención a favor y otra en contra. Constituyó un error. Por ello, me veo obligado a usar de la palabra.
La cuestión fundamental no radica en la etnia pascuense ni respecto del espíritu para su desarrollo, sobre la base de que son chilenos con una gran posibilidad de crecer y desplegar plena actividad. Tampoco se trata del sentimiento y aprecio por su cultura, pues ello se encuentra absolutamente fuera de duda. Y no se desconoce su capacidad para acceder a la tierra.
El problema dice relación, exclusivamente, a la letra c) del número 3 del artículo 1º del proyecto. La normativa que nos ocupa exhibe algunos aspectos muy buenos, pero, por desgracia, el que señalo la deja absolutamente atrás, sin el beneficio que se pretende. En efecto, se limita el acceso a las tierras en Isla de Pascua por parte de personas naturales chilenas no pertenecientes a la etnia rapa nui, lo que no ocurre en el resto del país, por supuesto, conforme a la Ley Indígena -como ya se dijo-, por la posibilidad de la permuta. Pero incluso hasta esta última se le frena a esa etnia.
Ahora, ¿qué significa la letra c) mencionada? Que a la etnia se le restringe la facultad de disposición de las tierras, lo que me duele profundamente.
Ello, además, importa un elemento de atraso, de poca consideración, en circunstancias de que se habla de progreso y desarrollo de las personas.
Lo que sucede es que en Isla de Pascua se superponen varios regímenes, pero, evidentemente, lo relativo a la soberanía debe hallarse por sobre todo lo demás.
Desde el punto de vista de la restricción de la facultad de disponer de las tierras, surgen las siguientes dificultades. Primero, se limita un derecho que asiste a todos los chilenos.
Porque aparecen dos tipos de nacionales. El decreto ley Nº 2.885 es muy claro: se refiere a "chilenos", en general; sin embargo, en la Ley Indígena el punto tiende a desaparecer. Y, de hecho, así ocurre.
En segundo lugar, se amarra a los pascuenses a la tierra, lo que me preocupa extraordinariamente. Es como si se volviera un poco a ese concepto conforme al cual los hombres se hallaban en ese caso, sin poder disponer.
Por otra parte, las mismas normas indicarían que se llevará a la subdivisión de los predios. Es decir, se llegaría a "mini-minipredios".
En el ámbito de lo comercial, estimo que disminuirá el valor de los terrenos, ya que sólo pueden comprarlos los pascuenses.
Y en cuanto a la disposición de las tierras, se supedita la voluntad de enajenar del pascuense a lo que determine la Comisión de Desarrollo, y tal como se dijo en la Comisión Mixta que estudia esta materia, aquella aparece administrando de alguna manera la voluntad de los pascuenses. Estos son aspectos que hacen retroceder, de cierta manera, la condición de desarrollo de estas personas.
En segundo lugar, el Estado de Chile -a mi juicio- puede perder las tierras que actualmente posee, por dos circunstancias:
Primera, las tierras no parque pueden ser enajenadas por el Estado de acuerdo con sus políticas.
Segunda, las tierras parque también eventualmente pueden desaparecer, ya que los "límites" de los parques -salvo escasas excepciones- son determinados por decreto supremo.
Este tema no estaba presente cuando contribuí con mi firma, junto con otros señores Senadores, a una solicitud para que el Presidente de la República pusiera esta limitación -este compromiso- de no deshacerse de las tierras fiscales hasta que no hubiera una ley que especialmente lo autorizara; y no por decreto, como se hace normalmente.
Es decir, resulta que el límite de los parques no está normalmente fijado. Luego, por la vía de ir moviendo los límites, se pueden entregar tierras, incluso sin necesidad de ley. Ése es el problema.
Otro punto lo constituye un problema de soberanía. Existen algunos antecedentes que han estado en el aire, es decir, en la preocupación, desde hace varios años, en torno a dos situaciones:
Primero, es evidente que existe un movimiento sutil de algunos para separar a la Isla de la soberanía del Estado de Chile. Ahora bien, en el futuro, esto puede transformarse en algo real. Hay presiones de determinados grupos en cuanto a dar cierta independencia a la Isla. Para empezar, se plantearía un estado asociado con Chile; más adelante, tal estado pasaría a ser independiente, formándose la federación polinésica, de la cual ya se habla.
En el fondo, es claro que la unidad territorial del Estado de Chile está en juego.
Por último, ¿cuál es la situación de los chilenos no pascuenses? Porque en la Isla de Pascua hay chilenos propietarios de tierras.
Esta legislación estaría limitando sus derechos de disposición, toda vez que sólo podrán vender a los pascuenses.
En verdad, lamentablemente, la letra c) del Nº3 del artículo 1º deja, en esta perspectiva, sin efecto la situación que se pretende solucionar.
Desde mi punto de vista, esta es una iniciativa absolutamente negativa en cuanto a los objetivos perseguidos, por lo que soy contrario a ella.
No quiero contribuir, señor Presidente, a que el Estado de Chile en los próximos 15, 20 ó 30 años, tenga un problema gravísimo de soberanía al separársele un territorio.
Mantener la integridad del territorio nacional es una obligación nuestra. Y la mía es votar en contra de este proyecto de ley, salvo que aparezca uno mejor. Desgraciadamente, no es éste el caso, ya que debemos votar sí o no en este momento. Es mi máxima preocupación.
Voto en contra.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
De acuerdo con el Reglamento, solicito el asentimiento de la Sala para prorrogar por 30 minutos la tabla de Fácil Despacho.
Acordado.
_________________
El señor ABURTO.- Señor Presidente, por las razones que ha dado el Honorable señor Martínez, voto en contra.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente, estoy a favor del proyecto, pero deseo reiterar algo que dije la vez pasada, en el sentido de que la mayor amenaza a la soberanía de Chile en la Isla de Pascua provendría de una situación a la que llegaríamos inevitablemente con la libre disposición de tierras, caso en el cual en la etnia rapa nui no habría una sola persona dueña de tierra al cabo de unos diez años. Y ahí sí que un movimiento separatista fuerte sería un peligro para la integridad de la soberanía nacional.
Voto que sí.
El señor CANESSA.-
Señor Presidente, la discusión sobre el régimen de la propiedad en la Isla de Pascua, ha enriquecido el debate con nuevos antecedentes y puntos de vista que en estos momentos ya no es posible ignorar.
La ley Nº 19.253 estableció normas sobre protección, fomento y desarrollo de los pueblos indígenas, considerando especialmente que para ellos la tierra es el fundamento principal de su existencia y cultura. Comprendo la intención que motivó dicha iniciativa, la que, en general, me parece razonable, equitativa y conveniente atendiendo al bien común de la comunidad nacional. Sin embargo, la aplicación de sus normas no debiera traducirse en una suerte de discriminación para el resto de la población.
Por sobre la defensa de las características propias de las etnias nativas, ha de prevalecer su integración respetuosa, armónica y sensata al flujo del ser nacional chileno.
En este orden de ideas, me parece que no es justo privar a los compatriotas no pascuenses de la posibilidad de establecerse y adquirir tierras en la Isla. Es más, creo que el progreso de la Isla de Pascua y el bienestar de sus habitantes -de todos ellos- hace imprescindible regular la tenencia de la tierra conciliando el interés del Estado (que tiene en la zona desafíos geoestratégicos de la mayor importancia) con el interés de la población nativa y el del los chilenos de origen continental que deseen establecerse allí.
Afianzar la soberanía en todos los rincones de la patria es tarea de todos. Nadie puede ser excluido legalmente, ni siquiera cuando se pretende servir a una buena causa, como ocurre en este caso.
Por lo tanto, voto negativamente la enmienda propuesta por la Comisión Mixta.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, me parece que se debe intentar cautelar dos bienes jurídicos distintos que, al menos para mí, que provengo de una zona con un patrimonio histórico-cultural tradicional gravemente afectado, son relevantes.
Por un lado, está la protección del patrimonio histórico-cultural de nuestra patria, reconociendo, valorando, resguardando e impulsando sus culturas tradicionales, originarias, ancestrales; y, por el otro, está lo relacionado con la soberanía del Estado de Chile sobre sus territorios.
En mi opinión, se está protegiendo el patrimonio histórico-cultural de nuestra nación cuando se busca establecer una zona de territorio de compromiso de pueblos originarios, como en el caso de Isla de Pascua y su cultura Rapa Nui. Sus habitantes están de acuerdo en que éste es el mecanismo ad hoc, porque poseen un concepto de derecho de propiedad comunitario, distinto al del resto del país, pues entienden que la tierra es fundamental y sostienen que hay que reconocer el uso y el goce como un derecho libre de la persona, sin perjuicio de lo cual la disposición se ve limitada, al reconocer dicho concepto.
Ahora, debe buscarse equilibrar otro aspecto: la soberanía del Estado de Chile y la posibilidad de que los ciudadanos de la República estén efectivamente en igualdad de condiciones en cuanto al acceso al derecho de propiedad, con un concepto distinto al de la Isla. De tal manera, entiendo que no está comprometida toda la Isla, sino sólo ciertos territorios; pero el Estado posee otros y en ellos se podrá, por la vía de otras herramientas, establecer un derecho de propiedad distinto.
El señor ERRÁZURIZ.-
No, sólo parques.
El señor CANTERO.-
Bueno, así lo entiendo y deseo que sea, Honorable colega.
Por consiguiente, espero que por la vía del veto aditivo anunciado por el Gobierno se logre equilibrar y armonizar efectivamente estos dos bienes jurídicos: la protección del patrimonio histórico-cultural de nuestra patria y la soberanía.
Me hace mucha fuerza la experiencia que he observado, por ejemplo, en comunidades como la atacameña, que ha sido arrasada, ha perdido su lengua y prácticamente no existe, aun cuando subsista el pueblo. Es de tal magnitud la transculturación de que es objeto; es tan expedito y fácil el acceso a las tierras, y ha habido tan mal manejo del Estado en la distribución del suelo, que hoy prácticamente hay más extranjeros que chilenos en esa zona, que posee un patrimonio histórico-cultural extraordinariamente valioso y trascendente. Situaciones similares se presentan en tierras bajas del curso superior del río Loa, donde los pueblos originarios también están sufriendo un proceso de transculturización muy fuerte.
