REPÚBLICA DE CHILE

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

PUBLICACIÓN OFICIAL

LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA

Sesión 1ª, en martes 5 de octubre de 1999

(De 16:21 a 18:25)

PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE

SECRETARIOS, LOS SEÑORES JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR,

Y CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE

____________________

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

I. ASISTENCIA

Asistieron los señores:

--Aburto Ochoa, Marcos

--Bitar Chacra, Sergio

--Bombal Otaegui, Carlos

--Canessa Robert, Julio

--Cordero Rusque, Fernando

--Chadwick Piñera, Andrés

--Díez Urzúa, Sergio

--Fernández Fernández, Sergio

--Frei Ruiz-Tagle, Carmen

--Gazmuri Mujica, Jaime

--Hamilton Depassier, Juan

--Horvath Kiss, Antonio

--Larraín Fernández, Hernán

--Martínez Busch, Jorge

--Matta Aragay, Manuel Antonio

--Moreno Rojas, Rafael

--Novoa Vásquez, Jovino

--Núñez Muñoz, Ricardo

--Ominami Pascual, Carlos

--Páez Verdugo, Sergio

--Parra Muñoz, Augusto

--Pérez Walker, Ignacio

--Pizarro Soto, Jorge

--Prat Alemparte, Francisco

--Ríos Santander, Mario

--Romero Pizarro, Sergio

--Ruiz De Giorgio, José

--Ruiz-Esquide Jara, Mariano

--Sabag Castillo, Hosaín

--Silva Cimma, Enrique

--Stange Oelckers, Rodolfo

--Urenda Zegers, Beltrán

--Valdés Subercaseaux, Gabriel

--Vega Hidalgo, Ramón

--Zaldívar Larraín, Andrés

--Zurita Camps, Enrique

Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia, Secretario General de Gobierno y de Justicia, y el señor Subsecretario de Salud.

Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.

II. APERTURA DE LA SESIÓN

--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 26 señores Senadores.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.

III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 30ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, en 8 de septiembre del año en curso, que no ha sido observada.

El acta de la sesión 31ª, especial, en 8 de septiembre del presente año, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.

IV. CUENTA

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor HOFFMANN (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

Mensajes

Veintitrés de Su Excelencia el Presidente de la República:

Con el primero convoca a Legislatura Extraordinaria de Sesiones al Congreso Nacional, a partir del día 4 de octubre del año en curso.

Con el segundo incluye en la Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional los siguientes asuntos:

1) Proyecto de ley que reforma los Institutos Tecnológicos CORFO. (Boletín Nº 1.960-03); (Cámara de Diputados);

2) Proyecto de ley de fomento a la música chilena. (Boletín Nº 2.287-04); (Cámara de Diputados);

3) Proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural. (Boletín Nº 2.286-04); (Cámara de Diputados);

4) Proyecto que modifica la ley sobre donaciones con fines culturales contenida en el artículo 8º de la ley Nº 18.985, y otras disposiciones tributarias. (Boletín Nº 2.288-04); (Cámara de Diputados);

5) Proyecto de ley que crea bonificación a la contratación de mano de obra en las Regiones de Magallanes y Aisén y en las Provincias de Arica, Parinacota, Chiloé y Palena. (Boletín Nº 2.281-03); (Cámara de Diputados);

6) Proyecto de ley que concede beneficios económicos al personal del Servicio de Impuestos Internos, del Consejo de Defensa del Estado, de la Dirección de Presupuestos y de las Fuerzas Armadas, y dispone otras normas sobre racionalización del sector Hacienda. (Boletín Nº 2.298-05); (Cámara de Diputados);

7) Proyecto que modifica la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; el decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, y la ley Nº 17.235, sobre Impuesto Territorial. (Boletín Nº 2.339-06); (Cámara de Diputados);

8) Proyecto de ley que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo. (Boletín Nº 2.361-23); (Cámara de Diputados);

9) Proyecto de ley que crea los Tribunales de Familia. (Boletín Nº 2.118-18); (Cámara de Diputados);

10) Proyecto de ley que crea la Defensoría Penal Pública. (Boletín Nº 2.365-07); (Cámara de Diputados);

11) Proyecto de ley que establece un sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME, y su régimen de subvención. (Boletín Nº 2.391-18); (Cámara de Diputados);

12) Proyecto de ley sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo. (Boletín Nº 1.035-07); (Cámara de Diputados);

13) Proyecto de reforma constitucional que elimina la censura cinematográfica sustituyéndola por un sistema de calificación, y consagra el derecho a la libre creación artística. (Boletín Nº 2.016-07); (Cámara de Diputados);

14) Proyecto de ley que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor como servicio público. (Boletín Nº 2.296-18); (Cámara de Diputados);

15) Proyecto de reforma constitucional que regula los plebiscitos nacionales. (Boletín Nº 2.350-07); (Cámara de Diputados);

16) Observaciones al proyecto de ley sobre probidad administrativa aplicable a los órganos de la Administración del Estado. (Boletín Nº 1.510-07); (Cámara de Diputados);

17) Proyecto de ley que modifica el DL Nº 3.500, de 1980, en lo relativo al costo de los servicios que prestan las Administradoras de Fondos de Pensiones. (Boletín Nº 1.656-13); (Cámara de Diputados);

18) Proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otras normas legales que se indican. (Boletín Nº 2.340-14); (Cámara de Diputados);

19) Proyecto de ley que reforma el artículo 1º de la Constitución Política de la República (pueblos indígenas). (Boletín Nº 513-07); (Cámara de Diputados);

20) Proyecto sobre Ley del Deporte. (Boletín Nº 1.787-02); (Cámara de Diputados);

21) Proyecto que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en los aspectos que indica (segunda votación). (Boletín Nº 2.398-06); (Cámara de Diputados);

22) Proyecto de ley que crea un fondo para la modernización de las relaciones laborales y el desarrollo sindical. (Boletín Nº 2.170-13); (Cámara de Diputados);

23) Proyecto de acuerdo sobre el Convenio Nº 169, relativo a los Pueblos Indígenas, adoptado por la OIT el 27 de junio de 1989. (Boletín Nº 233-10); (Cámara de Diputados);

24) Proyecto de acuerdo tocante a la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, y su Anexo, adoptados en París el 17 de diciembre de 1997. (Boletín Nº 2.290-10); (Cámara de Diputados);

25) Proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. (Boletín Nº 2.390-10); (Cámara de Diputados);

26) Proyecto de acuerdo relativo a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. (Boletín Nº 1.575-10); (Cámara de Diputados);

27) Proyecto de acuerdo que aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en dicha ciudad el 17 de julio de 1998, contenido en el Acta Final de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el Establecimiento de una Corte Penal Internacional, y el Acta de Rectificación del Estatuto Original de la Corte Penal Internacional, de fecha 10 de noviembre de 1998. (Boletín Nº 2.293-10); (Cámara de Diputados);

28) Proyecto de acuerdo sobre la Convención Interamericana referente a Conflictos de Leyes en materia de Adopción de Menores, suscrito en La Paz, Bolivia, el 24 de mayo de 1984. (Boletín Nº 1.571-10); (Cámara de Diputados);

29) Proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el DL Nº 2.306, sobre Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas, con el objeto de incorporar la objeción de conciencia. (Boletín Nº 1.833-02); (Cámara de Diputados);

30) Proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas, estableciendo mayores exigencias para inscribir un arma, prohibiendo el porte de las mismas, y realiza otras modificaciones. (Boletín Nº 2.219-02); (Cámara de Diputados);

31) Proyecto de ley, iniciado en moción, que autoriza la construcción de monumentos en las ciudades de Santiago, Talca y Valparaíso en memoria del Cardenal Arzobispo don Raúl Silva Henríquez. (Boletín Nº 2.322-04); (Cámara de Diputados);

32) Proyecto de ley, iniciado en moción, que establece nuevas normas sobre colegios profesionales y técnicos. (Boletín Nº 987-07); (Cámara de Diputados);

33) Proyecto de ley, iniciado en moción, que regula el derecho a visita a los hijos sometidos a la tuición de uno de los padres. (Boletín Nº 1.551-18); (Cámara de Diputados);

34) Proyecto de ley, iniciado en moción, sobre discriminación racial y étnica. (Boletín Nº 2.142-17); (Cámara de Diputados);

35) Proyecto de ley, iniciado en moción, sobre prevención de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana. (Boletín Nº 2.020-11); (Cámara de Diputados);

36) Proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado, con el fin de acotar los delitos contra el orden público y las facultades de los tribunales para requisar libros o textos, en delitos contra la seguridad del Estado. (Boletín Nº 2.324-07); (Cámara de Diputados);

37) Proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el inciso primero del artículo 117 de la Carta Fundamental en lo relativo a la oportunidad en que han de reunirse las dos Cámaras para aprobar una reforma constitucional. (Boletín Nº 2.089-07); (Cámara de Diputados);

38) Proyecto de ley, iniciado en moción, sobre acoso sexual. (Boletín Nº 1.419-07); (Cámara de Diputados);

39) Proyecto, iniciado en moción, que modifica la ley Nº 19.366 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, estableciendo la incompatibilidad entre el ejercicio de determinados cargos públicos y el hecho de ser consumidor de drogas. (Boletín Nº 2.373-20); (Cámara de Diputados);

40) Proyecto, iniciado en moción, que modifica el artículo 2º de la ley Nº 19.386, que establece normas para la enajenación de los bienes comunes provenientes de la reforma agraria. (Boletín Nº 2.189-01); (Cámara de Diputados);

41) Proyecto de ley, iniciado en moción, que establece normas de fomento a la actividad pesquera magallánica. (Boletín Nº 2.102-01); (Cámara de Diputados);

42) Proyecto, iniciado en moción, que modifica la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, en lo relativo al sistema de calidad. (Boletín Nº 1889-04); (Cámara de Diputados);

43) Proyecto, iniciado en moción, que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y otras normas prohibiendo prácticas discriminatorias. (Boletín Nº 2.252-04); (Cámara de Diputados);

44) Proyecto de ley, iniciado en moción, que concede fuero sindical a dirigentes del Colegio de Profesores. (Boletín Nº 2.338-04); (Cámara de Diputados);

45) Proyecto de ley, iniciado en moción, que dicta normas destinadas a fortalecer las facultades jurisdiccionales de los tribunales ordinarios de justicia para investigar en recintos militares. (Boletín Nº 2.304-07); (Cámara de Diputados);

46) Proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el inciso segundo del artículo 20 de la Constitución Política de la República, eliminando la limitación al recurso de protección para la garantía constitucional de un medio ambiente libre de contaminación. (Boletín Nº 110-07); (Cámara de Diputados);

47) Proyecto de ley, iniciado en moción, que establece normas sobre despacho de proyectos de ley modificatorios de normas vigentes. (Boletín Nº 2.375-07); (Cámara de Diputados);

48) Proyecto de ley sobre recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. (Boletín Nº 669-01); (Senado); (Para Congreso Pleno);

49) Proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Desarrollo Forestal y el Servicio Nacional Forestal. (Boletín Nº 2.265-01); (Senado);

50) Proyecto que modifica la Ley General de Cooperativas. (Boletín Nº 855-03); (Senado);

51) Proyecto que introduce modificaciones a la ley Nº 18.525, relativa a distorsiones de precios en las importaciones. (Boletín Nº 1.832-03); (Senado);

52) Proyecto de ley que establece nuevas medidas de desarrollo para las provincias de Arica y Parinacota. (Boletín Nº 2.282-03); (Senado);

53) Proyecto de ley que otorga la calidad de exportadoras a las empresas que operen o exploten puertos de uso público para los efectos del artículo 36 del DL Nº 825, de 1974. (Boletín Nº 2.342-05); (Senado);

54) Proyecto de ley que regula las ofertas públicas de adquisición de acciones (OPAS) y establece régimen de gobiernos corporativos. (Boletín Nº 2.289-05); (Senado);

55) Proyecto de ley que regula la adquisición, pérdida y conservación de la nacionalidad chilena. (Boletín Nº 1.105-06); (Senado);

56) Proyecto que modifica la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de establecer un sistema de elecciones separadas de alcaldes y concejales. (Boletín Nº 2.035-06); (Senado);

57) Proyecto de ley sobre normas adecuatorias del sistema legal chileno al proyecto de Código Procesal Penal y a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. (Boletín Nº 2.217-07); (Senado);

58) Proyecto de ley que establece nuevo Código de Procedimiento Penal. (Boletín Nº 1.630-07); (Senado);

59) Proyecto de ley que reforma el Código Orgánico de Tribunales. (Boletín Nº 2.263-07); (Senado);

60) Proyecto de ley que modifica el Código de Aguas. (Boletín Nº 876-09); (Senado);

61) Proyecto de ley que perfecciona normas del área de la salud (FONASA). (Boletín Nº 2.132-11); (Senado);

