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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 354
Sesión 73ª, en martes 5 de diciembre de 2006
Ordinaria
(De 16:17 a 19:25)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
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CREACIÓN DE CARGO DE PRESIDENTE DE COMISIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE, CON RANGO DE MINISTRO DE ESTADO


El señor LETELIER.- Señor Presidente, es evidente que el texto que nos ocupa se encuentra acotado. Y no comparto el juicio del colega que me antecedió en el uso de la palabra en cuanto a que se trata de algo absolutamente irrelevante. Lo que se pretende es dar mayor categoría y una vocería distinta a la institucionalidad ambiental existente, y, por ende, la normativa propuesta tiene valor en sí misma. No soy de aquellos que creen que carece de él; pero, sí, a continuación se requiere un análisis respecto de dicha institucionalidad.
Cuando surgió la iniciativa que originó la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en la década de los 90, el país era otro, al igual que la discusión y -diría- los subjetivismos y temores en torno a estas materias. Incluso, en el debate hubo cierta división entre grupos presuntamente productivistas versus aquellos supuestamente ambientalistas. A mi juicio, hoy en día esa discusión es muy distinta.
No cabe duda de que algunas señales de lo ocurrido en el último tiempo son bastante preocupantes y muestran las debilidades de nuestra institucionalidad ambiental. Mi intención no es molestar cuando digo que el decreto Nº 80, que permite ciertas condiciones no contempladas en la norma general -el decreto Nº 90, que regula las emisiones de contaminantes-, fue mal elaborado. No voy a abundar en ello. Lo cierto es que el proceso de fijación de este tipo de normas amerita una profunda revisión. ¡Profunda! Hoy tenemos normas. Deberemos ver si son adecuadas.
El Honorable señor Girardi se refirió a la debilidad que presentan los instrumentos de impacto ambiental. Y eso es evidente cuando se impulsan algunos grandes proyectos. Por ejemplo, en la Sexta Región (el Senador señor Chadwick también conoce el caso), en la comuna de Pichidegua, se intenta transformar un pequeño matadero de porcinos en un tremendo proyecto. Y como se trata de una ampliación de la misma actividad, no se necesita un estudio de impacto ambiental. Es decir, estamos frente a una situación extraordinariamente abusiva.
El mismo señor Senador mencionó el rol de las adendas para cambiar por completo los proyectos, lo que constituye una dificultad. Y, como dije, tengo la convicción de que hoy, cuando avancemos en el estudio sobre la institucionalidad ambiental, el debate va a ser distinto del de los años 90, pues entonces había más desconfianza.
Lo que ha pasado con relación al proyecto de construcción de un tranque de relaves de la empresa minera Los Pelambres indica que existe un serio problema de certeza jurídica.
Puede ser que a mí no me guste el proyecto, o bien, que me guste; que tengan razón los vecinos de la Región de Coquimbo al luchar -con entera legitimidad- por sus derechos de aprovechamiento de aguas; que el proyecto se haya aprobado en forma acertada o pasando a llevar los derechos de algunos, pero no me parece correcto que, habiéndose pronunciado ya la institución ambiental, la Corte de Apelaciones termine actuando como lo hizo.
Eso evidencia un enorme problema de la institucionalidad pública nacional para enfrentar los temas ambientales.
Lo anterior no significa pronunciarse a favor, ni de uno, ni de otro. Lo cierto es que si un privado quiere invertir, cumple las reglas del juego, le otorgan la autorización y comienza a concretar la inversión, me parece absurdo que de repente, a medio camino, se le diga que no, por las causas que sea. O el Estado tendrá que asumir su responsabilidad; no sé. Lo cierto es que resulta indispensable avanzar en la revisión de nuestra institucionalidad ambiental. Y tengo la convicción -insisto- de que el debate no será igual que el de los años 90, oportunidad en la cual hubo más desconfianza por razones propias de la transición. Era otro contexto.
Sobre el particular, quiero sumarme a la inquietud expuesta aquí, señor Presidente -y se la planteo, por su intermedio, a la señora Ministra Secretaria General de la Presidencia, que nos acompaña- en lo concerniente al imperativo de tener claridad en los plazos.
Cuando algunos integrantes de esta Corporación eran Diputados, reclamaron reiteradamente acerca de la institucionalidad ambiental. Y, como en el cuento del lobo, siempre se ha dicho: "Viene". Espero que nos aboquemos al problema y, aunque no efectuemos una revisión global, al menos podamos avanzar en ella el próximo año, a fin de contar con una institucionalidad que dé más tranquilidad a todos.
Después de haber visto el documental denominado "La realidad incómoda" -así lo han traducido algunos-, como encabeza su relato el ex Vicepresidente de Estados Unidos señor Al Gore, lo único que uno tiene claro es que en este aspecto nos asiste una tremenda responsabilidad. Y si el Parlamento no comienza a actuar, la verdad es que nos hacemos cómplices de situaciones que no deben ocurrir.
Lo sucedido con la termoeléctrica Guacolda, a la cual se autorizó para cambiar el tipo de combustible, es, precisamente, la dirección que no debemos aceptar como país. Somos corresponsables de que la institucionalidad pública ambiental permita emisiones contaminantes que dañan más el medio ambiente, que generan mayor efecto invernadero, el que, como todos sabemos, causa inmensos perjuicios.
Señor Presidente, yo voy a aprobar la iniciativa, pues entiendo que con una Ministra o Ministro del Medio Ambiente en el Gabinete es altamente probable que exista un modificación de la institucionalidad ambiental o, por lo menos, una propuesta sobre ella en el año 2007.
Eso es lo que todos esperamos.
He dicho.