Por eso me pronunciaré a favor del informe de la Comisión Mixta, en la confianza de que el Gobierno enviará al Congreso un veto aditivo que permita salvaguardar y cautelar el aspecto que resulta más dañado: la soberanía del Estado chileno en Isla de Pascua.
Voto que sí.
El señor CORDERO.-
Señor Presidente, a pesar de tratarse de un asunto incluido en Fácil Despacho, para mí, por una razón de tipo personal, no puede haber un proyecto de ley sobre el cual me sea más difícil tomar una decisión. Creo que la mayoría de los señores Senadores sabe que tengo una hija pascuense. Eso me hace mucha fuerza, y más aún frente al compromiso adquirido por el Gobierno en el sentido de proteger la soberanía del Estado.
Por lo expuesto, voto favorablemente.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente, he seguido con gran interés el debate y me han hecho mucho peso las reflexiones que ha efectuado el Senador señor Martínez. Pienso que no resulta conveniente, por distintos motivos, esta tendencia a generar legislaciones especiales con el loable propósito de defender etnias o culturas de suma importancia en el país. Y no lo considero conveniente porque con ello se debilita, en primer término, un valor fundamental: el de la unidad nacional.
A propósito del legítimo interés por defender y promover culturas y etnias, se está originando una condición de chilenos de distinta especie. Reconozco la necesidad de favorecer las culturas y las etnias, pero no hay nada más grave que debilitar un valor que ha sido preponderante en la generación de nuestra patria, cual es el sentirnos integrados en una misma nacionalidad. La presente normativa tiende a debilitar este valor de la unidad nacional.
En segundo lugar, se debilita, con grave riesgo futuro, nuestra potencia soberana. Estamos frente a un territorio con una trascendencia geopolítica extraordinaria -¡extraordinaria!-, y en la medida en que se acepte darle un tratamiento distinto a través de una legislación especial, donde el propio Estado se autolimita en las facultades que la ley general establece para el resto del país, se estará sentando el precedente de que Isla de Pascua es un lugar diferente. Este hecho, en un futuro más próximo que lejano, puede dar origen a otro tipo de situaciones, justamente por haber aceptado ya en la legislación que esa porción insular tiene un carácter distinto y debe ser objeto de leyes especiales que el territorio continental del país no tiene.
Por lo tanto, mediante esta iniciativa se lesiona nuestra potencia soberana en un lugar sumamente importante en la perspectiva geopolítica. Esto puede originar precedentes y redundar en que el día de mañana nos sintamos cazados por estas normativas especiales que se dictan.
Por último, concuerdo con el Senador señor Martínez en que las leyes de protección, no obstante ser muy bien intencionadas, terminan provocando más daño a quienes se busca proteger o beneficiar. Limitar el derecho de propiedad en Isla de Pascua a quienes hoy son sus legítimos dueños, los rapa nui, que viven en ella y tienen dominio sobre esas tierras, en el sentido de que en adelante sólo las podrán enajenar o traspasar a personas de la propia raza o etnia que representan, traerá consigo el debilitamiento de las perspectivas y potencialidades de desarrollo de un territorio que, además, tiene un potencial de desarrollo turístico y cultural extraordinario. Bajo el supuesto y bien intencionado pretexto de beneficiarlo, perjudicamos su desenvolvimiento al restringir el derecho de propiedad de sus habitantes, lo cual en definitiva les traerá más dificultades que las que actualmente tienen.
Voto en contra, por considerar que el proyecto no está bien encaminado con la orientación propuesta.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, cuando como titular y miembro de la Comisión de Economía nos corresponde estudiar las mejores formas para desarrollar la zona austral de Chile, colocamos toda nuestra inteligencia e imaginación en tratar de impulsar su crecimiento y progreso, porque estimamos que de esa manera se hace soberanía.
Cuando nos encontramos con un proyecto de ley como éste, donde -como explicó claramente el Senador señor Ríos- se impide a los chilenos continentales participar en el desarrollo de esa tierra insular en asuntos tan relevantes como, por ejemplo, el turismo, los proyectos pesqueros u otros, creo que no ayudamos de verdad a Isla de Pascua.
Como aquí se ha dicho, es inconstitucional limitar la disposición de lo propio a quienes forman la etnia rapa nui. Es inconstitucional que chilenos que habitan la isla no puedan disponer de lo que les pertenece. Y esa inconstitucionalidad es aún más grave cuando se discrimina en contra de quienes pertenecen a la comunidad rapa nui.
Cabe hacer presente que al establecer una discriminación en los derechos de las personas que están haciendo soberanía en la Isla y que, al mismo tiempo, amparan a sus habitantes, se incuba un riesgo muy grave para la soberanía nacional, sobre todo porque puede transformar en letra muerta aspectos geopolíticos de la mayor trascendencia futura.
Debo manifestar que en esta normativa se comete un error al hacer extensiva la Ley Indígena a quienes no son indígenas, sino que pertenecen a la etnia rapa nui. Y ellos mismos se oponen a ser considerados como indígenas. Son chilenos que viven en la Isla y tienen los mismos derechos que el resto de los habitantes del territorio nacional. Asimismo, tienen posibilidades para desarrollarse allí y debemos ayudarlos, tal como lo hacemos con los demás compatriotas, y no discriminarlos y tratarlos como niños chicos incapaces de manejarse, incapaces de ejercer incluso los derechos de los indígenas para enajenar o permutar sus propiedades.
En suma, señor Presidente, me parece que el proyecto constituye un grave error y debemos rechazarlo.
Por eso, voto en contra.
La señora FREI (doña Carmen).-
Señor Presidente, he seguido con mucho interés este debate, pero advierto que hay un argumento que no se ha expuesto y es el que más fuerza me hace. No se ha dicho qué es lo que quieren los pascuenses. Yo me he hecho esta pregunta porque en estos años he aprendido a representar a los habitantes de la Segunda Región, donde existe una cultura atacameña de enorme tradición y valor. Igualmente, he aprendido a escuchar a quienes viven allí y procuro acceder a sus planteamientos, muchas veces contrariando mi propio criterio, porque considero muy importante lo que piensa la gente que vive esa realidad.
Con relación a esta iniciativa, he formulado las consultas del caso y se me ha dicho que la normativa propuesta corresponde precisamente a lo que desea la inmensa mayoría de la comunidad rapa nui. Haciéndome eco de esa petición, votaré a favor, porque así entiendo que uno debe representar a quienes nos han elegido: haciendo valer lo que la gente quiere. Y si los pascuenses han pedido al Gobierno lo que el proyecto consigna, y una y otra vez han expresado en Comisiones su pensamiento en tal sentido, me parece que este solo motivo nos obliga a respaldarlo.
Voto favorablemente.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, me faltaría tiempo para desvirtuar tantos errores cometidos acerca de la Isla de Pascua, su relación con el continente y el significado del proyecto en debate. Resumiré algunos puntos de vista.
En primer lugar, la Ley Indígena (Nº 19.253), aprobada por el Congreso Nacional y que se encuentra vigente, en el inciso segundo de su artículo 1º establece que el Estado reconoce como una de las principales etnias a la rapa nui o pascuense; y en el inciso tercero agrega que es obligación del Estado proteger las tierras indígenas.
El Honorable señor Adolfo Zaldívar señaló -a mi juicio, con razón- que el problema se reduce a que de las 16 mil 600 hectáreas de superficie de la Isla de Pascua, sólo hay disponibles del orden de 1.500, para los efectos de distribuir tierras entre los pascuenses, cantidad insuficiente para las actuales necesidades de ese pueblo. En tales circunstancias, ¿qué razón podría existir para intentar compartirlas con chilenos que no pertenecemos a esa etnia?
Ocurre que, para dar cumplimiento al referido cuerpo legal, el Estado de Chile está comprando tierras en el continente. Entonces, ¿qué sentido tiene disponer en la posesión insular de las de la etnia, para favorecer a terceros que no son miembros de ella?
En segundo lugar, deseo brevemente referirme al problema de la legitimidad y constitucionalidad de la exclusión de chilenos que no formamos parte de la comunidad rapa nui respecto de las tierras de la Isla de Pascua. Baste recordar que la Ley Indígena fue examinada oportunamente, como aquí se dijo, por el Tribunal Constitucional, y éste, por fallo de 24 de septiembre de 1993, la declaró constitucional.
Pero hay más: desde las leyes de Indias en la Colonia, y a través de todas las de protección indígena durante la República, se aceptan diferencias en el acceso, uso, goce y disposición de las tierras ancestrales en beneficio de los habitantes originarios.
También se puede invocar para el mismo propósito el Derecho Internacional, como el artículo 39 de la Carta Interamericana de Garantías Sociales de la OEA, de 1948; y el Proyecto de Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado por la Comisión Interamericana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en 1997.
Es cierto que Chile es un país unitario, pero a esa unidad convergen distintas etnias, a las que el Congreso ha tratado de proteger con la citada ley, que ahora estamos perfeccionando respecto de la pascuense.
Nuestra propia Constitución, en su artículo 19, Nº 23º, permite establecer, por ley de quórum calificado -tal es el caso-, limitaciones o requisitos para adquirir el dominio cuando así lo exija el interés nacional, como tantas veces se ha hecho en nuestra legislación.
Los hombres y mujeres de la etnia rapa nui, como ocurre con los demás pueblos indígenas, existen como comunidad ligada a la tierra y a su entorno. Por eso, la ley Nº 19.253 consagra que la cultura del pueblo pascuense tiene en la tierra su principal fundamento.
Sin ir más lejos, el decreto ley Nº 2.885, dictado por el régimen militar, en 1979, en su artículo 1º, dispone lo siguiente: "Facúltese al Presidente de la República para otorgar títulos gratuitos de dominio en terrenos fiscales, urbanos o rurales, de la Isla de Pascua.
"Estos títulos podrán otorgarse, sin más trámites que los establecidos en esta ley y en su reglamento, en favor de los chilenos originarios de la Isla, entendiéndose por tales, para los efectos del presente texto, los nacidos en ella y cuyo padre o madre cumpla esta condición.