62) Proyecto que establece normas especiales para los profesionales funcionarios que indica de los Servicios de Salud y modifica la ley Nº 15.076. (Boletín Nº 2.117-11); (Senado);

63) Proyecto que modifica el DL Nº 3.500, de 1980, estableciendo normas relativas al otorgamiento de pensiones a través de la modalidad de rentas vitalicias. (Boletín Nº 1.148-05); (Senado);

64) Proyecto de ley que establece un sistema de protección por cesantía y modifica el DL Nº 3.500, de 1980. (Boletín Nº 2.053-13); (Senado);

65) Proyecto de ley que introduce diversas modificaciones en materia de tránsito terrestre. (Boletín Nº 999-15); (Senado);

66) Proyecto de ley sobre concesiones de energía geotérmica. (Boletín Nº 571-08); (Senado);

67) Proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de negociación colectiva. (Boletín Nº 1.507-13); (Comisión Mixta);

68) Proyecto de reforma constitucional que introduce modificaciones a los artículos 26, 27 y 84 de la Constitución Política de la República, sobre calificación de la elección de Presidente de la República y Tribunal Calificador de Elecciones. (Boletín Nº 2.314-07); (para Congreso Pleno);

69) Proyecto de acuerdo relativo a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales, y su Destrucción, adoptada en Oslo, Noruega, el 18 de septiembre de 1997, y suscrita por Chile el 3 de diciembre de 1997, en Ottawa, Canadá. (Boletín Nº 2.209-10); (Senado);

70) Proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado entre las Repúblicas de Chile y de Argentina sobre Controles Integrados de Frontera, suscrito en Santiago el 8 de agosto de 1997. (Boletín Nº 2.271-10); (Senado);

71) Proyecto de acuerdo sobre la Convención Internacional tocante a la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por las Naciones Unidas y suscrita por el Gobierno de la República de Chile. (Boletín Nº 1.256-10); (Senado);

72) Proyecto de acuerdo referente a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de la ONU. (Boletín Nº 1.265-10); (Senado);

73) Proyecto de acuerdo sobre el Convenio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y al Patrimonio, y su Protocolo, suscritos en Santiago el 17 de abril de 1998. (Boletín Nº 2.302-10); (Senado);

74) Proyecto de acuerdo sobre el Convenio entre la República de Chile y Canadá para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal con relación a los Impuestos a la Renta y al Patrimonio, y su Protocolo, suscritos en Santiago el 21 de enero de 1998. (Boletín Nº 2.303-10); (Senado);

75) Proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, y su Protocolo, adoptados en Nueva York el 10 de septiembre de 1996. (Boletín Nº 2.113-10); (Senado);

76) Proyecto de acuerdo entre los Gobiernos de la República de Chile y de la República Checa sobre Cooperación en la Lucha contra el Terrorismo Internacional, la Actividad Delictual Internacional Organizada y el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Radiactivas, suscrito en Santiago el 23 de septiembre de 1996. (Boletín Nº 2.307-10); (Senado);

77) Proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Nº 151, sobre Protección del Derecho de Sindicación y los Procedimientos para Determinar las Condiciones de Empleo en la Administración Pública, adoptado por la Conferencia General de la OIT, en Ginebra, el 7 de junio de 1978. (Boletín Nº 1.958-10); (Senado);

78) Proyecto de acuerdo relativo al Acuerdo de Sede entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y su Acuerdo Complementario. (Boletín 1.225-10); (Senado);

79) Proyecto de ley, iniciado en moción, sobre documentos electrónicos. (Boletín Nº 2.348-07); (Senado);

80) Proyecto de ley, iniciado en moción, concerniente a protección de los animales. (Boletín Nº 1.721-01); (Senado);

81) Proyecto de ley, iniciado en moción, que establece sanciones a procedimientos de cobranzas ilegales. (Boletín Nº 1.990-03); (Senado);

82) Proyecto, iniciado en moción, que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de permitir el sufragio a los ciudadanos chilenos residentes en el extranjero en la elección de Presidente de la República. (Boletín Nº 268-07); (Senado);

83) Proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal para perfeccionar las normas sobre libertad provisional y proteger a las personas de los delincuentes. (Boletín Nº 2.176-07); (Senado);

84) Proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica textos legales para hacer más eficiente la función de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. (Boletín Nº 1.803-07); (Senado);

85) Proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código de Justicia Militar derogando, conforme a la Constitución Política, la integración de la Corte Suprema por el Auditor General del Ejército. (Boletín Nº 2.215-07); (Senado);

86) Proyecto, iniciado en moción, que modifica la Ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres, y deroga el Libro II de la ley Nº 17.105. (Boletín Nº 1.192-11); (Senado);

87) Proyecto de ley, iniciado en moción, sobre la investigación científica del ser humano, su genoma, y prohibición de la clonación humana. (Boletín Nº 1.993-11); (Senado);

88) Proyecto de ley, iniciado en moción, que prohíbe el uso de fuegos artificiales mediante reforma de la ley Nº 17.798, sobre control de armas y explosivos, y, también, la venta al público de fuegos artificiales, y regula la realización de espectáculos pirotécnicos masivos. (Boletín Nº 1.502-02); (Senado);

89) Proyecto de ley, iniciado en moción, que prohíbe el ingreso al territorio nacional de desechos provenientes de otros países. (Boletín Nº 150-11); (Senado);

90) Proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica disposiciones del Código Penal que sancionan casos de corrupción. (Boletín Nº 1.177-07); (Comisión Mixta);

91) Proyecto de ley, iniciado en moción, que establece normas para el desarrollo de la astronomía en Chile. (Boletín Nº 1.665-19); (Senado);

92) Proyecto de ley, iniciado en moción, que regula la ejecución de trabajos por empresas contratistas en faenas que indica. (Boletín Nº 98-13); (Senado);

93) Proyecto de ley, iniciado en moción, que perfecciona el artículo 29 del Código de Justicia Militar, con el objeto de radicar en forma definitiva el conocimiento de las causas asignadas a los ministros en visita extraordinaria de la jurisdicción militar. (Boletín Nº 2.374-07); (Senado);

94) Proyecto de ley, iniciado en moción, sobre discapacitados mentales. (Boletín Nº 2.192-11); (Senado), y

95) Proyecto de ley, iniciado en moción, que traslada a los días lunes los feriados que indica. (Boletín Nº 328-06); (Cámara de Diputados).

--Se toma conocimiento.

Con el tercero inicia un proyecto de ley destinado a rehabilitar la nacionalidad a personas nacionalizadas en el extranjero. (Boletín Nº 2.407-07 ). (Véase en los Anexos, documento 1).

--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

Con el cuarto y quinto retira de la Legislatura Extraordinaria los siguientes asuntos:

1) Proyecto de ley que regula la adquisición, pérdida y conservación de la nacionalidad chilena. (Boletín Nº 1.105-06), y

2) Proyecto que modifica la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el propósito de establecer un sistema de elecciones separadas de alcaldes y concejales. (Boletín Nº 2.035-06).

--Quedan retirados de la Convocatoria a Legislatura Extraordinaria los citados proyectos.

Con el sexto, séptimo y octavo incluye en la Convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional los siguientes asuntos:

1) Proyecto de ley que prohíbe la fluoración del agua potable en el territorio nacional. (Boletín Nº 1.536-11);

2) Proyecto que extiende, en determinados casos, el beneficio del fuero maternal a mujeres que adoptan un hijo en conformidad a la Ley de Adopción. (Boletín Nº 2.368-13), y

3) Proyecto de ley destinado a rehabilitar la nacionalidad a personas nacionalizadas en el extranjero. (Boletín Nº 2.407-07 ).

--Se toma conocimiento.

Con los dos siguientes hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto de los siguientes asuntos:

1) Proyecto de ley que modifica el artículo 29 del Código de Justicia Militar, a fin de radicar en forma definitiva el conocimiento de las causas asignadas a los ministros en visita extraordinaria. (Boletín Nº 2.374-07), y

2) Proyecto de ley que perfecciona normas del área de la salud. (Boletín Nº 2.132-11).

--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.

Con los trece restantes hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", respecto de los siguientes asuntos:

1) Proyecto de ley que sanciona a quienes empleen presiones, amenazas o arbitrios ilegítimos en los procedimientos de cobranza extrajudicial. (Boletín Nº 1.990-03);

2) Proyecto de ley que regula las ofertas públicas de adquisición de acciones y establece régimen de gobiernos corporativos. (Boletín Nº 2.289-05);

3) Proyecto de ley que establece un nuevo Código de Procedimiento Penal. (Boletín Nº 1.630-07);

4) Proyecto de ley que modifica el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal para perfeccionar las normas sobre libertad provisional y proteger a las personas ante la delincuencia. (Boletín Nº 2.176-07);

5) Proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar suprimiendo, en la integración de la Corte Suprema, al Auditor General del Ejército. (Boletín Nº 2.215-07);

6) Proyecto de ley que reforma el Código Orgánico de Tribunales. (Boletín Nº 2.263-07);

7) Proyecto de ley que modifica el Código de Aguas. (Boletín Nº 876-09);

8) Proyecto de acuerdo que aprueba la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. (Boletín Nº 1.265-10);

9) Proyecto de acuerdo relativo a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales, y su Destrucción. (Boletín Nº 2.209-10);

10) Proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y al Patrimonio, y su Protocolo, suscritos en Santiago el 17 de abril de 1998. (Boletín Nº 2.302-10);

11) Proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio entre la República de Chile y Canadá para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal con relación a los Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio, y su Protocolo, suscritos en Santiago el 21 de enero de 1998. (Boletín Nº 2.303-10);

12) Proyecto de ley que regula la ejecución de trabajos por empresas contratistas en faenas que indica (boletín Nº 98-13) y

13) Proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de negociación colectiva y otras. (Boletín Nº 1.507-13).

--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.

Oficios

Dos de la Honorable Cámara de Diputados:

Con el primero, comunica que ha dado su aprobación al informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que modifica los artículos 24-A, 333 y 369 del Código de Justicia Militar. (Boletín Nº 847-02).

--Queda para tabla, dejándose constancia de que el proyecto no puede ser tratado en la presente Legislatura Extraordinaria mientras no sea incluido en la convocatoria por el Ejecutivo.

Con el segundo, remite el Mensaje con que Su Excelencia el Presidente de la República inicia la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación para el año 2000. (Boletín Nº 2.405-05).

--Pasa a la Comisión Especial de Presupuestos.

Dos del señor Ministro de Relaciones Exteriores subrogante, con los que contesta otros tantos oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath, relativos a los antecedentes tenidos en vista para dictar el decreto supremo Nº 361, de 1999, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en cuanto a la existencia de naves extranjeras dedicadas a la pesca en alta mar de la especie jurel y a la conveniencia de adoptar medidas de conservación para ese mismo recurso, respectivamente.

Cinco del señor Ministro de Hacienda:

Con el primero, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, acerca de la posibilidad de detener las acciones judiciales en contra de los agricultores, pequeños propietarios y campesinos de la Undécima Región.

Con el segundo, responde un oficio enviado en nombre de los Senadores señores Parra, Ríos, Ruiz-Esquide, Sabag y Viera-Gallo, referido a la situación financiera de los Servicios de Salud de la Octava Región.

Con el tercero, contesta un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Frei, atinente al régimen jurídico y franquicias tributarias aplicables al Observatorio Radioastronómico que se instalará en la Segunda Región.

Con el cuarto y quinto, responde dos oficios enviados en nombre del Senador señor Fernández, sobre el acuerdo que se habría suscrito entre las autoridades de Gobierno de la Duodécima Región y la ANEF Regional, y los recursos dispuestos para planes de absorción de cesantía en dicha zona.

Cuatro del señor Ministro Secretario General de la Presidencia:

Con el primero, responde un oficio enviado en nombre de esta Corporación, a petición del Senador señor Bombal, respecto de la incorporación del proyecto de ley sobre discapacitados mentales (boletín Nº 2.192-11) en la Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional.

Con el segundo, contesta un oficio enviado en nombre de los Senadores señores Boeninger, Sabag y Viera-Gallo, tocante a la posibilidad de presentar un mensaje para agregar un artículo 26 bis a la Ley General de Pesca y Acuicultura, en los términos propuestos por Sus Señorías.

Con el tercero, responde un oficio enviado en nombre de los Senadores señores Horvath y Stange, en relación con la posibilidad de adoptar las medidas que se indican como modo de enfrentar la crisis que vive el sector pesquero de la especie jurel.

Con el cuarto, responde un oficio enviado por el señor Presidente de esta Corporación, a solicitud del Senador señor Bombal, reiterando diversos oficios remitidos por distintos señores Senadores, a fin de recabar información sobre los gastos efectuados por el Gobierno en consultorías externas durante 1997.

