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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 351ª, ORDINARIA
Sesión 13ª, en martes 20 de julio de 2004
Ordinaria
(De 16:21 a 19:5)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ, PRESIDENTE,
Y SERGIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y SERGIO SEPÚLVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cordero Rusque, Fernando
--Espina Otero, Alberto
--Fernández Fernández, Sergio
--Flores Labra, Fernando
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior subrogante y de Educación, la señora Jefa de la División de Educación Superior, y el señor Jefe del Departamento Jurídico del Ministerio de Educación.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 17 señores Senadores.
El señor LARRAÍN (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor LARRAÍN (Presidente).- El acta de la sesión 11ª, ordinaria, en 13 de junio del año en curso, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor LARRAÍN (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor SEPÚLVEDA (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Cuatro de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con los tres primeros retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "suma", respecto de los siguientes proyectos de ley:
1) El que modifica la ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial; el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, y la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y faculta a los municipios para otorgar condonaciones que indica (Boletín Nº 2.892-06).
2) El que establece el Régimen de Garantías en Salud (Plan AUGE) (Boletín Nº 2.947-11).
3) El que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo (Boletín Nº 2.361-23).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el último hace presente la urgencia, en el carácter de "discusión inmediata", respecto del proyecto que modifica la ley Nº 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, con el fin de delimitar el concepto de gasto electoral, eliminar el registro de proveedores, regular los aportes reservados a los partidos políticos y a los institutos de formación política, y ampliar el plazo para la defensa en el caso de rechazo de una cuenta de ingresos y gastos de campaña (Boletín Nº 3.599-06).
--Se tiene presente la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta Fundamental, comunica su ausencia del territorio nacional en las fechas que a continuación se indican, con el propósito que en cada caso se señala:
--Día 18 del mes en curso: a las 9, salida del territorio nacional rumbo a los Estados Unidos de América.
--Día 19: visita de trabajo a la ciudad de Washington D.F.
--Día 20: visita de trabajo a la ciudad de Nueva York.
--Día 20: por la tarde, vuelo hacia territorio jamaicano, para permanecer allí tres horas (visita de trabajo a la ciudad de Kingston).
--Día 21: visita de trabajo y visita a tropas chilenas en la República de Haití.
--Día 22: regreso a Santiago de Chile.
Asimismo, señala que durante su ausencia será subrogado, con el título de Vicepresidente de la República, por el Ministro titular de la Cartera del Interior, don José Miguel Insulza Salinas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Carta Fundamental.
--Se toma conocimiento.
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados:
Con los tres primeros comunica que ha otorgado su aprobación a los siguientes proyectos de ley:
1) El que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, con urgencia calificada de "simple" (Boletín Nº 3.021-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
2) El que modifica la ley Nº 19.253, sobre indígenas, con la finalidad de reconocer la existencia y atributos de la etnia diaguita y la calidad de indígena diaguita (Boletín Nº 3.023-01).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
3) El que ordena la anotación en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados de los vehículos robados (Boletín Nº 3.344-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Con el último informa que aprobó el proyecto de acuerdo que aprueba el "Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos", adoptado el 27 de marzo de 1998, y suscrito por Chile el 14 de abril de 1999 (Boletín Nº 3.515-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
De la Excelentísima Corte Suprema, mediante el cual emite su parecer respecto del proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en moción de los Senadores señores Espina, Cantero, Chadwick, García y Fernández, que hace aplicable el recurso de nulidad establecido en el artículo 372 del Código Procesal Penal, en el plazo que señala, a los condenados o procesados por delitos que indica (Boletín Nº 3.580-07).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Del señor Ministro de Justicia, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, relativo a la dotación de funcionarios de Gendarmería de Chile y a los problemas que deben enfrentar en el desempeño de sus funciones.
Del señor Ministro de Salud, con el que responde dos oficios enviados en nombre del Senador señor Stange, referidos a distintos aspectos de la Red de Salud de la provincia de Palena, Décima Región.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales, por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, relativo a las viviendas sociales construidas en la localidad denominada La Pasada, comuna de Maullín, Décima Región.
Del señor Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, mediante el cual, de conformidad con lo prescrito en la letra e) del artículo 6º de la ley Nº 19.227, remite al Senado la Memoria del Consejo Nacional del Libro y la Lectura.
Del señor Director del Servicio Electoral, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre la factibilidad de crear una junta inscriptora y mesas receptoras de sufragios en la localidad de Puerto Gala, comuna de Cisnes, Undécima Región.
Dos de la señora Directora subrogante del Servicio de Salud Araucanía Norte, con los que responde sendos oficios enviados en nombre del Senador señor Espina: uno, sobre la situación de los funcionarios del Hospital de Victoria, y otro, relativo al funcionamiento del Centro de Atención Integral para el Adulto Mayor de Collipulli "Manuel Bustos Herrera".
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea los tribunales de familia, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 2.118-18).
De la Comisión de Defensa Nacional, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas, estableciendo mayores exigencias para inscribir un arma y prohibiendo el porte de las mismas, con urgencia calificada de "simple" (Boletín Nº 2.219-02).
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre evaluación docente, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 3.404-04).
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 17.322, el Código del Trabajo y el decreto ley Nº 3.500, de 1980, sobre cobranza judicial de imposiciones morosas, con urgencia calificada de "simple" (Boletín Nº 3.369-13).
--Quedan para tabla.
El señor LARRAÍN (Presidente).- Terminada la Cuenta.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor LARRAÍN (Presidente).- El señor Secretario dará a conocer los acuerdos de Comités.

El señor HOFFMANN (Secretario).- Los Comités, en sesión de hoy, acordaron unánimemente lo siguiente:
1) Poner en primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana el proyecto sobre tribunales de familia.
2) En cuanto al proyecto sobre gasto electoral, autorizar a las Comisiones de Gobierno y de Hacienda para que, en ese orden, emitan sus informes verbalmente, y ponerlo en la tabla de esta sesión, si así fuere informado.
3) Colocar en la tabla de Fácil Despacho de la sesión de mañana el proyecto relativo al Sistema Nacional de Inteligencia del Estado.
4) Abrir nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto sobre fomento audiovisual hasta mañana, a las 12, las cuales deberán entregarse en la Comisión.
5) Abrir nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto sobre bosque nativo hasta hoy, a las 24, las que deberán presentarse en la Comisión.
6) Facultar a la Mesa para poner en tabla durante el mes de agosto el proyecto de reformas constitucionales, entendiendo que dicha facultad habilita a la Presidencia para colocarlo en primer lugar del Orden del Día y para citar a sesiones especiales al efecto.
7) Con motivo de la implementación del sistema electrónico de votación, aplicar estrictamente el artículo 173 del Reglamento, en el sentido de que, pronunciadas por el señor Presidente las palabras "terminada la votación", no se admitirá, ni aun por acuerdo unánime de la Sala, el voto de ningún señor Senador.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, deseo plantear una duda relacionada con la votación electrónica y el derecho a fundamentar el voto.
¿Qué sucedería si, sometida una materia a votación electrónica, alguno de los señores Senadores solicitara hacerlo en forma nominal?
Supongo que, en ese caso, se mantiene lo dispuesto por el Reglamento en lo atinente a la votación nominal. Es decir, esta última continúa vigente en la forma habitual.
El señor LARRAÍN (Presidente).- Absolutamente, señor Senador. Si después de anunciar la votación electrónica un señor Senador pe votación nominal, predominará esta última. Tomada la votación nominal, no se recurrirá al sistema electrónico.
V.
FÁCIL DESPACHO



CONVENCIÓN DE ROTTERDAM SOBRE CONSENTIMIENTO PREVIO PARA COMERCIO INTERNACIONAL DE PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS.


El señor LARRAÍN (Presidente).- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional" y sus anexos I, II, III, IV y V, adoptados en Rotterdam el 10 de septiembre de 1998, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3349-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 17ª, en 9 de diciembre de 2003.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 12ª, en 14 de julio de 2004.

El señor HOFFMANN (Secretario).- Los objetivos principales del Convenio son promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos, con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños y contribuir a su utilización ambientalmente racional.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó en general y en particular el proyecto de acuerdo por la unanimidad de sus miembros (Senadores señores Coloma, Martínez, Muñoz Barra, Romero y Valdés), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Finalmente, corresponde señalar que la Comisión propone al señor Presidente discutir el proyecto de acuerdo en general y en particular a la vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento del Senado.
El señor LARRAÍN (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.

Tiene la palabra el Honorable señor Romero, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, el Convenio en comento busca asegurar que los gobiernos dispongan de información acerca de las características de los productos químicos peligrosos, a fin de evaluar los riesgos y adoptar decisiones fundadas sobre futuras importaciones de tales productos.
Asimismo, facilita la información a otras naciones, de manera que los países importadores y exportadores compartan la responsabilidad de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los efectos nocivos de ciertos productos químicos objeto de comercio internacional.
En dicho contexto, el Convenio de Rotterdam, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, permite a los países importadores decidir cuáles son los productos químicos potencialmente peligrosos que quieren recibir o excluir los que no pueden gestionar con seguridad.
En el caso del comercio autorizado, las normas de etiquetado e información sobre los efectos potenciales en la salud y el medio ambiente fomentarán un empleo más seguro de los productos químicos.
La aplicación del Convenio beneficia a Chile en el establecimiento del registro de productos químicos utilizados en el país, en el desarrollo de un sistema de traspaso de información para la toma de decisiones administrativas y legislativas respecto de los productos químicos prohibidos y restringidos internacionalmente, y en la protección de la salud humana y animal y del medio ambiente en cuanto a los efectos perjudiciales derivados del manejo de tales elementos.
El 24 de febrero de 2004, luego de reunidas 50 firmas de ratificación, entró en vigencia el Convenio de Rotterdam, y a la fecha lo han ratificado 73 países.
Es cuanto puedo informar sobre esta iniciativa, cuya aprobación solicito a la Sala.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.

--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular.




CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO


El señor LARRAÍN (Presidente).- En seguida, corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba la "Convención Interamericana contra el terrorismo", adoptada en Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3280-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 3ª, en 14 de octubre de 2003.
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 29ª, en 15 de enero de 2004
Relaciones Exteriores (nuevo), sesión 12ª, en 14 de julio de 2004.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario).- Cabe advertir que la iniciativa en discusión cuenta con un nuevo informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, de conformidad con un acuerdo de la Sala de 20 de enero del año en curso.
El objeto principal de la Convención es adoptar en el Sistema Interamericano un conjunto de medidas eficaces para prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo mediante la más amplia cooperación.
La Comisión de Relaciones Exteriores deja constancia en su nuevo informe de las palabras del Director Jurídico de la Cancillería en cuanto a que el Gobierno se comprometió, junto con ratificar la Convención, a formular una declaración interpretativa respecto de su artículo 13, en el sentido de que éste no menoscaba el derecho del Estado asilante de calificar, en conformidad al Derecho Internacional, la naturaleza del hecho que origina la solicitud de asilo.
El proyecto de acuerdo fue aprobado en general y en particula, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores (Senadores señores Coloma, Martínez, Muñoz Barra, Romero y Valdés), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Por último, cabe hacer presente que la Comisión propone al señor Presidente discutir la iniciativa en general y en particular a la vez, conforme a lo prescrito en el artículo 127 del Reglamento del Senado.
El señor LARRAÍN (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.