"Podrán también concederse a los chilenos, no originarios de la Isla, siempre que sean hijos de padre o madre nacidos en ella, que acrediten domicilio y residencia de cinco años y que ejerzan en ésta una profesión, oficio o actividad permanente.".
Además, el artículo 2º de la Ley Indígena vigente, en su letra a), consigna que se consideran indígenas a "Los que sean hijos de padre o madre indígena, cualquiera sea la naturaleza de su filiación,", etcétera.
Vale decir, si la limitación de que las tierras fiscales de Isla de Pascua sólo pueden entregarse a los miembros de la etnia ya estaba consagrada durante el régimen autoritario, ¿qué razón pueden esgrimir ahora los que entonces fueron sus máximas autoridades y sus seguidores para oponerse a la legislación similar que proponemos?
Algunos pueden pensar -y con razón- en la existencia de proyectos de interés de la propia comunidad pascuense, en el orden turístico, de recreación, u otros que demanden tierras para realizarlos. En dicho caso, el proyecto contempla expresamente una facultad al Presidente de la República para autorizarlos, consultando -ni siquiera con el visto bueno- a la comunidad indígena por medio de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua.
Otros han sostenido que los llamados matrimonios mixtos -o sea, entre cónyuges chilenos, donde sólo uno pertenece a la etnia- no tendrían en caso alguno posibilidad de acceder a la tierra. Ello no es así. El artículo 69 propuesto por la Comisión Mixta señala: "El o la cónyuge no rapa nui de cualquiera de las personas mencionadas en el inciso primero del artículo 66 tendrá derecho a suceder a ésta por sucesión por causa de muerte en las tierras de que trata este artículo conforme a las reglas generales.". Es decir, tratándose de un matrimonio mixto, la tierra puede ser asignada al cónyuge pascuense y, en caso de fallecimiento de éste, lo hereda el que no pertenece a la etnia.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Ha terminado su tiempo, señor Senador.
El señor HAMILTON.-
Concluyo en seguida, señor Presidente.
Pareciera que algunos quieren trasladar al Chile insular el modelo de desarrollo del continente, lo cual hiere profundamente la sensibilidad y la idiosincrasia tanto de los originales de la etnia pascuense como de las personas que, encantadas con la Isla de Pascua, han trasladado a ella su residencia. Las diferencias de nuestra cultura continental con la de origen polinésico de la posesión insular han sido reconocidas expresamente por nuestra legislación.
Así, en la ley Nº 16.441, de 1966, llamada Ley Pascua, en cuya preparación participó una Comisión del Gobierno de la época, que me correspondió presidir, se hizo una adaptación de la legislación penal que rige en el continente para aplicarse en forma amortiguada a la Isla de Pascua, atendida la particular forma de ser que emana de la cultura de sus habitantes.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Señor Senador, lamentablemente su tiempo ha terminado.
El señor HAMILTON.-
Por ejemplo, los delitos contra la propiedad se aplican con importantes rebajas de penas, toda vez que el sentido de pertenencia no es el mismo en ambos lados del Océano Pacífico. Dicha normativa se dictó para incorporar plenamente la Isla a la división política y a la gestión administrativa del país...
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Señor Senador, desgraciadamente ha acabado su tiempo. Ya se ha excedido dos minutos.
¿Cómo vota, Su Señoría?
El señor HAMILTON.-
...y se hizo ante una seria amenaza de la ONU, que consideraba, entonces, colocar a esa parte de nuestro territorio...
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
¿Cómo vota, señor Senador?
El señor HAMILTON.-
... en la lista de los "territorios coloniales".
Y, por último,...
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
¿Cómo vota, Su Señoría?
El señor HAMILTON.-
...hay quienes -con esto termino, señor Presidente- han insinuado en esta Sala que la entrega de las tierras de la Isla de Pascua sólo a los pascuenses podría crear un riesgo en relación con la soberanía chilena sobre ese territorio insular.
Desde luego, aclaremos que una cosa es la soberanía que ejerce Chile desde 1888 sobre toda la Isla -ella no está sujeta a discusión- y otra muy distinta...
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
¡Señor Senador!
El señor HAMILTON.-
...es el derecho de dominio u otro derecho real sobre partes de esa superficie...
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
¡Señor Senador, se ha extendido en su discurso más allá de lo previsto!
El señor HAMILTON.-
...que se reconozca a particulares. Y debo recordar, por si alguien lo hubiera olvidado,...
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
¡Le ruego que emita su voto, señor Senador!
El señor HAMILTON.-
...que todos los miembros de la etnia pascuense son chilenos...
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
¡Ruego a Su Señoría que se pronuncie!
El señor HAMILTON.-
...y están sometidos a la soberanía nacional...
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
¡Pido al señor Senador que emita su voto!
El señor HAMILTON.-
Arraigarlos en su tierra ancestral es afirmar la soberanía...
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
¡Por favor, señor Senador!
El señor HAMILTON.-
...y no hacerlo es, simplemente, debilitarla.
Voto que sí.
El señor LARRAÍN.-
Dentro del tiempo reglamentario, ateniéndome a las normas que nos rigen, y por respeto a los demás señores Senadores, deseo señalar muy brevemente que esta materia no es de fácil despacho, como se deduce de la situación suscitada recién, que origina inquietud e interés por manifestar una opinión distinta o fundamentar una apreciación.
A mi juicio, el informe de la Comisión Mixta no es satisfactorio, pues propone tales restricciones que, en el afán de proteger el desarrollo de una etnia, genera un aislamiento de la misma en relación al resto del país. Ciertamente, ello plantea específicamente cuestiones constitucionales y dudas acerca del acceso a la propiedad.
También hay involucrados aspectos de mayor complejidad. Desde el punto de vista antropológico, la ciencia contemporánea no propicia el aislamiento de las etnias o pueblos de origen más antiguo que están dentro de otras sociedades. Al contrario, la antropología, en la búsqueda de la preservación de las raíces culturales, procura integrarlos plenamente a esa sociedad. En el caso de que se trata, ése es el camino por seguir.
Por muchas razones, especialmente las aquí señaladas respecto del ejercicio de la soberanía, no podemos, considerando la distancia que nos separa de Isla de Pascua, convertirla en un enclave donde no se logre una verdadera integración en todos sus aspectos al resto del país. Esa materia, a mi juicio, no está debidamente salvada en el proyecto.
En mi concepto, le haríamos un flaco servicio a la etnia rapa nui y, particularmente, a la soberanía de Chile en ella, de mantener criterios aislacionistas como los expresados aquí y en el informe de la Comisión Mixta.
Por eso, el Gobierno está buscando un mecanismo, a través del veto, para corregir y equilibrar esta situación, lo cual me parece positivo.
Ahora, el veto puede ejercerse independientemente de si aprobamos o rechazamos el informe de la Comisión Mixta. Esperamos que el Gobierno -tal como lo prometió aquí, por intermedio del señor Subsecretario del Interior- formule sus observaciones con prescindencia del resultado de la votación. Y como no tengo claridad absoluta sobre el contenido de las mismas, dado que se ha informado sólo oralmente en la Sala, no puedo pronunciarme favorablemente respecto del informe, en tanto no se conozcan a cabalidad.
Por esos motivos, me abstengo.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, me llama mucho la atención el hecho de que se discuta este proyecto, porque, en realidad, como economista me toca ver la forma como se está moviendo el mundo en los últimos decenios. La tendencia es a una integración cada vez mayor, a una caída de fronteras, a comunicaciones instantáneas, y está absolutamente claro y comprobado, conforme a estudios realizados en las universidades por parte de expertos, que el progreso jamás se logra aislándose, sino que, por el contrario, integrándose.
Asimismo, no veo cómo se pretende proteger a una cultura mediante restricciones artificiales a la propiedad. Si uno realmente desea resguardarla, debe subsidiar, invertir, permitir la investigación, otorgar recursos, a fin de protegerla en forma más activa. Sin embargo, una limitación del todo artificial a la propiedad, a mi juicio, no tiende a salvaguardar cultura alguna, sino al contrario. Por ejemplo, el arribo de turistas en forma importante, la llegada de la televisión, puede destruir mucho más una cultura que el tema de la propiedad. Porque ocurre que cuando extranjeros o chilenos continentales se radican en la Isla, sus habitantes primitivos adquieren rápidamente la forma de vida de aquéllos.
Por lo tanto, estimo que éste es un proyecto absurdo, que no va a lograr el objetivo que pretende. Además, efectivamente pone en el tapete problemas de soberanía que en el futuro podríamos lamentar mucho.
Por las razones precedentemente expuestas, voto que no.
El señor MORENO.-
Señor Presidente, votaré a favor el informe de la Comisión Mixta. Y deseo hacerme cargo de algunos argumentos que aquí, tanto en la fundamentación del voto como en el debate, se han esgrimido.
En primer término, basta mirar la televisión o leer la prensa cotidianamente para darse cuenta de lo que significa la existencia de etnias y los conflictos que ellas están provocando o sufriendo. En el día de hoy, sólo es menester abrir el diario para observar los miles y miles de refugiados de un país europeo que están siendo desalojados, precisamente por la defensa de su etnia. No me voy a remontar a otros conflictos, que son, también, de data reciente, como el problema de los tutsi y de otras minorías -no tan minorías- en otros lugares de la Tierra.
Por lo tanto, es preciso dejar establecido que, en la actualidad, los organismos y tratados internacionales reconocen con toda su validez la necesidad de preservar lo que forma parte, no sólo de su cultura, sino también de su idioma, religión, espacio. En tal sentido, la humanidad actualmente no está aceptando, so pretexto de la globalización de la economía y de otros factores, la desaparición de elementos constitutivos de la raza humana en sus distintas expresiones.
En tal virtud, los argumentos dados aquí por la Senadora señora Carmen Frei los hago míos. En efecto, si quienes componen dicha etnia desean una norma de la naturaleza de la que se propone, no veo por qué quienes no formamos parte de ella estimamos que tenemos más razón que ellos mismos.
Sin embargo, hay un tercer argumento de carácter jurídico que deseo también esgrimir. Gran parte de la propiedad en distintas zonas de nuestro territorio se formó sobre la base de la existencia de limitaciones y prohibiciones, de la tierra que el Estado chileno, en uso de su soberanía, colocó a disposición, primero, de ocupantes; después, de loteros; posteriormente, de estancieros, de parceleros, a los cuales, legislaciones que no fueron hechas por gobiernos progresistas de la época -por el contrario-, les fijaban limitaciones y prohibiciones absolutas respecto de la enajenación, el arrendamiento, la cesión de explotación a terceros.