Dos del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción:

Con el primero, contesta un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Frei, en cuanto al Diseño de Construcción del Embalse Coyil, de San Pedro de Atacama, Segunda Región.

Con el segundo, responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, acerca de la metodología utilizada para evaluar estadísticamente el desempleo y el subempleo en las distintas Regiones.

Del señor Ministro de Planificación y Cooperación, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, relativo al sistema de cálculo de puntaje de la ficha CAS.

Del señor Ministro de Educación, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Ruiz-Esquide, referente a la presencia del tema de los derechos humanos en la malla curricular de la educación media y a la pedagogía utilizada para su enseñanza.

Dos de la señora Ministra de Justicia:

Con el primero, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, respecto de los planes de mejoramiento e inversión en los tribunales de justicia de Puerto Montt.

Con el segundo, responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, y al cual adhirieron los Senadores señora Matthei y señores Cantero, Canessa, Cordero, Horvath, Martínez y Prat, referido a la seguridad pública y la función policial.

Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Hamilton, sobre la situación jurídica del Comité de Ferroviarios Jubilados por Accidentes en Actos de Servicio.

Nueve del señor Ministro de Obras Públicas:

Con los tres primeros, responde otros tantos oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath, atinentes a recursos hidrobiológicos en la Zona Económica Exclusiva y en islas oceánicas de Chile y a las obras proyectadas en éstas; a los planes y medidas de prevención adoptados en relación con fenómenos naturales que puedan afectar a la zona sur, y al proyecto de agua potable en islas Huichas, Undécima Región, respectivamente.

Con el cuarto, quinto y sexto, contesta tres oficios enviados en nombre del Senador señor Stange, relacionados con los caminos Tepual-Las Lomas y San Antonio-Tropén, de acceso al aeropuerto Tepual, de Puerto Montt; con los problemas de recolección y tratamiento de las aguas servidas de la localidad de Maullín, y con la ampliación de las rampas en Pargua y Chacao, en la Décima Región, respectivamente.

Con el séptimo, responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, acerca del proyecto de camino Quintero-Concón.

Con el octavo, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Adolfo Zaldívar, concerniente al estado de construcción y congelamiento de una parte de la aducción y captación del sistema de agua potable de Villa Cerro Castillo, Undécima Región.

Con el noveno, responde un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Frei, tocante a los recursos contemplados durante el presente año para la Segunda Región y al proyecto de ensanchamiento de calle Prat, en Tocopilla.

Cuatro del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo:

Con el primero, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Andrés Zaldívar, relativo a la aplicación del Programa de Asistencia Técnica en la recepción de viviendas de los beneficiarios de subsidios rurales.

Con los tres restantes, responde otros tantos oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath, referidos a la gratuidad en la asignación de terrenos en la Undécima Región respecto a los residentes en el área; a los criterios utilizados para asignar viviendas y, en especial, a la situación que afecta al Comité de Viviendas Progresivas "La Unión", en Puerto Aisén, y a la posibilidad de reactivar los proyectos para la comuna de Chile Chico o, en su defecto, de crear nuevos proyectos o programas, respectivamente.

Dos del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones:

Con el primero, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Chadwick, en cuanto a la posibilidad de extender el servicio de Metrotrén Santiago-Rancagua hasta San Fernando.

Con el segundo, responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Adolfo Zaldívar, atinente a la utilización del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones en la Undécima Región.

Dos del señor Ministro de Bienes Nacionales:

Con el primero, rectifica la información previamente proporcionada en respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, respecto a los títulos de dominio entregados a colonos de la provincia de Palena y a los que ha accedido el ciudadano estadounidense que indica.

Con el segundo, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre la asignación de terrenos del sector urbano de Caleta Tortel y la posibilidad de que sea gratuita para los residentes del sector.

Del señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, en relación con las áreas afectadas por la posible construcción de centrales hidroeléctricas en los ríos Pascua y Baker, en la Undécima Región, y con las posibilidades de transmisión desde ellas al sistema interconectado central.

Del señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Fernández, referente a la situación financiera de la Ilustre Municipalidad de Navarino a raíz de la reducción de recursos provenientes del Fondo Común Municipal.

Del señor Subsecretario de Carabineros, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, tocante a las secciones cárceles de Isla de Pascua, Calbuco y Achao, que son atendidas por Carabineros de Chile y ocupan sus instalaciones.

Del señor Subsecretario de Pesca, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Fernández, relativo a la posibilidad de abrir un nuevo período para la inscripción en el registro de pescadores artesanales en la Duodécima Región.

Del señor Director Nacional de Estadísticas, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la metodología utilizada para evaluar estadísticamente el desempleo y subempleo en las distintas Regiones.

Del señor Director General de Obras Públicas, con el que remite un cuadro resumen de los oficios dirigidos por el señor Ministro de la Cartera a los señores Parlamentarios y autoridades, en general, durante el mes de agosto próximo pasado.

Del señor Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, concerniente a la situación que afecta al Sindicato de Pescadores Artesanales de Contao, Décima Región.

Del señor Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de la Sexta Región, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Chadwick, respecto del proyecto destinado a expropiar el camino Estero Zamorano a Viña Vieja, en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua.

Del señor Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región del Maule, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, sobre la construcción de una nueva posta de salud en el sector Vara Gruesa, comuna de Linares, Séptima Región.

Del señor Vicepresidente Ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Adolfo Zaldívar, relativo a las tarifas por fusión, refino y tratamiento cobradas por la entidad a los pequeños y medianos mineros durante el presente año, y a la cantidad de los que han entregado minerales o productos mineros durante los últimos tres años.

Del señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Rancagua, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, referente al aporte a la comunidad de la Sexta Región brindado por el Reverendo Padre Antonio Casarin Manzan.

--Quedan a disposición de los señores Senadores.

Informe

Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto, en segundo trámite, que establece sanciones a procedimientos de cobranzas ilegales. (Boletín Nº 1.990-03).

--Queda para tabla.

Moción

Del Senador señor Martínez, con la que inicia un proyecto que tipifica nuevos delitos en la Ley sobre Seguridad del Estado y modifica el Código Orgánico de Tribunales. (Boletín Nº 2.406-07).

--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y se manda a poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, dejándose constancia de que el proyecto no puede ser tratado en la presente Legislatura Extraordinaria mientras el Ejecutivo no lo incluya en la convocatoria.

Declaraciones de inadmisibilidad

Moción de los Senadores señora Matthei y señores Foxley y Gazmuri, con la que inician un proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1982, del Ministerio de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, y moción idéntica a la anterior de los Senadores señores Bitar, Boeninger, Novoa y Parra.

--Se declaran inadmisibles por contener materias de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, según lo dispuesto en el Nº 2 del artículo 62 de la Constitución Política de la República.

___________________

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Hago presente a la Sala que se plantea el reemplazo del Senador señor Canessa por el Senador señor Parra en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, conforme a lo dispuesto por el Reglamento y con la intervención de los Comités.

Si no hay inconvenientes, se aprobará.

Aprobado.

___________________

El señor NOVOA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Honorable señor Novoa.

El señor NOVOA.- Solicito que se oficie al Ejecutivo a fin de que patrocine el proyecto que varios Senadores presentamos con el objeto de modificar la Ley General de Servicios Eléctricos y lo incluya en la convocatoria a Legislatura Extraordinaria.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se remitirá el oficio solicitado por Su Señoría.

Terminada la Cuenta.

V. DÍAS Y HORAS DE SESIONES ORDINARIAS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En cumplimiento del artículo 63 del Reglamento, se deben fijar los días y horas de las sesiones ordinarias semanales.

El señor LAGOS (Secretario).- En reunión de hoy, los Comités acordaron por unanimidad, para tal efecto, proponer a la Sala los martes y miércoles, de 16 a 20, sin perjuicio de que los jueves se celebren sesiones extraordinarias cuando sea necesario.

--Así se acuerda.

VI. APROBACIÓN DE TABLA ORDINARIA

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En seguida, corresponde aprobar la tabla ordinaria.

El señor LAGOS (Secretario).- En ella se incluyen las siguientes materias.

1.- Informe de la Comisión Mixta formada en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política, aprobado por la Cámara de Diputados, recaído en el proyecto de ley sobre concesiones de energía geotérmica.

2.- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que prohíbe la fluoración del agua potable en el territorio nacional.

3.- Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que otorga la calidad de exportadoras a las empresas que operen o exploten puertos de uso público para los efectos del artículo 36 del decreto ley Nº 825, de 1974, con informe de la Comisión de Hacienda.

4.- Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que establece sanciones a procedimientos de cobranzas ilegales, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Se propone tratar en la presente sesión los tres primeros asuntos y dejar el último para la sesión ordinaria de mañana.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si no hay objeciones, así se procederá.

Aprobado.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor LAGOS (Secretario).- Los Comités han acordado que el proyecto sobre discapacitados mentales ¿y conforme a lo resuelto por la Sala- sea enviado para segundo informe a las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Salud, unidas, fijándose como plazo para formular indicaciones hasta el miércoles 13 del presente, a las 18, y que el plazo para presentar indicaciones al proyecto que modifica la Ley General de Cooperativas se prorrogue hasta el miércoles 3 de noviembre, a las 18.

Han determinado, además, que se rindan los siguientes homenajes al comienzo de las sesiones que se señalan: a las Glorias del Ejército de Chile, por el Senador señor Cordero, el 13 de octubre; en memoria del Diputado recientemente fallecido señor Manuel Bustos Huerta, por el Senador señor Ruiz, el 19 de octubre; al Teniente de Carabineros Hernán Merino Correa, por el Senador señor Cordero, el 3 de noviembre, y en memoria del General de Ejército señor Carlos Prats González, con motivo del 25º aniversario de su muerte, por el Senador señor Gazmuri, el 10 de noviembre.

Por último, se designó al Honorable señor Horvath para integrar, en representación de esta Corporación, la comisión especial encargada de ejecutar los objetivos de la ley Nº 19.512, en orden a erigir monumentos en memoria del Teniente de Carabineros Hernán Merino Correa en Santiago, Valparaíso y Coihaique.

VII. COMPOSICIÓN DE COMITÉS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El señor Secretario dará cuenta de la composición de los Comités.

El señor LAGOS (Secretario).- Ella es la siguiente:

Partido Demócrata Cristiano: Honorables señores Manuel Antonio Matta Aragay y Jorge Pizarro Soto.

Comité Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes: Honorables señores Hernán Larraín Fernández y Antonio Horvath Kiss.

Partido Renovación Nacional e Independiente: Honorables señores Sergio Díez Urzúa y Sergio Romero Pizarro.

Partido Socialista: Honorables señores Jaime Gazmuri Mujica y José Antonio Viera-Gallo Quesney.

Partido Por la Democracia: Honorables señores Roberto Muñoz Barra y Sergio Bitar Chacra.

Institucionales 1: Honorables señores Marcos Aburto Ochoa y Jorge Martínez Busch.

Institucionales 2: Honorables señores Enrique Zurita Camps y Augusto Parra Muñoz.

___________________

El señor LARRAÍN.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor LARRAÍN.- ¿Es posible limitar el tiempo de los homenajes que se acordó rendir? Porque, de lo contrario, tendremos que dedicar a ese efecto parte importante de la respectiva sesión. Como, además, ellos se realizan al comienzo de cada reunión, se hace todavía más difícil el despacho de las iniciativas.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Creo que no hay inconveniente en someter el punto a la decisión de los Comités para que fijen hora de término a los homenajes. En todo caso, advierto a Su Señoría que el tiempo ocupado en ellos no se descuenta del Orden del Día, pues éste se prolonga hasta que finaliza.

El señor LARRAÍN.- Vale decir, se descuenta de la hora de Incidentes.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Así es.

El señor LARRAÍN.- En el fondo, es lo mismo, señor Presidente.

La señora FREI (doña Carmen).- ¿Me concede una interrupción, señor Senador?

El señor LARRAÍN.- Por supuesto, Su Señoría, con la venia de la Mesa.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Frei.

La señora FREI (doña Carmen).- Comparto la idea de fijar hora de término a los homenajes, siempre que la regla se aplique en forma general, sin excepción, a todo homenaje, sea que se trate de instituciones, de personas o de otros casos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Regirá para todos por igual, salvo cuando corresponda rendirlos al Presidente de la Corporación.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, mi petición es, por lo menos, respecto de los cuatro homenajes que se acordó rendir, pues durante el presente mes tendremos que analizar la Ley de Presupuestos y abocarnos a una serie de materias importantes.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El punto lo resolveremos en reunión de Comités.

Tiene la palabra el Honorable señor Bombal para referirse a la Cuenta.