Tiene la palabra el Honorable señor Romero, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, es conveniente señalar que, cuando se emitió el primer informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, los Comités, por acuerdo adoptado el 20 de enero del año en curso, remitieron el proyecto a la Comisión para un nuevo informe -según consta en el Diario de Sesiones del Senado- a los efectos de aclarar el sentido del artículo 13 del Convenio referente al derecho de asilo.
En la sesión celebrada para estudiar nuevamente esa materia, el representante del Ejecutivo reiteró que el Gobierno se había comprometido a formular la siguiente declaración interpretativa, al ratificar el Tratado en comento:
"El Gobierno de Chile, sin perjuicio de reiterar su condena a todos los actos, métodos y prácticas del terrorismo, cualesquiera sea su motivación, forma o manifestación, y de expresar que continuará adoptando todas las medidas pertinentes que sean necesarias en la lucha contra dichos actos, viene en manifestar que la disposición del artículo 13 de la Convención, no menoscaba el derecho del Estado asilante de calificar, en conformidad al derecho internacional, la naturaleza del hecho que origina la solicitud de asilo.".
Con esta declaración se clarifica el rol que le cabe al Estado chileno para calificar la petición de asilo.
Por último, cabe indicar que las normas y principios contenidos en el Tratado se encuentran presentes en prácticamente todos los instrumentos internacionales de que nuestro país ya es parte, de modo que su aprobación no impone carga adicional al Estado de Chile.
Por todas estas consideraciones, la Comisión acordó reiterar su parecer favorable al proyecto y solicitar a la Sala su aprobación.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, fue muy oportuna la explicación dada por el Senador señor Romero, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
En todo caso, quiero consultar si la mencionada aclaración del Estado de Chile se refiere también al artículo 12, es decir, no sólo al asilo político, sino además a la condición de refugiado. Porque, según esa norma, "Cada Estado Parte adoptará las medidas que corresponda, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho interno e internacional, para asegurar que la condición de refugiado no se reconozca a las personas respecto de las cuales haya motivos fundados para considerar que han cometido un delito establecido en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de esta Convención.".
Entiendo que quien determina eso es el Estado que otorga el refugio; o sea, que lo mismo que expresó el señor Senador respecto del artículo 13 se aplica al artículo 12.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Romero.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, la reserva que hizo el Estado de Chile -más bien se trata de una declaración interpretativa- al ratificar el Tratado se refiere al artículo 13. Pero lo cierto es que, por analogía, es entendible que respecto del artículo 12, habiendo la misma razón, se aplique la misma disposición.
Sólo para los efectos de la historia de la discusión de este proyecto de acuerdo, por lo menos tiendo a entender la situación de igual modo.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, considero importante que quede en la historia de la discusión que lo dicho por el Senador señor Romero corresponde a la interpretación adecuada de la declaración del Estado de Chile. O sea, con la citada declaración el Parlamento ratifica la Convención. Si no, habría contradicción entre los artículos 12 y 13.
Por otra parte, habría sido deseable que este proyecto se hubiera discutido con mayor latitud, especialmente por las consecuencias que tiene en lo referente a las medidas que el Estado debiera tomar, conforme al artículo 6º del Convenio, respecto del control financiero de los bancos sobre el lavado de dinero vinculado con el terrorismo.
Es del caso señalar que, paradójicamente, lo que estamos viviendo hoy día acerca de las posibles cuentas del ex Jefe de Estado General Augusto Pinochet en el caso que investiga Estados Unidos es por aplicación de normas análogas que tienen que ver con esta materia. O sea, la investigación al banco respectivo se inició porque el lavado de dinero podía haber sido el instrumento usado para financiar actividades terroristas, especialmente de Arabia Saudita. Y el Parlamento y el Estado norteamericanos disponen de facultades muy grandes en cuanto a secreto bancario, sistema financiero, etcétera.
Digo sólo que habría sido interesante una discusión más de fondo para saber si en Chile estamos dispuestos a que, por aplicación de la Convención en comento, el Estado tenga la obligación de dictar normas para que la autoridad -en el caso norteamericano fue el Parlamento; habría que ver cuál sería en nuestro país- pueda también inmiscuirse en el sistema financiero, so pretexto de que por ahí pasan dineros que luego van a actividades terroristas, otorgándose a aquél el grado de transparencia que posee en los Estados Unidos.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Daré la palabra el Senador señor Romero, en su última intervención, porque estamos en Fácil Despacho.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, sólo intervendré por la observación del Senador señor Viera-Gallo.
Cuando se discutió el primer informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida entonces por el Honorable señor Núñez, se planteó el tema; se estudió la situación, y se concluyó que la ley que creó la Unidad de Análisis Financiero consideraba todos los aspectos mencionados por el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.- Todo lo expuesto aquí, señor Presidente, es sin perjuicio de que Chile -no hay que olvidarlo- ha suscrito varios convenios que dicen relación al lavado de dinero. En consecuencia, tenemos un sistema que nos permite precaver cuando el lavado de dinero mediante el sistema financiero nacional puede estar destinado a actos ilícitos, como el terrorismo.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Si le parece a la Sala, aprobaremos el proyecto de acuerdo con el alcance señalado, sobre la base de que la interpretación se aplica, no sólo a la situación de los refugiados, sino también, analógicamente, a la de los asilados, porque existe la misma razón.
Así lo entiende la Comisión, por lo que he podido desprender del debate, y así lo entenderíamos nosotros también.
--En ese entendimiento, se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo, cuya discusión queda terminada en este trámite.




CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE
CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES


El señor LARRAÍN (Presidente).- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del Tratado Internacional denominado "Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes" y sus anexos, suscrito en mayo de 2001, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3348-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 17ª, en 9 de diciembre de 2003.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 12ª, en 14 de julio de 2004.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario).- El objetivo principal del Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes. Éstos corresponden a doce sustancias altamente tóxicas, comprendiendo plaguicidas, productos industriales y subproductos de la combustión.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó en general y en particular el proyecto de acuerdo por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Coloma, Martínez, Muñoz Barra, Romero y Valdés), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Finalmente, cabe señalar que dicho órgano técnico propone al señor Presidente que el proyecto de acuerdo sea discutido en general y en articular a la vez, según lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento.
El señor LARRAÍN (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.

Tiene la palabra el Presidente de la Comisión, Senador señor Romero.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, el Convenio de Estocolmo fue adoptado en el marco de las Naciones Unidas y responde a la necesidad de tomar medidas de alcance mundial con relación a los contaminantes orgánicos persistentes, los que, al poseer propiedades tóxicas, tener resistencia a la degradación, bioacumularse y ser transportados por el aire, el agua y las especies migratorias a través de fronteras internacionales, depositándose lejos del lugar de su liberación y acumulándose en ecosistemas terrestres y acuáticos, han producido graves efectos sobre la salud de las personas.
Chile concurrió el año 2001, al igual que otras 126 naciones, a la firma del Convenio de Estocolmo, que prohíbe la elaboración, distribución y uso de doce sustancias altamente tóxicas, denominadas "contaminantes orgánicos persistentes" y que corresponden a ocho plaguicidas, dos productos industriales y dos subproductos de la combustión.
De esa manera, nuestro país cumplió el compromiso que contrajo en 1992 al aceptar los Principios de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente, especialmente en el sentido de creer con firmeza que los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, pero también la responsabilidad de velar porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente.
Este Convenio consigna una serie de medidas que deberán ser cumplidas por los Estados asociados. A la fecha, existen 66 que ya lo han ratificado; entre ellos, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, México y los países de la Comunidad Europea.
Asimismo, este instrumento internacional impone fuertes exigencias técnicas y administrativas, tanto para establecer el seguimiento a los doce productos regulados como para, además, detectar otros caracterizados por su persistencia y daño ambiental.
Especialmente significativo resulta señalar que, en el ámbito interno, al momento de la firma del Convenio de Estocolmo Chile ya había prohibido la importación, fabricación, distribución, uso y manejo de los ocho plaguicidas cuestionados por ese tratado internacional. En consecuencia, estas normas ya son aplicadas en nuestro país por los organismos pertinentes.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.

--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo, y queda terminada su discusión en este trámite.

VI. ORDEN DEL DÍA



CREACIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR


El señor LARRAÍN (Presidente).- Corresponde analizar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3224-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 35ª, en 2 de marzo de 2004.
Informe de Comisión:
Educación, sesión 11ª, en 13 de julio de 2004.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Dada la importancia de la iniciativa, existe acuerdo para que la Red de Televisión del Senado filme el debate.
En tal virtud, solicito autorización a los efectos de que ingresen a la Sala dos camarógrafos.
--Se autoriza.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario).- La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología deja constancia en su primer informe de que discutió solamente en general la iniciativa, de conformidad con lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 36 del Reglamento.
Los objetivos principales del proyecto son:

1.- Establecer un sistema nacional que dé garantía pública de la calidad de las instituciones de educación superior y de los programas que imparten;

2.- Promover y apoyar el mejoramiento continuo y sistemático de dichas instituciones y de los programas que ofrecen, y

3.- Crear una instancia de coordinación del conjunto de funciones y actividades que apuntan al desarrollo de la calidad de la educación superior.
La Comisión aprobó en general la iniciativa por cuatro votos a favor (Senadores señores Moreno, Muñoz Barra, Ruiz-Esquide y Vega) y uno en contra (Honorable señor Fernández).
Los fundamentos de voto de cada miembro de ese órgano técnico se transcriben en el informe. Además, en él se consigna el texto que se propone aprobar en general, correspondiente al despachado por la Honorable Cámara de Diputados.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que contiene, además, las opiniones recibidas en la Comisión acerca del proyecto.
Cabe hacer presente que los artículos permanentes 1º; 2º, inciso primero; 3º; 4º; 6º; 7º; 8º; 9º; 22; 28; 29, inciso segundo; 39, inciso segundo, y 53, así como el artículo 7º transitorio tienen carácter orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
Finalmente, corresponde señalar que la iniciativa, en su discusión particular, también debe ser analizada por la Comisión de Hacienda.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Ya hay nueve señores Senadores inscritos para intervenir. Por lo tanto, ruego a Sus Señorías ser muy precisos en sus exposiciones.
En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Educación, Senador señor Moreno.

El señor MORENO.- Señor Presidente, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, procedo a informar respecto de esta iniciativa, originada en mensaje y que cumple segundo trámite constitucional en el Senado.
Preocupación especial para ese órgano técnico fue escuchar a la mayor cantidad posible de interesados o potenciales afectados por el proyecto. Producto de ello, se efectuaron numerosas audiencias, a las que se invitó a las personas y entidades que figuran en el informe.
Dada la naturaleza de la materia sobre la que versa la iniciativa, la Comisión estimó indispensable, no obstante encontrarnos en la discusión general, consignar en el boletín comparado que está a disposición de Sus Señorías todas las opiniones que nos fueron entregadas, tanto acerca de los aspectos generales como sobre las precisiones específicas en cuanto a lo que podría modificar el texto de la Cámara de Diputados.
Desde ese punto de vista, tuvimos la posibilidad de escuchar a dirigentes estudiantiles de las más diversas universidades, a rectores, a representantes de colegios profesionales. Y, por cierto, contamos con el apoyo permanente del Ministerio de Educación, a través de su titular y de la División de Educación Superior.
Aprovecho de mencionar que entre los instrumentos tenidos a la vista durante la discusión general de esta iniciativa se cuentan la llamada "Carta Magna de las Universidades Europeas", suscrita en la Universidad de Bolonia el 18 de septiembre de 1988; la Declaración Conjunta para la Armonización del Diseño del Sistema de Educación Superior Europeo, suscrita en la Universidad de La Sorbona, París, el 25 de mayo de 1998 (conocida también como Declaración de La Sorbona); la Declaración Conjunta de los Ministros Europeos de Educación, suscrita en Bolonia el 19 de junio de 1999 (conocida asimismo como Declaración de Bolonia), y el Acuerdo de la Asamblea General de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, celebrada el 8 de julio de 2002.
Señor Presidente, este proyecto tiene como característica la pretensión de ordenar un elemento que a partir de la década de los 80 registró un crecimiento explosivo y que ha redundado en que hoy existan en el sistema universitario, técnico-profesional o de institutos de esta naturaleza 62 universidades, 25 de las cuales pertenecen al Consejo de Rectores y 37 son clasificadas como privadas. De estas últimas, 6 están en proceso de acreditación; las otras ya han realizado el trámite respectivo.
Junto a ello, hay 43 institutos profesionales y 113 centros de formación técnica, que, obviamente, se diferencian en lo referente tanto a su tamaño como a su misión institucional.
A comienzos de la década de los 90, en el sistema -llamémoslo así- terciario (universidades, centros profesionales o centros de formación técnica) había 200 mil estudiantes. En la actualidad son 620 mil. Y la estimación entregada por el Ministerio de Educación señala que antes de 2010, de seguir la tendencia proyectada, llegaremos a un millón.
¿Qué significa eso? Que ahora, prácticamente, la cobertura ha crecido 7 por ciento al año para la demanda de educación especializada en esas materias. Y el 31,5 por ciento de los jóvenes chilenos de entre 18 y 24 años cursan hoy estudios de enseñanza superior.
En consecuencia, la oferta educativa actual es vasta y no sólo se encuentra presente en los centros poblados más importantes, sino que también ha tenido una expansión -en algunos casos, explosiva, y a veces, con un control muy limitado- en regiones o en comunas incluso de muy escasa población.
Por ello, hoy día no es fácil para los postulantes a la educación superior adoptar decisiones sobre las alternativas que se les ofrecen. Así, la cuestión relativa a la calidad del servicio educacional se ha transformado en una preocupación relevante que va ligada a la necesidad de establecer mecanismos que avalen la calidad de la institución y sus programas.
Los requerimientos de información acerca de la calidad de la oferta educativa chilena, más allá de nuestras fronteras incluso, son observados con atención. Y esto ha resultado en una gran movilidad de estudiantes y de profesores, y obviamente, aun, en una oferta internacional de bienes y servicios que se hace presente respecto de este sistema.
Por eso, desde 1998 el Gobierno ha llevado a cabo el Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Superior (MECESUP), que contempla el diseño de mecanismos de aseguramiento de la calidad.
Con tal finalidad, en marzo del año 99 se crearon dos comisiones asesoras del Ministerio de Educación. La primera, denominada "Comisión Nacional de Acreditación de Postgrado" (CONAP), se encargó de continuar el trabajo que inició CONICYT, destinado a acreditar programas de maestría y doctorado, con el propósito de asignar recursos para becas. A la fecha, tal entidad ha realizado dos ciclos de evaluación de esta clase de programas, y, como consecuencia de su labor, en la actualidad se encuentran acreditadas 76 maestrías y 70 doctorados.
Nadie ha cuestionado la calidad y la legitimidad del funcionamiento de dicho organismo.
La segunda, llamada "Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado" (CNAP), se ocupó del desarrollo de los procesos experimentales de acreditación y de la elaboración de una propuesta para el establecimiento de un sistema nacional de aseguramiento de la calidad. Para tal efecto, ha concentrado su trabajo en tres líneas: apoyo a la capacidad de autorregulación de las instituciones de educación superior; diseño y puesta en práctica de procedimientos experimentales para acreditación de carreras profesionales y técnicas, y recopilación de experiencias para la elaboración de una propuesta sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad.
La acreditación de todos esos mecanismos, de carácter voluntario y experimental, ha tenido -debo señalarlo- una acogida favorable por parte de las instituciones educacionales, ya sean públicas o privadas.
Por lo tanto, el juicio actual sobre la propuesta que ahora considera el Senado es que se reasume una preocupación esencial e impostergable de los propios actores del sistema de educación superior en la búsqueda de reforzar la calidad.
El proyecto también establece la denominada "acreditación institucional", con el objeto de reconocer a las instituciones que posean mecanismos de aseguramiento de la calidad capaces de identificar a través de procesos internos, que involucren a la comunidad universitaria, sus fortalezas y debilidades y los instrumentos que permitan corregir las deficiencias.
En resumen, la iniciativa que Sus Señorías tienen a la vista persigue cuatro objetivos:
1) Dar garantía pública de la calidad de las instituciones de educación superior y de los programas que imparten;
2) Promover y apoyar el mejoramiento continuo y sistemático de esos organismos y de los programas que ofrecen;
3) Establecer una instancia de coordinación del conjunto de funciones y actividades que apuntan al desarrollo de la calidad de la educación superior, y
4) Mejorar las condiciones para el desarrollo de una educación superior capaz de responder a estándares de validez nacional e internacional.
Durante la discusión del proyecto en la Comisión, oportunidad en que se escuchó a los representantes ya indicados, surgieron claramente dos posiciones diferenciadas: por una parte, la que reflejaba el temor de algunos en cuanto a que aquí habría una limitación a la libertad de enseñanza, y por otra, la de aquellos que, dándose cuenta de que el sistema estaba en algunos aspectos casi fuera de control, estimaban necesario dar una garantía de equidad. Ésta debe ser resguardada sobre todo respecto de familias de menores ingresos o de ingresos medios que se esfuerzan por mandar a sus hijas o hijos a la universidad u otra institución de formación superior y que muchas veces se encuentran con que, una vez entregado el respectivo título o certificado, el mercado no lo reconoce como válido dadas las deficiencias de la capacidad profesional de los jóvenes.
Una de las materias más conflictivas fue definir lo que se entiende por calidad, que obviamente responde a criterios más bien subjetivos, por depender de quien los expresa. Pero a nivel de universidades, de centros profesionales o de institutos de formación técnica existe claridad respecto de ella. No se trata precisamente de establecer títulos.
En Chile hoy se imparten más de 3 mil 500 títulos y programas, y la imaginación se agota cuando se intenta conocer todos -algunos de fantasía- los que se van creando en las ofertas educacionales, las cuales, en ciertos casos, se han convertido prácticamente en la expresión de negocios particulares.
En la actualidad hay 575 -¡575!- sedes universitarias. La Región que represento en el Senado, aun cuando no tiene universidad, posee 26 sedes, y algunas de ellas sólo consisten en una puerta y un letrero, sin nada adentro. Esta realidad atenta contra la credibilidad y la fe públicas.
En ese entendido, la acreditación de la calidad -como algunos han señalado- no puede quedar sometida al riesgo de la arbitrariedad de un conjunto de personas que podrá decir a determinadas entidades si reúnen o no los requisitos. Creo que las experiencias acumuladas por el sistema demuestran que el grado de seriedad y objetividad garantiza que eso no ocurra.
También ha generado mucho debate la distinción entre universidades privadas y públicas. A juicio del Presidente de la Comisión, ése es un problema absolutamente superado. Hoy, desde el punto de vista de los alumnos y alumnas, no existe tal diferenciación.
Muchos de nosotros nos educamos prácticamente en forma gratuita en la Universidad de Chile, en la Universidad Técnica del Estado o en otras del pasado. Ahora, todos deben pagar, cualquiera que sea el plantel de educación superior al que asistan. No hay diferencia. Todos quedan sujetos a un arancel general. Todos deben asumir un costo adicional. Por lo tanto, aquí no se trata de un problema de universidades privadas versus universidades tradicionales o Consejo de Rectores. Esta diferenciación reviste características de otro orden, y desde el punto de vista del usuario, de la alumna y del alumno que quiere perfeccionarse, está superada por los hechos.
En el debate de la Comisión el proyecto, si bien se reconoció que representaba un avance significativo en materia de regulación y transparencia, fue considerado insuficiente. El texto despachado por la Cámara de Diputados era mucho más riguroso. Y es bueno que los señores Senadores lo sepan. Se le introdujeron modificaciones, pero algunos, como dije, todavía lo estiman insuficiente. Así lo consigna el informe de manera precisa.
Por otra parte, la inexistencia de criterios e instrumentos que establezcan estándares mínimos de calidad en lo académico, especialmente en materia de formación de pregrado, aplicables a instituciones autónomas tradicionales y no tradicionales no ha favorecido el desarrollo del sistema que necesita el país.
Digámoslo claramente: ¡La fuerza del mercado no garantiza seriedad en este aspecto! En definitiva, no es el mercado el que puede regular la calidad de la educación y compensar el esfuerzo de familias que invierten tiempo y recursos -muchas veces privándose de satisfacer otras necesidades básicas- con el objeto de entregar a sus hijas o hijos educación superior.
Entonces, es necesario ver cómo se garantiza la fe pública depositada en dichas instituciones. Es la fe pública lo que debe asegurarse. Porque una cosa es brindar un servicio, y otra, la debida correspondencia entre lo ofrecido y los resultados.
En el fondo, en esta normativa subyace la finalidad de garantizar, por la vía de mecanismos voluntarios, por la información, por la accesibilidad, por la acreditación de pares responsables tanto a nivel universitario -ya sea de posgrado o de pregrado- como de centros de formación técnica, la capacidad del sistema para responder a las expectativas de la demanda.
Señor Presidente, no estamos en presencia de un tema ideológico. No se trata de plantear una vuelta al estatismo o de generar una especie de funcionamiento irrestricto de un mercado que ha demostrado ser insuficiente. Ése no fue el debate de la Comisión de Educación. En ésta se llegó al convencimiento -expresado en el voto mayoritario de cuatro de sus miembros- de que es necesario legislar en esta materia, con el fin de generar mecanismos de control voluntario y de acreditaciones institucionales, aspecto este último que deberemos abordar con precaución.
En ese plano, señalé en la Comisión -y ahora lo reitero públicamente en la Sala- que, según mi experiencia internacional, las universidades chilenas y los títulos que ellas otorgan gozan de alta respetabilidad y prestigio en el mundo, y que no necesitamos que evaluadores extranjeros certifiquen la calidad de nuestros ingenieros, de nuestros médicos, de nuestros abogados, de nuestros psicólogos, de nuestros periodistas.
Por lo tanto...

El señor LARRAÍN (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.

El señor MORENO.- ¿Me permite concluir, señor Presidente?

El señor LARRAÍN (Presidente).- Que sea lo antes posible, Su Señoría.

El señor MORENO.- Por lo tanto, que quede claro: hay una confusión entre la eventual acreditación internacional de carreras y programas y la validación de títulos. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Los títulos chilenos no son certificados por universidades extranjeras. Por ende, quien obtiene acreditación de un programa o carrera por parte de un organismo internacional no está habilitado para ejercer su profesión afuera, porque en esta materia opera otro tipo de mecanismos. Y lo mismo es aplicable a los extranjeros que pretenden practicar una profesión en Chile.
En el informe se consignan las aprensiones del señor Senador que votó en contra de la idea de legislar, quien seguramente las expondrá en la Sala.
Entre otras consideraciones, que no es del caso señalar, en el segundo informe habrá de tenerse presente el grado de intervención del Estado, dentro de un régimen democrático, en la definición de criterios de calidad, lo que no debería interferir en la libertad de la enseñanza.
En consecuencia, en nombre de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, solicito a la Sala la aprobación del proyecto en general. Posteriormente, por la vía de las indicaciones, se podrán precisar los distintos puntos de vista.
He dicho.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Antes de continuar dando la palabra, advierto que hay catorce señores Senadores inscritos, además del señor Ministro de Educación. Entonces, o reglamentariamente el debate tendrá que continuar mañana o se reduce el tiempo de cada exposición para terminarlo hoy.

El señor FERNÁNDEZ.- También se puede prorrogar el Orden del Día.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Sí, hasta concluir la discusión general.

El señor GAZMURI.- Que se fije una hora para iniciar la votación, señor Presidente, y después se funda el voto.

El señor LARRAÍN (Presidente).- ¿Hay acuerdo para extender el Orden del Día?
No lo hay.
¿Hay oposición para fijar hora de votación?
Sí, la hay.
Al parecer, sólo existe voluntad para proseguir discutiendo en general, con 15 minutos reglamentarios para cada Senador inscrito.

El señor GAZMURI.- Entonces, el debate continuará mañana.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Así es.

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, ¿no hay posibilidad de prolongar la sesión?

El señor LARRAÍN (Presidente).- He planteado todas las alternativas, señor Senador, y no existe acuerdo.
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, hice mis planteamientos en la Comisión, de acuerdo con el proyecto que se había presentado...
--(Manifestaciones en tribunas).

El señor LARRAÍN (Presidente).- Se suspende la sesión.
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--Se suspendió a las 17:13.
--Se reanudó a las 17:17.
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El señor LARRAÍN (Presidente).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, en la Comisión voté en contra de la idea de legislar por las razones que señalé y que aparecen en el informe -a algunas de ellas me referiré ahora-, dado que el proyecto no favorece el derecho a la educación ni la libertad de enseñanza, sino que afecta gravemente ambas garantías constitucionales.
Junto con el Senador señor Cantero, en representación de las bancadas de Renovación Nacional y de la UDI, conversamos con el señor Ministro de Educación, quien hará esta tarde un planteamiento...

El señor LARRAÍN (Presidente).- ¿Me permite, Su Señoría? Disculpe que lo interrumpa.
Solicito el acuerdo de la Sala para que asistan a la sesión algunas personas vinculadas al Ministerio de Educación: la Jefa de la División de Educación Superior, señora Pilar Armanet; la asesora jurídica de la misma División, señora Alejandra Contreras, y el Jefe del Departamento Jurídico, señor Rodrigo González.
Si no hay objeciones, se accederá a lo solicitado.
--Se accede.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Puede proseguir el Honorable señor Fernández.

El señor MUÑOZ BARRA.- ¡Es la segunda vez que lo interrumpen!

El señor FERNÁNDEZ.- Me gustaría continuar sin interferencias, señor Presidente, en especial considerando que esa autorización perfectamente se podría haber planteado después.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Ruego a Su Señoría excusar las interrupciones e iniciar de nuevo su discurso.

El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, el proyecto que hoy nos convoca aspira, en síntesis, a que los jóvenes y sus familias dispongan de una información fiable para resolver en qué plantel cursar estudios superiores. Sin embargo, al hacerlo interviene en el funcionamiento del sistema de educación superior, buscando definir lo que ha de entenderse por "calidad".
El objetivo del texto debería ser "proporcionar información que permita una decisión adecuada por los estudiantes y sus familias"; pero, a mi juicio, excede ese propósito.
Su finalidad es informar. Y eso es atendible, porque, en la actualidad, gracias a la gran reforma emprendida en 1981, es muy alto el número de planteles y de estudiantes de educación superior. Las 8 universidades existentes en dicho año se han transformado en 62. Y hay 38 institutos profesionales y más de un centenar de centros de formación técnica.
La participación privada ha significado para el sistema de educación superior mayor oferta, mayor competencia, mayor cobertura. En total, se registran sobre 500 mil estudiantes en ese grado de enseñanza, y su cobertura, según la encuesta CASEN 2000, llega a más del 31,5 por ciento de los alumnos que egresan de la enseñanza media. Se ha invertido, así, la situación previa a 1981: entonces los jóvenes competían por ingresar a las universidades; hoy son éstas las que compiten por ellos.
En ese cuadro, es efectivo que los muchachos, sus familias y profesores requieren mayor información para escoger dónde estudiar, pues la calidad de la educación que ofrecen esos establecimientos puede ser, naturalmente, desigual, como ocurre en todos los países, incluso en los más avanzados.
Sobre el particular, el proyecto plantea la acreditación de la calidad de las casas de estudios superiores, como resultado de lo cual se diferenciarían entre acreditadas o no. Pero eso no significará mayor ayuda, ya que no diferencia entre las instituciones acreditadas. Desde esa perspectiva, sería más útil jerarquizarlas en función de distintos criterios, a fin de permitir que cada persona las evalúe libremente y de evitar, con ello, una "ponderación única", es decir, una suerte de verdad oficial.
No es razonable que, para lograr tal objetivo, el Gobierno proponga centralizar esa función en un organismo estatal. Si bien el sistema contemplado en el proyecto original se ha morigerado en la versión que ahora se propone, la Comisión acreditadora continúa con un excesivo poder.
Pienso que la acreditación cumpliría una función útil; pero el instrumento que se plantea es contraproducente y -peor aún- riesgoso, tanto para la libertad de educación como para su calidad.
Calidad en educación superior
Mediante la acreditación, la iniciativa busca también promover el establecimiento de un mínimo de calidad. Actualmente, el sistema de educación superior está compuesto por una amplia oferta de instituciones -universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica-, carreras y programas, que participan en competencia.
Un número reducido de entidades, tradicionales y privadas, no estaría entregando servicios de un nivel de calidad esperable. Sin embargo, no es posible definir en qué consiste la calidad. El texto que nos ocupa, desde luego, no lo hace, y entrega tal decisión a una "Comisión Nacional de Acreditación". Así, se legislaría sobre algo que, en definitiva, no se sabe qué es.
Dado que no existe una única definición de "calidad" en educación, la iniciativa en estudio crea el riesgo de afectar la libertad de las instituciones para definir sus proyectos educativos al imponer el cumplimiento de ciertos criterios que pueden ser muy atendibles pero que se hallan definidos en forma arbitraria. Los estudiantes, por su parte, verían reducidas sus actuales opciones, ya que no podrían contar con una variedad suficiente.
Información: ¿cuánta, de quién y cómo?
Se requiere información que permita elegir correctamente, es decir, que verifique si son verdaderas las características que dice tener la institución de educación superior, base sobre la cual los estudiantes y sus familias toman sus decisiones. Por ejemplo, infraestructura, tipo y número de docentes, programas de estudio, logros de sus egresados en las distintas áreas, tiempo que demoran en encontrar su primer trabajo, nivel de remuneraciones a que acceden, entre otras.
No le corresponde al Estado decidir si lo que esas entidades ofrecen es suficiente o no. Son los alumnos y sus familias quienes deben resolverlo por su opción de matricularse en una u otra.
Es razonable que el Estado promueva un sistema que garantice la veracidad de la información. Pero no cabe ignorar que hay riesgos en que "fiscalice" esta última, ya que por esa vía pueden imponerse exigencias adicionales, eventualmente arbitrarias, que vulneren la esencial libertad de educación.
Lo verdaderamente importante es que exista un sistema independiente que centralice y difunda la información. Y, por las características de bien público que ella reviste, se justifica el involucrar recursos públicos. El mundo universitario debe ser plural, pero la acreditación estatalmente centralizada ahogaría la libertad para explorar modelos educativos distintos y aislaría a Chile de los centros académicos más influyentes.
Lo práctico es fijar ciertas normas mínimas de transparencia, para que puedan surgir varias agencias acreditadoras especializadas entre las cuales puedan optar las universidades, los centros de formación técnica y los institutos de formación profesional. Esos entes externos, "acreditadores de la información presentada por las instituciones de educación superior", deberían participar en un mercado competitivo, para que cada entidad contrate a quien le dé mayores garantías de confiabilidad, sea nacional o extranjero. Así, las acreditadoras también se irán diferenciando y buscarán prestigio por la vía de las instituciones que acrediten.
Y deberían tender a incorporarse al sistema, por supuesto, las acreditaciones que otorgan agencias o universidades extranjeras de larga, conocida y exitosa trayectoria. Chile no debe privarse de ese aporte tan valioso.
¿Se necesita toda esta regulación?
Constituye un tema que, en realidad, se debe analizar bien a fondo, porque podría ser innecesaria esta forma de intervención por el Estado en el sistema de educación superior, ya que actualmente no existe un gran problema de calidad. Diversas señales indican un buen desempeño promedio: alta demanda de alumnos extranjeros por ingresar a instituciones de educación superior chilenas; valoración de los egresados por el mercado laboral; buen desempeño de egresados que estudian posteriormente en el exterior.
El problema real son las asimetrías de información. Ese antecedente no se encuentra disponible, razón por la cual cierto número de instituciones sigue funcionando a pesar de ser objeto de baja valoración. Lo que verdaderamente importa es llegar a contar con tal dato.
El proyecto, sin embargo, parece presumir que la situación de entidades que no serían las óptimas constituiría la regla general del sistema y que, por lo tanto, se requeriría más intervención. La realidad es que el problema de la calidad deficiente se circunscribe a un número muy reducido de planteles y surge porque los alumnos o las familias eligieron sobre la base de una información incompleta o incorrecta. Eso es lo que debe solucionar esta normativa.
Confusión de objetivos: ¿acreditación o calidad?
El proyecto de "aseguramiento de la calidad" no explicita cómo mejorar ésta: sólo se dedica a definir en detalle un sistema de acreditación y confía en que se traduzca en mejoras. Pero es obvio que no "asegura" la calidad ni podría hacerlo. Y, por lo tanto, el título de la iniciativa parece engañoso.
Los defensores de la normativa aducen que la gran mayoría de las naciones cuenta con un sistema centralizado. Sin embargo, hay enormes diferencias entre las estructuras de ese mercado de educación superior y las del nuestro. ¿Cuentan ellas con la participación privada que tenemos nosotros (53 por ciento de la matrícula)? Es más entendible un esquema centralizado cuando las instituciones son principalmente estatales; pero ése no es el caso del Chile de hoy.
Si no existen garantías de que el sistema propuesto será exitoso, ¿por qué se quiere imponer para todas las instituciones? Si bien ha sido definido como "voluntario", quien no lo apruebe no podrá recibir recursos públicos para crédito estudiantil. Pero es claramente probable que se busque hacerlo aplicable también a los demás aportes fiscales, directos e indirectos, como becas, donaciones y fondos concursables, entre otros, con lo cual la voluntariedad quedaría en el simple papel.
Acreditación y reconocimiento oficial
La Carta autoriza a que la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza establezca los requisitos para el reconocimiento oficial de establecimientos educacionales de todo nivel. Cualquier requisito o exigencia para obtener ese reconocimiento o toda modificación que lo afecte es materia de ley de aquel rango.
Si bien en el proyecto no se hace referencia propiamente a un reconocimiento oficial, en la práctica la ley operará como un segundo reconocimiento del Estado a las instituciones de educación superior. Y no será por una vez, como el actual, sino permanente en el tiempo.
En los hechos, la acreditación propuesta por el Gobierno pesará en la decisión de los alumnos y será análoga a un nuevo reconocimiento. Además, conforme a otro proyecto de ley, también en trámite, ella se consideraría un requisito para que los alumnos puedan acceder al crédito fiscal universitario, lo que configura una presión sobre la autonomía de esos organismos intermedios.
Justificaciones del Ejecutivo para regular la acreditación
En el mensaje hay ciertas afirmaciones preocupantes y a las cuales me referiré muy brevemente.
Es discutible que las diferentes calidades en la educación superior afecten la igualdad de oportunidades, como lo expresa dicho documento. Dado que la calidad no es un concepto rígido ni objetivo sino que depende de los requerimientos de las personas, no es posible señalar que determinada educación -supuestamente de baja calidad, según criterios externos- genera desigualdad en el aspecto mencionado. La igualdad de oportunidades supone, más bien, que el Estado garantice un libre acceso a todos los medios que permiten el desarrollo integral del individuo, sin limitación. Son las regulaciones estatales las que la afectan en mayor medida.
Hoy, aquélla no se encuentra asegurada, porque el Gobierno sólo entrega recursos a los alumnos de las universidades del Consejo de Rectores.
El proyecto considera que las diferencias en la calidad son negativas. Ésa es una posición dogmática, porque la cuestión depende también de la calidad de los alumnos, esencialmente dispares en todo el universo estudiantil. No es de extrañar que la calidad de la instrucción difiera entre una institución y otra, pues, además de que los establecimientos aspiran a matricular a alumnos diversos, la sociedad, en la práctica, sea desarrollada o avanzada, funciona con profesionales de distintos niveles de calidad.
El mensaje, al sostener que el Estado no puede dejar de lado el papel que le corresponde en la regulación de ese aspecto, no se cuestiona si a él le compete tal función. Agrega que esa supuesta misión "reguladora" comprende, de por sí, la supervisión y el control. Además, incluiría las estrategias destinadas a mejorar y promover la calidad.
Bases para un correcto sistema de acreditación
Para que el sistema de acreditación resulte eficiente, debe ser:
Voluntario. Dado que la información es un bien valorado por todos los demandantes -es decir, los postulantes a ingresar a las casas de estudios superiores-, existe una presión indirecta para que las instituciones vayan haciendo públicas las características que poseen y las expresen de un modo creíble, buscando diferenciarse de aquellos con que compiten.
Competitivo. Hay muchos mecanismos de certificación o acreditación. Un sistema eficiente debiera funcionar con numerosas entidades que realicen estos procesos, permitiendo que los interesados en contratarlas decidan en función de las características de cada uno.
Respetuoso de las diferencias reales. Cada casa de estudios superiores debe enfocarse naturalmente a un público objetivo y desarrollar capacidades especiales. Cualquier proceso de acreditación ha de considerar esas diferencias, sin transformarse en juez absoluto de los distintos niveles de la educación superior. La libertad de elección requiere necesariamente una oferta heterogénea. Si el criterio de la entidad adecuada es único, la oferta se restringe a determinado tipo de institución.
Fundado en la información. El fundamento de los procesos de acreditación debe ser la capacidad de entregar al mercado información objetiva para sustentar la elección de un plantel.
En todo cuanto el proyecto en análisis se aleje de esos criterios debe ser modificado o, en su defecto, rechazado.
En la Comisión hice estos planteamientos en general y -como señalé-, junto con el Senador señor Cantero, en representación de nuestras respectivas bancadas, conversamos con el señor Ministro, quien ha de hacer una exposición complementaria a lo informado hasta ahora, que será considerada para los efectos de nuestra votación.
Por lo tanto, de hacerse efectivo lo conversado con el señor Ministro, nuestras bancadas van a votar a favor de la idea de legislar y a procurar que las indicaciones que se presenten concuerden con los criterios básicos que se plantearán. Si así ocurriese, yo cambiaría la posición que mantuve en la Comisión. De producirse las modificaciones que por la vía de la indicación formule el señor Ministro, aprobaríamos un proyecto distinto del que está en debate.
He dicho.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor BITAR (Ministro de Educación).- Señor Presidente, el proyecto en debate constituye un desafío para el país. A través de tal instrumento y de otros, en una mirada más integradora con distintas iniciativas, se trata de buscar cómo elevar la calidad del capital humano avanzado de Chile.
Los antecedentes expuestos por el señor Presidente de la Comisión de Educación han demostrado la precariedad de la situación actual y el riesgo que se corre al alejarse de los patrones internacionales en un mundo globalizado. Ésta es una suerte de talón de Aquiles del sistema de educación superior, de la ciencia, de la tecnología, de los doctorados y del progreso en materia de capital humano avanzado. La calidad, por lo tanto, es una cuestión crucial y debemos resguardarla junto con la libertad de educación.
Desde esa perspectiva, deseo precisar que el primer objetivo clave del proyecto es la protección de los jóvenes, en el sentido de que cuando ingresen a una universidad tengan la certeza de que su tiempo y los recursos de su familia van a dedicarse a estudios garantizados por la vía de la autoevaluación y del esfuerzo de la propia institución, observados por pares externos o por otras agencias, para una educación de calidad dentro y fuera del país.
Asimismo, consideramos importante esta medida para la globalización. A ninguno de los señores Senadores escapará que, en el actual proceso de globalización, las acciones entre los Estados son fundamentales para la regulación y adopción de normas que reconozcan ciertos patrones de calidad.
Al respecto, Chile firmó con la Unión Europea un acuerdo que trasciende lo comercial. Estamos recibiendo apoyo para proyectos de investigación, intercambio de cursos, de créditos, y para reconocimiento de títulos en los diferentes países. Para ello es esencial la existencia de una acreditación que permita a Chile moverse a nivel global y cerrar acuerdos con otras naciones.
Por último, entre otras razones importantes, también está la ayuda del Estado. Hoy día la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó en particular el proyecto que establece un crédito con garantía estatal para jóvenes de universidades públicas o privadas -estas últimas no lo tienen; ahora se les abre una puerta- y de centros de formación técnica e institutos profesionales, que hasta ahora, como dije, no cuentan con esa vía de financiamiento. Dicho proyecto dispone como requisito para que el Estado desembolse recursos que el ente universitario o el centro de formación técnica al cual accedan los jóvenes esté acreditado.
Por consiguiente, existe una conexión entre ambas iniciativas. Si no se aprueba el proyecto de aseguramiento de la calidad de la educación, el Ejecutivo no estará en condiciones de otorgar garantías a jóvenes para que estudien en universidades que no den la certeza de contar con mecanismos mínimos que aseguren calidad. De tal manera que ése es otro factor que nos alienta a avanzar en esta línea y a pedir la aprobación general de la iniciativa que hoy ocupa al Senado.
En seguida, además de estas razones, se ha planteado un conjunto de observaciones y críticas. Me quiero referir a ellas, específicamente a las formuladas por el Senador señor Fernández.
Primero, reitero que la voluntad del Ejecutivo es garantizar claramente que no se imponga un par evaluador a una universidad.
En segundo término, respecto de la "variedad, pluralidad y diversidad", quiero expresar que el mundo moderno requiere la máxima flexibilidad para el desarrollo de carreras nuevas que combinen conocimientos distintos frente a cambios tecnológicos y culturales que tienen una entidad tal que no podemos predecir.
En tal sentido, en el proyecto en análisis, y en general en las medidas por adoptarse la idea es que se asegure esa diversidad.
De hecho, debo precisar que, en ese terreno, en el Consejo de Educación Superior hemos aprobado a todas las universidades existentes. Hoy en día, ninguna de ellas reclama contra este proyecto, ni aun con el sistema actual.
Y quiero aclarar a los señores Senadores que no hay cambio alguno en el procedimiento para que una universidad se cree, se licencie y pida su autonomía a través del Consejo Superior de Educación, sino que se agrega una acreditación posterior a todos los otros sistemas, el cual garantiza exactamente las mismas libertades de instalación; pero requiere una exigencia de calidad adicional: que se promueva mediante el mecanismo de los pares evaluadores o de las agencias de acreditación.
Hoy -para conocimiento de la Sala-, la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado aplica el sistema prácticamente en todas las universidades. Todas las adscritas al Consejo de Rectores han respaldado esta iniciativa y gran parte de las privadas están en proceso de acreditación voluntaria. En tal sentido, quiero manifestar que dicha Comisión está pronta a entregar en los próximos días los resultados para la acreditación de las Universidades Católica y de Chile, entre otras; pero también de otras privadas, como la Adolfo Ibáñez, la Diego Portales, la Andrés Bello, etcétera. Asimismo, están inscritos centros de formación técnica e institutos profesionales.
Por lo tanto, el proceso no sólo no altera los resguardos existentes, sino que mejora la calidad de la educación.
En más de ochenta países existe acreditación. Todos los pertenecientes a la OCDE cuentan con agencias de acreditación pública obligatoria de carreras, sedes u otros niveles. No existen las privadas, salvo en Holanda, donde se ha avanzado en la línea de permitir agencias privadas; pero, por cierto, autorizadas por la comisión nacional que represente la fe pública y el Estado.
En todos los países desarrollados existe ese sistema. Nosotros lo necesitamos para intercambiar con ellos. Un organismo público debe ser garantía de fe pública; sin embargo, en el proyecto se establece un mecanismo mucho más flexible, ya que, como Sus Señorías podrán observar, en el texto se permite la creación de agencias formadas por personas naturales o jurídicas, privadas o públicas. De modo que aquí está en cuestión la calidad.
Respecto del sistema del crédito universitario, deseo precisar que, en el caso de Estados Unidos -cuya experiencia también revisamos-, el beneficio para estudiantes se concede sólo para planteles acreditados y reconocidos por el Departamento de Educación. De manera que no hay ninguna nación que otorgue créditos sin una garantía de que ellos serán orientados en favor de los estudiantes.
En seguida, en cuanto a la libertad de enseñanza, deseo recalcar que la acreditación es voluntaria. Tal punto fue planteado por el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Sobre el particular, el proyecto dispone que sea voluntaria.
Por último...