De tal manera que no aprecio la razón por la cual hoy se invoca ese argumento, por cuanto si fuésemos coherentes y lógicos, prácticamente debiéramos revisar la existencia de títulos de dominio y la forma como se ejerce la propiedad en grandes extensiones del territorio nacional, respecto de lo cual distintos señores Senadores no han dicho palabra alguna.
Por lo tanto, no acepto el concepto de que colocamos en fragilidad a la nacionalidad chilena, la integración de nuestro territorio o la soberanía. La existencia de distintos elementos en nuestra etnia forma parte del patrimonio cultural, político, social y económico chileno.
En consecuencia, voto a favor de respetar la posibilidad de que la Isla de Pascua, que se halla tan distante de nuestro territorio continental, que tiene connotaciones muy particulares y que forma parte de Chile, quede con las mismas limitaciones y prohibiciones respecto de la transferencia de títulos de dominio, de las cuales se beneficiaron otros en el pasado para constituir también su legítima propiedad actual.
Voto a favor.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, ésta es una materia que estamos tratando hace bastante tiempo. Tengo la sensación de que en este debate hemos retrocedido con relación a la discusión que, en su oportunidad, tanto en la Cámara como en el Senado, llevamos a cabo sobre la Ley Indígena. Me parece que aquí no estamos asumiendo el hecho de que esa normativa, por primera vez en el país, dio cuenta del hecho de que nuestra nacionalidad está constituida por distintos sectores culturalmente diferentes, que tienen, cada uno de ellos, una manera de enfrentar fenómenos tan de fondo como el tema de la propiedad y de la tierra.
Cuando discutimos lo relativo a los mapuches, a los aimaras, dimos cuenta de esa realidad, que va más allá de cualquier otra disposición. Se refiere a cuestiones culturales muy de fondo, que dicen relación a la forma como se integró el Estado.
Ahora, el debate respecto de la etnia rapa nui nos ha hecho llegar -no sólo en el actual Congreso, sino también en los del pasado-, por distintos caminos, al hecho de que ellos tienen una manera diferente, distinta de la nuestra, de acercarse a la propiedad y, particularmente, a la de la tierra. Los pascuenses carecen de la concepción según la cual la tierra es poder; para ellos es la continuidad misma de su razón de existir. Por lo tanto, cualquier tratamiento que de la tierra y de la propiedad de la misma se haga, se está refiriendo esencialmente a un hecho trascendental para la subsistencia y protección de dicha etnia.
Por eso, hemos tratado de legislar de una manera muy cuidadosa. Estos mismos preceptos, obviamente, no son aplicables en otros lugares del territorio nacional, pero sí lo son a una isla muy pequeña, extraordinariamente débil y frágil, no sólo por la composición de su población -que es muy reducida-, sino también por los efectos de la erosión permanente que ha sufrido, y que requiere la protección del Estado de Chile si se desea efectivamente asumir los desafíos del desarrollo del futuro.
Por tal motivo, el proyecto que nos ocupa tuvo especial cuidado de acoger las insinuaciones y planteamientos de quienes, en representación de la Isla, reflejando el arco iris que en su interior existe, reiteradamente nos hicieron presente en las Comisiones de Gobierno y Medio Ambiente, unidas, donde tuvimos la oportunidad de estudiar la materia en comento.
Lo más grave que se ha señalado acá es que quienes eventualmente votemos a favor del informe estamos atentando contra la soberanía y la integridad nacional. Eso es absolutamente falso. A mi juicio, es muy peregrino y extraordinariamente peligroso deslizar un planteamiento de esa naturaleza. Estamos del todo convencidos de que respetamos y hacemos valedera, de manera más profunda, la soberanía y la integridad territorial de nuestro país sobre esa isla, si somos capaces de proteger la naturaleza y características del pueblo pascuense. De no hacerlo, seguramente vamos a incurrir en los graves errores que han cometido otras naciones -incluso algunas desarrolladas de Europa- que, como muy bien recordaba el Senador señor Moreno, hoy se ven en serias dificultades y problemas respecto a las situaciones que viven sus minorías étnicas. Creo extraordinariamente peligroso que se deslice una cuestión de esa naturaleza.
Estamos convencidos, además, de que hemos preservado bien la cultura pascuense, porque la Ley Indígena y este mismo proyecto entregan facultades importantes a la Comisión de Desarrollo. ¿Y quiénes conforman esta Comisión? La componen, además, miembros del Estado de Chile. Y, entonces, difícilmente algún Senador -por lo demás, sería muy peregrino sostenerlo- podría decir que alguno de sus representantes puede atentar eventualmente contra la integridad territorial y la necesidad de que Isla de Pascua se mantenga profundamente integrada a nuestra nación.
Además, la Comisión de Desarrollo tiene un poder sumamente importante. No es un organismo burocrático, ni se entiende como una entidad meramente superestructural. Se trata de una Comisión de Desarrollo -entiéndase bien-, pues ninguno de nosotros piensa que la isla debe mantenerse tal como está. Estamos absolutamente convencidos de que debemos impulsar el desarrollo de la isla, pero sobre la base de sus características y rasgos propios. Y el Estado, a través de la Comisión referida, tiene la posibilidad de promover el desarrollo, conjuntamente con los habitantes de ella, sobre la base también de los recursos de tierra que el mismo Estado posee.
El propio proyecto -y con esto termino- prevé la posibilidad de que parte de las tierras del Fisco sea destinada a tareas de desarrollo, como el turismo, o entregarlas, según determinados mecanismos de propiedad, a algunas entidades que puedan colaborar al desarrollo de la isla.
Por ello, no se trata de impulsar una concepción aislacionista de la Isla de Pascua, sino de integrarla de mejor manera para los efectos de que pueda enfrentar sus desafíos como parte integrante de nuestra nación.
Por ello, voto a favor.
El señor PARRA.-
Señor Presidente, voy a fundamentar mi voto porque hace un par de semanas, a requerimiento de un señor Senador, suscribí una nota dirigida al Presidente de la República en la que se le solicitaba introducir en la iniciativa, por la vía del veto, una reserva parcial de terrenos a cuyo dominio pudieran acceder otros chilenos distintos de los que forman parte de la etnia rapa nui. Con posterioridad a dicha firma, he estudiado con detención el proyecto y he llegado a la conclusión de que, desde todo punto de vista, es aconsejable y no presenta los peligros que algunos Senadores han sugerido en sus intervenciones.
En primer lugar, no tengo dudas respecto de la constitucionalidad de la iniciativa. Lo ha dicho bien el Senador señor Hamilton: el inciso segundo del número 23 del artículo 19 de la Constitución Política establece claramente que, a través de una ley de quórum calificado, pueden establecerse requisitos especiales para el acceso al dominio de algunos bienes. Y eso es lo que se está haciendo ahora.
En segundo término, algo que no se ha dicho en el curso de este debate es que, para poder acceder al dominio en los términos que la ley dispone, quienes forman parte de esta etnia deben necesariamente tener además la nacionalidad chilena, porque, tal como está construida la Ley Indígena, se puede perfectamente bien ser parte de la etnia y no contar con la nacionalidad chilena. Entonces, esas personas quedan excluidas del acceso al dominio a través del proyecto que estamos votando.
En seguida, sin duda estas normas representan, en sentido social, herramientas para el desarrollo de los habitantes de la isla que forman parte de la etnia rapa nui. Es lo que ha hecho el Estado de Chile en muchas oportunidades, como se ha recordado en la Sala, a través de la legislación nacional respecto de otros chilenos que también formaban parte de etnias distintas.
Quiero recordar un hecho ocurrido en estos días. Una legislación profundamente equivocada y socialmente errónea impulsó en las décadas de los años 70 y 80 la liquidación de muchas comunidades indígenas, con la esperanza de que la división de ellas y la radicación de las tierras en dominio privado constituyeran instrumentos reales para el desarrollo de esas personas. Con ese proceder se desconoció el factor antropológico que se hallaba en juego. Y hoy el Estado de Chile debe estar comprando tierras para facilitar la recomposición de esas mismas comunidades indígenas y entregarles de esa manera un efectivo instrumento de desarrollo.
Por otro lado, esta normativa no cierra el territorio de la isla, impidiendo que otros chilenos desarrollen actividades de distinta naturaleza. Además, no limita el ejercicio de la ciudadanía, de los derechos políticos y, mucho menos, de los derechos civiles de que hacen uso las otras personas que habitan en la isla. Ellas serán quienes generarán sus representantes ante el Congreso Nacional en conjunto con los chilenos que son parte de la etnia rapa nui; elegirán sus autoridades locales y, desde luego, compartirán con los miembros de esa etnia el desarrollo de actividades económicas de distinta naturaleza.
La presencia y dominio del Estado, los instrumentos jurídicos de que éste dispone para otorgar tierras en concesión o en arrendamiento y de esa manera facilitar que otros chilenos inviertan y realicen actividades económicas que contribuyan al desarrollo de la isla, y la posibilidad de los propios nativos rapa nui de aportar a sociedades en usufructo los terrenos que adquieran en dominio, sin duda garantizan que se dotará con instrumentos de desarrollo, de identidad y de pertenencia no sólo a la isla, sino también a la nación chilena:
Por el sentido social de estos preceptos y porque en nada afectan la soberanía nacional, voto favorablemente.
El señor PINOCHET.-
Señor Presidente, las normas que nos preocupan y que se refieren a la constitución del dominio en la Isla de Pascua presentan, a mi juicio, graves cuestionamientos relativos especialmente a la soberanía nacional, a la condición desmedrada en que quedarían los que aparecen como beneficiarios y a las garantías constitucionales del derecho a la propiedad y del ejercicio del derecho de propiedad.
Particular importancia asigno al primer aspecto mencionado, porque en la forma como ha quedado la iniciativa se consagraría un régimen excluyente absoluto e incompatible con los conceptos de Estado y de nación.
Por estas razones, manifiesto mi disconformidad con el proyecto en los términos en que lo está proponiendo la Comisión Mixta.