___________________

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, en la página 12 de la Cuenta se alude a cuatro oficios del señor Ministro Secretario General de Gobierno, quien en uno de ellos responde la consulta formulada por varios señores Senadores acerca de la solicitud de información de gastos efectuados por el Gobierno en consultorías externas, durante 1997. Sin embargo, el planteamiento se hizo al señor Ministro Secretario General de la Presidencia y no a esa otra autoridad.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene razón, señor Senador, porque el oficio aparece firmado por el señor Ministro Secretario General de la Presidencia.

El señor BOMBAL.- Gracias, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En todo caso, comunico que el correspondiente informe se dio a conocer durante la reunión de Comités y en estos momentos se están sacando copias de él. Se entregará sólo un ejemplar por Comité, debido a lo voluminoso que es. Esto no se pudo realizar antes porque primero debía darse cuenta a la Sala del asunto.

El señor DÍEZ.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor DÍEZ.- Solicito a la Mesa que una copia de la respuesta que da el Gobierno sobre una materia tan delicada como ésta quede a disposición de la prensa, para que pueda ser consultada.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señor Senador, se han tomado las medidas pertinentes, y se destinarán al efecto dos o tres ejemplares con el objeto de que los periodistas conozcan la información. Eso ya ha sido previsto.

El señor DÍEZ.- Muchas gracias, señor Presidente.

___________________

El señor MARTÍNEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor MARTÍNEZ.- ¿Cómo resolverá la Mesa el problema relativo a las invitaciones que fueron cursadas a algunos Secretarios de Estado para que expongan ciertos aspectos? Está pendiente, desde hace más de un mes, la presencia del señor Ministro de Planificación y Cooperación, a quien formularemos una serie de consultas y escucharemos su opinión frente a la representación de Chile en las últimas Conferencias denominadas El Cairo + 5 y CEDAW, con el objeto de conocer lo planteado por el Supremo Gobierno en su oportunidad.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En la reunión de Comités celebrada hoy el Senador señor Larraín expuso el tema y se facultó a la Presidencia para que determine cuándo citará a sesión especial -que es lo que corresponde- para abocarse al asunto. La idea es adecuar dicha reunión a nuestro calendario legislativo, que comprende la tabla dada a conocer y el estudio del presupuesto, entre otras materias.

La Mesa en los próximos días comunicará oportunamente lo que resuelva, y procurará que concurra al Senado dicho Secretario de Estado, que es la autoridad requerida en tal sentido.

El señor MARTÍNEZ.- Gracias, señor Presidente.

___________________

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Hago presente que, conforme al Reglamento de la Corporación y a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, esta primera sesión ha sido convocada para los efectos señalados en ellos. Sin embargo, por acuerdo unánime ¿como se ha hecho en otras oportunidades-, la Sala puede abocarse a otras materias, como las tres contenidas en la proposición de tabla que se halla en conocimiento de Sus Señorías.

Si no hay inconveniente, así se procederá.

Acordado.

VIII. ORDEN DEL DÍA

Boletín N° 571-08

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ENERGÍA GEOTÉRMICA. INFORME DE COMISIÓN MIXTA

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En primer lugar, corresponde ocuparse en el informe de la Comisión Mixta formada en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política de la República, que fue aprobado por la Honorable Cámara de Diputados y recae en el proyecto de ley sobre concesiones de energía geotérmica. (Véase en los Anexos, documento 6).

--Los antecedentes sobre el proyecto (571-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 8ª, en 23 de junio de 1994.

En trámite de Comisión Mixta, sesión 16ª, en 20 de julio de 1999.

Informes de Comisión:

Minería, sesión 31ª, en 3 de septiembre de 1997.

Hacienda, sesión 31ª, en 3 de septiembre de 1997.

Minería (segundo), sesión 17ª, en 13 de enero de 1999.

Mixta, sesión 1ª, en 5 de octubre de 1999.

Discusión:

Sesiones 35ª, en 10 de marzo de 1998 (se aprueba en general); 18ª, en 19 de enero de 1999 (se aprueba en particular).

El señor LAGOS (Secretario).- La referida Comisión fue constituida en virtud de esa disposición constitucional debido a que la Cámara de Diputados rechazó, durante el tercer trámite, diversas modificaciones que el Senado introdujo a la iniciativa.

Como una forma de dirimir las divergencias producidas entre ambas Cámaras, el aludido órgano legislativo, en mérito de los antecedentes contenidos en su informe, formula la proposición que indica en dicho documento.

El proyecto de la Comisión contiene normas de ley orgánica constitucional, por lo que debe aprobarse con el quórum especial correspondiente.

Cabe hacer presente que, para una mejor comprensión del tema, Sus Señorías disponen de un texto comparado donde figuran lo aprobado por la Cámara de Diputados, las modificaciones introducidas por el Senado y rechazadas por esa otra rama del Parlamento, y las proposiciones de la Comisión Mixta, las cuales aparecen incorporadas en la última columna del documento.

La Honorable Cámara de Diputados ha aprobado el informe de la Comisión Mixta.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión.

Tiene la palabra el Honorable señor Parra.

El señor PARRA.- Señor Presidente, el mencionado órgano técnico, que tuvo a su cargo el análisis de las diferencias producidas entre ambas Corporaciones en torno a este proyecto de ley, ha evacuado un informe donde propone un camino de solución, el que, en general, fue adoptado por la unanimidad de sus integrantes. Excepcionalmente, sólo en tres de las catorce materias conocidas hubo votación dividida.

Las soluciones a las que en definitiva se llegó surgieron, en gran parte, a raíz de las proposiciones efectuadas por el Ejecutivo, que recogen el texto aprobado por el Senado durante el segundo trámite constitucional del proyecto.

Muchas de esas divergencias son eminentemente técnicas y tienen una importancia más bien formal. Sin embargo, hay tres o cuatro sobre las cuales vale la pena llamar la atención del Senado.

La primera de ellas se refiere a la naturaleza jurídica atribuida a la energía geotérmica, pues la Cámara de Diputados le dio la calidad de bien nacional de uso público, mientras el Senado le otorgó el carácter de bien del Estado. Dicha discrepancia es más formal que sustantiva. Si se tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo 19, número 23º, de la Constitución Política, en lo relativo a los bienes que la naturaleza hace comunes a todos los hombres y que pueden reservarse a la nación, se aprecia que el proyecto apunta en esa dirección respecto de la energía geotérmica. Sin embargo, debe considerarse también lo establecido el artículo 589 del Código Civil, que otorga a los bienes del Estado la calidad específica de bienes nacionales.

En definitiva, como el propósito de ambas ramas del Congreso apunta a que el Estado aparezca como titular de esos bienes para el solo efecto de constituir derechos sobre ellos con fines de exploración o explotación a través del sistema de concesiones que establece la ley, se optó por el camino propuesto por el Senado y se dio a la energía geotérmica el carácter de bien del Estado.

La segunda divergencia se refiere a la intervención de la Comisión Nacional de Energía, la que fue excluida por esta Corporación en la mayor parte de los casos. Su intervención había sido considerada por la Cámara Baja durante el primer trámite constitucional de la iniciativa. Sobre el particular, se acogió el criterio de esta última y se resolvió dar a dicha Comisión la participación que le corresponde en razón de la materia.

La tercera discrepancia de importancia versa sobre distintos artículos del proyecto y tiene que ver con la solicitud de concesiones de exploración o explotación y con el contenido del decreto que las otorga. En el texto de la Cámara de Diputados había un mayor desarrollo en tal sentido y se establecía una cantidad especial de requisitos. El criterio del Senado fue aligerar en gran medida esas exigencias con el propósito de no desalentar a los inversionistas y de pedir sólo aquello que tenga un efecto jurídico posterior contemplado en la propia ley.

Por esa razón, en tales materias se aceptó -aunque con votación dividida- la línea del Senado recogida en la propuesta del Ejecutivo a que he hecho referencia.

La última divergencia relevante dice relación a los derechos de aprovechamiento de aguas, aspecto extraordinariamente importante en el campo de la energía geotérmica. Particular preocupación representó para el Senado la posibilidad de que los fluidos geotérmicos, una vez extraídos y utilizados, puedan dar origen, a través de procesos químicos, a aguas que naturalmente deben ser consideradas como de dominio del concesionario de explotación de que se trate. La divergencia suscitada permitió aclarar y desarrollar el texto, también a partir de una propuesta del Ejecutivo, y dar al tema de las aguas un tratamiento más completo que el contenido originalmente en el proyecto.

Señor Presidente, reitero que en general esas discrepancias fueron resueltas en forma unánime por la Comisión Mixta. Por ello, recomiendo aprobar el informe que obra en poder de cada uno de los señores Senadores.

He dicho.

El señor LARRAÍN.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, he seguido el trámite de esta iniciativa, en particular la aprobación que en forma unánime dio a su informe la Comisión Mixta y en el cual se han resuelto las diferencias producidas entre la Cámara de Diputados y el Senado. Sin embargo, el artículo 40 del proyecto me ha hecho reflexionar acerca de la constitucionalidad de lo establecido sobre el pago de patente, por cuanto es muy semejante a una norma que nos hallamos estudiando en la Comisión de Constitución a propósito del proyecto que modifica el Código de Aguas. Dicha norma se refiere al pago de patente por la no utilización de las aguas, hecho que en cierta circunstancia incluso podría hacer perder el dominio al titular del derecho de aprovechamiento de ellas.

El artículo 40 del texto final expresa: "El juez de letras en cuyo territorio jurisdiccional esté ubicada la concesión de energía geotérmica, o cualquiera de ellos, si fueren varios, será competente para declarar extinguida la concesión de explotación, a solicitud del Ministerio de Minería, si el concesionario, aun habiendo pagado patente, no desarrollare las actividades de explotación de su concesión, pudiendo hacerlo en condiciones razonables de rentabilidad,", etcétera.

El precepto transcrito me merece una duda de carácter constitucional. Aquí, a diferencia de lo que sucede en el amparo minero en que la concesión caduca por no pago de la patente, se establece que la concesión se extinguirá "si el concesionario, aun habiendo pagado patente, no desarrollare actividades de explotación de su concesión,".

Cuestiono la constitucionalidad de dicha disposición a la luz de lo preceptuado en el artículo 19, Nº 24º, de la Carta Fundamental, que se refiere a esta materia y señala que el derecho de propiedad está amparado, protegido y conceptualizado en toda su extensión, es decir, en lo atinente al uso o goce y disposición del bien sobre el que recae. De manera que es el dueño quien decide qué hacer con la propiedad y cuándo y cómo lo llevará a cabo. Por cierto, hay limitaciones legales, pero en este caso no se trata de restricciones en el ejercicio del dominio.

Respecto del derecho de propiedad sobre una concesión minera, como señalé, la Constitución contempla la obligación de desarrollar la respectiva actividad, de forma tal que si no se cumple puede caducar la concesión. Al efecto, la ley sobre concesiones mineras y el propio Código del ramo establecen que el amparo aludido consiste precisamente en el pago de una patente, pues se entiende que esto implica que el concesionario ve en ello una utilidad.

En el presente proyecto, en cambio, por una parte se exige el desarrollo de una actividad y por otra se crea una causal de caducidad que el constituyente autorizó sólo para el caso de la minería. La Constitución, como regla general, no permite que el no uso de un bien de que alguien es dueño pueda producir la caducidad del dominio.

Como todos sabemos -y así lo postula desde siempre el Derecho Civil-, el dominio es perpetuo. De aprobarse que la no explotación de la concesión produzca su caducidad, significará aceptar el no uso de ella como causal de pérdida del dominio. Esta causal, que alteraría la facultad de usar la concesión y, por lo tanto, la de no usarla, según lo determine el titular de ella, indudablemente reviste mucha gravedad porque podría traer como consecuencia la extensión de ella hacia otro tipo de bienes. Ya mencioné el caso del pago de patente por la no utilización de aguas, que en estos días nos encontramos resolviendo en la Comisión de Constitución. Y las dudas de constitucionalidad que nos asaltan provienen precisamente de este elemento que se está introduciendo.

Es efectivo que el agua es un bien nacional de uso público. No obstante, si bien éste es un punto que debe considerarse, ello no altera el argumento de fondo: que el titular es dueño de los derechos que emanan de la concesión, o del aprovechamiento del agua, según el caso.

En el fondo, aquí subyace una concepción que puede ser distinta del concepto del dominio y de la naturaleza que éste tiene a la luz de la Constitución Política. Si se tiene en cuenta que el dominio recae sobre una concesión del Estado y, por consiguiente, es una gratuidad que éste da y quita a su sola discreción, obviamente estamos frente a una situación en donde este elemento que se introduce en el texto es perfectamente posible. Sin embargo, si lo consideramos como un derecho real, que una vez adquirida la concesión permite ejercer todos los aspectos que constituyen plenamente el dominio, nos encontramos ante un concepto de naturaleza enteramente distinta.

Ésa es la tesis de la iniciativa, cuya aceptación me produce serias inquietudes y reparos constitucionales. Su eventual aprobación significaría retomar la trayectoria de los tiempos en que en Chile se debilitó el derecho de propiedad. Cuando se hizo la reforma agraria en el país, uno de los factores en virtud de los cuales se quitó el dominio de la propiedad a mucha gente fue precisamente el no uso de sus tierras o la mala explotación de ellas. Eso, mirado hoy día con la tranquilidad que da el tiempo transcurrido, indudablemente constituyó un atentado contra el derecho de propiedad.

Independientemente de otras consideraciones, de aceptarse sin mayores reparos el concepto contenido en el artículo 40 que he señalado -que, repito, de alguna manera también se halla contemplado en el proyecto sobre modificación del Código de Aguas y que constituye una materia que deberemos resolver cuando llegue a la Sala- podría volver a producirse el debilitamiento del derecho de propiedad a que me he referido.

Por eso, señor Presidente, no puedo menos que expresar aquí mis dudas acerca de la constitucionalidad del artículo 40. Y hago expresa reserva de mi derecho a hacer presente esta inquietud, en caso de estimarlo necesario, a través del recurso pertinente ante el Tribunal Constitucional.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.

El señor PÉREZ.- Señor Presidente, respecto del informe entregado por el Senador señor Parra, quiero agregar que, básicamente, la línea de división conceptual que hubo en la Comisión Mixta estuvo en que el texto despachado por la Cámara de Diputados contenía excesivas regulaciones y otorgaba a la autoridad muchas facultades que, desde nuestro punto de vista, eran arbitrarias; y el aprobado unánimemente por el Senado incorporaba elementos de mercado en todo lo relacionado con la concesión misma y con los derechos de los concesionarios frente al juez para desligarse de propósitos arbitrarios que pudiera tener la autoridad.

Cabe recordar que aquí la iniciativa partió con dos grandes líneas: la concesión administrativa y la concesión judicial. Pero como se trata de una materia muy compleja, el proyecto fue cambiando en la medida en que pudimos conocer las experiencias de otros países y cómo operaban en ellos las concesiones geotérmicas.

Ahora bien, básicamente, la línea general del proyecto se aprobó conforme a lo que fue la posición del Senado. Desde ese punto de vista, entonces, el informe de la Comisión Mixta, como lo señaló el Honorable señor Parra, es muy parecido al texto aprobado por esta Corporación.

Respecto del planteamiento del Senador señor Larraín, Su Señoría tendría razón siempre y cuando no consideráramos la última frase del artículo 40. Éste dice que el juez "será competente para declarar extinguida la concesión de explotación, a solicitud del Ministerio de Minería, si el concesionario, aun habiendo pagado patente, no desarrollare las actividades de explotación de su concesión, pudiendo hacerlo en condiciones razonables de rentabilidad,"(y ésta es la frase a que me refiero) "con el fin de obtener utilidades o ventajas adicionales mediante la explotación de otras fuentes energéticas.".

Señor Presidente, en la historia de la ley y, también, en el articulado está clarísimo que el concesionario puede detener sus faenas cuando lo estime conveniente, cuando crea que su proyecto no es rentable; y puede mantener su concesión absolutamente parada. Pero si lo hace concertadamente, o con fines monopólicos, o a través de una maquinación, y se descubre dolo, que el propósito de la detención es usar fuentes alternativas para subir el precio de la energía y obtener una rentabilidad distinta -es decir, para obviar los mecanismos del mercado-, en esas circunstancias el juez puede, sólo por esa causal, declarar extinguida la concesión.

Lo anterior aclara la inquietud que expuso el Senador señor Larraín, que es razonable.

Reitero que en la historia de la ley esta materia aparece determinada con toda claridad. Y, ciertamente, el concesionario puede disponer de la propiedad de la concesión y detener sus faenas cuando lo estime conveniente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Silva.

El señor SILVA.- Señor Presidente, independientemente de la observación que acaba de hacer el Honorable señor Pérez, quiero discrepar, con el mayor respeto, de los planteamientos del Senador señor Larraín.

Su Señoría citó como ejemplo la manera en que en su oportunidad se planteó la reforma agraria, señalando que el hecho de no estar utilizándose el predio por su propietario era lo que justificaba la expropiación para los fines de aquélla. Pero allí se trataba de un bien particular, específicamente del dominio privado de una persona y, por lo tanto, regido por las normas del Código Civil.

El caso de la especie es distinto. Aquí nos estamos planteando, tanto en el artículo 40 como en otras disposiciones del proyecto, ante la circunstancia de una concesión estatal. Y, para tales efectos, es irrelevante que ésta recaiga, o en un bien nacional de uso público, o en un bien del Estado. Esto, porque en ambos casos el Estado concedente sólo va a dar la concesión cuando esté inserta en ella, como motivación sustancial, una finalidad esencialmente pública. ¿Y en qué se halla inserta la finalidad pública? En que el concesionario cumpla con aquello que justificó el otorgamiento de la concesión.

Por ello, no creo que aquí sea factible aplicar, ni siquiera como semejanza, las cuestiones planteadas a la sazón en el caso de la reforma agraria, ni tampoco que pueda verse en peligro la norma contenida en artículo 19, número 24º, de la Constitución, ni menos la del número 26º, por la sencilla razón de que no está de por medio un dominio estrictamente sometido al derecho común, como sería el caso que, desde ese punto de vista, justificadamente temería el Honorable señor Larraín.

Estimo que la norma está bien interpretada. Por lo tanto, bajo esa apreciación, deseo expresar mi concurrencia con el informe que se somete a la aprobación del Senado.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Parra.

El señor PARRA.- Señor Presidente, las explicaciones de los Senadores señores Pérez y Silva han sido muy claras.

Quiero reiterar, primero, la necesidad de recordar que la energía geotérmica no es asimilable a sustancias mineras. Por esa razón se ha llegado a la formulación de una legislación especial y no se ha remitido la materia, simplemente, a la aplicación de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras o del Código de Minería.

En segundo término, el Senado resolvió oportunamente -y no fue motivo de discrepancias con la Cámara de Diputados- que, siendo éste un bien nacional y del Estado, se otorgaran concesiones administrativas para explorar o explotar.

Y, en tercer lugar, es de la esencia de ese tipo de concesiones el que la ley pueda establecer obligaciones y cargas al concesionario.

Lo que hace el artículo 40 es contemplar una sanción para el caso extremo -según muy bien dijo el Senador señor Silva- en que el concesionario actúa en contra del interés público o general que justificó el otorgamiento de la concesión. Pero, como la preocupación de la Comisión ha sido hacer de esa concesión un objeto de dominio y rodearla de distintos atributos, la aplicación de esa sanción quedó reservada a los tribunales de justicia y no a los órganos de la Administración.

El mencionado artículo 40 es de quórum especial; va a ser, en consecuencia, analizado por el Tribunal Constitucional en su oportunidad. Fue también objeto de informe por parte de la Excelentísima Corte Suprema, sin que hubiera reparo alguno respecto de su constitucionalidad. Y el punto fue analizado en su momento también en la Comisión, en los términos que aquí han quedado claros. Por tal razón, entendemos que el precepto se ajusta plenamente a la Carta Fundamental.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín, en su segundo discurso.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, éste es un asunto extremadamente delicado y, al mismo tiempo, técnico. Por eso creo importante, precisamente para que el Tribunal Constitucional se pronuncie en su oportunidad, revisar este concepto, ya que las concesiones que conllevan la obligación de desarrollar la actividad específica para la cual se otorgan, de acuerdo a la Carta, son sólo las mineras.

Efectivamente, el artículo 19 de la Constitución, en el número 24º, señala que "La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento.". Pero establece tal obligación únicamente respecto de la concesión minera; no la consigna en cuanto a ningún otro bien.

El hecho de que haya un interés público se debe a que las minas, como las aguas, son de propiedad del Estado; y por eso se entregan en concesión. Sin embargo, ello no supone un interés público en el uso.

Por ejemplo, el aprovechamiento de las aguas respecto de las cuales se ha entregado la concesión es netamente particular. Cuando un regante utiliza los derechos de agua que le han sido conferidos, lo hace en beneficio propio. Y nadie objeta eso. Usa las aguas para regar sus tierras, cultivarlas y extraer de ahí un lucro que permita su subsistencia y la de su familia. No hay en ese acto en sí un beneficio público en el sentido propio de la expresión.

En consecuencia, en la concesión no se exige necesariamente la permanencia del interés público, sino sólo que, como se trata de un bien de uso público y por lo tanto de propiedad del Estado, se conceda de determinada manera.

Por eso, lo grave aquí es que el no uso -que (insisto) solamente se regula a nivel constitucional respecto de la concesión minera- tenga como consecuencia una sanción, que es la máxima, pues consiste en la caducidad de la concesión. Es decir, se pierde la posibilidad de utilizar aquello que fue concedido.

Ahí es donde me parece que se está alterando o, al menos, debilitando la noción de derecho de propiedad. Y, como concepto, que el no uso sea causal de pérdida del dominio -repito- únicamente lo habíamos visto en Chile en el caso de la reforma agraria. Y no creo que, desde el punto de vista de la historia del derecho de dominio, aquél sea un ejemplo bonito de recordar.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se hará constar la reserva de constitucionalidad.

Tiene la palabra el Honorable señor Moreno, último orador inscrito.

El señor MORENO.- Señor Presidente, estamos ante una legislación nueva. Y nos enfrentamos a una situación sobre la cual prácticamente no existe experiencia en nuestro país. Por lo tanto, pienso que el Parlamento tiene la obligación de mirarla en la perspectiva de que no hay conocimiento de todas las formas de generación y uso de este tipo de energía, pues ésta ya ni siquiera pertenece a una comunidad nacional, porque en cierto momento puede estar emergiendo por determinado territorio y, debido a fallas geológicas, puede fluir al mismo tiempo por otro, creando todo un procedimiento de tipo internacional que en este momento ni siquiera está normado.

Por lo tanto, el Senado ha hecho bien. Y recojo plenamente las argumentaciones de los Honorables señores Parra, Silva y Pérez en el sentido de que la normativa propuesta no lleva a discutir el derecho de propiedad ni a debilitar la posibilidad de obtener una justa rentabilidad por la inversión realizada. Por ejemplo, alguien en cierto momento tiene la oportunidad de instalarse en el Tatio o en otra parte donde está aflorando energía geotérmica y de bloquear, con eso, todo un sistema; si de pronto, por razones A, B o C, pretende no utilizarla, creo lícito y legítimo, sin debilitar nada, establecer que eso puede no ser de mayor conveniencia para la sociedad.

Respecto de la argumentación dada por el Honorable señor Larraín sobre la reforma agraria, estimo que Su Señoría mismo debe de haber leído algo la historia. Fueron precisamente sus ancestros políticos quienes modificaron la Constitución y dictaron todo el mecanismo que permitía la aplicación de la ley 15.020, en el Gobierno de don Jorge Alessandri Rodríguez, con los Ministros señores Philippi y Mackenna. Por consiguiente, me parece un poco aventurado -por decirlo de algún modo- poner en duda la intencionalidad, la legitimidad, el diagnóstico y el espíritu con que la comunidad chilena convino en la necesidad de provocar a través de determinados mecanismos una redistribución de la propiedad de la tierra que no estaba siendo utilizada.

Por lo tanto, quiero dejar muy en claro que discrepo de la opinión del Senador señor Larraín. Creo que Su Señoría no conoce todos los antecedentes históricos. Y, por lo menos en opinión de quien habla y de todos los Senadores de la Democracia Cristiana, la reforma agraria fue un proceso que se llevó a cabo dentro de la Constitución y la ley, y que ha servido al país y, sobre todo, a mucha gente a lo largo del tiempo.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No habiendo otros señores Senadores inscritos, corresponde pronunciarse sobre el informe de la Comisión Mixta, en una sola votación.

¿Habría acuerdo para aprobarlo, dejando constancia de la reserva de constitucionalidad hecha por el Senador señor Larraín?

El señor LARRAÍN.- Con mi abstención, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Muy bien.

El señor LAGOS (Secretario).- La proposición contiene normas de ley orgánica constitucional y de quórum calificado. Por tanto, se necesitan 25 votos afirmativos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Hay 27 señores Senadores presentes. Restando la abstención del Senador Larraín, quedan 26.

Si le parece a la Sala, se aprobará el informe de la Comisión Mixta con 26 votos a favor y la abstención del Honorable señor Larraín.

--Se aprueba en los términos señalados.

Boletín N° 1536-11

PROHIBICIÓN PARA FLUORACIÓN DE AGUA POTABLE

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica el artículo 72 del Código Sanitario respecto a las normas técnicas sanitarias necesarias para que el agua sea apta para el consumo humano.

--Los antecedentes sobre el proyecto (1536-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley: (moción del señor Cantuarias).

En primer trámite, sesión 43ª, en 14 de marzo de 1995.

En tercer trámite, sesión 28ª, en 7 de septiembre de 1999.

Informes de Comisión:

Salud, sesión 7ª, en 13 de junio de 1996.

Salud (segundo), sesión 39ª, en 10 de septiembre de 1996.

Discusión:

Sesiones 24ª, en 1º de agosto de 1996 (queda para segunda discusión); 29ª, en 14 de agosto de 1996 (se aprueba en general); 8ª, en 6 de noviembre de 1996 (queda para segunda discusión); 20ª, en 7 de enero de 1997 (se despacha en particular).

El señor LAGOS (Secretario).- Por oficio Nº 2538, de 2 septiembre del año en curso, la Cámara de Diputados comunica que dio su aprobación al proyecto de ley del Senado que modifica el artículo 72 del Código Sanitario, con una sola enmienda, consistente en reemplazar, en el inciso segundo propuesto para el citado precepto, la frase "de elementos que tengan por objeto prevenir" por la siguiente: "de elementos que puedan prevenir o producir, según el caso,".

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión la enmienda sugerida por la Cámara Baja.

Tiene la palabra el Honorable señor Bombal.

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, el proyecto en debate tuvo su origen en una moción del entonces Senador señor Cantuarias, mediante la cual se buscaba prohibir la fluoración del agua. Los antecedentes presentados en su momento indicaban que dicho proceso podía provocar incluso la aparición de problemas cancerígenos. Señalaban, al mismo tiempo, que sólo 3 por ciento de la fluoración del vital elemento llegaba al ser humano y que el 97 por ciento restante no era aprovechado por éste y afectaba seriamente el medio ambiente.

El Senador señor Cantuarias y quienes apoyaban la iniciativa acompañaron abundante bibliografía que hacía recomendable la prohibición en comento.

De otro lado, el Ministerio de Salud se mostró contrario a la moción, argumentando que la fluoración del agua no causaba perjuicio a la salud pública.

La iniciativa -es muy antigua- fue aprobada, y después se decidió reformularla.

Así, señor Presidente, nos encontramos hoy en el tercer trámite constitucional de un texto que, en su inciso primero, permite al Presidente de la República, mediante decreto supremo fundado, expedido por intermedio del Ministerio de Salud, establecer las normas técnicas necesarias para que el agua se considere apta para el consumo humano.

El segundo inciso nuevo señala: "Del mismo modo, se determinará la agregación, disminución o eliminación, en las aguas aptas para el consumo humano, de elementos que tengan por objeto prevenir la aparición de enfermedades específicas en la población. En forma previa a la dictación del decreto correspondiente, el Ministerio de Salud solicitará a los organismos regionales y nacionales competentes en la materia, informes técnicos acerca de las características locales y geográficas de los abastos de agua y del perfil epidemiológico de la población respectiva, que respalden" la determinación que adopte el Presidente de la República. "Asimismo," -agrega el mismo inciso- "se recabará la opinión del Consejo Regional respectivo y se aplicarán las normas sobre Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, contenidas en la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.".

Ahí está la médula de la reformulación que se planteó en su oportunidad, quedando el Presidente de la República facultado en el sentido expuesto, con la participación de organismos regionales y nacionales que podrán opinar acerca de la conveniencia o inconveniencia de la medida pertinente.

Por otra parte, en un artículo transitorio se dispone que "En aquellos lugares en que no se esté adicionando flúor al agua potable, no podrá disponerse su agregación sin dar cumplimiento" al nuevo artículo 72 del Código Sanitario.

Ése es el sentido de la reformulación que se hizo del proyecto, que en un comienzo -como expresé- prohibía totalmente la fluoración del agua potable.

Tal como señaló el señor Secretario del Senado, la Cámara de Diputados propuso sustituir una frase del inciso segundo -me parece bastante razonable-, el cual, de aprobarse dicha sugerencia, diría: "Del mismo modo, se determinará la agregación, disminución o eliminación, en las aguas aptas para el consumo humano, de elementos que puedan prevenir o producir, según el caso, la aparición de enfermedades específicas en la población.".

La Comisión de Salud recomienda aprobar la modificación propuesta por la Cámara Baja.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, las explicaciones dadas por el Senador señor Bombal describen exactamente cuál fue la secuencia del proyecto en debate. Sólo deseo hacer dos o tres observaciones.

En primer término, con la aprobación que espero haga el Senado va a quedar una ley bastante curiosa, ya que el título no corresponderá al contenido de sus normas. En efecto, aquél dice que se prohíbe la fluoración del agua, en circunstancias de que la iniciativa ya no tiene nada que ver con ese tema.

En segundo lugar, quiero recordar que el debate que conoció el Senado anterior fue bastante largo y muy completo. Y, en definitiva, en nadie quedó la convicción de que el flúor produjese cáncer. Por el contrario, la mayoría de las opiniones técnicas apuntaban a que, siendo un elemento no inocuo, era capaz de prevenir las caries. Entonces, surgió una fórmula distinta.

Ahora el proyecto -lo digo para información de los señores Senadores que no estuvieron en el debate anterior- regula la agregación de ciertas sustancias al agua, como flúor, cobalto (como se ha hecho en ciertos casos), fierro, etcétera. En el fondo -lo señaló el Honorable señor Bombal-, se trata, en primer término, de una precisión sobre la manera en que el agua debe hacerse potable, responsabilidad que se entrega al Ministerio de Salud. Nadie podrá hacerlo ahora -punto que provocó una fuerte discusión con las empresas sanitarias- si no es con la única y expresa decisión del Ministerio de Salud, mediante sus reparticiones técnicas.

En segundo lugar, esta regulación es válida para cualquier sustancia, con consulta previa a los organismos regionales competentes destinada a corregir las diferentes situaciones que se producen a lo largo del territorio. Por ejemplo, algunas regiones del norte carecen de fluor, pero en otras hay exceso. Ésa es la razón por la que se entrega esa facultad a los Consejos Regionales y servicios de salud correspondientes.

En tercer término, como dispone el inciso tercero del artículo único, se vuelve a otorgar a los servicios de salud la responsabilidad de fiscalizar a las empresas de agua potable, lo que hoy no se encuentra tan expresamente establecido.

En cuanto a la modificación introducida por la Cámara de Diputados, no voy a hacer mayor cuestión. Creo que apunta a una complementación.

Resulta un poco extraño que esta normativa regule la incorporación de sustancias que puedan producir alguna enfermedad. Es bastante extraño, porque se supone que su objeto es otro. Sin embargo, con el fin de evitar un nuevo trámite de un proyecto de tan lata discusión, no haré mayor cuestión y habrá que dejarlo en los términos en que está. Pero dejo constancia de ello. Pero, como digo, vale la pena dejarlo así para evitar un nuevo trámite.

Anuncio mi voto afirmativo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.

El señor RÍOS.- Señor Presidente, con todo el respeto que me merecen los señores Senadores que han participado en la tramitación de esta materia, estimo que éste es un muy mal proyecto.

Se trata de una norma típica de la Administración, que ya poseen las autoridades de salud y que es propia de la acción que le ha correspondido al Ministerio de Salud desde su formación, como responsabilidad básica y fundamental: el cuidado de la salud de toda la población. Con tal fin, a esa Secretaría de Estado corresponde señalar las aguas y alimentos que se pueden consumir y los colorantes que se puedan incorporar a estos últimos. Todas esas disposiciones ya existen.

El proyecto autoriza al Presidente de la República ¿y hay que poner atención en este punto- para que mediante decreto fundado, expedido por intermedio del Ministerio de Salud, establezca las normas técnicas necesarias para que el agua se considere apta para el consumo humano. Y se añade: "En forma previa a la dictación del decreto correspondiente, el Ministerio de Salud solicitará los organismos regionales y nacionales competentes en la materia, informes técnicos acerca de las características locales y geográficas de los abastos de agua y del perfil epidemiológico de la población respectiva, que respalden dicha determinación." Entonces, el Presidente de la República podrá dictar un decreto que disponga que las aguas de Biobío, de Coihaique y de Punta Arenas serán éstas y las Antofagasta serán estas otras, conforme a los elementos químicos que se encuentren en ellas, etcétera. Creo que ése es un error. En mi opinión, no corresponde que exista ley. Así de simple.

En seguida, la misma iniciativa establece que se aplicarán las normas sobre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental contenidas en la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Vale decir, el proyecto dispone que deben cumplirse otras leyes. Entonces, no corresponde aprobarlo.

Por ello, solicito formalmente remitirlo a la Comisión de Salud, a fin de que informe, clara y definitivamente, si corresponde o no su aprobación. Desde mi punto de vista, no cabe despachar ninguna norma sobre estos temas, porque tanto el Ejecutivo como el Ministro de Salud y los servicios de salud disponen de facultades para aplicar las normas relativas al uso de agua de los habitantes de Chile. Ésa es mi petición formal.

--Se autoriza el ingreso a la Sala del Subsecretario de Salud, señor Álvaro Erazo Latorre.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Antes de dar la palabra al Honorable señor Romero, quiero recordar a la Sala que en este momento al Senado sólo corresponde aceptar o desechar la modificación de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, nuestro pronunciamiento sólo debe incidir sobre la aprobación o rechazo del reemplazo de la frase "de elementos que tengan por objeto prevenir" por "de elementos que puedan prevenir o producir, según el caso,". Se está objetando el fondo del proyecto -si lo que regula es o no materia de ley-, pero no la frase.

Por supuesto, reglamentariamente los señores Senadores tienen derecho a solicitar que el proyecto vaya a Comisión para que ésta se pronuncie sobre la frase, pero no sobre la incidencia del fondo del proyecto.

Además, se puede solicitar segunda discusión para requerir mayor información.

Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.- El señor Presidente me ha ahorrado parte de la intervención.

Lo cierto es que el Senado y la Cámara de Diputados ya manifestaron su criterio. Sin embargo, no deja de tener mérito la intervención del Honorable señor Ríos en cuanto a que la Comisión vuelva a considerar este tema, aun cuando sea para pronunciarse sobre la modificación introducida por la Cámara Baja.

Creo que éste es un tema extraordinariamente delicado. Pienso que la autoridad, en conjunto con la Comisión de Salud, la que siempre ha prestigiado al Senado, puede examinar esta materia, porque sin querer puede incurrirse en un error al establecer ciertas funciones y autorizaciones que, como ha quedado en evidencia en el debate, pueden colocar al país en una situación de indefinición o de falta de lógica en una materia que podría ser irreparable si se procede de inmediato a un pronunciamiento.

Por ello, propongo formalmente enviar el proyecto a la Comisión de Salud, no sólo para analizar la modificación de la Cámara de Diputados, sino también con el objeto de que, junto con el Ejecutivo, busque algún mecanismo -podría ser el veto- destinado a lograr mayor claridad sobre la materia.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No tengo inconveniente, pero advierto que el envío de observaciones por parte del Presidente de la República requiere la previa aprobación del proyecto en todos sus trámites legislativos.

Sería bueno escuchar la opinión del señor Subsecretario de Salud sobre este tema. En seguida, podrán hacer uso de la palabra los Honorables señores Martínez, Chadwick, Novoa y Ruiz-Esquide.

Tiene la palabra el señor Subsecretario.

El señor ERAZO (Subsecretario de Salud).- Señor Presidente, en primer lugar, creo que la referencia hecha a la historia fidedigna de la ley es pertinente para poder dimensionar su trascendencia.

Con motivo de esta iniciativa, paradojalmente, por primera vez en el país se cuestionó uno de los elementos más esenciales en materia de salud pública: la fluoración del agua. Y la discusión original se refirió a la prohibición de la fluoración del agua, elemento que, tal como se sostuvo aquí, tiene una historia que se arrastra desde el siglo pasado en cuanto a sus beneficios en materia de salud, particularmente en la prevención de las caries.

Considero extremadamente delicado, sin desmedro de las decisiones que pueda adoptar esta Sala, someter nuevamente a revisión el proyecto. Hay gran preocupación de fondo en los que toman las decisiones, especialmente los servicios de salud, respecto de lo que establece el Código Sanitario y, en especial, los colegios profesionales, entre ellos el de Cirujanos Dentistas, que tiene la potestad académica para fundamentar de manera adecuada la buena regulación existente en materia de fluoración de aguas en el país.

Cabe recordar que el Plan Nacional de Salud Bucodental que formuló el Ministerio de Salud pretende mejorar la salud bucal de la población con el uso de los fluoruros. En los últimos años -como lo reconoce toda la comunidad científica-, la utilización apropiada del flúor ha producido extraordinarios beneficios a la salud y a la calidad de vida de millones de personas en el mundo entero.

Sin embargo, estimo que este tema debe hacer fuerza a los Honorables Senadores, dada la especial necesidad de regular la disponibilidad de los fluoruros existentes actualmente en el país. Efectivamente, hay una preocupación sobre el eventual riesgo causado por una sobreexposición aguda o crónica por el uso de estos fluoruros, y debido a la necesidad que éstos cubren, se puede llegar a situaciones indeseables desde el punto de vista de la salud.

Por esta razón, además de las normas contenidas en el proyecto que nos ocupa, con todas perfecciones que se les introdujeron, un conjunto de disposiciones regulan esta materia. Sólo deseo hacer referencia a las establecidas en el decreto supremo Nº 735; en la Norma Chilena sobre Requisitos de Calidad del Agua para Diferentes Usos, decreto supremo Nº 867; en el Reglamento de Control Nacional de Productos Farmacéuticos, Alimentos de Uso Médico y Cosméticos, decreto supremo Nº 435, sobre el control de productos farmacéuticos y cosméticos, y en una serie de preceptos cuya aplicación por la Dirección General de Aguas permite asegurar el buen uso de la fluoración.

Como bien saben los señores Senadores, en varias Regiones de Chile ya se realizan procesos de fluoración de aguas: en la Primera, desde 1989; en la Quinta, desde 1985; y en la Metropolitana y en la Sexta, Séptima y Décima Regiones. Estos procesos han contado con una serie de exigencias y en el último tiempo se ha incorporado un sistema de vigilancia adecuado para evitar cualquier sospecha respecto de la buena aplicación de la fluoración.

En definitiva, esta iniciativa establece un criterio ágil y expedito para que el Presidente de la República dicte un decreto supremo que genere, a partir de la situación específica, la utilización de flúor en las aguas de cada una de las Regiones, lo que indudablemente es de pertinencia técnica del Ministerio de Salud. Como digo, se trata de procesos que se han estado desarrollando y que han adquirido validez sobre la base de sistemas de vigilancia que implican un control de flúor diario, semanal y mensual en cada Región donde se ha implantado el sistema de fluoración de aguas.

Por último, las modificaciones introducidas al proyecto, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, lo perfeccionan y fundamentan el buen uso de la regulación, particularmente en beneficio de la población, para lograr la protección deseada mediante la aplicación de este instrumento.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, mi intervención es sólo para referirme a un asunto formal que estimo importante aclarar.

Se habla de un "proyecto que prohíbe la fluoración del agua potable en el territorio nacional", y resulta que en ninguna parte del articulado se prohíbe fluorarla. Simplemente, se dice que para adicionar flúor al agua potable se debe cumplir lo dispuesto en el artículo 72 del Código Sanitario que se modifica.

Esto tiene importancia, porque es muy fácil que después se desarrollen campañas de opinión pública en contra de determinados procedimientos sanitarios. Si esto es acogido por ciertos medios de comunicación, deformando la información, fácilmente se pueden producir acciones negativas contra la gestión del Ministerio, de los médicos o de los dentistas.

Pido que se aclare este punto, que no es menor. Si se lee en el Diario de Sesiones del Senado que se aprueba el proyecto que, según su título, "prohíbe la fluoración del agua potable", entonces queda esa imagen, pero a renglón seguido se autoriza fluorarla, lo que puede originar campañas en contra de la purificación del agua.

Quiero que esto se corrija; se trata de un problema que vale la pena considerar. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señor Senador, la finalidad original del proyecto era, precisamente, prohibir la fluoración del agua potable. Sin embargo, luego se fue transformando -como muy bien se ha explicado aquí- hasta convertirse en el texto que conocemos ahora. En todo caso, estoy de acuerdo con Su Señoría en cuanto a que en los trámites que restan debería actualizarse su título de manera que refleje su objetivo exacto. Pero como ésa fue la idea inicial, se mantuvo la suma primitiva.

Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Chadwick.

El señor CHADWICK.- Señor Presidente, solamente deseo señalar la necesidad de que la iniciativa vuelva a la Comisión de Salud, y no sólo por el tema de fondo que planteó el Senador señor Ríos. Resulta bastante curioso dictar una ley tan reglamentada para cumplir una tarea obvia de las autoridades de salud, como es prevenir y proteger la salud de la población. Pero, bueno, eso será parte de nuestro sistema legislativo.

Sin embargo, a mi juicio, es conveniente que la modificación de la Cámara de Diputados vuelva a la Comisión para mejorar su redacción, ya que de su tenor literal se deduce que se permite "agregar" al agua potable elementos que podrían producir la aparición de enfermedades específicas en la población. Entonces, estaríamos ante una situación bastante curiosa...

El señor NOVOA.- Se puede "agregar, disminuir o eliminar" elementos.

El señor CHADWICK.- Como señala el Senador señor Novoa, también se permite agregar, disminuir o eliminar. Está bien. Pero hay que redactar adecuadamente las ideas, porque la interpretación de la norma queda abierta a todas las alternativas. O sea, se otorga facultad para algo obviamente insólito. Las leyes deben ser bien redactadas.

Por lo tanto, el proyecto requiere una mejor presentación formal, pues lo anterior sería bastante insólito. ¿Para qué permitir interpretaciones complejas en una norma tan simple? Repito: se deben hacer bien las cosas.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Insisto en precisar que lo único que cabría hacer a la Comisión sería recomendar la aprobación o el rechazo de la enmienda de la Cámara Baja. Pero no puede modificar su redacción.

En consecuencia, por economía legislativa, corresponde a la Sala pronunciarse sobre la proposición ya citada y recomendar al Ejecutivo que vete el proyecto, para que, por esa vía, se perfeccione la disposición. No tenemos otra alternativa.

El señor CHADWICK.- Cualquiera que sea la fórmula, señor Presidente, las cosas se deben hacer bien.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Estoy de acuerdo.

El señor CHADWICK.- Si el Ejecutivo se compromete a mejorar la redacción del proyecto, daría mi aprobación.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En la Sala se halla presente el señor Subsecretario de Salud que, por cierto, ha tomado nota de esta sugerencia.

Sinceramente, nada sacamos con enviar la iniciativa a Comisión, salvo hacer un debate mayor, tanto en ella como en la Sala, sobre la misma materia.

Lo que corresponde es aprobar la proposición de la Cámara de Diputados o la del Senado.

El señor NÚÑEZ.- Rechacemos la de la Cámara, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, mucho de lo que pensaba decir ya fue planteado.

Me parece evidente que nuestra legislación contemple facultades para que los servicios de salud ejerzan acciones tendientes a mejorar la salud de la población y a actuar cuando haya elementos que la dañen.

Afortunadamente, no participé en el largo debate del proyecto. De haberlo hecho, habría estado varios años sin tomar agua, porque me causaría mucho temor hacerlo sabiendo lo que pasa con ella. He bebido agua durante años y nunca he tenido problemas.

Deseo señalar que era muy pertinente la iniciativa tal como la presentó el ex Senador señor Cantuarias. Porque, considerando que las autoridades del área tenían facultades para agregar o suprimir productos, si el legislador quisiera prohibir el consumo de un producto determinado, tendría que dictar una ley como la que propuso el ex Senador señor Cantuarias para impedir la fluoración del agua. Pero si se resuelve que no es necesario prohibirla, estaría de más continuar la discusión del proyecto.

Eso es todo, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra, en su segundo discurso, el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, deseo precisar algunas de las afirmaciones que se han formulado porque nos estamos confundiendo.

Primero, ha quedado claro ¿y en este sentido comparto la aseveración del Honorable señor Novoa- que la iniciativa del ex Senador señor Cantuarias pretendía prohibir expresamente la fluoración. Así lo señalé en mi intervención anterior y, por lo demás, también lo hizo Su Señoría.

Segundo, la Comisión de Salud de esa época, y el Senado en su conjunto, rechazaron esa opción, argumentando que tal medida no podía transformarse en ley porque técnicamente no corresponde. El flúor no es cancerígeno, y universalmente es utilizado en la prevención de caries. Y numerosas personas dieron aquí un testimonio favorable en ese sentido.

Por lo tanto, el proyecto, por decirlo de alguna manera, "abortó".

¿Qué sucedió después? Se acordó reemplazar su texto por el que ahora estamos analizando, por tres razones. En primer lugar, porque el actual del artículo 72 del Código Sanitario sólo señala que "El Servicio Nacional de Salud ejercerá la vigilancia sanitaria sobre provisiones o plantas de agua¿". Resulta, sin embargo, que el Servicio Nacional de Salud no existe hoy día, por lo cual la primera enmienda que hicimos fue la de remitirnos a "los Servicios de Salud".

En segundo término, por considerar que los adelantos tecnológicos hoy día existentes y el avance en los conocimientos acerca de las posibilidades de modificar el uso de ciertas sustancias en el agua, justificaba y ameritaba, por decirlo así, el abordar el tema de manera más clara y precisa de lo que nosotros estábamos pensando.

Y en tercer lugar, porque quisimos hacer un esfuerzo especial para dar participación a los organismos regionales, como es el caso de este proyecto, que nació de un grupo de dentistas de la Universidad de Concepción, que fue el que asesoró en esta materia al ex Senador señor Eugenio Cantuarias. Debo agregar que no hubo unanimidad en este sentido, y la medida no fue compartida ni por el Colegio de Dentistas ni por la Universidad de Chile, ni por el resto del Departamento de Odontología, en Concepción.

Y a las anteriores se agregó otra razón, y es la de que, por haberse separado las empresas de agua potable, las empresas sanitarias, había criterios distintos sobre la manera y forma de hacer la depuración. En consecuencia, lo que quiero aquí es rescatar el valor que tuvo la presentación hecha por el ex Senador señor Cantuarias, en cuanto a que ha dado lugar a un debate extraordinariamente interesante. Creo que lo que hicimos en la Comisión de Salud correspondió a una opinión muy generalizada, tanto del Senado como del Gobierno, por lo que las reacciones no me parecen adecuadas.

He dicho que soy partidario de aprobar el texto del Senado e hice una observación sobre lo inadecuado de la modificación de la Cámara de Diputados. Si no es posible que la iniciativa vuelva a la Comisión de Salud, y queremos corregir lo que hizo la otra Cámara, concuerdo con la sugerencia de la Mesa. Es decir, que rechacemos el criterio de la Cámara y acojamos el texto que el Senado ha aprobado prácticamente por unanimidad, haciendo presente al Ejecutivo que si considera necesario efectuar alguna corrección, lo haga por la vía del veto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Habría acuerdo en aceptar la proposición del Honorable señor Ruiz-Esquide?

Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, si en definitiva vamos a resolver por la vía del veto el problema que aquí se ha planteado, escojamos el camino más corto: aceptar el criterio de la Cámara de Diputados, porque así el proyecto pasa directamente al Ejecutivo. Si lo rechazamos, vamos a tener una Comisión Mixta sólo para esta frase.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Incluso podríamos arreglar el proyecto en Comisión Mixta.

Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.

El señor BITAR.- Señor Presidente, voy a votar en contra del proyecto de la Cámara de Diputados y también de la proposición del Senado, por cualesquiera de ellos, porque después de analizar todos estos datos he llegado a la conclusión de que es un proyecto totalmente inútil, que partió estableciendo una prohibición, la que posteriormente anuló, y lo que estamos haciendo es corregir las normas vigentes con las cuales es posible regular esta situación.

Estoy consciente de que respecto de lo actualmente existente hay un perfeccionamiento, como ha dicho muy bien el Senador señor Ruiz-Esquide, pero ello no tiene nada que ver con la idea original. Además, creo que se cuenta con las atribuciones para materializar esa medida. Entonces, estimo que no se justifica el darnos tanto trabajo por aprobar iniciativas sólo por el hecho de hacerlo, en circunstancias de que los cambios pertinentes serían de muy poca magnitud. Por ello, estimo que no valdría la pena continuar la tramitación de este proyecto.

Por tales razones, repito, votaré en contra de la proposición de la Cámara de Diputados y también de la del Senado, por cualesquiera de las dos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tendría que abstenerse, señor Senador.

Tiene la palabra el Honorable señor Silva.

El señor SILVA.- Señor Presidente voy a aceptar la proposición, pero con una pequeña variante a su sugerencia.

Concuerdo en rechazar el proyecto, para que vaya a Comisión Mixta y ésta sencillamente proceda a su archivo. No me cabe la menor duda de que la otra rama del Congreso va a estar de acuerdo con el Senado, porque, en primer lugar, lo que ha pasado no es culpa de ella, sino de esta Corporación, la que está reconociendo el error en que incurrió. Y hay algo peor: esta norma es contraria al artículo 60 porque, como ha dicho el Honorable señor Ríos, no es materia de ley. ¿Y qué debemos hacer para arreglar el proyecto? Archivar el asunto. Para ello, rechazamos el proyecto, se reúne la Comisión Mixta, y resuelve archivarlo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ése es ya un tema de procedimiento. La Comisión Mixta podrá proponer o no el archivo, pero el trámite jurídico que corresponde al proyecto tal como está, es el que está proponiendo la Mesa.

Tiene la palabra el Honorable señor Zurita.

El señor ZURITA.- Señor Presidente, creo que se ha producido un confusión entre los señores Senadores antiguos y los nuevos; no quiero hablar de elegidos y designados, para evitar suspicacias.

El proyecto tenía un solo fin: prevenir las caries, y para eso mundialmente era conocido el efecto favorable de la fluoración del agua. Sin embargo, alguien dijo "Esto es como muchas cosas, que hacen bien por un lado y mal por otro: resulta que la fluoración produce cáncer". Y de allí proviene toda esta discusión. Pero hoy día estamos enfrentados a otro problema muy simple: de gramática, por así decirlo. La Cámara propuso una frase que, a mi juicio, está bien, porque después de la discusión se llegó a un proyecto mucho más amplio que el de la fluoración, destinado a proteger la salud por el consumo del agua potable, en el que se establece que se determinará la agregación, disminución o eliminación de ciertos elementos. ¿Qué significa esto? Que al agua potable habrá que quitarle lo malsano y agregarle lo benigno. Por eso, el artículo se refiere a "elementos que tengan por objeto prevenir" o a elementos que puedan producir, según el caso. O sea, hay aguas que si no se les agregan elementos que prevengan la enfermedad, la producen; y otras en las que habría que eliminar determinado elemento.

Entonces, creo que basta con aceptar la frase propuesta por la Cámara de Diputados.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde votar la modificación propuesta por la Cámara de Diputados.

En votación.

El señor LAGOS (Secretario).- Resultado de la votación: 17 votos en contra, 6 a favor.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se rechaza la modificación introducida por la Cámara de Diputados y, en consecuencia, se mantiene el texto acordado por el Senado.

La Mesa propone designar como representantes de esta Corporación ante la Comisión Mixta a los miembros de la Comisión de Salud.

Acordado.

Boletín N° 2342-05

CALIDAD DE EXPORTADORAS A EMPRESAS QUE EXPLOTEN U OPEREN PUERTOS MARÍTIMOS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que otorga la calidad de exportadoras a las empresas que operen o exploten puertos de uso público para los efectos del artículo 36 del decreto ley Nº 825, de 1974.

--Los antecedentes sobre el proyecto (2342-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 19ª, en 4 de agosto de 1999.

Informe de Comisión:

Hacienda, sesión 33ª, en 15 de septiembre de 1999.

El señor LAGOS (Secretario).- El proyecto inició su trámite reglamentario en la Comisión de Hacienda del Senado el 4 de agosto del presente año.

Sus principales objetivos son: otorgar a las empresas que explotan u operan puertos marítimos la calidad de exportadoras para que puedan recuperar el IVA soportado en la adquisición de bienes y servicios utilizados en su actividad; y evitar que el impuesto que no pueda ser recuperado mediante el procedimiento general, dado el carácter exento que tienen muchos de los servicios prestados por las citadas empresas, contribuya al aumento del costo de los servicios, impactando negativamente en la competitividad de nuestro comercio exterior.

La Comisión, por unanimidad, aprobó en general y luego en particular el proyecto.

En cuanto a su financiamiento, se hace presente en el informe que la iniciativa no significará mayor gasto, sino un menor ingreso fiscal de poca magnitud, por lo cual sus normas no producirán desequilibrios presupuestarios ni incidirán negativamente en la economía del país.

En mérito de las consideraciones anteriores, la Comisión propone aprobar la iniciativa en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, el artículo 36 del decreto ley Nº 825, sobre impuesto a las ventas y servicios, dispone: "Los exportadores tendrán derecho a recuperar el impuesto de este Título que se les hubiere recargado al adquirir bienes o utilizar servicios destinados a su actividad de exportación.".

Se concede este beneficio ya que los exportadores, al vender sus productos al exterior, no recuperan el impuesto y, por lo tanto, no pueden acreditar contra él los pagos que hayan hecho. Y se les permite recuperar este impuesto básicamente con el objeto de impedir que los productos chilenos que se exportan salgan recargados con el IVA.

El proyecto persigue otorgar a las empresas que explotan u operan puertos marítimos la calidad de exportadoras con el objeto de que se puedan beneficiar con esa misma disposición.

¿Cuáles son las empresas que obtendrán este beneficio?

En primer lugar, las diez derivadas de EMPORCHI, vale decir, aquellas que operan los puertos públicos; en segundo término, las titulares de las concesiones de esos puertos en virtud de lo establecido en la ley Nº 19.542, y, por último, aquellas que exploten puertos privados abiertos al servicio público.

En consecuencia, se benefician todas las empresas que presten servicios en puertos marítimos de servicio público.

La Comisión de Hacienda, por unanimidad, estimó conveniente dar la calidad de exportadoras a esas empresas porque, evidentemente, sus servicios se encuentran relacionados con la exportación y por cuanto el proyecto de ley señala que obtendrán ese beneficio por los servicios que presten y que digan relación con operaciones de exportación, importación y tránsito internacional de bienes.

En la Comisión de Hacienda se analizó, por ejemplo, por qué el mismo beneficio no se establecía en forma expresa respecto de quienes presten servicios en los puertos secos. Además, se consultó cuál es la situación de las empresas que prestan servicios en los aeropuertos. Con el objeto de aclarar estas situaciones, se acordó enviar un oficio al Ejecutivo para que se nos informe en general sobre todo el sistema que beneficia a los exportadores.

Pero se estimó que esta disposición, aplicada a quienes operan puertos marítimos, tenía justificación. Y, sin perjuicio de que es factible avanzar en otras situaciones, la Comisión, por unanimidad, recomienda aprobar el proyecto en estudio.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, la ley Nº 19.542, de modernización del sector portuario estatal, sentó las bases necesarias para introducir una profunda transformación en dos aspectos fundamentales de esta importante actividad:

a) Descentralización de la Empresa Portuaria de Chile en diez empresas portuarias autónomas, y

b) Apertura a la inversión privada en los puertos estatales, a través de concesiones en la operación de terminales portuarios.

Entre los beneficios de la modernización de los frentes de atraque licitados podemos señalar:

-Disminución del costo portuario en general por efecto de rebaja de tarifas portuarias para algunas naves, desde el inicio de las concesiones.

-Reducción de los costos portuarios por efecto de la mejora en la eficiencia y la consecuente disminución de los tiempos de espera de las naves, a los dieciocho meses de iniciada la concesión.

-Disminución progresiva de los costos de transporte, determinada por la posibilidad de los frentes modernizados para atraer naves de mayor capacidad y menores tarifas de flete marítimo.

El objetivo de este conjunto de beneficios es disminuir progresivamente el costo total de la cadena de transporte marítimo-portuario en favor de los exportadores e importadores, y, en consecuencia, de los consumidores finales. De este modo, se desarrolla una ventaja estratégica para el comercio internacional y la economía chilena en su conjunto.

Añadiré un dato más. Los requerimientos de inversión de las empresas privadas en el sector alcanzan a 500 millones de dólares para el período 2000-2004. Por otra parte, durante 1998, Chile movilizó 64.5 millones de toneladas por vía marítima.

Por todo lo expuesto, se hace necesario mejorar las condiciones jurídicas del sector, facilitando al máximo su operatividad.

En este marco, el presente proyecto propone que las empresas que exploten u operen puertos de uso público puedan recuperar el IVA soportado por sus compras y servicios. Para ello es necesario otorgarles la calidad de exportadoras, la cual les permitirá recuperar dicho impuesto, ya que se podría aplicar lo previsto en el artículo 36 del DL Nº 825, que señala que estarán exentos de lo establecido en este Título las especies exportadas en su venta al exterior.

Ello es comprensible, ya que si se gravara con IVA la exportación de bienes, tal impuesto no podría ser recuperado en el exterior como crédito fiscal por el importador extranjero. De este modo, el impuesto se transforma en un mayor costo del producto. Este encarecimiento genera paulatinamente una pérdida de competitividad de nuestros exportadores en el servicio portuario.

La reforma en comento permite hacer equivalente la situación del impuesto soportado al exportar bienes, alcanzando la exención de bienes y servicios para desarrollar su actividad exportadora. Se trata de ampliar el campo de acción de la exención del IVA a otros servicios, como el de porteo, estiba y desestiba, todos vinculados a la exportación de los productos y a la puesta a bordo de la mercancía que se está exportando. Se trata de evitar que se exporte un tributo. Para ello, la ley consagra un procedimiento destinado a obtener la recuperación del IVA soportado en el caso de compras o servicios utilizados.

Estos procedimientos se pueden aplicar bajo dos fórmulas: imputando a otros débitos fiscales a los que la empresa se encuentra obligada, o, en el caso de que el exportador haga uso de este derecho, obteniendo su reembolso conforme a lo establecido en el decreto supremo Nº 348, de 1975, disposición insuficiente que amerita la reforma propuesta por el proyecto en análisis.

En definitiva, nos encontramos ante un texto que mejorará sustancialmente la orientación de nuestra economía hacia las exportaciones, evitando gravarlas artificialmente con costos tributarios.

Naturalmente, votaré a favor.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, me parece que el proyecto es muy positivo, pues tiene por objeto perfeccionar nuestro comercio internacional. Dada la situación que se presenta en el mundo del comercio, se requiere estar permanentemente atentos a las modificaciones que es preciso introducir para que nuestro comercio tenga la competitividad adecuada, de modo que los productos chilenos puedan llegar en condiciones convenientes a los distintos mercados y que las importaciones, a su vez, también respondan a la misma característica. Se trata de no gravar innecesariamente con tributos que, en último término, determinen que éstas resulten más gravosas para el consumidor o que resten competitividad a las exportaciones.

A mi juicio, el proyecto apunta al camino adecuado, en la línea de la modificación y modernización convenientes de la legislación tributaria, adecuándola a las exigencias de los tiempos en el plano del comercio internacional. De otra manera, como aquí se ha dicho, estaríamos exportando tributos, y lo único que se lograría con ello sería encarecer y dificultar la competencia de nuestros productos o, en el caso de las importaciones, encarecerlas para el consumidor.

En definitiva, creo que es un proyecto apropiado, necesario y oportuno, sin perjuicio de que también se deben revisar otras situaciones que pueden ser semejantes a las del ámbito marítimo, como las que dicen relación a puertos secos y al transporte aéreo. La respuesta que recibimos en su oportunidad en la Comisión no fue satisfactoria en cuanto a aplicar o no el mismo tributo o a si se encuentra o no en igual situación el transporte aéreo, por ejemplo, que en nuestro comercio internacional también reviste una importancia creciente y muy determinante en algunos productos, en especial los de alto valor o los provenientes del mar, como los congelados. Deseamos que ese punto se aclare. De encontrarse en similar pie que el transporte marítimo, debiera presentarse en su oportunidad otro proyecto, en iguales términos, a fin de uniformar la legislación tributaria en el mismo sentido.

Por las razones que he señalado, votaré favorablemente la iniciativa.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Urenda.

El señor URENDA.- Señor Presidente, quiero intervenir sólo para dejar una constancia.

El artículo 8º de nuestro Reglamento establece que "No podrán los Senadores promover, debatir ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos, sus ascendientes, sus descendientes, su cónyuge y sus colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y el tercero de afinidad, ambos inclusive.".

Y agrega: "Sin embargo, no regirá este impedimento en negocios de índole general que interesen al gremio, profesión, industria o comercio a que pertenezcan, en elecciones", etcétera.

Es evidente que estamos ante una iniciativa de orden general y que, en consecuencia, todos los Parlamentarios podemos intervenir a su respecto, cualquiera que sea la vinculación, directa o indirecta, que pueda atribuírsenos.

Lamentablemente, un par de Diputados se han dedicado a la injuria y a la ofensa, atribuyendo al Senador que habla influencias indebidas desde su cargo.

Por mi parte, no intervendré en el debate ni votaré, como una manera de remarcar la absoluta independencia de mi proceder, no obstante que, como señalé, estamos ante un proyecto de orden general, que interesa a toda una actividad, con la cual podría entenderse que estoy, a lo mejor, indirectamente relacionado.

Nada más.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En su caso, se puede abstener, señor Senador. No tiene para qué acogerse al artículo 8º, porque, en el fondo, sería estar reconociendo algún interés directo o indirecto en el asunto. Absteniéndose, Su Señoría obtiene el mismo resultado, sin la aplicación del referido precepto reglamentario.

El señor URENDA.- No intervendré, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará en general el proyecto.

--Se aprueba, y, por no haber sido presentadas indicaciones, queda aprobado también en particular.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión.

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--Se levantó a las 18:25.

Manuel Ocaña Vergara,

Jefe de la Redacción