El señor LARRAÍN (Presidente).- Perdón, señor Ministro.
Se suspende la sesión por tres minutos, para solucionar problemas de audio.
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--Se suspendió a las 17:46.
--Se reanudó a las 17:53.
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El señor LARRAÍN (Presidente).- Continúa la sesión.
Antes de ofrecer nuevamente la palabra al señor Ministro, quiero hacer presente que trece señores Senadores se hallan inscritos para intervenir a continuación; que para mañana hay diversos proyectos calificados de "suma urgencia", y que, conforme a lo acordado por los Comités, hoy debemos despachar el que dice relación a gasto electoral, calificado de "discusión inmediata".
Teniendo en consideración estos antecedentes, estimo conveniente celebrar una sesión especial o, de lo contrario, prorrogar ésta hasta terminar la discusión de la iniciativa en debate. Podríamos interrumpir su tratamiento para rendir el homenaje que está programado, y continuar hasta despacharla, dejando sin efecto la hora de Incidentes.
Quiero advertir que la Mesa tiene atribuciones para citar a una sesión especial. Y si los plazos me obligan a hacerlo, así voy a proceder.

El señor GAZMURI.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, la verdad es que estamos ante un problema complicado, porque el Orden del Día termina a las 18:30 y debemos despachar hoy el proyecto sobre gasto electoral, que fue acogido unánimemente por la Comisión y cuya urgencia ha sido calificada de "discusión inmediata". De no ocurrir así, no entraría en vigencia a tiempo. Por tanto, el acuerdo de los Comités es despacharlo hoy día de todas maneras. Incluso, soy partidario de suspender la discusión del proyecto que estamos debatiendo para tratar el otro.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Así está acordado y así va a ocurrir, señor Senador.

El señor GAZMURI.- ¡Son las seis de la tarde, señor Presidente!

El señor LARRAÍN (Presidente).- Reitero: ya está acordado y así se va a proceder, una vez que termine de hablar el señor Ministro.
El señor GAZMURI.- Está bien.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Lo que planteé fue algo distinto: prorrogar el Orden del Día o estudiar la posibilidad de citar a una sesión especial.

El señor GAZMURI.- Cite para mañana o para el jueves, señor Presidente.

El señor MORENO.- Convóquela inmediatamente para mañana, a las 10:30, señor Presidente.

El señor PIZARRO.- Mañana en la mañana, señor Presidente.

El señor FERNÁNDEZ.- ¿Por qué no se puede seguir hoy?

El señor LARRAÍN (Presidente).- Entiendo que no hay voluntad para prorrogar el Orden del Día. Por ello, se requieren dos tercios de los Senadores presentes.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, permítame hacer una sugerencia.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, de no poder seguir con la discusión del proyecto que nos ocupa, que es importante, sugiero celebrar una sesión especial mañana, de 12 a 14, o de 11 a 13, o a la hora que Su Señoría disponga, para continuar debatiéndolo hasta su total despacho; y si existe espacio, tratar otras materias. Siempre va a haber una dificultad para algún señor Senador -eso es claro-, hoy o mañana. Pero definámoslo ahora, porque de otro modo no alcanzaremos a despachar la iniciativa.

El señor LARRAÍN (Presidente).- ¿Habría acuerdo para prorrogar el Orden del Día?

El señor PROKURICA.- No, señor Presidente.
El señor LARRAÍN (Presidente).- Entonces, la Mesa tomará la decisión que corresponda.
Continúa con el uso de la palabra el señor Ministro.

El señor BITAR (Ministro de Educación).- Señor Presidente, deseo terminar mi intervención recogiendo las observaciones hechas y respondiendo a las consultas formuladas por el Senador señor Fernández, y buscar el máximo entendimiento en la Sala.
En cuanto a que habría riesgo de estatismo en este proyecto, quiero señalar que la integración de la Comisión Nacional de Acreditación fue cambiada de manera importante en la Cámara de Diputados respecto del proyecto inicial. De un total de trece miembros, sólo dos serán nombrados por el Presidente de la República; los restantes representarán a universidades públicas, privadas, centros de formación técnica y centros de investigación científica y tecnológica.
Es necesario tener en cuenta que nuestra voluntad es que haya una política de Estado de largo plazo, que trascienda las posiciones que futuros gobiernos puedan tener sobre la cuestión.
Respecto de lo que apreciamos en la Sala recién, con las protestas de jóvenes estudiantes, y si recojo bien las observaciones de algunos de ellos -en general, han sido muy variables y distintas-, hay dos que merecen crítica: una es que, por la vía de dejar a las universidades privadas con una acreditación igual que las públicas, se abra el camino al financiamiento de aquéllas con recursos del Estado, y que pudieran mermar los que éste destina a quienes estudien en las universidades del Consejo de Rectores.
La política del Gobierno en ese sentido es avanzar hacia el otorgamiento de créditos a los jóvenes, independiente de la propiedad del plantel donde estudien, de si éste se halla acreditado y de si aquéllos tienen méritos y necesidad de recursos.
La otra observación que he recogido de ellos alude al riesgo de que las agencias acreditadoras se transformen en un negocio privado. Eso queda resuelto, por cierto, desde el momento en que hay una agencia pública que, con procedimientos claros, selecciona a las acreditadoras o a sus pares, para garantizar que exista suficiente profundidad, rigor científico, honestidad, y se verifique su calidad a nivel internacional.
Dicho lo anterior, y convencido de que hay fundamentos en el sentido de dar el paso, quiero precisar los puntos de vista del Gobierno y reiterar nuestra disposición a presentar indicaciones que hagan más claros algunos aspectos.
Primero, definir en la ley -no sólo en el reglamento- los criterios objetivos concernientes a la acreditación de las instituciones. Segundo, explicitar también en el texto legal los criterios para seleccionar las agencias acreditadoras. Tercero, precisar mejor la acreditación de programas y carreras. Por último, fortalecer la transparencia y la información pública respecto de la educación superior. De esa manera estaremos en condiciones de perfeccionar aquellas materias susceptibles de ser mejoradas por la vía de incorporar esos criterios en la ley en proyecto, reduciendo con ello la incertidumbre que puede provocar el hecho de que algunos asuntos queden referidos sólo a los reglamentos.
Señor Presidente, quisiera ¿aun cuando es muy difícil después de las manifestaciones que hemos visto aquí- que se aprobara hoy el proyecto en general, debido a que existe cierto consenso en la Sala. No pierdo la esperanza de que ello ocurra, en el entendido de que hay tiempo no sólo para presentar indicaciones, sino también para efectuar un debate mucho más prolongado posteriormente, capítulo por capítulo.
He dicho. El señor LARRAÍN (Presidente).- Debo informar a la Sala que, de conformidad con el Reglamento, se ha citado a sesión especial para mañana miércoles, de 12 a 14, a fin de tratar la iniciativa en análisis.


AJUSTES A ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LEY SOBRE TRANSPARENCIA, LÍMITE Y CONTROL DEL GASTO ELECTORAL


El señor LARRAÍN (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, con el fin de delimitar el concepto del gasto electoral, eliminar el registro de proveedores, regular los aportes reservados a los partidos políticos y a los institutos de formación política, y ampliar el plazo para la defensa en el caso de rechazo de una cuenta de ingresos y gastos de campaña, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
Según lo acordado por los Comités, las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda rendirán informe verbal.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3599-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 11ª, en 13 de julio de 2004.
Informes de Comisión:
Gobierno (verbal), sesión 13ª, en 20 de julio de 2004.
Hacienda (verbal), sesión 13ª, en 20 de julio de 2004.

El señor HOFFMANN (Secretario).- El proyecto fue analizado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, la que le dio su aprobación en general y en particular por la unanimidad de sus miembros (Senadores señora Frei y señores Bombal, Cantero, Núñez y Stange). Con todo, la letra a) del numeral 6) del artículo 1º fue aprobada por 3 votos a favor y 2 abstenciones, de la Honorable señora Frei y del Senador señor Núñez, y la letra b) del mismo numeral, fue acogida por 4 votos a favor y la abstención del Honorable señor Núñez.
Por su parte, la Comisión de Hacienda aprobó esta iniciativa por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señora Matthei y señores Foxley, García y Ominami) e introdujo una modificación al texto aprobado por la Comisión de Gobierno, consistente en rechazar el numeral 11) del artículo 1º.
Cabe tener presente que el artículo 1º del proyecto tiene el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que requiere para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
El señor LARRAÍN (Presidente).- En discusión general y particular la iniciativa.

Para los efectos de informar el proyecto, tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Gobierno, Honorable señor Cantero.

El señor CANTERO.- Señor Presidente, como se sabe, la Comisión solicitó autorización para despachar en general y en particular el proyecto. En consecuencia, daré cuenta del informe en la forma más resumida posible.
La iniciativa tiene que ver con la transparencia, límite y control del gasto electoral. Busca disminuir la influencia del dinero en las elecciones, haciéndolas más austeras e imponiendo límites a sus gastos.
Asimismo, el proyecto propone ajustes a aspectos administrativos que no son fáciles de aplicar para los partidos y candidatos, y constituye un cambio destinado a simplificar los procedimientos sin alterar los principios de control y límite del gasto electoral.
Paso ahora a describir específicamente de qué se tratan esos ajustes, que son muy importantes, por cierto, para la aplicación de la normativa pertinente.
El numeral 1) se hace cargo de la duda que se ha formulado con ocasión del análisis del artículo 2º de la ley sobre gasto electoral, en el sentido de precisar si es o no taxativa la enunciación de gastos que dicha disposición contiene, lo que es importante despejar, habida cuenta de otras cuestiones no comprendidas en algunos de los siete literales de ese artículo, que bien pueden, por analogía, estimarse que constituyen gasto electoral.
La modificación, entonces, consiste en reemplazar la oración "Se considerarán gastos electorales" por "Sólo se considerarán gastos electorales", de modo de ratificar la taxatividad de dicho precepto y evitar, por lo tanto, que se agreguen por vía analógica otros conceptos de gasto electoral.
Respecto del numeral 2), se incorpora como gasto electoral el endoso de las facturas de los proveedores. A este efecto, el proyecto sugiere sustituir la letra f) del artículo 2º por otra que concibe como gasto, no sólo los intereses de los créditos que sirvan para financiar campañas, sino también los costos asociados al endoso de las facturas, con lo cual se prevé una nueva línea de financiamiento electoral, al facilitar, de este modo, el factoring en la administración de las campañas electorales.
En relación con el anticipo del aporte público, ha de considerarse que éste tiene como destino único la propaganda radial o gráfica o la contratación de encuestas, de manera que los proveedores que reciban su pago con financiamiento público deben inscribirse en un registro especial que lleva el Servicio Electoral. Ello es de difícil aplicación respecto de pequeños proveedores y no guarda coherencia con la totalidad de los conceptos que el artículo 2º concibe como gasto electoral, sino que es aplicable sólo a algunos de esos conceptos (propaganda, publicidad y encuestas sobre materias electorales). El proyecto, entonces, elimina el registro de proveedores, con lo cual se suprime la restricción y se cambia la regla de percepción del anticipo. En lo futuro, el anticipo se entregará directamente al partido o candidato independiente, que deberá rendir cuenta documentada del destino del aporte.
En cuanto al endoso de facturas como alternativa de financiamiento de las campañas, el proyecto agrega un nuevo artículo 14, que autoriza el endoso de las facturas de los proveedores a los partidos o a instituciones financieras, a fin de que aquéllos y los candidatos obtengan liquidez. El costo de esta operación se considerará gasto electoral.
Con el objeto de proteger al endosatario, se dispone que el endoso se comunique al Servicio Electoral y se pague preferentemente, antes de que se produzca la devolución del dinero, lo que se hace una vez que esté contabilizada la votación del partido o del candidato.
En relación con el mecanismo de pago de las devoluciones de gasto con cargo al aporte público, debe recordarse que el artículo 15 de la ley sobre gasto electoral vigente hace operar esta devolución mediante el pago de facturas pendientes, procedimiento que tiene el defecto de imposibilitar la percepción de la devolución si todos los gastos se han pagado antes de la elección.
Como forma de resolver este problema, el proyecto permite que la devolución se practique respecto tanto de las facturas pendientes como de las pagadas, a elección del partido o del candidato.
En seguida, la iniciativa se ocupa de la clasificación de los aportes, destacando que revisten el carácter de públicos o anónimos, dependiendo de su cuantía, los que se hacen a los partidos fuera del período de campaña. En este aspecto, la ley sobre gasto electoral nada dice acerca de la categoría de los aportes reservados.
El proyecto, entonces, reclasifica los aportes en anónimos, reservados y públicos, dependiendo de su cuantía mensual, y declara que sólo los aportes anónimos o públicos que reciban los partidos podrán entregarse directamente a éstos o a sus entidades recaudadoras.
Respecto de los aportes que reciban los institutos de formación política ¿modalidad que introduce la iniciativa- ha de notarse que la distribución de éstos...

El señor LARRAÍN (Presidente).- Ha terminado su tiempo, señor Senador.

El señor CANTERO.- Concluyo de inmediato, señor Presidente.
Decía que la distribución de estos recursos se ceñirá al mecanismo previsto en el artículo 21, con la exigencia de que, para los efectos de la ley en proyecto, cada partido podrá acreditar sólo un instituto ante el Servicio Electoral.
Finalmente, la iniciativa establece que el Presidente de la República, en el plazo de un año, tendrá que dictar el reglamento que implemente la ley.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Hacienda, Honorable señor Foxley.

El señor FOXLEY.- Señor Presidente, la Comisión de Hacienda analizó el proyecto hace un momento y aprobó por unanimidad los artículos 1º y 2º. Y rechazó el numeral 11) del artículo 1º simplemente con el propósito de armonizar su redacción en cuanto a concordancia de plazos con una enmienda anterior de la ley sobre gasto electoral, que se efectuó hace un par de semanas.
Por lo tanto, la iniciativa se encuentra lista para ser discutida y votada por la Sala.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará la iniciativa.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que se pronunciaron favorablemente 34 señores Senadores.

El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, quiero consultar cómo se resuelve el problema del numeral que aprobamos en la Comisión de Gobierno y que rechazó la de Hacienda.
El señor LARRAÍN (Presidente).- Se aprueba el último informe, señor Senador.




CREACIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR

El señor LARRAÍN (Presidente).- Continúa la discusión del proyecto que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.

El señor BOENINGER.- Señor Presidente, junto con expresar mi apoyo a este proyecto, que me parece extraordinariamente importante para la educación superior chilena, quiero decir lo siguiente.
A) Innovación y calidad de la educación en todos sus niveles son condiciones esenciales para que Chile pueda aprovechar las inmensas oportunidades que le ofrece su inserción en la economía global. Esto, desde luego, implica excelencia como objetivo de la educación superior, en particular la de postgrado.
Una mayor igualdad en la calidad de la educación, especialmente de la básica y media, y el acceso más masivo a la educación preescolar y parvularia de los sectores más modestos, además de la masificación de salas cunas y jardines infantiles, constituyen, a su vez, requisitos indispensables para crear igualdad de oportunidades, piedra angular de cualquier política de equidad social, sin la cual resulta ilusorio el rol de la educación como agente principal de movilidad social. Evidentemente, ésta también es condición necesaria en la educación superior, a la que de manera creciente acceden jóvenes de muy distinto nivel de formación previa.
B) Hay consenso internacional en el sentido de que, para asegurar la calidad de una educación superior crecientemente masificada, diversa y caracterizada por la proliferación de instituciones que la imparten a distintos niveles y con diferentes objetivos, se requieren sistemas de aseguramiento de la calidad que reconozcan como eje los procesos de acreditación de calidad.
C) La concepción más exigente de Universidad, la de mayor prestigio y reconocimiento social y de mayor capacidad para hacer aportes múltiples a la comunidad, es la de las llamadas "universidades complejas", que otorgan similar jerarquía a las funciones de docencia e investigación y tienen más posibilidades de establecer relaciones permanentes fluidas con su entorno social y para contribuir al debate de ideas sobre los grandes problemas nacionales. En nuestro país, aunque con debilidades en esos últimos aspectos, destacan en aquella categoría la Universidad de Chile y la Universidad Católica.
Sin embargo, la masificación en el acceso a la educación superior, que ha conducido a su vez a la proliferación de instituciones, ha tenido como resultado inevitable en un país de recursos humanos de alto nivel, buenos pero limitados, y de medios financieros modestos, como es Chile, el surgimiento y desarrollo de múltiples instituciones de objetivos y alcances más limitados y específicos, muchas de las cuales se concentran en la más esencial de sus funciones, cual es la docencia postsecundaria.
Asimismo, ese proceso ha dado lugar a la aparición de numerosas universidades privadas, amparadas en un marco jurídico favorable y formalmente sin fines de lucro.
En Chile, la matrícula de la educación superior ha aumentado de 200 mil en 1990 a más de 600 mil el año 2004. Esto ha provocado una enorme tensión en el sistema, la que ha sido enfrentada con la expansión de matrícula de las universidades tradicionales y el crecimiento vertiginoso de estos planteles y demás instituciones privadas nuevas.
Todo ello ocurre más allá de la preferencia ideológica de quienes las introdujeron.
Naturalmente, tal proliferación de instituciones y alumnos ha generado dudas más que razonables respecto de la calidad de la oferta educacional producida.
Cabe hacer notar que, en este ámbito, la competencia de mercado no resuelve por sí sola el problema, debido a que el efecto en la empleabilidad y en las expectativas profesionales de los egresados y su capacidad para ajustarse a las variables condiciones y requerimientos del mundo contemporáneo, es decir, la capacidad para seguir aprendiendo a partir de una base amplia y sólida, sólo se evidencia en plazos largos y a través de difíciles procesos de seguimiento y evaluación de desempeño en el campo laboral.
No existen, pues, por dicha vía -la de la competencia de mercado- datos útiles para los estudiantes ni para la sociedad que permitan aquilatar la calidad de una institución o carrera determinada.
En el contexto descrito, a diferencia de legítimos puntos de vista distintos, la existencia de universidades privadas, incluso de las que persiguen fines de lucro, me parece justa, a condición de que ofrezcan servicios de calidad y no incurran en comportamientos discriminatorios.
En todo caso, la opacidad que en este tema existe en nuestro país debiera corregirse.
D) Más concretamente, ¿por qué se requiere un sistema de aseguramiento de la calidad basado en la acreditación?

1.- Por el rol pivotal que la excelencia en la formación de nuestros recursos humanos desempeña en el desarrollo, observación particularmente aplicable a los postgrados.

2.- Para hacer realidad una mejor igualdad de oportunidades entre estudiantes ricos y modestos o francamente pobres.

3.- Porque la calidad de la oferta educacional compromete la fe pública, ya que existen dudas razonables al respecto y la educación superior compromete cuantiosos recursos públicos.

4.- Porque la competencia de mercado -como dije- sólo da señales adecuadas en este campo en plazos muy largos.

5.- Porque, como parte de la globalización, se van produciendo procesos de internalización educativa de los que Chile no puede quedar excluido y que implican:
a) Aceptación de nuestros títulos en el exterior;
b) Atracción de estudiantes extranjeros a nuestro país como parte de una política de relaciones exteriores y del posible desarrollo de una industria de servicios de educación superior, como lo ha logrado Australia en relación con Asia, y
c) Porque el fortalecimiento de tales lazos facilita la creación de consorcios académicos y tecnológicos como parte de las cadenas de innovación.
Cabe advertir que el objetivo final de estos procesos es el desarrollo de una cultura de la calidad -en este caso, de la educación superior-, concepto aplicable a los más diversos sectores del quehacer nacional.
E) En Chile, la experiencia concreta en materia de acreditación es reciente -fundamentalmente, a través de la labor de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado y de la Comisión Nacional de Acreditación de Postgrado-, por lo que resulta conveniente recoger los consensos que internacionalmente se han ido produciendo en la materia, lo que las comisiones mencionadas parecen haber acometido.
Hoy existen procesos de acreditación -ya lo dijo el señor Ministro- en la gran mayoría de los países desarrollados; por cierto, en Estados Unidos y en Europa, como también en Asia y América Latina.
De dichas experiencias se deducen, entre otros, los siguientes elementos de consenso:

1.- Es importante lograr los mayores acuerdos posibles entre los actores con relación a las características, criterios y mecanismos de tales procesos, para maximizar su eficacia y legitimidad social.

2.- La primera tarea es desarrollar criterios, estándares y parámetros de calidad factibles de ser determinados en los casos específicos a evaluar y que sean aceptados por las partes (autoridades públicas, universidades y académicos) involucradas en los procesos de acreditación.

3.- La primera fase de un proceso de acreditación es, casi universalmente, la autoevaluación por parte de la institución de educación superior, para lo cual resulta fundamental provocar el desarrollo de las capacidades internas institucionales pertinentes. Tal autoevaluación debiera realizarse ajustándose, en la mayor medida posible, a los parámetros y estándares antes indicados.

4.- La segunda fase es la evaluación externa por agencias acreditadoras o pares evaluadores que den garantía suficiente de independencia e idoneidad.

5.- La fase final es la validación de la acreditación por un organismo nacional -normalmente, pero no siempre, público- claramente independiente que confiera a la acreditación realizada la legitimidad y el reconocimiento nacional e internacional requerido.
Quisiera añadir que, junto con la verificación de los estándares de calidad y demás parámetros pertinentes, es importante que la acreditación permita comprobar el cumplimiento por la institución, programa o carrera, en su caso, de sus objetivos declarados, que son los compromisos que asumen ante la comunidad nacional y frente a sus estudiantes.
Esto no debe, a mi juicio, interpretarse como que es posible dictar desde fuera la misión u objetivos institucionales. O sea, es perfectamente legítimo que exista una universidad masónica, del Opus Dei, representativa de la izquierda extraparlamentaria o de cualquier otra orientación. Lo que sí cabe exigir a toda institución es información completa y transparente al respecto. Asimismo -y éste es un tema no menor-, toda institución debería indicar la forma en que sus alumnos pueden acceder a visiones o concepciones diferentes de las que impulsa cada una de ellas.
F) En lo que respecta al contenido del proyecto que hoy nos ocupa, deseo señalar lo siguiente:

1.- No tengo dudas respecto de la conveniencia de que exista acreditación tanto institucional como de carreras y programas, práctica internacionalmente consagrada. Además, en la labor de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado se han realizado numerosas acreditaciones institucionales.

2.- Se establece la voluntariedad de la acreditación. Se objeta que esto resulta contradictorio con el hecho de que el propio proyecto condiciona la entrega de fondos públicos de ayuda estudiantil a los alumnos de una carrera a la acreditación de la misma.
Al respecto, opino que cabe reconocer que el objetivo último de un sistema de este tipo es la incorporación plena de todos, por lo que entiendo la disposición en comento como un poderoso incentivo a integrarse a él. Por lo demás, pueden existir casos en que haya instituciones (a las que no afecta la restricción de aporte), carreras o programas que prefieran, por una razón u otra, mantenerse al margen y prescindir de los fondos citados.
Quiero acotar en tal sentido que en Estados Unidos -ya lo dijo también el señor Ministro- sólo carreras acreditadas tienen acceso a fondos federales.
En todo caso -y a propósito de los papelitos que dejaron caer los estudiantes desde las tribunas-, la acreditación de ninguna manera plantea un sistema de "ranking" o calidad relativa entre un establecimiento de educación superior y otro.
De todos modos, es preciso resolver en el proyecto un problema de lógica formal, cual es el estatus en que quedan instituciones o carreras que no logran acreditarse, en comparación con otras que no se presentan al proceso.

3.- Comparto plenamente la obligatoriedad de la acreditación para las carreras de medicina y las pedagogías, dadas la trascendencia de ambas y, en el caso de las pedagogías, la razonable duda acerca de la calidad de la formación actual. De hecho, el Senado, en la Ley de Autoridad Sanitaria, ya se pronunció por la acreditación obligatoria de las carreras de medicina.

4.- Concuerdo, asimismo, con que los procesos de acreditación sean periódicos. El proyecto propone 7 años. Quizás, en razón de la carga de trabajo, 10 podrían ser más razonables.

5.- Creo que habrá unanimidad en esta Sala sobre la necesidad de aprobar un Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, elemento indispensable, previo a cualquier evaluación, y condición ineludible para la preservación de la fe pública.

6.- Según informe de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, la casi totalidad de las universidades tradicionales y muchas de las privadas que han obtenido su autonomía han participado en los ejercicios de acreditación recientes. Al hacerlo, están de hecho reconociendo que la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza tiene un vacío legal, pues la declaración de autonomía es un reconocimiento de capacidad institucional y calidad en el momento en que se otorga, pero nada dice sobre expansión y diversificación futuras, de modo que la creación de sedes, carreras y programas con posterioridad queda fuera de toda evaluación.

7.- En cambio, estoy en desacuerdo en principio con el contenido del artículo 6º transitorio en orden a preparar una propuesta para un Sistema Nacional de Certificación y Habilitación Profesional, que me parece innecesario si existe un buen sistema de aseguramiento de la calidad.
Por lo demás, considero que ese artículo es inútil, porque el Parlamento no legisla respecto de intenciones legislativas, sino en relación a proyectos específicos que se le presenten.

8.- Respecto de la institucionalidad y de los mecanismos operativos propuestos, concuerdo con la creación de una Comisión Nacional de Acreditación como entidad pública dotada de suficiente autonomía, cuya integración y atribuciones para cautelar idoneidad e independencia se podrán analizar en la discusión particular. En estas condiciones, no veo cómo ella pueda afectar la libertad de enseñanza.
No observo, en cambio, mayor utilidad en la creación por ley de un Comité Coordinador investido tan sólo de una atribución poco precisa.
Apoyo, ciertamente, las figuras de pares evaluadores y agencias acreditadoras idóneas e independientes, todos debidamente registrados, entre los cuales elige el establecimiento en cada caso.
Espero, también, que en los registros tengan cabida significativa entidades extranjeras con dilatada experiencia en la materia, ya que éste es un ejercicio nuevo en nuestro país y hay mucha experiencia internacional acumulada.

9.- Creo que el texto no refleja adecuadamente el lugar que corresponde en los procesos de acreditación a la autoevaluación, que -como señalé- cuenta con consenso internacional.
Además, el proceso debería contener disposiciones que incentiven el desarrollo de las capacidades pertinentes en nuestras instituciones de educación superior.
Quiero terminar con una afirmación enfática: considero que, lejos, la exposición más completa y convincente contenida en el informe de la Comisión de Educación es la de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, que consta en las páginas 85 a 90.
Por el consenso logrado en la interacción de los actores; la experiencia acumulada en la gran cantidad de acreditaciones oficiosas realizadas, tanto de instituciones como de carreras sometidas a su escrutinio, y el progresivo desarrollo de estándares, logrado con participación de expertos y evaluadores académicos, me parece que cuanto más se ajuste el texto del proyecto a esa experiencia acumulada y al aprovechamiento de la experiencia internacional ya consagrada, mejor será la ley que en definitiva apruebe el Parlamento.
He dicho.

El señor LARRAÍN (Presidente).- En atención a lo avanzado de la hora, dejaremos hasta aquí la discusión general de este proyecto, para continuarla en la sesión especial convocada para mañana.

La señora FREI (doña Carmen).- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

La señora FREI (doña Carmen).- Señor Presidente, ¿podría acordarse que las intervenciones de mañana duren como máximo 10 minutos?

El señor LARRAÍN (Presidente).- Lo voy a proponer al inicio de la sesión especial, señora Senadora.

La señora FREI (doña Carmen).- ¿Por qué no ahora, señor Presidente, con los Senadores presentes?

El señor LARRAÍN (Presidente).- Lo sugeriré mañana, con los Senadores presentes, en la sesión especial.

--Queda pendiente la discusión general del proyecto.

VII. TIEMPO DE VOTACIONES



MEDIDAS CONTRA DEMORA EN RESOLUCIONES DE COMISIÓN MÉDICA DE RECLAMOS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. PROYECTO DE ACUERDO

El señor LARRAÍN (Presidente).- Proyecto de acuerdo, iniciado por los Honorables señores Cantero y Prokurica, por el que se proponen diversas medidas para terminar con la excesiva demora de la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales en la resolución de las materias sometidas a su conocimiento.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 750-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 12ª, en 14 de julio de 2004.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario).- La iniciativa tiene como objetivo principal oficiar a los señores Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Salud para que analicen la posibilidad de establecer un programa de emergencia que permita solucionar la excesiva demora de la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales en la resolución de las materias sometidas a su conocimiento.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Corresponde votar.
¿Le parece a la Sala realizar votación económica?
Acordado.
--Por unanimidad, se aprueba el proyecto de acuerdo.
VIII. INCIDENTES


HOMENAJE EN MEMORIA DE EX DIPUTADO SEÑOR
ENGELBERTO FRÍAS MORÁN. COMUNICACIÓN

El señor LARRAÍN (Presidente).- El Honorable señor Lavandero rendirá homenaje en memoria del ex Diputado don Engelberto Frías Morán, recientemente fallecido.

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente:
Con especial afecto y mucha emoción, quiero rendir homenaje a un gran Parlamentario y colega en la Cámara de Diputados; a un inmejorable amigo; a un gran creyente; a un hombre modesto económicamente durante toda su vida, que vivió con sencillez -murió de la misma manera- y que no por eso dejó de constituirse en uno de los mejores servidores públicos que en mi dilatada vida política yo haya conocido.
Hombre de múltiples actividades a lo largo de su existencia, Engelberto Frías nació en la localidad de La Ligua el 31 de enero de 1916. Realizó sus estudios en Santiago: en la Academia de Humanidades, en el Instituto Nacional y, posteriormente, en la Universidad de Chile, donde se graduó de la carrera de Derecho con una tesis acerca de las operaciones de los bancos comerciales.
A los veinticinco años, el joven Frías contrajo matrimonio con doña Edith Cabrera, formando una familia con cinco hijos. Desempeñó su actividad laboral como abogado de diversas compañías; luego, en la Polla Chilena de Beneficencia y en la gerencia del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). Con los años llegó a tener sus propios negocios e inversiones forestales en Constitución, Región del Maule.
Su vida política estuvo vinculada al Partido Conservador. Fue Secretario Nacional de la Juventud Conservadora; posteriormente, Vicepresidente del Partido. Luego de que esa colectividad se fusionara con el Partido Liberal para formar el Partido Nacional, en 1966 llegó a ser Secretario General de éste.
Como buen conservador, fue socio del Club de la Unión, del Club de la Universidad Católica y del Club Domingo Fernández Concha.
Sus inquietudes políticas lo llevaron a ocupar un escaño en la Cámara de Diputados, en representación de su partido, el Nacional, por el primer distrito de Santiago, entre 1969 y 1973. Participó en las Comisiones de Gobierno Interior, de Salud Pública, de Hacienda y Mixta de Presupuestos, entre otras.
Al revisar su labor parlamentaria, nos encontramos con que sus preocupaciones legislativas iban desde el mejoramiento urbano, la pavimentación de la ciudad, la salud pública, los conflictos laborales del período y las políticas habitacionales hasta las actividades de empresas extranjeras establecidas en el país, los beneficios previsionales de sacerdotes y religiosas, la situación del Cuerpo de Bomberos y la creación de Televisión Nacional, entre otras materias.
Engelberto Frías fue un decidido adversario del Gobierno de la Unidad Popular. Sin embargo, a poco andar del Régimen militar, las circunstancias sociales y económicas del país, así como la persecución política y las violaciones a los derechos humanos, lo llevaron a distanciarse de él. Por ello, con otros personeros políticos de Derecha, se vinculó a la Oposición a principios de los años 80.
Así, a fines de 1982, Engelberto Frías, con ex dirigentes del liberalismo, como Hugo Zepeda, Julio Subercaseaux, Armando Jaramillo, fundaron el Partido Republicano, a el fin de separar aguas con ex personeros del Partido Nacional que apoyaban al Régimen e incluso formaban parte de él.
A inicios de 1983, y en respuesta a las declaraciones del General Pinochet, Engelberto señalaba a la prensa:
"Lo que criticamos es una realidad nacional que nos agobia. La cesantía, el endeudamiento interno y externo, el desmantelamiento de las industrias, la destrucción de la agricultura, la postración de la minería y la aflictiva situación de comerciantes, transportistas y profesionales...".
En esas circunstancias, comenzó a concretarse una iniciativa que desde hacía algunos meses sondeaban dirigentes opositores ante la ausencia de órganos válidos de expresión política.
En marzo de ese año se proclamó ante la opinión pública la formación del Proyecto de Desarrollo Nacional (PRODEN). Ésta fue la primera organización que se manifestó en lucha opositora abierta y públicamente, rompiendo con el receso político impuesto por la dictadura. Y Engelberto Frías estuvo entre sus fundadores, junto a quien habla, al dirigente de los camioneros León Vilarín, al socialista Ramón Silva Ulloa y a los dirigentes sindicales Eduardo Ríos y Hernol Flores, entre otros personeros del mundo político y social opositor.
El PRODEN representaba un sólido tejido de organizaciones de base: pobladores, estudiantes, trabajadores que durante aquel año -1983- dieron inicio a las jornadas de protesta nacional, a través de las cuales se manifestó la expresión ciudadana y popular contra el Régimen militar. En este contexto, a Engelberto Frías le correspondió ocupar el cargo de Vicepresidente del PRODEN en 1982 y 1983.
En esos instantes ya comenzaba a concretarse un conglomerado opositor de mayor envergadura: la Alianza Democrática.
Han pasado tantos años, que hoy puedo revelar que en su parcela de Cerrillos se fabricaban los "miguelitos" con que la Oposición regaba durante las protestas las calles de Santiago. Y con él también confeccionábamos los instructivos de las protestas de esa época.
El PRODEN continuó su lucha antidictatorial. A partir de 1983, publicamos el periódico "Fortín Mapocho", en cuyo comité editorial Engelberto participó activamente, en compañía de importantes personeros políticos y sociales, como don Rafael Agustín Gumucio; don Armando Jaramillo; el actual Presidente de la República, don Ricardo Lagos; el actual Diputado don Carlos Montes, entre muchos otros, configurándose una amplia representatividad social y política.
Engelberto interpretaba esa estirpe de demócratas consecuentes con los valores republicanos, defensores de la dignidad y de los derechos de los trabajadores, desde una perspectiva de Derecha, por cierto, pero no comprometida con las atrocidades cometidas durante la dictadura. Muy por el contrario, fue decididamente opositor y denunciante de la arbitrariedad, la injusticia y la violencia criminal.
Hasta los últimos años, Engelberto mantuvo la mirada lúcida y el compromiso democrático incólume. Testimonio de ello fue su adhesión, en 1998, a nuestro Movimiento por la Dignidad Nacional, organizado para rechazar la llegada de Augusto Pinochet al Senado de la República.
Despedimos, así, a un señor de la política chilena, de antigua tradición conservadora, de compromiso democrático, fortalecido en las luchas durante el Régimen militar por la recuperación de la democracia y los derechos humanos, y preocupado hasta los últimos días de su vida por la dignidad de la política y de las instituciones de la democracia.
Señor Presidente, rindo este homenaje, con especial emoción, a un hombre extraordinariamente sencillo, preocupado de manera permanente, desde el campo en que estuviera, de la prosecución de la vida democrática del país.
Hace pocos días falleció, y por ello he querido rendirle este homenaje en el Senado de la República.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Romero.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, Honorables colegas, los Senadores de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente -es decir, de la Alianza por Chile- nos asociamos al justo homenaje que el Senado rinde hoy a Engelberto Frías Morán.
En la década de los sesenta, o talvez a fines de los cincuenta, conocí a Engelberto Frías en el entonces tradicional y cálido Club Domingo Fernández Concha, ubicado en la calle Compañía, entre Morandé y Teatinos. Era la sede capitalina del antiguo Partido Conservador, donde compartían vocaciones de servicio público destacados dirigentes que, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, entregaban su aporte al desarrollo cívico de nuestro Chile.
Allí aprecié las características de un hombre de bien, de un servidor público de relevantes condiciones. Engelberto era, sin duda, un hombre político en la mejor y mayor extensión del concepto.
Engelberto Frías Morán fue siempre un conservador -en todo el sentido de la palabra- y, por ende un republicano que hizo suyos valores y principios al servicio de Chile por encima de cualquier otra consideración.
Hombre de consensos, despierto, inteligente, hábil, era insustituible a la hora de buscar entendimientos en una convención, en un directorio o en algún acuerdo político.
Por el ejercicio del cargo de Secretario General tanto del Partido Conservador como del Partido Nacional, se le recordará siempre como un gran dirigente político.
Era un hombre que sabía exactamente cuánto medía cada quien en temas electorales. Conocía el mapa eleccionario de Chile como nadie.
Oriundo de la provincia de Petorca, nació en La Ligua, proveniente de una distinguida familia. Supo siempre desarrollar la acción pública en la austeridad y sencillez que le fueron proverbiales.
Con el fallecimiento de Engelberto Frías Morán se va un hombre de excepción, un hombre de tremenda calidad humana. Quienes lo conocimos pudimos apreciar en él las virtudes y las condiciones, no solamente de un gran Parlamentario, sino también de una persona que siempre se entregó -tal vez en un concepto romántico de la vida- a la vocación del servicio público, en todo el sentido de la expresión.
Engelberto Frías tenía, en sus venas y en su alma, un sentimiento por Chile que lo estremecía.
Quiero recordar a ese gran amigo con mucho cariño y afecto porque, además, uno de sus hijos, Gonzalo Frías, es destacado funcionario y profesional del Senado.
Hago llegar a Gonzalo, a su familia y a todos los que integraron alguna vez las filas conservadoras nuestras sentidas condolencias por la partida de Engelberto Frías Morán.
Muchas gracias, señor Presidente.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Parra.

El señor PARRA.- Señor Presidente, tuve oportunidad de conocer fugazmente a don Engelberto Frías el día de mi matrimonio, pero íntima y próximamente en el hogar paterno de mi esposa.
Allí se recordaba una y otra vez al "Tío Beto" con particular cariño, por su proverbial simpatía, por su inagotable creatividad, por su alegría contagiosa, por su entusiasmo en la vida, por su capacidad para compartir, incluso con los más pequeños, encendiendo en ellos la imaginación y la esperanza.
Posteriormente pude observar su trayectoria política. Como se ha destacado, fue militante de partidos de Derecha. Sin embargo, era un hombre que hizo siempre de la amistad un bien superior y que nunca transformó la confrontación de ideas en rivalidades ni en enemistades personales.
A largo de su vida, demostró no sólo una adhesión consecuente con los ideales de los partidos en que militó, sino también una actitud democrática ante las situaciones extremas que vivió el país.
Por eso, pienso que este homenaje es extraordinariamente justo. Y ha permitido asociar el nombre de don Engelberto con los de otros con quienes el Senado tiene una deuda.
Me refiero muy especialmente a don Armando Jaramillo Lyon, quien, habiendo sido Senador, después de su muerte no ha recibido de este Hemiciclo el homenaje a que su vida lo hizo acreedor.
Reparo en este instante esa omisión asociando al homenaje a don Engelberto Frías el homenaje igualmente merecido a don Armando Jaramillo.
Hombres como don Engelberto Frías realmente no mueren: viven en el corazón de quienes los conocieron. Su recuerdo acompaña a estas personas, cuyas vidas, sin duda, se vieron enriquecidas por el privilegio de compartir con ellos.
A la viuda de don Engelberto Frías, la señora Edith, y a sus hijos, muy especialmente a Gonzalo, quien -como aquí se ha destacado- es un gran funcionario del Senado de la República, les expreso mis condolencias, las del Partido Radical y las de mi familia, que también es la familia de ellos.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Núñez.

El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, deseo expresar algunas palabras de homenaje en nombre del Partido Socialista, del Partido Por la Democracia y del señor Ministro de Educación -aquí presente-, don Sergio Bitar, quien conoció más de cerca que yo a don Engelberto Frías, porque compartió con él trabajos por la libertad de expresión, para dar a Chile una alternativa comunicacional distinta ,"Fortín Mapocho", proyecto en el que también participó incansablemente el Senador señor Lavandero.
Pero yo también conocí a don Engelberto, cuando en Chile tratábamos de organizarnos en el PRODEN, desde distintas perspectivas y con énfasis diferentes, para recuperar la democracia.
En varias oportunidades le pregunté, al igual que a don Armando Jaramillo y a otros, por qué, siendo de Derecha, estaba tan comprometido en la lucha contra el Régimen militar. En una de las oficinas del centro de Santiago -el Senador señor Lavandero lo recordará muy bien-, don Engelberto me contestó que nunca dejó de creer que su lucha contra la Unidad Popular fue absolutamente legítima; que no había cambiado de opinión al respecto; que asumía que la batalla contra el Gobierno de entonces también era del todo necesaria e importante para el país; y que formaba parte del PRODEN porque era su manera de contribuir a la recuperación de la democracia y de los valores perdidos.
Don Engelberto era una persona con la cual, aun proviniendo de un mundo político muy distinto del mío, pude dialogar y entenderme. Tanto es así que algunos de sus amigos, como don Armando Jaramillo -hemos reconocido aquí su gran valía-, integraron un partido que ayudamos a construir: el Partido Por la Democracia.
Don Engelberto no quiso incorporarse a él, con buenas razones: quería mantener su condición de independiente y era -como muy bien dijo el Honorable señor Romero- un hombre conservador, en el mejor sentido de la palabra; pertenecía a la vieja y tradicional fuerza conservadora que enorgulleció a nuestro país por el gran sentido republicano que tuvo en la historia de Chile.
En consecuencia, entendimos perfectamente que no quisiera seguir nuestro camino en la constitución de fuerzas políticas para la reconstrucción -que tanto anhelábamos- de la democracia, de la convivencia civilizada entre los chilenos y, en fin, de todo lo que hizo factible que hoy estemos sentados en esta Sala discutiendo las diferentes visiones de futuro de nuestra patria.
Por eso me ha parecido importante expresar nuestra opinión y nuestro sentimiento de dolor por la pérdida de un hombre que, en su momento, fue capaz de alejarse del sector con el cual compartió, seguramente, muchas de sus ideas; que luchó denodadamente por la recuperación de la democracia, y que, junto con gente que provenía, como yo, de vertientes muy distintas de pensamiento, pudo concordar en la necesidad de recuperar los valores perdidos.
En nombre de los Partidos Por la Democracia y Socialista, y del Ministro Sergio Bitar, aquí presente, doy a la familia de don Engelberto Frías Morán mi más sentido pésame.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).-

El señor LARRAÍN (Presidente).- Con estas palabras, hemos rendido homenaje en memoria del ex Diputado don Engelberto Frías Morán.
De las intervenciones escuchadas, se concluye que este gran hombre tuvo una larga trayectoria, en la que se ganó el respeto y el aprecio de todos los sectores políticos.
Por ello el Senado -y me sumo como su Presidente- le rindió este justo tributo, y en especial, porque -como se ha recordado- un hijo de don Engelberto, Gonzalo, trabaja con nosotros. De manera que esta muerte nos causa un dolor mayor, por lo que solidarizamos con este gran profesional.
Vamos a suspender la sesión por cinco minutos para despedir a los familiares de don Engelberto Frías.
Se suspende la sesión.

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--Se suspendió a las 18:49.
--Se reanudó a las 18:53.
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El señor LARRAÍN (Presidente).- Continúa la sesión.
PETICIONES DE OFICIOS

El señor HOFFMANN (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son del tenor siguiente:
Del señor FERNÁNDEZ:
Al señor Ministro de Salud, relativo a CENTRO DE ATENCIÓN DE SALUD PRIMARIA PARA PUERTO WILLIAMS.
Del señor GARCÍA:
Al señor Ministro de Hacienda, sobre IMPORTACIÓN DE HARINA EN PREMEZCLAS DESDE ARGENTINA; al señor Ministro de Obras Públicas, con relación a PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CAMINO EL MAULE-BUDI; al señor Ministro de Salud, acerca de REPOSICIÓN DE HOSPITAL DE PUERTO SAAVEDRA; al señor Ministro de Agricultura, respecto de IMPORTACIÓN DE HARINA EN PREMEZCLAS DESDE ARGENTINA Y SIEMBRA DE TRIGO PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA DE PECES Y ANIMALES, y al señor Subsecretario del Interior, referente a ESTADO DE PROYECTOS POSTULADOS A FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (todos de Novena Región).
Del señor STANGE:
Al señor Ministro de Bienes Nacionales, reiterando oficio en cuanto a REGULARIZACIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD DE BIENES RAÍCES HEREDADOS POR SEÑORA CARMEN DOLORES LÓPEZ RUIZ, DE PUERTO MONTT, y al señor Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, sobre SITUACIÓN PREVISIONAL DE SEÑOR RICARDO ANDRADE ANDRADE, DE PUERTO MONTT.
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El señor LARRAÍN (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Institucionales 1.
En el turno del Comité Mixto (Partido Por la Democracia), ofrezco la palabra.

El señor OMINAMI.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor LARRAÍN (Presidente).- Sí, señor Senador.

El señor OMINAMI.- El Honorable señor Muñoz Barra me cedió el tiempo de su Comité.

El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.


ODIO Y SUS CONSECUENCIAS

El señor OMINAMI.- Señor Presidente, lamento que no se halle en la Sala el Senador señor Bombal. En todo caso, le mandé a avisar que pensaba intervenir en la hora de Incidentes. Seguramente, no pudo estar presente por alguna razón justificada.
En respuesta a una columna mía titulada "Ojo con la dictadura perfecta", mi Honorable colega llamó, en el mismo medio, a tener "Cuidado con el odio".
Por mi parte, quiero expresarle que comparto plenamente la necesidad de ese "cuidado". Fue el odio el que llevó, en un pasado por lo demás no tan lejano, a que se registraran prácticas bárbaras que todavía nos duelen, nos asombran y no conseguimos explicárnoslas. ¿Por qué secuestrar, matar y hacer desaparecer? ¿Por qué violar a mujeres indefensas?
A propósito, señor Presidente, aprovecho la ocasión para comunicar que la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura se encuentra terminando su trabajo y se apresta a entregar el informe respectivo al Presidente de la República. Esto va a ocurrir hacia fines de agosto.
Dicha Comisión reunió 35 mil testimonios, muchos de ellos ¿desgarradores- de personas que nunca antes se habían atrevido a hablar de los dramas que vivieron. Y no se atrevían...

El señor LARRAÍN (Presidente).- ¿Me permite, señor Senador? Disculpe que lo interrumpa.
Debo asistir a una reunión convocada por la Mesa.
Solicito el asentimiento de la Sala a fin de que presida el Honorable señor Fernández.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Fernández.

El señor OMINAMI.- Decía, señor Presidente, que los afectados nunca antes se habían atrevido a hablar de los dramas que vivieron. Y no se atrevían por la estigmatización social que la condición de víctima había llegado a representar. De este modo, a las torturas infligidas y a las humillaciones practicadas, muchos de ellos debieron agregar los daños, también terribles, del secreto autoimpuesto.
Todo lo anterior, producto del odio, de un odio tan grande que llevó a unos a actuar de esa manera, y a otros, a guardar un cómplice silencio.
Yo nunca experimenté ese tipo de odio. Nunca se me ha pasado por la cabeza que sea justificable torturar a alguien para obtener información y, luego, matarlo y hacerlo desaparecer.
Más aún, puedo manifestar que, después de todo lo ocurrido, no siento odio de ninguna naturaleza.
Soy muy crítico de determinadas posiciones y actitudes, y eso me lleva, a veces, a discrepar con fuerza. No obstante, reitero: yo no siento odio; siento, sí, miedo. Y eso es lo que argumenté en mi columna.
Tengo miedo, en efecto, de la extrema concentración del poder por parte de un sector que, objetivamente, no ha hecho la prueba de gobernar en democracia respetando los derechos de quienes piensan distinto. Y esto no es teoría. Es la pura y simple realidad.
No estoy diciendo que eso no pueda cambiar en el futuro. Pero los antecedentes democráticos de la UDI son objetivamente malos por las acciones de sus dirigentes durante la dictadura. Y son malos, también, por varias actuaciones en democracia. Me refiero a lo siguiente:
-A la obstinación para mantener una Constitución impuesta por la fuerza, que no cuenta con respaldo mayoritario.
-A las relaciones con el Poder Judicial en diversos episodios, incluidas las investigaciones paralelas.
-Al uso y abuso de su poder económico.
-A la ausencia de democracia interna en la designación de sus propios dirigentes.
-A la crudeza del trato a sus aliados cuando éstos no se le subordinan.
La transformación de Jaime Guzmán -Senador brutalmente asesinado- en el ícono de la UDI merece una mención aparte. Y la hago con todo respeto, señor Presidente.
Es evidente que Jaime Guzmán sabía todo lo que acontecía. Me consta personalmente ¿además, así se ha dicho- que él salvó la vida de varias personas. Pero creo que eso es, justamente, lo que lo incrimina.
¡Qué suerte para algunos haber tenido con él una vinculación que les haya salvado la vida! Los familiares le estarán eternamente agradecidos.
Sin embargo, ¿cuántos pudieron salvarse, señor Presidente? ¿Por qué no haber hecho una denuncia fuerte, enérgica, pública, de cuanto sucedía? Garantizo que se habrían salvado muchas más vidas actuando en esa forma.
Tan sólo a cuadras de donde muchos dirigentes de la UDI se desempeñaban en labores de Gobierno se mantenía a gente secuestrada, sometida a los peores vejámenes, sin que ninguno de ellos alzara la voz para denunciar esas graves violaciones. Eso es lo que yo llamo "la falla ética de la UDI".
Señor Presidente, he intervenido sobre este tema, no por gusto, sino porque consideré mi deber hacerlo. A mí, por el contrario, me gustaría vivir en un país donde la alternancia fuera algo natural y no involucrara ningún tipo de amenaza respecto de la cual uno hubiera de sentir miedo.
Muchas gracias.

El señor FERNÁNDEZ (Presidente accidental).- Los Comités Demócrata Cristiano y Unión Demócrata Independiente no harán uso de sus tiempos.
En el turno del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.


RESGUARDO DE PATRIMONIO FITO Y ZOOSANITARIO. OFICIOS

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, nuestro patrimonio fito y zoosanitario es reconocido en todo el mundo y nos ha permitido acceder a tratados de libre comercio y exportar productos a los más variados destinos. Es algo que debemos cuidar, porque nos ha costado mucho a todos los chilenos y a los distintos gobiernos en el último tiempo. Si bajamos la barrera de la preocupación por mantenerlo, lo podemos perder, y, junto con ello, afectar nuestras expectativas como país incorporado al mundo global.
El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) tiene como responsabilidad prevenir la introducción y diseminación en el territorio nacional de plagas relacionadas con plantas y productos vegetales. Con tal propósito, se encuentra facultado para establecer las condiciones fitosanitarias que necesitan cumplir los artículos importados. Al respecto, dictó la resolución Nº 3.815, de 2003, que entrará en vigencia el próximo 1º de agosto.
Hace más o menos un año y medio denuncié la entrada de distintos productos provenientes de Perú, unos frescos y otros ya tratados, que supuestamente podían provocar dificultades fitosanitarias. No afirmo que ello se haya comprobado científicamente, pero tanto en Arica -y lo conversé con el Director Nacional del SAG- como en Copiapó y Vallenar aparecieron pestes, como la de una mosca blanca que causó estragos en los tomates. ¿Por qué? Porque se permitió el ingreso de tomates peruanos.
Además, por bastante tiempo se han importado grandes cantidades de aceitunas desde ese país, en una competencia muy desleal, porque toda la recolección de esa índole, aparte los subsidios que recibe el sector agrícola peruano, se hace con trabajadores que ganan sueldos paupérrimos y carecen de previsión social.
Algunos de esos productos se venden en Chile conforme a lo que se paga acá sólo por cosecharlos. Pero, asimismo, se arriesga nuestro patrimonio fito y zoosanitario.
Señalo lo anterior porque el próximo 1º de agosto debe entrar en vigencia la mencionada resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, que obliga, en su artículo 5º, a que "Los artículos reglamentados, excepto los productos cuya presentación sea a granel, deberán venir embalados en envases nuevos de primer uso, consignando en cada unidad de importación, la siguiente información mínima: país de origen, nombre o código del productor, especie vegetal, y todas aquellas otras condiciones exigidas por resolución específica.".
Por las razones expuestas, señor Presidente, solicito que se oficie a los señores Ministro de Agricultura y Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero para exigir la aplicación de las disposiciones pertinentes y de todos los mecanismos que establece la ley con el objeto de resguardar nuestro patrimonio y evitar una competencia desleal como la surgida en el último tiempo.
No es posible mantener barreras abiertas ante productores que no guardan ningún cuidado en cuestiones fito y zoosanitarias. Es preciso proteger nuestro patrimonio, y debemos hacerlo ahora, con rigurosidad. Lo anterior dice relación, en especial, a la importación respectiva desde Perú y Bolivia.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Prokurica, conforme al Reglamento.

El señor FERNÁNDEZ (Presidente accidental).- Los Comités Socialista e Institucionales 2 e Independiente no ocuparán su tiempo.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:5.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción