CREACIÓN DE CARGO DE PRESIDENTE DE COMISIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE, CON RANGO DE MINISTRO DE ESTADO
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea el cargo de Presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y le confiere rango de Ministro de Estado, con segundos informes de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, e informe de la Comisión de Hacienda, y con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4148-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 6ª, en 11 de abril de 2006.
Informes de Comisión:
Gobierno, sesión 18ª, en 17 de mayo de 2006.
M. Ambiente y B. Nacionales, sesión 18ª, en 17 de mayo de 2006.
Gobierno (segundo), sesión 70ª, en 15 de noviembre de 2006.
M. Ambiente y B. Nacionales (segundo), sesión 70ª, en 15 de noviembre de 2006.
Hacienda, sesión 70ª, en 15 de noviembre de 2006.
Discusión:
Sesiones 19ª, en 6 de junio de 2006 (queda pendiente su discusión general); 21ª, en 7 de junio de 2006 (se aprueba en general).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Cabe recordar señores Senadores que el presente proyecto fue aprobado en general en sesión del 7 de junio del año en curso.
Las Comisiones informantes dejan testimonio, para los efectos reglamentarios, de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones el numeral 4 (actual número 10) del artículo 1º y los artículos 2º y 3º, disposiciones que conservan el mismo texto que tenían en el primer informe, por lo que deben darse por aprobadas.
--Se aprueban reglamentariamente (28 votos afirmativos).
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Esas normas se refieren, respectivamente, a la incorporación del cargo de Presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente en la planta respectiva; a su inclusión dentro de las autoridades que perciben una asignación de dirección superior, y a la designación por el Presidente de la República dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la ley en proyecto.
Las Comisiones de Gobierno y de Medio Ambiente efectuaron diversas modificaciones al proyecto aprobado en general, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad.
Por su parte, la Comisión de Hacienda, conociendo de los artículos de su competencia, los aprobó en los mismos términos en que lo hizo la de Medio Ambiente, por la unanimidad de sus miembros presentes.
Cabe recordar que las enmiendas aprobadas en forma unánime por la Comisión informante deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador, antes del inicio de la discusión particular, exprese su intención de impugnar alguna o que existan indicaciones renovadas, las que no se presentaron en esta oportunidad.
De las modificaciones acordadas por unanimidad, los numerales 1, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 del artículo 1º tienen rango orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren los votos conformes de 22 señores Senadores.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que transcribe las normas legales que se modifican, el proyecto aprobado en general, las enmiendas introducidas por las Comisiones de Gobierno y de Medio Ambiente y el texto final que resultaría si se aprobaran dichas modificaciones.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Solicito autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario General de la Presidencia, señor Edgardo Riveros.
--Se accede.
El señor ALLAMAND.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ALLAMAND.- En cuanto al aspecto reglamentario, solicito que se abra debate sobre el artículo segundo transitorio cuando corresponda.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Así se hará, señor Senador.
Por lo tanto, si le pareciera a la Sala, se daría por aprobado en particular todo el articulado, con excepción del artículo segundo transitorio.
Acordado.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Es necesario dejar constancia del quórum.
En este momento hay en la Sala 28 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Todo el articulado, salvo el artículo segundo transitorio, queda aprobado con 28 votos.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, no entendí cuál fue la decisión que planteó.
Me parece bien que el Honorable señor Allamand haya solicitado discutir en particular una norma. Pero usted dio por aprobado todo el resto de las disposiciones.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Las que fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión, como se procede siempre.
El señor LETELIER.- ¿Hay posibilidad de dar una opinión?
Yo me sumo a su decisión, señor Presidente. Sin embargo, pensaba que se iba a discutir un poco la iniciativa.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Lógico. Está en discusión.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, por lo menos como Senador de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, quiero informar a la Sala sobre la etapa particular del proyecto.
El señor COLOMA.- ¡Están muy apurados¿!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Yo no he dicho nada en contrario.
El señor LARRAÍN.- ¡Están peleando solos¿!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Exactamente.
El señor LARRAÍN.- ¡Llegaron muy inspirados de la reunión de ayer¿!
El señor LETELIER.- Su Señoría dio por aprobada toda la iniciativa, menos el artículo segundo transitorio.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión el artículo segundo transitorio.
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
Están inscritos para intervenir en seguida los Senadores señores Ávila, Letelier, Vásquez, Alvear, Gómez y Bianchi.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, este proyecto, que crea el cargo de Presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente -a iniciativa del Ejecutivo, por cierto-, hay que entenderlo en su fase particular de acuerdo con la actual institucionalidad ambiental.
Veamos la imagen que aparece en pantalla.
Allí se puede apreciar que existen una instancia de coordinación, una de decisión y otra de consulta. La Comisión Nacional del Medio Ambiente es presidida por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y bajo él están la Dirección Ejecutiva, el Consejo Directivo de CONAMA -que a su vez preside y coordina con 13 Ministros- y el Consejo Consultivo (en éste hay dos universidades, dos ONG, dos representantes de los empresarios y dos de los trabajadores, un personero nombrado por el Presidente de la República y un independiente).
Esto, a nivel regional, se vuelve a repetir. Y lo voy a señalar en seguida.
El proyecto fue modificado por el Ejecutivo (porque la mayor cantidad de indicaciones recae en materias de su iniciativa exclusiva), sobre la base de todas las observaciones que se recibieron tanto en la Comisión de Gobierno cuanto en la de Medio Ambiente, las cuales estaban orientadas fundamentalmente a definir en mejor forma las funciones, las atribuciones y los medios con que va a contar el nuevo cargo, así como la forma de coordinarse en esta compleja institucionalidad ambiental.
Por eso, se crea, con rango de Ministro, el cargo de Presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Y ciertas actividades del Consejo son formalizadas a través de la CONAMA. Pero administrativamente, por carecer de la institucionalidad propia de un ministerio, sigue funcionando en esa fase en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que incluso, cuando corresponda, dictará los decretos respectivos.
Un punto no menor es el de que esto se debe entender como una transición a un compromiso de la Presidenta de la República en el sentido de crear un Ministerio del Medio Ambiente y una Superintendencia de Fiscalización. De lo contrario, no tendría mucha justificación como fórmula de carácter permanente.
También quiero informar a la Sala que, por la vía de las disposiciones transitorias, se acogió la idea de que el financiamiento de los nuevos cargos y sus funciones no provenga del presupuesto de la CONAMA, sino de recursos adicionales provistos en esta iniciativa de ley.
El artículo segundo transitorio define un plazo para llevar a cabo esta actividad. O sea, ello no es de carácter permanente.
Debo puntualizar a la Sala -para que quede en acta- que aquí figuran la instancia a nivel regional (reproduciendo lo que señalé antes) y una propuesta de lo que debiera ser la nueva institucionalidad.
En esta imagen Sus Señorías pueden apreciar el Ministerio del Medio Ambiente, donde quedan la CONAMA y todo lo que es el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. Se propone que las cuentas ambientales, el ordenamiento territorial y la zonificación queden bajo el paraguas de sus atribuciones. Y, en lo que a cuentas ambientales se refiere, existe una coordinación con el Banco Central. Del mismo modo, se asegura que el Consejo de Desarrollo Sustentable, que es un acuerdo adoptado en 1992 en la "Cumbre para la Tierra", sea una instancia de consulta permanente.
En el lado izquierdo de la pantalla puede verse la Superintendencia de Fiscalización Ambiental, con las funciones de monitoreo, fiscalización ambiental y sanción, coordinada con los Ministerios respectivos.
Ahora bien, es muy importante contar con el parecer del Gobierno en cuanto a que habrá un plazo y la gente se va a dedicar de preferencia a generar la nueva institucionalidad ambiental y las modificaciones que las leyes ambientales requieren, para hacerlas más transparentes y procurar que las reglas del juego sean más certeras, y la participación, más valiosa y vinculante.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.- Señor Presidente, la discusión de esta iniciativa llega en un momento crítico para la institucionalidad ambiental del país.
El cuestionamiento a nivel ciudadano ya alcanza a los tribunales de justicia.
A este respecto, creo que para todos los colegas ha de resultar ilustrativo el caso de la construcción del tranque de relave El Mauro, perteneciente a la mina Los Pelambres, en la localidad de Caimanes, Cuarta Región.
Digo esto porque quienes no han tenido la oportunidad de participar en diversas sesiones de la Comisión de Medio Ambiente del Senado tampoco han podido informarse mucho a través de los medios de comunicación. Esto, debido a que éste es un drama que se viene abriendo paso en sigilo, rompiendo muy rara vez la indiferencia de la opinión pública, ya que aquéllos no le han prestado la atención que merece.
Quiero dar una descripción del problema, pues he recogido antecedentes sumamente ilustrativos que, a mi entender, vienen bien a la hora de efectuar el debate a que hemos sido convocados.
Caimanes es una zona rural libre de toda contaminación, que alberga varias especies de flora y fauna en categorías de vulnerables y raras. El valle no tenía ningún tipo de intervención industrial. Cuenta con un importante bosque de canelos y más de cien sitios arqueológicos, de origen molle, incaico y diaguita, de hasta dos mil años de antigüedad; con quinientos petroglifos y un cementerio indígena que hoy son desarmados y trasladados por la mina Los Pelambres a un museo al aire libre, donde ya no tienen contexto y han perdido su significado en relación con la geografía y los astros.
La Sociedad Chilena de Arqueología dijo que ésta es "la mayor intervención arqueológica en la historia de Chile" y que "nunca debió haberse aprobado".
Una consulta, señor Presidente.
Veo que los minutos marchan¿
El señor PÉREZ VARELA.- Inexorablemente.
El señor ÁVILA.-¿muy aceleradamente y de modo inexorable, como acota el Honorable colega.
¿No existe en esta ocasión el tiempo que se destina usualmente al debate de las iniciativas?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Señor Senador, estamos abocados al segundo informe. O sea, a cada orador corresponden cinco minutos.
Al parecer, Su Señoría no hizo uso de la palabra cuando se debatió en general el proyecto. Y ya estamos en la discusión particular.
El señor PROKURICA.- ¡Que hable no más!
El señor ÁVILA.-Yo tengo preparada una intervención extensa. Pero¿
El señor LARRAÍN.- Le damos el tiempo necesario.
El señor ARANCIBIA.- Sí, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Entonces, puede continuar, señor Senador.
El señor ÁVILA.- Muchas gracias, Honorables colegas.
La Cuarta Región interior es una zona que padece prolongadas sequías; por tanto, los riachuelos suelen evaporarse antes de que sus aguas sean aprovechadas.
Por ello, el problema de agua potable fue resuelto al encontrarse napas subterráneas a 8 kilómetros de Caimanes, precisamente en el lugar que albergaría al relave.
El relave constituye el desecho resultante del refinamiento del mineral. Éste contiene un sinnúmero de elementos y minerales tóxicos para la salud humana: arsénico, estroncio, óxido de silicio, cloro, plomo, óxido de aluminio, azufre y otros.
Sin duda alguna, las napas se verían contaminadas y serían inútiles para el consumo humano.
Para hacer el embalse en cuestión se debe construir una muralla de 270 metros de altura e inundar todo el valle. Se destruiría así todo el ecosistema del lugar y quedarían enterrados restos arqueológicos de unos diez mil años de antigüedad.
La empresa tiene al menos otros 28 lugares donde puede levantar su embalse de desechos tóxicos, en los cuales el daño causado sería mucho menor. Sin embargo, se niega a asumir el mayor costo de las alternativas.
Señor Presidente, tengo acá un informe de la Contraloría General de la República que prácticamente no se ha conocido. Y, en mi concepto, es extraordinariamente relevante que nos informemos sobre algunos aspectos muy puntuales de él.
El Consejo de Monumentos Nacionales no tomó en consideración los antecedentes entregados por la arqueóloga doña Andrea Seelenfreund, responsable de la línea de base en el año 2001.
La profesional citada fue contratada por la empresa privada Gestión Ambiental Consultores. En ese contexto, ella emite el "Informe Técnico de Arqueología para el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Embalses de Relave de Monte Aranda, Mauro y Ducto de Transporte de Relaves, abril 2001".
Dicho informe, además, fue remitido por la mencionada arqueóloga -conforme a una costumbre de los profesionales del área- al Consejo de Monumentos Nacionales durante el mes de noviembre de ese mismo año.
Pero no se consideraron las recomendaciones de doña Andrea Seelenfreund.
Y cito textualmente "La magnitud de los impactos sobre los sitios arqueológicos, en opinión del profesional que suscribe, hacen aconsejable buscar otro lugar para desarrollar el proyecto en estudio".
Luego agrega: "Todas estas razones, desde un punto de vista del manejo de los recursos culturales, hacen poco aconsejable la ejecución de este proyecto en el emplazamiento elegido y se sugiere la evaluación de otras alternativas para su ejecución".
"Sin embargo," -añade- "bajo el supuesto que la empresa decidiera continuar con la ejecución del proyecto de los embalses de releves en las localidades de Mauro y Monte Aranda se hace imprescindible ampliar la línea de base arqueológica para evaluar en forma informada cada uno de los sitios arqueológicos y definir medidas de resguardo para éstos.".
A manera de conclusión, expresa la Contraloría: "Como puede apreciarse de lo expuesto, la arqueóloga doña Andrea Seelenfreund, arribó a dos grandes conclusiones: a) No intervenir el área, b) Si la decisión de la empresa es continuar con el proyecto, debía ampliarse la línea de base", según ya expliqué.
Con el fin de no abusar del tiempo que se me concedió, señor Presidente, sólo deseo señalar que son innumerables los antecedentes que apuntan en la dirección de un acuerdo de las diversas instancias de la institucionalidad ambiental que no se condice con estudios técnicos realizados, e incluso -lo que es más grave-, que hay ocultamiento de información.
Ahora bien, la Corte de Apelaciones de Santiago ha dictado recientemente un fallo categórico en términos de cuanto he señalado esta tarde. Y lo que queda por resolver es un recurso de casación, que, como los abogados saben, es bastante limitado y ofrece pocas posibilidades de revertir el fondo de lo que plantea la decisión del tribunal de alzada.
Señor Presidente, creo que aquí estamos en una coyuntura particularmente grave, porque de la Corte Suprema dependerá que la institucionalidad del país responda efectivamente a lo que es el deseo de la inmensa mayoría de los chilenos: que se hagan valer los derechos de los más débiles.
Pero hay signos inquietantes.
El Presidente del Consejo Minero -tengo entendido que en presencia de la Presidenta de la República- ya notificó a la Corte Suprema y a todas las instituciones del país: "El tranque se construirá de todas maneras".
Aquello significa que no importa lo que decida la Corte Suprema, no importa lo que opinen las diversas instancias que quedan por pronunciarse -ya son muy pocas-: el Consejo Minero ha resuelto seguir adelante con el proyecto en cuestión.
Entonces, aquí hay un asunto que, en mi concepto, no puede escapar a la consideración de este Senado y de todas las instancias del Poder Público: hasta qué punto una declaración tan tajante como ésa puede ser admisible en un Estado de Derecho.
En fin, el tiempo dirá si las instituciones de que nos hemos dotado son capaces de responder como corresponde al anhelo de la inmensa mayoría de los chilenos: que, de una vez por todas, se respeten los derechos de quienes acuden a las instancias judiciales y no poseen gran apoyo económico, sino sólo su verdad.
Por lo tanto, lo único que cabe aquí por el momento, dado que no hay decisión definitiva de las instancias superiores, es esperar que todo salga en bien del país y que se salvaguarde el principio de probidad pública, base esencial del funcionamiento institucional.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, como Presidente de la Comisión de Minería y Energía, conocí en detalle lo ocurrido en el proyecto a que hacía alusión quien me antecedió en el uso de la palabra y escuché a todas las partes involucradas. Y he sacado una lección.
No me quiero quedar en la coyuntura de lo que hemos discutido, pues esta situación no sólo ha ocurrido en el tranque de relaves El Mauro -que me preocupa-, sino también en Ralco, en Itata y en los grandes proyectos que se realizan con CODELCO.
Hay que mirar el problema considerando que existen iniciativas de envergadura por realizar que implican grandes inversiones para el país. Porque ¿qué ha sucedido en la práctica en este caso y también en otros proyectos similares? Que llevan 7 a 8 años desarrollándose, desde que se presentaron y fueron autorizados, y ahora que registran 50 ó 60 por ciento de avance se ven expuestos a ser paralizados por órdenes de los tribunales, que se involucran en materias ambientales, en circunstancias de que la institucionalidad pertinente es de competencia de autoridades administrativas como la CONAMA.
Ésa es la lección que me preocupa. Y eso significa que algo está fallando. Porque no es razonable que inversiones de tal envergadura -500, 600, 700 millones de dólares, no sólo restringidos a este tipo de proyectos- arriesguen ser paralizadas el día de mañana, pese a contar con todos los permisos ambientales para iniciar su ejecución.
Desde mi punto de vista, aquí hay un problema de certeza jurídica que deberemos enfrentar. Se ha demostrado una extrema debilidad de la institucionalidad ambiental en esta materia.
Por eso es muy relevante el artículo segundo transitorio. Me preocupa que no se establezca allí un plazo para modificar dicha institucionalidad. Se dispone que las autoridades lo van a hacer, pero no se dice cuándo. Y este punto es urgente, ya que el caso en comento no es el único que se ha presentado; hay muchos otros. Ello demuestra extrema debilidad en este ámbito. Porque cuando los proyectos llevan 7 u 8 años desarrollándose y no hay certeza jurídica, necesariamente se verá afectada la inversión.
Pero no quiero pasar por encima de los derechos de terceros. Éstos son extremadamente legítimos. Por tanto, el punto se resolvería estableciendo procedimientos adecuados para recurrir ante la Justicia. Pero que éstos no eternicen el proceso. Por ejemplo, el caso referido podría permanecer un año más sin que lo resuelva la Corte Suprema.
Yo me pregunto: ¿Qué va a pasar con los proyectos energéticos que se avecinan? Que tendrán dificultades; que serán complejos, y que evidenciarán -y éste es el tema de fondo- una arista del problema donde, aunque estén aprobados por las autoridades y por la institucionalidad ambiental que determinemos, todo ello puede ser materia de discusión en los tribunales, pues éstos pueden abordar tales asuntos.
Por lo tanto, se produce una incerteza jurídica de inmensa magnitud.
A mi juicio, lo peor es no asumir los problemas. Y siento que, en materia de institucionalidad ambiental, estamos ante un fenómeno que no hemos afrontado. Lo lógico sería que el Senado, por unanimidad, modifique el artículo segundo transitorio para fijarle un plazo a esta propuesta de rediseño. Es urgente hacerlo.
Por otro lado, adelantándome un poco, me preocupa que, según lo expuesto por el Senador informante, toda la institucionalidad ambiental esté muy influenciada por el Gobierno, por el ámbito político. Al respecto, pienso que deberíamos efectuar algún cambio para que las decisiones de carácter ambiental sean adoptadas por entidades con una independencia mucho mayor.
Por eso, no debemos quedarnos en la anécdota de lo que sucede en el tranque El Mauro; debemos ir al fondo del problema. Si no lo abordamos, generaremos un precedente delicado -no sólo en este caso, sino también en los anteriores-, que provocará incerteza jurídica e impacto en las futuras inversiones. Esto, sin desconocer -vuelvo a repetir- el derecho de terceros.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.- Señor Presidente, el proyecto que hoy analizamos en particular está llevando a la Sala a una discusión que sin duda la Comisión ya realizó con muchos más antecedentes y detalles.
Me refiero al tipo de institucionalidad medioambiental que queremos para nuestro país y a los mecanismos tendientes a preservar nuestro medio ambiente, articular la inversión privada y pública con el interés de protección y defensa de nuestros recursos naturales, y sostener en el tiempo un crecimiento económico basado, aún muy poderosamente, en la explotación de las materias primas.
Desde un tiempo hasta la fecha, hemos sido testigos de verdaderas batallas entre quienes preservan la naturaleza y protegen la calidad de vida de los chilenos versus quienes defienden proyectos e inversiones -generalmente privados-, lo que ha plasmado en la opinión pública la sensación de incompatibilidad entre ellos.
Aun cuando nuestra Constitución Política establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, siendo tarea del Estado velar para que tal derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza, buena parte de los conflictos medioambientales, tales como los de Ralco, CELCO, Mehuín o, más recientemente, el que afecta a la mina Los Pelambres, se debe a la ausencia de un ejercicio institucional efectivo en este ámbito.
Lo anterior significa que una modificación a la actual estructura y dependencia de la CONAMA puede que no logre tener efecto visible real para el ciudadano medio, si en los hechos no se logran profundizar los instrumentos y herramientas que permitan desarrollar a dicha Comisión la tarea que consagra el derecho constitucional señalado.
Sobre el particular, existen muchos ejemplos acerca de los problemas que deben ser abordados en una nueva normativa legal que no sólo potencie el rol institucional de la CONAMA, sino que también defienda y preserve efectivamente el derecho a la calidad de vida de todos los chilenos.
En mi zona, específicamente en Temuco, se ha constatado la ocurrencia de eventos de altas concentraciones de material particulado respirable durante los meses de otoño e invierno, siendo mayo el mes más crítico. Además, tan sólo este año se han contabilizado 16 superaciones del nivel de contaminación permitido, y la media de los dos últimos años ha estado por encima de la norma internacionalmente aceptada.
Seguramente, episodios similares en Santiago alertarían inmediatamente a la autoridad y sensibilizarían a la opinión pública, pero en una capital regional parece que la alerta queda sólo en una preocupación local.
Por eso es necesario que la principal autoridad ambiental en Chile sea capaz de entregar no sólo diagnósticos, sino también respuestas claras acerca de los planes y proyectos para enfrentar el flagelo. De esa manera, se evita que año tras año continúe el alza de los episodios críticos mencionados.
En otras palabras, la oportunidad que ofrece el proyecto, en cuanto a discutir y analizar la actual legislación medioambiental, es única.
Por ello planteamos en su momento, a través de indicaciones -formuladas junto con el Senador señor Ávila y rechazadas en la Comisión-, que el Ejecutivo apoyara decididamente, como artículo transitorio, un plazo perentorio dentro del cual debe presentarse y ponerse en práctica el rediseño de la institucionalidad ambiental.
Sin embargo, en el proyecto que hoy discutimos no se establece ninguna fecha para que el Ministro de la CONAMA presente al Consejo Directivo dicha planificación.
Por eso, esperamos que con la aprobación de la iniciativa de ley en debate el Gobierno se comprometa resueltamente a entregar más recursos para fortalecer el trabajo que iniciará la nueva CONAMA, con un Ministro como titular. Sin embargo, ello carecería de impacto si no fuera aparejado de medidas reales y prácticas que habiliten a la institucionalidad para defender el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, para proteger y preservar la naturaleza y para conservar el patrimonio ambiental como está explícitamente indicado por ley.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, con motivo de la discusión de este proyecto, que espero se apruebe, deseo hacer un par de reflexiones que me parecen pertinentes.
En primer lugar, con la aprobación de la presente iniciativa, podemos apreciar un avance muy importante en uno de los temas de mayor relevancia contemplados en el Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet.
Este anhelo refleja la necesidad que han planteado distintos sectores del país en orden a darle a la protección del medio ambiente un rango institucional acorde con la preponderancia que este ámbito tiene hoy día. De esta manera se concreta la posibilidad de que exista un funcionario del más alto nivel jerárquico que interactúe con sus pares Ministros y genere una entidad con la suficiente fuerza para abordar estas materias con la prioridad que merecen.
Por ello, el paso que se está dando resulta bastante significativo.
Tal como se ha expresado en la Sala, el Presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, con rango y jerarquía de Ministro de Estado, va a tener la responsabilidad de diseñar la nueva institucionalidad ambiental, que contemple el Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia del ramo.
En consecuencia, el proyecto no resuelve ni cierra las discusiones en torno a la institucionalidad ambiental que Chile tendrá en el futuro, que -insisto- es un asunto de la mayor trascendencia si queremos ser capaces de compatibilizar desarrollo económico y protección del medioambiental.
Con esta iniciativa damos, entonces, un primer paso.
Sin embargo, a raíz de los últimos acontecimientos que hemos conocido durante estas semanas, me parece fundamental, a la hora de tomar las decisiones sobre la nueva institucionalidad, asegurar el profesionalismo, la probidad y la transparencia en la Administración Pública, a fin de contar en esa entidad, dada la relevancia que tiene y seguirá teniendo, con las personas más capacitadas para llevar adelante las responsabilidades pertinentes.
Por ello, creemos que, junto con la designación del Presidente de la CONAMA, esta institución debe incorporarse al Sistema de Alta Dirección Pública, especialmente en el caso de los jefes de división o departamento y, muy en particular, para el nombramiento de sus directores regionales.
Las dificultades que muchas veces presentan los proyectos ambientales hacen necesario que dicha autoridad regional esté dotada no sólo de los conocimientos adecuados, sino también de la legitimidad que le permita tomar decisiones con el respaldo, en lo posible, de todas y todos, con la garantía de que obedecen a los aspectos más relevantes en protección ambiental y con la certeza de que tales determinaciones compatibilizan el desarrollo económico que Chile requiere con la protección del medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos.
En consecuencia, dado que probablemente tomará tiempo implementar esta institucionalidad, estimo fundamental plantear al Gobierno la posibilidad de que las COREMA entren desde ya al mecanismo de selección del Sistema de Alta Dirección Pública.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, sin perjuicio de respaldar la iniciativa legal promovida por el Ejecutivo, haré ver algunas de las debilidades que aún persisten en nuestra institucionalidad ambiental, que claramente no serán resueltas por la creación del cargo que se indica ni por conferirle a éste rango de Ministro de Estado.
Actualmente, en los procedimientos de evaluación ambiental participan dando su opinión numerosas entidades o agencias públicas de carácter técnico, tales como el Servicio Agrícola y Ganadero, la Dirección de Aguas, la CONAF, entre otras. Desde una mirada absolutamente científico-técnica, estos organismos evalúan los diferentes impactos ambientales que se podrían producir al ejecutarse un determinado proyecto.
Pese a ello, todas estas opiniones carecen de cualquier fuerza vinculante o de carácter resolutivo, puesto que las COREMA están integradas exclusivamente por autoridades de carácter político que mantienen una fuerte vinculación con el Gobierno central, como intendentes, secretarios regionales ministeriales, gobernadores, quienes finalmente deciden la aprobación y las condiciones de un proyecto determinado.
Esta conformación, de marcado carácter político y centralista, atenta contra la participación local, y cualquier contrapeso técnico es inhibido por la exclusiva decisión política, lo que hace que muchas veces la comunidad en general dude sobre la efectiva imparcialidad en la toma de las decisiones ambientales.
Igualmente, me preocupa la persistencia en la marginación casi absoluta de participación de las comunidades locales a la hora de evaluar ambientalmente un proyecto. Esta injusta situación ha sido y es motivo de numerosos conflictos posteriores, puesto que en diversas oportunidades la autoridad ignora o desconoce las realidades o, incluso, los derechos que podrían ser afectados por la ejecución de determinado proyecto. Ello es motivo de grandes atropellos a las pequeñas comunidades locales, que, débilmente y casi sin ninguna posibilidad, luchan por la persistencia de sus formas de vida y por el reconocimiento de sus legítimos derechos.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, el medio ambiente es una de las preocupaciones fundamentales de la opinión pública. En ese sentido, el paso que se da es importante.
Contaremos con una institucionalidad, pero será mínima para las necesidades que tiene el país en esta materia.
El Honorable señor Orpis se refirió recientemente en su intervención a las dificultades que se suscitan en la aprobación de determinados proyectos y a la intervención de los tribunales de justicia en algunos procesos vinculados a aquéllos, que es lo que, por lo demás, corresponde en un Estado de Derecho.
La institucionalidad medioambiental que hoy existe en Chile es bastante precaria. Por ello, el proyecto en discusión implica un avance pequeño, pero importante.
Desde nuestro punto de vista, en calidad de representantes de Regiones, debo expresar que la iniciativa no contempla una definición de las necesidades regionales ni la participación de aquéllas. Por ejemplo, referirse al caso particular de la Segunda Región es hablar de un sinnúmero de proyectos y, también, de intervenciones en la vida cotidiana de sus habitantes que han significado, finalmente, un daño considerable a la salud y la vida de las personas que viven allí.
En Antofagasta, el arsénico fue por años uno de los mayores contaminantes del agua potable. El plomo también constituyó uno de los factores que han afectado ostensiblemente la salud de las personas.
Hoy día, en Tocopilla, estudios sobre el medio ambiente han declarado a la ciudad como zona saturada, pues los niveles de cáncer y de enfermedades derivadas de la contaminación son enormes.
Esa situación es inaceptable desde el punto de vista de la protección de la vida y la salud de los ciudadanos, en particular de aquellos que viven en Regiones y que reciben todos los impactos de una zona desprotegida en su medio ambiente.
¡Para qué decir lo que sucede en Calama, cuya situación también es extremadamente grave, o en María Elena! Se trata de ciudades donde operan grandes empresas mineras, desde CODELCO hasta las privadas -no estoy hablando sólo de estas últimas, sino también de las estatales-, donde no se realizan inversiones en el ámbito que nos ocupa ni se concreta la obligación, finalmente, de proteger la vida y la salud de las personas.
En Tocopilla, las grandes empresas siguen utilizando petcoke, material prácticamente prohibido en todo el mundo. A través de los mecanismos que el Estado ha entregado, se continúan empleando combustibles que, como indiqué, han ocasionado los más altos niveles de cáncer y otras enfermedades en la Segunda Región, a la cual represento.
Hace pocos días murió a causa de dicho mal un antiguo Alcalde de Tocopilla, el señor Aleksander Kurtovic, quien se suma a los numerosos fallecidos en esa ciudad a consecuencia de la contaminación, que es brutal en las Regiones.
Por eso, sin perjuicio de alegrarnos del paso que se da -escuché atentamente la presentación del señor Senador informante-, creemos que es pequeño. Resulta necesario establecer sistemas jurídicos de fiscalización, de la significación que sea, pero que permitan materializar de verdad, en cualquier actividad económica o inversión que se lleve a cabo, una primera preocupación por la salud.
De ahí, señor Presidente, que este paso -pequeño, repito, pero importante- requiere la participación de las Regiones, que no se halla bien definida en el proyecto, y, por supuesto, una gran inversión y esfuerzo del Estado para que se cumplan las normas que protegen la vida y la salud de las personas.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora VELOSO (Ministra Secretaria General de la Presidencia).- Señor Presidente, en junio recién pasado, cuando esta Honorable Corporación se pronunció en general sobre el proyecto en debate, aprobando la idea de legislar por la unanimidad de los presentes, algunos señores Senadores manifestaron inquietudes acerca de su contenido, especialmente en cuanto a la real entidad y efectividad de la modificación que se introduce a la estructura y organización de la CONAMA, lo que se ha reiterado en el día de hoy.
El Ejecutivo ha precisado, tanto en el mensaje correspondiente como en las distintas instancias de discusión parlamentaria, que con la creación del cargo de Ministro Presidente de CONAMA se logrará instalar una autoridad ambiental con rango de Secretario de Estado y ocupada exclusivamente en colaborar con el Primer Mandatario en el diseño y ejecución de las políticas ambientales.
Se ha dicho también que esta reforma será el primer paso hacia el establecimiento de una nueva institucionalidad ambiental acorde con las actuales necesidades del país en la materia, iniciativa cuya formulación requiere un mayor estudio, así como un gerente o impulsor especialmente dedicado a ello.
La fórmula originalmente propuesta por el Ejecutivo buscó la mayor simplicidad, siguiendo modelos ya existentes, como el de la Comisión Nacional de Energía o el del Consejo Nacional de la Cultura. Ello, en el entendido de que tal característica del enunciado normativo del proyecto no excluye la relevancia de sus efectos, en particular porque permite que el Presidente de la República cuente con un colaborador directo e inmediato en todo lo relativo a las políticas ambientales, en quien se radicará la conducción política del sector, así como la responsabilidad técnica y política.
No obstante lo anterior, el Ejecutivo acogió muchas de las preocupaciones expresadas por los señores Senadores, presentando un conjunto de indicaciones en tal sentido. Concretamente, se recogieron todas aquellas inquietudes y observaciones susceptibles de conciliarse con la idea de legislar aprobada por esta Corporación y dirigidas a perfeccionar el estatuto por el que se regirá el nuevo Ministro Presidente de CONAMA.
Las indicaciones formuladas apuntaron, en primer término, a establecer un estatuto más detallado de las funciones y atribuciones que ejercerá el nuevo Ministro, asignándole las que son propias de su rol de Presidente de CONAMA y traspasándole aquellas del Consejo Directivo y/o del Director Ejecutivo que, por su naturaleza, deben corresponder a la máxima autoridad política del sector.
Para ese fin, se incorpora un Párrafo 3º, nuevo, denominado "Del Presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente", compuesto de dos artículos que regulan la naturaleza, rango y rol del nuevo cargo y el listado de funciones y atribuciones de su competencia.
El catálogo de ellas contempla cuatro tipos de tareas:
-Las de colaboración directa con el Presidente de la República.
-Las de conducción y presidencia del Consejo Directivo.
-Las de coordinación gubernamental en materias ambientales.
-Y, por último, las de conducción de la Dirección Ejecutiva y de sus relaciones con el Consejo Directivo.
Esta definición de funciones y atribuciones permite, además, precisar las relaciones del nuevo Ministro Presidente de CONAMA con los demás órganos internos de la entidad y, de esa forma, resolver con mayor claridad su inserción en la institucionalidad ambiental.
Por otra parte, con la finalidad de dotarlo de un equipo profesional y técnico estable para apoyar sus labores, se agregó una disposición transitoria que faculta a la Presidenta de la República para crear en la planta de CONAMA cinco cargos destinados a tal propósito.
Igualmente, a través de un informe financiero complementario, se aclaró que el mayor gasto que represente la creación y funcionamiento del nuevo cargo y de su equipo asesor será cubierto con recursos adicionales a los contemplados en el presupuesto del organismo.
Por último, atendiendo a la demanda de especificar que el Ministro Presidente de CONAMA deberá desarrollar la tarea de diseñar y proponer una institucionalidad ambiental que reemplace a la actual, se incluyó un precepto transitorio que le encomienda expresamente dicho cometido. Si bien no se señala un plazo para tal efecto, dado que no es frecuente que un cuerpo legal considere aspectos de ese tipo, el compromiso político del Ejecutivo es presentar una normativa que mejore la vigente a la mayor brevedad.
El texto despachado por las Comisiones de Gobierno y de Medio Ambiente de esta Corporación recoge los perfeccionamientos mencionados, los cuales contaron con un amplio respaldo, que agradecemos.
Esperamos que el proyecto de ley sometido a vuestra consideración, con los mejoramientos alcanzados como fruto de su discusión y de los importantes aportes recibidos en dichos órganos técnicos, concite el mismo respaldo que logró en ellos, a fin de concluir de manera satisfactoria el primer trámite constitucional.
En otro orden de ideas, debo expresar que la CONAMA, en su nivel central, es un organismo altamente especializado y profesional, con un importante número de funcionarios que ostentan el grado académico de doctor en su respectiva disciplina. Sin embargo, la Primera Mandataria ha creído necesario, tal como lo anunció públicamente, pasar los segundos niveles a la Alta Dirección Pública, de modo de asegurar más transparencia, así como mayores posibilidades de que otras personas de gran preparación lleguen a la entidad.
Finalmente, señor Presidente, más allá de los defectos que aún persisten en materia medioambiental y a los cuales deberán abocarse las nuevas autoridades, la apreciación del Gobierno en cuanto a esta temática es positiva. De acuerdo con indicadores internacionales que miden el grado de protección que una nación brinda al medio ambiente, Chile se halla en muy buen nivel. No obstante, esperamos mejorar aún más y asumir junto a la ciudadanía todos los defectos aquí mencionados. El Gobierno tiene un compromiso con ello y con el desarrollo sustentable.
Muchas gracias.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, no me voy a referir a los temas de fondo que algunos Honorables colegas han abordado respecto de la política medioambiental del país. Creo que ése no es el objeto de esta discusión.
Tampoco voy a comentar fallos judiciales. Es algo que no me parece pertinente, y considero altamente peligroso que nosotros lo hagamos -las Cortes de Apelaciones pertenecen a otro Poder del Estado-, independiente de la opinión que uno pueda tener acerca del asunto a que se ha hecho referencia: la construcción de un tranque, respecto de lo cual conversé recién con el Senador señor Pizarro, representante de esa zona. Y ello, en particular, porque es una materia muy controvertida, que tiene aristas que posiblemente no conozcamos en detalle. Por mi parte, estoy más al tanto debido a que, en una oportunidad, la Comisión de Minería y Energía nos convocó para conocer algunos aspectos que implica esa iniciativa.
Voy a apoyar el proyecto de ley, tal como lo hice en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización; pero, en mi opinión, existen tres aspectos importantes que podemos hacer presentes al Ejecutivo.
Uno de ellos es que perdemos la oportunidad de legislar respecto a las COREMA. Estimo que uno de los problemas graves no radica en esos organismos, propiamente tales, sino, muchas veces, en la falta de profesionalismo y la incapacidad técnica y científica de sus miembros.
Me impuse de una experiencia altamente negativa -a mi juicio, por cierto- en la provincia de Huasco, donde un estudio de impacto ambiental fue sencillamente cambiado por una declaración de impacto ambiental no conocida por las instancias superiores.
Ese solo hecho, en sí mismo, nos ha obligado a algunos Senadores, entre ellos los Honorables señores Ominami y Navarro, a presentar un proyecto de ley -esperamos hacerlo hoy día o mañana-, a fin de evitar el absurdo, que se puede dar en muchas partes, de que por dicha vía sea posible modificar puntos sustantivos.
Lo anterior es uno de los inconvenientes que se plantean, si bien el proyecto que nos ocupa es muy positivo, desde luego, e importa, como lo han señalado otros señores Senadores, especialmente la Honorable señora Alvear, un avance importante, pues constituye un paso muy decisivo.
Segundo, no entiendo por qué no tenemos un Ministro del Medio Ambiente. Sólo se establecerá un Presidente de una Comisión Nacional del Medio Ambiente, a quien se le otorgará rango de Ministro, que no es lo mismo. En el órgano técnico del Senado sostuve que Chile ya está maduro como para contar con el Secretario de Estado referido, al igual que en muchos países.
¿Por qué lo digo? No por poner trabas -ni mucho menos- al proceso de creación de la autoridad de que se trata, sino porque si actualmente existen Estados con dificultades crecientes que generarán graves conflictos, algunos de ellos insolubles, es por situaciones que se relacionan con el medio ambiente. Por lo tanto, debiéramos tener un Ministro del Medio Ambiente que fuera una figura muy calificada, con una alta personalidad.
Los problemas medioambientales que está enfrentando Chile -como han recordado algunos Honorables colegas- son muy graves. El de la provincia de Huasco es uno, naturalmente. Pero ya se han registrado con Ralco, con CELCO y ahora con el embalse El Mauro. Y se plantean otros.
En lo personal, soy un claro opositor a la construcción de cinco megacentrales en el sur. Si bien mi opinión puede no valer ni tener un sentido especial, lo que interesa es que las autoridades den garantías. Y, en ese sentido, un Ministro del Medio Ambiente habría sido ideal.
Tercero, comparto lo expresado por algunos señores Senadores en cuanto a que no existe el plazo involucrado en el artículo segundo transitorio. En consecuencia, pido al Ejecutivo manifestar la disposición de contemplar un término para establecer la nueva institucionalidad medioambiental y para contar con una política en este ámbito, lo que ojalá pudiéramos discutir a propósito de un proyecto de ley diferente, ya que éste no es el adecuado para ello.
Por esa razón, solicito a la señora Ministra Secretaria General de la Presidencia que, independientemente de la aprobación de la iniciativa en análisis, medie un compromiso para lograr pronto una nueva institucionalidad, en la que, entre otros factores, se cambie la composición de las COREMA, y para que también se concrete una nueva política medioambiental, diferente de la que se ha insinuado durante todos estos años, porque los problemas que deberán enfrentar en ese sector el actual Gobierno y cualquier otro en el futuro serán crecientemente complejos.
Gracias.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el proyecto en debate ha sido muy esperado, básicamente por la forma más que por el fondo. Y hemos dicho que vamos a apoyarlo, no por lo que es, sino por lo que promete que será.
El texto apunta a un objetivo que comparto con el Gobierno: aleja de la Secretaría General de la Presidencia responsabilidades que, luego de años de ejecución de la ley, han involucrado un componente mucho más político que social y técnico. Por eso, la letra a) del número 1 del artículo 1º establece que el Ministro Presidente, en vez de relacionarse con la SEGPRES, lo hará directamente con el Primer Mandatario.
Digámoslo con franqueza: ello elimina parcialmente la responsabilidad del Ministerio, porque, a renglón seguido, el inciso segundo que se intercala dispone que todos "aquellos actos administrativos de la Comisión que conforme al ordenamiento vigente deban dictarse" a través de una Secretaría de Estado se efectuarán por medio del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Lo anterior no supera el problema de fondo -ha sido el cuestionamiento que hemos formulado con el Senador señor Girardi desde hace muchos años-, en el sentido de que, en definitiva, todos los fallos de las COREMA, las decisiones del Consejo de Ministros, están teñidos por una decisión política, la cual puede ser evaluada positiva o negativamente.
Sin embargo, el proyecto que hoy se aprueba constituye un gran alivio para la señora Ministra, por cierto, porque la SEGPRES se sacará de encima una responsabilidad, pero quedará un nexo directo entre el Ministro Presidente de la CONAMA y el Primer Mandatario.
Hace unos días tuve la oportunidad de visitar Helsinki, en Finlandia, y compartir con el Ministro del Medio Ambiente. ¿Saben cuál es la clave en el país número uno del mundo en transparencia, educación, desarrollo sustentable y competitividad? La autonomía.
La autoridad respectiva enfrenta las mismas dificultades que se plantearán en Chile, por el hecho de continuar como minoría en el Gabinete finlandés y de seguir siendo atacada por el titular de Hacienda. Y los principales debates se dan, por la toma de decisiones, con los Ministerios económicos. Pero ese país cuenta con tres institutos autónomos para tomar decisiones en torno a los peritajes ambientales. ¡Autónomos! Son fiscalías. Es decir, no deben rendir cuenta ni a la Primera Ministra ni al Parlamento, sino que sólo lo hacen respecto a la evaluación científico-técnica, conforme al mérito de la propuesta. En tal sentido, existe un hecho importante: los informes, sí, son coherentes, o sea, son determinantes y se encuentran relacionados. Ello significa que no se trata de un texto para ser presentado y dejado de lado.
En ese ámbito, quiero señalar que lo que estamos haciendo es bueno, pero no suficiente. Diría que algunos pensarán que con esta iniciativa no será preciso tocar la institucionalidad ambiental por un largo tiempo. Nosotros, en cambio, hemos venido sosteniendo que la ley vigente, desde su aprobación, en 1993, y de la dictación de reglamentos sobre estudio de impacto ambiental, en 1997, requiere hace ya bastante tiempo, al igual que otras normativas, evaluaciones que la mejoren, para fortalecer el desarrollo económico del país, sin duda, pero también el derecho de los ciudadanos a defenderse y la protección del medio ambiente.
Lo principal del proyecto es que dota de una institucionalidad que tiene, más bien, una nueva dirección política, porque sigue siendo el mismo organismo, que aumentará la planta sólo en cinco funcionarios, lo cual está lejos de ser suficiente.
Recordemos que, con todo lo bueno que fue el Gobierno del Presidente Lagos, la calificación menor correspondió al tema ambiental, donde sólo se obtuvo un 4 o un 4,5. O sea, existió una definición, no reprobatoria, pero bastante apegada a la aprobación mínima.
Pienso que el elemento clave -lo es también para los empresarios; porque en esto se debe ser y parecer- radica en la falta de credibilidad del sistema. Y la sola nominación de un Ministro Presidente no le otorga esa cualidad.
En el diario "La Tercera" de hoy día aparecen opiniones del señor Francisco Costabal, Presidente del Consejo Minero, y de la Primera Mandataria. Y lo planteado por aquél es relevante, a propósito de un asunto, muy vigente, como el de la mina Los Pelambres, mencionado en la Sala.
El señor Costabal observa que se deben eliminar "mitos y prejuicios que distorsionan la realidad". En ese contexto, afirma que las mineras se hallan mal posicionadas ante la opinión pública. Por lo tanto, agrega: "Para lograr esto" -o sea, que haya una buena percepción- "no sólo importa contar cuánto producimos, sino también cómo producimos". No sólo basta la cantidad, sino que también es necesario considerar en qué forma se realiza el proceso productivo.
Me parece un juicio acertado. Y diría, entonces, que queremos ayudar, porque el "cómo producimos" debe tener credibilidad; debe contar con organismos del Estado que permitan dar garantías al inversionista, pero también a los ciudadanos. Y, lamentablemente, durante todo este período -digámoslo francamente- la balanza se ha inclinado en favor de las empresas, o sea, de los inversionistas.
Se ha argumentado muchas veces -pensemos en el señor Rodríguez Grossi- que ésta no es una responsabilidad de la Oposición. Han sido los Gobiernos de la Concertación los que han determinado que este modelo tenga vigencia. Han sido los Ministros de la Concertación los que han aprobado proyectos como CELCO Valdivia, Celulosa Itata o Trillium, en su oportunidad. Y, por lo tanto, aquí no se trata de hacer de esto un debate ideológico entre el Gobierno y la Oposición, sino de tener una institucionalidad que dé garantías a todos. Porque, en definitiva, el objetivo de los Poderes del Estado es que los ciudadanos estén mejor, con el menor costo.
Quiero recordar que hubo un informe durante el período de doña Adriana Hoffmann en la CONAMA. Un grupo de jóvenes e importantes abogados -entre ellos, Marcelo Castillo y Jaime Dinamarca-, al que llamaron "el club de Toby", porque no se integró ninguna abogada distinguida, elaboraron un informe de reforma. De esto hace ya, a lo menos, seis años. El respectivo documento se encuentra en el cajón de algún burócrata del Estado, bajo llave. A mí me hubiera gustado conocerlo y debatirlo. Porque el Estado pagó por su confección. Se establecieron costos para elaborar una revisión del funcionamiento de la ley. Y como era bien plural, lo cual es positivo, sería bueno tenerlo a la vista, para que, junto al próximo Ministro que nombre el Gobierno, se pueda decir si vamos a reformar o no la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente.
Porque, al dar nuestro voto a favor para el presente proyecto, estamos diciendo: "Queremos una institucionalidad mayor y más fuerte, pero, a la vez, deseamos que ella se revise".
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor NAVARRO.- Termino de inmediato, señor Presidente.
Sin perjuicio de respaldar el proyecto, advierto que no podremos seguir aprobando iniciativas en esta materia si el Ejecutivo no manifiesta su voluntad política para reformar la ley. Y aquí el Gobierno no se ha comprometido en ese sentido ni conmigo ni con otro Senador de la Concertación.
Señor Presidente, me pronunciaré a favor del proyecto, pero debo señalar que mi voto no va a estar disponible para nuevas iniciativas de mi Gobierno si no hay un compromiso cierto respecto de qué vamos a hacer en materia ambiental en los próximos años.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, al inicio de la sesión solicité debatir el artículo segundo transitorio, precisamente, para permitir el intercambio de opiniones de tanta riqueza que ha tenido lugar en esta oportunidad.
En verdad, si uno tuviera que imaginar cuáles son los cuatro o cinco obstáculos que de alguna manera pudieran perjudicar las posibilidades de desarrollo de Chile en el mediano y en el largo plazo, casi espontáneamente podría decir que son los siguientes: que como país no fuéramos capaces de mejorar sustantivamente la calidad de nuestra educación; que los fenómenos de corrupción se siguieran extendiendo; que la persistencia de la desigualdad fuera una tendencia que tampoco puede revertir la sociedad chilena y que nos aproximáramos mal a los temas de medio ambiente. Y, en general, los asuntos medioambientales hoy día, tanto en un contexto global como nacional, revisten enorme importancia.
El punto es que nosotros tenemos en la actualidad una institucionalidad ambiental bajo fuerte tensión. Y los países que progresan y se desarrollan son precisamente aquellos que son capaces de abordar estas dificultades con una lógica de capital institucional. Y Chile lo tiene, en diversos campos.
El capital institucional, la fortaleza de las instituciones, tiene que ver con la existencia de reglas claras -algunas serán leyes, otras, decretos-, de un preciso andamiaje normativo que genere certeza y, sobre todo, de la posibilidad de disponer de los incentivos correctos para que de ahí emanen las señales a los distintos agentes de todo tipo.
Sin duda, la sola lectura de cómo ha quedado -yo diría- el escenario institucional ambiental en Chile es preocupante. Porque, más allá de que le corresponda o no le corresponda fijar un plazo de término a la designación de un Ministro o de alguien que ejerza el cargo en esa calidad, lo cierto del caso es que resulta muy inquietante que simplemente se diga que una de las competencias de tal autoridad va a ser la formulación de "una propuesta de rediseño de la institucionalidad ambiental". Pero aquí no hay plazo ni existe compromiso taxativo. Ni siquiera sabemos cómo se va a producir la tramitación posterior.
Según entiendo, hay una muy buena voluntad del Ejecutivo para abordar el tema. Pero no es menos cierto que esa voluntad ha existido en Gobiernos anteriores. Y, como han señalado algunos parlamentarios de la Concertación, el avance no existe. Nos hallamos absolutamente estancados con una institucionalidad ambiental que hoy día -como digo- está bajo tensión, lo cual es particularmente preocupante.
Aquí también -digamos las cosas como son, en forma absolutamente clara- estamos ante una responsabilidad, por lo menos en el gatillamiento del proceso, de los Gobiernos de la Concertación, por una razón muy simple. Porque, del conjunto de materias que deben ser abordadas, casi todas son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
Entonces, aquí hay una especie de encajonamiento, porque si, por un lado, existe consenso en el sentido de mejorar la institucionalidad ambiental, el Parlamento no puede hacerlo por sí solo si se carece de un impulso por parte del Ejecutivo. Y este último, simplemente, no da un solo paso significativo en términos de readecuar el ordenamiento y reconoce, en un momento donde se necesita certeza, que estamos en una etapa de rediseño.
Desde el punto de vista del interés general del país, señor Presidente, esta situación es particularmente preocupante.
Más aún: cualquier análisis que hagamos de la realidad ambiental nos va a conducir a lo menos a unas seis o siete -yo las llamaría- "grietas ambientales institucionales".
Por ejemplo, la autonomía política de las futuras autoridades ambientales es un asunto de gran complejidad. Ya lo manifestamos acá cuando discutimos la materia en general, entre otras cosas, porque, salvo que se resuelva legislativamente con mucha inteligencia, cómo vamos a lograr conciliar la idea de una institucionalidad ambiental más autónoma del poder político si simultáneamente estamos construyendo un ministerio del medio ambiente.
Hay fórmulas. El Senador señor Navarro se ha referido al modelo finlandés. Pero admitamos al interior de esta Corporación que, conceptualmente hablando, parece haber una contradicción, pues se dice que "debemos tener una nueva institucionalidad ambiental, más autónoma del poder político" y, al mismo tiempo, "tengamos un ministerio". Hasta donde yo entiendo, los ministerios no son, precisamente, entidades autónomas del poder político.
De otro lado, tenemos un serio problema de capacidad fiscalizadora de las actuales autoridades ambientales en todo lo largo de la línea. Y la existencia de una Superintendencia tampoco resuelve el problema.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se ha cumplido el tiempo, Su Señoría.
El señor ALLAMAND.- Termino, señor Presidente.
Problemas de deficiencia de gestión; problemas de falta de personal; un espíritu de la legislación ambiental mucho más cerca del comando y control que de los incentivos correctos, y una esmirriada participación ciudadana.
En consecuencia, me sumo a quienes han expresado su preocupación en el sentido de que el país no puede quedarse en un limbo institucional en materia de medio ambiente. Y realmente debemos avanzar en esta dirección. Pero el impulso tiene que partir del Ejecutivo, porque este Parlamento no tiene facultades para abordarlo por sí solo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, creo que esta discusión hay que ponerla en un contexto.
¿Por qué Chile necesita una legislación ambiental moderna? Primero, por razones evidentes. Porque las políticas ambientales son de prevención a los daños de salud. Cada vez que hay un contaminante ambiental, él se traduce en perjuicio a la vida y costos que, finalmente, son mucho más caros para toda la sociedad, además del menoscabo humano, del sufrimiento que generan.
De eso ya hay antecedentes suficientes en el país: está lo del arsénico, la contaminación en Santiago.
A mi juicio, Chile debería ser usado -y así lo ha sido- como un verdadero laboratorio para mostrar daños ambientales y efectos sobre la salud.
El segundo aspecto es que nuestro país actualmente se halla en una encrucijada. Puede hacerse menos dependiente de un modelo exportador de recursos naturales, los que tienen precios cambiantes y son inestables, desde el punto de vista de la sustentabilidad. Eso requiere hacer hoy una gran apuesta, no solamente en materia ambiental, sino que parte de los excedentes de la nación sean invertidos en doctorados, en infraestructura, en ciencia y tecnología, pero, sobre todo, en materia ambiental.
La señora Ministra señalaba que Chile tiene una buena institucionalidad ambiental; sin embargo, yo creo que es vergonzosa.
La OCDE, que es la organización más importante en medio ambiente, acaba de evaluar la institucionalidad ambiental chilena. Señaló que era precaria, que no había fiscalización, que no había énfasis en los aspectos de protección de biodiversidad. Es decir, si se leyera con atención ese informe, elaborado por una de las organizaciones más serias, llegaríamos a la conclusión de que tenemos una institucionalidad ambiental absolutamente deficiente.
El problema más grave es que estamos jugando con fuego. Éste es el verdadero talón de Aquiles que tiene hoy nuestro modelo medioambiental -incluso, en el sistema exportador de recursos naturales-, sin ni siquiera agregar esta nueva condición de dar mayor valor agregado, con más inteligencia, para exportar no sólo recursos naturales. El modelo exportador de éstos hoy en día está en jaque. Acabamos de ver lo que sucedió con la carne que iba a ser exportada a Japón, problema detectado por el SAG. Y así existen innumerables ejemplos.
¿Por qué digo esto? Porque todos los sellos ambientales, que finalmente son las autorizaciones o sellos verdes que se dan en Chile, son fraudulentos. Así los proyectos Trillium; Ralco; el del petcoke; Parque Nacional Lauca; explotación de pozos de agua; Cascada; Central Renca -podría nombrar muchos-, fueron aprobados con informes técnicos negativos, particularmente del Ministerio de Salud, de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y del SAG.
¿Qué quiere decir eso? Antes de la ley, bastaba con que uno de esos servicios denegara la autorización para que el proyecto no se pudiera realizar. Hoy día, esos servicios sólo informan. Y hay un cuerpo colegiado, las COREMA -las cuales muchas veces carecen de información y de conocimiento-, que los aprueba teniendo a veces a la vista informes técnicos negativos.
El primer problema, entonces, es que existe una autoridad colegiada no vinculante con las decisiones técnicas. El primer gran cambio y el más importante de todos, a mi juicio -no importa si al organismo se le llame "ministerio"-, debe apuntar a que las decisiones técnicas sean vinculantes con las decisiones políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que un proyecto debe ser evaluado políticamente cuando cumpla con las condiciones técnicas, con las exigencias del SAG, del Ministerio de Salud. Independientemente de cuál sea la posición de la COREMA, sólo cuando se sometió a todas las exigencias técnicas, recién ahí debiera regir la decisión política.
Pero también es cierto que, aun cuando un proyecto apruebe todas las exigencias técnicas, posteriormente puede haber una decisión política en el sentido de no llevarlo a cabo. Pero cumplió todos los trámites técnicos.
Pienso además que debiera haber participación de las universidades. Quienes evalúan hoy día no siempre tienen los conocimientos necesarios. Los proyectos son mucho más complejos y superan la capacidad de las propias COREMA para calificarlos.
Hoy el sistema está politizado, con ausencia de rigor técnico absoluto y, además, se permite que los proyectos se presenten de manera segmentada, por trozos, por pedazos, lo que no da cuenta del impacto ambiental sobre las cuencas. Bastaría ir a Hualco, Tocopilla.
Por cierto, un proyecto analizado por separado posee determinado impacto ambiental, pero todos juntos tienen otro que actualmente no está siendo considerado.
La participación ciudadana sólo rige por 30 días, y luego se termina.
Pero existe un instrumento consistente en las adendas: cuando un proyecto es rechazado, se le da una, que es la posibilidad de presentar nuevos antecedentes. Allí la participación ciudadana ya no existe.
Las adendas constituyen un instrumento para que proyectos rechazados tengan una nueva oportunidad. Y algunos han sido objeto de 3, 4 ó 5 de ellas. En definitiva, con esto se hace mucho más precario un sistema que ya lo es.
Otra de las materias que contiene la iniciativa es la relativa a la aprobación con condiciones.
Todas las condiciones que un proyecto debiera cumplir para ser aprobado no se exigen ex ante, sino ex post. Y si Sus Señorías analizan todos los proyectos presentados, verán que nunca se han cumplido aquéllas.
Entonces, creo que estamos frente a un tema dramático.
Es efectivo lo señalado por el Senador señor Allamand -y no me da vergüenza decirlo-, en cuanto a que, a mi juicio, el ambiental es uno de los puntos más débiles que ha tenido la Concertación. Hemos construido un sistema que aprueba malos proyectos, los cuales no serían aceptados en ningún país desarrollado del planeta, y en Chile van a implicar costos.
Me parece que estamos en el momento de cambiar esto. Hoy día hay una gran oportunidad, ya que las exigencias mundiales de la nueva economía y del desarrollo hacen que Chile camine o se acerque a modelos que ya tomaron países como Suecia, Finlandia u otros. Y ello requiere nuevas exigencias ambientales.
Porque, además, se están enverdeciendo los mercados. Cada vez se va a tener más conciencia ciudadana a nivel global, porque también se presentan problemas de salud. Las enfermedades que más están dañando la vida de las personas tienen que ver con males crónicos no transmisibles, como los accidentes vasculares, la diabetes, el cáncer. Está absolutamente demostrado que en los infartos ocurridos en Santiago uno de los factores cada vez más importantes lo constituye la contaminación. El material particulado menor de 2,5 micrones genera aumento de la coagulabilidad sanguínea. Hay muchos estudios conforme a los cuales el aumento de infartos en la Capital se encuentra asociado a la contaminación. Qué decir de los cánceres.
O sea, tenemos una situación integral. No creo que se trate de un problema de Izquierda, de Centro o de Derecha, sino de un país que quiere enfrentar la modernidad con instrumentos eficientes y que se termine el verdadero fraude ambiental.
Me da lo mismo si la institucionalidad se llama "ministerio" o "coordinación". Sólo quiero decir que en la mayoría de los países desarrollados que transitaron por distintas experiencias han terminado en ministerios. Pero tampoco creo que deba ser la norma para nosotros. Lo más importante es que las exigencias técnicas sean vinculantes con las decisiones políticas. No permitamos más que proyectos respecto de los cuales los que saben, los expertos, los servicios que conocen del tema, dicen que no se deben aprobar terminen siendo aceptados por un grupo de personas de las COREMA -que no tienen idea de nada-, pese a tener informes negativos.
La señora Ministra conoce una experiencia dramática. El propio Gobierno estaba en contra de la aprobación¿
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiempo, señor Senador.
El señor GIRARDI.- ...de un proyecto que había presentado hace poco GENER, en la Tercera Región para usar¿
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor GIRARDI.-¿petcoke con lecho fluidizado, y a mitad de camino lo cambió por carbón pulverizado, sin lecho fluidizado, mucho más contaminante. Lo presentó con una declaración de impacto ambiental. El Ministerio de Salud, todas las instituciones técnicas y la propia CONAMA votaron en contra; pero otros servicios lo hicieron a favor. Como las declaraciones de impacto ambiental, a diferencia de los estudios de impacto ambiental no se pueden reclamar, el Gobierno tuvo que aceptar. Pero la propia autoridad especializada a nivel nacional -lo sé- estaba en contra.
Situaciones como ésa le hacen mal al país y a su sociedad, al Gobierno y también a la imagen de Chile a nivel internacional. Porque cada vez más vamos a quedar como un país que no respeta estándares mínimos y cuyos sellos ambientales son fraudulentos. Cada vez que se usa un sello ambiental adulterado -donde hay requisitos técnicos que se obviaron-, para entrar a los mercados internacionales, mencioné el caso ocurrido en el SAG para ejemplificar,¿
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiempo Senador.
El señor GIRARDI.-¿ lo precario y frágil que puede llegar a ser un sello ambiental adulterado, éste puede ser utilizado contra nuestro país y contra nuestro modelo de desarrollo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, en la discusión general del proyecto, se debatió latamente la institucionalidad medioambiental del país, por lo cual, a mi juicio, no es del caso volver sobre la materia. Me parece que existe bastante consenso en el sentido de que ella requiere una urgente modificación.
Y las críticas planteadas de alguna manera lo son a cómo los Gobiernos de la Concertación han manejado la política medioambiental.
Dado que las instancias hoy día son básicamente político- administrativas, me parece que la nueva institucionalidad debe hacerse cargo precisamente de proponer una corrección.
Lo que nos debe preocupar, obviamente, es la prontitud con la cual el Ejecutivo enviará la iniciativa que establezca la nueva institucionalidad. Resulta evidente que el que nos ocupa es un proyecto que no tiene impacto real. Digamos las cosas como son: es una iniciativa insignificante. Lo único que hace es establecer, como una especie de silla giratoria, que podemos legislar. Pero si es necesario, concurriremos a aprobarla.
Lo que debe realizar esta nueva autoridad con rango ministerial, o nuevo Ministro Presidente de la CONAMA, es presentar, sin plazo establecido en el proyecto, una nueva institucionalidad. El resto es lo mismo; no hay cambios sustanciales. La política ambiental del país va a seguir con su actual característica.
Por lo tanto, no se trata de un proyecto que requiera mucha discusión.
Lo importante es que ojalá la Concertación pueda ponerse de acuerdo y presente al país una iniciativa legal cuanto antes. No nos vaya a ocurrir lo mismo que hoy sucede con la flexibilidad laboral, donde el Ministro de Hacienda plantea una cosa, y el del Trabajo, al día siguiente, señala lo contrario.
Al escuchar las exposiciones de los Senadores de la Concertación, me doy cuenta de que no va a ser fácil que se pongan de acuerdo en una institucionalidad. Pero creo que lo relevante para el país es que la tengamos lo antes posible, y que el Ejecutivo cumpla su compromiso. Pienso que es bastante complejo establecer un proyecto transitorio, o determinar un plazo fijo para enviarlo, porque no sé cuál sería la sanción si ello no ocurriera.
Lo importante es lo que va a venir. Porque el que nos convoca no es un proyecto que tenga un impacto real en la actual institucionalidad. Es un mandato que se otorga para presentar un nuevo sistema medioambiental en el país.
Concurriremos con nuestro voto favorable, teniendo claro que se trata de un proyecto poco relevante. No constituye un paso ni para atrás ni para el lado. Lo sabremos cuando se presente la nueva modalidad. Esperamos que ésta sea lo más moderna posible, que pueda armonizar lo que todos deseamos: el desarrollo y el progreso, respetando, por cierto, todos los derechos de las comunidades y en general, todo lo que significa una política ambiental del país.
Por lo tanto -repito-, aprobaremos la iniciativa y esperamos que el Ejecutivo envíe lo antes posible un proyecto de ley sobre nueva institucionalidad medioambiental.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, es evidente que el texto que nos ocupa se encuentra acotado. Y no comparto el juicio del colega que me antecedió en el uso de la palabra en cuanto a que se trata de algo absolutamente irrelevante. Lo que se pretende es dar mayor categoría y una vocería distinta a la institucionalidad ambiental existente, y, por ende, la normativa propuesta tiene valor en sí misma. No soy de aquellos que creen que carece de él; pero, sí, a continuación se requiere un análisis respecto de dicha institucionalidad.
Cuando surgió la iniciativa que originó la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en la década de los 90, el país era otro, al igual que la discusión y -diría- los subjetivismos y temores en torno a estas materias. Incluso, en el debate hubo cierta división entre grupos presuntamente productivistas versus aquellos supuestamente ambientalistas. A mi juicio, hoy en día esa discusión es muy distinta.
No cabe duda de que algunas señales de lo ocurrido en el último tiempo son bastante preocupantes y muestran las debilidades de nuestra institucionalidad ambiental. Mi intención no es molestar cuando digo que el decreto Nº 80, que permite ciertas condiciones no contempladas en la norma general -el decreto Nº 90, que regula las emisiones de contaminantes-, fue mal elaborado. No voy a abundar en ello. Lo cierto es que el proceso de fijación de este tipo de normas amerita una profunda revisión. ¡Profunda! Hoy tenemos normas. Deberemos ver si son adecuadas.
El Honorable señor Girardi se refirió a la debilidad que presentan los instrumentos de impacto ambiental. Y eso es evidente cuando se impulsan algunos grandes proyectos. Por ejemplo, en la Sexta Región (el Senador señor Chadwick también conoce el caso), en la comuna de Pichidegua, se intenta transformar un pequeño matadero de porcinos en un tremendo proyecto. Y como se trata de una ampliación de la misma actividad, no se necesita un estudio de impacto ambiental. Es decir, estamos frente a una situación extraordinariamente abusiva.
El mismo señor Senador mencionó el rol de las adendas para cambiar por completo los proyectos, lo que constituye una dificultad. Y, como dije, tengo la convicción de que hoy, cuando avancemos en el estudio sobre la institucionalidad ambiental, el debate va a ser distinto del de los años 90, pues entonces había más desconfianza.
Lo que ha pasado con relación al proyecto de construcción de un tranque de relaves de la empresa minera Los Pelambres indica que existe un serio problema de certeza jurídica.
Puede ser que a mí no me guste el proyecto, o bien, que me guste; que tengan razón los vecinos de la Región de Coquimbo al luchar -con entera legitimidad- por sus derechos de aprovechamiento de aguas; que el proyecto se haya aprobado en forma acertada o pasando a llevar los derechos de algunos, pero no me parece correcto que, habiéndose pronunciado ya la institución ambiental, la Corte de Apelaciones termine actuando como lo hizo.
Eso evidencia un enorme problema de la institucionalidad pública nacional para enfrentar los temas ambientales.
Lo anterior no significa pronunciarse a favor, ni de uno, ni de otro. Lo cierto es que si un privado quiere invertir, cumple las reglas del juego, le otorgan la autorización y comienza a concretar la inversión, me parece absurdo que de repente, a medio camino, se le diga que no, por las causas que sea. O el Estado tendrá que asumir su responsabilidad; no sé. Lo cierto es que resulta indispensable avanzar en la revisión de nuestra institucionalidad ambiental. Y tengo la convicción -insisto- de que el debate no será igual que el de los años 90, oportunidad en la cual hubo más desconfianza por razones propias de la transición. Era otro contexto.
Sobre el particular, quiero sumarme a la inquietud expuesta aquí, señor Presidente -y se la planteo, por su intermedio, a la señora Ministra Secretaria General de la Presidencia, que nos acompaña- en lo concerniente al imperativo de tener claridad en los plazos.
Cuando algunos integrantes de esta Corporación eran Diputados, reclamaron reiteradamente acerca de la institucionalidad ambiental. Y, como en el cuento del lobo, siempre se ha dicho: "Viene". Espero que nos aboquemos al problema y, aunque no efectuemos una revisión global, al menos podamos avanzar en ella el próximo año, a fin de contar con una institucionalidad que dé más tranquilidad a todos.
Después de haber visto el documental denominado "La realidad incómoda" -así lo han traducido algunos-, como encabeza su relato el ex Vicepresidente de Estados Unidos señor Al Gore, lo único que uno tiene claro es que en este aspecto nos asiste una tremenda responsabilidad. Y si el Parlamento no comienza a actuar, la verdad es que nos hacemos cómplices de situaciones que no deben ocurrir.
Lo sucedido con la termoeléctrica Guacolda, a la cual se autorizó para cambiar el tipo de combustible, es, precisamente, la dirección que no debemos aceptar como país. Somos corresponsables de que la institucionalidad pública ambiental permita emisiones contaminantes que dañan más el medio ambiente, que generan mayor efecto invernadero, el que, como todos sabemos, causa inmensos perjuicios.
Señor Presidente, yo voy a aprobar la iniciativa, pues entiendo que con una Ministra o Ministro del Medio Ambiente en el Gabinete es altamente probable que exista un modificación de la institucionalidad ambiental o, por lo menos, una propuesta sobre ella en el año 2007.
Eso es lo que todos esperamos.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, me he alegrado mucho al escuchar a los Senadores señores Navarro y Girardi, principalmente, expresar su deseo de contar con una institución medioambiental independiente, que dé garantías, y señalar que el actual sistema se halla politizado, no da garantías y le hace mal al país; que hay sellos fraudulentos, etcétera. En el fondo, ellos apuntan, al igual que los integrantes de la Alianza que han intervenido, a un cambio de la institucionalidad muchísimo más amplio que el modestísimo proyecto que estamos analizando.
Sin embargo, me pregunto: ¿En qué difiere la institucionalidad del sistema medioambiental de otros problemas que enfrenta nuestra sociedad? Por ejemplo, ¿por qué no contar con un gobierno corporativo en CODELCO, con una institucionalidad eficiente, que funcione bien, dé garantías políticas y prestigie al país?
Es preciso recordar que hace muy poco se dictó un decreto especial que permitió a CODELCO contaminar más. Para ello, en el fondo se pusieron de acuerdo las autoridades políticas de medio ambiente con las autoridades políticas, tanto de Gobierno como de CODELCO, para regirse por normas especiales que, obviamente, a una empresa privada no se le permitirían.
¿Por qué no contar con una institucionalidad más sana, menos política, que dé garantías a todo el mundo, cuando se habla de algo tan importante como la lucha contra la pobreza, que en las zonas rurales se halla estancada y, a pesar de que se destinan miles de millones de pesos a tal efecto, no se avanza nada?
¿Por qué no contar con una institucionalidad que dé más garantías en la Contraloría General de la República; en el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), o respecto de los dineros dedicados a la investigación y desarrollo científicos, dado que hoy que se otorgan "a dedo" miles de millones de pesos a ciertas personas, que siempre son las mismas y que a lo mejor cumplen muy bien su cometido, pero sobre lo cual ha faltado una discusión abierta y clara?
¿Por qué no contar con una institucionalidad más transparente, más eficaz, más independiente, que dé garantías en materia de deporte, de empleo, de capacitación?
Señor Presidente, en definitiva, al hablar de la necesidad de contar con instituciones que funcionen y que sean respetadas, me refiero, no sólo a aquellas relacionadas con el medio ambiente, sino también a las de todos los sectores del país. Creo que, en general, nuestra institucionalidad estatal se encuentra absolutamente pasada de moda, colapsada, capturada.
Se dijo al término del Gobierno del Presidente Lagos que éste obtuvo la peor nota en el aspecto medioambiental. Pienso que si hoy día se vuelve a repetir esa encuesta, probablemente, la peor nota la tendría en materia de corrupción.
A mí me llama la atención este debate, porque todo lo que he escuchado acerca de la institucionalidad medioambiental se debe ampliar a todas las instituciones principales de nuestro país. Me parece que ya es hora de que el Senado deje de ser un comentarista -como lo ha sido en toda esta tarde- de proyectos básicamente irrelevantes y de que, en el fondo, empiece a tomar ciertas medidas, a establecer algún tipo de diálogo sobre cuál es el modelo de instituciones que deberíamos tener, no sólo en cuanto a materia medioambiental, sino también en los demás asuntos que he mencionado.
Señor Presidente, el tema en debate es importante y urgente -por cierto, ésta no constituye la solución-, pero también lo son las otras instituciones que tienen exactamente los mismos problemas de captura, de falta de transparencia, de idoneidad, de decisiones técnicas, los cuales afectan de manera considerable el prestigio y la inversión de nuestro país.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra
Cerrado el debate.
En votación el artículo segundo transitorio.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo segundo transitorio (32 votos a favor y una abstención) y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Alvear, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Frei, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Larraín, Letelier, Longueira, Matthei, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez.
Se abstuvo el señor Arancibia.