Voto negativamente.
El señor PRAT.-
Señor Presidente, creo fervientemente que el país será más grande en la medida en que se halle poblado por hombres libres, dotados de amplias facultades y con horizontes abiertos para buscar su propio desarrollo. Cada vez que, por buscar un objetivo loable, entorpecemos la libertad de las personas a través de las leyes, las afectamos a ellas y a la potencialidad del país en su conjunto.
Ayer oíamos a un Senador quejarse de las amenazas draconianas del titular del Ministerio de la Vivienda respecto de quienes arrendaran las propiedades obtenidas por medio de subsidios. Allí hay un afán de regular la vida de los ciudadanos que atenta contra su libertad, contra la disposición de sus bienes y que, en definitiva, hace que un país sea más pobre y pequeño.
Cuando se habla de la política orientada al sector indígena, que busca integrar a sus miembros al país, afectándolos -por ejemplo a través del establecimiento de un sistema de propiedad individual de la tierra-, no puedo sino estar en pleno desacuerdo. La evidencia empírica muestra que la propiedad comunitaria, cuando es obligada por la ley y no alcanzada por la voluntariedad de los integrantes de la comunidad, en definitiva termina perjudicándola. Las situaciones de pobreza que se viven hoy en el sector indígena, particularmente en la zona que represento, están mucho más radicadas en sistemas colectivistas; ésa es la causa fundamental y no el sistema de propiedad individual y la posibilidad de definir el propio futuro y la disposición de los bienes.
La Ley Indígena ha avanzado en esta materia por un camino equivocado. Por lo tanto, en lo referente a Isla de Pascua, yo trataría de no repetir los errores contenidos en aquella normativa. Ya habrá oportunidad de enmendar todos los conceptos equivocados de la legislación indígena dictada en 1993.
En cuanto al articulado que se nos presenta, estimo que el limitar la propiedad de la tierra sólo a quienes, siendo chilenos, pertenecen a la etnia rapa nui implica, en primer lugar, dañar a esa etnia, generándole un entorno de pobreza que actualmente la afecta y que crecientemente se constituirá en una espina en los intereses nacionales respecto de la soberanía sobre esa área.
El eternizar una situación de atraso, de pobreza, va a afectar en definitiva los intereses nacionales, y más temprano que tarde nos vamos a arrepentir de haber optado por mantener, como dije, conceptos equivocados. En definitiva, vamos a ver limitado el crecimiento, el desarrollo y las posibilidades de ser libres de las personas a las que queremos ayudar.
Entiendo que el veto podría significar alguna atenuación de los efectos que este proyecto genera. Sin embargo, prefiero la ley vigente antes que estas normas mejoradas o atenuadas por el veto que se propone.
Por las razones expuestas, voto en contra.
El señor STANGE.-
Señor Presidente, he escuchado con mucha atención las diversas interpretaciones de los señores Senadores que me han antecedido. Desde luego, éste no es un proyecto de fácil despacho. En caso de ser aprobado en la forma propuesta por la Comisión Mixta, se concretará un acto irreversible que puede tener futuras consecuencias graves que ahora no podemos adivinar.
Por ello, voto que no.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, la Sala conoce mi punto de vista sobre este proyecto. Sabe de mi posición favorable a ayudar a todo lo que favorezca a la etnia rapa nui, a conservar su cultura. Pero sabe también que en mi opinión las normas que se pretende aplicar van en contra de esos propósitos y, simultáneamente, envuelven otros graves inconvenientes.
La mera circunstancia de que quienes viven en Isla de Pascua y son de la etnia pascuense -cuyo número no alcanza a 2 mil personas- tengan determinados deseos, no significa que necesariamente tengamos que acceder a ellos, porque se crearía un precedente muy peligroso, el que obviamente no estamos aplicando a otros sectores de la población. No me cabe duda de que, si nos atuviéramos al pensamiento de los profesores, deberíamos doblar o triplicar sus sueldos -y lo mismo acontecería si se satisficieran las necesidades de vivienda y de salud de la gente-, lo que no siempre se puede hacer, porque hay inconvenientes, barreras u otros intereses superiores.
En este caso se ha anunciado un veto del Ejecutivo que podría mejorar el proyecto. Lamentablemente, dadas las circunstancias en que se ha debido actuar acá, no conocemos el texto de ese veto, que en todo caso puede hacerse valer cualquiera que sea el pronunciamiento de la Sala.
Por ello, teniendo presentes estas consideraciones, pero no siendo posible aprobar disposiciones como las que están en votación, me abstengo, señor Presidente.
El señor VALDÉS.-
Señor Presidente, he escuchado con mucha atención las distintas opiniones vertidas sobre la iniciativa. El asunto es de por sí delicado, y ya se produjo un intercambio de opiniones acerca de él en una sesión anterior.
La soberanía chilena, cuya defensa es una obligación primordial, básica, y que debe estar presente siempre, particularmente en el Congreso y en la legislación, tiene que compatibilizarse con un hecho de creciente importancia en el mundo: el respeto a culturas que tienen solidez, antigüedad y, por lo tanto, respetabilidad. En este sentido estamos obligados a buscar una fórmula de entendimiento en la que también participe el proceso, igualmente creciente, de aprobación de tratados, acuerdos y toma de conciencia internacional en cuanto a que grupos y nacionalidades identificados por ciertos valores, aunque formen parte del Estado, tienen derechos permanentes que deben ser respetados.
Hoy el concepto de Estado está afectado por un proceso de globalización. Ésta es una realidad inevitable y yo la creo beneficiosa desde el punto de vista de que se trata de un movimiento histórico que avanza en función de liberar a las personas y de disminuir el poder de ciertas instituciones sobre ellas, y de crear, en definitiva, una legislación mundial. Hemos visto cómo esta globalización actualmente está perforada por la soltura con que actúa la economía, que se ha separado de la política, lo que constituye la gran tragedia de los tiempos modernos. Ahora los Estados están sometidos a operaciones financieras de algunos grupos sobre los cuales nada puede hacerse.
Pero justamente en todos los textos y discusiones -en Europa, en Estados Unidos, en todas partes- se considera que la globalización, siendo un fenómeno necesario, inevitable, que va con el curso de la historia, hace resaltar las individualidades no solamente de las personas, sino también la de los grupos. Esto, porque lo que desaparece progresivamente es el Estado, como sucede en Europa -hace un mes estuve en una reunión en donde se trató este asunto-; la moneda deja de ser poder nacional; en Europa las Fuerzas Armadas pasan a ser comunes; hay muchas actividades hasta ahora propias del Estado y que se convierten en colectivas. Pero lo que resurge es el respeto a identidades, sean regionales, provinciales o, sobre todo, étnicas. Eso sucede en todo el mundo.
Las etnias, aun aquellas no perfectamente claras, como en el caso de los normandos, vénetos o catalanes, adquieren una dimensión histórica que se torna cada vez más respetable.
En este contexto, creo que debemos dar a la etnia rapa nui una solución que respete su visión del mundo. Porque la cultura no es otra cosa que la visión que se tiene respecto del mundo. Unamuno la definió como la ventana por la cual se mira el mundo. Ellos lo miran de otra manera, tal como les ocurre a los huilliches y a otros grupos. Pues bien, eso hay que respetarlo. Y no se trata sólo de enseñarles el idioma, de respetar sus tradiciones o sus liturgias; también hay que concederles la oportunidad de vivir en un territorio que era de ellos antes de ser chileno. Ahora, no discutimos si es o no es chileno. El problema es dar a los rapa nui una garantía de que no van a ser reemplazados.
A mi juicio, el peligro de Isla de Pascua no es que la tierra pueda ser enajenada a extranjeros o a chilenos del continente, sino la pobreza. Pero la pobreza no puede estar conectada de tal manera con una etnia, que ella deba seguir siendo pobre siempre. En eso concuerdo con el señor Senador de la Décima Región Sur respecto de lo que dijo de la ley indígena: tengo mis reservas sobre esa normativa, porque condena a la gente a vivir en su tierra, y esto no constituye una solución definitiva para su incorporación. Al contrario: conociendo bien el problema ahora, puedo decir que, a veces, tal condena pasa a ser un anclaje en la pobreza, y no una liberación de las personas, y eso es un problema serio.
Sin embargo, con la aclaración hecha por el señor Subsecretario y el compromiso tomado por el Gobierno, me parece que se están cuidando los diversos aspectos en juego aquí, por lo que, si bien con ciertas dudas, concurriré a aprobar la iniciativa. En cualquier caso, los riesgos son más graves si no damos garantías a la etnia rapa nui para que tenga su propiedad en su tierra.
Voto que sí.
El señor VEGA.-
Señor Presidente, el tema es sumamente interesante porque dice relación a un segmento de nuestro territorio que tiene una característica muy particular. Por ello, las medidas que se propongan deben también ser muy particulares. Las normas que rigen en el territorio continental no son aplicables en su integridad a ese peculiar pedazo de territorio. Su posición geográfica -uno de nuestros límites- y su población lo convierten en un tema de soberanía que debemos analizar cuidadosamente. La soberanía es un principio, el fin último del poder público. Por lo tanto, permanentemente debe ser cuidada, controlada y fortalecida.
En mi opinión, esta enmienda a la Ley sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Pueblos Indígenas es compatible con el resguardo de esa soberanía. Creo que la forma final de asegurar la soberanía de este especial pedazo de tierra es que pertenezca al Estado, que el Estado sea el responsable presente y futuro de la isla. Ello, sin perjuicio de entregar parte de las tierras a su población originaria, pues todo chileno tiene el derecho de ser dueño de la tierra sobre la cual vive.
Todos sabemos que la isla no va a entregar la calidad de vida que requiere su población. Por lo tanto, me parece que el Estado, siendo dueño de parte de la misma, debiera preocuparse, con un plan de mediano y largo plazos, de concurrir con un apoyo efectivo a sus habitantes. Hemos hablado por muchos años de apoyarlos, y ellos mismos han reclamado una ayuda más directa del Estado. Por supuesto, se ha hecho mucho por ellos, pero considero que faltan el gran empuje y el gran plan que realmente proyecten a esta etnia, con sus orígenes, sus principios, su cultura, a los niveles que demanda hoy la globalización del mundo.
Hay 2 mil 200 millas de distancia al continente, y 2 mil 500 ó 3 mil millas, tal vez, a Tahití. La isla es el puente de plata al Asia. El avión Manutara, en la década de los 50, la conectó con el continente en 22 horas. Hoy en día, se vincula con las distintas capitales de América en 4, 5 y 6 horas. Por lo tanto, constituye un punto de apoyo para el futuro desarrollo de nuestro país. Por eso es tan necesario cuidar su futuro.
Señor Presidente, a mi juicio, la modificación propuesta es compatible con ese futuro y con el debido cuidado y control de la soberanía de ese territorio, por lo que voto a favor del informe de la Comisión Mixta.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, a diferencia del Senador señor Stange, no entiendo la ley en proyecto como definitiva, sino como una ley que después, cuando se vaya desarrollando la isla, podrá ir variando. De lo que se trata aquí es de preservar las características propias de la etnia rapa nui -eso me parece lógico- y de que la primera entrega de tierras se haga a personas que provengan de ella. Lo que me preocupa es cómo será el desarrollo posterior de la isla en esta materia. En mi opinión, después debiera permitirse que se rigiera por normas como las que rigen en todo el mundo, y no condenarla de por vida -por así decir- a una cierta situación de interdicción respecto del desarrollo propio de la economía mundial. O sea, sus habitantes debieran acceder a la modernidad, con las características rapa nui.
Ahora, es bien difícil para nosotros hacer esa síntesis, porque entendemos muy poco de su cultura. Aquí se habla mucho en nombre de la etnia rapa nui, pero tal vez no todos los señores Senadores están muy interiorizados de ella. Estuve sólo una vez en la isla, y confieso que me sentí en un país bastante distante del que yo conocía, en todo orden de cosas.
Por otro lado, señor Presidente, quiero llamar la atención sobre un punto muy particular, aprovechando la presencia del señor Subsecretario: la principal riqueza arqueológica de Chile se encuentra hoy muy abandonada, y en manos de una empresa que pertenece a la CORFO. A mi juicio, cuando el Gobierno mande el nuevo proyecto de institucionalidad cultural debiera sustraer de esa empresa CORFO la principal riqueza arqueológica de nuestro país -que es, por lo demás un bien del patrimonio de la humanidad- y darle la jerarquía e importancia que merece. O sea, espero que haya en esa iniciativa un cambio tal que los terrenos donde se hallan ubicados los moai no sean cuidados por una empresa de la CORFO, sino por una entidad que tenga una preocupación eminentemente cultural.
Voto que sí.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Señor Presidente, más allá de la forma como estemos votando -cada cual con sus razones, todas legítimas por cierto-, el proyecto no hace más que reconocer una realidad: parte importante de mil y tantas hectáreas de la isla está siendo ocupada hoy día por pascuenses, por gente que vive allá y que necesita tener un espacio donde poder vivir. Por tanto, el sentido de la iniciativa es regularizar una situación de hecho, además de abordar otras cuestiones bastante importantes que se han señalado y que no creo necesario reiterar.
La realidad que menciono es efectiva; nadie la ha inventado. Por eso, el proyecto en su forma primitiva dejaba, incluso, la posibilidad de que quienes reclamaran su etnia pascuense lo hicieran en forma más seria, y no por simples aproximaciones. De no aprobarse la iniciativa, por supuesto que esto va a quedar con cierta ambigüedad. Además, mediante la ley Nº 19.253, actualmente vigente, el Gobierno puede entregar -espero que así lo haga- la tierra a los pascuenses y regularizar así esta situación, aun cuando no en forma más perfecta, como la propuesta en la iniciativa en debate.
Más adelante se verá cómo se puede seguir avanzando. Pero lo importante es que la cultura pascuense, que es parte de nuestra nación, pueda tener hoy un espacio. Y el hecho de votar a favor no significa que nos estemos pronunciando en contra de la unidad e integridad nacional. Al contrario, estamos reconociendo una diversidad que, al igual que otros pueblos del continente americano, hace a estos países diferentes de otros. Falta mucho por avanzar. Sin embargo, reconociendo nuestra realidad y nuestra diversidad, no puedo dejar de rebelarme cuando escucho argumentos de orden económico o de otra naturaleza para definir cuestiones que son propias de nuestra identidad nacional.
Por los motivos expuestos, voto que sí.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, no deseo abusar de la paciencia de los señores Senadores, pero como soy uno de los autores del proyecto no me gustaría guardar silencio.
Se han formulado objeciones muy duras a la finalidad de esta iniciativa. Incluso, se ha puesto en duda y se ha estimado que la soberanía nacional queda poco guarecida.
En primer lugar, respecto del objetivo que tuvimos en vista para presentar el proyecto, ése no fue otro que interpretar una solicitud de los propios pascuenses. Y, efectivamente, a lo mejor, se podría discutir acerca de si es excesivo o no limitar el acceso a las tierras sólo a los pascuenses, a sus descendientes o a los pertenecientes a su etnia.
No deseo hacer un relato histórico, pero lo cierto es que quienes conocen la isla saben que los pascuenses son ocupantes de los terrenos que actualmente se pretende transferir. Y si los isleños decidieran exigir la protección de la ley vigente, lo podrían hacer en virtud de lo dispuesto en el número 2º del artículo 12, que dice que, para los efectos de esta ley, "Son tierras indígenas: "2º Aquellas que históricamente han ocupado y poseen las personas o comunidades", y señala varias etnias. Entre ellas menciona la rapa nui, que es la etnia pascuense. Por lo tanto, si son ocupantes, de acuerdo con el número 2º del artículo 12 podrían solicitar que se les reconociera el dominio de sus tierras.
Pues bien, mediante la iniciativa en debate lo único que estamos haciendo es facilitar el trámite. Incluso, de conformidad con el decreto ley Nº 2.695, de 1979, del entonces Ministerio de Tierras y Colonización (actual Ministerio de Bienes Nacionales), podrían solicitar la adjudicación de las tierras que ocupan como poseedores pacíficos desde hace tiempo, y que se les otorguen los títulos correspondientes. Pero ése es un trámite que deben efectuar por la vía administrativa, y que el proyecto pretende subsanar a través de un procedimiento más directo.
Luego, ¿qué pasa con esta norma tan discutida que agrega incisos al artículo 13? Que si aplicáramos la ley actual a las tierras que ocupan los indígenas, más toda la reglamentación que existe respecto a las diversas comunidades y etnias, así como a los derechos sucesorios, resulta que está todo reglamentado. No sé si se podrá decir que lo está bien o mal, pero la verdad es que cuando estas etnias han carecido de protección respecto de las tierras que ocupan han sido despojadas de ellas, por diversas razones. Tal es el caso de una existente en la zona de Punta Arenas, la que fue prácticamente barrida.
El artículo 13 de la ley vigente dispone que estas tierras no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas ni adquiridas por prescripción. Sólo se permite gravarlas previa autorización de la Corporación que crea la ley.
Además, en los incisos que se agregan se utiliza el mismo lenguaje: "Por exigirlo el interés nacional", las tierras gozarán de la protección de la ley. Lo único que no se les permite -lo añadimos- es la permuta. Sin embargo, de acuerdo con la norma vigente antes citada, los indígenas pueden permutar sus tierras, siempre que lo hagan por otras de similar valor comercial debidamente acreditado, las que se considerarán tierras indígenas. Es decir, se les permite hacerlo. Pero en la Isla de Pascua, no. Entonces, ¿qué estamos señalando? Mediante la normativa que se propone pretendemos dar acceso a la propiedad de la tierra a quienes históricamente la han ocupado, en lo cual estoy de acuerdo. Sobre el particular, me ha parecido muy buena la intervención del señor Subsecretario, con quien ya había hablado. Estoy totalmente de acuerdo en cuanto a que no puede extenderse esto a que los mil o dos mil pascuenses pretendan ser propietarios de toda la isla. Pero sí tienen derecho a ser dueños de la tierra que ocupan, que son más o menos mil 500 ó 2 mil hectáreas.
¿Y qué hemos estado haciendo? Hemos solicitado al señor Subsecretario, para que no quede en el aire esa observación formulada aquí en cuanto a que toda la Isla va a quedar sujeta nada más que al dominio de la etnia rapa nui, que contraiga el compromiso, que se concretaría a través de un veto, para reducir esto sólo a las tierras que ocupan los pascuenses. Y que la adjudicación de cualquiera otra que se efectúe en el futuro deberá hacerse en virtud de un proyecto de ley que habrá de discutirse en el Parlamento. Para mí, eso es suficiente garantía. Tengo que hacer fe en la palabra del señor Subsecretario. Y seré el primero en exigir el cumplimiento del compromiso, además, como Presidente del Senado, en cuanto a limitar la extensión de terreno a lo que hemos señalado, dos mil hectáreas, y dejar el resto de Isla de Pascua para que sea el Congreso el que resuelva cómo se va a desarrollar en el próximo tiempo lo relativo a la transferencia de propiedades que excedan esa superficie para otros sectores o para los mismos pascuenses. Eso lo resolveremos aquí. Pero, en todo caso, con esta normativa lograremos un objetivo.
Sinceramente, puedo decir que cuando hemos estado en Isla de Pascua realmente uno se da cuenta de que los isleños se sienten distantes de nosotros. De rechazarse esta iniciativa de ley, que ellos están esperando desde hace mucho tiempo -y fui uno de los requeridos por ellos-, estoy cierto de que eso les va a provocar la sensación de que no estamos atendiendo lo que les corresponde. Si revisamos los documentos históricos, nos daremos cuenta de que tenemos la obligación histórica de respetar el dominio de ellos sobre las áreas que están ocupando. Y, además, por ley de la República, hoy podrían reclamar que se les diera título de dominio por la ocupación de esas tierras.
Por las razones expuestas voto que sí.
El señor LAGOS (Secretario).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
El señor LAGOS (Secretario).-
Resultado de la votación: 23 votos por la afirmativa, 9 por la negativa y 3 abstenciones.
Votaron por la afirmativa los señores Bitar, Boeninger, Cantero, Cordero, Foxley, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Moreno, Núñez, Páez, Parra, Ríos, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo), Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Aburto, Canessa, Chadwick, Erráruziz, Martínez, Matthei, Pinochet, Prat y Stange.
Se abstuvieron los señores Bombal, Larraín y Urenda.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, las abstenciones influyen.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
El señor Secretario dará respuesta a lo señalado por el Honorable señor Andrés Zaldívar.
El señor LAGOS (Secretario).-
Se trata de una iniciativa de ley de quórum calificado. En este caso, la Constitución exige la mayoría de los señores Senadores en ejercicio, es decir, un mínimo de 24 votos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Si me permiten, como Presidente del Senado, me corresponde interpretar el Reglamento.
Indiscutiblemente, las abstenciones influyen en el resultado de la votación. El Reglamento dice que cuando hay abstenciones y no se ha logrado la mayoría, se debe solicitar un pronunciamiento a los señores Senadores que se han abstenido, para ver si se logra la aprobación o el rechazo.
Por lo tanto, de acuerdo con mi interpretación, por supuesto que las abstenciones influyen en el resultado de la votación. Y si repetida ésta, la abstención de los tres señores Senadores se mantiene y nuevamente se logran 23 votos a favor, por cierto que se va a dar por rechazado el informe de la Comisión Mixta. Pero ello no puede suceder en la primera votación. Ésa es la interpretación de la Mesa.
Vamos a votar de nuevo; o si lo prefiere la Sala, sólo consultaríamos a los tres señores Senadores que se abstuvieron.
El señor PRAT.-
Señor Presidente, solicito que profundicemos el análisis de lo señalado. Quizás lo podría hacer la Secretaría.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
El Reglamento lo interpreta la Presidencia, no la Secretaría, señor Senador.
El señor VIERA-GALLO.-
¿Me permite, señor Presidente referirme a un problema reglamentario?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VIERA-GALLO.-
Es para saber, señor Presidente, ¿cuál sería el efecto si persisten las abstenciones? Tengo la impresión de que, en tal caso, la abstención se sumaría a los votos positivos.
El señor LARRAÍN.-
Tiene una mala impresión, señor Senador, porque se trata de una materia de quórum especial, la cual debe reunir el número requerido.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Si me permiten, voy a precisar lo planteado.
Si se mantiene la abstención y no se logran 24 votos a favor, efectivamente no se aprobaría la disposición, pues, en tal caso, no se suman las abstenciones a la mayoría.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, las abstenciones se mantienen.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
El señor Secretario tomará nuevamente la votación de los tres señores Senadores que se abstuvieron.
El señor LAGOS (Secretario).-
¿Cómo vota Honorable señor Bombal?
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, mantengo mi abstención.
El señor LAGOS (Secretario).-
¿El Senador señor Larraín?
El señor LARRAÍN.-
Me abstengo.
El señor LAGOS (Secretario).-
¿El Senador señor Urenda?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
El Honorable señor Urenda no está presente en la Sala.
--Queda rechazado el informe de la Comisión Mixta, por no haberse reunido el quórum requerido.
El señor MARTÍNEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, pienso que es el momento para insistir en algo sumamente importante: es la oportunidad para que, dentro de las facultades privativas -sea del Supremo Gobierno o de los señores Senadores-, se proponga un proyecto de ley que corrija el único punto de diferencia que ha habido en esta extraordinaria discusión.
El segundo aspecto es que deben tenerse presentes los documentos originales con los cuales la Isla de Pascua fue traspasada a Chile y aceptada por nuestro país. Y eso es muy importante, porque en ninguna parte de esos documentos originales se habla de terreno, de territorio o de tierras. En esos momentos, las tierras de la isla eran de propiedad privada. En ninguna parte de los documentos históricos se plantea el problema de la tierra. Y es más, se reconoce a Chile la soberanía a perpetuidad de ese territorio.
Por lo tanto, si se esgrime el argumento de la tierra, él no es aplicable. Distinto sería que el Estado soberano quisiera entregar la tierra, como naturalmente ha sido el propósito de las leyes dictadas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En todo caso, espero que a través del veto aditivo, el Gobierno -a lo mejor, para satisfacer las inquietudes de algunas de las personas que se han abstenido u de otras que no lo hubieran hecho- proponga una disposición que mejore el proyecto, de manera de aprobar una ley que realmente produzca efecto. Porque, después del rechazo del informe de la Comisión Mixta, la situación, a lo mejor, va a quedar más débil aún de lo que existía en la Ley Indígena.
Por lo tanto, pido al Ejecutivo, a través del señor Subsecretario, el envío de un veto aditivo sobre la materia.
El señor BITAR.-
Señor Presidente, quiero sumarme a su apreciación, a fin de que el Ejecutivo pueda esclarecer y mejorar la norma.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, eso es lo que deseamos quienes nos hemos abstenido, entre otras cosas, porque creemos que muchos problemas se pueden resolver por medio de un veto. Y con ese espíritu hemos mantenido nuestra abstención.
Para los efectos prácticos, da lo mismo haber votado a favor o en contra si el Ejecutivo enviará un veto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El Gobierno insistirá con el veto. Y espero que logremos una solución, porque será por el bien de los habitantes de Isla de Pascua.
Se va a iniciar el Orden del Día, que ha de durar hasta las 20:30, porque Fácil Despacho ha resultado más extenso de lo previsto.
Corresponde tratar el proyecto sobre probidad administrativa.
El señor LARRAÍN.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, independiente de ello, se advierte la dificultad del despacho de ciertas normas que son de quórum especial, las que se pueden perder si no hay número suficiente de señores Senadores.
Preferiría que continuáremos en los asuntos de Fácil Despacho.
El señor PRAT.-
Señor Presidente, adicionalmente habrá que conceder permiso para que las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, funcionen paralelamente con la Sala, lo cual compromete a diez señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Si le parece a la Sala, propongo despachar hoy los dos proyectos que a pedido del Honorable señor Fernández se adicionaron a Fácil Despacho: el que modifica la Planta y Grados del Personal de Carabineros de Chile, y el referente a la Planta de Oficiales y Empleados Civiles de la Armada. La reforma del Reglamento quedaría para una sesión posterior.
¿Habría acuerdo?
El señor PRAT.-
Sí, señor Presidente.
El señor SILVA.-
Señor Presidente, hay un informe recaído en una solicitud de rehabilitación de ciudadanía que también podríamos tratar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Efectivamente, señor Senador.
Por lo tanto, podríamos despachar los proyecto a que se ha hecho referencia y dejar pendiente el relativo a la probidad funcionaria
Quiero plantear el siguiente compromiso: que el martes 30 de junio, cuando celebremos la primera sesión después de la semana regional, se trate el proyecto sobre probidad administrativa en el primer lugar de la tabla, para discutirlo, votarlo y despacharlo en esa misma sesión.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, el único inconveniente es que, por tratarse de una discusión particular, no podemos garantizar el despacho para ese día, aun cuando entiendo el ánimo del señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Si vemos que se prolonga mucho su discusión, continuaríamos en la sesión siguiente.
¿Habría acuerdo de proceder de esa forma?
Acordado.
El señor BITAR.-
Señor Presidente, ¿la Mesa sugiere que veamos, además del proyecto que figura en el Nº 2 de la tabla de Fácil Despacho, relativo al informe de una solicitud de rehabilitación, los temas de las plantas de Carabineros y de la Armada?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Fue aprobado tratar ahora ambos proyectos en la tabla de Fácil Despacho, sin discusión.
¿Desea que cambiemos el acuerdo, señor Senador?
El señor BITAR.-
No, señor Presidente, pero advierto que esos dos proyectos no estaban en la tabla, y que se acaba de repartir el informe de uno de ellos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Uno de los proyectos figura en el Nº 13 del Orden del Día.
El señor BITAR.-
¡Acaban de repartir el informe de esa iniciativa!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
No, señor Senador. Ese proyecto es el que modifica la Planta de Oficiales y Empleados Civiles de la Armada.
El señor BITAR.-
Señor Presidente, no quisiera ser obstáculo, pero preferiría tener la ocasión, por lo menos, de analizarlo.
El señor FERNÁNDEZ.-
Es muy simple, señor Senador, pues se trata de crear un cargo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
¿Da el acuerdo, Honorable señor Bitar?
El señor BITAR.-
Sí, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Bombal.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, entiendo que el proyecto sobre probidad administrativa no queda para ser despachado el día martes. No es ése el acuerdo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
El acuerdo es hacer lo posible por despacharlo el martes; pero si se agota el tiempo, postergar su estudio para el día siguiente. Pero la idea es intentar sacarlo cuanto antes.
El señor BOMBAL.-
Eso es lo correcto; pero no se acordó terminar el martes, porque me temo que será difícil.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Vamos a tratar de hacerlo.
MODIFICACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.291, que reestructura y fija la planta y grados del Personal de Carabineros de Chile, con informes de las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda.
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 11ª, en 5 de mayo de 1998.
Informes de Comisión:
Defensa, sesión 6ª, en 16 de junio de 1998.
Hacienda, sesión 6ª, en 16 de junio de 1998.
El señor LAGOS (Secretario).-
La Comisión de Defensa Nacional aprobó por unanimidad el proyecto. Y la de Hacienda, después de dejar constancia de que la iniciativa se encuentra debidamente financiada, informa que también fue aprobada por unanimidad en general y particular, y en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Defensa Nacional.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, el proyecto de ley que modifica la planta de personal de Carabineros persigue los siguientes objetivos:
1.-
Aumentar en cuatro las plazas de General de Oficiales de Fila en el Escalafón de Orden y Seguridad, a fin de que sirvan los cargos de las nuevas Jefaturas de Zona de Carabineros, correspondientes a las Regiones de Atacama, Coquimbo, Libertador Bernardo O'Higgins y Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo.
Crear en los Oficiales de Fila, Escalafón Femenino de Orden y Seguridad una plaza de General, otorgando así a las mujeres que cumplan requisitos iguales a los varones, la posibilidad de acceder al tope de la carrera profesional. Además, aumentar en dicho escalafón en 3 las plazas de Coronel, en 5 las de Teniente Coronel y en 5 las de Mayor, a fin de obtener un mejor desarrollo de la carrera profesional de las oficiales femeninas.
Cabe connotar que el cumplimiento del primer objetivo posibilitará que en cada región del país, en la que a la fecha también hay una Jefatura de Zona de Carabineros, ésta quede a cargo de un General del Carabineros, lo que actualmente no es posible por el número de Generales. Ello significa que hoy en día las nuevas Jefaturas de Zona a que me he referido están a cargo de un Coronel, diferencia que quedará superada con la aprobación de este proyecto.
En cuanto al segundo objetivo de la iniciativa en informe, además de permitir un mejor desarrollo de la carrera profesional de las oficiales de Carabineros, significará el nombramiento de una mujer, por primera vez en nuestro país, como General de Carabineros de Chile.
En la Comisión de Defensa Nacional, como consta en su informe, los representantes del Ejecutivo hicieron presente que la insuficiencia de cargos en el señalado Escalafón Femenino de Orden y Seguridad ha motivado la imposibilidad de ascender de las oficiales que ocupan cargos de Tenientes y Capitanes, ejemplificando el caso de Capitanes del Escalafón Femenino con veintidós años de servicio cuyos pares masculinos, con igual fecha de ingreso, ya son Tenientes Coroneles.
En virtud de todo lo anterior, la Comisión de Defensa Nacional aprobó el proyecto, en general y en particular, por unanimidad. Es dable señalar que la iniciativa en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados también fue aprobada unánimemente. Por ello, proponemos que la Sala del Senado la apruebe también en general y particular.
El señor VALDÉS.-
Pido la palabra.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALDÉS.-
Señor Presidente, me parece muy bien que la ley contemple disposiciones favorables a Carabineros, institución que ha tenido siempre mi plena admiración, y que he visto trabajar en tantos campos distintos.
Además, celebro que se eleve a una mujer al grado de General por primera vez en la historia de Chile. Creo que en pocos países de América Latina se tiene esta iniciativa tan laudable.
Pero quiero decir que estoy profundamente descontento -y lo hago presente a los señores Ministro Secretario de la Presidencia y del Subsecretario del Interior aquí presentes, aunque no les corresponde a ellos esto, sino al Ministro de Defensa-, por cuanto no se ha satisfecho tan solo una sentida aspiración, pues al General que tenía a su cargo la zona de Valdivia (que cubría Valdivia y Osorno) se lo ha trasladado a Temuco.
En las conversaciones sostenidas con las autoridades se prometió que, en vez de cuatro, iban a aumentarse a cinco los Generales, sin mayor costo para el Erario. Así fue garantizado, porque había fondos suficientes en el presupuesto de Carabineros.
Esto significa una "capitis diminutio", inconsulta a mi juicio, respecto a Valdivia, que va a herir muy significativamente a los habitantes de esa zona (representa el 32 de la población de la Décima Región, y el 34 por ciento de su superficie), y que se ha traducido en que no sólo se retire el General, sino también implementos importantes, gente, equipos.
Entonces, este arreglo, a mi parecer inconsulto -lo señalo con todo respeto a las autoridades-, me obliga, como Senador de la zona, no a votar en contra de este proyecto, pero, sí, a expresar mi disconformidad, y a pedir que en mi nombre se mande un oficio al señor Ministro de Defensa, a fin de solicitarle incorporar en una próxima iniciativa legal un nuevo cargo para que se cumplan estas funciones en la ciudad de Valdivia.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se enviará el oficio solicitado.
Acordado.
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El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Quiero hacer presente que el Presidente de la Comisión de Hacienda ha solicitado autorización para que las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, puedan sesionar simultáneamente con la Sala, para abocarse al estudio del proyecto que concede aumentos a las pensiones.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, si se accede a lo solicitado, no podrán votarse estos proyectos.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
No hay acuerdo, entonces.
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El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, sólo quiero señalar algo que ya se ha dicho en la Sala, y que me parece importante.
Primero, quiero destacar el hecho de que por primera vez una mujer va a llegar al generalato; y, segundo, con esto, cada región del país va a estar a cargo de un General de Carabineros, lo que va a ayudar al combate a la delincuencia.
O sea, básicamente, el sentido del proyecto, por lo que se explicó en su momento en la Comisión de la Cámara -de la que formé parte era ése: una mejor organización de Carabineros de Chile para combatir la delincuencia.
La señora FREI (doña Carmen).-
Pido la palabra.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora FREI (doña Carmen).-
Señor Presidente, quiero manifestar el tremendo orgullo que siento como mujer, porque, por primera vez en nuestro país va a haber mujeres Generales; y que ello ocurra especialmente en Carabineros, institución que presta un servicio de tanta protección y ayuda a la comunidad.
Me ha tocado trabajar con muchas mujeres Carabineros y realmente da gusto su entrega y su espíritu de sacrificio. De manera que hoy día el hecho de que pueda haber una mujer General en Chile me parece de una tremenda importancia. Creo que nos encontramos en un momento histórico. Y doy las gracias a todos los Senadores que están contribuyendo para que una aspiración tan esperada sea hoy una verdad.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Bitar.
El señor BITAR.-
Señor Presidente, el hecho de que una mujer alcance esa ubicación en Carabineros ya es mérito suficiente como para apoyar el proyecto.
Tal vez sería mucho pedir que ojalá se acepte el criterio que hace poco se aprobó en mi partido en cuanto a que el 40 por ciento de los cargos estén en manos de mujeres, pero creo que éste es un paso muy importante que no puede pasar inadvertido en el Senado.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Creo interpretar al Senado al señalar que esperamos que las mujeres actúen en todos los ámbitos de la institucionalidad del país, incluyendo, obviamente, el de la justicia.
--Se aprueba en general el proyecto, y por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular. El Senador Valdés no votó por encontrarse pareado.
ENMIENDA A PLANTA DE OFICIALES Y EMPLEADOS CIVILES DE ARMADA
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto supremo Nº 220, de 1979, de la Subsecretaría de Marina, que fijó la Planta de Oficiales y Empleados Civiles de la Armada, con informes de las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda.
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 3ª, en 9 de junio de 1998.
Informes de Comisión:
Defensa, sesión 8ª, en 17 de junio de 1998.
Hacienda, sesión 8ª, en 17 de junio de 1998.
El señor LAGOS (Secretario).-
La Comisión de Defensa Nacional, en razón de los antecedentes contenidos en su informe, propone, por unanimidad, aprobar el proyecto en general y particular.
Por su parte, la Comisión de Hacienda deja constancia en su informe de que el proyecto se encuentra debidamente financiado, y propone aprobarlo en los mismos términos en que lo despachó la Comisión de Defensa Nacional.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
El proyecto de ley que me corresponde informar modifica la Planta de Oficiales y Empleados Civiles de la Armada, con el objeto de aumentar en una plaza el grado de Vicealmirante en el Escalafón de Oficiales Ejecutivos e Ingenieros Navales, y en una plaza el grado de Contraalmirante en el Escalafón de Oficiales de Abastecimiento.
Estas modificaciones permitirán aumentar la eficiencia en la gestión financiera del presupuesto de la Armada, para lo cual ya se ha modernizado la estructura orgánica de la institución, creándose la Dirección General de Finanzas de la Armada y la Dirección de Presupuesto de la Armada, cuyo mando pasaría a ser ejercido por Oficiales Generales en los grados de Vicealmirante y de Contraalmirante, respectivamente, y en las calidades de Director General de Finanzas y de Director de Presupuesto.
Cabe connotar que el Director General de Finanzas de la Armada, justamente por el grado de Vicealmirante, pasará a integrar el Consejo de Vicealmirantes, que es el organismo asesor de más alto nivel del Comandante en Jefe de la Armada, uniformando también con ello el mando de las distintas Direcciones Generales de la institución en manos de Vicealmirantes, como ocurre hoy en día con la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, la Dirección General de los Servicios y la Dirección General del Personal.
El aumento de una plaza de Contraalmirante de Abastecimiento, que, como se dijo, está destinada a ejercer el mando de la Dirección de Presupuesto de la Armada, se justifica por las altas funciones de asesoría y de coordinación con el Gobierno que le corresponde efectuar al Director de Presupuesto, cargo que formará parte del Alto Mando institucional e integrará, consecuentemente, el Consejo Naval.
La Comisión de Defensa Nacional coincidió con el objetivo del Gobierno y, de consiguiente, la aprobó por la unanimidad de sus miembros, en general y particular, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará en general y particular el proyecto.
Aprobado.
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El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Recabo el asentimiento de los señores Senadores para que las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, sesionen paralelamente con la Sala.
--Se accede a lo solicitado.
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El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Se va a constituir la Sala en sesión secreta.
SESIÓN SECRETA
--Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 19:25, y adoptó resolución acerca de la solicitud de rehabilitación de ciudadanía del señor Lautaro Robin Videla Moya.
--Se reanudó la sesión pública a las 19:32.
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El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Continúa la sesión pública.
La Mesa dará cuenta de dos documentos que han llegado a Secretaría.
El señor LAGOS (Secretario).-
El Honorable señor Moreno ha presentado una moción, para incluirla en la Cuenta de la presente sesión, con la que inicia un proyecto de ley modificatorio del artículo 2º de la ley Nº 19.386, que establece normas para la enajenación de bienes comunes provenientes de la Reforma Agraria.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Pasa a la Comisión de Agricultura.
El señor LAGOS (Secretario).-
Asimismo, hay una moción de los Senadores señores Bombal, Pérez y Silva, con la que inician un proyecto de ley sobre discapacitados mentales.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Se la declara inadmisible, por contener normas que corresponden a la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República.
El señor SILVA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA.-
La moción de que se trata beneficia a cientos de miles de discapacitados, perfeccionando circunstancias que actualmente son muy incompletas y que los puede dejar en la indefensión, debido a que, por la diferencia existente ahora en la duración de vida de estas personas, en numerosos casos sus padres mueren antes que ellos, lo cual no ocurría antaño.
Me parece discutible la resolución adoptada por la Mesa -en todo caso, respeto su posición-, pero me permitiría plantear, si ello es viable, que se solicite al Ejecutivo hacer suya la moción.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Señor Senador, se enviará el oficio correspondiente a Su Excelencia el Presidente de la República, a fin de recabar su iniciativa en la materia, si lo estima conveniente.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:34.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción